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Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
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18 Febrero 2019 04:00:00
El mundo bizarro de Andrés Manuel
La palabra bizarro tiene dos acepciones. Una que proviene de su origen francés, usada también en inglés, que se refiere a una persona extraña, peculiar o extravagante. Otra en español, donde suele confundirse el término, que es positivo y quiere decir valiente. En el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, los dos sentidos de la palabra se ajustan perfectamente. Tiene un enorme valor para enfrentar todo y a todos todo el tiempo para alcanzar el cambio prometido en la campaña. Al mismo tiempo, utiliza sus enormes recursos políticos para forzarlos sin importarle que el país que dirige no está aislado del mundo y que algunas de las decisiones que están tomando podrán afectar a su gobierno, su proyecto y al país de una manera inimaginable. Este sábado se dio el último paso al territorio de los problemas.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados distribuyó el proyecto de dictamen de 84 páginas donde cambia el esquema de gobierno corporativo de Pemex. Hace casi un mes lo había anticipado la exsíndica de Texcoco, Karla Yuritzi Almazán, miembro de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero no hubo muchas voces que expresaran su preocupación. Este sábado se concretó su iniciativa en donde se descabeza el Gobierno corporativo de Pemex y se le otorgan facultades plenas al titular de Pemex, que para efectos reales y prácticos es el presidente López Obrador, para hacer lo que plazca con la empresa productiva del Estado mexicano sin rendirle cuentas a nadie.

El proyecto señala: “La presente iniciativa pretende establecer un marco jurídico que garantice y permita al director general dirigir, ejecutar, administrar y operar Petróleos Mexicanos y las diversas empresas que la componen, de manera integral para ejecutar y cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación”. En la actualidad, agrega el proyecto, la ley “diluye la responsabilidad en las líneas de actuación y porque un gobierno corporativo implica un órgano que ordena y vigila, pero no opera”. Por lo tanto, los consejeros independientes dejarán de ser realmente independientes y serán funcionarios públicos que le den “certeza” a la buena marcha de Pemex, y se sacuden a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que el titular pueda contratar lo que desee sin un órgano regulador.

Lo que pretende el Presidente es regresar el esquema que había venido construyendo Pemex en los últimos años para adecuarlo a las reglas del mundo, y retroceder más de tres lustros, cuando la arquitectura de las empresas cambió tras los escándalos corporativos en Estados Unidos entra 2000 y 2002. Corporaciones como Enron Corporation, la empresa petrolera y energía de Houston con fuertes vínculos con el gobierno de George W. Bush, Tyco International y WorldCom, encabezaron una serie de escándalos de malas prácticas que rompieron la confianza de los inversionistas en las contabilidades que les presentaban al declararse en bancarrota, pese a la solidez financiera de algunas de ellas. Esa crisis originó demandas urgentes para reestablecer los estándares regulatorios que habían sido desmantelados siete años antes, lo que les había facilitado actuar fraudulentamente.

Con el fin de establecer nuevos estándares contables, el senador Paul Sarbanes y el diputado Michael Oxley prepararon una iniciativa de ley que restablecía un marco regulatorio al que incorporaban una administración corporativa y un consejo de administración corporativo, a fin de que nunca más las empresas públicas se manejaran sin pesos ni contrapesos, o sin rendir cuentas a nadie. Esta ley es lo que se conoce como el Acta Sarbanes-Oxley, que fue aprobada en 2002 para proteger a los inversionistas de posibles actividades contables fraudulentas por parte de las empresas.

Esa Acta creó un sistema de reglas, prácticas y procesos que se le llama gobierno corporativo, que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Como explica Deloitte, una empresa multinacional con operaciones en México, “establece las relaciones entre la junta directiva y el consejo de administración, los accionistas y el resto de partes interesadas, y estipula las reglas oír las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para generar valor”. La aplicación de un código de buen gobierno, agrega, es la garantía para el crecimiento sostenible, restablece la confianza de los inversionistas y aumenta el acceso al crédito.

El proyecto que distribuyó la diputada Almazán el sábado, camina en sentido contrario. Opacidad contra transparencia, sin contrapesos ni mecanismos de rendición de cuentas, con manejo unipersonal de Pemex para tomar decisiones verticales. El gobierno corporativo desaparece por completo y la empresa se manejará de acuerdo a los intereses del presidente en turno a través del titular en turno. De concretarse en Ley la iniciativa de Morena, chocará con el Acta Sarbanes-Oxley que busca proteger a los invervionistas con lo que se abre la posibilidad de que en el futuro, todo lo que quiera hacerf Pemex en el mundo sea revisado por la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos.

No se puede decir que de aprobarse la ley se le cerrará el crédito a Pemex en el mundo y se parará la inversión extranjera en la empresa, pero sí se puede argumentar que la colocación de bonos para financiamientos, la búsqueda de líneas de crédito o de inversionistas, será cada vez más difícil de conseguir. Es cierto que el presidente López Obrador ya dijo que Pemex no emitirá bonos de deuda ni se endeudará, y que se revisarán los contratos con inversionistas extranjeros porque no le gustan los resultados. También ha dicho que no quiere tratos petroleros con el mundo sino mirar solamente hacia adentro. Eso también es un proyecto de nación. Inexistente, por cierto, hasta en Corea del Norte.
15 Febrero 2019 03:45:00
Un consejo para las mañaneras 
Salir todas las mañanas a sostener sobre sus hombros el peso del Gobierno mexicano, controlar el mensaje, manejar los ciclos informativos e imponer la agenda pública del día, no debe ser nada fácil para Andrés Manuel López Obrador, quien en una combinación de comparecencia pública a través de un town hall con medios y una conferencia de prensa matutina que suele extenderse por más de 70 minutos, desarrolla un tema que quiere enfatizar ese día y entra a la dimensión desconocida.

El primer momento está controlado, con un mensaje que acompaña con un Power Point y ocasionalmente con miembros del gabinete. El segundo es impredecible, con una miscelánea de preguntas que responden a intereses informativos y políticos diversos, en ocasiones convertido en una especie de corte de los milagros, donde algunos periodistas son utilizados como gestores, o activistas colados plantan su manifiesto. López Obrador batea todo lo que le mandan –por utilizar una metáfora de su deporte favorito–, y a veces abanica strike.

El ritmo es agotador, y aunque mantiene el control de la agenda informativa todos los días, rara vez los temas de relevancia que subsisten en la opinión pública son los que originalmente llevó para plantarlos. La orientación de la agenda, más bien, la ponen los medios. López Obrador responde todo, pero usualmente deja más dudas que certezas. Es natural. Si en el segundo momento se mete a una selva donde aunque hay corderos abundan los lobos, y sin más herramientas que su moral, la utilidad práctica que de ella emane se agota rápidamente cuando lo que se buscan son datos, no sermones. Si el ejercicio empieza a hacer agua, como en los últimos días, el Presidente empieza a exasperarse y se le empieza a notar. Lo peor que podría pasar es que las cámaras de televisión lo vieran descomponerse, enojarse, gritar o dar manotazos.

Algo urgente tiene que hacer con las mañaneras. El ideal para un Presidente, cancelar las comparecencias diarias y hacerlas periódicas, está fuera de discusión; López Obrador no lo hará, cuando menos por ahora. El formato tampoco cambiará, porque considera que sí le funciona para llenar el espacio público, lo que es cierto, pero al mismo tiempo, engañoso: si ocupa el espacio, pero comete errores o se tropieza, los errores se magnifican. Por tanto, el Presidente tiene que reducir sus márgenes de error que, por lo demás, no necesita imaginar la fórmula ni que alguien invente un modelo. Lo que requiere es que su equipo le ayude a mantener el esquema vigente mediante apoyos concretos.

Para hacerlo puede recurrir a viejos recursos. Uno muy útil para el formato que utiliza es que el equipo de prensa hable con los periodistas antes de que comience la conferencia, para averiguar cuáles son los temas que tienen en la mente, sus mayores intereses o incluso comentarios sobre alguna información publicada que les haya causado sorpresa. Cuando terminen de realizar el sondeo pueden identificar los principales temas y quiénes los traen en la cabeza, a fin de que preparen tarjetas específicas con las respuestas y los datos que pueda utilizar el Presidente en caso de que se la pregunten. Importante saber quiénes son los más proclives a preguntarle sobre ese tema, para que así el presidente los identifique y si el tema es uno que quiera resaltar, le concede la palabra, responda lo que quiere y además, inyectar su propio spin.

A López Obrador no le gusta mucho compartir el escenario y sí, en cambio, mostrarse como un actor dominante en toda su extensión. Aún así, debería tener detrás de las mamparas un equipo que esté preparando tarjetas con información que le puedan suministrar inmediatamente después de que le hagan una pregunta comprometedora, como cuando una corresponsal de Bloomberg le pidió el jueves estimaciones sobre la deuda de Pemex y él no supo qué contestar y se tambaleó. El Presidente puede y debe tener la mejor información de todo, pero no necesariamente saber de todo. El equipo del Presidente que le ayuda con la información, también le sirve para verificar que lo que le está informando su equipo es cierto. No basta que diga que lo que él dice en el Salón de la Tesorería está confirmado; tiene que demostrarse que así es.

Este sistema presidencial de verificación le evitaría meterse en problemas por culpa de otros. El caso de los sospechosos de siempre del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, es un ejemplo. Bartlett presentó una lista de destructores de la empresa, hablando de conflictos de interés y corrupción, en donde incluyó nombres de personas que nunca trabajaron en el sector eléctrico o jamás tuvieron relación con nada vinculado a la CFE. Pero al estar parado López Obrador junto a él, lanzando acusaciones a partir de su mensaje, el presidente quedó vulnerable y tuvo que pagar el costo de estar mal informado por la información incorrecta que usó Bartlett, que no fue corroborada por el equipo presidencial.

Mucho ayudaría a López Obrador que tuviera ese respaldo y, sobre todo, que aceptara que lo necesita. Es difícil contradecir al Presidente porque es de ideas muy fijas, pero en juego está toda la acción del Gobierno. Sólo en la conferencia del jueves habló de seis grandes temas divididos en 20 subtemas, reflejando la  enorme atomización informativa. Su equipo tiene que acotar el desorden que el mismo Presidente impone, con tiempos indefinidos para la comparecencia-conferencia, y preguntas múltiples de la misma persona. Todo está improvisado pero tendría que anteponer lo que dice un experto, Raúl Quintanilla: “Cuando mejor sale lo improvisado, es cuando está planeado”.
14 Febrero 2019 03:35:00
‘Se va a acabar la luz’
Desde hace muchos años, Manuel Bartlett tiene profundos diferendos con quien veía primero como sus enemigos y luego como traidores de la patria. Nunca asimiló que Carlos Salinas le arrebatara la candidatura presidencial, y vio a dos de sus cercanos, José Córdoba y Luis Téllez, como las primeras cabezas a cortar. “Se dedicaron a vender el país”, dijo hace mucho tiempo en una conversación abierta. Y en agosto de 2013, le dijo a Proceso: “Pasaron de ser cómplices en el Gobierno para la apertura energética, a socios de las grandes empresas. Hoy pretenden traicionar a la patria abriendo en su totalidad todo el sector (energético) a la iniciativa privada, en especial a las grandes trasnacionales”. Un sexenio después, en el magnífico escenario de Palacio Nacional, cerró un primer ciclo.

Bartlett apareció el lunes junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador paras hacer la denuncia contra quienes, alegaron contribuyeron a la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad que hoy encabeza. El discurso de López Obrador era una calca de lo que siempre sostuvo Bartlett. Las acusaciones, igual. Las insinuaciones, idénticas. Las ideas de Bartlett están bien fijas en la cabeza del Presidente. Se podría decir que años de manipulación le dieron resultados tangibles. O casi. Poco después del evento, Bartlett vio al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en su despacho de Palacio Nacional. Le llevó todos los proyectos que presentó en la conferencia mañanera, pero recibió un “no hay dinero” como respuesta. Pues pida prestado, insistió. Imposible. Se va a acabar la luz, replicó. Es su problema, respondió Urzúa, porque el mío es que México no se endeude. Ahí comenzó el segundo ciclo, el de la realidad.

Bartlett debió haber visto los síntomas de lo que le sucede a la CFE, como una de las muchas dependencias que no tienen dinero para hacer todo lo que quiere y planea el presidente López Obrador, por lo menos bajo el esquema ideológico del director de la paraestatal. En algún lugar del siglo pasado se quedó anclado su pensamiento, pues durante la conferencia de prensa, en la explicación del porqué querían relanzar la CFE y meter controles a lo que se había hecho en el pasado, tocó muy bien la música pero al no saber la partitura, probablemente no tenía idea de que estaba bien, pero por las razones contrarias.

En toda su exposición habló de conflictos de interés de funcionarios en los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, pero por razones inexplicables dejó fuera de su retórica a funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, los contratos que dijo revisarían, que es parte toral de su exploración sobre los presuntos malos manejos del pasado, tendría que haberlos referido a los firmados en 2016, 2017 y 2018, después de acordar las dos grandes agencias de estándares contables en Estados Unidos y Europa una definición común de cuáles debían ser ubicados solamente en el campo financiero y cuáles debían ser incorporados en los balances. Ese nuevo marco de contratos colocó a los conocidos como take or pay, donde el comprador queda obligado a pagar por el producto adquirido, ya sea que lo consuma o no por cualquier razón, como deuda pública.

Bartlett tendría que haber estado enterado de ello, así como también quienes firmaron los contratos de las licitaciones de un gasoducto y las tres primeras subastas eléctricas, que estaban fuera de los estándares internacionales. Tocó el tema de manera incorrecta cuando dijo que EInova había dejado de entregar energía en 2017 mientras la CFE continuó pagando. La empresa respondió en un comunicado que la razón del corte de suministro fueron sabotajes al gasoducto, por lo cual presentó denuncias ante las autoridades judiciales. En el contexto internacional, la empresa no es responsable de lo que sucedió, sino el Gobierno. Si se le inserta en los estándares contables acordados en 2016, ese tipo de contrato debió haber sido incorporado como deuda pública.

Las declaraciones de Bartlett avaladas por el Presidente provocaron una caída en la acción de EInova, que abrió en 75 dólares, se cayó a 70 tras las declaraciones y cerró en 72. Sus afirmaciones ligeras y poco informadas, produjeron un descalabro de una empresa mexicana cuya matriz en Estados Unidos, tiene grandes relaciones históricas con la Casa Blanca. Si quiere encontrar responsables, mejor que busque en la CFE durante la administración peñista, en lugar de saldar viejas deudas políticas con sus adversarios, colocando al presidente López Obrador en una situación vulnerable.

El contexto político-ideológico de la presentación de Bartlett es disonante con la realidad del sector eléctrico hoy en día. Urzúa le dio el primer manotazo para regresarlo a la realidad. Ya lo debería haber entendido. La Secretaría de Hacienda no consideró a la CFE dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y no le va a dar dinero. Bartlett podrá revolcarse en la ira y cabildear con el presidente para que le den dinero. El director de la empresa haría bien en revisar el artículo 20 transitorio de la Reforma Económica, que establece que las empresas productivas del Estado son autónomas a lo que decida su Consejo de Administración, salvo en materia de endeudamiento, donde Hacienda tiene todas las atribuciones y responsabilidades.

Urzúa es el dique de Bartlett y su sueños monopólicos a partir de deuda pública. Pero ante todo, el director de la CFE debe entender que el sector no es lo que conoció en los 80, que el mundo ya cambió, y que por el camino que va, en efecto, se va a quedar el país sin luz.
13 Febrero 2019 03:55:00
El Presidente se enojó
El presidente Andrés Manuel López Obrador está enojado. Lo hizo explícito en su comparecencia pública en Palacio Nacional, al realizar el alegato en contra del pasado más profundo, vehemente y desafiante que ha hecho en su naciente Administración.


López Obrador fustigó a gobiernos y exfuncionarios, a quienes acusó de corrupción, escalando sus imputaciones a órganos autónomos y organizaciones no gubernamentales. El mensaje es que todo el pasado apesta y hay que erradicarlo.

Hay verdades en sus razonamientos, pero su belicosidad generalizada preocupa e intriga. ¿Qué tanto esa retórica es pura y qué tanto es distractor? El dilema no podrá resolverse en el corto plazo, pero la ruptura con todo el pasado comenzó.

López Obrador se presentó en Palacio Nacional ante la expectativa de con qué iba a salir y contra quién se iba a ir. Pese a ello, sorprendió con su narrativa del presente y el futuro que representa él, como símbolo de honestidad, y todo lo que no es él ni responde a él, como íconos de lo oscuro y la corrupción. Reaccionó así a las réplicas que le hicieron exfuncionarios y empresas a las que acusó de corrupción y conflicto
de interés.


Esta comparecencia marca un antes y un después, al haber cambiado López Obrador la rutina de presentar un programa o una idea de lo que quiere hacer su Gobierno. En su intervención mañanera, atacó todos los frentes en 360 grados. Como botones de muestra:


1) “Muchas de estas cosas de abusos, de falta de moralidad, se presentaron por la mescolanza entre poder público y poder privado, o sea no había frontera, no había separación, el Gobierno estaba convertido en un comité al servicio de los hombres de negocios, mujeres y hombres de negocios, más hombres que mujeres, entonces ya hay esta separación que es sana para todos”.


López Obrador volvió a condenar esa puerta giratoria, donde hay circulación recurrente entre el Gobierno y el sector privado y viceversa, tomando como medida a Estados Unidos para enfatizar lo que considera corrupción en México. Su analogía fue incorrecta, y esa puerta giratoria es una práctica normal en el mundo, que apunta precisamente lo contrario, la honestidad del servidor público que tiene que seguir trabajando para vivir. Lo que es extraño es cuando un servidor público no tiene que trabajar al dejar el cargo, o vivir sin ingresos registrados. Pero no está del todo mal lo que sostiene el Presidente. Lo que necesita es apuntar quirúrgicamente.


2) “Hubo mucha simulación, se crearon diversos organismos supuestamente autónomos, independientes, toda una constelación de organismos independientes, autónomos, otro gobierno, para operar el saqueo, para facilitar el robo, para entregar contratos, permisos a empresas particulares y en todos esos organismos la mayoría de los consejeros representaban a los grupos de intereses creados y nos vendieron la idea de que esto era la independencia, la autonomía, la llamada sociedad civil, que eran gente decente porque los del Gobierno eran unos corruptos”.

Su ataque busca regresar a principios de los 90, cuando empezó el cambio del diseño institucional del Gobierno y se crearon órganos constitucionales autónomos que sirvieran de contrapeso a los poderes del Estado. Así surgió la autonomía del Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en aquella década, y en la siguiente logró su autonomía el Inegi y se fortaleció lo que hoy es el Instituto Nacional de Acceso a la Información.

En la segunda década de este siglo nacieron la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Descalificar con generalizaciones no lleva a ningún lado salvo a la polarización. No son las instituciones, sino las personas. Si lo enfoca de esa manera, encontrará a través de lo que descubra, el apoyo de los incrédulos de sus intenciones.

3) “No le hace que se enojen, que no estén a gusto, pero tenemos que acabar con el cáncer de la corrupción y con la simulación, con el hecho de que las leyes se respetan en la forma pero se violan en el fondo, que se está hablando de derecho cuando es un estado de chueco”.

Toda la narrativa concluye en esto, que justifica su denuncia permanente de corrupción. Si no le gustan las leyes al Presidente, dice que se violan porque no se aplican. Cuando las que existen no le benefician, las cambia. El conflicto de interés no existe en su entorno, sino en el de los otros.

El determinismo que emplea produce confusión y confrontación. Es tan fuerte y tan expansiva su crítica a todos por todo, que queda la duda si no es un distractor para el problema económico que se le avecina.

En las páginas de El Financiero, su director editorial y uno de los mejores analistas económicos del país, Enrique Quintana, ha ido detallando esta semana la desaceleración económica a partir de los indicadores.

“El Gobierno federal debe preparar muy pronto una nueva narrativa para explicar un conjunto de datos que van a ser muy desfavorables”, anticipó Quintana. ¿Es acaso esa nueva narrativa lanzarse contra todo el pasado y responsabilizarlo de todo?

Sólo López Obrador sabe el fondo de sus motivaciones. De cualquier forma, cualquier camino, en estos momentos que necesita cohesión, es de muy alto riesgo. Si hay delitos que perseguir que actúe; si no existen, que no estigmatice. La desunión nacional que tanto promueve no lleva a ningún lado, y puede acabar con él mismo, incluso, tarde o temprano.
12 Febrero 2019 03:59:00
La escopeta del Presidente
Como todas las mañanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador disparó ayer con su escopeta habitual. Ahora tocó al sector energético, donde se le fue encima a empresas mexicanas e internacionales, y señaló a exfuncionarios federales de haber contribuido a la “destrucción masiva” de la Comisión Federal de Electricidad. Había anticipado el viernes que hoy revelaría casos de corrupción en la CFE, lo que no sucedió. Lo que sí pasó, en voz de su director Manuel Bartlett, fueron viejos señalamientos sobre exfuncionarios que trabajan para empresas de generación eléctrica internacionales, o les dan consultorías.

Lo que explicaron, cuando menos hasta ahora, no acreditaba siquiera conflicto de interés. Se lo hizo ver inmediatamente el expresidente Felipe Calderón, cuando le recordó una vez más que la ley establece plazos durante los cuales no puede trabajar un exfuncionario en un campo que fue de su especialidad. Las críticas al Presidente y a Bartlett siguieron durante el día, por la imprecisión o falsedad de varias imputaciones. Eso ya lo debía haber sabido con seguridad, pero lo importante para él no es la realidad, sino la percepción. El viernes pasado planteó abrir la cloaca en la CFE, que se redujo a una acusación sin pruebas por parte de Bartlett, de que “la influencia de exfuncionarios en empresas privadas deriva en que la capacidad de la CFE se haya reducido a ser una empresa que genera apenas el 50% de la energía del país”.

Echar la culpa al pasado es la justificación que ha utilizado para buscar el apoyo consensuado para sus políticas de Gobierno y colocar los ladrillos para, si no la abrogación de la reforma energética, sí su congelamiento. En su conferencia de prensa, el Presidente mantuvo el mismo patrón que ha seguido desde el arranque de su Gobierno: empaquetar sus acciones en el discurso de que los anteriores gobiernos eran corruptos y saquearon al país. El discurso tiene la técnica de Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda nazi, de repetir una idea hasta que termine incubándose en la mente como una realidad.

“Es un asunto de semiótica”, dice un agudo observador político. “Todo lo que maneja el Presidente son símbolos”. La semiótica, en su definición clásica, es la ciencia que estudia los sistemas de signos que permiten la comunicación entre los individuos. Grandes imágenes que ha logrado sembrar en el imaginario colectivo son las de los “fifís”, para identificar todo aquellos que se opone a los deseos de las mayorías, o “conservadores”, que utiliza para referirse a sus críticos o a los disidentes. López Obrador juega todo el tiempo con la palabra corrupción, pero siempre la asocia con los privilegios. “Los mexicanos responden a los privilegios, que les molestan mucho, no a la corrupción”, agregó el observador.

La forma como presentan verosimilitudes vestidas con verdades es muy eficiente. Por ejemplo, nadie reparó que Bartlett fue miembro de uno de los gobiernos que ahora fustiga (Carlos Salinas) y gobernador priista de Puebla durante otro (Ernesto Zedillo). Tampoco en que el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, trabajó muy de cerca con el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, mencionado por el vocero presidencial como otro de los exfuncionarios clave en la “destrucción” de la CFE, ni que trabajó como el hombre fuerte de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

El método utilizado por el Presidente es siempre el mismo. Si modifica la entrega de recursos a estancias infantiles, es porque hubo actos de corrupción de panistas. Si las cosas en Pemex no están saliendo bien, tiene que ver con el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Si hay exigencia de transparencia a su Gobierno, la descalificación corre a través de la mentira que antes no se exigía nada y ahora sí acosan a su Gabinete. Si la economía tropieza es porque le dejaron un país en bancarrota.

Si le está costando trabajo que su Gobierno funcione es porque los están saboteando los “conservadores”. Dentro de su propio equipo, cuando hay observaciones sobre algún funcionario y su inexperiencia, responde que “prefiero la larga curva de aprendizaje al bandidaje”. A cada síntoma que pueda causarle daño a su Gobierno, siempre recurre a la misma receta, voltear por el espejo retrovisor para mostrar la podredumbre del pasado.

Los símbolos que permanentemente emplea López Obrador le han permitido ir aumentando su aprobación como Presidente, en niveles muy superiores incluso al total de quienes votaron por él. Se podría argumentar que el discurso que tiene es penetrante y efectivo porque cumple funciones terapéuticas, que ni en la clase política ni en los medios alcanzamos a comprender en toda su cabalidad. La indignación nacional contra la corrupción y los privilegios, registrada en las urnas desde las elecciones intermedias en 2015, es la fortaleza que va acumulando cada día con esos mensajes, y le permite pelearse todos los días con agentes económicos, actores políticos o medios y sociedad civil, sin mella alguna.

El Presidente sale todos los días a la palestra del Salón de la Tesorería en Palacio Nacional para disparar con una escopeta para todos lados. Siempre pega en el centro, porque sus objetivos cotidianos le responden de manera convencional y no contrarrestan los ataques. ¿Cuánto más lo podrá hacer? Por la forma como se le responde y confrontan sus dichos, el combustible que tiene López Obrador es bastante. El desafío, como apuntó el agudo observador, es encontrar un símbolo que se enfrenta a los suyos. Es decir, la batalla de las imágenes por las mentes, herramienta indispensable en estos tiempos de la cuarta transformación.
11 Febrero 2019 03:31:00
Problemas de éxito
El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un problema de éxito. Severo y probablemente grave para su gobierno y el país, pero invisible para él y para sus miles de seguidores que crecen cada mes. El problema es el éxito alcanzado en el consenso para gobernar. La última encuesta publicada por El Financiero el lunes pasado, mostró que el apoyo al Presidente subió 10 puntos porcentuales en tres semanas, y lo colocó con una espectacular aprobación de 8.6 mexicanos de cada 10. Con ese respaldo, como sugieren sus leales, ¿qué importa lo que digan sus críticos? O peor aún, ¿quién dice que no está haciendo lo que el pueblo quiere?

El pueblo aplaudió que vendiera el avión presidencial, por el que, aún estacionado en una bodega que cuesta un millón de pesos al mes, se seguirán pagando más de 8 mil millones de pesos anuales por el arrendamiento. Y apoyó el manejo político con los maestros de Michoacán que provocó pérdidas superiores a los 15 mil millones de pesos. Con el voto de 700 mil personas canceló el aeropuerto en Texcoco, y generó deudas por más de 6 mil millones de dólares –que seguirá subiendo-, el quiebre de la confianza de los inversionistas, la elevación de las tasas a largo plazo a 28% y una pérdida de siete meses de utilidades en las Afores. No importó. Más vítores.

Ocultó el desabasto de combustible y el despido de los expertos de logística de Pemex con la cruzada contra el huachicol, que dice permitió ahorros de más de 5 mil millones de pesos, aunque a costa de pérdidas por más de 30 mil millones y una contribución importante a la desaceleración de la economía.

La ovación sigue de pie. Se pueden seguir enumerando costos que no había hace dos meses y que están golpeando a los mexicanos –aunque sus efectos aún no sientan con rigor-, con un Presidente que es la antítesis del Rey Midas. Pero a la mayoría de los mismos mexicanos, le es irrelevante. López Obrador está haciendo aquello por lo que votaron por él.

Esto es lo que debe hacer un gobernante por sus gobernados. Pero si bien esta es una verdad absoluta, un gobernante tiene que relativizar sus acciones. ¿Qué tanto una promesa de campaña puede ser contraproducente para sus propios electores si la lleva a cabo? A López Obrador le gusta un extracto de las últimas líneas que pronunció el presidente Abraham Lincoln en noviembre de 1893 en Gettysburg, sitio de una de las batallas más sangrientas y decisivas de la Guerra Civil, y considerado el discurso político más importante en la historia de Estados Unidos: “Esta nación, bajo Dios, tendrá un nuevo nacimiento de libertad, y el Gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, no desaparecerá de la Tierra”.

El pueblo manda, pero el Presidente guía. El norte de Estados Unidos no estaba muy de acuerdo con el discurso del presidente Lincoln, porque en Gettysburg hizo un homenaje a todos “los hombres bravos, vivos y muertos, que pelearon aquí” por una causa que los estadunidenses debían luchar para que no fuera en vano. Lincoln se levantó entre todos para gobernar para todos y colocó el cemento que impidió la ruptura de esa nación. El poder, aquí, debe ser secular. El Gobierno del pueblo, en un sistema representativo como es México, entrega el mandato al presidente para que tome decisiones colectivas en nombre suyo, no para que le regrese al pueblo las decisiones a mano alzada, y emprenda algunas quizás impopulares o, incluso, contrarias a lo que prometió.

En el caso de López Obrador, sólo la participación de los militares en la lucha contra la inseguridad, es ejemplo de cómo sí puede tomar decisiones por las cuales no votaron por él. Pero esa decisión, como todas las de índole económica y política que ha tomado, generan creciente apoyo acrítico en una población mayoritaria que cree todo en él. Ese respaldo acota a quienes en su entorno le quieren hacer ver lo fallido de algunas de las decisiones que ha tomado o lo invita a estudiar alternativas. ¿Por qué no hacer las cosas como las desea cuando a la gente le gustan y lo apoyan?

El apoyo creciente de su aprobación tiene muy nerviosos a los mercados, al empoderarlo aún más por el consenso en torno suyo. Varios inversionistas reprocharon a su equipo hacendario en enero en Nueva York, que no los entendieran. La consultora Euroasia envió un reporte a sus clientes tras la publicación de la encuesta en El Financiero, advirtiendo que ese apoyo fortalecía la ruta por la que corre el presidente López Obrador. Lo que están viendo no les gusta.

El viernes pasado, el Financial Times, el periódico financiero más influyente del mundo, publicó una encuesta de Credit Suisse elaborada por Buendía&Laredo, donde inversionistas mexicanos y extranjeros decían que la economía se encontraba en una situación peor de como estaba hace un año (75%), y que las decisiones políticas y económicas de López Obrador habían generado incertidumbre (51%).

“La luna de miel de López Obrador puede ser más larga que cualquiera de sus predecesores, pero inevitablemente, al final de este año, declinará”, anticipó Euroasia, “en parte al deterioro natural, pero el crecimiento más bajo y la creciente polarización empezará a lastimarlo. Mantendrá el control del sistema político y probablemente el apoyo de una gran parte del electorado. (Entonces) redoblará sus esfuerzos para incrementar el poder de la Presidencia y la intervención del Estado para manejar las dificultades”.

El éxito lo tiene, pero los presagios son malos. Si antes escuchaba poco, es la lectura entre líneas, ahora menos.
08 Febrero 2019 03:54:00
El inefable ‘Napito’
Los problemas legales para Napoleón Gómez Urrutia se están incrementando. El miércoles, una pequeña manifestación en el Ángel de la Independencia precedió a una acusación formal de fraude en contra de más de 2 mil mineros de Cananea ante la Fiscalía General, y una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador para que interceda y fuerce al líder minero, apodado Napito, a que aclare qué hizo con esos recursos. La acusación es secuela de un viejo proceso por no haberlos indemnizado con los 55 millones de dólares de la venta de las acciones de la minera Mexicana Cananea. Pero lo más probable es que esta nueva denuncia corra la suerte de las anteriores: será congelada y sobreseída, mientras “Napito” acumula poder bajo la protección presidencial.

“Napito” es el líder sindical más empoderado de la Cuarta Transformación, que están construyendo un renovado polo de poder en el cambio de régimen propuesto por el presidente López Obrador, que podría convertirse en un problema para su proyecto de nación. Pero no es el único. En poco más de dos meses de Gobierno, los sindicatos que apostaron por López Obrador están canjeando rápidamente sus respaldos. En Michoacán y en el territorio CNTE, la disidencia magisterial está respaldándose en el Gobierno para cobrar los adeudos que durante meses les fueron negando. En Tamaulipas se enfrentaron a las maquiladoras y encontraron en sus contratos colectivos la manera de incrementar sustancialmente, dentro de la ley, sus ingresos.

Gómez Urrutia, sin embargo, se maneja en estadio diferente. Acusado por el fraude de 55 millones de dólares en perjuicio de 10 mil mineros en 2005, se fugó de México y adquirió la ciudadanía canadiense en agosto de 2013, arropado por los sindicatos minero de Canadá y de la industria del acero de Estados Unidos. No pudo negociar con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto su regreso a México, pero encontró la puerta del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador para su retorno triunfante. “Napito” fue colocado en la lista plurinominal de senadores, luego que el líder laborista del Reino Unido, James Corbyn, se lo recomendara a López Obrador. Con ese apoyo, el Tribunal Electoral desestimó que el líder minero tuviera la nacionalidad canadiense, y contra las disposiciones legales, aprovechando un hueco en la Ley, aprobó su candidatura.

Desde la parte final del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, ya había resuelto la parte penal de la demanda, al exonerarlo la PGR del fraude a los mineros, quienes no se quedaron quietos. Este miércoles lo volvieron a demandar. De acuerdo con Eje Central, presentaron cuatro documentos que la firma de “Napito”, que se constituye como representante de los miembros del sindicato minero, cuando “no estaba facultado jurídicamente” para representar a quienes ya no eran mineros sindicalizados sino en retiro, según los quejosos. Miembros de la Comisión de Reclamantes han buscado audiencia con López Obrador desde que era presidente electo para que interceda en el esclarecimiento del destino de los recursos que “por justicia” deben recibir los trabajadores, sin éxito hasta ahora.

No se ve tampoco que vayan a fructificar sus recursos legales. Gómez Urrutia ha ido aprovechando las contradicciones y conflictos que viven los sindicatos y el descrédito de muchos de sus líderes para ir tejiendo alianzas que, como lo aprecian quienes observan los movimientos en ese sector, emerja como el gran líder de todos los sindicatos, como se apreció en la huelga de maquiladoras en Matamoros, donde el sector empresarial lo acusó de estar detrás de los sindicatos que se fueron a paro para presionar por aumento de salarios, prestaciones y bonos extraordinarios. “Napito” ha negado esas imputaciones, pese a que varios de quienes encabezaron el movimiento fueron vinculados a él.

La turbulencia en los sindicatos ha abierto los espacios, alimentada por la permisividad del Gobierno que no ha sido intermediario sino verdugo. El caso del dirigente petrolero, Carlos Romero Deschamps es un ejemplo. El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, le exigió que renunciara, a lo que Romero Deschamps se negó a hacerlo en los términos de capitulación como se le pidió. El resultado fue una operación de pinzas.

Por un lado, la asociación Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, revivió una denuncia penal en la Fiscalía General, que presentó por los mismos delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, en 2017. Por el otro, se empezó a circular en redes sociales nombres de posibles sustitutos e insinuaciones de investigaciones, lo que puso muy nervioso al dirigente petrolero al llevarlo a un terreno donde afloran los errores, como pedir un amparo buscador, como definen a aquellos recursos legales para saber si hay procesos en contra de uno, que alimentó la percepción de que delinquió.

El cambio de cabezas en los sindicatos, parte de la política de relevo general de López Obrador, es lo que ha aprovechado Gómez Urrutia. Tiene como alfil a Pedro Haces, quien fue colocado como senador sustituto de Germán Martínez, y tomó su lugar en el Senado al pedir licencia para dirigir el Seguro Social. “Los días de la CTM están contados”, dijo ayer al relevar a Martínez. “Se acabó la era de los cacicazgos. Nunca más la imposición y el dedazo en los sindicatos”. Lo primero que hizo en esa cámara, fue forjar la relación con quien representa lo contrario, “Napito”.

La fortaleza de Gómez Urrutia se incrementa cada vez más. La denuncia presentada en su contra es la continuación de procesos legales que lo han perseguido por cuatro sexenios, sin que lo alcancen. Ahora, con López Obrador en la Presidencia, menos. “Napito” va corriendo a ser el Fidel Velázquez de la Cuarta Transformación.
07 Febrero 2019 03:46:00
La guerrilla frente a Andrés
El domingo se conmemoró el 47 aniversario de la muerte del guerrillero Genaro Vázquez Rojas, que fundó y dirigió la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria en Guerrero, cuyos dirigentes han sido sometidos por décadas a vigilancia, persecución y represión por parte de fuerzas federales. En el acto en la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo, su viejo compañero de lucha, Arturo Miranda Ramírez, dirigente actual de la ACNR, hizo una propuesta provocadora al presidente Andrés Manuel López Obrador: crear milicias populares –grupos paramilitares– para defender su proyecto de gobierno porque no cuenta con el Ejército, el poder económico sigue en manos de la oligarquía y en su gabinete, subrayó, hay personas que incluso defienden esa clase.

De aceptarse la propuesta –lo que se antoja remoto–, empataría con el imaginario colectivo que López Obrador quiere seguir el camino de Fidel Castro y Hugo Chávez, mediante la instauración de un Estado subordinado a él y controlado a través de un aparato policial represor. La ACNR tuvo un origen guerrillero que apostaba por la lucha armada para generar cambio. Hoy se le puede ubicar como parte del frente de masas, con conexiones guerrilleras pero sin ser parte orgánica de ella, para que mediante acciones coordinadas se logren objetivos políticos. Al apoyar al Presidente y proponerle tácticas paramilitares, Miranda Ramírez mostró que en Guerrero no hay un enfrentamiento contra López Obrador, a diferencia de otros grupos radicales que rompieron con el Presidente y optan por un cambio fuera de los cauces legales.

Uno es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que recientemente confrontó a López Obrador y estableció su territorio para impedir la construcción del Tren Maya. El EZLN, sin embargo, es una guerrilla que ha utilizado más la pluma que las armas, y desarrollado un sistema de organización social que ha construido ante la complacencia de gobiernos sucesivos, un Estado dentro del Estado en Chiapas, con decenas de comunidades donde los zapatistas son gobierno. El otro es el Ejército Popular Revolucionario, que había guardado un silencio casi total frente a López Obrador –aunque emitió un comunicado crítico al iniciar su gobierno–, y que confrontó al Presidente en el último número de El Insurgente, el órgano de comunicación guerrillero, donde la descalificación de López Obrador, se podría decir, es brutal.

El editorial del periódico cambió de pluma. La actual es menos propagandística, ideológicamente más sólida y marcadamente militarista. No hay concesión a López Obrador, ni reconocimiento de nada. Para el EPR, el Presidente es parte del mismo Estado burgués, que pese a su discurso contra el neoliberalismo de los gobiernos tecnócratas sigue siendo un gobierno capitalista. López Obrador, dijo el EPR con una marcada influencia marxista, no cuestionó las leyes con las que funciona el modo de producción, ni alteró sustancialmente la base económica, ni la superestructura social de la formación socioeconómica. Por tanto, aclaró, el régimen de producción de intercambio y de distribución de carácter capitalista, permanecen intactos.

No cree en que sea un gobierno del pueblo para el pueblo, como ha dicho López Obrador retomando la frase más trascendente de Abraham Lincoln, y de su política de bienestar sostiene que “son paliativos que aparte de otorgar un falso carácter popular a la política de Gobierno, fortalece a la base económica de la política del régimen neoliberal”. Si se analiza el discurso de López Obrador bajo líneas historicistas, se puede argumentar que el EPR tiene mucha razón en esa crítica. El Estado de Bienestar, ideado por el economista inglés John Maynard Keynes, fue definido por el historiador Eric Hobsbawn, como la “edad de oro” del capitalismo, por el desarrollo económico de todos los grupos sociales.

El editorial del EPR diseccionó el proyecto de Nación 2018-2024 que presentó hace más de un año, y minimizó sus propuestas. Ni siquiera le da el nivel de “gobierno” al de López Obrador, sino se refiere a él como una “junta administrativa”, donde lo que busca es sustituir a las élites con sus élites, y mantener un capitalismo a su medida. López Obrador no es un neoliberal ante sus ojos, pero sí un “liberal moderado” que ha propuesto –esta es una de sus más grandes críticas–, una Guardia Nacional que justifica a partir de premisas falsas, como la estigmatización de la pobreza como factor único de la inseguridad, que en realidad pretende dos objetivos: sujetar a la sociedad a su propio imperio, y distorsionar la realidad para “cuadrarla” a su propio gobierno.

El planteamiento del EPR, sin los calificativos despectivos que hizo el EZLN sobre López Obrador, no lo ubica, ni por asomo, como una alternativa positiva para el cambio social por el que han estado luchando, sino como una figura, quizás más peligrosa que los presidentes emanados de la tecnocracia, con un discurso popular y populista totalmente contrario a los objetivos que pretende –empoderar y mejor la vida de los más pobres–, y que le permitiría apuntalar lo que llaman la “dictadura del capitalismo”.

Los señalamientos guerrilleros podrán ser discutidos y debatidos política, ideológica y militarmente, pero lo que dejan ampliamente sentado es que aquellos que lucharon contra regímenes del PRI y del PAN no lo ven como un aliado, sino como un enemigo más peligroso al estar construyendo un régimen autócrata que, según el EPR y sus movimientos sociales, quiere instituir un Estado que sólo responda a sus intereses y desarrollar una estrategia de contrainsurgencia para concretarlos. La propuesta de Miranda Ramírez, en este contexto, confirma la advertencia del EPR y la ruptura de la extrema izquierda, en donde López Obrador quería afianzarse. Las guerrillas han vuelto a la arena pública más radicales que en años previos.
06 Febrero 2019 03:54:00
La moral del Presidente
La moral es un conjunto de normas y costumbres que rigen el comportamiento del individuo. Esas normas y costumbres están empaquetadas en las sociedades en función de diversos factores, como identidad nacional, territorio, idioma, cultura, historia y religión. Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, se puede argumentar, comparten esos parámetros, incluidas sus creencias religiosas al mismo Dios. Sin embargo, parecería que es todo lo contrario, pues lo que es correcto en un caso para el Presidente, es incorrecto cuando se refiere al expresidente, lo que no es corrupción sobre uno, lo es cuando se refiere al otro.

La vara que mide los conflictos de interés y la honestidad difieren en tanto a quién o a quiénes se le aplican. El discurso moral en la política se convierte de esta forma en algo elástico, manipulable, una arma que golpea la fama pública o que inocula de cualquier sospecha.

La moral del presidente López Obrador es un chicle que empieza a ser peligroso. Este lunes acusó a Calderón en su conferencia de prensa matutina de cosas como corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés, por el hecho de haber sido consejero de una empresa de energía que fue proveedora de la Comisión Federal de Electricidad.

La consultoría fue real, y se dio cuatro años después de haber dejado la Presidencia; es decir, superó por tres años el impedimento legal de no poder trabajar en nada que pudiera significar un conflicto de interés durante el primer año tras dejar el cargo público.

Minutos antes, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de un conflicto de interés al haber nominado para la Suprema Corte de Justicia a tres mujeres con vinculaciones directas y profundas con él o con Morena, el partido en el poder, López Obrador dijo que no había ningún impedimento legal en ello.

No se refirió en ningún momento al conflicto de interés al ser, dos de ellas, al menos, esposas de dos personas muy cercanas a él, Loretta Ortiz, esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, que trabajó con él en el gobierno de la Ciudad de México y en campañas presidenciales, y Yasmín Esquivel, esposa del empresario constructor y viejo consejero de López Obrador desde que hizo obras públicas en la capital federal, José María Riobóo.

Riobóo es el autor intelectual del asesinato de la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco y promotor de construirlo en la Base Militar Aérea en Santa Lucía. Su oposición tajante contra la obra en Texcoco tiene como antecedente que perdió la licitación para construir las pistas del nuevo aeropuerto, que marcó su cambio de querer ser parte de aquel proyecto de infraestructura, a evitar que se concretara.

Riobóo logró su objetivo, y logró que López Obrador nombrara a Sergio Samaniego, con quien trabajó largo tiempo como el responsable de la obra en Santa Lucía. Samaniego, además, trabajó con Esquivel en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Cuidad de México.

Entonces, si Calderón tardó cuatro años en servir 24 meses como consejero de una empresa extranjera dedicada al negocio de la energía, incurrió en tráfico de influencias, corrupción y conflicto de interés. Si nomina López Obrador a Esquivel para la Suprema Corte, los conflictos de interés no existen, ni tampoco el tráfico de influencias y eventualmente, se abre la puerta a la corrupción.

Se puede argumentar que en el caso de Esquivel, se aplica correctamente la existencia de cuando menos el conflicto de interés, similar al que incurrió el expresidente Enrique Peña Nieto al permitir que la empresa Higa, de su amigo el constructor Juan Armando Hinojosa, sirviera de intermediario en la operación inmobiliaria de la casa blanca, propiedad de su exesposa Angélica Rivera. Peña Nieto nunca aceptó que en aquel caso hubo un conflicto de interés. López Obrador ni siquiera se detiene a pensar en ello.

Peña Nieto se quedó corto frente al nivel que está alcanzando López Obrador en cuando a conflicto de intereses. Higa no participaba en licitaciones federales –no así en el estado de México cuando Peña Nieto era gobernador–, ni recibió contratos después de ello. En cambio, un empleado de Esquivel es el jefe de obra de Santa Lucía, que sustituyó al proyecto que descarriló Riobóo por motivos personales. En el caso de Calderón, ni siquiera aplica alguna de las acusaciones de López Obrador.

El Presidente no mencionó el lunes, sino hasta el martes, que hubo un precedente, el de Ernesto Zedillo, también dentro de los plazos contemplados por la ley, consejero de una empresa de ferrocarriles que tenía intereses en México.

Su subjetividad original había incurrido en un conflicto de interés por sí mismo, pues como presidente, Zedillo facilitó que por encima de la ley, porque no tenía la residencia, el tabasqueño contendiera por la gubernatura de la Ciudad de México.

López Obrador le ofreció una disculpa a Calderón por acusarlo de corrupto, pero insistió que si no había sido ilegal lo que hizo, sí era inmoral. El Presidente está midiendo los conflictos de interés y el tráfico de influencias en función de sus creencias, y metiéndose en una contradicción.

La puede resolver sin embargo, si le ordena a Morena que rechace su terna para la Suprema Corte, que cae en un conflicto de interés descarnado y descarado. Si el Presidente es serio, no sólo debe barrer la escalera de arriba hacia abajo, como dice que erradicará la corrupción, sino comenzar en su casa.

El discurso no le alcanza para ser una persona íntegra. Su comportamiento y decisiones es lo que lo definirá. Sus propios conflictos de interés son ilegítimos, no ilegales, pero si no los ataja, el camino estará allanado para que entre la corrupción que tanto dice odiar.
05 Febrero 2019 03:51:00
Dos veces ya renunció
El estilo hiperpresidencialista de Andrés Manuel López Obrador le ayuda a controlar el mensaje pero causa tensiones y fatigas dentro y fuera de su Gobierno. Son varios de sus colaboradores más cercanos que expresan en privado el desgaste de estar de madrugada, todos los días en Palacio Nacional, ajustando con el Presidente lo que tienen programado anunciar. Sus conferencias de prensa matutinas las ha convertido también en la comparecencia pública de sus funcionarios, mostrando la mayoría de las veces sus limitaciones, carencias o agotamiento. También los coloca en ridículo, haciendo ver a miembros de su gabinete como personas mal informadas o como floreros.

Ayer precisamente se dio uno de esos momentos, donde López Obrador descalificó a su secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien dijo que iban a utilizar el método del fracking en la producción de petróleo. Eso no se hará, aseguró, dejándola una vez más en ridículo. La secretaria de Energía es a quien más ha enmendado las cosas en público, pero no tendrá consecuencias futuras. Nahle tiene una fuerte coraza frente a cualquier descolón o situación embarazosa. Será secretaria hasta que el Presidente lo decida. No era nadie antes de conocerlo; no sería nada sin él.

No es el caso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, una de las colaboradoras del Presidente que más ha resentido su estilo de gobernar y la forma como utiliza canales de comunicación y acción sin apegarse a las líneas de mando. La secretaria es a quien probablemente más han golpeado las desmañanadas, al tener que estar siempre en Palacio Nacional como parte del gabinete de seguridad que sesiona diariamente, que ha llevado a que en más de una ocasión haya estado al punto del colapso por agotamiento físico. La colocación de sillas en el templete de las conferencias se origina en lo duro que estaba pasándola de pie durante más de una hora, pese a que en ocasiones salía del escenario para que pudiera descansar fuera del ojo público.

