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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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16 Abril 2019 03:40:00
El clon de Peña Nieto
José Narro Robles resultó ser el as bajo la manga para la sucesión del PRI. Su edad (70) y falta de carrera política pueden ser sus mayores activos tras el batacazo de la “generación Peña Nieto” cuya corrupción y arrogancia le pusieron a López Obrador la presidencia en bandeja de plata.

El PRI elegirá presidente y secretario general el primer domingo de septiembre, para el periodo 2019-2023. El proceso, “libre y abierto” a la militancia, será organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), por acuerdo de la 62 asamblea, encabezada por Claudia Ruiz Massieu. Los principales rivales de Narro son: Ulises Ruiz.

Mapache electoral, impuesto por José Murat en el gobierno de Oaxaca (2004-2010), se presenta como el aspirante rupturista. “Les voy a ganar, soy el único que tuve la fortuna de no trabajar con (Enrique) Peña Nieto, no soy de esa expresión política. Soy el único, porque de los dos lados son o los funcionarios de Peña Nieto (Narro ocupó la Secretaría de Salud) que quieren seguir secuestrando al PRI, o los gobernadores de corte peñista como el caso de (Alejandro) Moreno, que es Peña” (ADNPolítico, 27.02.19).

Ruiz permaneció en el banco en el sexenio pasado, pero junto con Humberto Moreira fue uno de los gobernadores que más impulsaron la candidatura presidencial de Peña Nieto. En el conflicto de 2006 con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), varios de sus colegas –entre ellos Peña– le sugirieron renunciar, pero los despidió con cajas destempladas. Peña y Ruiz asistieron al quinto (y último) informe de Humberto Moreira, meses antes de su ascenso a la presidencia del PRI.

Alejandro Moreno. El gobernador de Campeche (43 años) pertenece a la generación de Peña; incluso podría ser su clon. Su carrera política (como la de los Moreira en Coahuila) fue meteórica, igual que vertiginoso ha sido el crecimiento de su patrimonio (otra coincidencia) “el cual debería centrarlo en una investigación de enriquecimiento ilícito” (Alfredo Lecona, Aristegui Noticias, 01-17-17).

Ruiz acusa a Moreno de desviar recursos públicos y por hacer campaña anticipada. En un oficio fechado el 9 de marzo, Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI, pide a los dirigentes de los sectores, organizaciones y comités estatales y municipales, asumir «una conducta ejemplar ajena a cualquier manifestación de parcialidad (…)”.

Lo anterior, advierte, “no implica limitación o impedimento para reunirse o intercambiar impresiones” con los aspirantes, sin realizar “pronunciamientos” o “asumir posturas que atenten contra nuestros deberes de imparcialidad y de responsabilidad en la preservación de la unidad interna del partido”.

Ulises Ruiz es el aspirante más zorro a la dirigencia del PRI. Y Peña Nieto, el presidente más repudiado –incluso algunos sectores priistas piden su expulsión– y el principal responsable de la derrota que tiene a ese partido al borde de la tumba. Asociar a Narro y a Moreno con el gobierno de la corrupción, la impunidad y la violencia, como lo hace el exgobernador de Oaxaca, es un llamado a la rebelión para impedir que Peña mantenga el control del PRI otros cuatro años.

Ruiz no es el más calificado para hablar de democracia y honradez ni para dirigir al PRI, pero sí quien puede darle la puntilla a un organismo sin liderazgo ni apoyo social.
17 Abril 2019 03:29:00
El cuarto jinete
¿Será José Narro Robles el cuarto jinete de Coahuila en la presidencia al PRI? En lenguaje apocalíptico, le correspondería el caballo bayo (montado por la muerte; ¿premonición?).

En la misma línea, el general Manuel Pérez Treviño, en el corcel blanco, habría sido el de la conquista; Humberto Roque, en el rojo, el de la guerra; y Humberto Moreira, en el negro, el del hambre.

Los otros aspirantes a la jefatura priista son Ivonne Ortega, Ulises Ruiz (exgobernadores de Yucatán y Oaxaca), Alejandro Moreno (gobernador de Campeche), Lorena Piñón (del equipo de Luis Videgaray) y José Ramón Martel, quien, junto con Narro, son los aspirantes menos contaminados.