Poca gente se daba cuenta de sus ausencias porque, casi siempre, es irrelevante si está o no está acompañando al Presidente. La conferencia del lunes, donde el Presidente dio a conocer el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, fue el último ejemplo. Sánchez Cordero estuvo presente en la conferencia, pero prácticamente fue de ornato. Por decisión de López Obrador, quien hizo la exposición y respondió preguntas de periodistas y activistas fue el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Sin decir palabra alguna, Sánchez Cordero, cabeza del sector de Gobernación, estaba desempoderada.

Su relación profesional con López Obrador ha sido complicada, no por el trato personal con él, sino por el profesional. Durante la transición, López Obrador dejó de responderle sus mensajes telefónicos porque decía a sus cercanos que no terminaba de concretar lo que le pedía, y en el diseño del nuevo Gobierno, se inclinó por Alfonso Durazo, que desmanteló Gobernación para sumar las tareas de inteligencia y protección civil a la Secretaría de Seguridad Pública. El presidente dice que esa Gobernación se encarga de la relación con los poderes, pero en la práctica, también ha sido desplazada.

La operación política para la elección del presidente de la Corte así como el relevo de la presidenta en el Tribunal Electoral, que están en su ámbito, la hizo Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia. En la relación política la oposición, tampoco la han avasallado. Por ejemplo, el compromiso de que la gubernatura de Puebla, tras la muerte de la gobernador Martha Érika Alonso el 24 de diciembre, sería para los panistas, ha sido dinamitado por la presidenta de Morena, Yeidkol Polevsky y el ex candidato al gobierno poblano, Miguel Barbosa, que ignoraron el acuerdo político de Sánchez Cordero con el PAN, y están operando en sentido contrario para que la victoria en la elección que se programará, la gane Barbosa.

Sánchez Cordero se dio cuenta hace tiempo del papel que está jugando y en dos ocasiones, según funcionarios federales, le ha presentado su renuncia al Presidente. No se conocen los detalles que le planteó la secretaria a López Obrador, pero los funcionarios dijeron que su molestia está en el campo de lo profesional y la ausencia de poder real como responsable de la Gobernación. El Presidente rechazó en ambas ocasiones la renuncia. Es natural. Una renuncia a dos meses de iniciado el gobierno mostraría rupturas y crisis interna, lastimando también el estilo personal de gobernar de López Obrador.

Las renuncias están siendo un síntoma del crujir del modelo hiperpresidencialista, pero López Obrador no va a cambiar. El argumento en Palacio Nacional es que si como jefe de Gobierno en la Ciudad de México fue un éxito esa forma de gobernar, porqué no lo sería ahora. Esa dialéctica llevó al presidente Enrique Peña Nieto al barranco. Toluca no era México; la capital federal, tampoco. Valdría la pena no caer en silogismos.

Nota:

Lauren Sambrotto, jefa de la Unidad de Relación con Medios de Barclays, envió una clarificación por la columna “Lo que nos costó el road show”, publicada el 31 de enero, donde se mencionó que Barclays había organizado los encuentros con inversionistas en Nueva York para la Secretaría de Hacienda y Pemex, tras lo cual envió un reporte a sus clientes criticando las políticas financieras y energéticas del Gobierno. La señorita Sambrotto, si bien reconoció el papel de Barclays en la organización del encuentro, precisó que es factualmente incorrecto establecer una relación entre su oficina de consultoría y de investigación, que por requerimientos internacionales y locales, operan por separado y en forma independientes.
04 Febrero 2019 04:10:00
Las deudas de ‘Napito’
Si por denuncias fuera, Napoleón Gómez Urrutia, el líder minero, y Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, hicieron lo mismo, crear empresas fantasma para desviar recursos que no les pertenecían y lavar dinero, utilizando a la misma persona como administrador, Javier Nava Solís, que está acusado de delitos de delincuencia organizada y presunto desvío de 223 millones de pesos como testaferro del veracruzano. Sus destinos, sin embargo, han sido diferentes. Aunque los dos evadieron la justicia cuando fueron denunciados, Duarte fue extraditado de Guatemala para ingresar a una cárcel, mientras Gómez Urrutia dejó su santuario en Canadá para regresar a rendir protesta como senador.

Gómez Urrutia, llamado “Napito”, se escapó a Vancouver y fue protegido por los sindicatos metal metalúrgicos de Canadá y Estados Unidos, y más adelante por el líder laborista inglés, Jeremy Corbyn –quien se lo recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador-. Hace casi 15 años fue acusado de fraude por la Cooperativa Veta de Plata, que representaba a 10 mil mineros de Cananea, por haber violado un fideicomiso creado durante el proceso de privatización de las minas en 1989, donde se acordó que al concluir el pago de la venta del 5% de un total de 55 millones de dólares, sería entregado al sindicato que, a su vez, se había comprometido a entregar la parte correspondiente a los trabajadores.

El caso contra Gómez Urrutia se fue desvaneciendo en la medida que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, colapsado por completo desde el proceso electoral que condujo a la victoria de López Obrador en las elecciones presidenciales, y la defensa del líder minero fue ganando, finalmente, en los tribunales que antes habían sido más difíciles de roer. Aún así, no todo quedó en el olvido. Una investigación de Eje Central revela que hubo una nueva denuncia de los mineros de Cananea, que se espera que esta semana sea ratificada ante la Fiscalía General. De acuerdo con Sergio Vázquez Villarreal, miembro de la Comisión Especial de reclamantes del 5% de los 55 millones de dólares, ofrecerán pruebas que demostrarán actuaciones irregulares como su representante sindical.

De acuerdo con lo proporcionado a Eje Central, a partir de la creación de empresas fantasma, se realizaron triangulaciones de recursos a través de más de 10 personas y la consumación de las operaciones de lavado de dinero a lo largo de nueve años, presuntamente permitido por Gómez Urrutia, dispersar una parte de los 55 millones de dólares que desde 2005 debieron recibir trabajadores por la privatización de la mina Mexicana de Cananea.

“Expedientes, registros públicos de la propiedad y denuncias que actualmente son investigadas por las autoridades federales, y a las que Eje Central tuvo acceso, muestran el entramado con el que al menos desde 2005 y hasta 2014, Gómez Urrutia presuntamente desvió una gran parte de los 3.2 millones de dólares que en 2005 dispersó de la cuenta 10964526 de Scotiabank Inverlat, a nombre del sindicato minero, a través de diversas transferencias, según constataron indagatorias e información de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional de Valores”, señala la publicación.

La operación que prendió alertas es inusual, pero aparentemente lícita, según consta en las actas, donde el sindicato minero, bajo la representación de Gómez Urrutia “adquirió dos predios de más de 10 mil metros cuadrados en una zona exclusiva del Condominio Horizontal denominado El Santuario, ubicado en la calle Santander, al norte del Fraccionamientos Bosques de San Ángel, municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. La vendedora fue María del Carmen Páez Martínez de De la Garza Evia, supuesta corredora de arte de Monterrey, quien recibió por parte del sindicato un millón 825 mil dólares, equivalentes a poco más de 19 millones 292 mil pesos en ese entonces, provenientes del Fideicomiso 9645-2”, que debía haber benficiado a los mineros.

La compraventa de esos bienes fue una operación en regla, dice Eje Central, aunque el nombre de María del Carmen Páez Martínez de De la Garza Evia aparece desde 2005 en las investigaciones contra Gómez Urrutia, como presunta prestanombres del líder minero, que permitieron a Gómez Urrutia y a Héctor Félix Estrella, entonces tesorero del sindicato, presuntamente desviar alrededor de 3.2 millones de dólares a cuentas bancarias a nombre de esta empresaria regiomontana, casada con el empresario inmobiliario, Alberto de la Garza Evia.

La plusvalía en la zona donde etaba el condominio horizontal se disparó en 700%. Seis días después de que Páez Martínez recibió el dinero por los predios, de acuerdo con la investigación, el sindicato reconoció, de manera inexplicable, porque no existe documento que lo especifique, una deuda por 26 millones de pesos con una empresa en ese momento de muy reciente creación, Inmobiliaria Vajaco. Esta inmobiliaria había sido instaurada para cubrir a los compradores originales del predio, Eugenio Albo Moreno y Eugenio Albo Urías, notarios y empresarios guanajuatenses sobre quienes pesan decenas de denuncias penales por fraudes inmobiliarios en al menos ocho estados del país, vendieron todas sus acciones, relacionados con el ex presidente Vicente Fox.

El administrador de inmobiliaria era Nava Soria, y la operación que motivó sospechas adicionales fue que la venta de los Albo a la inmobiliaria fue por un millón de pesos a dos personas de bajo perfil, que no habían tenido operaciones visibles y que están siendo investigadas por las autoridades por el aparente sin sentido mercantil. Lo que quieren los mineros, aclaró dijo Vázquez Villarreal, es que se aclare con qué dinero ha creado Gómez Urrutia varias empresas, señaladas como “fantasma”, en sociedad con dos de sus hijos, y saber si sigue siendo dinero de ellos.
01 Febrero 2019 03:59:00
Bienvenidos los narcos
El mismo día que concluyó el juicio en Nueva York contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, informó que el cártel de Santa Rosa de Lima era responsable de los bloqueos para sabotear los operativos contra el robo de combustible en Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que ese 30 de enero de 2018, a menos de dos meses de iniciar la Cuarta Transformación, acabó la guerra contra el narcotráfico. “Oficialmente, no hay guerra, nosotros queremos paz”, subrayó. Y dijo:

“No se han detenido a capos porque no es nuestra función principal. La función principal del Gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios. Lo que me importa es bajar el número de homicidios, el número de robos, que no haya secuestros. Eso es lo fundamental, no lo espectacular”.

La declaración, por el hecho mismo de serla, fue insólita, pero no para extrañarse de nada. Desde que se comprometió a dar amnistía a los narcotraficantes antes de iniciar su campaña presidencial, esbozó lo que haría al llegar a la Presidencia. Su objetivo era reducir los índices de criminalidad y restablecer la seguridad y confianza entre los ciudadanos, pero a su manera. No aceptó la estrategia del presidente Felipe Calderón –utilizada en Colombia, Italia y Estados Unidos– de combatir intensamente a toda la estructura criminal, que provocaba como externalidad una alta cuota de muertes en un principio, y que después de varios tropiezos adoptó el expresidente Enrique Peña Nieto. Tampoco tenía tiempo para estrategias de largo plazo. Lo suyo sería administrar el narcotráfico: no se mete con ellos a cambio que los cárteles guarden las armas y pacifiquen el país.

Administrar el narcotráfico en lugar de combatirlo, no es una estrategia que el Presidente va a admitir explícitamente que está haciendo. Lo que hará es lo que hicieron muchos gobiernos priistas en el siglo pasado, permitir que los cárteles de la droga hagan su negocio –producción, distribución, trasiego y comercialización– a cambio que no se peleen entre ellos ni confronten a las fuerzas de seguridad. En el pasado, como era la circulación de las élites en el viejo régimen, uno o dos cárteles eran atacados por el gobierno en turno, y al siguiente eran otros los perseguidos. De esa forma, todos sabían que, como en el sistema político, era una rueda de la fortuna donde los beneficiados hoy, serían afectados mañana.

Calderón modificó el status quo. Confrontó a todos los cárteles al mismo tiempo, con los cuales se modificó el incentivo para no pelear contra el adversario, sino pactar territorios e impuestos criminales para el derecho de paso, con lo cual no obligaban al Estado a actuar con fuerza. El cambio fundamental fue que los cárteles tuvieron que pelear entre ellos para sobrevivir, que fue el detonante de la violencia. Bajo esa estrategia la delincuencia se atomizó y se mudó de delitos federales a delitos del fuero común. Por ejemplo, los matones del cártel de Tijuana, al quedarse sin dinero para sus nóminas por los golpes federales, se mudaron al secuestro exprés, que se incrementó en 200 por ciento. Los Zetas, que se habían quedado sin droga, entraron primero a la piratería, y después a vender protección y contrabando humano. Los hermanos Beltrán Leyva comenzaron a subcontratar asesinos en el Valle de México, y de su desmantelamiento surgieron Guerreros Unidos y Los Rojos, y de ellos, una mayor atomización de bandas criminales, como sucedió también con el cártel de Juárez.

Esta es la parte de la película que ve a medias el presidente López Obrador. Quiere una Guardia Nacional con disciplina, adoctrinamiento y mando militar para enfrentar a las pandillas criminales que no alcanzan a ser consideradas cárteles –al no controlar todo el sistema de producción del narco–, pero que están metidas en el narcomenudeo, asesinatos, secuestros, robos y extorsiones, por mencionar delitos más comunes del fuero común, sin enfrentar a los cárteles, cuyos delitos contra la salud y lavado de dinero son federales. El eslabón débil de esa estrategia es desconocer en la práctica operativa, los vasos comunicantes de la droga entre los criminales.

Por ejemplo, las bandas que ven a la Ciudad de México como botín, tienen alianzas o dependen de mercancía de los cárteles de la droga que, a la vez, les suministran respaldo de fuego. Si el Presidente cree que desmantelando la Unión Tepito, que es la que controla la vida a espaldas de Palacio Nacional y cobra protección a sus habitantes, de-

saparecerá el crimen, está equivocado. Siempre habrá quien remplace a sus líderes para que la cadena productiva criminal que sale de Culiacán o Matamoros, no merme sus utilidades ni afecte su generación de cuadros. Durante todo el sexenio, debe saber, tendrá como vecinos a criminales.

Para que la administración del narcotráfico funcione como en el pasado, este país tendría que dejar de consumir drogas, lo cual es imposible. Desde 1996 México se convirtió en consumidor de drogas, y es un camino sin retorno. Pero López Obrador ya formalizó su decisión: perdón para los capos de la droga y garantías de que no los perseguirá. Entonces, si reducen la violencia, volverán los tiempos de antaño donde el narcotráfico convivía entusiastamente con el Poder. Los Mayos, los Menchos, los Caro Quintero, los Zetas y todos los demás que controlan el crimen organizado podrán estar tranquilos. Sólo tienen que restablecer sus viejos pactos y quitar el dedo del gatillo.
31 Enero 2019 03:59:00
Lo que nos costó el road show
Vaya que resultó costoso el road show que hizo el director corporativo de Pemex, Alberto Velázquez, a Nueva York, hace casi mes y medio. Su presentación fue tan desastrosa, que después de dos horas de explicaciones chabacanas que provocaron cuestionamientos de inversionistas que le dijeron que desconocía la empresa, el costo de la deuda de la paraestatal se elevó 139 millones de dólares. El problema no era de él, dijeron los inversionistas, sino del presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber designado a un incompetente.

En México no pasó nada en ese momento. López Obrador dijo que les había ido muy bien, y que habían generado confianza y certidumbre. No era cierto. Fitch Ratings redujo la calificación de la deuda de Pemex este martes a nivel casi de bonos especulativos, y lo colocó en el umbral del abismo financiero. Pero el Presidente optó por una fuga hacia delante. En su conferencia de prensa del miércoles, el Presidente estalló contra Fitch y contra las calificadoras en general, a las que acusó tácitamente de haber sido cómplices de la crisis de Pemex. Su postura fue ideológica, no técnica.

El road show mexicano fue contraproducente para los objetivos que buscaba, tranquilizar a los mercados. Para organizarlo la Secretaría de Hacienda contrató a Barclays, el banco de inversión, un apoyo que es normal cuando un gobierno necesita hablar con inversionistas. Lo que fue inusual es lo que sucedió después. Las presentaciones dejaron tanto que desear, revelaron personas que estuvieron presentes, que Barclays tuvo que hacer un control de daños para evitar afectación en su prestigio. La principal fue sacrificar a quien lo contrató, el Gobierno de México. No muchas horas después de que se fuera la delegación mexicana, Barclays envió un informe de 33 páginas a sus clientes donde la prospectiva era terrible desde el título, “Pemex, un crudo despertar”. 

El documento muestra los análisis negativos de Barclays y recuerda que Pemex tuvo una gestión “extremadamente desfavorable” en 2018. Altamente revelador fue que mencionaran que los mercados comenzaron a tomar posiciones de cautela en México en la medida en que se iba afianzando la candidatura de López Obrador –las amenazas de cancelación de la reforma energética eran el contexto–, cuya incertidumbre pareció disiparse con una mejora en el valor de los activos de riesgo de corto plazo durante la jornada electoral y el siguiente mes. Sin embargo, describe Barclays, la consulta para cancelar el aeropuerto en Texcoco, tuvo como consecuencia una “feroz” venta de bonos de Pemex, que marcó el fin de aquella burbuja de entusiasmo.

Esa reacción de los mercados fue menospreciada por López Obrador y su equipo, que no imaginaron –o entraron en negación– el impacto que tendría en el mundo. En las reuniones que organizó Barclays al nuevo Gobierno mexicano, los inversionistas criticaron a Velázquez y al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, porque, dijeron, no entendían los mercados ni conocían bien Pemex. A los dos les dijeron que los números que les habían presentado no cuadraban con sus propias estimaciones, por lo que pensaban que la inversión prevista en Pemex y la recuperación calculada, eran insuficientes. No les hizo caso López Obrador y en las explicaciones de la baja de calificación de Fitch, esas fueron dos de las variables más importantes para su decisión.

Barclays anticipó en su reporte que Fitch reduciría dos grados la calificación de Pemex, ante el deterioro en los fundamentales de la macroeconomía, que refuta la Secretaría de Hacienda, al sostener que el presupuesto está construido de manera sólida. Pero la creencia en los mercados, como se lo dijeron a Urzúa en Nueva York, es que no veían que el lenguaje que utilizaba Hacienda fuera el mismo que tiene el resto del Gobierno y el Congreso. Cuando difundieron el reporte, aún no se daba la crisis del abasto ni mostraba el Gobierno sus enormes limitaciones y habilidades para resolver un problema de logística.

No ha ayudado tampoco la forma como el presidente López Obrador y su secretaria de Energía, Rocío Nahle, fueron vehementes en negar que se habían reducido las importaciones de hidrocarburos, y se pelearon con el periódico The Wall Street Journal porque publicó los informes de los expertos en Estados Unidos que así lo señalaban. López Obrador se llegó a mofar del Journal, aunque dos semanas después, con datos de Pemex, el Gobierno tuvo que reconocer que el periódico neoyorquino tenía razón. La sorna contra el Gobierno mexicano se dejó sentir en Manhattan.

Las decisiones de López Obrador, siendo muy generoso, han sido equivocadas y contraproducentes en materia energética. La instrucción para que Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, pidieran a sus contrapartes durante la transición que suspendieran las compras de combustible para ir reduciendo la dependencia de Estados Unidos, provocó parte del desabasto al no tener un plan para compensar esas pérdidas. Los montos de inversión en refinerías tampoco gustaron a los mercados y generaron dudas sobre el rigor fiscal presupuestal. 

La baja de calificación de Fitch es una fuerte llamada de atención a México. Pero López Obrador no lo ve así. En su conferencia de prensa llamó “hipócritas” a las calificadoras porque permitieron el “saqueo”, avalaron la reforma energética y “nunca dijeron nada de por qué no se incrementó la inversión en Pemex”. Los datos que usó, sin embargo, están mal. La inversión que llegó como parte de la reforma energética asciende a 185 mil millones de pesos hasta ahora. Pero eso no es lo más grave. Pelearse con las calificadoras es confrontar a los mercados, una lucha que nadie, en cuando menos 30 años, ha ganado.
30 Enero 2019 03:57:00
Corrupción y odio
La legitimidad del presidente Andrés Manuel López Obrador está en niveles que soportan, hasta ahora, cualquier cosa. El país presenta focos rojos de todo tipo, en seguridad, economía e insatisfacción social, pero él está sin mancha. Todos los días se para frente a la nación y recuerda, sin importar el tema, que el pasado estuvo infectado por la corrupción, y que todos los males que se arrastran se debe a los ladrones que saquearon las arcas nacionales para su beneficio y el perjuicio de las mayorías. Cada mañana, López Obrador machaca a la sociedad, a su manera, lo que fue la corrupción de anteriores gobiernos. Y la sociedad beligerante responde con virulencia, tomando al de Enrique Peña Nieto como referencia. La furia contra esa administración se corresponde con el respaldo al Presidente, pero a ninguna parte, en el fondo, le falta razón.

La corrupción durante el sexenio del presidente Peña Nieto fue notoria. Están los casos de gobernadores sometidos a proceso por desvío de recursos, peculado y enriquecimiento.

Los ejemplos de impunidad, conflictos de interés, saqueos y abusos cometidos en esa administración que tocó a la casa presidencial y a secretarías de Estado, gobiernos estatales y municipales, a familiares y a sus amigos, en un capitalismo clientelar ante la complacencia y debilidad de Peña Nieto, solapando a cercanos o impotente ante la presión de sus queridos. De corrupción nunca quiso oír nada, la negaba, y aquellos en su entorno menos infectados, tampoco pudieron vencer los obstáculos del cerco presidencial.

El desprestigio de ese gobierno contaminó todo lo que sucedió en el pasado. Es cierto que López Obrador se ha encargado de empaquetarlo para que sea la narrativa del cambio, pero el éxito de la estrategia se asienta invariablemente sobre el enjambre que se tejió durante la administración de Peña Nieto.

La profundización de la percepción sobre la corrupción lo refleja el último índice de Transparencia Internacional, donde México perdió tres lugares en el ranking mundial, convirtiéndose en el país peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –el Club de los Ricos–, y empatado con Rusia en el sótano, del G-20, que agrupa a las economías más fuertes del mundo. El Índice debiera provocar una vergüenza colectiva y una exigencia para que quienes incurrieron en actos de corrupción, paguen por sus delitos.

La corrupción no es un fenómeno con espacios acotados. El impacto que tiene la corrupción en las sociedades ya rebasó la putrefacción en las instituciones y ha avanzado a su debilitamiento y a la distorsión de los sistemas de organización social.

“La corrupción aleja a la democracia y produce un ciclo vicioso, donde merma las instituciones democráticas y a su vez, las hace más débiles y menos capaces para controlarla”, dice Patricia Moreira, subdirectora de Transparencia Internacional. “Con tantas instituciones democráticas en peligro alrededor del mundo, frecuentemente por parte de líderes con tendencias populistas o autoritarias, necesitamos hacer más para fortalecer los pesos y contrapesos y proteger los derechos ciudadanos”.

Se viven momentos difíciles en todo el mundo y hay líderes, como López Obrador, que o no alcanza a medir el peso e impacto de sus palabras, o es una estrategia deliberada para seguir incendiando a las masas, de sí ya enardecidas, y terminar de voltearlas para ir más allá de la consolidación de su poder. En su conferencia de prensa matutina el martes, dijo que las élites mexicanas son corruptas, pero el pueblo es bueno.

¿Cómo define élites? ¿Qué abarca ese grupo que estereotipa? Para sus seguidores, élites es igual a todo que no está incondicionalmente con él. El Presidente avanza en la polarización del discurso sin dar pasos concretos para solucionar el problema que dice querer desterrar. Habla mucho y acusa más, pero no pasa de la retórica. Cuando se le pregunta si va a hacer algo, dice que no, que borrón y cuenta nueva, porque no va a perder el tiempo en perseguir delincuentes pues agotaría su sexenio en ello. Pero en su lógica de perdón sin olvido, sigue avivando el fuego en la pradera y generando odios. Eso tiene que cambiar, y lo puede hacer.

La cruzada contra el huachicoleo, como dijo Eduardo Bohórquez, quien encabeza el capítulo mexicano de Transparencia Internacional, es un buen comienzo. Lo que está haciendo, agregó, es atacar la red de corrupción existente en el robo de combustible, perfilando el segundo paso, que es la red política. Falta, abundó, lo que nunca ha habido, que es el regreso de lo robado al erario.

Esta es una de las recomendaciones que hace Transparencia a México para corregir el rumbo seguido por el gobierno de Peña Nieto. También se necesitan enmendar las acciones preventivas que puedan medirse y orientar la política anticorrupción, con sanciones y recuperación de activos, y no cejar el esfuerzo en esa dirección.

La legitimidad de López Obrador se asienta sobre su retórica invariable contra la corrupción, pero el discurso lo ha utilizado con un propósito político estratégico, no para limpiar la casa de arriba hacia abajo, como garantizó en campaña. El Presidente tiene la oportunidad de cumplir lo que ofreció, hasta el fondo como prometió, y no esconder detrás de esa narrativa un cambio de organización social que parece ser lo que está haciendo.

Usar la corrupción clientelarmente para un objetivo político, es tan pernicioso como usarla para enriquecimiento. Cambiar de régimen demoliendo las estructuras corruptas pero manteniendo un modelo democrático, sí. Desmantelarlas bajo la máscara de la corrupción para instalar una autocracia, no. Que dé ejemplo de honestidad, atacando la corrupción y eliminando la impunidad, con menos alegorías y sin evasivas.
29 Enero 2019 03:59:00
Los maestros michoacanos, en primero y 10
El encabezado principal en la primera plana de El Financiero de este lunes, no dejaba duda del impacto económico que está teniendo el bloqueo de ferrocarriles en Michoacán: mil millones de pesos de pérdida diaria. Si se cumplieron dos semanas de sabotaje de maestros al aparato productivo en protesta porque les deben salarios y aguinaldos, ya suman 14 mil millones de pesos las pérdidas, 14 veces más de su demanda original y casi 30% de las nuevas demandas que están haciendo al gobierno federal. Lamentablemente, el costo sigue creciendo.

Lourdes Aranda, vicepresidenta de Relaciones con Gobierno y Comunicación de Ferromex, la empresa más afectada, dijo que han dejado de circular 300 trenes que tienen dos millones de toneladas en mercancías en 800 mil contenedores que no se han entregado. La tarde del lunes, anticipó en una entrevista en Foro TV, ello produciría una quiebra técnica en la industria acerera. Ya ocasionó que se interrumpiera la exportación de automóviles porque la línea de entrega de autopartes, se rompió, que decenas de trenes con combustible varados en ambos lados de la frontera norte, afecta a 150 mil automóviles en el centro del país, y que toneladas de cemento no han podido ser embarcadas en Chihuahua y Nuevo León.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina que 200 millones de los mil que originalmente exigían los maestros michoacanos por concepto de salarios de 2017 y 2018, además de aguinaldos, fueron entregados el viernes, y que en el curso del lunes se les darían los 800 millones restantes. López Obrador confió que con este pago se resolvería la situación que está estrangulado la actividad económica en la parte centro y noroeste del país. Los maestros de la Coordinadora Nacional, que es disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hicieron lo que siempre hacen, escalar el conflicto para sacar mejores dividendos. Ya no exigen mil, sino cinco mil, además de plazas que, de acuerdo con la prensa, le concedió la Secretaría de Hacienda el viernes pasado. Cinco mil nuevas plazas para ellos, con una carga al erario anual de 780 millones de pesos.

La disidencia magisterial es inmanejable, y el Gobierno debe tomar la experiencia de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, donde para poder llegar al final del sexenio sin procesos de desestabilización continua, tuvieron que abrir la cartera y desembolsar millones de pesos, y miles de plazas, para apaciguar la protesta social. Los aliados electorales de López Obrador no comparten su proyecto de nación y, como lo está demostrando la sección michoacana de la Coordinadora, la más chica en número pero la más ideológica, sí puede complicarle el arranque de Gobierno con sus viejas estrategias. Bien le haría al Presidente recordar lo que son los maestros disidentes y lo que le van a hacer. En enero de 2015, en una crítica al gobierno de Peña Nieto por la forma como había escogido a la disidencia magisterial como su aliada en la Reforma Educativa, sin comprender que serían quienes la detonarían, se escribió en este espacio:

“En el gobierno de Peña Nieto deberían haber aprendido que la CNTE es insaciable. Para utilizar una metáfora del futbol americano, siempre juegan al primero y diez. Es decir, en las negociaciones con la disidencia magisterial no hay avances de una yarda, ni retrocesos. Siempre que tienen el balón, los maestros avanzan diez yardas para tener no cuatro oportunidades más para volver a tener esa posición de campo –como sucede en el juego– sino para recorrer en automático la distancia y exigir otras diez yardas. Ellos nunca pierden. Quienes pierden son el Gobierno y los mexicanos”.

Sus estrategias son siempre las mismas, cierran aeropuertos y carreteras, realizan plantones y estrangulan el comercio. Utilizan la presión social para forzar canonjías. En esta ocasión elevaron el costo. En enero de 2015, el texto apuntó: “A la disidencia magisterial le ha dado mucho el Gobierno peñista, pero está en la lógica del primero y diez… La paz social que buscó el gobierno de Peña Nieto mediante la entrega de una parte de poder a los maestros opositores al régimen, es una quimera”.

La Coordinadora le tomó la medida al gobierno de Peña Nieto de una manera fácil, aprovechando el desconocimiento o inocencia de su equipo. “La CNTE tiene controlado al Gobierno”, se escribió en aquella ocasión. “Su estrategia histórica de negociación ha sido negociación-presión, negociación-confrontación y confrontación-receso. No hay nada oculto en sus tácticas. Para alcanzar el objetivo trazado presionan con plantones y movilizaciones. En la segunda etapa, para elevar los costos, enfrentan a la autoridad y chocan físicamente con las policías. Una vez que ya lograron extraer de sus interlocutores lo que buscaban, anuncian un receso, que es cuando bajo el pretexto de consultar a sus bases en sus estados de origen, regresan a sus casas”.

El presidente López Obrador dijo en su conferencia que los mil millones son un préstamo, eufemismo que nunca se le ocurrió al gobierno anterior para justificar entrega de recursos fuera del presupuesto. También les dijo que debían entender que los tiempos han cambiado, y que no utilizaría la fuerza de la policía, sino de la opinión pública, para obligarlos a cambiar su posición. Buena suerte. Hasta ahora, la historia de la disidencia magisterial no ha sido regida por la presión de la opinión pública, sino por sus intereses. Pero también, es cierto, nunca habían enfrentado a un Presidente con la legitimidad de López Obrador. Las escaramuzas con la disidencia de maestros apenas comienza. Los primeros puntos, son para ellos.
28 Enero 2019 03:59:00
Venezuela: fracasó la mediación
La búsqueda de una tercera vía para encontrar una salida negociada a la crisis venezolana ha fracasado, y el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que encontrar un equilibrio entre su postura principista y una toma de posición clara entre dos polos, el presidente Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó, porque se está quedando aislado.

López Obrador ha ido modificando su posición en los últimos días, pero la imposibilidad de saber si el corrimiento hacia una postura que si bien neutral, está más en el contexto de lo que piensan la mayoría de los gobiernos del mundo de Maduro, obedece a que el Presidente no entiende los matices de la política exterior, por lo que es incierto si ello fue acompañado de instrucciones precisas a la cancillería mexicana para que prepare un control de daños a lo que parece estar cerca: la caída de Maduro.

El Gobierno del presidente López Obrador y del uruguayo de Tabaré Vázquez no encontraron la llave de la puerta para contrarrestar la embestida del presidente Donald Trump. No habrá intermediación de esas dos naciones, aunque el presidente Nicolás Maduro la haya aceptado al entender que era de lo último que podría asirse. El más importante del que se afianzó México, creado por los europeos al señalar –como los mexicanos- que recopilarían y analizarían la información antes de tomar una decisión, se selló el fin de semana cuando Alemania, España, Francia y el Reino Unido dieron un ultimátum a Maduro de ocho días para que anuncie nuevas elecciones. De otra forma, advirtieron, reconocerán al diputado Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Guaidó rechazó la intermediación de México y Uruguay. El viernes respondió a los dos gobiernos: “La represión, cuando no les da resultado, se convierte en falso diálogo.

Debe tener muy claro el mundo y este régimen que para el falso diálogo, aquí nadie se presta”. Dicho de otra forma, Guaidó le dijo a López Obrador y a Vázquez que el diálogo propuesto era un engaño.

La postura europea de este fin de semana, sin ser la extrema de Estado Unidos, se acercó a la del Grupo de Lima del 4 de enero, firmada por todos menos México, donde dijo que no reconocería el nuevo mandato “ilegítimo” de Maduro, resultado de elecciones que no tuvieron los estándares mínimos democráticos, pidiéndole respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional y que le transfiriera de forma provisional el Poder Ejecutivo, hasta que se realizan nuevas elecciones presidenciales. En ese momento, México argumentó sus principios constitucionales de no intervención y dijo que buscaría una mediación.

Vistos los resultados, ni el Gobierno de López Obrador ni el de Vázquez pesan en el concierto internacional, ni son tomados en cuenta como interlocutores.

El alineamiento internacional en contra de Maduro los avasalló, sin saberse en México si la posición mexicana fue precedida de consultas informales previas para saber qué espacio y tiempo tendría para ello, o fue una nueva ocurrencia del Gobierno para salir al paso.

Lo que es evidente es que las cancillerías del mundo llevaban una velocidad que no contempló o rebasó a la mexicana.

El tema de Venezuela estaba en la agenda de pláticas que esta semana tendrá en México el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con López Obrador, quien busca tener una muy buena relación con él, y se estimaba figuraría también en una visita que tiene programada el secretario de Estado, Mike Pompeo, a la Ciudad de México. La intermediación quedó en el pasado. Hay en todo caso, matices para tomar en cuenta.

La postura del Gobierno de López Obrador del jueves tuvo un ajuste el viernes, cuando el Presidente dijo que la intermediación mexicana sólo se haría si ambas partes la aceptaban.

Es decir, sólo si Maduro y Guaidó estaban de acuerdo. Para efectos de argumentación, dado que no hubo rectificación a lo declarado el viernes, el Gobierno mexicano reconoce a Guaidó como un actor legal y legítimo, equiparado en peso político a Maduro.

De esta forma, el Gobierno de López Obrador se acercó a la postura del gobierno de Peña Nieto de reconocer a la Asamblea Nacional, que es el único de los cinco poderes reconocidos por la Constitución venezolana, que no se sumó a la parodia de la Asamblea Nacional Constituyente instaurada por Maduro en agosto de 2017, y que el 13 de noviembre pasado declaró inconstitucional que asumiera un nuevo mandato presidencial, pidiendo paralelamente nuevas elecciones presidenciales.

Sobre esa base, Guaidó invocó el 15 de enero pasado el artículo 233 de la Constitución que establece el procedimiento para cesar el titular del Ejecutivo y considera que el presidente de la Asamblea Nacional o el vicepresidente, podrían actuar como sucesores. Delcy Rodríguez, marioneta de Maduro, es la vicepresidenta.

La postura europea frenó los intentos golpistas de Estados Unidos, pero en el fondo, el restablecimiento de la vida democrática en Venezuela, coincide plenamente. El Gobierno de López Obrador, emanado de una elección democrática, no puede ir en contra de ello e hizo bien en rechazar de entrada sumarse al proyecto de Trump. Al fracasar su tercera vía, los europeo le volvieron a mostrar el camino. Maduro es inviable y López Obrador lo debe entender.

Tuvo el fin de semana para encontrar una posición acorde con los principios que defiende, pero debe entender que su iniciativa fracasó y no puede permitir que su neutralidad sin diplomacia eficaz, lo coloque ante los ojos de todo, respaldando a un régimen autoritario.
25 Enero 2019 04:00:00
Venezuela: un golpe para todos
El paisaje latinoamericano sigue escribiendo historia. Nuevamente es Venezuela, donde a las realidades objetivas de los últimos años, como la regresión democrática, el autoritarismo, la falta de libertades, la violación de derechos humanos y la cada día más increíble crisis económica, se le ha sumado la versión posmoderna de los golpes de Estado. La CIA ya no tuvo que desarrollar guerras sicológicas, inventar luchadores por la libertad ó invadir abiertamente a una nación, sino inaugurar una modalidad que no se sabe si es más arrogante que las otras, pero sí más cínica:

Un diputado, Juan Guaidó, se autoproclama presidente y minutos después, el presidente Donald Trump lo reconoce como el líder interino de Venezuela, desconociendo al presidente Nicolás Maduro, reelecto de manera fraudulenta. Tras Estados Unidos, una decena de países americanos respaldan a Guaidó, junto con la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo. La maquinaria trata de crear las condiciones para que las Fuerzas Armadas rompan con Maduro y lo derroquen. Si no es así, advierte Trump, todas las opciones están abiertas. ¿Invasión? ¿Asesinato del Presidente? Todas, hay que precisar, salvo que Maduro no deje el poder.

Es cierto que las credenciales de Maduro son impresentables, pero no apoyar a Guaidó tampoco significa respaldar el régimen del Presidente venezolano. Eso hizo México el miércoles y la turba cibernética se le fue encima al presidente Andrés Manuel López Obrador. La prensa en México también expresó mucha más crítica que apoyo, sin importar la ruptura trasnacional del orden constitucional -Venezuela amaneció el jueves con dos presidentes- promovida por Estados Unidos. Cierto, como han señalado quienes desean, como muchos -incluido quien esto escribe-, que Maduro debe dejar el poder, ¿cómo se puede romper el orden constitucional cuando Maduro lo rompió? La línea es muy fina y se cruza. La defensa de López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard es de ortodoxia constitucionalista, pero políticamente, busca una tercera vía en donde desde la neutralidad, se encuentre una salida pacífica a los diferendos en otras naciones.

En las conversaciones que sostuvieron el miércoles López Obrador y Ebrard, no hubo duda sobre mantener la postura que expresó el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Maximiliano Reyes, durante su estreno como representante en el Grupo de Lima el 4 de enero en la capital peruana, de excluirse de la petición a Maduro que no asumiera su segundo mandato, y la disposición a abrir el diálogo con todas las partes, pero sin acciones que lo obstruyan. La preocupación en la Cancillería mexicana se daba ante la posibilidad de que quedara aislado en el concierto internacional. Uruguay, con cuya contraparte Ebrard sostuvo pláticas por teléfono, se mantuvo neutral, lo mismo que España y Portugal, con lo que abrieron espacios políticos a los mexicanos, particularmente frente a sus socios comerciales norteamericanos, que apoyaron a Guaidó. La Unión Europea, que ha sido crítica de Maduro, no tuvo una posición de conjunto, y como los mexicanos, buscaron el mayor número de información posible antes de escalar su posicionamiento.

La presión en México contra el Gobierno es intensa. Liberales y conservadores unieron voces en la condena a Maduro y el respaldo a Guaidó, sumándose, por razones ideológicas o tácticas, a los avales del interino, según describió el periódico carioca O Globo, Trump y el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Las consultas entre cancillerías se profundizaron el jueves, y en la OEA, el embajador Jorge Lomónaco, hizo una propuesta estratégica: saber el estatus jurídico de Guaidó y de sus apoyos internacionales. La creatividad para ganar tiempo y problematizar lo que sucedió el jueves en la institución panamericana, es lo que ahora se necesita, recuperando lo que alguna vez fue la diplomacia mexicana.

El presidente José López Portillo, por ejemplo, rompió relaciones con Nicaragua pero no con El Salvador, pese a tener dos gobiernos autoritarios y violadores de los derechos humanos. López Portillo anunció la ruptura de manera inesperada cuando en una visita de Estado, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, le hizo un relato de lo que estaba sucediendo en Nicaragua. “Me ha dicho usted algo que sabíamos y no queríamos creer”, dijo López Portillo, “el dramático, el repugnante ataque a los derechos humanos, el horrendo genocidio que se está cometiendo contra el pueblo nicaragüense”. En el caso de El Salvador, las instrucciones fueron mantener abierta la Embajada y recibir al mayor número de asilados políticos, manteniendo comunicación con la oposición y la guerrilla.

La historia ayuda, y la Cancillería mexicana tiene experiencia en manejos de crisis y hasta dónde resiste y es útil la neutralidad. Si es cierto que los tiempos políticos no son los tiempos sociales, respaldar a Maduro o a Guaidó es anularse y cancela la posibilidad de agotar todas las instancias, como en los 80. La próxima semana llega a México el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y Venezuela estará en la agenda. En espera de confirmación, está la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo en esos días.

La política de neutralidad no es pasiva, sino activa. No es estridente, sino discreta. No perdamos la perspectiva. ¿Nos gustaría que el Presidente de Estados Unidos impusiera un títere para obligar al derrocamiento de un presidente en México? Habrá quien diga que sí, y que prefieren que un poder extranjero resuelva lo que internamente fueron incapaces de hacer. Es indigno. Hay quien dice no, que las luchas se dan adentro, y que si bien las condiciones internacionales contribuyen a los cambios, es el trabajo interno lo que construye la autodeterminación de los pueblos y la libertad. En eso estamos, pese a la radicalización nacional.
24 Enero 2019 04:10:00
¿Estamos en guerra?
El formato de una conferencia de prensa donde diariamente habla con su tono monótono y largas pausas, acompañadas de su discurso descontextualizado y con medias abstracciones, impidió dar total dimensión a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el martes pasado. El Gobierno, como lo describió, está en guerra contra el crimen organizado. Lo dejó ver al revelar que el lunes hubo sabotajes a la mayoría de los ductos de Pemex, que lograron ser neutralizados por la rápida acción de los trabajadores de Pemex. ¿Qué significa esto?

En primer lugar, si existió un ataque a todos los ductos en el país, plantear que hubo una acción coordinada de los cárteles mexicanos que están involucrados en el robo de combustible, es más que una conjetura. Es cierto que pudo haberse tratado de una coincidencia, pero dada la escala del ataque que se sufrió, en el contexto en el que suman días de sabotajes salteados en el centro del país, la hipótesis de una embestida concertada habría que revisarla. En segundo lugar, si los trabajadores de Pemex actuaron rápidamente para neutralizar los sabotajes, significa que se encuentran en estado de alerta máxima, pues de otra forma no podrían haber reaccionado con la prontitud suficiente para impedir el sabotaje. Los trabajadores de Pemex no están actuando solos; cuentan con el respaldo y la protección permanente del Ejército y la Policía Federal.

La falta de información tras lo que dice el Presidente no permite tener en cierto nada, salvo trazar las líneas generales de lo que está sucediendo en este país, donde la cruzada contra el huachicol, que afecta un negocio que el año pasado generó 7 millones de dólares por hora –seis veces más que el intercambio comercial fronterizo entre México y Estados Unidos–, ha generado reacciones. Pero precisamente en este punto es donde se necesitan clarificaciones porque hay contradicciones entre lo que dice el Presidente y la dialéctica de los cárteles de la droga, que tienen en el huachicol un redituable negocio alterno.

En primer lugar, la alianza que sugiere la afirmación del ataque en un solo día a “la mayoría” de los ductos de Pemex. Esto revelaría que los enemigos a muerte, que están librando batallas en varias plazas del país, los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación, los que más intereses tienen en ese delito, negociaron una tregua para enfrentar la cruzada antihuachicolera lanzada por López Obrador. No hay ningún indicio, sin embargo, de que esto pueda ser cierto que revelaría una mente más política que criminal. En todo caso, esto lleva al segundo punto, que es el estado de alerta en todas las instalaciones estratégicas de Pemex.

Describir someramente la alerta nacional para proteger ductos e instalaciones estratégicas de ellos, es un contrasentido. Por definición, el mejor ecosistema en el que se desenvuelven los cárteles es el estable, sin violencia, para que puedan realizar su negocio sin alteraciones ni afectaciones. Ningún cártel “calienta” su propia plaza, porque sería suicida para sus operaciones. Si los sabotajes fueron a “la mayoría” de los ductos, ¿porqué los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación pudieron haber decidido ir en contra de sus propios intereses?

Las utilidades son las que definen a los cárteles, no sus estrategias políticas para retar un Gobierno. Entre menos enfrenten a la autoridad, mejor. Para eso las corrompen o amenazan, y cuando no lo logran, su prioridad es no desatar la furia del Estado contra ellos, porque entienden que es algo que no pueden resistir. Las organizaciones criminales que se dedican al robo de combustible, dentro de la lógica del negocio ilícito, mantienen los flujos de hidrocarburos para poder succionarlo de los ductos y venderlo, por lo que no es creíble que en un cambio por completo de filosofía delictiva, sean los responsables de dañar su propia fuente de ingresos multimillonarios por un arrebato contra el Gobierno.

López Obrador dijo en su conferencia del martes que “los grupos que tienen el negocio y que no dejan de hacerlo nos sacaron de operación la mayoría de los ductos, nos los pincharon, provocaron fugas, en algunos casos peligrosas, nos sacaron de operación cuatro veces el Salamanca-Guadalajara y el Tuxpan-Azcapotzalco que ya habíamos logrado estabilizar”. Una vez más: ¿los dos cárteles actuaron concertadamente para lastimar a un Gobierno, pero sobre todo, para afectar sus actividades delictivas? No tiene mucho sentido.

Los cárteles no realizan sabotajes a las fuentes de sus ingresos. Quienes hacen sabotajes en ductos, como lo hizo en 2007 en tres estados fue el Ejército Popular Revolucionario, no son los grupos armados. El sabotaje busca afectar el aparato productivo o los bienes de producción, que es propio de movimientos políticos, no de organizaciones criminales que quieren lo contrario. El Presidente no piensa lo mismo. Es la delincuencia organizada, resistiendo la cruzada contra el huachicol la que presiona y amenaza, afirmó. Sin embargo, no hay información concreta de ningún jefe criminal, que esté siendo investigado por el robo de combustible. Las investigaciones son contra exfuncionarios, políticos y empresarios. ¿Por qué reaccionarían los capos de las mafias si no se sienten perseguidos? Ni siquiera en el discurso presidencial ha habido referencias directas a ellos.

La guerra contra el crimen organizado lanzada por el presidente López Obrador es muy opaca en este momento y necesita clarificaciones. El punto de partida es el desdoblamiento de lo que dijo el martes en Palacio Nacional. Necesitamos saberlo para entender el tipo de guerra que enfrentaremos los mexicanos, si es frontal contra las bandas criminales, o si es aquella indispensable para construir consenso para
gobernar.

23 Enero 2019 03:59:00
La trampa del discurso
En ningún momento el presidente Andrés Manuel López Obrador ha modificado su discurso: el robo de combustible es consecuencia de la corrupción que ha generado pobreza. López Obrador establece una línea clara, que legalmente es inexistente, entre las comunidades que compran o roban combustible, que parafraseándolo serían la sociedad buena, víctima por la marginación en la que han vivido, frente a gobiernos corruptos del pasado que crearon sistemas de saqueo de hidrocarburos en donde mete en una misma bolsa a empresarios y miembros de la delincuencia organizada, que sería la sociedad mala.

La dicotomía del discurso permea en su voz, sin que se le vean las contradicciones. Pero su propia palabra está construyendo una trampa: si casi un centenar de muertos y sabotajes sostenidos del crimen organizado tienen su origen en la corrupción de gobiernos anteriores, ¿por qué quiere dejar el pasado en el olvido y no como prólogo del cambio de régimen? El deseo político de López Obrador se está agotando en lo prolífico de su retórica y propaganda.

Enfrenta, como quedó de manifiesto en su conferencia matutina del martes, un desafío pocas veces visto. Los criminales, en reacción a su cruzada contra el huachicoleo, están saboteando sistemáticamente los ductos de Pemex. La osadía criminal tendrá condiciones abiertas para confrontar al Estado –porque eso está haciendo– únicamente si encuentra espacios de mezquindad entre los mexicanos y regateo al llamado presidencial de enfrentarlos sin ceder. Si en el pasado quienes hoy se resisten a ser sometidos por los criminales tomaron partido por los criminales porque se acomodaba a su lucha política, sería una irresponsabilidad imperdonable seguir la misma estrategia. Nunca será momento para cobrar ese tipo de facturas, porque los criminales son eso, delincuentes.

Pero hay otros grupos, blanco preferido de López Obrador para explicar sus acciones, que son anteriores gobiernos a los que sin matices y mucha generalización, los que, asegura reiteradamente, convivieron, actuaron y convivieron con la delincuencia organizada, creando un ecosistema negro que ha dañado a la nación. El discurso sin acción concreta, se le va a agotar rápido a López Obrador. Utilizar la corrupción de sus predecesores en el poder como la fuente de todos los males, tiene un límite retórico. Si quiere salvar a la sociedad buena de que rinda cuentas ante la ley por cometer delitos, tiene que empezar a actuar contra la sociedad mala.

La semana pasada anunció el Gobierno el inicio de investigaciones contra políticos y exfuncionarios presuntamente vinculados con las redes criminales del huachicol. Pero en el discurso, López Obrador ha ido más alto. Ha señalado directamente a directivos de Pemex en diferentes administraciones, y funcionarios en los gabinetes de Hacienda y Seguridad. No ha dado nombres, pero los objetivos de sus acusaciones han ido directamente contra ellos. Tres expresidentes han sido implicados en sus palabras, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox. El Presidente debe dejarse de simulaciones y si tiene evidencia, como uno supone que la tiene quien hace imputaciones tan serias, debe actuar en su contra, y que aporte elementos para que la Fiscalía General abra carpetas de investigación. En ese paquete debe incluir a los exdirectores y subdirectores de Pemex, a quienes también ha señalado como cómplices del delito federal.

Es importante que López Obrador se aleje del discurso propagandística y comience a actuar en aspectos concretos. Acusaciones orales y estigmatización no son suficientes ante el ataque del crimen organizado en contra del Estado mexicano. El Presidente necesita de acciones que respalden su afirmación de que irá con todo y contra todos los que resulten responsables del saqueo petrolero, sin amedrentarse ni ceder. Que sea la judicialización de esos casos la que determine los grados de responsabilidad de los gobiernos anteriores y quienes los encabezaban. Pero debe apurarse porque la tragedia en Tlahuelilpan empezó a costarle en imagen pública.

Una encuesta dada a conocer el martes por el Gabinete de Comunicación Estratégica, muestra que si bien López Obrador mantiene un altísimo nivel de opiniones positivas (88.7%), la mayoría de la gente a nivel nacional (54.6%) considera que fueron los pobladores de la zona quienes se acercaron al ducto para recoger combustible, por lo que en la misma proporción los considera responsables de la explosión. El Presidente ha eximido a los pobladores de la zona como los responsables, y acusado a la corrupción de anteriores gobiernos la responsabilidad total de la tragedia. En la encuesta, sólo 1.8% a nivel nacional considera que expresidentes y gobiernos anteriores son los responsables de la explosión y, ante la oferta de López Obrador de apoyar económicamente a los familiares de las víctimas, 7.5 de cada 10 mexicanos está en contra.

La reacción en las redes sociales, siempre muy proclives a López Obrador, fue peor. De acuerdo con el análisis de GLAC, una consultoría de seguridad y tecnología que publica regularmente sus mediciones en El Financiero, entre el 18 y el 21 de enero registró 375 mil 8 menciones, donde el 98.83% se expresó en contra de la actuación de López Obrador, destacándose entre los argumentos la falta de capacidad para atender ese tipo de emergencias. Este pulso, volátil como todo lo que navega por las redes sociales, refleja en diferentes proporciones lo que midió la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica.

Ambas revelan agotamiento en el discurso de López Obrador de que todo es culpa de la corrupción, y establece los matices que el Presidente no utiliza. Para evitar que esta caída coyuntural pueda convertirse en tendencia, López Obrador tiene que dar resultados concretos. Ahora es cuando si tiene evidencias de corrupción de expresidentes, exsecretarios de Estado, exfuncionarios, debe denunciarlos en la Fiscalía General. De otra forma tendrá que encontrar nuevos enemigos porque los actuales se le están desvaneciendo entre las manos de la opinión pública.
22 Enero 2019 03:55:00
Sí falló la estrategia
Ya no hay partes de guerra del combate contra el huachicol. El desabasto resultó más importante en la vida cotidiana de los mexicanos que la cruzada contra los delincuentes, y requirió que el Gobierno reorientara su estrategia –no su discurso– para resolver el suministro. El desbasto ya provocó una tragedia cercana a los 100 muertos, y esta, más la urgencia por evitar mayor escasez de gasolina, provocó una compra apresurada de pipas y el reclutamiento militar de conductores dentro de una variación del Plan DN-III, diseñado para apoyar a la población en situación de desastres, para distribuir hidrocarburos. De hechos insólitos se construye la Cuarta Transformación.

No sabemos ya qué es más importante que lo anterior, por la velocidad con la que cambian los temas y el énfasis de la conversación. Lo que sí se puede hacer es una primera evaluación sobre la estrategia de la guerra contra los huachicoleros, emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 27 de diciembre. Lo último que supimos sobre los logros de esa cruzada son del 8 de enero, cuando se informó que se había frenado el robo de hidrocarburos, y se habían ahorrado 2 mil 500 millones de pesos. Ya no hay más datos duros porque el torbellino de las consecuencias de un plan diseñado en tres semanas, son enormes.

Lo que estamos observando ahora es que los costos están resultando más grandes que los beneficios. Pero que no se mal interprete. La lucha contra el huachicol debe apoyarse incondicionalmente. Si por corrupción o para evitar desabasto, si porque el delito no se originaba sólo en la delincuencia organizada y los gobiernos, sino también en las comunidades enteras que entraron al negocio ilícito como una forma de vida y subsistencia, la realidad es que anteriores gobiernos no lo hicieron a fondo. El problema radica en la estrategia. Si se hace algo bueno que resulta más perjudicial en su implementación, no es para dejar de hacerlo, sino para corregirlo.

Para que funcione se requiere alinear todos los esfuerzos dentro de un plan estratégico. Si no existe este alineamiento, por mejor pensada que esté la estrategia, habrá tropiezos, estancamientos e, incluso, retrocesos. Es lo que está sucediendo: la estrategia de la cruzada contra el huachicoleo fracasó en esta primera etapa. Pese a alinear a todo el Gobierno, el recurso humano es lo que no le funcionó. A la lucha militar y policial, cuyos resultados divulgados la semana pasada fueron positivos, la logística que debieron desarrollar la Secretaría de Energía y Pemex ha sido un desastre. El desconocimiento de sus titulares y la ligereza con la que inicialmente se refirieron al desabasto, permite conjeturar que incurrieron en dos errores que llevan al fracaso de una estrategia: la ausencia de escenarios para saber los pros y contras de cada medida, y la falta de un plan de contingencia.

Los resultados derivados del desabasto se expresan de manera distinta. La forma más dramática fue el viernes pasado en Tlahuelilpan, donde cientos de pobladores de la zona buscaron abastecerse de gasolina que se fugaba de una toma clandestina en un ducto, tras 10 días de desabasto. López Obrador responsabiliza a gobiernos corruptos del pasado de esa tragedia, lo que si bien puede alegarse como parte del origen del problema, no tiene nada que ver con la realidad objetiva que Pemex no abasteció combustible en la zona. Esto, de ninguna manera, hace responsable de la tragedia al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, pero muestra las deficiencias de una estrategia mal diseñada y peor instrumentada.

El desabasto se dio por el cambio de logística de Pemex, que incluyó el cierre de ductos y la distribución de combustible mediante auto-tanques. Las cuentas de Romero Oropeza fueron pésimas. Este lunes, López Obrador anunció la compra de 571 pipas en Estados Unidos, que se suman a las 3 mil 500 que aportó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Este error de cálculo –el déficit de 4 mil pipas no previstas en Pemex– tuvo un costo no revelado aún con la Canacar, y de más de mil 615 millones de pesos por el equipo que se adquirirá en Estados Unidos. Las pérdidas no paran ahí.

Citibanamex reportó la semana pasada que la escasez de combustible va a generar una pérdida neta de 23 mil 600 millones de pesos del Producto Interno Bruto, derivada del cambio poco eficiente y costoso del transporte de combustible que, añadió, excedió los beneficios. Aunque no hay nuevos datos sobre cómo va el ahorro por la cruzada contra el huachicol, si se duplicara mecánicamente la cifra anunciada por López Obrador a las dos semanas de haber iniciado el combate, se podría argumentar que se ha reducido la utilidad de los criminales en cinco mil millones de pesos; es decir, poco menos de una cuarta parte de las pérdidas causadas por la mala estrategia.

Esta estrategia, señaló Citibanamex, debe de ser temporal, acompañada de un éxito en el combate al huachicol, para que compense y mejore el balance económico entre costo y beneficio. No parece que así sea, porque no se ha planteado temporalidad ni, como exige una guerra, se establecen los términos de la victoria. Se puede argumentar que el Presidente sí lo estableció, acabar con la corrupción. Pero es retórico. La corrupción nunca se acaba, aquí o en el mundo, pero combatir la impunidad la reduce. Elevar el costo para que nadie sea impune no está en el discurso ni en el la voluntad política presidencial plena, como sugiere Tlahuelilpan, como tampoco un cambio de estrategia. O sea, si las cosas van como hasta ahora, la medicina habrá sido la correcta, pero matará al paciente.
21 Enero 2019 03:59:00
La tragedia de Tlahuelilpan
La tragedia de Tlahuelilpan, donde decenas de personas murieron al explotar un ducto de gasolina por cuya fuga robaban combustible y festejaban algunos bañándose en él, es una doble desgracia. De la humana las crónicas y el número creciente de personas fallecidas van construyendo el drama. De la gubernamental sólo hay omisiones inconfesables, aceptaciones institucionales torpes para justificar la inacción federal, y acciones legales que no pueden dejar de aplicarse. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere darle un giro a la vida pública de la nación y restaurar el Estado de Derecho, Tlahuelilpan no debe quedarse como su primera marca de impunidad. Hay responsabilidades contra un número aún no claro de pobladores de la zona por diversos delitos, así también contra los mandos militares y policiacos que no hicieron nada por prevenir el siniestro.

El secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, dijo el sábado que cuando el Ejército llegó al punto donde se reportó la fuga en el ducto Tuxpan-Tula el viernes, intentó alejar a cerca de 800 pobladores, pero que los 25 soldados y policías que lo intentaron, al ponerse agresivos algunos de ellos, se alejaron. De esa forma, las fuerzas de seguridad, que no recibieron apoyo del Ejército o de la Policía Federal –llegó primero la prensa que ellos–, fueron testigos de la explosión y las muertes, donde ellos, por omisión, son responsables. Las declaraciones del general es una confesión de culpa: tiene desplegados a 10 mil soldados para combatir el huachicol, pero no hicieron nada en Hidalgo porque “estaban rebasados”. Al ser autoridad, replegarse y no actuar en un delito en flagrancia en una situación de alto riesgo, es imperdonable.

Los mandos militares y policiales que llegaron a Tlahuelilpan son presuntos homicidas dolosos –al saber que violaban la ley– por acción u omisión de facultades y atribuciones comprendidas en el artículo 8de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, en su inciso uno, que ordena “cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio”, y el inciso dos, que obliga a “abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público”.

En el caso de las personas que robaron combustible –llevar bidones habla de premeditación–, incurrieron en una serie de delitos que, de acuerdo con abogados, incluye el delito federal de robo de un bien público con la evidente intención de obtener lucro personal, la convocatoria a la insubordinación social para incluir a mujeres y menores de edad en el hurto, asociación delictuosa y responsabilidad imprudencial para obligar a terceros a cometer el delito, que fueron cometidos en flagrancia. Además, dados los antecedentes de huachicol en la zona, el probable delito de comercialización de combustibles sin autorización ni protocolos de seguridad.

Estos dos últimos párrafos se refieren a la aplicación de la ley que, en este país, la norma es violarla y la excepción es cumplirla. Por décadas, el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado ha estado cancelado. El punto de partida de esta debilidad institucional está ubicado el 2 de octubre de 1968, cuando se realizó la matanza de Tlatelolco, fecha desde la cual el Ejército se ha visto inhibido en momentos tan dramáticos como lo que sucedió en Tlahuelilpan. El Gobierno federal, se puede argumentar por la falta de refuerzos enviados a ese punto a 124 kilómetros de la Ciudad de México, prefirió dejar hacer, dejar pasar, para evitar un conflicto con la población. Para el Gobierno del presidente López Obrador, el hecho en sí mismo, es una contradicción.

Por años, la izquierda en México, herida y agraviada históricamente, ha denunciado las acciones de fuerza de soldados y policías como actos de represión. Los intentos por fortalecer el uso legítimo de la fuerza han sido interpretados, denunciados y combatidos como intentos por criminalizar la protesta social. López Obrador mismo ha caminado sobre una línea delgada y cuidado su discurso para evitar cruzarla.

Apenas hace ocho días, cuando habló del desabasto de gasolina, el Presidente dijo que se trataba de “un asunto transitorio” provocado por los “traviesos” que roban el combustible, y pidió a la población no fomentar el robo y la corrupción. “Hay gente que se está portando muy bien”, dijo en otro momento, “pero quiero pedirles a todos, hasta a los traviesos, que se actúe con responsabilidad, que piensen en sus familiares, que piensen en ellos mismos, que piensen en el prójimo, que piensen en su país, en México. ¡Todos a portarnos bien!”. 

Tlahuelilpan demostró lo falible de ese discurso. Restablecer la ética a una sociedad, como pocos dudan la requiere la mexicana, no se logra con discursos o una Cartilla Moral. Es un trabajo de educación cívica que bien hecho demorará cuando menos una generación en dar sus primeros resultados. Ningún pueblo es bueno, como imagina López Obrador que es o puede ser el mexicano. La rectitud en la vida pública se da mediante la eliminación de los incentivos para ser malo aunque se le tilde de pueblo bueno.

En México los incentivos inversos fueron alimentados por la rampante impunidad de décadas. Pero hay luces. Tlahuelilpan será una gran oportunidad para López Obrador en su intención por restablecer el estado de derecho, si aplica la ley en este caso, y utiliza –no lucra– la tragedia en Hidalgo como el punto de partida para restaurar el uso legítimo de la fuerza del Estado, que la va a necesitar, cuando menos, en su cruzada contra el huachicol.
18 Enero 2019 04:00:00
La seguridad del Presidente
La cruzada que emprendió Andrés Manuel López Obrador en contra del huachicol tiene consecuencias inmediatas. Una, como dice, es que el robo del combustible se redujo al enfrentar a los huachicoleros. Otra, que tiene plazos distintos, es que si el combate es tan efectivo como lo asegura el Presidente, el escenario de una respuesta violenta por parte del crimen organizado debe ser una prioridad. Las pérdidas económicas para quienes roban el combustible son cuantiosas –más de tres mil millones de pesos en menos de 15 días–, con lo que afecta fuertes intereses. Por ahora, la reacción de los criminales ante la acción gubernamental han sido sabotajes en ductos estratégicos, pero ¿quién garantiza que sus acciones revanchistas no escalen directo a López Obrador?

Meterse con el crimen organizado en un negocio que es más redituable que el narcotráfico, cambia por completo su entorno y modifica el paradigma de López Obrador que para estar cerca del pueblo se despojó de la seguridad militar que cuidaba a los presidentes mexicanos, y se rodeó de un equipo de civiles, que aunque fueron entrenados en Israel, no tienen el número, alcance, o el trabajo de inteligencia que le permitía al Estado Mayor Presidencial anticipar riesgos, como cuando capturaron una célula del EPR que, escondida entre la maleza del Bosque de Tlalpan, querían capturar al presidente Ernesto Zedillo, que hacía ejercicio en ese lugar casi todas las mañanas.

Enfrentar enemigos tan grandes y escurridizos, sin prisa para tomar venganza, hace que la seguridad del Presidente no sea un tema donde la única y última palabra la tiene Andrés Manuel López Obrador.

Su seguridad es un tema demasiado serio para que no se le provea como jefe de Estado, ni es una discusión donde la necedad se imponga sobre los protocolos que deben de seguirse y reforzarse en torno a su figura.

López Obrador es testarudo, pero el responsable de su seguridad, sus principales asesores y quien sea necesario sumar para hablar con él, deben hacerle ver que ya no es el activista, el agitador social o el candidato que puede ser laxo en su seguridad. Como Presidente, esta dejadez significa irresponsabilidad. Y para quien está en su entorno y no le hable duro para confrontarlo con la realidad que vive desde que llegó a Palacio Nacional, en cualquier cosa que le suceda, será cómplice por omisión. López Obrador no puede apelar a la ética y a la buena fe de los mexicanos, para que sean ellos quienes lo cuiden. Eso no existe ni en México, ni en el mundo reales.

Hay gente de todo tipo, buena y mala en distintos grados, pero cuando se trata de actividades criminales, los riesgos se elevan sustancialmente en función de la solidez del estado de derecho y los niveles de impunidad. Sería un pleonasmo hablar de la falta de lo primero y del superávit de lo segundo en México. Pero embarcarse en la cruzada contra los huachicoleros, no es pelearse con políticos, empresarios, periodistas o cualquier otra institución, donde la respuesta más violenta estará siempre en el entorno de la política.

Luchar frontalmente contra los criminales y afectar intereses económicos, ha llevado a López Obrador a adentrarse a un campo donde nunca estuvo. Haber caminado territorios controlados por el narco, como sucedió en la campaña presidencial, y haber transitado sin mayores problemas por retenes criminales en el norte del país, quedó en el pasado, cuando el enemigo no era él, sino los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. En ese momento no representaba ningún riesgo para sus intereses económicos. De hecho, con el ofrecimiento de amnistía a narcotraficantes, se volvía un aliado inopinado para ellos. Eso ha cambiado radicalmente.

Como presidente, cuya primera decisión fue confrontarlos militarmente, López Obrador ha pasado a ser su principal enemigo. Más que Peña Nieto en el arranque de su gobierno, cuando dejó de combatirlos, y más que Calderón, que comenzó la guerra contra ellos de manera focalizada y gradual, López Obrador le declaró la guerra y llamó a los mexicanos a combatirlos y a repudiar el mercado ilegal de combustible robado. Su cruzada la hizo nacional.

Las resistencias, como ha dicho el Presidente, son fuertes. Pero que no se equivoque, como parece estar haciendo en este momento. No sólo son los delincuentes de cuello blanco a los que está enfrentando; el crimen organizado juega un papel preponderante y central en este negocio. Dos cárteles están profundamente involucrados, Los Zetas y Jalisco Nueva Generación, que son los más violentos. Debe entender que si los está combatiendo con todo, no les deja puertas de salida. Si se cierra todo, para acabar con esos robos, los criminales responderán como no lo han hecho hasta ahora.

El presidente debe entender la dinámica que modificó de manera abrupta y entender el cambio que ello significa. Ser Presidente implica que tiene que ceder libertades individuales, de acción y movimiento, porque tiene que ser responsable con el pueblo cuyo porvenir depende de él.

Lo que le suceda al Presidente no afecta sólo al entorno de López Obrador, sino a una nación entera. Un atentado generaría caos, zozobra e incertidumbre política, económica y social, nacional e internacional. Ni siquiera estamos constitucionalmente preparados para la ausencia súbita de un Presidente. Esta es la externalidad que abrió su cruzada contra el huachicol. Su seguridad es prioritaria. Pasó el tiempo del folclor y el discurso populachero. El Presidente tomó riesgos y lo apoya la nación. Debe estar a la altura de su responsabilidad y asumir que el jefe de Estado Mexicano requiere de protocolos de seguridad que protejan su vida por encima de todas las cosas.
17 Enero 2019 03:57:00
La división de los mexicanos,  ¿para nunca acabar?
El viernes pasado sucedió algo insólito. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, interrumpió su discurso en Tlapa, en un evento con Andrés Manuel López Obrador, ante los gritos y mentadas de madre que recibía de morenistas, alentados por Pablo Salazar, presidente estatal de Morena y delegado federal, y sobrino de la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, y le reclamó al Presidente.

“Yo no vuelvo a ningún recorrido, es ofensivo”, le dijo Astudillo a López Obrador. Evaluaría, dijo, a qué evento con el Presidente asistiría en el futuro. López Obrador le ofreció disculpas inmediatas y el lunes dijo en su comparecencia mañanera que ese tipo de actitudes no deberían darse. Respeto para todos, pidió, aunque parece tarde.

La polarización llegó para quedarse y difícilmente se va a borrar. El Presidente, un gran comunicador, lleva años evangelizando a sus seguidores más fieles y persuadiendo a millones más con un discurso simple, pero persuasivo: los ricos, llenos de privilegios y corruptelas, tienen que ser erradicados del país. Es el tiempo de los pobres, que están del lado de los liberales, y hay que luchar contra los conservadores, que se oponen al cambio, son palabras no textuales en la doctrina de López Obrador que han abierto la confrontación nacional. ¿Hasta dónde llegará? Como está la irritación, diariamente alimentada por los propagandistas del régimen en las redes sociales, hasta que la retórica se convierta en agresión física.

La reacción del presidente López Obrador ante lo que sucedió con Astudillo no empata con anteriores comportamientos. Se mostró preocupado desde el mismo momento en que el gobernador interrumpió su discurso y le expresó que sus seguidores de Morena han hecho de sus eventos “torneos de insultos y descalificaciones”.

El Presidente ofreció disculpas inmediatas y ha enviado línea política a sus seguidores para que muestren respeto. No bastará. El humor está ardiendo y los ánimos encendidos. Lo que le pasó a Astudillo, menos intenso, le sucedió el domingo al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, aunque López Obrador dijo que no sucedió nada. Antes le pasó al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y previamente al de Michoacán, Silvano Aureoles. Los políticos no son sus únicos blancos.

Los militantes de Morena están empoderados por un Presidente fuerte y carismático que, en este momento, no tiene oposición que se le plante enfrente. El Congreso, un contrapeso, está arrodillado ante él. El Senado también. La prensa es acosada y el Poder Judicial ha sido agredido. Los órganos autónomos están siendo acosados presupuestalmente como si la intención fuera deshidratarlos y acabarlos.

La gradería del Presidente siempre aplaude y se anima a profundizar la división. México está enfermo de rencor y resentimiento. La bola de nieve viene por la ladera tomando fuerza y volumen. ¿Hasta dónde llegará? Reiteremos: como está la irritación, diariamente alimentada por los propagandistas del régimen en las redes sociales, hasta que la retórica se convierta en agresión física.

No están solos. Hay que ver el fenómeno en toda su dimensión. El odio mostrado no corre en un solo sentido. A toda acción hay una reacción, y en la esquina de enfrente hay respuestas proporcionalmente violentas.

Hay ataques clasistas y discriminadores inaceptables a personas vinculadas a Morena por el color de su piel. ¿Cómo no quieren entonces que se esté gestando una lucha de clases? La forma como se señala visceralmente todo lo que hace el Presidente no deja espacio a la razón, mucho menos a la discusión argumentativa. Muchos no abordan críticamente sus acciones y políticas, sino lanzan denuestos personalizados. Abundan las provocaciones, los desafíos y las injurias. El discurso binario no avanza sobre un carril único. Se nutre de todos lados, crecientemente

intolerantes y beligerantes.

El gobernador Astudillo le recordó a López Obrador que es Presidente de todos los mexicanos, por lo que el respeto debe ser mutuo y recíproco. No fue ociosidad expresarlo, porque se está volviendo una norma de comportamiento en las élites de Morena, particularmente en el Congreso, donde las cómodas mayorías que tiene el partido en el poder, ha llevado a varios de sus líderes a actuar con mayor despotismo del que tanto se quejaron, con más prepotencia con la que mucho tiempo los trataron, abiertamente retadores.

El poder tiene que ser magnánimo, no vengativo. El Comité de Salud de la Revolución Francesa, que de algo sirva la Historia, llevó a la guillotina a quienes hicieron de ella su instrumento de castigo contra quienes se oponían al cambio de régimen.

Pero todo esto sólo tiene sentido si estamos de acuerdo en vivir bajo un orden democrático real, no retórico. Para quienes la democracia no tiene sentido, esta discusión es irrelevante; querrán otro sistema –no régimen– que la sustituya. Para quienes piensan que la democracia es el menor mal de los males, la satanización de los de enfrente, la polarización política, la fragmentación que se vive en los medios y las actitudes tribales, mal de México y el mundo, tiene que atajarse para evitar que la brecha se siga

ensanchando.

Yascha Mounk, director del Centro de Renovación del Instituto Tony Blair para el Cambio Global en el Reino Unido y conferencista en la Universidad de Harvard, escribió el año pasado El Pueblo Contra la Democracia (The People vs. Democracy), donde identificó los tres conductores del descontento: estancamiento en los niveles de vida, temor de una democracia multiétnica y el surgimiento de las

redes sociales.

“Para revertir la tendencia –señala Mounk– los políticos necesitan promulgar reformas que beneficien a muchos, no a unos pocos”. Llevado al terreno mexicano, 30 millones de votos ganan elecciones, pero no gobiernan un país.
16 Enero 2019 04:58:00
La victoria de López Obrador
Las encuestas, todas, dan al presidente Andrés Manuel López Obrador un extraordinario respaldo para el combate al robo de combustible. Las pérdidas económicas derivadas del desabasto de gasolinas y las enormes incomodidades de las clases medias para reabastecer sus vehículos han sido insignificantes en su correlación con el apoyo a López Obrador.

Al menos ocho de cada 10 mexicanos están incondicionalmente con él, un volumen muy superior incluso al que obtuvo en las elecciones presidenciales, cuando 5.3 de cada 10 mexicanos votaron por él.

Hay quien se pregunta cuál es la razón por la que un problema toral en la vida cotidiana, acentuado por el claro naufragio de los funcionarios responsables del suministro de combustibles, no haya hecho merma en la imagen ni el respaldo al Presidente, sino todo lo contrario.

López Obrador tiene la confianza plena, en un fenómeno que quizás no se veía desde que el pueblo, sin importar clases sociales, salió a las calles a entregar todo lo que tenía para respaldar al presidente Lázaro Cárdenas en la nacionalización petrolera.

La encuesta de El Financiero publicada este lunes es muy clara: se cerraron filas detrás de López Obrador. El 89% de los mexicanos en el país, apoya el combate contra el robo de combustibles. La aprobación a su trabajo es de 76%, seis puntos arriba desde última la medición, el 26 de diciembre pasado, un día antes que anunciara el combate contra los huachicoleros, y prácticamente el mismo de cuando asumió la Presidencia, cuando estaba en 77 por ciento.

Es decir, una medida de gran calado que requería invertir capital político, le representó cero pérdidas y significativos réditos políticos. El consenso es tan amplio que nunca se dio, ni remotamente, una situación de disturbios en las calles, como se dieron por situaciones análogas en los últimos años en Sao Paulo o Santo Domingo.

Para comenzar a entender el fenómeno que estamos viendo, hay que recordar el eje de las campañas presidenciales de López Obrador, la lucha contra un régimen corrupto que olvidó a las mayorías, y que el mandato en las urnas el 1 de julio pasado fue precisamente para que cumpliera con su promesa.

Entonces, si el voto popular fue para combatir la corrupción y López Obrador ha empaquetado el huachicoleo como un problema de corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN, contra el que masivamente se votó en contra en las urnas en julio, ¿por qué sorprende tanto el apoyo masivo al Presidente en esta cruzada?

López Obrador no ha perdido oportunidad en cada mensaje y en cada discurso, para establecer la línea que conecta el robo de combustible con anteriores gobiernos. Es decir, todos los días a todas horas está diciendo a los mexicanos que esta acción es consecuencia directa del mandato que recibió, y respuesta frontal a su exigencia en las urnas.

El pedir de forma permanente el apoyo de los ciudadanos y agradecer de manera reiterada la forma como han respaldado la acción contra los criminales sin que estallaran conflictos –“se han portado bien”, es su frase–, es una forma de involucrar a los mexicanos y hacerlos sentir que son parte importante en esta lucha para evitar el saqueo de los recursos nacionales.

No a todos les gusta la forma como López Obrador construye las imágenes, pero a decir de las encuestas, su mensaje ha penetrado y su apelación ha surtido un efecto que para los estándares y antecedentes mexicanos es casi insólito.

En la misma encuesta de El Financiero se registró que 62% de los mexicanos cree que la gente debe confiar y tener paciencia mientras dure la situación de desabasto, notándose un porcentaje incluso más alto, de acuerdo con el estudio, en aquellos estados con mayor desabasto. Esto significa que el individualismo y egoísmo ciudadano, tan característico de los mexicanos, fueron hechos de lado ante el llamado presidencial.

El experto en opinión pública Jorge Buendía, director de Buendía&Laredo, dijo que ante la escasa información que hay sobre el combate, el abasto y sus efectos, el combate al huachicol está alineado con el respaldo a López Obrador, como lo muestran todas las encuestas.

“Ante la falta de información, para muchos ciudadanos apoyar la lucha contra los huachicoleros se reduce a expresar o negar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador”, agregó. “El éxito político de la medida dependerá de la rapidez con que se termine el desabasto”.

Según funcionarios federales, esta semana se normalizará el abasto en todas menos dos entidades, Guanajuato y Estado de México, con lo cual el escenario negativo que planteó Buendía podría no llegar a darse. De cualquier forma, López Obrador trazó en su comparecencia pública del martes una nueva cruzada, que le va a permitir prolongar el tipo de apoyo que ha recibido hasta ahora.

A pregunta de un periodista, desarrolló una nueva narrativa donde ubicó la palabra “huachicoleo”, hasta ahora sólo utilizada como sinónimo de robo de combustible, como el equivalente a robo con alto daño a la nación, cometido o avalado por gobiernos anteriores.

Así, estableció la relación directa entre futuras campañas en otros sectores, con parte del mandato de las urnas. El lunes dijo que después del huachicoleo iría a combatir la corrupción en otros campos. El martes identificó indirectamente que será en el rubro de los medicamentos.

El manejo político de López Obrador ha sido impecable. El único límite que habrá entre su éxito y el desgaste que lleve a la derrota, es si los resultados no son como los ha prometido. Pero por lo pronto, está sólido y avanza rápido.
15 Enero 2019 03:58:00
Huachicoles somos todos
El parte de la guerra contra el huachicoleo señala: mil 700 carpetas de investigación iniciadas en dos semanas, tres altos funcionarios de Pemex cuyos casos por daños a la Nación se judicializaron y 4.5 millones de barriles de combustible asegurado. La contraparte en esta guerra son actos de sabotaje –que es una acción propia de terrorismo, y una rebelión de la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, en el municipio de Tula, contra de un contingente de militares que perseguían a ladrones de combustible. La comunidad los enfrentó, tras acusarlos de disparar contra la población, y privó a tres de su libertad durante horas.

Esa zona es conocida por su actividad huachicolera, y no es la primera comunidad que se rebela ante los militares. El año pasado en Puebla, huachicoleros protegidos por los pobladores de municipios de la zona se enfrentaron con militares en varias ocasiones. También hubo enfrentamientos todo 2018 en el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tabasco, y Tlaxcala, lo que habla de la magnitud territorial del problema. López Obrador hizo un llamado a los pobladores de Santa Ana para que “no se mancharan” de sangre atacando militares, y pidió en general que no se comprara gasolina robada. Difícil empatar la ética frente a la sobrevivencia.

Un caso que puede ilustrar este dilema es el de San Salvador Huixcolotla, que tiene un mercado nutrido en hortalizas, frutas y ropa. Huixcolotla fue contaminado por la influencia de los municipios vecinos que se encuentran dentro de la zona del Triángulo Rojo, donde las ganancias que obtienen las bandas criminales por ese hurto, primero auspiciadas por Los Zetas y más adelante por el Cártel Jalisco Nueva Generación, es de 2 millones de pesos diarios. Los huachicoleros aprovecharon la coyuntura en ese municipio y en el país, abierta por la liberalización del precio de los combustibles en enero de 2017.

Una externalidad del gasolinazo fue la proliferación del huachicoleo por razones económicas. En diciembre de 2016, el precio del litro de gasolina estaba en 14.81 pesos; el retiro de todos los subsidios en enero lo elevó a 17.05 pesos. Los huachicoleros expandieron sus mercados y llegaron a Huixcolotla, que se convirtió en un centro de distribución de combustible robado, gracias a la estrategia de los ladrones de combustible. Al elevarse el precio del diésel, llegaron a las comunidades más alejadas con la oferta de mitad de precio y colocado junto a sus cultivos. Para muchos, si no todos, la oferta era irresistible en el contexto de su subsistencia, y el huachicol penetró fácilmente el tejido social.

El huachicol mermó a Pemex. En 2016, las pérdidas reconocidas eran de 30 mil millones de pesos. Para 2018, dice López Obrador, ascienden a 60 mil millones, razón por la cual lo combate. Dentro de esta lucha, matizó este lunes la acusación directa sobre gobiernos anteriores de ser parte del crimen, e incorporó “o por su complacencia”. Esto se ajusta más a la realidad. En mayo de 2017 se publicó en este espacio que el presidente Enrique Peña Nieto intentaba salir de la pasividad en la que se encontraba ante el fenómeno criminal, después de una desesperante inacción, pero como reacción, no prevención. En ese momento se apuntó:

“Peña Nieto tendría que haber estado muy bien informado del problema que se vivía, pues desde (hacía) unos tres años promovió a quien había sido su jefe de seguridad en el gobierno del Estado de México, el general brigadier Eduardo León Trauwitz, como subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, que es el área responsable de los ductos. El general Trauwitz sostenía reuniones regulares con los responsables del área logística de Pemex para discutir del robo de combustible, donde había acusaciones cruzadas. Exfuncionarios que conocen de esas reuniones, (recordaron) que el general afirmaba que el robo tenía cómplices dentro de Pemex, mientras que los encargados de logística respondían que era responsabilidad de los militares la vigilancia.

“El alegato del general es que tenía que haber complicidad en Pemex con los criminales porque para poder ordeñar un ducto se necesitaba, a fin de evitar una explosión letal, que no estuviera transportando combustible, información que sólo podría provenir del salón de control de ductos de la empresa. Esta idea (siguió) permeando en el Gobierno federal y se (investigaba) en Pemex la posibilidad de complicidad con los criminales. Pero el alegato de los responsables de logística, era por la información que se tenía en las áreas de seguridad del Gobierno poblano, que la ordeña de ductos en el Triángulo Rojo estaba avalada y, en algunos casos, controlada, por los militares”.

El fenómeno de Huixcolotla mostró cómo, pese a todo, se extendió el huachicol. El entonces gobernador Rafael Moreno Valle pidió reiteradamente apoyo federal para combatirlo, pero el gobierno de Peña Nieto no se lo dio porque, según exfuncionarios, fortalecería su eventual candidatura presidencial. Esa mezquindad se extendió, al no darse jamás el apoyo. Poco antes de asumir la Gubernatura, su esposa Martha Érika Alonso recibió un mensaje de los huachicoleros –Huixcotla es vecina de Tecamachalco, el municipio donde nació– para que negociara con ellos impunidad. El mensaje fue rechazado. Los dos murieron en un accidente de helicóptero en diciembre, cuyas causas están siendo investigadas.

Pero la impunidad, en buena parte por la pasividad o complicidad del Gobierno federal, disparó el robo de combustibles y le permitió a los huachicoleros armarse para enfrentar al Ejército y a quien se le ponga enfrente. La impunidad y el crimen es lo que quiere acabar López Obrador, que será el primer paso. El siguiente, restablecer el tejido social, será más difícil de lograr.
14 Enero 2019 03:59:00
La improvisación de Andrés
En Tlapa, en la Sierra de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se decidió por ir al combate frontal contra el huachicoleo porque “me colmaron el plato”. El 7 de diciembre anticipó en su comparecencia mañanera que presentaría un plan contra el huachicoleo, enmarcado en el orden legal, con sanciones más severas contra los criminales. Veinte días después anunció el plan, que tenía como eje acabar con la corrupción en Pemex porque desde ahí, dijo, se manejaba el robo de ductos. Nunca habló de vigilar los ductos, sino de las instalaciones estratégicas de Pemex, ni tampoco mencionó nada sobre el abastecimiento de combustible. Hoy en día son estos dos factores, no los que informó, a los que adjudica la crisis de abastecimiento, lo que muestra la improvisación presidencial. Su diagnóstico era correcto, su planificación fallida y su ejecución desastrosa.

Para entender la dimensión de la improvisación en la que incurrió el Presidente, se pueden utilizar como ejemplo los intentos por liquidar el organismo Luz y Fuerza del Centro. El primer Gobierno que la preparó fue el de Carlos Salinas, cuyo equipo trabajó durante seis meses en la planeación integral donde la toma del organismo no era lo más riesgoso, sino que se produjeran sabotajes o fallas en el suministro. La decisión de extinguirla no alcanzó a darse por la irrupción del EZLN el 1 de enero de 1994, con lo que se canceló definitivamente la operación.

La segunda ocasión que se pensó en su liquidación fue en 1999. El presidente Ernesto Zedillo le pidió al secretario de Energía, Luis Téllez, que la planeara. Téllez armó un cuarto de guerra que comenzó a trabajar sobre los planos originales elaborados en el Gobierno de Salinas, lo que les ahorró tiempo. Aún así, trabajaron dos meses y trasladaron 2 mil técnicos electricistas de todo el país que acamparon en tiendas de campaña en el Bosque de Chapultepec, cerca de donde se encuentra la Secretaría de Seguridad. Se diseñó un plan operativo y la noche en que se realizaría la toma de Luz y Fuerza, con acciones coordinadas de la Policía Federal Preventiva y el Ejército, para evitar no sólo interrupciones en el servicio eléctrico sino, sobre todo, que no afectara el suministro de agua del Cutzamala. Media hora antes de que iniciara la operación, Zedillo abortó el plan.

Pasó una década antes de que el presidente Felipe Calderón tomara la decisión de liquidar Luz y Fuerza. Se trabajó durante casi un año, en buena medida porque el centro de control de las operaciones tenía tecnología obsoleta, por lo que tuvieron que reclutar ingenieros electricistas jubilados y enviarlos a Inglaterra para que durante seis meses se familiarizaran con ese tipo de tecnología. Mientras tanto, la Policía Federal infiltró al sindicato de Luz y Fuerza para recabar información de inteligencia y preparó un plan de toma simultánea de cerca de 300 instalaciones estratégicas.

Se escogió como Día D la tarde del 10 de octubre de 2009, a la misma hora en que México se jugaba su pase a la final del Mundial de Sudáfrica ante El Salvador, para lo cual compraron cientos de boletos y a través de los infiltrados los repartieron entre los sindicalizados. La alerta nacional a los cuerpos de seguridad impidió, por ejemplo, que explotara una bomba que simpatizantes del sindicato colocaron en la presa Abelardo L. Rodríguez en Tijuana. La operación fue impecable.

En ninguno de los tres casos hubo improvisación. Salinas no tuvo un arrebato y abrió un flanco innecesario ante el levantamiento del EZLN. Zedillo no se sintió cómodo con una operación de tal envergadura al final de su sexenio. Calderón lo hizo a la mitad, tras años de análisis sobre los beneficios de esa liquidación. López Obrador tardó menos de 20 días en lanzar esa gran operación contra el robo de hidrocarburos. No informó a ningún gobierno estatal, por lo que no buscó su apoyo. No utilizó a la Policía Federal, y se recargó en el Ejército y la Marina para vigilar las instalaciones de Pemex.

No hizo uso de información de inteligencia para atrapar a los jefes del huachicoleo, que siguen libres como cientos de personas que delinquen diariamente. Por ejemplo, el 27 de diciembre el encargado del despacho de la PGR, Alejandro Gertz Manero, dijo que quienes manejaban el control de los ductos desde Pemex, eran quienes permitían que ese robo se llevara a cabo, pero hasta ahora no hay ningún funcionario de Pemex detenido, lo que sugiere que actuaron sin tenerlos identificados.

El Presidente sugirió que el énfasis del combate sería el robo de pipas, porque la ordeña de ductos era sólo una “cortina de humo”, que hoy ya no lo es. Ha dicho que se ha reducido de 800 a 100 el robo diario de pipas de gasolina, pero el desabasto explotó. El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, adjudican al combate contra el huachicoleo la crisis de abasto, que ayer López Obrador volvió a señalarlo como justificación de la escasez de gasolina. Sólo oculta las deficiencias de su gobierno, donde lo más grave de sus improvisaciones fue el olvido de la estrategia del suministro, que metió a su gobierno en una crisis de desabasto que ya le pegó a la economía y que, una vez más, subrayó el carácter ocurrente con el que inició el sexenio.
11 Enero 2019 04:00:00
Detrás del huachicol
Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo durante su campaña presidencial que ofrecería amnistía a quienes hubieran participado en el narcotráfico, hubo quien pensó que se le abría una ventana de oportunidad. Era Miguel Ángel Treviño, apodado el Z-40, el jefe de Los Zetas, quien estaba en la cárcel desde julio de 2013, quien envió a sus abogados para entregar un mensaje a la campaña del candidato presidencial. Treviño se comprometía a reducir hasta en un 50% la violencia en Nuevo Laredo, el tráfico de drogas, de armas, el contrabando de migrantes y el robo de combustible, a cambio de una sola cosa: si llegaba López Obrador a la Presidencia, que no lo extraditara a Estados Unidos. No hubo tiempo de nada, porque el 19 de julio del año pasado, salió de México hacia una cárcel en aquel país.

La violencia continuó y Los Zetas siguieron administrando su empresa criminal, que tuvo una importante inyección de recursos cuando en sus momentos de crisis por falta de droga hace casi 15 años, se diversificaron hacia el robo de combustible, que comenzó con ellos el gran saqueo al patrimonio mexicano. Los Zetas hicieron de su negocio una operación trasnacional, y vendieron, con documentos falsos, cuando menos 46 millones de dólares de petróleo a refinerías en Estados Unidos, que posteriormente enfrentaron juicios y varios de sus directivos fueron a la cárcel. La delincuencia organizada es quien más ganancias extrae del robo de hidrocarburos en el mundo, que es uno de los más grandes fenómenos criminales de este siglo.

De acuerdo con un amplio documento del Centro de Energía Global del Consejo de Atlántico, una organización privada estadunidense que nació en 1961, que dio a conocer en 2017 (Downstream Oil Theft: Global Modalities, Trends and Remedies), el negocio representa utilidades criminales anuales por 133 mil millones de dólares, que es superior al peso económico total de Kuwait, una de las naciones petroleras. El documento cita 10 casos de estudio, donde se encuentra México, donde señala que extraer petróleo refinado durante sólo siete minutos, le representaba a un cartel ganancias de 90 mil millones de dólares. Un ingeniero de Pemex fue detenido cuando se descubrió que cobraba mil 250 dólares por cada toma clandestina que dejaba sin reportar.

El reporte menciona que la delincuencia organizada es quien más está involucrada en el robo de hidrocarburos, pero no es la única. En orden de importancia hay funcionarios o empleados gubernamentales, comunidades “desesperadas” porque no tienen otra forma de obtener recursos, políticos y terroristas. En el caso mexicano, de acuerdo con un estudio elaborado en 2017 por la consultora EnergeA para la Comisión Reguladora de Energía, quienes participaban además del llamado huachicoleo, eran grupos armados especializados, bandas criminales de bajo impacto, empleados y exempleados de Pemex, gasolineros, policías y empresarios. Paradójicamente, aunque el robo estaba convertido en uno de los problemas más apremiantes, López Obrador no habló sobre esto durante sus conversaciones con el presidente Enrique Peña Nieto en la transición, ni este se lo planteó como una prioridad.

No fue prioridad del Estado Mexicano hasta el 27 de diciembre pasado, cuando el presidente López Obrador anunció un plan para combatir el robo de hidrocarburos. La crisis del abasto de combustible, resultado de incompetencia de las autoridades energéticas en la planeación adecuada de la distribución para acompañar ese combate, ha sido capitalizada por López Obrador para socializar didácticamente el problema enfrente e ir construyendo un consenso nacional, que no tuvieron anteriores gobiernos, para ir a golpear al corazón del huachicoleo. El corazón se encuentra en quiénes son los principales responsables, por cuanto de beneficios obtienen, del robo de hidrocarburos, o quienes pudieran ser figuras emblemáticas involucradas en el delito que manden un mensaje a quien quiera seguir delinquiendo: quien quiera seguir delinquiendo, que sepa que la pasividad y la tolerancia se acabaron y si los atrapan, pagarán las consecuencias.

A través de declaraciones públicas, el Gobierno de López Obrador ha identificado a cuatro personas a las que se está investigando por este tema. Funcionarios federales dicen que han ido a declarar en la PGR en calidad de “presentados”, lo que no significa que sean imputados en este momento por cualquier delito. El único nombre que ha trascendido, al tener que confirmar el presidente reportes de prensa, es el del brigadier general Eduardo León Trauwits, que de jefe de escoltas del gobernador Peña Nieto pasó a ser jefe de seguridad de Pemex en el gobierno anterior. En junio de 2017 se retomó en este espacio una investigación publicada en Eje Central, donde el brigadier general era la figura central en una demanda civil en Florida, por haber incumplido con el pago de 1.7 millones de dólares de comisión –de un total de 9.7-, por la compra de dos aeronaves para transporte de personal, cuya información se mantiene en reserva.

Funcionarios federales dijeron que además del militar hay otras cuatro personas, para un total de cinco, sobre los cuales hay sospecha de haber participado en el robo de hidrocarburos. Los nombres los mantienen en reserva, pero incluye a dos ingenieros de Pemex, en el área de logística, un empresario y un ex legislador.
10 Enero 2019 03:56:00
Incompetencias petroleras
La crisis de la gasolina ha sido la crisis del nuevo Gobierno de México. El equipo energético del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha hundido como resultado, se puede argumentar, de su novatez. Pemex ha difundido comunicados consecutivos donde afirma que hay suficiente gasolina para abastecer al país, con la petición de que no hagan compras de pánico, porque la sobredemanda siempre le ganará la carrera al suministro de combustible. Pero entre más lo hace, más gente apresura sus vehículos a las gasolineras. No es un problema de abasto, sino de distribución, dice el presidente López Obrador. Pero la distribución, se supone, estaba prevista y organizada, según la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

La secretaria dice que la estrategia se empezó a preparar desde el 27 de diciembre, cuando el Presidente anunció el programa contra el robo de combustible. Estaba tan confiada de lo bien que lo habían hecho, que el domingo, mientras seis estados mostraban un problema de abasto de combustible, Nahle veía el partido de futbol entre Veracruz y los Pumas de la UNAM, sin pudor para escribir en Twitter sus sentimientos deportivos. La crisis de la gasolina crecía y ella se divertía. Cuando la acusaron en las redes sociales de insensibilidad, respondió que todo estaba bajo control porque había una estrategia para evitar el desabasto. Nahle, la jefa del sector energético, no parecía tener idea de lo que sucedía.

No se puede decir que la estrategia fuera un desastre, porque en realidad no había estrategia para la distribución del combustible. Nahle dijo que 15 secretarías de Estado y dependencias federales participaban en la preparación de la estrategia, lo cual es cierto, pero era para detectar los puntos de fuga de combustible al interior de Pemex, y el reforzamiento militar para resguardar 58 instalaciones estratégicas de Pemex, que incluían seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo y control de ducto. Adicionalmente, se intervino a personal de Pemex, se monitorearon y observaron sus procedimientos de abastecimiento y reparto. Es decir, nada sobre la contingencia de distribución.

¿Por qué no lo hubo? A partir de la información aportada el 27 de diciembre, porque no había necesidad de ello. El abasto y la distribución no sufrirían alteración alguna. Sin embargo, algo que desconoce la opinión pública sucedió, porque cuando la crisis de la falta de combustible afectó a seis estados, el presidente López Obrador explicó a la prensa, a manera de justificación, que obedecía a que se habían cerrado los ductos para evitar el robo de combustible, y que se estaban utilizando pipas para suministrar la gasolina. El cierre de ductos no estaba contemplado en la estrategia contra el huachicoleo, ni hubo explicación del porqué se hizo. 

Pero, para efectos de argumentación, si hacerlo obedeció a circunstancias no previstas al finalizar el año, Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, debieron haber tenido listo el plan de distribución de combustible a través de pipas. Como ha quedado perfectamente claro, no lo hicieron, o si lo hicieron, lo realizaron de manera muy deficiente. El desabasto en seis estados contaminó a la Ciudad de México, donde en cuando menos 12 puntos de la capital federal se acabó el combustible en las gasolineras, provocando la percepción desabasto, que fue creciendo con las horas, como se pudo observar por la forma como se fueron saturando las gasolineras, y otras tres entidades empezaron a tener los mismos problemas.

López Obrador es el único que ha hablado de problemas de distribución. Romero Oropeza está escondido en su oficina y emite comunicados institucionales poco tranquilizadores, a decir por los resultados que provoca, mientras que Nahle, en la línea marcada por el Presidente, no habla de nada operativo, sino que se encierra en la retórica del robo de combustible como la explicación de acción-reacción por la falta de gasolina. El robo de combustible ciertamente es un crimen lacerante para la economía en México y en muchos países. Pero no es nuevo. Se viene arrastrando desde 2002 y tuvo un incremento sustantivo en los dos últimos años del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, el problema del huachicoleo no provocó desabasto ni una crisis en la distribución de la gasolina. El contraargumento de que el robo no es la madre del desabasto lo ofreció el propio presidente López Obrador en su conferencia de prensa el martes por la mañana, cuando reveló que desde que comenzó el programa contra el robo de combustible, los criminales se han robado ocho mil 540 pipas menos. Entonces, la narrativa de que la falta de gasolina es resultado de la estrategia contra el huachicol, significa que el desabasto tiene que ver con que se cortaron los suministros de gasolina robada.

Asumiendo que es cierto lo dicho por el Presidente, regresamos al punto de la distribución. Si el programa del 27 de diciembre se anticipaba tan exitoso en el corto plazo y se cerraron los ductos para impedir nuevos robos, ¿qué hicieron Romero Oropeza y Nahle para evitar el desabasto? Romero Oropeza quién sabe, porque no da la cara. Nahle estaba viendo el partido del futbol confiada en que había una estrategia, que no contemplaba la distribución, que resolviera el abasto.