En la campaña presidencial de 2006, Narro se decantó por Andrés Manuel López Obrador, a quien ahora combate. Crítico pugnaz del Seguro Popular (creado en el sexenio de Vicente Fox y desaparecido por AMLO), hizo la vista gorda cuando el mecanismo se desvirtuó y corrompió –a escala nacional y estatal– en la administración Peña Nieto. El saltillense ocupó la Secretaría de Salud entre 2016 y 2018, lo que explicaría su cambio de actitud.

En el gremio médico nacional rivalizan dos bandos políticos. Uno lo encabeza Guillermo Soberón, exrector de la UNAM y secretario de Salud en el gobierno de Miguel de la Madrid, al que pertenece Julio Frenk, quien ocupó la misma cartera en el sexenio de Fox.

El otro lo lideraba Jesús Kumate (secretario de Salud con Salinas de Gortari), fallecido el año pasado, en el cual milita Narro. Peña Nieto dejó colapsado el Sistema de Salud, inauguró hospitales sin terminar y el desabasto de medicamentos se extendió a toda la República.

En su conferencia de prensa del 6 de marzo, el presidente López Obrador acusó a Narro Robles de hacer omisos en los casos de corrupción detectados en la Secretaría de Salud.

“Cuatro mil millones de dólares destinados a la compra de medicamentos cada año, alrededor de 80 mil millones de pesos, y no hay medicinas en los centros de salud (…) de esos 4 mil millones, 15 empresas acaparaban el 80% de las compras. (…) había hasta políticos promoviendo la venta de medicamentos”. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará 50 denuncias por corrupción.

Narro, de 70 años, necesita como compañera de fórmula a una mujer de menos edad, para atraer al priismo joven. Quien sea, puede sumarle o restarle votos en el proceso del 1 de septiembre.

La selección, por tanto, deberá ser rigurosa. Hay aspirantes a la Secretaría General demasiado codiciosas y además vinculadas con algunas de las figuras más nefastas del PRI –pertenecientes a la “generación Peña Nieto”—, acusadas de lavado de dinero y delincuencia organizada en México y Estados Unidos.

Según Narro, Peña Nieto –nombrado consejero político del PRI el 27 de febrero— no es culpable de la derrota que hoy tiene a su partido con un pie en el sepulcro.

“Quienes dicen eso –declaró– seguramente lo hacen de mala fe o no saben lo que dicen” (El Imparcial, 24-03-19). Peña terminó con una aprobación del 18%, casi equivalente a los votos obtenidos por José Antonio Meade (16.4), incluidos los del Verde y Nueva Alianza.

¿Así aspira Narro a convertir al PRI en “una oposición franca, honesta, madura (…), comprometida con México?”. Con ese diagnóstico —exento de crítica y de espaldas a la realidad— solo le falta extender el certificado de defunción.
15 Abril 2019 03:31:00
Soberbia intemperante
México pasó de una sucesión de presidentes sordociegos (“ni los veo ni los oigo”, replicaba a sus críticos Carlos Salinas) a uno que quiere consultarlo todo con el pueblo, según su conveniencia, para hacer creer que quien manda es el ciudadano de a pie, no quien despacha en Palacio Nacional ni las elites del poder. Bajo ese barniz de democracia participativa se han cancelado obras en proceso (el Nuevo Aeropuerto Internacional de México), e impuesto proyectos caprichosos (el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y la termoeléctrica de Huexca). En el extremo, también se busca decidir a mano alzada la relación con el vociferante Donald Trump.

La legitimidad se obtiene en las urnas, pero en el ejercicio del poder se refrenda o se diluye. Peña Nieto ganó con el 38.2% de los votos y en la siguiente elección presidencial su partido apenas recibió el 16.4% de los sufragios. La ciudadanía castigó de manera indubitable la impericia y corrupción de un gobierno cuyas reformas fueron elogiadas por los mercados y la prensa extranjera. Sin embargo, los beneficios prometidos no llegaron a la mayoría de los mexicanos, excepto en el caso de las telecomunicaciones. La arrogancia, los escándalos políticos y la violencia tiraron por la borda el “momento mexicano”.