Entre los dos, por su incompetencia profesional, provocaron una crisis donde no la había, que de no atajarse crecerá hasta a afectar el aparato productivo y el transporte terrestre y aéreo. Por lo que ha dicho el Gobierno hasta ahora, todo se trata de un fenómeno de percepciones. Pero que no se les olvide que las percepciones, sino se atajan, se convierten en realidad.
09 Enero 2019 03:59:00
Andrés Manuel y Trump
La claridad sobre la política de no intervención que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene sobre el papel que debe jugar en Venezuela, es antagónica a la subordinación política que desde que ganó las elecciones ha mostrado frente al presidente Donald Trump. Su promesa de campaña de que las cosas serían diferentes entre él y Trump a como habían sido con el presidente Enrique Peña Nieto, porque lo convencería que era mejor tener una buena relación con México que de conflicto permanente, se quedó en un discurso maniqueo. No lo confronta, cierto, pero tampoco lo persuade de nada. Le extiende un tapete para que haga con México lo que quiera.

La semana pasada, en el conflicto de Trump con los demócratas en el Capitolio porque no le quieren presupuestar 5 mil 700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, dijo que estaría dispuesto, de no conseguirlo, de cerrar la frontera. Cuando la prensa le pidió una reacción a López Obrador, se lavó las manos y dijo: “Hemos actuado con prudencia y de manera precavida. No hemos opinado de este tema porque se trata de un asunto interno del Gobierno de Estados Unidos y preferimos abstenernos”.

Ciertamente, la discusión presupuestal sobre el muro es doméstica, pero cuando en las presiones de Trump contra los demócratas involucra a México, el tema ya corresponde atenderlo a los mexicanos, en voz de su Gobierno. Sellar la frontera no es un tema menor. De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cada día hay más de un millón de cruces legales de personas, además de 300 mil vehículos, de los cuales 70 mil son camiones de carga, lo que representa un intercambio comercial de más de mil millones de dólares cada 24 horas. Un cierre desestabilizaría a 94 municipios en seis estados fronterizos, que participan con el 21% del PIB nacional. El problema que quiere estallar Trump se traduciría en una crisis social y económica regional en México.

López Obrador soslaya la amenaza para no quedar atrapado en la lucha de Trump y los demócratas, pero su silencio tampoco contribuye a que se movilicen otras fuerzas internas en Estados Unidos, como los empresarios y comerciantes que también resultarían afectados por el cierre fronterizo, que podrían presionar a Trump para que si quiere mantener abiertos los frentes de guerra en el Capitolio, no utilice a México como chivo expiatorio de sus arrebatos. Su enmudecimiento contrasta con la celeridad como quiere ayudarle a resolver el problema de la migración centroamericana, que también le disminuye vulnerabilidades en su diferendo político con el Capitolio.

Esta afirmación tiene su sustento en el HYPERLINK “https://www.dhs.gov/news/2018/12/20/secretary-nielsen-announces-historic-action-confront-illegal-immigration”comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Interna el 20 de diciembre pasado, que da cuenta del anuncio realizado por la secretaria Kirjsten Nielsen, sobre “la acción histórica” para confrontar la crisis migratoria, donde Estados Unidos dejaría de mantener en su territorio a los migrantes centroamericanos que buscan asilo político en ese país, porque de acuerdo con una negociación con el Gobierno de López Obrador, sería México quien haría ese trabajo. El acuerdo entre los dos gobiernos modificó radicalmente las políticas migratorias de ambos, sirviendo el mexicano a los intereses de la Administración Trump.

Varios funcionarios del Gobierno lópezobradorista han dicho que si bien hay pláticas aún no hay nada concreto, salvo la decisión de que México no serviría como la estación migratoria para Estados Unidos. Sus palabras realmente no tienen peso en Washington, ni son creíbles. Este lunes, en la reunión con embajadores y cónsules mexicanos en el exterior, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tuvo oportunidad de clarificar la posición de su Gobierno, pero fue omisa, probablemente en forma deliberada. Explicó que los migrantes centroamericanos tendrán garantías a sus derechos humanos cuando crucen territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, y mientras se resuelve su situación migratoria en aquel país. Es decir, aceptó implícitamente la existencia de la nueva política estadunidense, aceptada según Washington por el Gobierno de López Obrador, llamada Permanecer en México.

Esta política sólo ha generado preo-cupación en Estados Unidos. El 2 de enero, el presidente del Caucus Hispano en la Cámara de Diputados, Eliot Engel, miembros del Comité de Asuntos Exteriores, y Albio Sires, del Subcomité de Asuntos de América Latina, enviaron una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, preocupados por el acuerdo de los dos países. “Aunque ambos gobiernos han descrito esto como una política unilateral de Estados Unidos que el Gobierno de México aceptó”, dijeron los diputados.

Los legisladores querían saber puntos específicos: ¿cuándo se acercó el Gobierno de Estados Unidos a México y cuántas dependencias estuvieron involucradas en la discusión?, ¿qué tipo de acuerdo alcanzó el Gobierno con México? ¿cuáles son los detalles? ¿fue previo al anuncio del 20 de diciembre sobre el cambio en la política de asilo? Hasta esta fecha, Pompeo no ha respondido a los diputados, pero tampoco ha desmentido la existencia del acuerdo. En México, el silencio del presidente López Obrador ha sido protegido por la complacencia del Senado, controlado por Morena.

No hay presión alguna en México para que el Presidente responda sin evasivas sobre lo que está haciendo Trump, ni forma de que los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores rindan cuentas sobre lo que han estado hablando con Washington. Pero esconderse no blinda lo que viene. Trump no se detiene ante nadie, ni le importa nada salvo sacar adelante su agenda. A México lo ha utilizado como instrumento de presión y el Gobierno del presidente López Obrador se ha prestado para ello. De este vasallaje no saldrán buenas cosas.
08 Enero 2019 03:55:00
Andrés Manuel y Maduro
Hubo un tiempo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al responder por qué el cambio de posición de su gobierno con respecto al de Nicolás Maduro en Venezuela, que se perdió una política exterior basada en la no intervención, cuando se secundaron “decisiones tomadas en otras latitudes y por otras causas”. Tiene razón. Sin ser potencia militar o económica, la política principista de México le dio autoridad moral y respeto en el concierto mundial, que se fue desvaneciendo cuando el presidente Carlos Salinas abandonó el multilateralismo como eje de la política exterior y logró la membresía en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el llamado “club de los ricos”, en París, con lo que perdió influencia y poder dentro de América Latina, que volvió a ser unipolar con su histórico rival regional, Brasil.

Salinas alineó a México con Estados Unidos en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuya relación fue evolucionando de los temas económicos a los políticos y de seguridad que llevaron, en el extremo, que durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, dentro del Grupo de Lima, la cancillería fuera instrumental en el estrangulamiento político de Maduro. El fuerte deterioro socioeconómico en Venezuela y la manipulación de los instrumentos democráticos para instaurar un régimen autoritario, provocaron un creciente aislamiento de Maduro, al cual se sumó México de una manera proactiva como nunca antes se había visto. Pero se perdió forma y fondo por servir a los intereses, del presidente Donald Trump y Estados Unidos. El trabajo sucio, lo haría México.

López Obrador cambió radicalmente la postura al ofrecer a México como mediador en la crisis venezolana y no como ariete contra Maduro, precisando este lunes que no lo hacía por simpatía, sino en acato de una política de no intervención. Se puede argumentar, aunque no lo exprese él abiertamente, que también obedece a una empatía ideológica, al existir un choque frontal entre gobiernos de izquierda y progresistas, contra conservadores, como lo fueron los últimos cinco gobiernos mexicanos. Pero hay una variable adicional que quizás López Obrador no está contemplando, que le da fortaleza a su posición, y que durante la administración de Peña Nieto se dio como un acto de ambivalencia e hipocresía. ¿Por qué promovió la intervención extranjera en Venezuela y rechazó la intervención extranjera en México? Visto en este plano, las dos posiciones son incompatibles por incongruentes.

El Gobierno de Peña Nieto se opuso de manera sistemática a la injerencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a que se involucrara en el tema de las desapariciones forzadas y de las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas. Las recomendaciones formuladas durante el último Examen Periódico Universal fueron rechazadas. Peña Nieto hizo bien. Abrir la puerta a la ONU habría sido allanar el camino para que como sucedió en 2012 con el gobierno de Guatemala acordó con esa organización crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en esa nación. La Comisión se adentró rápidamente en rutas paralelas, e investigó la corrupción en el sistema aduanero, que produjo la captura del presidente Otto Pérez Molina en 2015, acusado de encabezar la organización criminal que llevó a cabo esos actos.

En una entrevista con la agencia rusa Novosti en agosto de ese año, Michael Mörth, uno de los artífices de la Comisión, dijo que cuando fue concebida, “siempre la entendimos como un modelo que se puede expandir en América Latina o países donde no hay Estado de Derecho. No tengo ni la menor duda de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras”. La tentación de presionar a México para que acepte una comisión a imagen y semejanza de la guatemalteca ha rondado en círculos internacionales desde hace varios años, y varios expertos y políticos mexicanos, tomando a Guatemala como un ejemplo, sugirieron que podría ser una buena solución en México.

Esa solución, sin embargo, es una aberración para quienes consideran que la soberanía de los Estados debe prevalecer por encima de los intereses del mundo. La postura de López Obrador sobre la Venezuela de Maduro es exactamente esa. Defendiendo la no intervención, congruentemente, defiende la soberanía mexicana a partir de los principios de su política exterior. Los asuntos internos de Venezuela tienen que ser resueltos por los venezolanos. Quien en México piense lo contrario, debe entonces asumir su proclividad a que el mundo decida sobre los asuntos mexicanos, o que sea teórica y prácticamente, el resumidero de Estados Unidos.

Respaldar la política de no intervención no significa apoyar a Maduro ni su gobierno corrupto, violador del Estado de Derecho, manipulador electoral y responsable de la desgracia económica y social venezolana. Pero no es mediante una política del gran garrote del presidente de Estados Unidos Thedore Roosevelt hace 118 años, donde el Gobierno de México se preste como la parte superior del garrote, como se resuelvan esas controversias. Hace bien el presidente López Obrador en el caso venezolano, pero no es impoluta su incipiente política exterior.

La política principista esgrimida se contrapone con la política entreguista que ha mostrado, hasta ahora, frente al presidente Trump, quien está buscando resolver su crisis migratoria en el patio trasero mexicano. El Gobierno de México ha aceptado, en principio, retener a los migrantes centroamericanos en su territorio mientras se define su situación de refugio en Estados Unidos, lo que es un cambio radical en la política migratoria de ambos países. Si López Obrador no está dispuesto a hacer el trabajo sucio de Washington en Venezuela, ¿por qué sí en materia migratoria? Congruencia, por favor. De esto hablaremos mañana.
07 Enero 2019 04:00:00
Dejémonos de tonterías
Como decíamos ayer, parafraseando a Miguel de Unamuno, después del reposo, el encono sigue y la polarización avanza. Su última expresión, el ejecutómetro del periódico Reforma publicado el miércoles pasado que mencionaba, sugiriendo actos del crimen organizado, que el número de asesinatos durante el primer mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador había sido 65% superior al último mes de gobierno de Enrique Peña Nieto.

Quienes antes validaron esa misma no-metodología de Reforma, la criticaron en defensa de la nueva administración, y quienes antes criticaban a los críticos por utilizarla para denostar a quienes ya se fueron, hoy los censuraron por su incongruencia. La realidad es que todos están y estaban mal, nunca quisieron aceptarlo, y soslayan los temas de fondo sobre el tema de la seguridad que son los que deberían de estar en la mesa de la discusión.

Los ejecutómetros han sido por más de una década el instrumento periodístico más engañoso que existe, porque no explicó absolutamente nada del fenómeno de la inseguridad y sí, en cambio, distorsionó la realidad y contribuyó a que México fuera equiparado en términos de violencia a los países asiáticos en guerra.

Pero cualquier persona que haya estado en Siria, Irak o Afganistán, sabe que es falso. Puede haber más periodistas muertos en México que en esos países, pero no porque las condiciones de trabajo sean mejores en esas naciones rotas, sino porque la prensa no se mueve por donde quiera, como en este país. La libertad de movimiento en México no existe en esos países en guerra, donde prácticamente ningún periodista que quiera salir vivo, se adentra en la zona de conflicto sin acompañantes de una de las fuerzas beligerantes. Esto, por supuesto, no reduce la gravedad de la violencia que se vive en México.

Los ejecutómetros los comenzó a hacer El Universal a mediados de la década pasada, y fue el primero en desecharlo como herramienta de trabajo. El primer error explícito, como señalaron los neocríticos de Reforma, es que legalmente no existe el delito de ejecución, por lo cual su interpretación es subjetiva. No importa cómo se le disfrace –v.g., que fuese resultado de un choque entre pandillas–, son llanamente asesinatos. ¿De dónde sale que todos los homicidios dolosos son perpetrados sólo por el crimen organizado? De la imaginación periodística que fuerza una información para hacerla verosímil.

Dedicarle la prensa tanto empeño a esta desinformación, llevó a que varios fenómenos importantes no fueran registrados en su plena dimensión para entender lo que estaba sucediendo. Niños empuñando armas, fueron vistos como una degradación de la violencia, y no como uno de los ejemplos de cómo el Estado mexicano iba ganando la partida a las organizaciones criminales, que tenían que reclutar miembros cada vez más de chicos ante la pérdida de sus cuadros.

Las fugas en las cárceles de miembros de cárteles se registraron unidimensionalmente, y no como una externalidad de que el reclutamiento de niños y jóvenes tampoco funcionaba y necesitaban a su gente experimentada.

Los asesinatos en de las cárceles tampoco fueron vistos como otro de los fenómenos de esa lucha, donde los cárteles empezaron a matar a sus rivales en las prisiones para evitar que replicaran otros la estrategia. Todo esto nos pasó de noche y seguimos envueltos en la misma discusión fallida.

El Séptimo Informe sobre Violencia Política de la consultora Etellek en septiembre pasado –aún no sale el octavo–, estableció que en el periodo entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto pasado, hubo en México al menos 850 agresiones con un saldo de 175 políticos asesinados, de los cuales 63 ataques y 21 homicidios dolosos contra políticos se registraron después de las elecciones presidenciales.

De ese gran total, precisó Etellekt, el 81% fueron contra opositores del PRI y de las coaliciones gobernantes en las 32 entidades. Estábamos muy mal y no estamos bien. Hace una semana, 90 minutos después de tomar posesión como presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio fue asesinado.

Este fue un asesinato doloso, pero ¿alguien puede asegurar en este momento que fue producto del crimen organizado? El problema de los ejecutómetros es que los medios los han nutrido y la sociedad los ha utilizado para sus fines políticos o existenciales sin ser un instrumento que ayude a entender el fenómeno de la violencia y sí, por el contrario, la distorsiona.

La inseguridad es un problema real que afecta al país en su conjunto y su crecimiento está vinculado directamente a la debilidad institucional. No es un tema de este Gobierno o del anterior. En 1984, el entonces director de la CIA, William Casey, circuló un informe secreto de 33 páginas que subrayaba la debilidad institucional de los cuerpos de seguridad mexicanos.

Mucho se hizo después, por las presiones de Estados Unidos, para que México atacara a los cárteles de la droga. El gobierno de Vicente Fox abandonó la estrategia y al entregar el mando a Felipe Calderón, casi un centenar de municipios estaban bajo control total del narcotráfico.

A pocos les gustó su guerra contra las drogas, aunque logró recuperar los territorios. El de Peña Nieto, mucho se ha escrito aquí de ello, fue un desastre. Volvieron los cárteles a conquistar territorios, se fortalecieron, nacieron algunos y la violencia se atomizó en cientos de pandillas más violentas que los criminales trasnacionales.

Lo que tenemos lo venimos arrastrando hace buen tiempo. Dejemos de discutir sobre ángulos que engañan, como los ejecutómetros, y discutamos cómo vamos a resolver, entre todos, el problema de la debilidad institucional en México.
21 Diciembre 2018 04:08:00
¿Por qué estamos tan enojados?
El termómetro social está muy caliente. Hay una división en la sociedad acelerada por la victoria presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que partió a la nación. Pero no nos equivoquemos. La victoria de López Obrador no inició este quiebre; galvanizó lo que se viene acumulando desde hace bastante tiempo, mucho antes, ciertamente, de que sus posibilidades de llegar a la Presidencia fueran reales. La pregunta de por qué estamos tan enojados, no tiene respuesta. Tampoco se ve solución.

Una corriente de pensamiento cree que la indignación social creció y se alimentó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se catapultó por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el escándalo de la “casa blanca”. Sin embargo, fueron reactivadores, no detonadores. La desaprobación de Peña Nieto no comenzó en el otoño de 2014, cuando se dieron esos eventos, sino en el verano de 2013, tras la aprobación de la reforma fiscal, cuando por primera vez se cruzó la aprobación con el rechazo a su gestión. El el quiebre social no se dio con Peña Nieto; se venía arrastrando tiempo atrás.

Peña Nieto llegó a la Presidencia con un humor social muy bajo. De acuerdo con las encuestas sobre el humor, Peña Nieto arrancó en el punto más bajo que había tenido Felipe Calderón, tras la crisis financiera global de 2008, y nunca pudo mejorar. Calderón fue el primer presidente que consistentemente estuvo por debajo de la línea de flotación del humor social, que no bajó con la crisis del sistema de pagos en 1994-1995, llamado coloquialmente “el error de diciembre”, ni tras los asesinatos del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y del secretario general de ese partido, José Francisco Ruiz Massieu en 1994. Para cuando llegó Peña Nieto a Los Pinos, el humor social venía calentándose y volviéndose cada vez más beligerante y más agresivo.

Las redes sociales contribuyeron a la masificación del descontento. Se volvieron catalizadoras de humores que ayudaron a darle el empuje final a López Obrador para que llegara a la Presidencia con una amplia cantidad de votantes que nunca lo habían respaldado, pero no fueron el principio de todo. ¿En dónde empezó? Es difícil saberlo. Lo que es fácil establecer es que no se dio con el advenimiento político de López Obrador. 

El quiebre de 1968 y el Movimiento Estudiantil se procesaron con la reforma política de 1978 de Jesús Reyes Heroles, que le abrió la puerta de la legalidad a la izquierda mexicana y la posibilidad de competir electoralmente. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte negociado por el presidente Carlos Salinas, significó un golpe que sería mortal al corporativismo y al clientelismo acendrado del PRI. Es retórico hablar si Salinas perdió la oportunidad de abrir y oxigenar al sistema cuando se achicó para liquidar el PRI y fundar el Partido de la Solidaridad, que se quedó incluso con la papelería impresa, pero permitió el comienzo de la alternancia.

En 1991, Ernesto Ruffo se convirtió en el primer gobernador de la oposición, cuando Salinas obligó al presidente del PRI, Colosio, a aceptar la derrota. Pero desde años antes, el humor social ya había cambiado. Se vio en la toma de la sociedad civil de las calles durante los sismos de 1985, donde se le perdió el respeto a la figura presidencial. En ese mismo año, recuerdo una discusión con Enrique Krauze en la casa del corresponsal del Financial Times, David Gardner, sobre la venidera elección para la Gubernatura de Chihuahua, donde el historiador, indignado con el sistema controlado por el PRI, estaba seguro que ahí comenzaría, con la victoria de Francisco Barrio, el principio del fin del partido en el poder. 

No sucedió, pero la molestia creciente era notoria. Para entonces, Lorenzo Meyer, otro historiador, también discípulo como Krauze de Daniel Cosío Villegas, el gran crítico del poder, retomó su estafeta todos los lunes en la primera plana del Excélsior de Regino Díaz Redondo –satanizado por haber encabezado la revuelta contra su entonces director Julio Scherer García, en agosto de 1976–, para hacer la crítica permanente del Gobierno y del sistema. Las redes sociales no existían en aquél entonces, pero la crítica no era divisoria de la sociedad, sino que desde diferentes posiciones e ideologías, coincidía en la censura del autoritarismo mexicano.

El trabajo en los medios, las organizaciones civiles y los partidos de oposición contribuyeron al triunfo del primer presidente de alternancia, Vicente Fox, que llegó a Los Pinos con un fuerte apoyo de la izquierda. La desilusión de Fox al no haber concretado el cambio prometido, se convirtió en enojo cuando quiso meter a la cárcel al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, López Obrador, por un delito menor que ameritaba una sanción administrativa. La reacción contra el desafuero de López Obrador y poco antes la marcha de un millón de personas en la capital federal en contra de la inseguridad, reflejaron que algo importante, en activismo y beligerancia, había sucedido con la sociedad mexicana.

¿Pero qué detonó el enojo? No hay todavía una respuesta clara, ni en México ni en otras partes del mundo. Hay indicios, como en Francia, detonadora de cambios políticos profundos en los últimos 250 años, que la desigualdad es un combustible fundamental para el quiebre de la sociedad, como se podría argumentar también en México. Pero no nos equivoquemos en culpar a nadie con ligereza e irresponsabilidad. Necesitamos saber cómo y por qué llegamos a esto, y evitemos terminar destrozándonos unos a otros. Estamos tarde.
20 Diciembre 2018 04:09:00
El presidente belicoso
El lunes se peleó con las universidades públicas. El martes les dijo “mantenidos” a los gobiernos anteriores por haber cobrado salarios vigentes en la administración pública. El miércoles lo acusó de espionaje y prometió que daría a conocer sus abusos. Qué pasará el jueves, nadie lo sabe. El presidente López Obrador así es. Dice, se desdice; rompe puentes y luego, con el discurso, trata de repararlos. Por casi cinco meses le dio a golpes retóricos al sector privado y luego les pidió ayuda para financiar sus programas sociales. Agradeció por todo el país a quienes votaron por él, pero se ha dedicado a purgar toda la burocracia para que sólo los morenistas trabajen con él. Al Gulag todo lo que sirvió a gobiernos anteriores. La pureza es el eje de su proyecto, donde el cambio de régimen cabalga sobre la renovación moral, donde todo es polar: quienes no estuvieron con él son marcados como reses con el sello de corruptos e impuros; para los que sí le fueron fieles, el paraíso de la Cuarta Transformación.

López Obrador tiene problemas con su belicosidad. No logra transitar de la agitación social a Gobierno, ni ha logrado su primera transformación, de candidato sempiterno, a presidente. Si quiere ser un buen presidente, debe buscar la conciliación y reconciliación nacional, gobernante para todos, no para quienes considera que son el pueblo bueno, que lo apoya incondicionalmente, mientras considera adversarios a quienes disienten de él, y los estigmatiza.

El discurso que lastima lo ha utilizado toda su vida, polarizado Tabasco cuando perdió la Gubernatura, y la Ciudad de México, cuando llamó a quienes reclamaban seguridad “pirruris”, y en sus campañas electorales donde los buenos luchaban junto a él, mientras el resto eran los deshonestos que lastimaban al pueblo. Ese discurso enfrentó y dividió a familias, donde no se podía hablar de política en la mesa porque la confrontación sudaba la piel. Poco ha cambiado, sigue en la dicotomía de su narrativa de los ricos contra los pobres, los corruptos contra los impolutos, los que defienden los privilegios y quienes quieren derruirlos. No hay matices, ni grises. Es absolutista y desprecia a quienes no creen en la Cuarta Transformación, o critican las simulaciones donde es campeón de campeones.


Como botones de muestra, cambiar su repudio a las Fuerzas Armadas a colgarse de ellas para que combatan criminales, inquietó a los expertos, pero el perdón de sus gobernados es superior a cualquier crítica. Eliminar presupuestos de género, cancelar el 85% de los recursos para el Fondo de Desastres Naturales, estimular el desarrollo de combustibles fósiles mientras desmantela las protecciones al medio ambiente, navegan sin cuestionamientos. 

Todo se puede en la Cuarta Transformación porque la hacen los puros que hablan con la Madre Tierra, cuyo diálogo metafísico permite, porque se lo perdonan también millones de mexicanos, iniciar el gran proyecto de infraestructura del sexenio, el Tren Maya, noble iniciativa destinada, financiera y turísticamente, al fracaso. Violar promesas, como mantener el presupuesto para las instituciones públicas, es fácil, porque las reemplazará con 100 universidades que impartirán, cada una, no más de dos carreras aplicadas en las zonas marginadas del país.

Por las mejores razones posibles, el camino iniciado es el achatamiento del país. Salarios bajos para los funcionarios públicos, porque pagándoles mucho no mejoró la nación, llevará a la pauperización del servicio público. Ayuda asistencialista a adultos mayores y niños discapacitados, altamente noble, construida a costa de inversiones productivas. Programas ambiciosos como la ayuda a los ninis, sin revelar sus reglas de operación, que provocará nuevas tensiones y descalificaciones. Grandes inversiones petroleras, que cuando empiecen a dar resultados el mundo estará en la lógica de la energía alterna, ignorada por el presidente en su presupuesto.

No importa. Las críticas no le llegan. Tiene bajo su control el Congreso y lo que está fuera de él, como los organismos autónomos, los está deshidratando. No los acabará por decreto, sino de inanición. El doble estándar del Presidente se resuelve con actos de fe y pleitos de barrio. A quien no le guste, como les dijo a los burócratas, que se vayan a buscar empleo a otra parte. La exclusión sobre la negociación, porque el arte de construir no tiene cabida en la Cuarta Transformación.

El polpotismo de terciopelo se tiene que instaurar rápidamente, mediante el genocidio político de todo lo que fue durante los casi 40 años en donde establece López Obrador el periodo para la purga. Lo que viene es el adoctrinamiento. Aquellos jóvenes que quieran acceder al servicio público, tienen que pasar exámenes de ingreso donde les piden –violando la ley– que revelen por quién votaron y qué piensan de los programas del Presidente. Huelga decir: ante cualquier asomo de mínima visión independiente y observación crítica, las gracias por participar, y se cancela su ingreso para la fábrica que está construyendo un nuevo régimen.


La transformación requiere de la fuerza de la idea y del discurso. López Obrador tiene de sobra ambos. Frente a la oposición, el vituperio y el ostracismo. Ante la razón, el sofisma. Rey del silogismo, López Obrador siempre tiene el combustible para reforzar el impulso de sus palabras y acciones, la belicosidad de su retórica. Le irá bien hasta que le vaya mal. Le irá mal si las cosas no le resultan como las planea. Pero si funciona, entonces qué importa si tiene un país dividido y confrontado. La reconciliación se dará mediante la sumisión. La turba será su herramienta más poderosa. Ya se está viendo como la está trasladando de las redes sociales a las calles. Y esto apenas comienza.



19 Diciembre 2018 04:07:00
La tremenda Corte
Los enfrentamientos por influir en el rumbo de la Suprema Corte de Justicia han elevado su nivel de confrontación. El PAN y el PRI quieren que el Senado resuelva en enero, no este jueves, quién ocupará la vacante de José Ramón Cosío, porque según quien la llene, estiman con razón, votará por Arturo Zaldívar como presidente de la Corte a principio de enero. No es el único choque. Hacia el interior de Morena también hay conflicto, como se perfiló en este espacio el lunes pasado, donde han quedado patentes las fracturas dentro del partido en el poder.

En la columna La Pareja Dispareja se apuntó que Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, y Rafael Moreno Valle, coordinador del PAN en el Senado, tenían un acuerdo político para que lo ayudara a evitar que se anulara la elección en Puebla, con lo que su esposa Marta Erika Alonso asumiría, como sucedió, la Gubernatura. A cambio, el poblano lo respaldaría para que Loretta Ortiz resultara electa como ministra de la Corte. Varios senadores panistas confirmaron que Moreno Valle les había pedido que votaran por Ortiz, a petición expresa de funcionarios de la Presidencia.

“El intercambio entre los dos senadores no fue autorizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ni por el dirigente del PAN, Marko Cortés, según personas a las que se les preguntó sobre esa alianza táctica”, se agregó en este espacio. “Monreal está operando en contra de las instrucciones partidistas para respaldar a Ortiz, quien es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, que fue secretario general de Gobierno cuando López Obrador gobernó la Ciudad de México”.

La columna provocó reacciones en Morena y expresiones públicas. Por ejemplo, el senador Monreal envió una carta a este espacio donde afirmó: “No hay acuerdos cupulares, ni en contra de Morena. La política y democracia actual que se vive en cada rincón del país, fundamentalmente en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es honesta y transparente, aunque con algunas diferencias lógicas en un ámbito plural y republicano.

“La elección de la ministra o ministro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Juan Luis González Alcántara, Loretta Ortiz y Celia Maya), se hará como resultado de los debates y acuerdos que se construyan en el seno de la Comisión de Justicia y el Pleno del Senado. Por más que algunas voces se empeñen en expresar lo contrario, no hay incongruencias en mi actuar político ni un alejamiento con el presidente de la República, ni con alguno de los integrantes del partido en el que milito, con quienes venimos trabajando para lograr una profunda transformación en el país.

“En Morena, diferencias no implican divisiones y aceptamos la crítica y las opiniones de unos con otros. Afirmo que la única agenda parlamentaria que tengo como senador de la República es la de la bancada de Morena, que coordino con responsabilidad, pluralidad y respeto, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la nación”. A la réplica de Monreal se sumó la inesperada renuncia de Ortiz a Morena, quien en una carta dirigida a la líder nacional del partido, Yeidckol Polevnsky, subrayó la necesidad de la independencia de jueces y juezas. “Sin embargo –añadió–, en el ánimo de despejar cualquier duda sobre la posibilidad efectiva de mi participación independiente”, presentaba su renuncia.

Ortiz no hizo mención alguna sobre lo publicado en este espacio, como tampoco la magistrada Maya. La única reacción fue de Monreal, cuyas partes centrales de la réplica se presentaron líneas atrás, y que se dio en medio de la convulsión de morenistas en el Senado. Dos senadores del partido en el Gobierno, enviaron mensajes a Polevnsky para comentarle, separado de lo publicado en esta columna, que habían tenido la confirmación de la existencia del pacto de su coordinador con Moreno Valle y la posibilidad de que se rechazara la terna enviada por el presidente López Obrador. Personas cercanas a Monreal sugirieron que la información de la columna había provenido de Polevnsky.

El conflicto entre la líder del partido y Monreal se arrastra desde el proceso para seleccionar a quien sería candidata de Morena para la Gubernatura de la Ciudad de México, que al ganar Claudia Sheinbaum mediante una encuesta opaca, el hoy senador se inconformó públicamente y estuvo a punto de irse del partido. Monreal le adjudicó su derrota a una decisión de la “nomenklatura” de Morena, en donde estaba Polevnsky y Gabriel Hernández, actualmente el coordinador de los delegados de López Obrador en el país, con lo que su relación quedó fracturada. Otro de quienes contendieron por esa candidatura fue Martí Batres, con quien Monreal sostiene una lucha muy fuerte en el Senado por el liderazgo del partido.

La réplica de Monreal a esta columna es cuidadosa y no refleja la contradicción que se vive al interior de Morena. Cercanos a él sostienen que todas sus acciones, algunas de las cuales han generado tensión con los líderes de Morena, han sido acordadas con López Obrador. Pero ni la semántica o la retórica ayudarán a amainar el conflicto interno en el partido que se está profundizando.

Coincidió ahora con otra batalla política donde volvieron a aflorar las diferencias estratégicas y generó choques, que es la elección de una ministra o ministro a la Suprema Corte de Justicia, y buscar un equilibrio en el tribunal entre conservadores –que hoy la controlan– y liberales, que es lo que necesita López Obrador para apuntalar el cambio de régimen y su proyecto de nación, que llama la Cuarta Transformación. La votación abierta se espera este jueves, si es que no se atraviesan los partidos para descarrilarla.

18 Diciembre 2018 04:08:00
El secretario súper poderoso
Sin aspavientos, con la cautela de un político florentino, Marcelo Ebrard ha ido avanzando y conquistando terreno en el traicionero laberinto donde se mueven los distintos equipos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Personaje para observar y seguir, Ebrard ha cuidado las formas con el Presidente, sabedor de lo difícil que es contraponerse a sus ideas, y lo fácil que es que los mande a hibernar por largas temporadas porque cuestionan sus decisiones. Al mismo tiempo ha ido acomodándose dentro de un equipo por años homogéneo y poco refractario a quienes no han sido parte del “kitchen cabinet” de López Obrador, y en donde algunos cercanos en la vieja izquierda social lo ven con suspicacia.

Ebrard ha trabajado para revertir las intrigas palaciegas del lópezobradorismo, a partir de la discreción, paciencia y resultados. Lo último fue el alto número de dignatarios que asistieron a la toma de posesión de López Obrador, y la forma como negoció con Estados Unidos y Venezuela para que evitar que pasaran por situaciones incómodas o de potencial confrontación. Con el presidente Nicolás Maduro la negociación fue directa. Era invitado oficial, como jefe de Estado de un Gobierno con quien se tiene relaciones diplomáticas, pero lo encapsularon para garantizar su seguridad y limitar su exposición pública.

Maduro voló a la Ciudad de México aceptando que su avión tocaría tierra ya en marcha la ceremonia de toma de posesión, con lo cual se construía la explicación que había llegado tarde. Con la delegación estadunidense, con cuyo Gobierno se están cultivando relaciones más intensas y dispuestas a todo, como no se veía hace mucho tiempo, la negociación fue que toda la comitiva de un centenar de personas, tendría espacio en el restringido lote de butacas dentro de San Lázaro, pero que el vicepresidente Mike Pence, los secretarios de Seguridad Interna, Kirjskten NIelsen, y Energía, Rick Perry, así como la hija del Jefe de la Casa Blanca, Ivanka Trump, no irían a la comida que ofrecería el Presidente a los dignatarios, sino que tomarían el avión de regreso a Washington, sin cruzarse con Maduro. Salió perfecto, y el costo político de la invitación a Maduro se minimizó.

López Obrador le ha dado manga ancha a Ebrard para mover la Secretaría de Relaciones Exteriores de acuerdo a los intereses estratégicos que concibe para la nueva administración, y él ha operado de forma inteligente. Por ejemplo, esperó hasta el último momento el acuerdo con el Presidente electo para designar subsecretarios, y logró que López Obrador le mantuviera, como a ningún otro civil, toda la estructura de gobiernos previos sin imponerle a ninguno de los principales cuadros.

Además, fue el único secretario que nombró a su equipo de administración, sin que el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, designara a alguien de su confianza, como hizo en las demás dependencias civiles.

Ebrard ha ido ganando terreno con López Obrador, acelerado al haber sido quien le tradujo lo que se estaba negociando en Washington con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, luego de tejer una buena relación profesional con su antecesor, Luis Videgaray, con quien tenía recelos porque creía que como secretario de Hacienda, había impulsado la investigación federal en su contra, que lo forzó a un auto exilio.

Aunque un amigo en común le explicó a Ebrard que no había sido Videgaray sino otros funcionarios en el gabinete político del ex presidente Enrique Peña Nieto, quienes querían llevarlo a la cárcel, la desconfianza del hoy canciller nunca desapareció. Sin embargo, su relación fluida ayudó enormemente en los momentos críticos de las negociaciones, al ser el puente con López Obrador y su emisario para que los mensajes del entonces Presidente electo, llegaran a la mesa de los negociadores y se incorporaran en la redacción del acuerdo final.

La audacia política de designar a Jesús Seade subsecretario para América del Norte, luego de que había rechazado una subsecretaría en Economía, busca perfilarlo para llevar la relación directa cotidiana con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, con lo cual pretende neutralizar a la única imposición, Martha Bárcena, diplomática de carrera ampliamente respetada en el Servicio Exterior, como embajadora en Washington, y a quien relegará para atender únicamente los asuntos consulares de protección a migrantes mexicanos. No tenerla de aliada puede ser el único error de Ebrard, al ser la experimentada embajadora tía política de Beatriz Gutiérrez Müller, la influyente esposa de López Obrador.

Ebrard ha tomado la experiencia de Videgaray en el gabinete de Enrique Peña Nieto, aprovechar su peso dentro del gabinete y experiencia política, para modificar políticas en otras áreas que pudieran afectar la relación bilateral con Estados Unidos. Sus entrevistas con el secretario de Estado, Mike Pompeo, donde se habló de que México mantuviera en su territorio a centroamericanos que esperan asilo político en Estados Unidos, que modifica las políticas de ambos países en beneficio de Washington –ni siquiera construyeron albergues para los centroamericanos en territorio estadounidense-, y la creciente relación con Nielsen en el mismo contexto, lo colocó por arriba de los secretarios de Gobernación y Seguridad, Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, invadiendo sus áreas de competencia para alinear esas políticas a los intereses estratégicos de López Obrador.

Esos intereses están perfectamente claros. Sabedor el presidente López Obrador de que una mala relación con el presidente Donald Trump es lo único que puede generarle serios problemas para llevar adelante su proyecto de nación, no quiere que nada pueda provocarlos. Esa es la encomienda a Ebrard, que entre más la cumpla, mayor fuerza acumulará dentro del gabinete presidencial, como ha sido hasta ahora.
17 Diciembre 2018 04:08:00
La pareja dispareja
En el imaginario político, la terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado para que se vote y la vacante de José Ramón Cosío en la Suprema Corte de Justicia, parecía estar decantada por Juan Luis González Alcántara. Las otras dos propuestas, Loretta Ortiz y Celia Maya, debían ser descartadas por su militancia en Morena, al ser las primeras nominadas al tribunal supremo con una abierta militancia desde la reforma al Poder Judicial en 1995. Sin embargo, la realidad es que es “una terna de dos personas”. González Alcántara, curricularmente es el mejor para llegar a la Corte, está enfrentando una oposición insólita que busca el voto para Ortiz, encabezada por dos políticos que se pensaba enfrentados, Ricardo Monreal y Rafael Moreno Valle.

Monreal, coordinador de Morena en el Senado, y Moreno Valle, coordinador de la bancada del PAN, son una pareja dispareja que, en el momento actual, es tan incongruente en función de lo que persiguen sus partidos, como inverosímil. En los últimos días López Obrador ha manifestado su molestia con el Tribunal Electoral por haber desechado la demanda de anulación de las elecciones para gobernador en Puebla. Dijo que no iría a la toma de posesión de la gobernadora panista Martha Érika Alonso, y envió una representación de segundo nivel al evento, la subsecretaria de Gobernación Diana Álvarez Maury, quien al final tampoco fue por que estuvo en un evento con el Instituto Nacional de Mujeres. Nadie fue a la asunción política de Alonso en representación del Gobierno federal.

La ratificación de la victoria de Alonso se cruza con la selección de la silla vacante en la Suprema Corte de Justicia, cuyas comparecencias se realizarán este lunes en comisiones del Senado, con la expectativa de que se vote quién sustituye a Cosío este jueves. De acuerdo con personas que conocen lo que sucedió en el Tribunal Electoral, ese episodio se relaciona caprichosamente con lo que está sucediendo en el Senado, donde Monreal y Moreno Valle, agregaron, realizaron un intercambio de favores políticos.

La petición de Moreno Valle a Monreal fue que le ayudara a que se cancelara la posibilidad de anular la elección en Puebla, para que Alonso, esposa del senador panista, fuera ratificada. Para ello, explicaron, utilizaron a Armando Ambriz Hernández, secretario de Estudio y Cuenta en la oficina de la magistrada Janine Otálora, presidenta del Tribunal. Los secretarios de Estudio y Cuenta son los responsables de revisar los expedientes y redactar los dictámenes que revisan los jueces y magistrados.

Ambriz Hernández es un zacatecano que no esconde su cercanía con Monreal, de quien ha llegado a decir que es su jefe, y estuvo involucrado en otra decisión polémica a favor de Felipe de Jesús Cantú, quien ganó la elección para alcalde de Monterrey. La elección fue impugnada pero al final el panista se quedó en el cargo. Se desconoce si en el caso fallado a favor de Alonso en Puebla, la magistrada Otálora tuvo conocimiento de lo que negociaron Monreal y Moreno Valle, pero su voto inclinó la balanza a favor de la hoy gobernadora.

El intercambio entre los dos senadores no fue autorizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ni por el dirigente del PAN, Marko Cortés, según personas a las que se les preguntó sobre esa alianza táctica. Lo que acordó Monreal, dijeron las personas consultadas, es que Moreno Valle pagara el fallo en el Tribunal con el voto a favor de Ortiz para ocupar la silla de Cosío en la Suprema Corte de Justicia, en contra incluso de la predisposición que hay en los altos mandos de Morena y del PAN, que quieren otro desenlace. En Morena hay una inclinación institucional por González Alcántara, mientras que en el PAN están preparando rechazar la terna enviada por López Obrador.

Monreal está operando en contra de las instrucciones partidistas para respaldar a Ortiz, quien es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, que fue secretario general de Gobierno cuando López Obrador gobernó la Ciudad de México, pero no estuvo a la altura del reto que imponían las circunstancias en esos momentos y se fue desvaneciendo de los primeros círculos del actual presidente. Monreal está comprometido con Ortiz por un compromiso moral y político con Ortiz Pinchetti, con quien ha trabajado y hecho lucha política.

El senador morenista ha estado hablando con sus compañeros de partido en la cámara para sugerirles que López Obrador quiere que respalden a Pinchetti, lo que motivó que el jueves pasado, en una reunión programada con diputados morenistas para hablar sobre el presupuesto, invitó de última hora a los senadores con el único propósito, según fuentes del partido, de plantear que él nunca envía mensajes a través de terceras personas, y que cuando quiere decir algo lo hace directamente, en lo que se interpretó como un mensaje dirigido a Monreal. Moreno Valle, por su parte, está haciendo lo mismo. Cinco senadores panistas dijeron que su coordinador les dijo haber recibido una llamada de la oficina del presidente, donde pedía su apoyo para Ortiz. Una fuente de la Presidencia dijo que eso era falso.

Los dos está trabajando para modificar la correlación de fuerzas en sus partidos a su favor. Moreno Valle necesitaba que su esposa ganara porque la Gubernatura fortalece sus aspiraciones presidencialistas en 2024. A Monreal le beneficia tener una pieza en la Suprema Corte y la alianza con Ortiz Pinchetti, ante el creciente aislamiento que sufre dentro de Morena y las fricciones que ha tenido con López Obrador. El problema, que es mayor, es que ambos juegan agendas personales, no de partido, lo que difícilmente se los permitirán.
14 Diciembre 2018 04:07:00
¿Y si revive Texcoco?
El 19 de noviembre pasado, Andrés Manuel López Obrador fue tajante ante la pregunta de Joaquín López Dóriga en el programa Tercer Grado. ¿Está muerto el aeropuerto en Texcoco?, inquirió el periodista. “Sí”, contestó sin cortapisas. Este jueves, a una pregunta sobre el status de la obra y las negociaciones con tenedores de bonos que financiaron parte de la construcción, el Presidente dijo algo que nunca había señalado, que la Secretaría de Hacienda se maneja con autonomía para tomar decisiones que considere convenientes. Si se lee a López Obrador al pie de la letra, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, estaría en condiciones de tomar una decisión tan importante como, ¿continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco?

Políticamente, la proposición luce descabellada. Si López Obrador empeñó su palabra durante la campaña para cancelar Texcoco y presentar la Base Aérea de Santa Lucía como proyecto alterno, y durante la transición inventó una consulta para justificar su decisión política, que fue reforzando con denuncias de corrupción en la construcción de la obra que no ha dejado de llamar “faraónica”, ¿en dónde habría espacio para que rectificara su decisión? Sólo si actúa como Presidente y toma una decisión impopular con sus clientelas que, en el mediano y largo plazo, se verían beneficiadas de ese incumplimiento de promesa de campaña. Es un tema de números.

El costo que tendría la cancelación de la obra sin demandas de los tenedores de bonos o contratistas está estimado en el Gobierno entre 10 mil y 12 mil millones de dólares –muy superior a lo que saldría terminarla–, por lo que la decisión tendría que ser basada en la relación costo-beneficio que, no hay que olvidar, jamás ha determinado sus acciones. Aunque el matiz sobre la autonomía de la Secretaría de Hacienda sugiere que López Obrador se encuentra en un estadio de entendimiento en donde no caben los arrebatos o posiciones sin visión estratégica, su carácter nunca le ha permitido aceptar equivocaciones. Todo lo contrario. Cuando yerra, acelera y profundiza en la misma dirección del traspiés cometido. Como se ha salido con la suya, debe pensar que nunca le va a fallar.

Pero en el caso del aeropuerto en Texcoco, ese tipo de comportamiento provocó un quiebre fundamental en su proyecto de nación, al introducir presiones a su presupuesto por la elevación de las tasas de interés que afecta el servicio de la deuda y modificar los parámetros macroeconómicos, la pérdida nominal de 16 mil millones de pesos en las afores, congelamiento de inversiones y fuga de capitales, así como cuestiones subjetivas, como es la pérdida de confianza de inversionistas y la incertidumbre sobre el rumbo por el que llevará al país.

Los dos intentos del Gobierno para recomprar una tercera parte de los bonos que sirvieron para financiar parte de la obra de Texcoco han resultado fallidos. Los tenedores de los bonos no están de acuerdo con los términos planteados, aunque en la segunda oferta les prometieron pagar dólar por dólar de lo invertido. Los bonistas están acorralando al Gobierno, y en la medida que avancen los días sin arreglo, se irá encareciendo la solución. Argentina se peleó con los inversionistas que la ayudaron a resolver su crisis económica, y la presidenta Cristina Fernández terminó pagando 15 dólares por cada uno de lo originalmente prestado. Ese escenario es lejano en México, pero probable. La obra en Texcoco, mientras tanto, tiene que seguir de acuerdo con lo programado, porque de no cumplirse el cronograma habrá incumplimiento de contrato y permitiría a los tenedores de bonos exigir el pago inmediato de lo que invirtieron.

El solo anuncio de la cancelación de la obra en Texcoco ya está costando más de lo que habría significado terminar la obra que, además, iba a ser financiada por la tarifa de uso de aeropuerto. La segunda oferta del Gobierno es que se use la TUA, no para finalizar Texcoco, sino para pagar el costo de su cancelación. Financieramente hablando, no parece la decisión más inteligente que tomó el Presidente. El secretario Urzúa deslizó el miércoles la posibilidad de que una nueva terminal en Santa Lucía nunca sea construida, lo que refleja discusiones con López Obrador sobre las opciones que se tienen. En la segunda oferta a los tenedores de bonos se incluye también que el aeropuerto en Toluca no tendría más de 5 millones de pasajeros anuales, que es otro ajuste a la idea original del Gobierno de adaptarlo para generar un volumen de 8 millones.

Urzúa está hablando con sensatez financiera. No se sabe qué tipo de diálogo o mensajes ha recibido de los inversionistas. Entre ellos, cuando se pregunta que podrían hacerse para que el presidente López Obrador recuperara la credibilidad de los inversionistas y que se volviera a abrir el beneficio de la duda, sugieren en primer lugar continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco. Políticamente, parece un obstáculo insalvable, pero López Obrador podría hacerlo sin dejar de revisar la probable corrupción y bajar los gastos suntuosos. Puede haber un rediseño de la terminal, menos asiática, como es en la actualidad, y más sobria, sin perder sus certificaciones internacionales. También puede expropiar los terrenos en los alrededores del aeropuerto para atajar la especulación inmobiliaria, y revisar los contratos de los servicios no aeroportuarios. Hacer un aeropuerto kosher sin sueños de grandeza cosméticos es una opción al alcance del deseo de López Obrador, si piensa más en el largo plazo y no en la coyuntura electoral. Sus clientelas políticas, aunque no lo vean hoy, se lo agradecerán.


12 Diciembre 2018 04:07:00
La rebelión de las togas
El choque entre poderes del Estado mexicano que se está dando en este país, es más profundo de lo que se ve. Hay una mezcla de intereses que se están moviendo detrás, no sólo por la defensa de sus privilegios, como lo afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino por un desafío directo a su Presidencia por parte del sector conservador dentro del máximo tribunal que busca, si no le alcanza para boicotear, estorbar.

La cabeza de la rebelión de las togas es el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, quien llegó a esa posición en enero de 2015, tras derrotar a Arturo Zaldívar en 32 votaciones, y que utilizó como instrumento de choque al ministro Alberto Pérez Dayán.

El ministro Pérez Dayán detonó el conflicto el viernes pasado al ordenar la suspensión de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores de oposición, quienes argumentaron que la ley violaba los artículos 75 y 127 constitucionales.

La respuesta de López Obrador y de los coordinadores parlamentarios de Morena, provocaron que el desafío de los jueces contra el Presidente se expresara con protestas en 30 estados este lunes, afirmando que la decisión de recortar salarios afectaba la autonomía del Poder Judicial y dañaba el equilibrio de poderes. La paradoja es que Pérez Dayán mismo, violó la ley que dice defender.