Los 30 millones de votos por López Obrador (53% del total) tuvieron dos desencadenantes principales: el enfado nacional con una clase gobernante cínica y rapaz, representada por el PRI, el PAN y el PRD, y la esperanza de cambio de los sectores históricamente ignorados. Desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto se gobernó para quienes concentran la riqueza. El candidato de Morena se presentó tal cual es, en las plazas, en los debates presidenciales y ante los medios de comunicación: un hombre simple, sin rebuscamiento. Pero también sin dotes de estadista.

Quienes votaron por López Obrador, no lo hicieron a ciegas. Al presentarlo como “un peligro para México” por haber bloqueado pozos petroleros, instigado huelgas de pagos contra la CFE y cerrado el Paseo de la Reforma, el sistema lo victimizó y con él se identificaron legiones de agraviados de todos los estratos. La aureola por haber afrontado al gobierno y a los partidos, le permitió ganar en 31 de los 32 estados. José Antonio Meade (PRI), Ricardo Anaya (PAN) y el candidato independiente Jaime Rodríguez captaron en conjunto 24.7 millones de votos, 3.4 millones por debajo del número uno.

Repetir las fórmulas de siempre para tratar de debilitar a AMLO, arrojará los mismos resultados. El activismo en las redes sociales y la crítica en los medios de comunicación en algo pueden contribuir, pero las primeras son tan manipulables y en algunos casos los segundos responden a sus propios intereses, que difícilmente lograrán reducir la base electoral del Presidente y su partido; al menos en el corto plazo. AMLO es un provocador nato y al caer todo el mundo en su juego, quien gana es él.

Es preciso cambiar el enfoque y plantar cara con inteligencia –no con las vísceras– a un líder que ha afrontado mil tormentas. Existe una sentencia de Abraham Lincoln aplicable al caso: “Casi todos podemos soportar la adversidad, pero si queréis poner a prueba de verdad el carácter de un hombre, dadle poder”. La némesis de AMLO es el exceso de poder. Su enemigo no es quien piensa distinto y advierte sobre los riesgos de una presidencia autócrata, sino su soberbia intemperante.
13 Abril 2019 04:00:00
Ni adorno ni florero
El presidente López Obrador declaró que no será florero ni estará de adorno. Mucho preferirían que lo fuera, para evitarle al país daños acaso irreversibles. Mientras tanto, empiezan a suceder cosas que hasta hace poco no sucedían, como la reforma para que los intocables dejen de serlo y para que los políticos no usen el poder para reprimir la libertad de expresión, como lo expone el bisemanario Espacio 4 (611).

I
“Van por los gobernadores. Luego de que el Senado aprobara una reforma constitucional para que el Presidente, los senadores y los diputados puedan ser imputados y juzgados por delitos electorales y actos de corrupción, Morena presentó una iniciativa para también eliminar el fuero constitucional a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, así como a los magistrados y diputados locales.

“La iniciativa aprobada en el Senado establece además que el Presidente y legisladores podrán ser juzgados durante el ejercicio de su encargo por ‘cualquiera de los delitos señalados en el párrafo segundo del Artículo 19’.

“Estos son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Los inculpados podrán llevar el proceso en libertad y el auto de vinculación a proceso penal podrá defenderse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.


II

“El INAI le enmendó a la Presidencia de la República, la cual se había declarado incompetente para informar a un particular sobre los nombramientos y los salarios de los delegados de los programas para el desarrollo.

“La Presidencia había argumentado que el particular debía solicitar esa información a la Secretaría del Bienestar, pero el INAI estableció que si bien es cierto que los delegados están adscritos jerárquica y orgánicamente a esa dependencia, también son administrados por la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, que está bajo el mando directo del Presidente.

“El comisionado Joel Salas recordó que las delegaciones coordinarán programas prioritarios de la actual Administración, tales como las becas Benito Juárez, el Programa para la Atención a Personas con Discapacidad y la Pensión Universal para Adultos Mayores.

“‘Dada la relevancia de los delegados de programas para el desarrollo, se entiende que la población, como en el caso de este recurso de revisión, requiera ubicar quiénes son, qué atribuciones tendrán y cuáles serán sus percepciones económicas’”, dijo.


III

“Buenas noticias para el periodismo… y malas para Humberto Moreira. El 29 de marzo, el columnista Sergio Aguayo fue notificado de que ganó la demanda que interpuso en su contra el exgobernador coahuilense por supuesto daño moral, y en la cual exigía una indemnización de 10 millones de pesos. “Luego de tres años de juicio, un juez de la Ciudad de México estableció que Moreira no acreditó que su honor haya sido dañado. ‘Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila’, escribió Aguayo, cuando Moreira estaba encarcelado en España, en enero de 2016.