El Artículo 64 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 constitucional que aborda los actos de constitucionalidad, establece: “Iniciado el procedimiento, conforme al Artículo 24 (que habla de las libertades), si el escrito en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el ministro instructor prevendrá al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan dentro de un plazo de cinco días. Una vez transcurrido este plazo, dicho ministro dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucional”.

Esto quiere decir que Pérez Dayán no tenía la facultad para suspender la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos. “En acciones de inconstitucionalidad no procede la suspensión de la norma”, dijo un experto. “No importa el fondo de la controversia; no procede la suspensión, que está expresamente prohibido por los artículos 64 (de procedimiento) y 14 (de suspensión) de la Ley Reglamentaria”.

Su acción incorrecta no alcanza para fincarle un juicio político, como dijo el abogado constitucionalista Gabriel Regino en una entrevista en W Radio con Enrique Hernández, al no considerarse un delito. Lo que sí procedería, en opinión de los expertos, es una sanción por responsabilidad administrativa, lo cual tendría que aplicar el órgano interno de la Suprema Corte de Justicia, lo que significaría una medida histórica.

Difícilmente podría entenderse como un error del ministro el haber suspendido la ley que recorta salarios. Para comprender la magnitud de lo que desató, hay que entender lo que está sucediendo dentro de la Corte en función de cómo iban a quedar los equilibrios dentro del tribunal, tras el final de la gestión del ministro José Ramón Cossío.

Abogados que conocen los manejos internos de la Corte, dijeron que Aguilar buscó retrasar la comunicación al Ejecutivo y al Legislativo de la salida de Cossío, con el propósito de que la votación para un nuevo presidente, prevista para el próximo 2 de enero, se diera únicamente entre los 10 ministros que hay en este momento, sin darle la oportunidad a López Obrador de colocar a su primer ministro y eventualmente modificar el resultado de la elección.

El viernes pasado, en un texto sobre la Corte titulado “Conservadores contra Liberales”, se publicó en este espacio: “Si se diera la votación hoy, la probabilidad de que Gutiérrez Ortiz Mena ganara la presidencia es muy alta. Esto obedece, de acuerdo con observadores de la Corte, a que el bloque conservador es amplio, compuesto por Javier Laynez, Eduardo Medina Mora, Mario Pardo y Aguilar. En el lado liberal respaldan a Zaldívar Fernando Franco y Norma Lucía Piña, que perdieron un aliado al retirarse José Ramón Cossío.

“Dos ministros pueden inclinar hacia cualquier lado la balanza, pero no se sabe cómo van a comportarse. Una es Margarita Luna Ramos, y el otro es Alberto Pérez Dayán, con tinte conservador, pero que se ha aproximado a posiciones liberales en el pasado.

“Dos factores adicionales juegan para colocarlos actualmente, ligeramente más hacia el lado de Zaldívar. La ministra Luna Ramos quiere mejorar su posición dentro de la Corte, mientras que Pérez Dayán le debe parte del apoyo que tuvo para ser ministro, al equipo de la exministra y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero”.

De la correlación de fuerzas dentro de la Corte se puede argumentar que el ministro Aguilar buscaría impedir que Zaldívar fuera electo presidente, y garantizar a un conservador como su sucesor. También se puede apreciar un choque de posiciones dentro del equipo de López Obrador, entre Sánchez Cordero, que estaría por la opción conservadora, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que respalda a Zaldívar.

El estruendoso ruido por el choque entre poderes está ocultando las intrigas dentro de la Suprema Corte y el intento del ala conservadora de cruzársele a López Obrador para impedir que comience a construir un tribunal acorde con su proyecto de nación. La confrontación no sólo es por la autonomía, sino ideológica y política, confrontando a López Obrador.


11 Diciembre 2018 04:08:00
La Corte, dónde sí, dónde no
Los arrebatos belicosos del presidente Andrés Manuel López Obrador al enfrentar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque suspendieron la ley para recortar salarios, no deben esconder el problema de fondo en el Poder Judicial. No es la institución per se lo que debe analizarse y eventualmente fustigarse, sino la integridad de los ministros, sus mecanismos de autorregulación y la calidad de sus decisiones, que deben ser pasados por una revisión crítica. La discusión sobre la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que suspendió la Corte para revisar si hay violaciones a la Constitución, tampoco debe quedarse en ese punto como si fuera lo único o lo más importante en términos de lo que beneficia e interesa más a la nación. Hay que ver más alto y más lejos, como dijo alguna vez José Ortega y Gasset, y examinar con mayor profundidad el papel de los ministros de la Corte.

El presidente López Obrador estableció los términos del enfrentamiento con la Suprema Corte de Justicia con un argumento descalificador y reduccionista, pero persuasivo en la opinión pública, de que forma parte de una lucha contra los privilegios, al mencionar los “estratosféricos” salarios de los ministros, como si fuera sinónimo de corrupción. La Suprema Corte le respondió, a través de su cuenta de Twitter, tildándolo sibilinamente de mentiroso, al afirmar que “nadie gana, ni remotamente”, los 600 mil pesos mensuales que el Presidente afirmó que era su salario.

La Corte tampoco está siendo apegada a la verdad. Si se ven los salarios nominales, que oscilan aproximadamente entre 130 mil y 270 mil pesos mensuales, sí están lejos de los 600 mil pesos que señaló el Presidente, quien debió haber utilizado el dato de los salarios integrados, en donde están la prima vacacional, el pago de riesgo por 46 mil pesos mensuales, el aguinaldo, el pago a uno o dos personas en su servicio doméstico, automóvil que pueden incluso blindarlo y gastos de representación, con lo cual si no llega a la suma señalada por López Obrador, tampoco se aleja mucho de ella.

El tema de los salarios es relevante porque la suspensión de la Ley los atañe directamente, al ser los ministros de la Corte uno de los grupos que ha denunciado que la reducción de los salarios de manera transversal, es inconstitucional en órganos como el máximo tribunal, o los órganos autónomos. De tal forma, la discusión sobre un conflicto de interés no es ociosa. ¿Pueden los ministros actuar con apego a lo que establece la Constitución? O, ¿cómo interpretarán la propia ley? ¿Hay indicios de veracidad en la crítica que les hizo López Obrador? Según el ministro Arturo Zaldívar, uno de los candidatos más fuertes a ser Presidente de la Suprema Corte de Justicia el próximo año, sí.

En septiembre pasado, al dar la bienvenida a 10 nuevos jueces de Distrito, urgió a la autocrítica en la Corte e “imaginar un México diferente” que corresponda al mensaje de hartazgo y frustración mostrada en las urnas que le dieron la victoria a López Obrador que votó por un cambio de régimen, y aprovechar la coyuntura para reconquistar la confianza de los ciudadanos. Entre sus llamados, que reiteró posteriormente, es la austeridad que debía seguir la Corte. “La sociedad debe saber con toda transparencia cuánto gastamos, cómo gastamos y para qué gastamos, para así tener la certeza de que el dinero público sirve a fines públicos y no financia privilegios”, dijo Zaldívar.

La forma como planteó la discusión el presidente López Obrador, quedó plasmada como un repudio a las instituciones, sobre las cuales ha mostrado reiteradamente su inconformidad y disgusto por la forma como operan. Esto ha llevado durante esta semana a un plano unidimensional, en donde lo que sobresale es un choque entre poderes, y un avasallamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, que ubica la confrontación en el contexto de la eliminación de pesos y contrapesos. Hay que salirse de esa discusión coyuntural y plantear un debate de largo aliento y alcance.

Abogados constitucionalistas sostienen que la Corte no es independiente ni apartidista. Efectivamente, las designaciones de los ministros se han dado por las cuotas de los partidos del viejo régimen, el PRI, PAN y PRD, donde algunas de sus decisiones han sido altamente controversiales. Por ejemplo, el PRI metió en diciembre de 2012 a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con cuyo voto se le otorgó la libertad inmediata a la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada por secuestro y delincuencia organizada. Dos semanas después de su liberación, la misma Corte votó en sentido opuesto sobre el caso de dos indígenas acusadas de la privación de libertad de dos policías federales.

Pero también, de manera muy relevante, está la ausencia de mecanismos de autorregulación, que han llevado a la Corte a situaciones absolutamente indefendibles. El último caso de escándalo se dio a conocer en febrero pasado, cuando se dio un fraude jueces de ascenso, cuyo concurso interno fue anulado por el Consejo de la Judicatura Federal debido a que se filtraron las respuestas a las preguntas del examen.

No hay que quedarse en la batalla por los salarios. Que se resuelva, pero que se profundice el análisis de la Corte. No como el principio para eliminar la institución, sino para revisar si los ministros actuales están o no a la altura de la nueva realidad mexicana o si, como otras instituciones, son ellos o ellas lo que hay que cambiar, sin afectar la institución que debe seguir siendo contrapeso de los otros poderes.
07 Diciembre 2018 04:07:00
Conservadores contra liberales
Atrás ya dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador la etiqueta de “la mafia del poder” para referirse a sus adversarios y a quienes discrepan de su proyecto de nación. Ahora los llama conservadores, al evocar la República Restaurada de Benito Juárez, que es en donde él gusta ubicarse, y que acabó con el imperio de Maximiliano. El discurso juega en las antípodas y difícilmente existen áreas grises entre sus dos polos. No es fácil ubicar la confrontación cotidiana entre liberales y conservadores salvo en un solo lugar, en este momento, de alta relevancia para el equilibrio del poder y la definición de México en los próximos años, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde a principios de 2019, en la primera decisión de gran calado, los ministros elegirán a su presidente por los próximos cuatro años.

Los punteros son dos ministros que no tienen una carrera judicial, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar. El primero, respaldado por el actual presidente de la Corte, Luis María Aguilar, se encuentra en el bloque de los conservadores. El segundo, Arturo Zaldívar, tan cercano a López Obrador que ha tenido muestras de gran afecto en público hacia él, está en el lado de los liberales. Las definiciones vendrán en los próximos días, al cerrarse el 13 de diciembre el ciclo de Pardo, quien rendirá su último informe como presidente de la Corte y se irán de vacaciones. Sin embargo, la decisión sobre a quién elegirán en enero, terminará de cocinarse mientras oficialmente están fuera del trabajo.

Las diferencias entre conservadores y liberales en una institución como la Suprema Corte, en México o en otras democracias occidentales, son notables. Un ministro conservador siempre se apega al texto del estatuto, sin márgenes para determinar con una visión amplia y creativa, por ejemplo una inconstitucionalidad, bajo la premisa que quienes cambian las leyes son las legislaturas, no las cortes.

Los liberales, en cambio, utilizan la historia y el propósito del estatuto como una herramienta para interpretar la ley, por lo cual tienden a darle a la gente una mayor libertad. Uno de los fallos donde más se aprecia esta división –que se replica en diversas cortes del mundo–, es sobre la despenalización del aborto, que así como parte a la sociedad, separa a los ministros de las cortes.

En estos momentos, si se diera la votación hoy, la probabilidad de que Gutiérrez Ortiz Mena ganara la presidencia es muy alta. Esto obedece, de acuerdo con observadores de la Corte, a que el bloque conservador es amplio, compuesto por Javier Laynez, Eduardo Medina Mora, Mario Pardo y Aguilar. En el lado liberal respaldan a Zaldívar Fernando Franco y Norma Lucía Piña, que perdieron un aliado al retirarse José Ramón Cosío. Dos ministros pueden inclinar hacia cualquier lado la balanza, pero no se sabe cómo van a comportarse. Una es Margarita Luna Ramos, y el otro es Alberto Pérez Dayán, con tinte conservador, pero que se han aproximado a posiciones liberales en el pasado. Dos factores adicionales juegan para colocarlos actualmente, ligeramente más hacia el lado de Zaldívar. La ministra Luna Ramos quiere mejorar su posición dentro de la Corte, mientras que Pérez Dayán le debe parte del apoyo que tuvo para ser ministro, al equipo de la exministra y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Si ellos dos votaran por Zaldívar, habría un empate y tendrían que ir a rondas subsecuentes, como sucedió hace tres años, cuando Aguilar, quien en tres rondas derrotó finalmente a Zaldívar. Debido a este equilibrio en los bloques, el presidente López Obrador jugó sus cartas y anunció la terna que enviará al Senado para el remplazo de Cosío, con lo cual podrían cambiar los números en apoyo a Zaldívar.

López Obrador nominó a Loretta Ortiz, Celia Maya y Juan Luis González Alcántara, lo que parece ser un trío donde las dos abogadas podrían ser descartadas por su vinculación directa con Morena. Ortiz fue asesora en el equipo de transición en materia de seguridad y la organizadora de los foros sobre reconciliación y paz, mientras que Maya fue candidata del partido a la Gubernatura en Querétaro y al Senado. González Alcántara, un liberal independiente, tiene además el mejor palmarés de la terna.

Con esta acción presidencial, el equilibrio en la Suprema Corte de Justicia se romperá, lo que de cualquier forma, de acuerdo con los observadores, no sería suficiente, y en la segunda quincena de diciembre tendría que darse un intenso cabildeo para conseguir el voto. La Corte, sin embargo, es una institución que mantiene dos posiciones. La externa es la que se expresa en los dictámenes y las votaciones, donde hay consensos y disensos, y la otra tiene que ver con la política interna, donde lo que se busca es unidad entre los ministros y compromiso con los principios constitucionales. Certidumbre en el actuar de los ministros, sin sorpresas, es lo que más aprecian a nivel interno. Por ser un ministro que generaba incertidumbres y no se sabía cómo iba a reaccionar, Cosío nunca pudo ser presidente de la Corte, pese a que técnicamente, su capacidad era impecable.

Gutiérrez Ortiz Mena y Zaldívar no son vistos bajo la misma óptica dentro de la Corte, donde nadie tiene duda tampoco que la inclinación de López Obrador es por el segundo. En el lado de los conservadores, en caso de que fuera muy cerrada la lucha entre los dos punteros, existe un caballo negro que respalda el actual presidente, Mario Pardo, a quien no hay que descartar en este choque entre conservadores y liberales abierto en la Suprema Corte de Justicia.
06 Diciembre 2018 04:01:00
Las cuentas de la cocinera
La colocación de una oferta de recompra de bonos que financiaron parte de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco levantó en muchos las expectativas de que la construcción se continuaría.

No será así a menos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelva a nacer –y eso tampoco garantizaría un destino diferente–, o surjan contingencias inimaginables en este momento.

Texcoco está muerto, para efectos de aeropuerto, y la Base Aérea Santa Lucía, como dijo López Obrador, es la opción.

El futuro es claro desde su óptica, aunque valdría la pena que alguien, cuando menos para que no diga que nunca nadie le advirtió, le hiciera las cuentas de la cocinera sobre lo que significan los costos para el proyecto que está en el epílogo de su vida, y el que está en la mente de los asesores constructores del Presidente.

En números aproximados, las cuentas sobre la opción de Santa Lucía son las siguientes:

*El costo de la obra, promediando la cifra de 3 mil millones de dólares calculadas por el ingeniero José María Riobóo, autor intelectual del asesinato de Texcoco, y los 7 mil millones que estimó el Colegio de Ingenieros, quedaría en 5 mil millones de dólares.

*El costo de las vías de acceso a Santa Lucía y un tren rápido entre la Base Aérea y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez”de la Ciudad de México, mil 300 millones de dólares.

*Las adecuaciones al aeropuerto Benito Juárez, mil millones.

*El prepago de bonos, mil 800 millones.

*PARA El prepago de la Fibra E, otros mil millones.

*El acuerdo con las empresas constructoras mexicanas para la terminación de los contratos, 2 mil millones.

*La remediación ambiental en Texcoco, 2 mil millones.

*El costo de una nueva Base Aérea, mil millones.

Esto significaría un costo de 15 mil 100 millones de dólares, comparado con el costo del proyecto del NAIM en Texcoco, cuyo proyecto fue de 13 mil millones de dólares. En este caso, las cuentas finales son las siguientes:

*Los sobrecostos, porque se tuvieron que ampliar la terminal y el área de carga por un incremento en el número de pasajeros en 2017, son de 3 mil millones de dólares.

*Menos 3 mil millones por el avance de las obras.

*Menos 2 mil millones de dólares por el valor del terreno en el actual aeropuerto Benito Juárez.

*Menos el valor de la ciudad aeropuerto, que suma 2 mil millones de dólares.

En ambos casos se les quitan los 5 mil millones que tiene el Fideocomiso del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

De esta forma, el costo de Santa Lucía, con esa reducción, requeriría recursos adicionales por 10 mil 100 millones de dólares, para que la opción propuesta por López Obrador se concrete, sin saber con certeza todavía si es posible que funcionen de manera simultánea las dos terminales. Para terminar el NAIM en Texcoco, se necesitarían 4 mil millones de dólares.

Visto en moneda, la diferencia de 5 mil 100 millones de dólares de diferencia entre concluir Santa Lucía, no parece la decisión financiera más inteligente haber cancelado Texcoco a favor de Santa Lucía.

Pero en los cálculos de López Obrador, las finanzas y la pérdida de confianza entre los inversionistas que provocó esa decisión de política pública, es menor importante que el cumplimiento de una promesa de campaña.

Para enfrentar las contingencias de una demanda colectiva en los tribunales neoyorquinos por la cancelación de la obra, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, contrató a tres instituciones financieras y a un despacho de abogados estadunidenses –cuyos costos no fueron calculados en lo que se tendrá que invertir en Santa Lucía– para que le diseñaran el plan de recompra del 30% de los bonos, con la expectativa de que participen en la subasta el 50+1 de los tenedores de los bonos, con lo cual se cancelan los términos en los que se firmaron los contratos y pueden renegociar con ellos otras condiciones para el pago de la deuda.

La oferta de compra es por 90 centavos por cada dólar, que si se toma en cuenta que la cancelación de Texcoco tiró el valor del bono hasta 77 centavos dólar, abre la posibilidad de que sí sea posible recuperar el 30% de los bonos que están en manos de inversionistas extranjeros.

La apuesta es alta, y no es algo cierto que se logre el cometido. Sin embargo, el Gobierno de López Obrador no tenía opción, porque cancelar la obra sin tomar esas previsiones habría provocado demandas multimillonarias en Nueva York, las cuales, por lo pronto, se pusieron en espera.

Las primeras señales del mercado no han sido positivas para el propósito buscado por el Gobierno.

La firma de abogados Hogan Lovelis, que representa a fondos como Blackrock y Prudential, que tienen más del 50% de los bonos del NAIM, ya adelantaron que no apoyarán la recompra en la forma como se presentó la oferta, lo que introdujo complicaciones para el Gobierno a menos de 72 horas de haber tomado la iniciativa.

Pero aun si consiguiera el objetivo de recomprar los bonos y renegociar los términos del contrato con el 70% de los tenedores de los bonos, no es una buena señal la que habrán mandado los mercados.

Dicho de otra manera, si el Gobierno de México recompró al precio más bajo y los inversionistas vendieron con ese descuento, significa que perdieron la confianza en la nueva Administración y prefieren recortar sus pérdidas. O sea, no quieren volverse a fijar en este país mientras no haya acciones que recuperen la credibilidad en el Gobierno.
05 Diciembre 2018 04:08:00
La Guardia Nacional, sí
El sexenio arrancó como se esperaba, pintado de rojo. La violencia no se detuvo a partir de sábado, cuando le dieron la bienvenida a Andrés Manuel López Obrador en Guadalajara como Presidente.

Mientras reconocía en San Lázaro a los enviados del presidente Donald Trump a su toma de posesión, dos bombas fueron lanzadas contra el Consulado de Estados Unidos en esa capital, y hubo asesinatos de civiles y policías, además de la ejecución del primer periodista de su sexenio.

Cincuenta crímenes entre el sábado y el domingo, más decenas el lunes y martes. Pero no hay que equivocarse. La violencia no iba a detenerse sólo por un cambio de Gobierno. Una estrategia bien llevada tardará más de 3 años en empezar a dar resultados, siempre y cuando sea eficaz. Hasta ahora, no ha sido posible echarla andar en estos primeros días de nueva Administración.

Hay factores objetivos, como la implementación de la ley que crea la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la que se agregaron funciones de la Secretaría de Gobernación, que requiere de modificaciones constitucionales para que, como lo establece el Plan del Gobierno, se cree una Guardia Nacional al mando de militares, a los que los policías y ministerios públicos tendrán que subordinarse.

Hay subjetivos, como los cambios de último momento que le impusieron al secretario de Seguridad Alfonso Durazo. El más importante fue el de Alejandro Gertz Manero, quien el miércoles estaba en la víspera de ser anunciado como subsecretario de Seguridad y comisionado de la Policía Federal, y que terminó en la fase de arranque del sexenio como procurador interino.

Lo más complejo, sin embargo, es la Guardia Nacional, al carecer de una ley para que empiece a funcionar. La Guardia Nacional está operando de facto con un despliegue tímido y limitado, con tres brigadas de infantería la Policía Militar.

La Primera Brigada se desplazó a seis municipios mexiquenses: Atizapán, Chalco, Chimalhuacán, Metepec, Naucalpan y Tehuacán. La Segunda está concentrada en otros siete municipios de esa entidad: Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nicolás Romero, Texcoco, Tenancingo y Zumpango.

La Tercera se encuentra en otros seis: Ixtapaluca, Jilotepec, La Paz, San Felipe del Progreso, Tlalnepantla y Zinacatepec. En total hay mil 235 soldados desplegados en la entidad, que no es la más violenta, pero que por la cercanía con la Ciudad de México, donde se concentra el poder económico, el político y los medios de comunicación nacionales, su impacto se multiplica.

Esa semilla de la policía nacional que está dispuesto a crear el presidente López Obrador está coja por cuanto a su arquitectura institucional, y se suma al despliegue de soldados y marinos que no dejaron de patrullar las calles y combatir a la delincuencia al cambio de Gobierno.

Una reforma constitucional que le dé todas las atribuciones que desea no va a ser fácil de lograr, luego de que la Suprema Corte de Justicia invalidó a mediados de noviembre la Ley de Seguridad Interior, al declararla inconstitucional.

La Ley, que fue firmada por el expresidente Enrique Peña Nieto casi un año antes, pero que no la aplicó hasta esperar el fallo de la Corte, se aprobó en las cámaras para regular la actuación del Ejército y la Marina en las funciones de seguridad pública.

Desde que era precandidato presidencial, López Obrador y Morena, su partido, habían expresado su oposición a esa ley.

Sin embargo, tras la elección presidencial, López Obrador comenzó a rectificar su posición. En agosto cambió su postura de manera abierta de regresar a los militares a sus cuarteles por mantenerlos en las calles combatiendo a los delincuentes.

La explicación del Presidente para ese giro radical es que no existe ni la capacidad ni la confianza en las policías Federal, estatales y municipales para hacer esas tareas. El retiro de las Fuerzas Armadas de esa responsabilidad vendrá después.

Pero el Presidente se encuentra en una encrucijada de la cual puede fácilmente salir. ¿Por qué insistir en crear la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Por qué no al revés, y convierte a soldados en policías?

El antecedente es enero de 1999, cuando el presidente Ernesto Zedillo expidió el decreto mediante el cual se creaba la Policía Federal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Zedillo trasladó toda la Tercera Brigada de la Policía Militar de la Zona Militar 37 en San Miguel de los Jagüeyes, en el Estado de México, al ámbito civil, y más de 5 mil elementos quedaron bajo el mando de Genaro García Luna, quien salió del Cisen con la encomienda de formarla.

Se le sumaron la Policía Federal de Caminos y la Policía Fiscal, y pasaron a ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública, creada por el presidente Vicente Fox.

No se puede convertir a civiles en militares, como es su pretensión, al tener estructuras de mando verticales a las que se llega mediante un escalafón castrense, bajo una misma doctrina que rige a la totalidad de las Fuerzas Armadas.

En las policías no existe el escalafón institucional ni hay una doctrina rectora.

La Guardia Nacional que propone López Obrador es en el fondo una Policía Nacional con mando único. La puede tener rápidamente, sin tener que ir al Congreso y a la Suprema Corte de Justicia ante la posibilidad de que exista una controversia constitucional, con militares a cargo de ella.

Lo que necesita es seguir el ejemplo de Zedillo: que los militares pasen a retiro en el Ejército y asuman el control de la nueva institución, con su doctrina, tácticas y entrenamiento, pero dentro del ámbito civil, desde donde construirían con las policías que sobrevivan el modelo y los nuevos reclutas, una Guardia Nacional a la medida de lo que necesita el presidente López Obrador, urgido de enfrentar el fenómeno de la violencia, su prioridad número uno en este momento.
04 Diciembre 2018 04:00:00
El nuevo contrato social
Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República y planteó inmediatamente un nuevo contrato social. La Cuarta Transformación no se aprecia sólo en el primer plano de su primer discurso como jefe de Estado el sábado en San Lázaro, sino a través de la forma como empaquetó todas sus frases y mensajes de campaña, junto con los golpes de timón que dio durante la transición para establecer claramente el mando nacional. Vista en su árbol, está claro para dónde va. De saque minimizó a quienes piensan que ese proyecto es pretencioso o exagerado, pero escaló. No sólo comenzaba el cambio de Gobierno, sino del régimen. Quiere el que existió entre 1930 y 1970, con crecimientos del 6%, y abolir el que se instaló a partir de 1982, con crecimientos del 2%. Son los dos mundos de López Obrador que explican el cambio, del neoliberalismo al neonacionalismo.

El discurso de López Obrador, para no perder legitimidad, ignoró la valoración del periodo entre 1970 y 1982, donde el modelo de siete décadas anteriores chocó con la realidad de un mundo que había cambiado. El gobierno de Luis Echeverría, que siguió el modelo de los cuatro anteriores, llegó a tener una inflación de 26% y una devaluación de 76%. El de José López Portillo alcanzó una inflación de 99% y una devaluación de 582%. Después de esos 12 años es donde el presidente ubica el principio del neoliberalismo, que controló los fundamentos macroeconómicos (empleo, inflación y tasas de interés), pero produjo crecimientos bajos, producto, según los expertos, de la elevada informalidad, la debilidad de los mercados de crédito, y los altos costos de producción.

Aunque habló de una larga época donde la construcción del sistema político acompañó la bonanza y el fortalecimiento del PRI, López Obrador se refiere específicamente, porque así lo señala, a los años del llamado “milagro mexicano” y del “desarrollo estabilizador”, entre 1956 y 1970, donde no hubo crisis y sí bienestar. El salario mínimo era el equivalente en valor actual a 110 pesos, contra el vigente de 88.36 pesos, y la inflación controlada estaba en 3.75% anual. Ese modelo se aplicó en la cola del cambio de un país agrícola a uno manufacturero, acelerado por la alta demanda de materias primas y demanda como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, donde había un mercado cautivo por el modelo de sustitución de importaciones (consumir sólo lo que producía el mercado interno, que es lo que quiere López Obrador) y el proteccionismo del gobierno, que hizo que las empresas perdieran competitividad en el mundo y como resultado, que la segunda gran industrialización no se consumara.

En aquel México, el gobierno lo era todo. Controlaba las tasas, el tipo de cambio y la inflación, mientras el sector privado, que estaba blindado de la competencia externa, se ocupaba del mercado interno, distribuyendo la riqueza bajo la tutela de la Presidencia. Las escaramuzas de López Obrador y sus cercanos durante la transición, buscaron restablecer el orden vertical de aquellos años. La decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco y la amenaza sobre las comisiones bancarias, fueron manotazos sobre la mesa para mostrar quién manda. Cuando anunció el destino del nuevo aeropuerto, sentó a su lado a Alfonso Romo, quien es el jefe de la Oficina de la Presidencia, que días antes había asegurado a los inversionistas que la obra en Texcoco seguiría. Aunque para la mayoría quedó desacreditado ante sus interlocutores, López Obrador le comentó que con esa acción él ya no tendría que ir a buscar a los inversionistas, porque serían ellos quienes acudirían a él. Días después de aquel anuncio, varias empresas involucradas en la obra fueron a ver a López Obrador, lo cual debe haber reforzado su vieja idea de quién debe mandar y qué hay que hacer.

Texcoco no se hará, ha dicho López Obrador, porque hubo corrupción. En su discurso en San Lázaro, cuando habló de no perseguir a los corruptos del pasado, amplió por primera vez su mirada inquisitiva a los empresarios. En el mismo mensaje se refirió a que con los ahorros en corrupción se podrán hacer todos sus proyectos para consolidar la Cuarta Transformación. Un país de bienestar, como entre 1956 y 1970, donde se distribuye la riqueza mediante un proceso regulado por el gobierno. Si él manda sobre el sector privado y ataca la corrupción, entre líneas, la transferencia de recursos para el país que viene, podría salir de esos capitales.

López Obrador parece apuntar a los márgenes de utilidades, bajo la creencia de que todo termina en sus bolsillos. De ahí parte de su repulsión al uso de aviones privados y helicópteros, no a que tengan dinero por el que han trabajado. Lo que desea es que eliminen lo superfluo para que distribuyan parte de lo que tienen y se logre una sociedad igualitaria. Que los márgenes de utilidad se utilicen mayormente en inversiones para crecer, no le es relevante. Ya dijo que les dará obra pública. No habrá “moches”, sino transferencia de recursos para su programa social “Bienestar”, mediante esfuerzos como dar empleo a quienes les diga.

La deconstrucción de sus propuestas, en perspectiva, muestra el nuevo contrato social que está buscando López Obrador. Lo que ha planteado todo el año detrás de la estridencia de sus palabras, es un nuevo reacomodo que busque el bienestar y la paz, tal como lo escribió Juan Jacobo Rousseau en su libro El Contrato Social o sea, los Principios del Derecho Político, hace 256 años. La búsqueda de la igualdad de todos sigue vigente. Lo que cambió fue el mundo.
03 Diciembre 2018 04:09:00
Me canso ganso
En su discurso en la plaza pública el sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático sobre dónde se construirá el nuevo aeropuerto. No hubo cambio de señal.

En Santa Lucía, como determinó tras una consulta ciudadana, se construirían dos pistas, y Texcoco, donde originalmente estaría, será un cementerio de cemento y fierro.

El domingo, en el primer Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo una nueva administración, se acordó mantener las obras mientras se hace una nueva reevaluación. Lo que hará el nuevo gobierno es ganar tiempo y maniobrar para salirse con su cometido sin afectación financiera.

La clave se encuentra en la segunda página del borrador de la minuta que trascendió el domingo por la mañana –la definitiva tiene matices–, donde señala que este mismo lunes emitirá en Nueva York una oferta de compra por mil 800 millones de dólares.

Es decir, no significa que el aeropuerto en Texcoco será terminado, sino que seguirán la obra hasta que logren eliminar la contingencia de una demanda colectiva –denominada Class Action– de los tenedores de bonos que fueron ofertados y adquiridos a través de la Bolsa de Valores en Nueva York.

Se desconoce cuántos y cuáles fondos extranjeros estarían involucrados en la demanda colectiva. Algunos de estos fondos han hecho pública su participación en el aeropuerto de Texcoco.

Por ejemplo Paul Hastings LLP, un despacho de abogados global, anunció en 2016y 2017dos ofertas por un total de seis millones de dólares para financiar la construcción del aeropuerto en Texcoco, en representación de Citigroup Global Markets, HSBC Securities y J.P Morgan Securities, cuya cancelación podría acelerar el pago del bono y el interés.

Varios manejadores de fondos viajaron a la Ciudad de México tras la cancelación de la obra en Texcoco para saber cómo resolvería el nuevo gobierno las pérdidas por incumplimiento del contrato, pero no hubo quién atendiera sus preocupaciones.

Tras las frustradas gestiones se empezó a preparar una demanda colectiva que se presentaría tan pronto como oficialmente el Gobierno del presidente López Obrador cancelara la obra en Texcoco.

La decisión de continuar las obras fue un primer paso para evitar una acción legal. Ir a comprar los bonos en poder de los fondos, es una acción estratégica.

De otra forma, lo que podría enfrentar el nuevo Gobierno es una situación similar a la que vivió Argentina cuando en 2011 incumplió pagos por 132 mil millones de dólares en empréstitos, en medio de una crisis económica que provocó disturbios y violencia en las calles que produjeron la muerte de 39 personas.

El Gobierno argentino reestructuró la deuda y el 93% de los tenedores de bonos aceptaron los términos de la negociación.

Ese 7% restante de los tenedores de los bonos demandaron al Gobierno argentino en un largo litigio en la corte en Nueva York. En octubre de 2012 el juez Thomas Griesa determinó que Argentina debía pagar el 100% de la deuda.

El gobierno de Cristina Fernández apeló, y se fue dos años más a litigio, que finalmente perdió en un caso que se llamó “los fondos buitre”, luego que en el proceso llegaron a embargarle activos en el extranjero.

Los tenedores de bonos recibieron casi 5 mil millones de dólares, y en cuando menos un caso, se estima que su retorno fue de mil 500% sobre la inversión original, profundizando la crisis económica con la que recibió el Gobierno de Mauricio Macri. Este precedente es el contexto de la decisión adoptada por el Gobierno de López Obrador para evitar un juicio colectivo en Nueva York, donde residiría ese litigio porque el sistema de la Bolsa de Valores le otorga esa competencia.

La decisión, por esta razón, es estratégica. La nueva administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo la dirección de Gerardo Ferrando, mantendrá activa la obra y los contratos mientras que el Gobierno va recomprando bonos en poder de los fondos internacionales.

Mil 800 millones de dólares no serán suficientes, por lo que se esperarían mayores ofertas de compra.

El problema es que por más lento que avance la obra, seguirán concluyéndose etapas y los costos de la cancelación se incrementarán. Esto, sin embargo, no parece importarle al presidente López Obrador, cuando menos por ahora.

La apuesta tendrá que ser por la Fibra E y las afores, para seguir financiando las obras del aeropuerto Benito Juárez y la construcción en Santa Lucía, que en el borrador del presupuesto para 2019 no tiene asignado recursos. Las afores Pensionissste, Inbursa y XXI Banorte participaron en la emisión de la Fibra E con una inversión de 30 mil millones de pesos, que también congregó a fondos institucionales y privados, bancos y aseguradoras.

No será algo sencillo de lograr, por la pérdida de valor que tendrán que absorber al cambiar la escala del proyecto, pero al ser empresas mexicanas que tienen un alto número de contratos con el Gobierno, garantiza que no habrá demandas ni litigios.

El aplazamiento de la cancelación de la obra en Texcoco y la oferta de compra de bonos, tampoco es un camino sencillo y tiene que explicarse bien en México.

La percepción de que el presidente López Obrador reculó es amplia. La comunicación tiene que ser precisa, sin márgenes a la confusión, y dirigida a dos mercados simultáneos: el doméstico, particularmente quienes se opusieron a Texcoco, que ratifique que la cancelación es definitiva; y a los mercados, que antes de parar la obra, pagarán lo que se invirtió. Las dos conviven y no son excluyentes, no hay que olvidar.
30 Noviembre 2018 04:08:00
El beneficio de la duda
La transición de Gobierno entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador fue tan larga en términos de horas, intensidad y acciones que provocaron turbulencias políticas y financieras, que como bromeó en algún momento el Presidente electo, el 1 de diciembre no tomaría posesión, sino rendiría un informe de todo lo que hizo durante este tiempo. Muchas de sus decisiones políticas tuvieron impacto en la confianza interna y externa sobre lo que será su Gobierno, y antepusieron obstáculos a su deseo de transformación del país. El monto de recursos que se estimaba tendría tras ganar la elección quedó reducido ante la incertidumbre que generó, que frenó inversiones y aceleró la salida de capitales. 

Mucho temor generó por todos lados, menos en sus bases electorales sólidas e incondicionales a él bajo cualquier circunstancia. El López Obrador que despertaba miedos en 2006 y en 2012 y pareció desaparecer en 2018, regresó ante la sorpresa de unos, la decepción de otros y el desasosiego de quienes pensaban que el político que siempre ha sido congruente sería incongruente. ¿Por qué un pensamiento tan arraigado por décadas que siempre tuvo como meta la conquista del poder, tendría que cambiarlo cuando lo alcanzara? No hay ninguna razón objetiva que dé sustento a esa idea que ha sido causa, por cierto, del desencanto de algunos que nunca lo habían visto como opción, pero votaron por él. López Obrador es lo que siempre fue y a nadie quiso engañar. ¿De qué se sorprenden tantos?

La consistencia y congruencia, si bien no compartida cuando proyecta el país con el que sueña, por millones de mexicanos, han sido sus principales valores, y los desplegó durante toda una transición que se sintió eterna. Comenzó oficialmente el 20 de agosto, cuando la iniciaron formalmente el presidente Enrique Peña Nieto y el Presidente electo tras su tercer encuentro en Palacio Nacional, aunque el dinamismo y la energía desplegada por López Obrador alargaron el proceso por 5 meses. Este periodo fue como estar en una montaña rusa debido a los desaciertos y las contradicciones, las confrontaciones y las descalificaciones contra quienes piensan distinto a él o lo critican por sus dichos y sus actos. 

Las imágenes con la que se explicó el protagonismo y la conducción unipersonal y vertical de López Obrador la sintetizó hace 4 días John Paul Rathbone, editor de asuntos latinoamericanos del diario Financial Times, que vive en Nueva York, al plantear que López Obrador era una mayor amenaza a la democracia que Jair Bolsonaro, el ultraderechista que en enero asume la Presidencia de Brasil. La analogía de Rathbone tenía un antecedente inmediato en México, donde un libro, How Democracies Die (Cómo Mueren las Democracias), escrito por los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, se comenzó a vender copiosamente en las librerías de la Ciudad de México, buscando en él pistas para entender la Cuarta Transformación y a su líder.

Levistky y Ziblatt describieron el estilo de gobernar y los objetivos que busca el presidente Donald Trump, y plantearon que el laboratorio de la democracia definido por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Louis Brandeis, en el caso New State Ice Co. v. Liebmann en 1932, se está transformando en un laboratorio del autoritarismo, donde un personaje con escaso compromiso con los derechos constitucionales está tratando de reescribir las reglas. El populismo ha capturado al mundo, cautivados por la retórica y las soluciones simplistas que plantea, o quienes quieren castigar al régimen en el que viven. El populismo, en la definición del politólogo Cas Mudde adoptada por The Guardian en el inicio de una serie de reportajes sobre el fenómeno la semana pasada, “es una ideología que observa en la sociedad una división fundamental entre dos grupos homogéneos y antagónicos –los ‘puros’ y la ‘élite corrupta-, y que postula que la política debe expresar la voluntad del pueblo”.

Los populistas llegaron para quedarse, cuando menos por un tiempo. Es un fenómeno viejo que se ha convertido en una realidad política que está montada en la ola de su mejor momento histórico, al ir ganando el poder a través de los que rechazan por definición sus ideas y sus acciones: la democracia. En la actualidad, argumentan Levitsky y Ziblatt, el retroceso democrático empieza en las urnas. Los políticos tratan a sus adversarios como sus enemigos, intimidan a la prensa libre y amenazan con impugnar resultados electorales. También buscan debilitar las defensas institucionales de la democracia, incluidos los tribunales, para minar los contrapesos. 

Si se observan los eventos más relevantes en la etapa de la transición, parecería que el traje de Trump le queda a López Obrador. The Guardian dice que Europa no experimenta sola el surgimiento del populismo. “Se han electo populistas en las presidencias de cinco de las siete más grandes democracias: Brasil, Estados Unidos, Filipinas, India y México”, apuntó. Para una buena parte del mundo, López Obrador es un líder populista cuyas políticas asustan y generan incertidumbre, como se vio con los fenómenos financieros y bursátiles de las últimas semanas.

Durante el periodo de la transición quedó encasillado en esa categoría de análisis, y el presidente López Obrador podrá caber en la descripción de populista, pero no se puede hacer un juicio concluyente a priori. Se puede no ser un demócrata, pero conducir una nación hacia la democracia. Se puede ser populista, pero gobernante responsable y capaz de tomar decisiones que vayan contra su ideología pero en beneficio del país. Ya se verá qué López Obrador es el que tendremos los mexicanos. Mientras tanto, hay que otorgarle, incuestionablemente, el beneficio de la duda.

29 Noviembre 2018 04:05:00
Gabinete de pesadilla
Nadie puede decir que la mayoría del futuro gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador es inexperto, aunque no para las tareas que tendrán enfrente. La futura secretaria de Gobernación, exministra de la Suprema Corte. El próximo titular de Hacienda, académico estimado y funcionario por tres años de un gobierno local. Tres políticos estarán cargo de la Seguridad, Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, además de un ingeniero agrónomo no titulado en Pemex. Operadores políticos de Tabasco y el Estado de México ocuparán subsecretarías, y en un octogenario se recargan los proyectos de punta para el desarrollo. Este no es el dream team que han visto en el mundo en otros gabinetes mexicanos. Se perfila más bien como un nightmare team, un equipo de pesadilla, que comienza sus funciones este sábado.

La inexperiencia tiene sus curvas de aprendizaje, algunas muy pronunciadas. En el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la curva de aprendizaje de Luis Videgaray en Hacienda deshidrató la economía, y la de Miguel Ángel Osorio Chong en Gobernación fue tan larga, que lo hundió como candidato presidencial y llenó de sangre el país. Felipe Calderón escogió gente más experimentada, pero compitió y peleó durante una buena parte del sexenio. Vicente Fox quedó atrapado en las veleidades y ambiciones de su equipo más cercano. Incluso Ernesto Zedillo, que tenía un gabinete nombre por nombre superior a los que vinieron después, tuvo que hacer ajustes antes de cumplir un mes en la Presidencia para rescatar al país de una crisis económica.

Todos estos gabinetes han tenido problemas serios casi desde el inicio de la administración en la que trabajaban, pero ninguno había generado tanto conflicto como el de López Obrador. Han habido choques públicos como los del próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, con la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle, porque esta no entiende cómo funcionan los mercados y ha hecho algunas declaraciones que aterrorizaron a inversionistas. Fueron los mercados famosos, de los que el equipo de López Obrador se queja que “no los entienden”, los que cambiaron la percepción global del Gobierno que viene. Todavía no inician sus funciones formales y ya muestran los síntomas del Paradigma de la Rana, donde no se dan cuenta de que el entorno está cambiando negativamente en forma acelerada hasta que, cuando reparan en ello, es demasiado tarde y ya se cosieron.

Los choques de Urzúa para que el resto del futuro gabinete económico no diga sandeces que producen temores e incertidumbres, son menos violentos de los que se viven en el gabinete de seguridad. Pero el propio Urzúa admite en privado que no sabe cómo hablar a los mercados. No es lo mismo conocer el predial y el agua, que manejar con pulso de cirujano las finanzas públicas de una nación. Alfonso Durazo, próximo titular de Seguridad, se quedó con los instrumentos de coerción de la Secretaría de Gobernación que encabezará Olga Sánchez Cordero, aunque después perdió el eje de su fortaleza porque la Policía Federal no tomará órdenes de él, sino de las Fuerzas Armadas, y la Agencia de Inteligencia Nacional, que sustituye al CISEN, quedará en manos del general retirado Audomaro Martínez, que no acordará con él, sino con López Obrador.

El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, sólo tiene la protección del presidente electo, pues la mayoría del gabinete consideran que es incompetente. No por falta de inteligencia, sino porque sus conocimientos huelen a naftalina. Su cruzada contra el aeropuerto en Texcoco fue el punto de quiebre de la confianza de los inversionistas, y cuando dijo que construirían un aeropuerto alterno en una zona donde no hay proyectos de ningún tipo, aniquilando una obra con más de 30% terminada, sentido común fue lo menos que le reconocieron. Entre quienes ven temas presupuestales del equipo de López Obrador, hubo quien afirmó: “Jiménez Espriú nos borró el bono de arranque de sexenio y elevó la deuda por las tasas a mediano y largo plazo”. Traducido al castellano, su lucha contra Texcoco le quitó recursos al proyecto de López Obrador.

En parte por él y en otra buena parte por López Obrador, se han ido del país más de 5 mil millones de dólares y hay fiebre en varias capitales del país por vender propiedades para cambiar a dólares. En los últimos tres meses se han ido de la bolsa 113 millones y aparecido en Brasil, que detonó análisis donde ven a López Obrador más como un riesgo que a Jair Bolsonaro, el próximo presidente brasileño de extrema derecha. 

El desconocimiento de cómo opera el mundo y cómo funciona la información, provocó que este fin de semana Sánchez Cordero se metiera en otro problema. Admitió que el Gobierno entrante estaba negociando un acuerdo con el gobierno de Donald Trump en materia migratoria, lo que significa, de concretarse, que por primera vez México se pliega a una política migratoria de Estados Unidos. Un gobierno tan lleno de nacionalismo, quedó en entreguista por esa falta de conocimiento general. El conflicto entre Trump y López Obrador ya viene en camino.

El gran problema que tiene enfrente López Obrador, es que está a cuatro días de ser Gobierno. Entonces, si como equipo de transición han causado tantos estragos por sus limitaciones e incompetencias, cabe preguntarse qué es lo que podrá suceder una vez que sus acciones tengan consecuencias concretas y duraderas sobre el rumbo del país. Acelerar la marcha en la transición se pensaba ayudaría a concretar esa curva de aprendizaje sin daños mayores. No fue así. Todavía no aprenden y tampoco se ve que lo harán, cuando menos, en el corto plazo.
28 Noviembre 2018 04:02:00
Los manotazos de Andrés Manuel
Lejos del escrutinio público, la política económica de Andrés Manuel López Obrador, que este sábado asume la Presidencia de la República, está hecha un caos. La destitución de quien iba a ser subsecretario de Egresos y fue su principal asesor económico durante la campaña presidencial, Gerardo Esquivel, no ha sido suficientemente calibrada, pero se puede argumentar que refleja las tensiones internas en el equipo de transición. Esquivel fue removido en vísperas de entregar el presupuesto, lo que es inaudito, que esconden una serie de errores críticos que cometió el equipo económico en la elaboración del documento que propició el dramático desenlace. La crisis comenzó en el viernes pasado.

Personas dentro del equipo de transición narraron aspectos generales de una reunión de Gabinete que tuvo López Obrador, a donde no fue convocado Esquivel, en donde hubo fuertes reclamos de un buen número de futuros secretarios de Estado en contra del equipo hacendario porque, describieron, era un desastre la asignación de las partidas presupuestales. El área más afectada era la Secretaría de Agricultura, en donde el próximo presidente quiere impulsar para regresarle vigor al campo, que tuvo recortes estimados entre 40 mil y 50 mil millones de pesos. La segunda que mayor impacto tuvo fue Educación Pública, donde el recorte superó los 39 mil millones de pesos.

López Obrador, según las personas que narraron el encuentro, se molestó con el equipo económico y regañó públicamente al próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ordenándole que “comenzara de cero” en materia presupuestal y quien, con la cabeza gacha, apechugó la reprimenda. Las quejas que se han generado no sólo provienen de los futuros secretarios de Estado, sino también de las áreas económicas del Congreso, que han expresado al equipo de transición de que los números que les han dado para el presupuesto son incorrectos y no había forma de poder acomodarlos manteniendo la disciplina fiscal.

La responsabilidad primaria de esas equivocaciones ha sido puesta en Esquivel, quien desde la campaña calculó mal los recursos disponibles para el gobierno equivocando incluso, la metodología para realizar algunas de las estimaciones. La primera reunión que sostuvo el equipo de transición en la Secretaría de Hacienda fue una sorpresa para los representantes de López Obrador, que no sabían cómo se estructuraba y asignaba del presupuesto, y sólo preguntaban si eso que les mostraban, era todo el dinero disponible.

En otras reuniones los técnicos de Hacienda cuestionaron los números de Esquivel, quien decía que el error era de los hacendarios no de él, hasta que exhibido cuando le demostraron que al calcular el IVA en la frontera, lo había hecho a partir de las ciudades, cuando debía haberlo hecho sobre la recaudación en los municipios. La diferencia en las estimaciones era de 30 mil millones de pesos. Esa promesa de campaña, tuvo que ser pospuesta y no estará incorporada en el presupuesto.

Qué tanto influyeron los errores de Esquivel en su remoción, no está claro todavía, pero la revolución interna en el equipo económico de López Obrador llevó a reuniones urgentes, incluso el lunes por la noche, para poder armar todo el equipo que estará a cargo de la política económica en Hacienda y en la Presidencia de la República, bajo la dirección de Urzúa y del próximo jefe de Oficina, Alfonso Romo. Pero enviar a Esquivel al Banco de México para ocupar el puesto de vicegobernador de Roberto del Cueto, quien adelantó su renuncia programada en abril a diciembre, tampoco es una buena señal para los mercados, que están reaccionando con mucho nerviosismo por la incertidumbre y un incremento en el riesgo país, y que verán esa designación como una pérdida en la autonomía del banco central.

A decir de los expertos, la designación de Esquivel muestra el desconocimiento de López Obrador y su equipo económico de la hipersensibilidad de los mercados, que reaccionan e interpretan instáneamente ese tipo de decisiones, en particular con López Obrador, que les provocó una alta dosis de incertidumbre tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco mediante una consulta ciudadana. A diferencia de la designación de un Jonathan Heath, con un perfil altamente autonómico, que remplazará a Manuel Ramos Francia como vicegobernador del Banco de México, López Obrador compensó a Esquivel con otra vicegubernatura, quien será percibido invariablemente como subordinado del próximo presidente.

Esa es una sola razón por la que lo verán negativamente. Esquivel es un economista bien preparado en términos académicos, pero heterodoxo. Esta característica se suma a que al ser una extensión de López Obrador en el Banco de México y apuntado a sustituir a Alejandro Díaz de León como el presidente de la institución, es altamente probable que la política monetaria sea más flexible y actúe en concordancia con la Secretaría de Hacienda, donde el jefe real será López Obrador. “La Junta (de gobierno del banco) va a funcionar peor”, dijo un manejador de fondos en Estados Unidos que conoce el Banco de México, Hacienda y a los protagonistas del actual y próximo gobierno. “Es un copiloto que va a mandar sobre el piloto”. Los presagios no son alentadores.

Se anticipa un Banco de México más desordenado, que es lo que menos le interesaría a López Obrador en este momento, y un mar de incertidumbre por el bajo nivel, estimaron analistas, de la próxima subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez. Esta crisis inconclusa en el equipo económico del presidente electo, llegó en el peor momento y en las peores condiciones, donde hay altas expectativas para que cumpla todas sus promesas de campaña, pero no hay dinero suficiente ni, por ahora, un presupuesto claro y definitivo que entregar al Congreso.
27 Noviembre 2018 04:07:00
Los temores de Andrés
A nada le teme más Andrés Manuel López Obrador que a un terremoto y a que no haya inversión extranjera. No lo dice ahora, sino que es una idea que ronda hace tiempo en su cabeza, y que siempre se ha ubicado en el contexto de él al frente de un gobierno. El próximo sábado así será, y esas variables no escaparán de su mente. Sobre la primera no tiene control, y el temor se puede entender en lo que esto significa para cualquier gobernante, que tiene que parar o cancelar su programa de gobierno por que una situación de emergencia requiere mucho dinero para enfrentarla y estabilizarla, como lo pudo haber visto y estudiado con los sismos de 1985 en el gobierno de Miguel de la Madrid. Sobre la segunda sí tiene control, porque depende del mensaje que transmita y la confianza que genere entre los inversionistas. En esto, las cosas le han salido bastante mal.

Un vistazo a la prensa de la Ciudad de México y el extranjero dan idea de lo que sus acciones y decisiones han generado. Este domingo publicó The Wall Street Journal en su edición que el presidente electo está espantando a los inversionistas extranjeros, que le habían dado el beneficio de la duda de que sería un líder moderado y pragmático hasta que comenzó a utilizar consultas públicas para que la gente decidiera proyectos de infraestructura, que propició la cancelación del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco. El diario de mayor circulación en Estados Unidos agregó que varios gestores de fondos de mercados emergentes están reconsiderando sus inversiones en México o reduciendo su exposición.

El Banco de México, reportaron los medios, informó que entre julio y septiembre registró salidas netas de capital por mil 886 millones de dólares, que contrastó fuertemente con la entrada de capitales que se dio entre enero y junio de este año. Analistas de Barclays y Goldman Sachs consultados por la prensa adjudicaron la salida de capitales a la incertidumbre por las guerras comerciales de Estados Unidos contra el mundo, y por cautela frente a López Obrador tras la cancelación del aeropuerto. Los expertos internacionales se quedaron cortos.

Enrique Quintana, director de El Financiero, publicó este lunes que el índice de la Bolsa cerró el viernes con una caída de 18.4% con respecto a finales de agosto, cuando la transición terminó de ser tersa, con lo cual la pérdida de valor de las empresas fue el equivalente a 90 mil millones de dólares, que traducidos en pesos significaron 1.8 billones de pesos –casi una tercera parte del presupuesto–, mientras que el dólar interbancario cerró en 20 pesos con 43 centavos. “¿Qué es lo que están viendo los mercados financieros que han cambiado radicalmente de comportamiento en un trimestre?”, preguntó Quintana, respondiendo inmediatamente: “Han visto señales de lo que puede ser el desempeño del nuevo gobierno que no les han gustado y que generaron dudas”.

“Creo que López Obrador ha mostrado sus verdaderos colores”, dijo Walter Molano, economista en jefe de BCP Securities, que tiene su cuartel general en Connecticut. “Ni siquiera ha asumido el cargo de presidente y está mostrando una verdadera vena autoritaria”. Parte de lo que ven es la utilización de consultas para validar proyectos prometidos en la campaña, como la cancelación de Texcoco con el apoyo de menos del 1% del padrón electoral, con un 70% de ese porcentaje que jamás ha viajado en avión. La segunda multiconsulta para aprobar 10 programas prioritarios del presidente electo fue un fracaso, que arrojó resultados de aprobación del más del 90%, que describió Ciro Gómez Leyva en su programa en Radio Fórmula este lunes, como mediciones de régimen autoritario, que es el único sistema político donde se da ese tipo de resultados.

Las acciones y decisiones de López Obrador están teniendo altos costos en materia de inversión extranjera. En octubre salieron de la Bolsa 113 millones de dólares, de los que aterrizaron 111 en el Bovespa brasileño, reportó Bloomberg. Paul McNamara, opera de bonos en mercados emergentes para la firma suiza GAM Holding, le dijo al Wall Street Journal que sus medidas los están afectando y están analizando reducir sus activos mexicanos. Alejandro Schtulmann, director de la firma de análisis de riesgos Empra, agregó que una compañía interesada en un proyecto de infraestructura energética de 100 millones de dólares, la aplazó.

Hace dos semanas, tras escuchar uno de los asesores económicos del equipo de López Obrador, cuatro empresas texanas aplazaron sus inversiones programadas en México. Empresarios mexicanos han decidido hacer lo mismo y tiendas de autoservicio optaron por parar su expansión. “López Obrador ya afectó el clima de inversión”, dijo un economista mexicano que conoce perfectamente al equipo económico del presidente electo, que maneja fondos de inversión en Nueva York. La “luna de miel” con los inversionistas, como lo describió el Wall Street Journal, no existe más.

Los avisos son claros para López Obrador, que el próximo sábado asume la Presidencia de la República y sus acciones y decisiones tendrán un efecto más elevado de lo que hasta ahora han sido. Su discurso será clave para tranquilizar a los mercados y evitar el principio de una crisis, siempre y cuando mantenga el miedo a la falta de inversión y no piense, como en la actualidad, que es el capital global, manejado por empresarios mexicanos y medios de comunicación, que se oponen a su proyecto de Nación porque van a perder privilegios. La retórica electoral ya terminó. Se exige seriedad y responsabilidad, no ocurrencias, porque de lo que haga dependerá el futuro de 130 millones de mexicanos.
26 Noviembre 2018 04:02:00
El amor y odio de Andrés Manuel
La relación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador con las Fuerzas Armadas es esquizofrénica. Las llama asesinas y las reconoce como una institución del pueblo. Las denuesta y acude a ellas para abatir la inseguridad. Quería el retiro paulatino de los militares de las calles mexicanas y ahora dice que eso no es posible. Les tiene confianza, pero en realidad no. López Obrador lleva tiempo tensionando las estructuras militares y no parece importarle mucho. En los altos mandos de las Fuerzas Armadas, lo único que ha generado es resentimiento y desconfianza. Mal inicio de gobierno para una administración que aún no arranca.

Este domingo se reunió en el Campo Militar 1 con soldados, marinos y sus familiares y explicó que propuso la Guardia Nacional “porque le tengo confianza al Ejército y la Marina, porque el Ejército es el pueblo uniformado”. Es cuestionable. El pensamiento más claro sobre ellas lo externó en febrero de 2017, cuando tras un operativo de la Marina en Nayarit donde se abatieron a 12 miembros del cártel de los Beltrán Leyva, el entonces aspirante a la Presidencia, afirmó: “¿Por qué los aniquilaron? ¿Por qué si ellos investigan y supuestamente tienen asesoría del extranjero en materia de inteligencia los masacraron?”.

La presencia de militares en las calles para combatir la seguridad pública no es algo que lo convenza. Desde hace casi dos años ha sido su crítico sistemático. “Tiene que cambiar la política de masacrar, torturas que desde (el presidente Felipe) Calderón no ha dado resultado; al contrario, trae más sufrimiento”, dijo en Nayarit. Dos meses antes le pidió al general Salvador Cienfuegos y al almirante Vidal Soberón “no continuar con la política coercitiva, pues no resuelve nada con el uso del Ejército, Marina, policías, cárceles, amenazas de mano dura, con leyes más severas, dado que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.

López Obrador sabía lo que quería. El Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 que dio a conocer en diciembre, incluía el regreso de los militares a los cuarteles paulatino y programado, porque la seguridad pública era responsabilidad del ámbito civil. No tardó mucho en rectificar. Un mes después de ganar la Presidencia, con el apoyo de decenas de organizaciones de derechos humanos que respaldaban su propuesta, cambió el discurso. Ni soldados ni marinos regresarían a los cuarteles, y seguirían trabajando en tareas de seguridad pública.

Es decir, lo que hizo el presidente Calderón que tanto cuestionó el presidente electo, será la ruta que mantendrá. Lo que tanto criticó del presidente Peña Nieto, será continuado por él. La forma como los mantendría en las calles sería mediante la creación de una Guardia Nacional, que es algo similar a lo que hizo el presidente Ernesto Zedillo en 1999, cuando creó la Policía Federal Preventiva, pero al revés. Retoma de tres gobiernos el modelo, pero modifica el diseño institucional que viola la Constitución, pues un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia impide que realicen esas tareas por no considerar los tratados y la legislación que en materia de derechos humanos limitan su actuación en casos excepcionales. Para hacer lo mismo, había mejores formas.

La Policía Federal (en un principio se le añadió Preventiva) se integró con la Tercera Brigada de la Policía Militar al mando de Genaro García Luna, que fue trasladado del CISEN para construir una fuerza policial civil. Trasladar del ámbito militar a los soldados para integrarlos al ámbito civil, no requirió de modificaciones constitucionales ni violó la ley. La Guardia Nacional es una galimatías que en lugar de construir una policía que permita el retiro gradual de los militares de las calles, la destruye y provocará que soldados y marinos se queden permanentemente a cargo de la seguridad pública, como policía nacional que, otra ironía de este enredo, la propuso García Luna y la clase política, incluidos los cercanos a López Obrador, la bloquearon.

López Obrador dijo en Campo Militar 1 cosas imprecisas o falsas. La justificación de la Guardia Nacional es para atacar unidos la inseguridad, porque “en la actualidad cada autoridad trabaja en forma separada, por lo que deben estar unidos”. La cooperación entre soldados, marinos y policías federales no está rota, como sugiere el presidente electo. Lo que sí rompió en los últimos días es la participación de los gobiernos estatales, que provocó la reacción de los gobernadores, quejándose de la exclusión.

López Obrador provoca el divisionismo, no al revés. En el caso de las Fuerzas Armadas, tuvo oportunidad de enmendar las cosas con el nombramiento de los titulares de la Defensa y la Marina, pero ignoró las recomendaciones del general Cienfuegos, y del almirante Soberón. El general Cienfuegos le propuso para sustituirlo al subsecretario, al general Roble Arturo Granados Gallardo, o al general Alejandro Saavedra Hernández, jefe del Estado Mayor, pero escogió al general Luis Crescencio Sandoval, el número 22 de los 23 generales en la lista. El almirante Soberón propuso al almirante José Luis Vergara, oficial mayor de la Marina pero se inclinó por el almirante José Rafael Ojeda, a quien sus pares no le ven suficiente experiencia para el reto.

Las tensiones con las Fuerzas Armadas no cejarán. En este espacio se reportó que cuando el presidente electo le detalló al secretario de la Defensa lo que haría la Guardia Nacional y el general Cienfuegos le replicó que era anticonstitucional, López Obrador le respondió: “Pues modificamos la Constitución”. Eso es lo que va a hacer a través de su brazo legislativo en el Congreso, que es Morena, sin importar el sentir y el pensar de las Fuerzas Armadas.
23 Noviembre 2018 04:05:00
Tragedia sexenal
Si alguien pensaba que el presidente Enrique Peña Nieto había tocado fondo porque prácticamente

desapareció de la escena pública o se minimizó a sí mismo, se equivocó. Si desde 2013, aún sin terminar su primer año de gobierno le empezó a ir mal en la aprobación de su gestión, va a terminar peor. Repudiado por la mayoría de los mexicanos, nadie de sus cuatro antecesores habían tenido un final de sexenio más patético. Hace poco más de dos años, decía que no había mucho que podría hacer para cambiar la percepción de los mexicanos, pero quizás jamás pensó Peña Nieto que su descrédito, que arrastrará tras entregar el poder, fuera tan escandaloso. Tanto, que 40% de quienes habían votado por el PRI en el pasado, sufragaron por Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio.

Cuando gobernaron Luis Echeverría y José López Portillo no había mediciones presidenciales, por lo que no se pueda saber el pulso mexicano al entregar el poder en medio de crisis financieras. En todo caso, los dos presidentes naufragaron ostensiblemente al final de su sexenio, a diferencia de Peña Nieto, que comenzó a hacer agua desde el verano de 2013, cuando la reforma fiscal provocó que sus niveles de aprobación y desaprobación se cruzaran, sin que pudiera volver a recuperarse. Entregarle el poder por anticipado a López Obrador, y dar instrucciones que se confunden entre colaboración y genuflexión, no le ganó positivos en el epílogo de su administración. Todo lo contrario.

Una encuesta telefónica realizada por Indicadores SC para Eje Central, revela los datos de la tragedia peñista. Sólo 12.5% de los mexicanos –se puede establecer en uno de cada 10– aprueba su gestión, mientras que 67.8% lo desaprueba, una reducción dentro del margen de error de las más recientes encuestas de aprobación presidencial. En términos de confianza, su balance es más negativo. El 83.9% –equivalente a ocho de cada 10–, no le confía nada, y sólo el 16.1% expresó tenerle confianza. Prácticamente nadie le daría algo a cuidar a Peña Nieto, que perdió su prestigio, su toque político, su futuro. Tanto que se esperaba del Presidente más carismático desde Adolfo López Mateos en los 60, y tanto que terminaron rechazándolo aún los propios.

Las mayores facturas que le cobró el electorado fueron el gasolinazo de enero de 2017, y la inseguridad. En el primer caso, fue una pésima operación política, derivada de la soberbia onomatopéyica de su equipo más cercano, que diagnosticó equivocadamente la reacción de los mexicanos ante la liberalización de los precios de gasolina, similar a la que había hecho el Gobierno de Peña Nieto en su propio sexenio, o el gobierno de Felipe Calderón, por no haber tomado en cuenta de manera seria el humor social, creciente en negativos desde 2013, y que solían minimizar. En el segundo, fue la debacle de los incompetentes a quienes Peña Nieto, sin la capacidad cognitiva para tomar decisiones racionales, les permitió destrozar lo que se había construido por años porque, una vez más animados por su jactancia, descalificaron por reduccionismos rupestres.

La molestia con el Presidente arrastró al resto de los candidatos presidenciales. Aniquiló a José Antonio Meade, la apuesta ciudadana para tratar de compensar el descrédito del PRI, pero lo hundió a él y a su partido, convirtiéndose en el enterrador prematuro de 70 años de historia tricolor. El corrimiento hacia el candidato López Obrador de cuatro de cada 10 de sus electores históricos y sus bases clientelares, cuyo mensaje de inconformidad ignoraron en las elecciones intermedias de 2015, fue la respuesta más sonora en contra de Peña Nieto y un gobierno que no supo gobernar, administrar ni defender la mayor conquista alcanzada en décadas, el Pacto por México que fue el crisol de las reformas estructurales del país. Pero no sólo fue él, como vector del descontento. Los mexicanos llegaron al hastío con el estado de cosas nacional.

No sólo priistas votaron por López Obrador, sino también panistas. La encuesta de Indicadores SC refleja que el 20.2% del voto conservador le dio la espalda al candidato Ricardo Anaya, que compitió también con la bandera del PRD y Movimiento Ciudadano, y se fue a la bolsa del candidato de Morena que durante todo este siglo había sido su enemigo por antonomasia. El 15.2% del PRD tampoco votó por Anaya, que representaba mucho de lo que ellos combatieron históricamente, y contribuyeron con el 6.6% del voto total de López Obrador. El voto priista le dio 17.2% del total al moreno, y el PAN le dio el 8.7% de lo que se convirtió en un tsunami electoral.

“El 32% de los votos que logró López Obrador provenían de los votantes del PAN, PRI y PRD, y por ello la migración de votantes de otros partidos fue una condición necesaria para su triunfo, que sólo con el apoyo de los seguidores de la coalición Morena-Partido del Trabajo-Encuentro Social, hubiera sido imposible”, explicó Elías Aguilar, director de Indicadores SC. “El cambio que significó el resultado electoral que llevaron a López Obrador a la Presidencia, es ante todo un rechazo a las élites que han detentado el poder en este país”.

El representante de esas élites quedó impreso en la figura de Peña Nieto, que sigue siendo el pararrayos del descontento. Para su infortunio adicional, las élites, cuando se habla con algunas de sus figuras conspicuas, también lo ven con desdén por su incompetencia manifiesta, acentuada por lo que resulta incomprensible a propios y extraños, la rendición ante López Obrador. El próximo presidente lo podrá perdonar, pero la sociedad mexicana, está claro, nunca lo hará.
22 Noviembre 2018 04:01:00
Juicio al Estado Mexicano
Si todas las afirmaciones que hizo Jesús “El Rey” Zambada en la Corte Federal de Brooklyn son ciertas, desde hace unas dos décadas México es un narco Estado. Según Zambada, el presidente Enrique Peña Nieto recibió dinero del cártel del Pacífico desde que era gobernador del Estado de México, y el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, también. Gabriel Regino, el brazo derecho de Marcelo Ebrard cuando era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, igual. Gobernadores, generales, comandantes de la Policía, con las manos llenas de dinero sucio a cambio de brindar protección a Ismael “El Mayo” Zambada, jefe de esa organización criminal, hermano de “El Rey” y compadre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien se juzga en Nueva York.

Bajo esa misma lógica declarativa, pronto aparecerían otros nombres que en algún momento tuvieron relaciones institucionales, al menos, con personas a quienes se ha investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Entre ellos funcionarios de Los Pinos en la administración de Peña Nieto y de Vicente Fox, o futuros funcionarios en el Gobierno entrante de López Obrador. Exprocuradores federales y estatales, periodistas y empresarios, jueves y religiosos también serían embarrados en el potaje de los Zambada. Pero son tan extraordinarios los señalamientos del criminal detenido en 2008 en la Ciudad de México, que habría que preguntar exactamente qué es lo que está persiguiendo la Fiscalía en Brooklyn, a la que se le sumaron para el juicio de “El Chapo” fiscales de la Corte en Miami y el Departamento de Justicia.

El caso rebasó a Guzmán. Todo el Estado Mexicano está a juicio en Nueva York. Pero también, inversamente, el Gobierno de Estados Unidos. García Luna fue doblemente verificado por la DEA y revisado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos tiempo antes que lo señalara Zambada de haber recibido dinero sucio, y el Gobierno estadunidense le otorgó una visa extraordinaria de residencia que sólo dan a contadas personas en el mundo, además de que entre los socios de su consultoría figura José Rodríguez, quien como número 2 de la CIA fue el encargado de encontrar la pista que finalmente llevó a Osama bin Laden.

Regino trabajaba con Ebrard y López Obrador, quienes a su vez contrataron los servicios de asesoría en materia de seguridad de Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y actualmente el abogado personal del presidente Donald Trump. Si las cosas son como las plantea Zambada, ¿nunca estuvieron enterados de lo que hacían las personas con las que estrechamente trabajaban?

Todo esto no niega la infiltración de los cárteles de las drogas en instituciones mexicanas y la penetración que durante años les ha permitido operar con altos rendimientos. Habría que recordar al general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar de las drogas, quien 48 horas después de haber sido reconocido en la Casa Blanca por el general Barry McCaffrey, zar de las drogas en la Administración Clinton, fue detenido por su involucramiento con el Señor de los Cielos, Amado Carrillo. O la razón por la que el cardenal Juan José Posadas Ocampo iba al aeropuerto a recibir al nuncio apostólico Gerónimo Prigione aquél mayo de 1983 en que lo asesinaron en el aeropuerto de Guadalajara: para inaugurar una mueblería de Eduardo González Quirarte, un acaudalado empresario tapatío que era en realidad lugarteniente del Señor de los Cielos.

Lo que se propone en este texto es un ejercicio dialéctico para poder entender qué es lo que está sucediendo atrás del banquillo de testigos en la Corte neoyorquina. ¿Por qué los testimonios de Zambada fueron filtrados? En cambio, los de Osiel Cárdenas, el exjefe del cártel del Golfo que inició el reclutamiento de militares que se convirtieron en Los Zetas, que se acogió al programa de testigos protegidos, se mantuvieron en secreto sin que la prensa supiera nada qué es lo que testificó y contra quién. Zambada actúa como Édgar Valdés Villarreal, “La Barbie”, ciudadano estadunidense que trabajó bajo sus órdenes y la de los hermanos Beltrán Leyva en la Ciudad de México, y cuando se presentó a juicio en Estados Unidos, habló como “El Rey” ahora, por lo que su testimonio fuera desechado porque no se sostenía en evidencias.

Las afirmaciones de Zambada hay que tomarlas con cuidado. Por ejemplo, ¿alguien se pregunta por qué afirma haberle dado 6 millones de dólares a Peña Nieto y García Luna, en un restaurante a ambos, pero en momentos diferentes? ¿Alguien se cuestiona por qué en los dos casos dijo que hubo dos entregas? Puede ser una mera coincidencia, pero puede que no. Hace casi 20 años, dos exagentes de inteligencia de la Marina vendían en un millón de pesos la “información” que Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas, estaba vinculado al narcotráfico. La historia de los dos agentes, confrontada por este reportero, no se sostenía. La DEA los había acogido a su programa de testigos protegidos, pero a los seis meses los regresó a México. No servían para nada. Su “información” era falsa, pero un periódico capitalino la publicó, manchó para siempre el nombre de Salinas.

El testimonio de Zambada recuerda aquella historia de finales de los 90. Una vez más hay que subrayar que no se plantea la inexistencia de vínculos con el narcotráfico de nadie de los expuestos, pero se tiene que probar con evidencia, como otros casos de alto impacto. De otra forma, estaremos ante una enorme cortina de humo para esconder a no sabemos quién o quiénes, de qué nivel y en qué lugar, con qué propósito ulterior.

21 Noviembre 2018 04:00:00
¿Narcoprocuradores?
El 2 de octubre de 2008, El Universal debía de haber publicado una investigación del reportero Francisco Gómez, donde revelaba que Miguel Colorado González y Fernando Rivera Hernández, coordinador general técnico y director general adjunto de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, la entonces SIEDO, estaban en la nómina del cártel del Pacífico. En la víspera se le pidió –quien esto escribe era el director editorial– que buscara la reacción de la PGR antes de publicarse la información. Alertado de lo que venía, el entonces procurador Eduardo Medina Mora le habló al presidente y director general de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, para pedirle que detuviera la publicación y le permitiera ver el expediente. Ealy Ortiz accedió.

Durante un mes, pese a las objeciones de la Dirección Editorial, Medina Mora y la entonces jefa de la SIEDO, Maricela Morales, revisaron meticulosamente el expediente. Morales tomó notas sobre cada página, dato y testimonio, porque Medina Mora había acordado con Ealy Ortiz un periodo de gracia de un mes para, explicó, preparar el caso y presentárselo al presidente Felipe Calderón, que no sabía el grado de infiltración del narcotráfico en la PGR. Al mes, el vocero

de Medina Mora, Fernando Castillo, le preguntó a uno de los editores del diario –hoy subdirector–, Carlos Benavides, con qué nombre podrían bautizar el caso. “Operación Limpieza”, respondió.


“Operación Limpieza” fue. La publicación originó una purga en la SIEDO y el cese del director editorial ante las presiones de Medina Mora. El procurador quedó como un campeón contra la corrupción y Morales como una heroína, entregando expedientes de manera subrepticia a la Corte Federal del Distrito Sur de Texas sobre gobernadores tamaulipecos y políticos priistas, que dio también al equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto. Medina Mora se convirtió en embajador en el Reino Unido en la última parte del gobierno de Calderón, después embajador peñista en Washington y en la actualidad, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Morales, que lo relevó en la PGR, fue al consulado en Milán.

La “Operación Limpieza” se convirtió en uno de los capítulos más públicos y menos explorados de los 47 meses de guerra contra el narcotráfico de Calderón, y fue la infiltración más grande en la historia en el corazón de la PGR, justo en las oficinas que combaten a los cárteles de las drogas, con el agravante de que se le escondió la profundidad y gravedad de esa infiltración al presidente Calderón para que Medina Mora no quedara atrapado en la vorágine de la corrupción de sus subalternos. Tras publicarse en El Universal detalles del expediente, 25 funcionarios y agentes vinculados a la SIEDO, el pesebre de la protección institucional de los cárteles, fueron detenidos. Todos aquellos que fueron capturados fueron exonerados años después por falta de pruebas, pero ni Medina Mora ni Morales rindieron cuentas por ello.

Los dos fueron protegidos por el Gobierno de Peña Nieto, quien esta semana vive días aciagos por acusaciones en la Corte Federal de Brooklyn, donde se juzga a Joaquín “El Chapo” Guzmán, de haber recibido más de 100 millones de pesos para proteger a Guzmán y a los líderes del Cártel del Pacífico. Aún no se presentan las evidencias en Nueva York, pero este lunes en la Ciudad de México, Gerardo Garay, quien era el zar contra las drogas en aquellos años y cuyo equipo trabajó por años para desmantelar al cártel del Pacífico, aseguró en una entrevista en Foro TV que durante el Gobierno de Calderón se protegió a esa organización criminal.

Garay detalló cómo Medina Mora y Morales tejieron una red de protección en torno al cártel del Pacífico, que encabezaban en ese momento los hermanos Ismael y Jesús Zambada –este último, capturado por Garay en 2008 y hoy testigo de la Fiscalía en Brooklyn–, así como “El Chapo” Guzmán. Para ello, dijo, utilizaron la “Operación Limpieza” –ajustada tras el acceso que les dio Ealy Ortiz– para desarticular “los esfuerzos que se venían haciendo contra las estructuras criminales”, y descarrilar las investigaciones que se seguían en contra de los integrantes de ese cártel.

La información que aportó Garay, que es de primera mano, reconstruye cómo en dos ocasiones que estuvo a minutos de detener a “El Chapo” Guzmán, filtraciones de la PGR impidieron su captura y confirmó que Édgar Enrique Bayardo, un expolicía de Caminos a quien detuvo por servir los intereses de Zambada, fue convertido por Morales en testigo protegido y perdonado de todos sus delitos. El cártel del Pacífico no lo exoneró de nada y lo mandó asesinar a finales de aquél mismo 2008.

Otro caso paradigmático de cómo operaba la PGR en ese entonces, fue cuando se decomisó el mayor cargamento de cocaína en la historia en el puerto de Manzanillo, cuyo administrador era Ardelio Vargas, hijo de un cercano colaborador de Medina Mora del mismo nombre, propiedad del cártel del Pacífico, sin que hubiera detenidos, ni investigación contra los funcionarios en el puerto. Otro cargamento de droga importante en Altamira, en Tamaulipas, donde no intervino la PGR, produjo decenas de detenidos.

Medina Mora y Morales nunca habían sido señalados tan directamente por nadie como ahora por Garay. No habrá consecuencias para ellos en lo que resta del Gobierno, pero en la siguiente administración las cosas pueden cambiar. No sólo por lo que puede aportar Garay, sino por cómo lo que surja en Brooklyn, podrá ir construyendo un juicio en México para que los hoy señalados se defiendan y aporten su verdad. La “Operación Limpieza” revivirá pero bajo otros referentes.la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación (Implan) aprobó que el exalcalde Óscar Pimentel González asuma la titularidad de este organismo.
20 Noviembre 2018 04:05:00
López Obrador contra Peña Nieto
Entre el Andrés Manuel López Obrador que dialogó con periodistas y politólogos el 3 de mayo en plena campaña presidencial, y el que estuvo anoche en un nuevo encuentro en el programa Tercer Grado, las diferencias son notables. La corrupción, que sabía que existía ampliamente en aquél entonces, “es mucho más grande de lo que había imaginado”. Todo lo que se ha tenido que revisar tiene que ver con la corrupción, dijo. Pero hay tanta, que “no alcanzarían las cárceles ni los juzgados” para poder encerrar a todos los culpables, comenzando por los de arriba, en el Gobierno, y no sólo en el de Enrique Peña Nieto, sino “de tiempo atrás”. Pero López Obrador no ha cambiado en algo su convicción de que no perseguirá a nadie, porque cree que lo metería en una confrontación que sólo llevaría a la discordia. Esto lo distraería de su proyecto de transformación, aunque quizás no le será posible mantener su deseo.

López Obrador tomó de aquél programa de mayo la referencia que hizo René Delgado de la Ley del Punto Final, establecida en 1986 en el gobierno de Raúl Alfonsín en Argentina, que estableció la caducidad de la acción penal en contra de aquellos imputados por la desaparición forzada de decenas de miles de argentinos que sufrieron la represión de la dictadura militar, quienes habían sido colocados en el banquillo de los acusados como una externalidad de la transición a la democracia, tras el colapso del régimen militar con la derrota ante el Reino Unido en la guerra de las Malvinas. Alfonsín buscó lo que quiere ahora López Obrador y poder continuar su proyecto reformador, pero se encontró con la oposición de miles de víctimas y protestas sociales que la tildaban de una ley “para la impunidad”.

Casi 20 años después, por iniciativa de la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, un periodista e intelectual que fue miembro de los Montoneros y fue asesinado por la dictadura, que también mató a la hermana de la exlegisladora en un enfrentamiento con los militares, el Senado argentino anuló en 2003 la Ley del Punto Final y una subsecuente de Alfonsín, la Ley de Obediencia Debida, que era una ley de perdón, con lo que iniciaron 11 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad, impulsados por el presidente Néstor Kirchner. En Argentina, los agravios y los crímenes cometidos por la dictadura fueron la tuerca que torció la historia hacia la democracia, y por más esfuerzos de reconciliación que se trataron, el pueblo no permitió que quienes fueron responsables de aquellos crímenes gozaran de impunidad.


La tuerca que torció la historia en México y llevó a López Obrador a la Presidencia fue la corrupción y la inseguridad, los dos temas recurrentes en la insatisfacción del electorado, entre quienes votaron por el candidato de la izquierda, y quienes lo hicieron por otras opciones. Esos fenómenos fueron transversales, y pese a que como presidente electo se los recuerdan en todo el país o descubren que el pozo de la corrupción no tiene fondo, López Obrador insiste en que haya un antes y un después a partir del 1 de diciembre. “Vamos a iniciar una nueva etapa y dejar atrás la horrible historia de corrupción”, dijo en Tercer Grado. “Vamos a acabar con la pesadilla”. Su voluntad va a tener que modificarse.

En la entrevista narró los porqués de su cambio de regresar paulatinamente a los militares a los cuarteles, como establece el Proyecto Alternativo de Nación y someter la seguridad pública al ámbito civil, que es la gran rectificación que ha hecho como presidente electo. Señaló que el fracaso de la estrategia de seguridad tiene que ver con que fue diseñada para beneficiar a un pequeño grupo, al que ha salpicado –no lo dijo él, pero lo han comentado en su equipo de transición– a altos mandos del Gobierno. Han encontrado oscuros desvíos presupuestales en la Policía Federal durante la primera parte del Gobierno y la inexistencia de expedientes completos en materia de delincuencia organizada en la PGR, que alimentan sus presunciones de ilegalidades. Ese pasado va a atrapar irremediablemente a López Obrador, aunque trate de esquivarlo.

La entrevista de Tercer Grado estuvo acotada por el tiempo del formato de televisión, pero al terminar, le pregunté si toda la información que está saliendo de la Corte Federal de Brooklyn en el juicio en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán no obligarían a su PGR o a su fiscal, a iniciar una investigación en contra del presidente Peña Nieto, a quien los abogados de los narcotraficantes están acusando de haber recibido dinero del cártel del Pacífico, que hacen eco a lo que declaró en marzo Phil Jordan, exdirector de la DEA en El Paso, Texas, en una entrevista con la cadena Univisión, donde afirmó que “El Chapo” inyectó “mucho dinero” en la campaña presidencial del actual mandatario y pagaba miles más por protección, como lo hizo en el Gobierno del presidente Vicente Fox, a cuyo gobierno dio millones de pesos para que lo dejaran escapar.

López Obrador se quedó unos instantes pensando en la respuesta. “Tendría que haber presión interna”, dijo. Iniciar una investigación contra Peña Nieto no sería consecuencia natural de lo que se diga en Brooklyn, más allá de lo contundente que pueda ser la evidencia. Tiene razón. Si se quiere enjuiciar al Presidente actual, la sociedad mexicana debe exigirlo, como lo hizo la argentina para derogar la Ley del Punto Final. Pero si es así, López Obrador no tendrá alternativa. En ese caso específico, irá por él.
19 Noviembre 2018 04:05:00
El narco involucra a Peña
William Purpura va a ser un nombre para recordar. El abogado de Baltimore que nació en Ecuador, defendió a Zhenli Ye Gon, el empresario sino-mexicano que importaba de China los precursores químicos para las metanfetaminas, y hoy es uno de los tres defensores de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la Corte Federal de Brooklyn. En una declaración en la Corte adelantó que esta semana Luis “El Rey” Zambada, revelará que por órdenes de su hermano, el jefe del cártel del Pacífico, Ismael “El Mayo” Zambada, le pagó al menos 6 millones de dólares al presidente Enrique Peña Nieto, para brindarle seguridad en la Ciudad de México y otras ciudades donde vivía.

La revelación es brutal, salvo que tiene algunos huecos que hay que explicar. El encargado de entregarle el dinero a Peña Nieto fue “El Rey” Zambada, quien es uno de los testigos estelares de la Fiscalía, y que fue detenido a finales de 2008 en la Ciudad de México, cuando el presidente era Felipe Calderón; en ese entonces, Peña Nieto era gobernador del Estado de México.¿Continuaron los pagos en Los Pinos? Jeffrey Lichtman, el principal defensor de “El Chapo”, agregó que los pagos no se interrumpieron pese a que “El Mayo” Zambada y “El Chapo” Guzmán estuvieron separados durante la mayor parte del tiempo entre 1985 y 2008. El eje de la defensa es que “El Chapo” no era jefe de la organización, ni hizo las cosas de las que lo acusa la Fiscalía.

Siempre hay problemas con las declaraciones de criminales, que suelen escupir acusaciones como resultado de los acuerdos fuera de la Corte con las fiscalías, aprovechando que es el acusado quien debe probar su inocencia, no el acusador probar su dicho. Purpura adelantó que aportarán evidencias, sin precisar si como adelantó, el testigo de la Fiscalía detallará los pagos a Peña Nieto, o para demostrar que Guzmán no es el tipo de capo que pinta el Gobierno de Estados Unidos. En cualquier caso, el reguilete de imputaciones directas sobre el Presidente comenzará, sin que pueda aportar evidencias sólidas, más allá de desmentidos, que apoyen con una contundencia incontrovertida que dice una verdad químicamente pura.

El récord del gobierno de Peña Nieto con respecto al cártel del Pacífico, su subsidiara, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la lucha contra el narcotráfico en buena parte del país, no lo ayuda y deja abierta la puerta a suspicacias. Como botones de muestra, hay que reiterar el contexto:

1.- Durante los primeros ocho meses de Gobierno, se dejó de combatir totalmente a los cárteles de la droga. El argumento: esa era la forma como se reducía la violencia. Como se ve en las estadísticas, eso no sucedió. En cambio, se fortaleció el cártel del Pacífico, emergió como fuerza poderosa el Jalisco Nueva Generación, renació La Familia Michoacana como Los Caballeros Templarios, y revivieron Los Zetas, que prácticamente se habían quedado sin droga qué vender.

2.- El gobierno de Peña Nieto utilizó al Cártel Jalisco Nueva Generación, incrustados en los grupos de autodefensa en Michoacán, para aniquilar a Los Caballeros Templarios. Los capos del Pacífico recuperaron el control de las rutas de los precursores químicos que se las habían arrebatado los michoacanos, como también fueron expandiendo su control por la frontera norte.

3.- Pese a ser alertada que estaba próximo a ser liberado Rafael Caro Quintero, uno de los legendarios capos sinaloenses, sentenciado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, que dio origen a la “Operación Leyenda” –la mayor que haya realizado nunca la agencia antinarcóticos estadounidense–, la PGR no hizo nada para impedir que recuperara su libertad en agosto de 2013 cuando un juez desechó el delito de secuestro y asesinato, porque Camarena “no estaba acreditado como agente diplomático ni consular”. Caro Quintero salió de la cárcel en 30 minutos, cuando el trámite regular lleva al menos de ocho a 10 horas.

4.- En seis años, el Cártel Jalisco Nueva Generación se ha erigido, ante el ojo público, en la organización criminal más poderosa de México y una de las más fuertes del país, mientras que su líder, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, se ha convertido en una figura muy buscada por Estados Unidos y, aparentemente por México. En dos ocasiones altos funcionarios federales comentaron que estaban “a días” de capturarlo, y nunca se concretó. Cuando en una operación secreta en Jalisco en mayo de 2015 el Ejército estuvo a punto de detenerlo, llamadas telefónicas desde las oficinas de la Policía Federal en Guadalajara lo alertaron y sus escoltas mataron a ocho soldados y una agente de inteligencia federal.

5.- El Gobierno ubicó 122 “objetivos prioritarios”, y logró la captura o el abatimiento de 112. Entre ellos están líderes de Los Caballeros Templarios, del cártel de Juárez, del remanente cártel de Tijuana, de Los Zetas y de la facción de “El Chapo” Guzmán y de los Beltrán Leyva. De “El Mayo” Zambada y “El Mencho”, nada.

La dialéctica del conflicto del Gobierno con los sinaloenses ha sido distinta a la que han desarrollado contra el resto de los cárteles. El esperado testimonio de “El Rey” Zambada, como lo adelantó Purpura, es inverosímil por donde se vea. Sin embargo, hubo tanta discrecionalidad y sesgo en la lucha contra el narcotráfico en este sexenio, que se puede afirmar, en el mejor de los casos, que por omisión o comisión, el jefe de Estado es responsable político del desastre nacional que se vive por la inseguridad y la violencia galopante que pudre a México, y nos debe una amplia y clara explicación, política o ante tribunales.
10 Agosto 2018 04:00:00
Una Presidencia ausente
Las actividades del presidente Peña Nieto y de los integrantes de su Gobierno han desaparecido de la cobertura de los medios. Esto se empezó a notar de manera significativa en los meses de la campaña, pero se ha radicalizado a partir del 2 de julio, ya con la presencia del presidente electo López Obrador.

Hay quienes piensan, incluso dentro del PRI y el Gobierno, que entre Peña Nieto y López Obrador hay un acuerdo específico, en el marco de uno más grande, para ceder el espacio de los medios al Presidente electo a cambio de que el Gobierno de facto, en muchos espacios ya en funciones, no lo critique. La realidad es que no es así.

La oficina de Comunicación de Los Pinos sigue haciendo su tarea como siempre. No ha cedido terreno y todos los días trata de posicionar la agenda presidencial. Lo cierto es que no ocurre. Es evidente que la estrategia de comunicación de la Presidencia ha sido un fracaso a lo largo del sexenio. Sólo se salvan los meses del arranque del Gobierno.

El hecho es que a los medios, a los comentólogos y a la ciudadanía no le resulta interesante lo que el Presidente y los suyos hagan y tampoco lo que digan. Ya no tienen legitimidad. El Presidente y los suyos, salvo algún escándalo, ya no son noticia. Esta es la razón por la que el Gobierno no está presente en los medios.

Se puede argumentar, no sin razón, que esto siempre ha pasado durante las campañas y todavía más cuando ya se conoce al Presidente electo. Es cierto, pero nunca se había dado en la dimensión que ahora ocurre. Es algo nuevo que debe analizarse.

Las posibles explicaciones son cuatro: la estrategia de comunicación de Los Pinos sigue sin entender al México de hoy; el Presidente tiene menos de 20% de aceptación y esto nunca había pasado; la percepción es que el Presidente y los suyos son corruptos y frívolos; la ciudadanía está harta del Presidente y los suyos y ya quieren que se vayan.

A estas explicaciones, que no se pueden ignorar, se añade una quinta, tal vez sea la mayor, que, a su vez, se divide en tres: el margen de votos con los que López Obrador gana la Presidencia; la esperanza que él despierta en un sector amplio del electorado que piensa que en su gestión todos los problemas del país se van a resolver; su manera de comunicarse, dar nota y despertar interés en los medios.

La ausencia en los medios del Presidente y los suyos se va a radicalizar en los próximos meses. Y en esa medida va a crecer, como nunca antes, la presencia de López Obrador como Presidente electo. Ese estar muy presente tiene tres explicaciones: viaja por el país como si siguiera en campaña; todos los días da noticias relacionadas con su futuro gobierno; ejerce ya, a través de las consultas, tareas de Gobierno.
09 Agosto 2018 04:08:00
Elba Esther derrotó a Peña
En los días previos a la elección presidencial, afuera del edificio en Polanco donde cumplía Elba Esther Gordillo su prisión domiciliaria, maestros y políticos se formaban para verla. No era fácil entrar al edificio, y se requería una cita previa para que agentes de la Policía Federal que vigilaban la entrada del inmueble y la del departamento de la maestra, dieran el acceso.

Nadie que no fuera residente o que estuviera en la lista de la PF cruzaba la puerta del edificio para tomar el elevador de servicio –el principal estaba clausurado por los agentes– hasta la entrada trasera de su departamento. Las condiciones carcelarias habían cambiado sustancialmente en su casa, pero una jaula sigue siendo una jaula aunque sea de oro.

La maestra nunca perdió su agilidad mental, y al llegar a su prisión domiciliaria encontró en el ejercicio diario e intenso una forma de distrarse y cuidarse. Hace años ansiaba ser puesta en libertad y hace escaso un mes estaba segura que esa cita estaba por concretarse. Pero aquél viernes de julio pasó sin que recuperara su libertad. La pregunta seguía siendo la misma: ¿dejaría el presidente Enrique Peña Nieto de pelear en tribunales para que mediante argucias legales se siguiera manteniéndola en la cárcel? Las últimas 48 horas antes de su exoneración, la expectativa de su liberación estaba dentro de una olla de presión e incertidumbre.

Su caso nunca fue sólido y desde el principio la PGR se valió de mentiras para ir armando un expediente lleno de hoyos por todos lados, con un ejercicio de propaganda para anidar la idea de culpabilidad.

Elba Esther Gordillo era una presa política del presidente Enrique Peña Nieto. El 19 de enero de 2015, en este mismo espacio, se hizo esa argumentación. “Una revisión del expediente muestra un alto número de fallas, omisiones y errores tan grandes, que son grotescos”, se apuntó en aquella columna. “La maestra… debía estar en libertad. Pero su caso parece obedecer más a razones políticas que jurídicas. “Pronto se empezaron a ver las debilidades del caso. Por ejemplo, el pliego de consignación para ejercer la acción penal en contra de Gordillo, suscrito por el Ministerio Público el 20 de febrero de 2013, sustentado en los dictámenes de los peritos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), y de la PGR. Los dictámenes, sin embargo, fueron emitidos el 21 y 22 de febrero, respectivamente. Es decir, un día después del pliego de consignación…

“El principal delito imputado a Gordillo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, sobre la cual se montó el de delincuencia organizada, no (tenía) sustento legal. Los recursos que según SAT y la PGR movió Gordillo en diferentes operaciones financieras cuando presidía el Sindicato Nacional de Maestros, no tienen una procedencia ilícita. Provienen de los maestros, que a su vez, recibieron sus dineros del Gobierno federal. El sindicato, que en dado caso pudo acusarla de abuso, fraude o malversación de fondos, por ser en todo caso el afectado, no (presentó) ninguna denuncia contra la maestra.

“La ley establece que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sólo puede ser investigado una vez que la Secretaría de Hacienda, el área competente, haya presentado la querella. En el expediente no (existió) la querella. Tampoco se acreditó, como establece la ley, la representación legal de la Secretaría de Hacienda… La querella que señala el acuerdo del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, fue suscrita en representación de la Secretaría de Hacienda por Alonso Israel Lira Salas, quien se identificó como director adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, con un gafete provisional, donde no se aclaraba su cargo, firmado por Mauricio López Tapia, de quien tampoco se (precisaba) su cargo.

Lira Salas ingresó a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda el 1 de febrero de 2013. La Constancia 32, cuyo propósito era acreditar la representatividad legal de la Secretaría de Hacienda, está fechada el 14 de febrero de 2013.

“¿Cuál (era) el problema? Que la averiguación previa (tenía) fecha del 13 de febrero de 2013. Es decir, el Ministerio Público federal dio entrada a una denuncia suscrita por un alto funcionario que, en el momento en que presentó la querella, no tenía su personalidad y representatividad legal acreditada. A partir de esa querella, el Ministerio Público federal ordenó una serie de diligencias, peticiones oficiales al Gobierno de Estados Unidos para conocer los antecedentes penales de la maestra, y oficios a diferentes áreas del Gobierno federal para que aportaran información que respaldara el caso, en la mayor irregularidad e ilegalidad del caso”.

Aquella columna concluía que “si la libertad de Gordillo dependiera de la Ley, seguramente estaría libre”. Eran demasiadas las evidencias de las irregularidades que hizo el Gobierno federal para llevarla y mantenerla en la cárcel. Pero eso no importaba. Era un caso político, donde finalmente Peña Nieto admitió la derrota, como un acto pragmático, no magnánimo, para ser él quien facilitara su libertad y asumir los costos de este fracaso, al ordenar a la PGR que dejara de utilizar triquiñuelas en tribunales. La alternativa era que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con apego a la Ley, se desistiera de la acusación. Mejor corregir él uno de los grandes absurdos de su Administración, a que le corrigieran la acción a su Gobierno, desaseada de principio a fin. La maestra guardará silencio hasta el 20 de agosto. Pero por lo pronto, empacó, salió de México y empezó a recuperar su vida.
08 Agosto 2018 04:08:00
La Pax Narca de López Obrador
Los foros sobre paz y seguridad, a partir de los que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzará a construir su estrategia de seguridad, comenzaron en Ciudad Juárez con un catálogo de buenas intenciones que van a llevar, ante la ingenuidad demostrada, a la creación involuntaria de un narcoestado. Las líneas generales que buscan ser legitimadas a partir de esta serie de encuentros durante los dos próximos meses y una eventual consulta popular, están ancladas en el otorgamiento de una amnistía a quienes están metidos en el negocio del narcotráfico, como lo propuso López Obrador en diciembre pasado durante una visita al Istmo de Tehuantepec.

En esa gira dijo que “se van a explorar todas las posibilidades y no descarto que se someta a discusión que se consulte al pueblo sobre la posibilidad de una amnistía para lograr la paz. Ya no queremos la guerra, queremos la paz en el país”. La propuesta surgió, confiaron cercanos al presidente electo, como varias de sus grandes frases, a partir de lo que le gritaban los asistentes a sus mítines. Una señora en aquella región istmeña pidió que le dieran amnistía a narcotraficantes, de donde tomó la idea y la ventiló. Varios de sus asesores de comunicación e imagen le recomendaron que corrigiera rápidamente esa afirmación por las consecuencias que tendría, pero López Obrador, muy a su estilo, apretó el acelerador. Durante los siguientes meses fue ratificando la idea central, pero matizando el alcance que tendría la amnistía de marras.

Días después en Quechultenango, Guerrero, la prensa que lo acompañaba le preguntó sobre la amnistía. “Vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas y los familiares de las víctimas”, respondió. “No descartamos el perdón. No hay que olvidar, pero sí se debe personar si está de por medio la paz y la tranquilidad de todo el pueblo”. El utilitarismo de John Stuart Mill en toda su extensión, con el bien mayor por encima de todo. Cuando la prensa le pidió especificaciones y si la amnistía incluiría a los jefes de los cárteles de las drogas, abundó: “Vamos a plantearlo. Lo estoy analizando. Lo que sí les puedo decir es que no va a quedarse ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad”.

Sus afirmaciones provocaron repudio en la sociedad política. Tras el primer debate presidencial, Alfonso Durazo, a quien propondría más adelante como su secretario de Seguridad Pública Federal, trató de explicar lo que su jefe político quiso decir. “López Obrador ha propuesto un proceso de paz y de reconciliación nacional, no un pacto con el crimen organizado”, afirmó. “Sin proceso de pacificación y reconciliación no habrá punto de inflexión en los niveles de violencia que definen la tragedia del país”. La pregunta era y sigue siendo: ¿qué quiso decir Durazo?

Lo que posteriormente varios miembros del equipo de transición explicaron, es que no se trataría de amnistiar a todos, sino a algunos. Amnistía habría para niños y campesinos, no para criminales, sin explicar si esa subcategoría perdonaría a sicarios, que también hay menores y campesinos, o no. Este juego de palabras, obviamente, es sarcástico, pero sirve para subrayar las deficiencias conceptuales e informativas en las que se encuentran López Obrador y su equipo de seguridad. Durazo resaltó el desconocimiento generalizado en la inauguración del foro en Ciudad Juárez, donde anunció que van a desarrollar una estrategia de Estado, no sólo de gobierno, para dar resultados en el corto plazo. “Proponemos construir una receta mexicana para la pacificación de nuestro país (y) por difícil que parezca buscaremos y encontraremos el entendimiento de todos los mexicanos para construir la paz”.

La “receta mexicana” es vieja. Una estrategia de Estado la propuso el presidente Felipe Calderón en 2009, pero aquel plan integral sólo vio cumplimentada la parte de la lucha policial y militar contra los cárteles de las drogas, porque el resto del Estado –paradójicamente salvo el caso de Juárez, donde la participación de Gobierno, empresarios y sociedad civil frenó la violencia-, fue negligente en su trabajo. El presidente Enrique Peña Nieto también la planteó, pero a diferencia de Calderón, no hizo nada de importancia salvo capacitar y armar a grupos de autodefensa, incluidos miembros de los cárteles del Pacífico y Jalisco Nueva Generación, para exterminar a Los Caballeros Templarios.

La gran novedad en el planteamiento del nuevo Gobierno es la amnistía a los narcotraficantes, fórmula para la reconciliación. El único que la planteó, pero como expresidente, fue Vicente Fox en 2011. No hay ningún Estado en el mundo, que no sea considerado un narcoestado, que haya optado por una amnistía a narcotraficantes, que en sí es un pacto con el crimen organizado. El trueque es dejar de combatir a las organizaciones criminales, si estas dejan de sembrar muertos en el país. Es decir, si se ponen de acuerdo los cárteles y reparten territorios y acuerdan impuestos de paso de drogas, para que el negocio florezca en climas estables exentos de violencia. Eso, por supuesto, reduciría la tasa de homicidios dolosos, acabaría con la ley de la selva y la zozobra social. Se implantaría la Pax Narca de López Obrador.

El costo sería que como en el gobierno de Fox, los cárteles regresaran al control pleno de territorio mexicano y gobernarán por encima del Estado. No puede ser este el objetivo de López Obrador, quien debe tomarse muy en serio el fenómeno de la seguridad para que no se diga, como hoy, que su gobierno será de ocurrencias.
07 Agosto 2018 04:06:00
Un final sin final
El presidente Enrique Peña Nieto regresará de sus vacaciones para el último jalón del sexenio. Aunque aproximadamente un mes antes de la elección entregó la plaza y trabajó más por tener una elección y una transición en paz que por mantener el poder, el epílogo será amargo. Disfrutó el poder con frivolidades y excesos, que por ser personales no tendrán repercusiones en el séptimo y octavo año de gobierno, como se conocen los periodos más delicados para un expresidente, cuando existe el riesgo de que los usen como chivos expiatorios de las cosas que no salgan bien a la nueva administración. Peña Nieto quiere ir a Ixtapan de la Sal, su lugar de descanso preferido, para reiniciar su vida privada, aunque a decir de personas que tienen contacto con él, no está confiado de que su sucesor. Andrés Manuel López Obrador, pueda mantener su palabra de no tocarlo.

López Obrador ha dicho repetidamente que no piensa tomar acción en contra de Peña Nieto, pero la demanda de un ajuste de cuentas contra la corrupción, lejos de haber amainado se ha incrementado en las últimas semanas. Objetivamente hablando, si en efecto López Obrador quiere un profundo cambio de régimen, tendrá que acabar con el viejo régimen, que significa, como en el ancian regimefrancés, guillotinar al rey. Para mirar hacia el frente, debe tener limpio el retrovisor. Si este se encuentra sucio, no sabrá qué pueda acabar con sus intenciones, como sucedió con Vicente Fox cuando al ganar con el mandato del cambio, no hizo nada para cambiar el sistema vigente.

Cercanos a López Obrador comentan que la corrupción sí será atacada, y que hay varios funcionarios peñistas a quien están revisando sus haberes. En lo alto de su lista se encuentra la secretaria de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, con quien López Obrador tiene viejos diferendos desde que ella presidía el PRD. Robles dice en público y en privado que no hay nada por lo cual puedan perseguirla, lo que en el peor de los casos técnicamente sería factible porque ella no firmó nada que pudiera probarse ilegal. Pero los mexicanos conocemos bien nuestra justicia, donde lo importante no es lo que existe o es, sino lo que parece. En el hipotético caso de que Robles fuera la primera en la lista del Gabinete sobre la que el nuevo Gobierno pudiera actuar y ganar tiempo para la transformación prometida, una persecución política, ¿daría suficiente circo a la masa que babea sangre?

Las expectativas de quienes votaron por López Obrador difícilmente amainarán con alguien del gabinete. La exigencia presionará ir hacia arriba. ¿Qué tanto puede demorar que la escala en el ajuste de cuentas suba? Un indicador es lo que tarde en tener problemas el proyecto de López Obrador. Si las cosas salen como las ofreció originalmente, Peña Nieto podrá dormir tranquilo allá por la mitad del próximo sexenio. Mientras tanto, tiene que prepararse jurídicamente para lo que pudiera venirle encima. En forma específica, que es lo más claro y concreto por lo que pueden perseguirlo, ejecuciones extrajudiciales. Dos casos paradigmáticos ha tenido el gobierno de Peña Nieto, Nochixtlán y Tanhuato, referidos a detalle en este espacio en su momento.

En Nochixtlán, se apuntó en octubre pasado, el uso excesivo y letal de la fuerza, y violaciones a los derechos humanos provocaron la muerte de siete personas y dejaron más de 500 lesionados que protestaban contra la reforma educativa, como consecuencia del “pésimo” diseño, planeación y ejecución del operativo armado y ordenado por el entonces jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, que derivó en un choque en tres comunidades, como señaló una recomendación de la CNDH. Fue un ejemplo, apuntó, “de lo que no deben ser las acciones policiales”. Nochixtlán fue una metáfora de la incapacidad de este Gobierno en materia de seguridad, pero también de la soberbia. Galindo fue removido ante las crecientes críticas a su trabajo, pero el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo rehabilitó como operador político al arrancar el proceso electoral pasado. Galindo llegó a tener incluso expectativas de ser senador, y Osorio Chong, quien lo protegió, hoy será coordinador del PRI en el Senado.

Sobre otro caso flagrante, enTanhuato, se publicaron detalles en este espacio en agosto de 2015 sobre lo que pasó el 22 de mayo de ese año en el rancho El Sol, cuando policías federales se enfrentaron con supuestos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue una matanza, concluyó la CNDH, y hubo ejecuciones extrajudiciales y se alteró la escena del crimen. Durante más de un año la Policía Federal sostuvo que no violó derechos humanos y que actuó conforme al protocolo de uso de la fuerza. Mentira.

Los policías federales violaron el código de conducta y los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. El índice de letalidad de la Policía Federal establece como estándar un policía muerto por 1.4 agresores; en Tanhuato fue un policía muerto por 42 agresores abatidos. El excesivo uso de la fuerza debe ser una excepción, y cuando no se aplican los protocolos, se considerada ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria, según los principios y estándares del Derecho Internacional, de donde se puede desprender una responsabilidad directa hacia el Estado.

Peña Nieto tiene sobre sus hombros Nochixtlán y Tanhuato, que si no resuelve antes de terminar su Presidencia, podrán ser su pesadilla y, eventualmente, un proceso penal que, por el tipo de delito, nunca prescribe.
06 Agosto 2018 04:07:00
Humillación a Peña
¿Qué podría ser lo peor que le podría pasar a Enrique Peña Nieto antes de que entregue el poder a Andrés Manuel López Obrador? Difícilmente podría pensarse algo peor que la humillación pública. Eso sería un golpe al honor del Presidente que ya se va y una demostración del poco valor que le queda a su investidura presidencial. Y sucedió la semana pasada. López Obrador –quizás sin que fuera su intención– hizo escarnio político de Peña Nieto cuando dijo que le pediría que enviara una iniciativa preferente al Congreso para tener lista la nueva Secretaría de Seguridad Pública Federal al tomar posesión el 1 de diciembre y arrancar el nuevo Gobierno con una nueva arquitectura institucional.

Falta ver cuál será la reacción de Peña Nieto ante esta petición, que si bien tiene una lógica funcional, sería una burla al Presidente cuya incompetencia en esta materia, precisamente, lo llevó al abismo. Tras seis años echados a la basura en materia de seguridad, este país regresará al que había no hace seis años, sino hace 12, cuando comenzó la guerra contra los cárteles de la droga. Peña Nieto recibió el gobierno de Felipe Calderón con una estrategia de fuerza y violencia contra criminales, que 18 meses antes del relevo del poder llegó a su máximo de homicidios dolosos y había comenzado a caer de manera sistemática. Esa inercia le duró escasos dos años, antes de repuntar una vez más la violencia.

El fracaso de Peña Nieto que trata de enmendar López Obrador, y revertir en seis años el daño que le causó al país la estrategia del Gobierno actual, comenzó desde la transición en 2012, cuando el entonces presidente electo aprobó el plan de quien sería su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública Federal y fusionarla en la Secretaría de Gobernación. Dentro del equipo de Peña Nieto hubo oposición a esa medida, pero siguió adelante con el plan de Osorio Chong, quien luego de conocer los recursos de inteligencia que disponía esa dependencia, los pensó para él y sus ambiciones, de acuerdo con personas que platicaron con él en aquel tiempo.

La fusión revelada en este espacio en octubre de 2012, sería el principio de la debacle. Paradójicamente, la suerte de Peña Nieto fue echada antes de iniciar su mandato presidencial. En diciembre de ese mismo año, también se reveló en este espacio, comenzó el desmantelamiento de Plataforma México, el complejo sistema de información e inteligencia criminal construido con recursos de la Iniciativa Mérida, que el Gobierno de Barack Obama quería que se replicara en Centroamérica como parte de una estrategia regional que hoy, todavía, forma parte del enfoque integral para resolver el problema de la violencia regional.

A eso le siguió el cese de los especialistas mexicanos en el manejo de drones, porque se argumentó que sus salarios eran muy elevados.

Era cierto, pero al despedirlos, México se quedó sin expertos en esos equipos y se tuvo que pedir ayuda a la CIA y al Departamento de Alguaciles para poder ubicar a Joaquín “El Chapo” Guzmán en la sierra de Durango. Guzmán pudo escaparse del Altiplano porque también el Gobierno peñista dejó de pagar mantenimiento del sistema de sensores subterráneos, relajó la seguridad en los ingresos a la cárcel, le quitó el audio a los monitores de la Policía Federal que vigilaban el interior del penal, cesó su vigilancia perimetral alrededor del penal, acabó con los protocolos que se habían establecido y con la capacitación de custodios, cuya preparación especializada se canceló.

Por las mismas razones se despidió a los jefes de la Policía Cibernética, y se puede argumentar que la debilidad táctica en esa área fue una de las causas de los ataques a instituciones financieras que arrojaron pérdidas por unos 400 millones de dólares este año.

La desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal fue un error que terminó hundiendo a Peña Nieto, a Osorio Chong y a todo el Gobierno. No hay debacle más grande en su Administración que la estrategia de seguridad, cuya ineficiencia en el combate –el número de homicidios dolosos es 19% más que en el gobierno de Calderón, alcanzando los máximos históricos desde 1997, cuando empezaron a contabilizarse– se convirtió en uno de los dos grandes factures de su derrota en las elecciones presidenciales. El otro factor fue la corrupción, percibida por el electorado como un fenómeno extendido y permitido en su Gobierno.

La corrupción se magnificó, como una hipótesis de trabajo, frente a la incompetencia en proveer seguridad. La eficiencia de un político o un gobierno le permite flotar en los peores pantanos. Si es ineficiente en algo tan vital como la seguridad, se ahoga en un estanque, como le sucedió.

El legado de Peña Nieto estará para siempre vinculado a esos dos factores, que son los primeros que López Obrador se ha dispuesto a enfrentar y cambiar. La petición de López Obrador a Peña Nieto es un atajo para combatir la inseguridad desde el principio, con una nueva secretaría dedicada a reducirla y eliminarla, lo más complejo y difícil que tendrá durante su Administración, y lo que más tiempo le llevará para que empiece a dar resultados.

Peña Nieto está en una encrucijada ante tal petición, la única concreta de largo alcance que le ha solicitado. Está atrapado entre lo que necesita su sucesor y este país, y lo que significa para su propio legado y reputación. Pero es responsable de este desastre en seguridad, y las tormentas que causó lo perseguirán.
27 Julio 2018 04:07:00
¿Qué rayos pasó en Puebla?
Las encuestas de salida de las elecciones para gobernador a Puebla el 1 de julio daban ventaja al candidato de Morena, Miguel Barbosa, sobre la candidata del PAN, Martha Érika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle. Alrededor de cuatro puntos daban la victoria a Barbosa, según las encuestas de salida, que se fueron evaporando al avanzar el programa de resultados electorales, hasta que esos datos le dieron la victoria a su adversaria. “Fue muy extraño”, admite un experto en opinión pública, “porque nunca se había registrado que un candidato opositor que encabezara las encuestas de salida terminara perdiendo”. 

De hecho, es tan raro lo que ahí sucedió, que el cuadernillo de operaciones, mediante el cual las autoridades electorales realizarían el conteo rápido, que siempre coincide con el PREP, diera un ganador diferente al que salió. Barbosa ha impugnado el resultado electoral, aunque Morena y el candidato triunfador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, sin haberlo abandonado, tampoco han insistido tanto en que hubiera una irregularidad electoral. 

Los incidentes violentos tras la jornada electoral no han permitido reflexionar fríamente lo que sucedió. Pero un profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y doctor en Matemáticas, Arturo Ederly, hizo un ejercicio que resultó muy ilustrativo sobre las anomalías e inconsistencias que se registraron aquel domingo en Puebla. Ederly analizó estadísticamente tres conjuntos de datos con la información del conteo rápido realizado por el Instituto Nacional Electoral, el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral poblano y los cómputos distritales que realizó el mismo órgano electoral estatal.

El análisis que elaboró fue publicado el 23 de mayo en la red, donde explicó que una vez que cerró cada casilla la votación, los funcionarios de la casilla contaron los votos y escribieron los resutados en el llamado cuadernillo de operaciones, cuya información fue enviada al INE para la estimación del conteo rápido. Posteriormente, agregó, transcribieron los datos en el acta de escrutinio y cómputo, que alimentaron al PREP y los cómputos distritales del órgano electoral estatal.   

“En condiciones ideales, la información de las casillas de la muestra para el Conteo Rápido del INE debiera ser exactamente igual a la de esas mismas casillas, tanto en el PREP como en los Cómputos Distritales del IEEP”, agregó Ederly. “En condiciones más realistas, de haber errores en la transcripción, transmisión y captura de la información, sería de esperarse, al menos, que dichos errores sean aleatorios y por tanto que no puedan influir significativamente en el resultado final de los cómputos distritales. ¿Qué ocurrió en la elección de gobernador de Puebla en 2018?”.

El análisis reveló anomalías relevantes que, cuando menos, arrojan sospecha sobre el proceso electoral y la victoria de Alonso. Ederly encontró un desbalance “preocupante” en la muestra para el conteo rápido en dos de los 26 distritos electorales, el 1 y el 26, donde no hubo balance entre casillas urbanas y no urbanas, y el número de casillas por estrato tampoco fue proporcional. Esto, a decir de Ederly, produjo una muestra aleatoria que no fue representativa, cuyo desbalance tampoco fue mencionado en el informe del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, “lo que pone en tela de juicio la confiabilidad de las estimaciones”. 

Ederly revisó la información de 372 casillas –el mínimo estadístico necesario para el ejercicio– que le proporcionó el INE al Comité, que debía coincidir con la información de esas mismas casillas en los cómputos distritales. Sin embargo, en su análisis encontró siete casillas cuya información recibió el INE para el conteo rápido, que en los cómputos distritales aparece en cero votos para todos los candidatos o con la etiqueta de “información no disponible”, que lo llevó a comparar los resultados en las 365 restantes. 

“La información muestra incrementos porcentuales inexplicables en el IEEP para todos los candidatos excepto para el segundo lugar (Barbosa), cuando idealmente en todos los casos esa diferencia porcentual debiera ser cero, o en su defecto muy cercana a cero”, subrayó. “Si en un momento dado le creemos más al INE que al IEEP, y hacemos el ajuste porcentual correspondiente para el total de votos obtenidos en los cómputos distritales del IEEP, se obtiene que un total de 41,147votos estarían incorrectamente acreditados a los distintos candidatos. 

“Si bien en la votación total la candidata Alonso supera a Barbosa, Alonso pierde por poco en la votación urbana, pero gana por una cantidad mucho mayor en la votación no urbana. Sin embargo, al realizar nuevamente los cálculos de voto promedio por casilla, tanto en la muestra recibida por el INE como en la parte que no recibió… persiste un efecto de diferencia positiva (inexplicable) a favor de la candidata Alonso en ambos casos.

“Tal pareciera que del cuadernillo de operaciones al acta de escrutinio y cómputo algo pasó, especialmente cuando la información del cuadernillo de una casilla en la muestra del INE por alguna razón no llegó al INE. Y se trata de algo que, de ser sistemático en todas las casillas, sí sería de suficiente tamaño como para que cambie el ganador de la elección”. Ederly comparó la información de dos órganos electorales diferentes, el federal y el estatal, donde los poblanos mostraron discrepancias “indebidamente favorecedoras” a Alonso. El matemático propuso que para despejar dudas sobre la elección, lo pertinente sería un recuento total de votos o, en su defecto, una muestra estadísticamente representativa de casillas. Como están las cosas en Puebla, la propuesta de Ederly es una buena idea.

Nota: Esta columna dejará de publicarse la próxima semana.
26 Julio 2018 04:08:00
Frente a Andrés, sin favores ni temores
La nueva realidad política mexicana está dibujando los años que se vienen con la Cuarta Transformación de la República prometida por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, donde el viejo régimen que quiere demoler convive con el nuevo régimen que desea construir. Parafraseando a Alexis de Tocqueville en La Democracia en América, habrá una sociedad que quiera nacer y una que se niegue a morir. La paradoja mexicana es que no es la sociedad la que lleva la iniciativa, sino López Obrador, un luchador social de toda su vida que no ha cambiado nada, salvo, lo que no es nada menor, su estatus: de jefe de la izquierda social, a próximo presidente de México. El campo de esta primera batalla lo estamos viendo, el de las percepciones.

Este martes, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, no aguantó la presión pública alimentada por López Obrador. Frente a la acusación de que la multa contra Morena por opacidad e irregularidades en el fideicomiso que creó para ayudar a los damnificados de los sismos del año pasado era una “vil venganza”, hizo un control de daños. En un mensaje a la opinión pública dijo lo que ya había dicho el INE la semana pasada, de que la multa no implicaba un financiamiento ilegal de campañas electorales, ni afectaba el resultado electoral. Pero el hecho en sí mismo fue un acuse de debilidad. 

La multa a Morena no fue animada por ánimo de venganza, pues el INE no tiene filias ni fobias, dijo Córdova, quien planteó un diálogo con López Obrador y abrir canales de comunicación fluida. El INE no rectificó la esencia de la multa, pero el fraseo utilizado por Córdova mostró lo lastimado que quedaron ante la forma como los leales a López Obrador los apabullaron. Morena violó la ley al omitir el criterio para que los partidos pudieran ayudar a los damnificados, que era que la cantidad deseada fuera devuelta a la Tesorería de la Federación, con la petición de que se destinara a la ayuda de los damnificados. Todos los partidos lo hicieron salvo Morena, pero la multa podría ser rechazada por el Tribunal Electoral al no haber sido una investigación exhaustiva ni determinar si se trató de un financiamiento ilegal a las campañas, abriendo la puerta para que falle, como dice Morena, que se trató de un fideicomiso privado.

Los detalles jurídicos aquí sintetizados, salvo en su conclusión, son irrelevantes en el campo de batalla de las percepciones. Usualmente, quien usa mejores sofismas gana la discusión de la arena pública, sobre todo en una como la mexicana, donde la inteligencia emocional es mayoritaria a la inteligencia racional. En la realidad del México actual se debe incorporar el elemento más disruptivo en la discusión pública, el creciente descrédito de las instituciones versus la creciente aprobación y legitimidad de quien las ha criticado y se ha mantenido aparentemente al margen de ellas. Desde 2006, recuerda Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, las instituciones han venido a la baja y López Obrador al alza. Tras ganar la elección presidencial, su credibilidad y apoyo crecieron 10% con respecto a su voto.

Una encuesta de Consulta Mitofsky en febrero sobre la confianza en las instituciones mostró una tendencia a la baja de la mayoría. Sólo tres subieron (universidades, Iglesia y Fuerzas Armadas), cinco se mantuvieron en la media (CNDH, estaciones de radio, medios de comunicación, empresarios e INE) y nueve mostraron tendencia a la baja: bancos (5.9 de una calificación máxima de 10), cadenas de televisión (5.7), Suprema Corte de Justicia (5.6), senadores (5), Presidencia (4.9), policía (4.8), diputados (4.8), sindicatos (4.6) y partidos políticos (4.4). Un informe de la CEPAL sobre perspectivas económicas para 2018 y confianza en las instituciones reflejó la caída de la credibilidad en el gobierno de 43% en 2006, a 28% en 2016. 

Al compararse con la creciente credibilidad de López Obrador, que de 2006 a 2018 pasó de menos 27% de imagen negativa, a más 25% de imagen positiva, se entiende la vulnerabilidad en la que se encuentran las instituciones y la forma como están reaccionando. La actitud pública de Córdova es un botón de muestra del comportamiento que están teniendo los actores públicos. El videoclip donde varios miembros del Consejo Mexicano de Negocios buscaron congraciarse con López Obrador a días de la elección presidencial, y la sumisión de varios medios y comentaristas ante el candidato triunfador habla de cómo han preferido doblarse antes que incomodarlo. 

Hoy en día, nadie va a vencerlo con ideas y argumentos, pero la claudicación no contribuye a enriquecer el debate. El silencio cómplice o el miedo ayuda a la instauración del autoritarismo, que facilita un poder absoluto como el que tendrá López Obrador. Hay que discutir posiciones y confrontar ideas en la arena pública, que luchen contra percepciones construidas sobre las realidades alternas, sofismas o medias verdades, que se anidan en las redes y los medios convencionales, para contribuir también a un mejor gobierno. Dar la batalla en este campo es una obligación de todos, para que la nueva realidad mexicana no sea deforme ni disfuncional. 

Vale la pena recordar el credo de Adolph S. Ochs, escrito en 1896 poco después de adquirir The New York Times: “El objetivo es dar las noticias… imparcialmente, sin favores ni temores, sin importar partidos, sectas o intereses, para hacer de sus columnas un foro de consideración de todo aquello de importancia pública”. No es una mala idea para la era de la Cuarta Transformación de la República.
25 Julio 2018 04:07:00
El Huevo de la Serpiente circa 2018
Desde hace casi 20 años, todas las críticas o discrepancias con las ideas y las políticas de Andrés Manuel López Obrador han sido respondidas con insultos, amenazas, linchamientos virtuales y, en ocasiones hasta ahora mínimas, con agresiones físicas. En aquel entonces se hacía por medio de correos electrónicos o llamadas telefónicas. Hoy la agresión, el hostigamiento y la intolerancia se dan de manera más rápida y sin intermediario alguno en las redes sociales. En aquel entonces se realizaban los atropellos contra políticos y periodistas, un fenómeno que, quizás por la transversalidad de la información actual, se ha extendido hacia toda la sociedad, en todos los estratos y demografías, que muchas veces convierten la arena pública virtual en un patíbulo. 

La temporada de caza contra quienes piensan distinto a López Obrador abrió hace mucho y se ha intensificado. Tras la multa del Instituto Nacional Electoral a Morena por haber realizado operaciones financieras irregulares en un fideicomiso pensado para ayudar a los damnificados de los sismos de septiembre pasado en ocho entidades del país el jueves pasado, la frecuencia de insultos y amenazas que recibieron a través de las redes durante menos de 72 horas, fue mayor a la que se tuvieron, en total, durante los 11 meses que duró el proceso electoral. Quien organizó la elección donde arrasó López Obrador perdió su áurea de árbitro imparcial para convertirse en un instrumento de los poderosos para lastimar al próximo presidente de México. A partir de un tuit de López Obrador donde acusó al órgano electoral de una “vil venganza”, la hoguera se extendió.

Arturo Sarukhán, un educado y fino diplomático mexicano que fue embajador de México ante el gobierno de Barack Obama, actualmente consultor en Washington, escribió en su cuenta de Twitter poco después de que López Obrador dio a conocer el contenido de la carta que envió al presidente Donald Trump: “El último párrafo de carta (de) AMLO a Trump no va a caer muy bien en el Partido Demócrata; se nos sigue olvidando en MX el peso/papel que juegan en Congreso en temas comerciales (eventual aprobación TLCAN), migratorios (defensa Dreamers, rechazo muro) y en ciudades/estados clave para MX”. Un anónimo, “Alexander chvpacieco”, le respondió: “(SARUKHAN)) Duermes y sueña con el globalismo. Traidor a su país, Israel, asco de persona!”. El exembajador comentó: “Nomás las chuladas con tufo antisemita con las que uno se topa... a bloquear en automático”. 

Isaac Katz, un respetado economista del ITAM, reprobó en su habitual columna de los lunes en El Economista  la propuesta de López Obrador para descentralizar las secretarías de Estado, por lo que le cayó una lluvia de insultos. “En los 23 años que llevo escribiendo en @eleconomista critiqué muchas de las decisiones de política económica de Zedillo, Fox, Calderón y Peña y nunca recibí por ello algún insulto”, apuntó en Twitter. “Por las críticas que he vertido sobre algunas de las propuestas de AMLO, eso ya cambió. De miedo”. Para confirmar su pesimismo, “Soy una Pinche Pistola”, otro francotirador agazapado en el anonimato, espetó: “A este pendejo mentiroso no le gusta la discordancia por que cuando lo dejas en evidencia como el pendejo que es en sus análisis del precio de la gasolina en Estados Unidos en relación al de México responde con descalificaciones así que pseudointelectual: aguante la verga”.

Alicia Alarcón, tuitera de años, recibió varios mensajes que resumió en un mensaje: “‘Ya ganamos’. ‘Cállate y guarda tu ardor’. ‘Dilo sin llorar’. ‘Cuando AMLO gobierne, acabarás en el paredón’. Eso y otras finuras me han dicho. Y no. No es ardor. Les di el beneficio de la duda casi tres semanas. Pero son el PRI reloaded. Con todo y paredón”. El beneficio de la duda fue breve, el de la transición tersa que se rompió mediante el tuit de López Obrador, sobre la multa del INE. Su palabra fue un llamado a las armas virtuales. El próximo presidente de México elevó su crítica y se refirió por nombre al periódico Reforma y a los consejeros electorales Ciro Murayama y Marco Baños. Los señaló, como en otros tiempos se señalaba a quienes no pertenecían a su raza y los estigmatizaba. Una vez más, los buenos y los malos, los fieles y los infieles.

Estos son días que recuerdan la película de Ingmar Bergman, El Huevo de la Serpiente, que narra la degradación de la sociedad alemana por la crisis económica y la emergencia de líderes carismáticos. “Todos tienen miedo y yo también”, dice en un inspector de policía que investiga un suicidio en la película. “El miedo no me deja dormir, nada funciona bien, excepto el miedo”. En ese entorno se empiezan a incrementar los ataques de las turbas nazis contra los judíos, sin que nadie trate de impedirlos. La película está llena de tomas oscuras donde aflora el temor generalizado y la indiferencia, que siembra la semilla del Holocausto que vendría. 

Hoy, aquí, lo estamos viviendo. Las condiciones socioeconómicas no son como la Alemania de Weimar, pero la gente dice sentirse como si lo fueran. Las turbas virtuales están cazando voces críticas, sin que nadie trate de impedirlos. Los señalamientos claros de López Obrador parecen incipientes triángulos amarillos cosidos en la ropa para estigmatizar. ¿Cuánto falta para que de la palabra se salte a lo físico? La intolerancia a quien disienta es inexistente. No hay diálogo, no hay contraste. El pensamiento único es lo único. López Obrador, detonador de los radicalismos intransigentes, tiene una responsabilidad para sosegar su tigre virtual. No puede evadirla ni decir que no puede controlarlo.
24 Julio 2018 04:06:00
El fraude de Morena (y II)
El Pemexgate fue un esquema de financiamiento alterno del sindicato de Pemex, con dinero público, que ayudó a financiar la campaña presidencial del candidato del PRI, Francisco Labastida, en 2000. Amigos de Fox fue una asociación civil creada en 1999 para triangular recursos privados que apoyaran, de manera ilegal, la campaña presidencial de Vicente Fox. El Caso Monex se refiere a cómo a través de dos empresas se armó un andamiaje financiero para canalizar recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, a través de tarjetas bancarias del banco Monex.

Los tres forman parte de cómo, en busca del poder, los políticos rompen con la ley en busca de un objetivo ulterior. Durante años, Andrés Manuel López Obrador denunció este uso ilegal de recursos, y llegó a pedir la anulación de la elección de 2012. Hoy, paradojas de la vida pública, se encuentra atrapado en el mismo dilema: ¿la fundación que creó Morena para ayudar a los damnificados de los sismos de 2017 en el centro y sur del país, fue una red de financiamiento ilegal para su campaña presidencial?

Hasta este momento, de acuerdo con la investigación del INE sobre la fundación Por los Demás, no se puede documentar que el fraude a la ley que cometieron militantes y simpatizantes de Morena al utilizar de manera ilegal recursos públicos para fines privados hubiera terminado en las campañas de López Obrador o de los candidatos a puestos de elección popular. “Por lo que hace a los egresos”, señala el proyecto de la resolución que sustentó la multa por 197 millones de pesos por haber utilizado irregularmente recursos públicos, “el destino final de los mismos no pudo ser rastreado, pues al convertirse en dinero en efectivo por personas vinculadas a Morena, quienes tuvieron su control, hacen inviable para esta autoridad conocer fehacientemente en qué fueron utilizados”.

Sin embargo, dejó abierta esa puerta. “La utilización de un mecanismo de financiamiento alterno a partir de la constitución de un fideicomiso se tuvo por acreditado a partir de un análisis que trasciende los límites formales del contrato del fideicomiso”, dice el proyecto de la resolución. “La materialización y operación del fideicomiso no pudo haberse dado sin la instrucción realizada por el entonces dirigente del partido (el 20 de septiembre), la orden de su Consejo Nacional (en sesión extraordinaria tres días después), y su puesta en práctica por los diversos sujetos vinculados al partido político (el 25 de septiembre se constituyó en Banca Afirma el instrumento del fideicomiso Por los Demás)”.

Originalmente, Morena detalló en un boletín del 3 de octubre que se iba a hacer una dispersión de “apoyos” de 2 mil 400 pesos a cada una de las 45 mil personas damnificadas en 325 municipios y delegaciones en ocho entidades, que sumarían 103 millones de pesos, la mitad de las prerrogativas para la campaña presidencial de 2018. La operación del fideicomiso ha sido difundida profusamente por el INE y los medios de comunicación, donde sobresalen las contradicciones al contrato del fideicomiso por tolerar depósitos de recursos en efectivo.

Durante 7 días, entre el 26 y el 29 de diciembre y el 23, 27 y 28 de marzo pasados, se realizaron depósitos por 19 millones 736 mil 222 pesos en efectivo, que representa el 44.44% del total de recursos que ingresaron al fideicomiso en 16 sucursales de Banco Afirme. Del 26 al 29 de diciembre se realizaron otros depósitos en efectivo por 14 millones 733 mil 822 pesos, que representan el 33.71% del total de los recursos. El modus operandi de los depósitos fue haberlos realizado con diferencia de segundos en diversas sucursales, por un total aproximado de 20 minutos. Esta acción sistemática consistía en que nueve personas entregaban a dos cajeros 28 depósitos en total, en las sucursales analizadas, por 50 mil pesos cada uno. Los egresos fueron a través de 171 cheques, de 120 mil pesos a un millón 53 mil 120, cobrados por un número similar de personas que no estaban en el padrón de damnificados, que eran funcionarios, diputados federales y locales, o candidatos a puestos de elección popular de Morena.

Esto fue, en palabras del INE, “un sistema orquestado de organización y de maquinación necesariamente dirigido”, dentro de “un entramado de simulación y fraude a la ley”, donde no hay certeza del origen de las aportaciones de los militantes. Este tema, sin embargo, tiene músculo para crecer. Si el caso camina del órgano electoral a la autoridad judicial, se podría configurar los presuntos delitos de lavado de dinero, por hacer uso de recursos de procedencia desconocida, y por delincuencia organizada, al estar dos o más personas actuando en coordinación para cometer un ilícito.

El INE no llegó a ese nivel de imputación –no es su función-, pero admitió la imposibilidad de rastreo de esos recursos sobre el destino o fin que tuvieron. En todo caso, apuntó que la sistematicidad y encadenamiento de conductas, los llevaron a advertir que “se estaba frente a un esquema operado por y en beneficio” de Morena, que nunca perdió el control en la instrumentación y manejo del fideicomiso. La opacidad castigada por el INE arroja incertidumbre sobre el uso de esos recursos, pero quizás de manera más delicada, sobre el origen de los mismos. Se abre de esta manera la posibilidad de que se denuncie a Morena en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con lo que la vena penal quedaría encaminada a perseguir al nuevo gobierno de López Obrador.
23 Julio 2018 04:07:00
El fraude de Morena (I)
El escándalo por el fideicomiso creado por Morena para ayudar a los damnificados por los sismos en el centro y sur del país el año pasado, jamás hubiera alcanzado sus niveles actuales de haberse quedado callado Andrés Manuel López Obrador, quien sigue escalando su beligerancia. ¿Por qué no dejó que los representantes de Morena litigaran en tribunales contra la multa de 197 millones de pesos que le fijó el Instituto Nacional Electoral por el uso ilegal de recursos para fines privados? Su voz potenció un tema que por semanas le importó poco a la sociedad y lo colocó en un aparador.

La reacción de López Obrador es consecuente con su eterna postura moral y principista. Por ello, su defensa no ataca el fondo de la resolución, sino la percepción que de este emana: que no es un político honesto, que miente, y que lastimó a aquellos sectores a quienes ofreció proteger. Esto no podía dejarlo pasar. De ahí la renovada acusación que se trata de un “complot”. En el horizonte apareció la pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre ese fideicomiso, el Pemexgate, Amigos de Fox y Monex?

Lo primero que habría que ver es lo que la resolución del INE no dice, y lo que representa para el resultado de la elección presidencial. Primero, el INE nunca afirma que el dinero del fideicomiso para los damnificados fue utilizado para las campañas electorales, que es en donde se ha centrado la respuesta de los principales líderes y figuras de Morena.

Es decir, el alegato es una cortina de humo que busca llevar la discusión pública a un terreno inexistente, pero fértil para el debate. Presentar en medios de comunicación a damnificados del sismo que recibieron dinero del fideicomiso, les permite construir la realidad alterna de que el INE miente, que lo ataca junto con el gobierno, y que se evapore la imputación de deshonestidad.

Lo segundo es que la multa no modifica el resultado electoral porque no hay afectación de equidad, ni rebase a los topes de campaña, ni existe una diferencia menor al 5% entre el primero y el segundo lugar. O sea, López Obrador va a ser presidente de México a partir del 1 de diciembre. Lo que sí establece el proyecto de resolución de 154 páginas, es que López Obrador mintió y reconoció haber violado la ley electoral:

1.- El 20 de septiembre de 2017, López Obrador, entonces dirigente de Morena, anunció que donaría el 50% de la prerrogativa federal (dinero de contribuyentes) que recibiera Morena para sus gastos de campaña en 2018. El 22 de abril de este año, durante el primer debate presidencial, aseguró que Morena había ido destinando el financiamiento público a un fin distinto de su objeto. En ese momento, dijo que 72 millones de pesos de los contribuyentes se había dedicado unilateralmente a promover la ayuda a damnificados.

Esto contraviene el artículo 41 constitucional, que garantiza el derecho a los partidos de recibir financiamiento público destinado “al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales”, así como el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos que prevé que es obligación de ellos “aplicar el financiamiento de que dispongan para los fines que les hayan sido entregados”.

El reconocimiento del destino de los recursos públicos para fines distintos a lo que le establecía la ley, lo hizo explícitamente admitir que estaba violando la ley y declarase culpable de ello, con un lenguaje político que arropaba una acción noble de su parte.

2.- El 25 de septiembre se formalizó el fideicomiso “Por los Demás”, donde el INE probó vínculos y subordinación de sus fundadores con el entonces presidente de Morena, quienes se encargaron de designar a las personas que serían las beneficiarias de los recursos con los cuales contara el fideicomiso.

El Comité Técnico que fue creado para esos fines, instruyó a la fiduciaria, en contravención también con lo estipulado en el mismo contrato del fideicomiso, que entregara los recursos del fideicomiso a terceros que no eran “sujetos de apoyo” y que eran, a su vez, personas ligadas a ese partidos. Ninguno de ellos se encontraba en el padrón de damnificados que elaboró la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Estos dos puntos golpearon por debajo de la línea de flotación de López Obrador, que toda su vida pública se ha presentado como el ejemplo de la moral y la honestidad. No es la primera vez que queda atrapado en la contradicción de su discurso con los hechos.

En la campaña presidencial de 2012, el PRI –como ahora lo hizo con la denuncia sobre el fideicomiso–, señaló que la asociación civil que había creado en 2006, Honestidad Valiente, había incumplido con sus obligaciones fiscales y ocultado por años el manejo de recursos, dejando abierta la sospecha de que se trataba de un financiamiento paralelo para su campaña presidencial. López Obrador lo negó fehacientemente, pero la fue sacando del ojo público hasta desaparecerla.

Seis años después está metido en un embrollo similar pero con factores objetivos mucho más delicados. Uno es la sospecha que lucró políticamente con los sectores más afectados, en ingreso y por la tragedia, que éticamente sería imperdonable.

Otro es que no es un candidato perdedor, sino el próximo presidente de México, por lo que la sospecha de financiamiento alterno a su campaña presidencial, como lo hicieron el PRI y el PAN en el pasado, que ronda por la mayoría de las páginas del expediente del INE, está sobre su cabeza. Contra ello es su incendiaria ofensiva.
20 Julio 2018 04:07:00
El final de una luna de miel que aún no empieza
Dieciocho palabras en el último párrafo sobre la columna publicada el miércoles sobre la forma como el capital político de Andrés Manuel López Obrador estaba siendo despilfarrado por las contradicciones, desconocimiento de la real politik y novatez de su equipo, y decía que estaba “chupándose una luna de miel que debía haber empezado hasta el 1 de diciembre”, animaron una discusión en las redes sobre el porqué, si le faltaban 4 meses y medio para iniciar su gobierno, se aventuraba esa proposición. Expertos en opinión pública en la mesa de encuestadores del programa Estrictamente Personal de Foro TV coincidieron que todavía no comienza esa luna de miel y, que, por el contrario, probablemente tendría una vida larga.

Explicaron que la luna de miel debe medirse con los niveles de aprobación de su gestión, que no aparecerá hasta la primavera de 2019. Aunque es metodológicamente, políticamente podría argumentarse que la luna de miel para un presidente entrante se da por un periodo –que varía– donde la gente, los medios, los grupos de interés y el Congreso le dan el beneficio de la duda y lo tratan bien. Carlos Salinas, que arrancó muy bajo, con la captura de los líderes petroleros a los 41 días de asumir el cargo, se fue a las nubes. Vicente Fox, que tenía alta popularidad, inició con mayor respaldo que cuando fue electo. Felipe Calderón comenzó lastimado, pero la mano firme en la guerra contra el narcotráfico, le granjeó una aceptación duradera. A Enrique Peña Nieto le duró 18 meses la luna de miel, sepultada por la reforma fiscal. 

En el caso de López Obrador, el monumental mandato de más de 30 millones de votos provocó una cargada nacional tras él y una genuflexión indigna de varios de los principales capitanes de la industria, acompañada de un temor explícito de algunos medios, que dependen ampliamente de la publicidad oficial, como La Razón, que se deshizo de su director, caracterizado por mantener una línea muy crítica, muchas veces visceral, contra López Obrador, o Milenio, que publicó el miércoles un titular de colección, cuando frente al desmentido del Vaticano que el papa Francisco nunca había aceptado participar en foros sobre seguridad, apuntó: “Se tambalea el aporte del papa en foros de paz”. 

A la luna de miel espontánea y festiva, adelantada por el protagonismo de López Obrador y su necesidad por ocupar todos los espacios de la vida pública, se le sumó la pusilánime y aquella que, como sucede en todos los casos en todos los países democráticos, opta por ir conociendo al nuevo presidente al tiempo que, no hay que olvidar este punto porque siempre se soslaya, la prensa va construyendo fuentes de información que antes no tenía, y depende durante ese periodo de lo que oficialmente les da la nueva Administración. El nuevo presidente tiene el espacio para convencer, sin tener que enfrentar una crítica de inicio, como sucedió con Ernesto Zedillo por el error de diciembre. Está metodológicamente probado que los presidentes en el mundo siempre reciben una cobertura amable en su inicio y crítica, regularmente, en su epílogo.

En los tiempos de metabolismo político hiperacelerado –finalmente su prometido cambio de régimen también incluyó cambio de formas y ritmos–, López Obrador, como se argumentó el miércoles, empezó su desgaste porque como ningún otro antes en ningún lado, se impostó como presidente y comenzó a operar a partir de propuestas, planes, amenazas e ilusiones que, explicadas por quienes serán sus secretarios de Estado y colaboradores más cercanos, causaron más confusión y contradicciones que claridad sobre la ruta que tiene en mente el próximo Presidente de la República. Aquí se ha hablado mucho de el valor de la palabra en los gobernantes y las consecuencias que puedan tener sus superficialidades.

El próximo Presidente ya se ubica en esta situación, y por la vía de los descalabros y los tropiezos, tendrá que aprender que su realidad hoy ya no es la del rebelde del sistema y líder de la izquierda social, poseedor de un discurso simple y cosmético de unas cuantas palabras, y pletórico de ocurrencias retóricas. Ya no le habla al graderío, sino a sus futuros interlocutores y gobernados.

La experiencia del desmentido de El Vaticano fue amarga. Ahora ya se metió la Casa Blanca a decirle que lo que está diciendo sobre la despenalización de todas las drogas –se refieren específicamente a la amapola–, es algo que rechazan totalmente, porque va a aumentar el consumo de opiáceos. Las alertas que se les hicieron sobre lo que iba a suceder, las minimizaron. Su coro panegírico fustigó a quien tocó el plumaje de López Obrador. Casi todo lo que ha dicho él o su equipo en una semana ha sido no sólo cuestionado, sino combatido desde varios frentes. Es una lucha virtual porque es virtual presidente, pero el daño político es real, porque se le trasladará como negativos. 

¿Cuántos? No se sabrá hasta las primeras mediciones que se hagan una vez que asuma la Presidencia, y quizás, como el presidente Donald Trump, que pese a todo lo que ha provocado en el mundo mantiene el mismo nivel de aprobación de cuando llegó a la Casa Blanca, los primeros datos públicos le sigan dando el apoyo popular a su gestión. La luna de miel, como dicen los encuestadores, quizás siga por algún tiempo, pero la miel ha comenzado a escurrirse por algo más que gotas, por tantos desaciertos en tan poco tiempo.
19 Julio 2018 04:08:00
La desgracia de Peña Nieto
Enrique Peña Nieto llegó a pensar en la primavera de 2014, que como había publicado en su portada la revista Time, era el salvador de México. Con una foto en páginas interiores donde se veía a un altivo Presidente escoltado por sus entonces secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Hacienda, Luis Videgaray. “Podrá padecer de erudición literaria, pero Peña Nieto lo compensa con destreza política”, redactó apologéticamente el corresponsal del semanario. “Pese a que algunas de las reformas se quedan cortas, ha pasado mucho tiempo desde que México experimentó grandes negociaciones políticas, una economía en crecimiento y optimismo sobre el futuro”. Poco más de cuatro años después, Peña Nieto se encuentra en las antípodas de aquel elogio.

El impulso que comenzó el 1 de diciembre de 2012, cuando asumió la Presidencia, se esfumó 18 meses después, cuando comenzó su declive, durante el que perdió prestigio, credibilidad y confianza, que terminó con la humillante derrota de su partido en la elección presidencial. Peña Nieto quería ser un Presidente recordado por sus reformas, pero por la información que está comenzando a surgir, el enojo y el desprecio contra su persona, que se reflejó en las urnas el 1 de julio pasado, lo trascenderá mucho más allá del fin de su mandato.

Una encuesta telefónica realizada por Indicadores SC para Eje Central, que aparece en su edición impresa este jueves, revela la magnitud de su caída. La encuesta fue hecha después de haberse reunido con el candidato vencedor, Andrés Manuel López Obrador, y tras haber guardado un bajísimo perfil después de las elecciones. Aún así, el 95.6% dijo tener nada o poca confianza en él, contra el 61.1% que tenía el expresidente Felipe Calderón, y 15.5% que registra López Obrador, en quien confían 84.5% de los entrevistados, en brutal contraste con Peña Nieto que apenas tiene la confianza de 4.4 por ciento.

Su valoración como Presidente es patética al compararse con su antecesor y con su futuro sucesor. La encuesta arroja porcentajes que parecen contradictorios, como que el 19.4% considere que las reformas fueron su mayor acierto, al mismo tiempo que el 13.6% señale que fueron su principal desacierto. O que el 12.5% de los encuestados citen mejorías económicas como el mayor acierto, al tiempo que el 12.2% menciona la “crisis económica” como su segundo peor desacierto. Estos datos sugieren fallas en el discurso presidencial, que no supo transmitir de manera eficiente las bondades de la reforma.

“Como evidencia del amplio desgaste de la imagen de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República, están las calificaciones reprobatorias dadas a su desempeño por parte de los ciudadanos entrevistados”, explicó Elías Aguilar García, autor de la encuesta. “Su función como Presidente de la República recibió una calificación, de una escala del cero al 10, de 4.1 en promedio. En el rubro de la creación de empleos recibió 3.6; en los de crecimiento de la economía, lucha contra la pobreza y seguridad pública, 3.4; y en honestidad y transparencia, 3.1. Las calificaciones que son consideradas reprobatorias”.

La estabilidad económica, los apoyos sociales y el combate al narcotráfico, como contraste, son los tres rubros que los encuestados consideraron con los mayores aciertos de Calderón. El apoyo a la lucha del pueblo, su honestidad y que luchara contra el sistema, los mejores aciertos de López Obrador. Estos encierran el paquete de reclamos y molestias del electorado a Peña Nieto, que se centraron en la inconformidad con la política económica, con la asignación de programas sociales y con la desigualdad, sin olvidar la corrupción, aunque este fenómeno no apareció de manera tan determinante como el ánimo electoral sugería en julio.

La encuesta no pretende encontrar las causas y razones de la derrota electoral del PRI, pero ayuda a entender algunas tendencias de voto y sus consecuencias. “El triunfo contundente de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial marcó varios aspectos importantes en términos de opinión pública”, añadió Aguilar. “Las muy amplias expectativas que la ciudadanía ha depositado en el virtual presidente, hacen evidente un auténtico amor ciudadano hacia al nuevo ejecutivo federal”.

Peña Nieto y López Obrador se encuentran en las antípodas. Mientras que se colapsó la confianza del Presidente en funciones, las expectativas del próximo presidente son muy elevadas. A López Obrador le han costado algunas propuestas entre los encuestados, como la aministía a delincuentes, que el 18.2% consideró su mayor desacierto, o la provocación social –el famoso “tigre” dormido, metáfora de la cólera social, del cual no se hace responsable–, o sus incongruencias, que han sido registradas entre el electorado. Pero aun así, poco más de siete de cada 10 encuestados, calificaron positivamente a López Obrador, mientras que a Peña Nieto lo reprobaron cuatro de cada 10, y Calderón salió prácticamente tablas en esta valoración.

“El primero de julio de 2012 los mexicanos votaron por el cambio”, escribió Peña Nieto en un multicitado artículo en el semanario británico The Economist a nueve días de asumir la Presidencia. “México enfrenta muchos desafíos y estamos trabajando activamente para alcanzar los resultados que nuestros ciudadanos tienen derecho a esperar. En nuestra democracia, trabajaremos por un modelo económico, político y social próspero.. que no sólo llenará nuestro opotencial sino también se convertirá en fuente de inspiración para otras economías emergentes”. Qué ambición tenía en aquél momento, que era suyo. Qué rápido se descarriló. Qué rápido se rindió. Oscuro final para un Presidente que arrancó eléctricamente y que terminó en cortocircuito, vitupereado y despreciado por millones de mexicanos que al votar masivamente por López Obrador, parecieron decirle: el que la hace, la paga.
18 Julio 2018 04:07:00
La paradoja de Andrés Manuel
La realidad alcanzó a Andrés Manuel López Obrador. Un cuarto de siglo de organizar y manejar sus campañas electorales en Tabasco, Ciudad de México y tres presidenciales, no le enseñó al futuro presidente de México cómo trabajar en equipo. Por lustros él lo era todo, el centro y la periferia, y cuando la mayoría de quienes veían que caminaba hacia un error y lo conminaban a rectificar el rumbo, decía “denme un voto de confianza”. Perdió en las urnas por malas decisiones personales, pero aprendió de las experiencias este año y ganó. Lo que nunca asimiló ni se educó, es cómo empoderar a sus colaboradores para convertirlos en fieles intérpretes de sus ideas y propuestas. A poco más de dos semanas de haber arrasado en la elección, lo bisoño de la mayoría de sus colaboradores lo ha puesto en una contradicción que dilapida capital político, a cuatro meses y medio de asumir el poder.

López Obrador parece estar por primera vez desde que es un actor central en la vida pública de este país, abrumado y rebasado por la realidad de una victoria que no ha disfrutado, pues 48 horas después de haberla alcanzado comenzó el frenesí de su impostura presidencial, generando mayores expectativas y, al mismo tiempo, desdoblando su visión de país a través de le dé a entender a sus colaboradores. Sólo a algunos con experiencia les ha permitido no caer en frivolidades ni cometer torpezas, pero la mayoría exuda desconocimiento o ignorancia, muchas veces con la ingenuidad que sólo la da lo precario de la experiencia.

El momento más dramático ha sido el desmentido de El Vaticano al anuncio que el papa Francisco había aceptado participar desde la sede de la Iglesia católica en el centro de Roma, a través de Skype, de los foros que sobre seguridad anunció López Obrador que realizaría para formular su estrategia de seguridad pública. Loretta Ortiz, coordinadora del Consejo Asesor para Garantizar la Paz del próximo presidente, anunció que el Papa había confirmado su participación. Cuando el vocero vaticano dijo que era falso, Ortiz explicó que el Papa le había confirmado a uno de sus colaboradores durante la audiencia pública de los miércoles en la Plaza de San Pedro. Sólo un novato con preparación diplomática nula pudo haber creído que una charla extraoficial, como son las que se dan en ese espacio, pudo haber sido una confirmación. De protocolos no conocen; de política tampoco.

Pero lo mismo podría alegar de los anuncios diarios sobre las cosas que piensa hacer en el próximo gobierno. Si desa-parecen subsecretarías, ¿dónde queda la que llevaba las relaciones con las iglesias que estaba en Gobernación? Si borrarán la mitad de las subsecretarías de Educación, ¿desaparecerá la estratégica de Planeación, Evaluación y Coordinación, o cuál de las de Educación Básica, Media Superior o Superior? ¿Quién se encargará de hacer los mapas de riesgo para la seguridad nacional, o dará seguimiento a los potenciales terroristas o a los movimientos armados ahora que la nueva Secretaría de Seguridad Pública absorba al Cisen? Si se reduce a la mitad el salario de miles de burócratas, ¿por qué López Obrador, quien había dicho que no se afectaría a los trabajadores de base, dice ahora que a quien no le guste que acuda a los tribunales laborales ante ese eventual acto ilegal? Como en este caso hay una potencial violación al artículo 123 constitucional, para que el Estado Mayor Presidencial deje de hacer las funciones que realiza desde 1823, tendría que reformarse la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Las ligeras declaraciones del futuro Gabinete de López Obrador están añadiendo incertidumbre a la calidad de sus integrantes. Pero sobre todo, están acumulando desgaste mucho tiempo antes que empiece propiamente ese proceso con el arranque de su administración. La paradoja es que el político centralizador por excelencia, de cultura vertical en el manejo del poder, podrá controlar las líneas generales de su equipo, y pensar que por ósmosis puede transmitirles todo el desarrollo de cada una de ellas –en el supuesto de que sí lo trae en el pensamiento–, no está siendo eficiente. Se entiende, porque de lo que estará a cargo es de la Presidencia; no se comprende por qué, sabiéndolo, no haya preparado el andamiaje para enfrentar esta nueva realidad.

López Obrador tiene una secretaria de Gobernación designada, Olga Sánchez Cordero, que está más ocupada en revisar el entramado jurídico para asuntos que competen más a la Secretaría de Salud, que en actuar como la jefa política del gobierno entrante, al que controle, alinee y le administre sus tiempos. El jefe de la Oficina del próximo presidente, Alfonso Romo, está involucrado en temas como la relación con el sector privado, pero sin cumplir las funciones que el cargo que le asignaron obliga, que es la de evitar que el futuro gabinete se convierta en lastre y no en activo de López Obrador. Su próximo coordinador de Comunicación Social, César Yáñez, es más un secretario particular que responsable de controlar el mensaje y preparar a los futuros funcionarios.

El próximo presidente está chupándose una de miel que debía haber empezado hasta el 1 de diciembre. No durará mucho, porque la velocidad y el volumen con los cuales comente errores su primer equipo, se vuelve imposible de ocultar. La semana pasada se refirió en este espacio la necesidad que tenía para ordenar su comunicación social y el mensaje. La situación se ha agravado. Ahora también necesita un colaborador que haga el trabajo de orden político que él, por razones naturales de las responsabilidades que hoy tiene, ha dejado acéfalo.
17 Julio 2018 04:07:00
El control absoluto de López Obrador
Andrés Manuel López Obrador no ha engañado nunca. Es consistente en su discurso y congruente en sus acciones. En las dos últimas semanas ha seguido ese camino y el país que está dibujando en construcción es preocupante. López Obrador ha ido dando a conocer el armado de su Cuarta Transformación, que se edificará sobre la centralización del control político, el económico y del estado de fuerza desde Palacio Nacional, que le permitirá gobernar verticalmente el país. Nada de horizontalidad ni contrapesos. De arriba hacia abajo, como dice que hará con la corrupción, decidirá el destino de 130 millones de personas.

El diseño de su próximo gobierno está listo. Desde la Presidencia se coordinarán 32 delegados federales que serán sus representantes políticos, que actuarán como los viejos jefes políticos del porfiriato. Bajo el pretexto de que se trata de una medida de austeridad, elimina los delegados federales que cada dependencia tenía en cada entidad, con lo que cambiará el Convenio de Coordinación Fiscal mediante el cual el Gobierno entrega recursos a los estados a través de partidas presupuestales, para hacerlo mediante los coordinadores –manejados por Gabriel García, que era secretario de Organización de Morena–, minando el Federalismo al ser ellos quienes por fuera de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, distribuyan los dineros y asignen los programas.

Otra pinza estratégica de control y poder de López Obrador es que en el siguiente sexenio, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda concentrará todas las compras gubernamentales, con el propósito declarado de ser una medida para eliminar la corrupción. De esta forma, ninguna secretaría de Estado volverá a tener autonomía de gasto para planificar, calendarizar y administrar sus compras, sino que tendrá que recurrir a Hacienda cada vez que necesite adquirir papel de baño, medicinas, uniformes o computadoras, por mencionar algunos de los insumos recurrentes. Entonces, si a través de los delegados federales centralizará el poder político en el país, mediante la Oficialía Mayor de Hacienda ejercerá un férreo control hacia el interior del Gobierno.

Para que la política y la economía se unifiquen mecánicamente en una misma línea, López Obrador necesita tener el control de la comunicación, que es un arma que le de el espacio que necesita para construir los consensos que requiere para gobernar, al mitigar las eventuales críticas en la opinión pública. Por eso, anunció que desaparecerán todas las oficinas de Comunicación Social del Gobierno federal, y que toda la información, así como el mensaje gubernamental, saldrá de un solo despacho en Palacio Nacional, bajo la responsabilidad de César Yáñez, que ha sido su sombra durante años. El control centralizado de información y mensaje será acompañado de sus conferencias mañaneras diarias, donde su equipo ha sugerido que harán gestiones ante la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para que sean transmitidas en vivo, lo que le permitirá fijar la agenda sin intermediarios y, disfrazado de información, diseminar propaganda.

No podría haber un control total si no se dispone de los mecanismos de coerción que tiene un Estado, mediante el uso legítimo de la fuerza. Junto con ello, la centralización de los órganos de inteligencia civiles en la nueva secretaría de Seguridad Pública, así como la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y de la Dirección de Protección Civil de Gobernación, detallados en la columna publicada ayer, se suman para conformar el cuerpo total al estilo de gobernar que desea López Obrador.

Esta forma vertical y centralizada de gobernar ha pasado sin que nadie levante las cejas. Los riesgos no han sido debatidos ni problematizados, incluso para que el propio López Obrador pueda reflexionar sobre lo que va a construir. Pero de forma cirscunstancial, un ensayo bajo la firma del almirante retirado estadunidense James Stavridis, que fue comandante de la OTAN, publicado en la última edición del semanario estadunidense Time, arroja luz a esta nonata discusión pública.

“Una vez más, parece que la democracia tiene un competidor. Los hombres fuertes están surgiendo en parte porque los gobiernos electos están luchando para enfrentar los nuevos desafíos: la migración global, los avances tecnológicos, el terrorismo trasnacional y el malestar económico internacional. Más y más gente está dispuesta a tratar o tolerar otro enfoque”, escribió.

“Hoy, uno puede ser perdonado por creer que la era de la democracia ha terminado. Dos grandes naciones, Rusia y China, tienden hacia un régimen unipersonal. La lista de países inclinándose hacia las órbitas autocráticas está creciendo. En América Latina incluye a Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que han mostrado los síntomas de una frágil democracia. En el otro lado del Atlántico, Turquía, Hungría y Polonia, aunque todavía reconocidas como democracias, tienen un poder centralizado que controla la prensa, manipula los tribunales y aplasta las protestas”.

Lo que pasa en el mundo es una llamada de atención, no sólo para todos los mexicanos –sólo una tercera parte del padrón electoral, no hay que olvidar, votó por López Obrador-, sino también para el incansable candidato vencedor. Mucho trabajó, luchó y sufrió López Obrador para llegar a la Presidencia que asumirá con un claro mandato que no debe confundirle la cabeza, sino forzarlo a cambiar a México, como tanto lo ha prometido, por un país mejor, no por algo que más adelante le recriminen, incluso sus seguidores y quienes votaron por él, por haberse desviado de la ruta prometida y convertirse en un autócrata. No lo merecemos nadie. Tampoco él, que tiene toda esa fuerza nacional para ser, como lo sueña, el mejor presidente en la Historia de México.
16 Julio 2018 04:07:00
La súper secretaría de López Obrador
Hace dos viernes Andrés Manuel López Obrador tuvo la primera gran reunión con lo que será su gabinete civil de seguridad, en donde reveló el diseño para la renaciente Secretaría de Seguridad Pública, cuyo nombre definitivo aún está por determinarse, pero cuyas funciones producirán escalofríos por el tipo de integración de todos los órganos de inteligencia –no militares– bajo un mismo mando, al que se sumarán los especializados en situaciones de emergencia. La arquitectura de la nueva secretaría incluirá áreas que hoy son responsabilidad de las secretarías de Gobernación y Hacienda, que deben comenzar a trabajar para facilitar su traslado a lo que será una súper secretaría que tendrá a su disposición todos los recursos coercitivos del Estado Mexicano.

En la reunión estaba la secretaria de Gobernación designada, Olga Sánchez Cordero, de cuya futura dependencia saldrán el CISEN y Protección Civil. De la Secretaría de Hacienda, cuyo futuro titular, Carlos Manuel Urzúa, no estaba presente, se irá la Unidad de Inteligencia Financiera, que se creó en 2004 para coadyuvar en la prevención y el combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que hoy es un brazo eficiente para enfrentar y neutralizar la fuente de poder de los cárteles de la droga y organizaciones terroristas. Nadie replicó nada en esa reunión, donde escucharon los grandes trazos de la futura Secretaría de Seguridad Pública.

Pero el martes pasado, en la primera reunión que tuvo Sánchez Cordero con sus futuros colaboradores en Gobernación, afloraron los desacuerdos con el futuro presidente. Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán y exsecretario de Seguridad Pública en la primera parte del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, expresó que no era conveniente que se trasladara el CISEN a la nueva secretaría, porque Gobernación perdería ojos y oídos que le permiten mantener la gobernabilidad. Sin embargo, la decisión de López Obrador está tomada, y quien ya está trabajando en los diagnósticos de la Policía Federal y del CISEN es Joel Ortega, experto en temas de seguridad, que fue presentado como asesor de Sánchez Cordero.

A la cita de los futuros funcionarios de Gobernación no fue invitado Alfonso Durazo, quien será el próximo secretario de Seguridad Pública, pese a que toda la sesión trató únicamente el tema que le compete. Durazo reconoce en privado que no sabe nada de seguridad pública, pero que su trabajo será la administración de la nueva Secretaría y la ejecución de las instrucciones que le dé directamente López Obrador, quien diariamente al iniciar el día, como lo hizo cuando fue jefe de gobierno capitalino, tendrá una reunión con los miembros civiles y militares de su gabinete, para revisar la problemática. El futuro presidente será, a la vez, titular de facto de Seguridad Pública.

La concentración de funciones responde en una buena parte a la racionalización del combate al crimen organizado y a brindar seguridad, que López Obrador ha dicho públicamente que será la principal prioridad del nuevo gobierno. Asimismo, arropa la promesa de campaña sobre la desaparición del CISEN, el órgano de inteligencia civil que creó el presidente Carlos Salinas en 1989 sobre las ruinas de la desacreditada Dirección Federal de Seguridad, incorporando a toda una generación de profesionales a quienes se mandó a entrenar a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España e Israel. Su integración en la nueva Secretaría de Seguridad Pública le permitirá anunciar a López Obrador que el CISEN murió, pero sin perder los insumos de inteligencia que aportan.

El aparato de Inteligencia Civil del Estado Mexicano pasará a reforzar la Plataforma México, un complejo sistema de información e inteligencia criminal, que después de que fue desmantelada durante los primeros años del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se ha ido reconstruyendo. Los dos sistemas de inteligencia civil no son excluyentes, sino complementarios. El CISEN está enfocado a todos aquellos temas que involucran a la seguridad nacional, y puedan tener un impacto en la gobernabilidad, mientras que Plataforma México se concentra en la criminalidad. López Obrador no explicó la forma como trabajarían integrados, ni la razón por la que añadiría a esa área a Protección Civil, salvo que emane del énfasis para que una parte de la Policía Federal tenga un acercamiento más continuo y profundo con la ciudadanía y hacerla realmente de proximidad.

Trasladar la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a Seguridad Pública tiene sentido en un contexto de combate al crimen, donde se puede complementar con el resto de esas tareas en Seguridad Pública, pero puede entrar en una dinámica de descoordinación con otras áreas de procuración de justicia, como la PGR, que utiliza la información que le proveen para todo tipo de investigaciones, que si bien son delitos, no se encuentran en el ámbito del crimen organizado. Hay dudas, como se ventilaron durante la reunión de Sánchez Cordero con sus futuros colaboradores, si existe un impedimento legal, por los acuerdos internacionales vigentes, para que esa unidad pueda salir de Hacienda, que tendrán que ser aclaradas en breve.

El tema de la gobernabilidad expuesto por Godoy, tampoco quedó resuelto en el diseño de López Obrador, que se tendrá que ir revisando y ajustando en los próximos meses para que le entreguen el sueño de cualquier gobernante: capacidad de fuerza, inteligencia y contrainteligencia policial, financiera y seguridad nacional, bajo un solo mando, el de López Obrador, cuya construcción de gobierno vertical, con una línea de mando única, la suya, es lo que empieza a figurar en el horizonte de su próxima Presidencia.
13 Julio 2018 04:07:00
Prometo, no cumplo
Hay un vacío tan grande dejado en las últimas semanas por el presidente Enrique Peña Nieto, que sus colaboradores le están jugando las contras. Esta nueva  historia de traiciones comienza en Nassau, capital de Bahamas, el 8 de diciembre de 2016, 11 meses después de que, en una visita a los Emiratos Árabes Unidos, atestiguó junto con el jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro emirato y gobernante de Dubái, la firma de acuerdos de colaboración para fortalecer las relaciones bilaterales y promoción para una mejor conectividad con México. 

La reunión en Nassau produjo un Memorando de Entendimiento entre los dos países, firmado por Rodrigo Planas Rego, director general adjunto de Transporte y Control Aeronáutico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Saif Mohammed Al Suwaidi, director general de la Autoridad de Aviación Civil General de los Emiratos. En el memorando se comprometían a que Emirates Airlines, considerada como una de las cuatro mejores aerolíneas del mundo, iniciaría un vuelo entre Dubái y México, con escala en Barcelona, otorgándosele todos los derechos de las Quintas Libertades, que permite tomar y desembarcar pasajeros, correo y carga con destino o procedente de terceros estados. 

Acto seguido, la Autoridad de Aviación Civil General emiratí presentó el 4 de abril pasado la solicitud formal a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para tener una frecuencia diaria a partir del 1 de noviembre de 2018, por lo cual Emirates realizó una inversión en preparación para el vuelo, y designó los aviones y las tripulaciones que emplearía. Según la aerolínea, proveería la conectividad de potencialmente 88 destinos en el Medio Oriente, Asia, África y Australia, que actualmente no cubre ninguna línea mexicana. Con ello se abriría la puerta al creciente turismo de India y a la exportación de productos agrícolas mexicanos que desean –salvo dátiles, todos los alimentos los tienen que importar–, así como a las actuales exportaciones de oro hacia esa región, que tienen que pasar por Europa, elevando sus costos de intermediación.

Dos semanas después de presentada la solicitud, la Dirección General de Transporte y Control Aeronáutico les informó que lo firmado no iba a poder ser, y que el compromiso adquirido no se iba a cumplir. La razón esgrimida fue que las condiciones de operación en esa ruta habían cambiado y que los derechos de tráfico aéreo acordados no se enmarcaban en el Acuerdo de Servicios Aéreos firmado entre los dos países el 10 de octubre de 2012. En pocas palabras, que la conectividad comprometida por el presidente Peña Nieto no se iba a dar. Desde entonces, las autoridades de ambos países han sostenido conversaciones en la Ciudad de México e intercambiado documentos. Inclusive, los emiratíes hablaron con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, quien de acuerdo con fuentes diplomáticas, quedó en el entendido que aceptarían la contrapropuesta que les hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Esta contrapropuesta fue hecha el 5 de junio pasado, donde le ofrecían tres frecuencias por semana, martes, jueves y sábado, en lugar de una diaria. También les dijeron que los horarios que deseaban, llegada a las 16:25 horas y salida a las 19 horas, no serían posibles por la congestión en el aeropuerto, y que tendrían como hora de llegada las 22 horas, y salida a las 23:55. Emirates, cuya política es frecuencia diaria o nada, propuso que aceptaría, pero con la petición de que le permitieran cambiar del equipo 777 que pensaba utilizar en el vuelo a México, al 380 –que ya opera a la Ciudad de México Air France–, para poder incrementar su capacidad de pasajeros y carga, y permitir que esas frecuencias soportaran la viabilidad de la nueva ruta. Las autoridades mexicanas respondieron que no era posible, sin saberse con certeza cuál fue la razón por la cual tampoco aceptaron un cambio de cabina.

Uno de los argumentos internacionales contra las Quintas Libertades es que afecta a las empresas nacionales. En caso de que Emirates volara a México, con la frecuencia diaria, tendría el 0.5% de los vuelos internacionales. Otro argumento que siempre se esgrime, es que son empresas subsidiadas, con lo cual la competencia no es justa para las demás compañías aéreas. El argumento de Emirates al rechazar esa imputación, son los estados financieros auditados por PricewaterhouseCoopers, que se ajustan a los estándares internacionales y que pueden consultarse en línea, y que desmantelan el argumento que la financia el Gobierno emiratí.

Empresa y autoridades emiratíes han buscado hablar con otros funcionarios del Gobierno mexicano, con éxito relativo. Hace unas semanas pidieron una cita con el presidente Peña Nieto, cuya oficina, de acuerdo con fuentes de Los Pinos, los refirió con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, con quien no se han entrevistado. La postura de la Dirección General de Transporte y Control Aeronáutico es el equivalente, con salidas plausibles, a la negación del permiso de la ruta, al negarse a respetar el Memorando de Entendimiento firmado en Nassau y argumentar razones que nunca expuso antes. 

Hay un daño potencial al turismo y el comercio bilateral, que Peña Nieto se comprometió a fortalecer, pero también a la imagen de México, que queda como un país donde lo acordado se incumple, afectando la certidumbre jurídica. Al final, no serán los funcionarios, sino el Presidente, quien salga más afectado, por omisión o negligencia en el cierre de Administración, aunque quizás una raya más al maltrecho tigre, ya no le haga mucha mella.
12 Julio 2018 04:08:00
La comunicación de Andrés
En tiempos inéditos, lo mejor es regresar a lo básico para no meterse en problemas. Andrés Manuel López Obrador, comunicador excelente como un político en eterna campaña, vive ahora en un contexto diferente que tiene que asimilar rápidamente. Como próximo presidente de México, sus palabras y las de su equipo tienen un diferente valor, pesan distinto y provocan consecuencias múltiples. Por tanto, el lenguaje y el fraseo que utilizan tienen un significado diferente al que antes tenían. Ya no son arengas, sino compromisos públicos. Ya no son promesas electoreras, sino certidumbres. La ligereza de las palabras o los conceptos ya no tienen espacio para ser corregidas sin que afecte. Las ocurrencias tienen costos políticos, a veces inmediatos, a veces en plazos más largos. 

López Obrador ha inaugurado nuevas formas de comportamiento político para vencedor en la elección presidencial. Lo que se acostumbraba –que no significa si era bueno o malo–, era que una vez que se ganaba la elección, había una reunión de cortesía con el presidente en funciones y, después, se sumía en un bajo perfil. Lejos del ojo público, esperaba la constancia de mayoría mientras sostenía juntas de trabajo con su equipo para ir armando el programa de gobierno y revisar los perfiles del gabinete. Como presidente electo establecía comunicación con actores políticos y agentes económicos, y realizaba visitas estratégicas a líderes en el mundo. Todo esto se revolucionó.

Una semana y media después de su victoria, López Obrador parece presidente en funciones, y la arena pública ha sido completamente ocupada por él. La discusión pública ya no es sobre cuál será su gabinete, porque salvo las carteras de las Fuerzas Armadas y el procurador general, todas están cubiertas desde diciembre e, incluso, ya hubo un ajuste en un equipo que aún no pasa de ser de papel. De lo que se habla es de quiénes serán nominados para el gabinete ampliado, al tiempo que sus principales colaboradores hablan de lo que hará, de lo que no, de cómo se harán las cosas y de lo que deben esperar los mexicanos. Aquí es donde empieza el problema por la variedad de discursos, mensajes y frases aisladas que no sólo él, sino sus colaboradores, están transmitiendo a la opinión pública.

Para botón de muestra, Alfonso Romo, su futuro jefe de Oficina, dijo que la descentralización de secretarías de Estado no significaría el despido de ningún burócrata. La descentralización de las secretarías es una utopía, a menos que tengan el presupuesto suficiente y la voluntad de miles de burócratas que, junto con sus familias, decidan mudarse de la Ciudad de México, a lo que hay que añadir el costo de su traslado. Si no lo hacen por cualquier razón, tendrían que liquidarlos, con recursos que, como los anteriores, no están presupuestados. 

En el caso que una mayoría se trasladara con sus familiares, implicaría que al destino que lleguen se tendría que construir la infraestructura para albergar a miles de nuevos inmigrantes en ciudades que no tiene capacidad para recibir un flujo masivo de habitantes, ni instalaciones para el número de oficinas que se requieren, ni vivienda que satisfaga la demanda, ni los servicios municipales o escuelas para sus hijos y empleos para sus familiares que no laboren en la empresa. 

Este ejemplo sirve para explicar la complejidad de una promesa de campaña que tendría que comenzar a reducir la escala de la acción anunciada ante la imposibilidad de que pueda ser llevada a cabo en la forma cabal como la ofreció López Obrador durante un largo tiempo. No es lo único ni el único de los colaboradores que están apareciendo en la arena pública y repitiendo discursos de campaña que en la ruta actual se pueden convertir en trampas para el nuevo gobierno. Hay mensajes contradictorios sobre la política económica, la energética, la educativa, la de seguridad. Prácticamente en donde sale un colaborador del candidato triunfador, hay una incongruencia. ¿Cómo explicar todo esto antes de que la opinión pública se dé cuenta de lo que están diciendo y empiece a protestar por las contradicciones o inconsistencias?

No se podrán explicar, y cuando eso llegue tendrá que haber rectificaciones que aumentarán el desgaste de un gobierno que aún no es gobierno. Regresar a lo básico es recomendable. López Obrador tiene que alinear el mensaje y los discursos de él con el de todos sus colaboradores para que no haya incongruencias. Nunca ha tenido necesidad de desarrollar una política de comunicación social y, por tanto, una oficina de comunicación presidencial, porque él siempre la manejó en sus tiempos y de forma discrecional, cómo transmitía sus mensajes. Puede mantener esa práctica, como lo hace el presidente Donald Trump, e insistir en la comunicación directa y horizontal y sin intermediarios, para comunicarse con la gente. Pero ya no es candidato, será en breve presidente electo y en corto plazo jefe del Ejecutivo.

Requiere orden y disciplina, sobre todo con su equipo, de tal forma que alinee el mensaje y establezca líneas de comunicación para que su nuevo gobierno sea coherente. Una comunicación vertical y organizada, con un vocero que sea el encargado de informar a la opinión pública, le urge a López Obrador, porque la anarquía declarativa es mala compañía. Es cierto que él siempre ha sido su mejor vocero, pero su contexto y realidad cambiaron. Está en los prolegómenos de su administración, y la comunicación no le marcará cómo gobernar, pero definitivamente, le dará el espacio para hacerlo. Que no se le olvide.
11 Julio 2018 04:08:00
Qué tonto plan
Si alguien pensaba que ya habían terminado las ocurrencias en materia de seguridad y combate al crimen organizado con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que sólo revise la prensa para descubrir que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se encamina a rebasarlo por izquierda y derecha. La última pincelada de la improvisación la dio la doctora Loretta Ortiz, exdiputada de Morena y una muy reconocida especialista en Derecho Internacional, enfocada en los derechos humanos, particularmente de migrantes, al proponer en una entrevista que, como parte de la pacificación del país, el nuevo gobierno va a servir de mediador entre las bandas criminales para que hablen entre ellas y para que las persuadan de regresar al orden legal, que por las buenas claudiquen en su lucrativo negocio del narcomenudeo y el narcotráfico, y que dejen de pelearse entre ellas porque están causando zozobra en el país. La cuarta transformación de la república que propone López Obrador, también pasa por el arrepentimiento de los criminales y su redención. 

Para frenar la violencia en estados como Guerrero o la Ciudad de México, le dijo a Carlos Marín, director de Milenio, “hay conflictos, incluso entre grupos, (a quienes) se puede ofrecer la mediación comunitaria que, de hecho, ya se ofrece, por ejemplo en el caso de Tepito (donde) se actúa a través de esa mediación comunitaria”. ¿Y cómo se establecería esa comunicación? Ortiz respondió: “Hay un facilitador y el que viene a representar a un grupo y el otro representante de grupo, o los grupos integrados. Entonces, tiene que haber una voluntad obviamente de arreglar las cosas”.

O sea, un gobierno legalmente constituido, convoca a los líderes de los cárteles o las bandas criminales, que deberían de estar siendo perseguidas, para que se decrete una tregua a fin de que un facilitador del Gobierno federal los siente en una mesa de conciliación –como donde se dirimen los conflictos laborales entre patrones y trabajadores– y les haga ver que su reinserción a la vida legal es lo mejor que existe para que haya paz en México. “Si vamos a llegar a acuerdos de pacificación –agregó la doctora Ortiz–, se tienen que retirar del campo de la ilicitud; o sea, no van a ser acuerdos para llegar a un resultado de que se metan en actos ilícitos”. No se van a meter; ya están.

Más allá del galimatías de la doctora, hay que revisar la complejidad de la realidad frente a la ligereza de su solución. Lo primero es la convocatoria. ¿Cómo llamarlos a una reunión de esa naturaleza? No lo dice, pero ¿cómo se hace? En 1989, al entonces secretario de Gobernación, el policía político por excelencia, Fernando Gutiérrez Barrios, se le acercó a pedir consejo para combatir la delincuencia el primer procurador capitalino nombrado por el entonces presidente Carlos Salinas. Lo primero, le dijo, era llamar a sus jefes de policía y decirles que no quería ningún robo, ni el más mínimo, en el poniente de la Ciudad de México, porque es donde se encuentran las personas que tienen acceso a los medios de comunicación, y cualquier acto delictivo tiene enorme repercusión. Que delinquieran en el oriente, pero que no se cruzaran la línea, porque los aplastarían. ¿Y cómo se enterarían los delincuentes?, preguntó el bisoño funcionario. No se preocupe, respondió, sus comandantes le informarán a los delincuentes. El procurador entendió que eran lo mismo, y al mes renunció.

La doctora Ortiz, si no sabe cómo van a llamar a la mesa a los criminales, ahí está esa vieja recomendación que en muchas partes del país, se puede argumentar, sigue vigente. Pero entraría en un espacio de complicidad delincuencial, antes de enfrentar el segundo problema. ¿Cuáles son los incentivos para ellos? No perdamos el tiempo en busca de explicaciones. No existe ningún incentivo. Las bandas criminales no responden a llamados de paz salvo que, por acuerdo entre ellas, dejen de pelear y se repartan el mercado para evitar la confrontación con fuerzas federales. Pero voluntariamente, como cree la integrante del Consejo de Asesores de Seguridad de López Obrador, imposible.

Vamos, ni siquiera es racional. Esos grupos operan bajo el parámetro del negocio, ilícito, pero negocio. ¿De qué tamaño? Por ejemplo, según el Global Financial Integrity, una institución en Washington que estudia los flujos financieros ilícitos, el kilogramo de cocaína vale en la Ciudad de México 12 mil dólares, que puesto en la frontera con Estados Unidos, sube 30% su valor. Si se le reduce la pureza en 4%, como está sucediendo, las ganancias casi se triplican, conforme a estimaciones a partir de los datos de la Estrategia Nacional para el Control de las Drogasde Estados Unidos. Por más eficaz la dialéctica esgrimida, imposible pedir que exculpen sus culpas y dejen el narco a cambio de 88.36 pesos de salario al día.

El combate a los criminales no se hace con actos de fe y la buena voluntad de quienes matan por lucro, esencia del narcotráfico. A los criminales se les confronta con velocidad para que no puedan reagruparse y reclutar cuadros que suplan a los caídos, acompañados de tareas de inteligencia, políticas de prevención y opciones laborales que integralmente conformen una estrategia total.

Pero como lo planteó la doctora Ortiz, no por favor. Que no insulte la inteligencia de los mexicanos ni diga bobadas. Si de este tema no sabe, que no hable o que no la dejen de hablar. Mucho retrocedió el país en materia de seguridad durante el gobierno de Peña Nieto para que nos prometan un país peor de lo que está.
10 Julio 2018 04:06:00
Apuesta riesgosa
De todas las cosas que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador como presidente, hay una profundamente disruptiva y altamente riesgosa: la despenalización de la amapola. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación designada, dice que es una de las vías centrales para la pacificación del país, y un proceso de reinserción para cientos de personas metidas en la actividad ilícita de los opiáceos y la puerta para que los cárteles de la droga, al cambiar la dinámica del negocio del narcotráfico, opten por modificar su negocio, de la ilegalidad a la legalidad, en donde sean parte del mercado. Está por verse.

La despenalización de la amapola no sería un proceso unilateral. Sánchez Cordero señala que tendría que ser en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, mediante una convención internacional sobre narcóticos que comprende este tipo de iniciativas, y supervisada por la Oficina Internacional de Control de Narcóticos, un órgano autónomo con fuertes vínculos con la ONU, que administra y regula la producción legal de la amapola, hoy en día realizada por 18 países, tan disímbolos como Afganistán, Australia y el Reino Unido. 

La racional expuesta por Sánchez Cordero tiene su piso en que –afirma– hay 110 comunidades en Guerrero dedicadas plenamente a la producción ilegal de la amapola, que mediante un proceso químico produce una de las drogas más lucrativas. La goma de opio tenía un valor de 18 mil pesos por kilo en la sierra de Guerrero el año pasado, en un mercado global cuyo valor oscila entre los 55 mil y los 65 mil millones de dólares anuales. El incremento de la introducción de fentanilo procedente de China, para producir drogas sintéticas, le restó mercado a los opiáceos, cuyo valor a principio de este año había bajado a 8 mil pesos el kilo en la sierra de Guerrero, donde en contraste con uno de sus principales cultivos, el mango de manila, la caja de 28 kilos vale 14.29 pesos.

Las comunidades señaladas por Sánchez Cordero se encuentran en la región de Tierra Caliente, de donde sale el 49% de los opiáceos que se exportan cada año al mercado estadunidense. Esas comunidades se concentran en siete municipios, algunos de los más violentos en el país, y su puerta de salida es por Cocula, donde el Gobierno señala que fueron asesinados los normalistas de Ayotzinapa en 2015, como resultado de una confusión de bandas criminales que creían que pertenecían a un grupo rival en el trasiego de drogas.

Según Sánchez Cordero, la despenalización de la amapola establecería no sólo la libertad para que se cosechara, sino también para distribución y comercialización por parte del Estado mexicano, y sería una fuente de ingreso al colocarla en el mercado internacional, donde los laboratorios químico farmacéuticos la compran masivamente porque de ahí producen la morfina, que sigue siendo uno de los medicamentos más utilizados en el mundo. La duda sobre el planteamiento del próximo gobierno, es si al entrar en el negocio y disputarle las ganancias a los cárteles de la droga, no entrarán a una confrontación abierta con los cárteles.

Sánchez Cordero no lo cree, y piensa que el cambio de reglas de juego podría ser utilizada por los cárteles como una posibilidad de reinserción en la legalidad. Es decir, dejarían de ser grupos ilegales para convertirse en empresas privadas productivas. Este tránsito se antoja en este momento, utópico. El negocio de los opiáceos es boyante por la demanda del mercado estadunidense, donde hay 2 millones de adictos. La despenalización de la amapola iría aparejada a la amnistía que están preparando para todos aquellos campesinos o niños arrastrados por las diferentes facetas del narcotráfico. La idea central de la propuesta es que al convertir en mercado legal lo que hoy es ilegal, quienes viven de la derrama de la amapola podrán dormir tranquilos al saber que realizan la misma actividad, pero con patrón diferente: el Gobierno.

Sin embargo, existe la posibilidad de que los campesinos operen en los dos mercados, el legal y el ilegal, de manera simultánea, ante la alta rentabilidad que tendrían sus cultivos y la posibilidad de que gracias a la amnistía puedan seguir trabajando con los cárteles de las drogas. Las organizaciones criminales no van a convertirse en organizaciones privadas dentro de los marcos de la legalidad, porque no está en su esencia. Para estas bandas, los márgenes de utilidad es lo que determina el camino de su negocio. De hecho, llevar al narcotráfico de una política prohibicionista y punitiva a una política de salud, como quiere el nuevo gobierno, beneficia a los cárteles porque amplía la demanda, según han demostrado experiencias internacionales.

El objetivo de que con la despenalización se reducirá la violencia también tiene claroscuros. Turquía, el primer país que –por presión de Estados Unidos– atacó el mercado ilegal de los opiáceos y lo volvió legal, tenía instituciones que solventaron ese tipo de desarrollo de negocios. México no tiene fortaleza en sus instituciones y se asemeja más a la realidad afgana, donde los jefes tribales, muchos de ellos metidos en el negocio del narcotráfico, están por encima de las instituciones. Afganistán, ciertamente, es una experiencia fallida de la despenalización de los opiáceos.

La idea del próximo gobierno lopezobradorista no es inédita. Hace 2 años, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto realizó consultas con expertos internacionales coqueteando con la idea de despenalizar los opiáceos como una vía para reducir la violencia. Finalmente, lo desecharon. Esa experiencia será compartida con López Obrador y Sánchez Cordero durante la transición, por lo que esta propuesta, radical y disruptiva se podría decir que no es definitiva.
09 Julio 2018 04:07:00
Qué tristeza, señor Presidente
Tras la victoria contundente de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, se sucedieron varias expresiones indignas, cargadas quizás de temor, oportunismo, o simplemente de subordinación absoluta ante quien será el próximo presidente de México. Allá quien, desde su espacio, haya decidido hincarse. Sus razones tendrán y ya se verá cómo López Obrador procesa acción tan denigrante. Pero hay otro, así, en singular, que debía haber cuidado las formas y el carácter republicano por lo que su persona representa: el presidente Enrique Peña Nieto.

Haberse reunido con el virtual presidente electo fue un gesto de civilidad y madurez republicana. En ese sentido, uno como otro, nos mostraron lo que puede ser una vida de alternancia democrática normal. Sólo hubo un detalle que pasó desapercibido para muchos pero que es parte de lo que sucedió en Los Pinos el lunes siguiente a la elección. Fue la forma como López Obrador dio sus primeras instrucciones, sin investidura, al Presidente de la República, al anunciar que el martes siguiente se reuniría con Peña Nieto, en Palacio Nacional, a las 11 de la mañana.

Es cierto que desde la campaña, López Obrador dijo que de ganar las elecciones, iba a pedirle al presidente Peña Nieto reunirse el martes, porque el lunes estaría todavía en la secuela de la jornada electoral. Es decir, no hubo nada imprevisto ni sorpresivo en sus intenciones. Por tanto, era algo que debían de haber esperado. Pero el alegato de que fueron las primeras instrucciones al presidente se fincan en el anuncio en Los Pinos de que la agenda de actividades de Peña Nieto se había modificado para poder reunirse con López Obrador.

La forma como públicamente se procesó en Los Pinos proyectó un mensaje de acatamiento. López Obrador hizo el anuncio del encuentro el domingo de la victoria en el Zócalo, y al día siguiente la oficina de comunicación social del Presidente simplemente debió haber confirmado la cita. Pero se excedieron. Aceptaron que el encuentro fuera en Palacio Nacional, por petición del candidato ganador y que para que se cumplieran sus deseos el Presidente se puso a su disposición. Lo republicano del encuentro quedó precedido por la subordinación.

No es mera anécdota ni algo intrascendente las formas del presidente Peña Nieto. Tampoco es sólo un error en la comunicación social presidencial. Ese tipo de encuentro tenía y debía haberse dado en Palacio Nacional porque es la sede del Ejecutivo federal, no como una concesión a López Obrador, quien ha dicho que no vivirá en Los Pinos, que es la casa del Presidente. Un presidente no cancela su agenda porque le digan que lo quieren ver determinado día y a una hora en específico. Peña Nieto seguirá siendo Presidente hasta el último minuto del próximo 30 de noviembre cuando entregará el mando. Sin embargo, para efectos prácticos, se lo entregó el martes y quedará como su administrador los días que le resten a su sexenio.

La forma sí es fondo. Lo que no se vio fue cómo se preparó el presidente Peña Nieto para su reunión. Nervioso, cuentan personas que platicaron con él en la víspera de la reunión con López Obrador, preguntaba con ansiedad qué podía hablar con él, qué podría interesarle, cómo podría captar su atención. No planteaba un encuentro de cortesía republicana para establecer el primer contacto de lo que sería la transición, que sí se dio durante la reunión de casi dos horas. Peña Nieto estaba preocupado de cómo podría establecer una empatía rápida con su sucesor. Incluso, llegó a preguntar, afirmando, que sabía que le gustaba el beisbol, como si quisiera emplear el recurso deportivo para construir otro tipo de comunicación.

Lo que trascendió de la reunión es lo que dijo López Obrador al salir de ella, que “fue un encuentro cordial, amistoso, importante”, donde le agradeció haber actuado de manera respetuosa durante el proceso electoral, y trataron diversos temas que tenían que ver con la transición. Lo que dijo Peña Nieto a diferentes personas con quienes habló de esa entrevista no fue sobre los temas de fondo expuestos por López Obrador, sino sobre lo amable que fue el candidato vencedor con él. Peña Nieto subrayó a diversas personas la forma como lo había tratado López Obrador, con respeto y reconocimiento, lo que dejó como sabor de boca en los interlocutores del Presidente la sensación de vacuidad y desconocimiento real, a punto de terminar su mandato, de lo que realmente un presidente de la República es y debe ser.

Peña Nieto estaba más preocupado de cómo lo veía López Obrador y la percepción que tuviera de él, que de los asuntos de Estado que tienen que tratar entre los dos. Implícitamente expresó temores. Habrá quienes desde sus trincheras cuiden sus intereses y se pongan de hinojos ante López Obrador, para evitar que la furia del tsunami electoral se convierta en represalias del próximo presidente. Cada quien cuida sus parcelas para lo que viene. No es el caso del Presidente.

Peña Nieto fue más allá, distorsionando su rol como jefe de Estado. Tendría que ser quien facilite el proceso, quien elimine los obstáculos, quien haga de ella un proceso terso y, valga la redundancia, republicano. No cabe en su papel el de un timorato, amedrentado y acomplejado, como lo exudó ante López Obrador. Hará lo primero, por los acotamientos institucionales y porque sus miedos lo llevarán a ello. Lo segundo queda para la biografía del Presidente que no entendió cabalmente el papel que le tocó jugar.
06 Julio 2018 04:07:00
La campaña de Nuño (y II)
El arranque de la campaña de José Antonio Meade era anunciado con trompetas heráldicas como la vuelta a la tuerca en su lucha por la Presidencia. Cambio de estrategia y ajustes en el equipo. Era un mensaje que, en el fondo, una parte del equipo no creía. Estaban tan seguros de que iban a ganar la elección que se repartían puestos en las secretarías de Estado y perdían tiempo en intrigas internas como si fueran en primero y no en tercer lugar. El candidato no frenaba esa voracidad, y sus intentos por sustituir a Enrique Ochoa como líder del PRI eran rechazados por Aurelio Nuño. Sus observaciones para hacer más claro el deslinde del presidente Enrique Peña Nieto, sin rompimiento, también eran impedidas por Nuño. “Eso no va a suceder nunca”, decía.

La estrategia le pertenecía a Nuño. Así lo decidió el presidente Peña Nieto, que jugó con las emociones de los aspirantes hasta la víspera de que trascendiera el destape. Un mes antes, el secretario de Salud, José Narro, pensaba que él sería ungido por la forma como lo trataba Peña Nieto y las cosas que le decía. Quince días antes de la unción, Nuño, según excolaboradores, era quien estaba seguro de que sería él, por el arropamiento del Presidente, que lo veía como el hijo maduro que no tenía y que como moneda de cambio recibía incondicionalidad.

Meade era el escogido, pero jugó con él. Cuando lo convocó a Los Pinos el 25 de noviembre, el aún secretario de Hacienda no sabía a qué iba. Llegó al acuerdo con la incertidumbre de si lo iba a nombrar gobernador del Banco de México o candidato. Personas que vieron a Meade esos días recuerdan que sufrió mucho, como si Peña Nieto hubiera querido asegurar su eterno agradecimiento. Al salir horas después de Los Pinos, llevaba la candidatura en la bolsa, pero también los compromisos. Nuño y su amigo Ochoa, líder del PRI desde julio de 2016, iban en paquete.

El diseño de la campaña vació de priismo lo que rodeaba a Meade, y el arranque fue sin su cobertura. Peña Nieto le quitó al candidato voz y voto en la selección de candidatos, y lo despojó de fuerza para decidir el futuro de los priistas, con lo que no compró lealtades. Ochoa desatendió el trabajo de tierra y con Peña Nieto y Nuño, repartieron las candidaturas entre amigos, familiares y protegidos, para garantizarles vida transexenal. Los priistas que se sintieron excluidos comenzaron a torpedear a sus dirigentes. 

La campaña aceleró su picada y Meade exigía el relevo de Ochoa hasta que, convertido en lastre, desprestigiado en la opinión pública y repudiado hacia el interior del partido, fue sustituido. El cambio por René Juárez llegó muy tarde. Nuño se quejaba de que Meade frenaba algunas de sus decisiones y dudaba en otras, lo que afectaban el ritmo de la campaña. Pero otras acciones para mejorar la campaña nunca fueron consideradas. Estaba obsesionado con López Obrador y optó por una campaña de miedo. Había funcionado bien en 2006, y a jalones en 2012. Pero en 2018, el miedo ya no era López Obrador, según las encuestas, sino a que el PRI repitiera en la Presidencia. 

El equipo de mensaje y opinión pública encabezado por Rodrigo Gallart nunca pudo separar al Meade ciudadano de Peña Nieto, ni leyó adecuadamente los resultados que arrojaban las encuestas, donde el repudio era contra el Presidente, no contra López Obrador. En el cuarto de guerra no veían la realidad de las calles. Tampoco lo que sucedía en el PRI. Desde el principio, el cálculo de Nuño y Ochoa era que el “voto duro” priista les daría al menos 25% del sufragio.

Nuño no reconoció que ese voto abandonó al PRI en 2015 y 2016, cuando los priistas votaron en masa contra sus candidatos en protesta por reformas que los excluyeron. Puso oídos sordos a lo que sufrieron para ganar en el Estado de México, y cuando se le mencionaba que el PRI había perdido ante Morena por 56 mil votos y que la coalición con el Partido Verde y Nueva Alianza salvó de la derrota a Alfredo del Mazo, respondía: “¡Qué importa eso, ganamos!”. Pero la historia se repitió.

Nada de lo que hacían mejoraba; la tendencia de voto no subía. Meade incorporó a Vanessa Rubio como jefa de su oficina, y reclutó de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a Jaime González Aguadé para que tejiera relaciones con los empresarios. Con Rubio ganó orden su oficina, pero trabajo no suple experiencia y, según miembros del cuarto de guerra, su novatez afectó la implementación de estrategias. González Aguadé tampoco hizo su trabajo, ni los convenció de que era Meade, no Ricardo Anaya, a quien debían apoyar.

Nuño se mantuvo en su línea: atacar a Anaya de corrupto, y pintar apocalíptica una victoria de López Obrador. Con esto, continuó hundiendo a Meade. Los mensajes de Gallart eran pompas de jabón. La estrategia digital diseñada por Alejandra Lagunes, protegida de Peña Nieto desde Los Pinos, naufragó frente al ejército lopezobradorista. “Nos dan pena”, decía un estratega del candidato ganador. “Nunca entendieron de qué se trataba esta elección”. Era el cambio, no continuidad, el clamor del electorado. 

El equipo del Presidente parecía una quinta columna. No eran traidores. Eran inexpertos que pensaban que estaban haciendo las cosas correctamente. Nuño no escuchaba opiniones. Trabajó endogámicamente mientras la campaña se pudría. Peña Nieto apoyaba.

En privado, López Obrador decía con sarcasmo que parecía que Nuño trabajara para él. La humillación en las urnas, visto bajo esta óptica, estaba cantada.

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