“Si bien Moreira puede apelar la sentencia, los abogados de Aguayo se sienten en terreno jurídico sólido. Aguayo, quien acusó que la denuncia intentaba amedrentarlo por una investigación que encabezó sobre las masacres de Allende y Piedras Negras, pidió que se modifiquen las leyes para evitar que los políticos acosen judicialmente a los periodistas”.

12 Abril 2019 03:50:00
Colosio: memoria incómoda
Desde 1994, dos sucesos confrontan al PRI en marzo: su aniversario (el día 4) y el asesinato de Luis Donaldo Colosio (el 23). En un lapso de 19 días, el partido más antiguo de México pasa de la celebración al duelo. Esta vez, en un contexto diametralmente distinto. Hoy la fuerza política dominante no es el PRI ni el PAN, sino Morena. El presidente López Obrador reveló que el 21 de marzo –dos días antes del atentado en Tijuana–, cenó con el candidato en casa de la activista Clara Jusidman, sin dar detalles de la reunión.

En su primera campaña presidencial (2006), AMLO nombró asesor a Manuel Camacho Solís, a quien Carlos Salinas de Gortari utilizó en dos rutas: 1) para distraer a la galería y ocultar a su favorito; y 2) para poner en jaque a Colosio. Tras el levantamiento zapatista en Chiapas, el 1 de enero de 1994, coincidente con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, Salinas designó a Camacho coordinador para la Paz y la Reconciliación. El movimiento debilitó la de por sí frágil candidatura de Colosio y reabrió la sucesión.

El 22 de marzo –un día después de la reunión de AMLO en casa de Jusidman–, Camacho telefoneó a Colosio y le anunció su decisión de no participar de nuevo en la contienda presidencial. Al día siguiente, el sonorense era abatido al término de un mitin en la colonia Lomas Taurinas. El 24 de marzo, el Presidente encabezó un homenaje ante el féretro de Colosio. El priismo, reunido en el auditorio Plutarco Elías Calles, apuntó a Salinas y emitió un veredicto inapelable: “¡Él fue!... ¡Él fue!... ¡Él fue!”.

Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente, fue uno de los actores centrales de la trama, urdida desde el poder. Desde Los Pinos se habrían fraguado también los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993, y el del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, seis meses después del de Colosio. José Córdova Montoya, jefe de la oficina de la Presidencia; Manlio Fabio Beltrones, a la sazón gobernador de Sonora, quien entrevistó en secreto a Mario Aburto, el supuesto asesino solitario; y Emilio Gamboa Patrón, secretario de Comunicaciones y Transportes y muñidor de los Salinas, participaron en el juego para reemplazar a Colosio.

En una nota autógrafa –publicada por Reforma– Raúl Salinas le dice a Colosio, en tono amenazante: “Te estás equivocando, Donaldo. Necesitas aliados, yo conozco a los buenos, ¿entiendes? Nada más acuérdate, la puerta de Los Pinos se abre desde adentro”. El testimonio se consigna en la serie Historia de un Crimen: Colosio, estrenada por Netflix en la víspera del 25 aniversario de los hechos en una ratonera de Tijuana.

“El hermano incómodo” –según calificó la revista Proceso a Raúl por los abusos cometidos antes y después de la presidencia de Carlos– depositó en Suiza 160 millones de dólares bajo un nombre falso, producto del narcotráfico y de la sustracción de recursos públicos, de acuerdo con las autoridades.

Luis Donaldo Colosio Riojas es diputado local de Nuevo León por el Partido Movimiento Ciudadano. No quiere saber nada del PRI, cuya “nomencklatura” traicionó a su padre. Alfonso Durazo, uno de los colaboradores más cercanos de Colosio, es secretario de Seguridad Pública de AMLO. Los Salinas no han pagado sus culpas. El grito de “¡Él fue!... ¡Él fue!... ¡Él fue!” resuena en el país cada 23 de marzo. La muerte del PRI empezó en Lomas Taurinas.
10 Abril 2019 03:12:00
Juicio irrefutable
El fracaso de la “generación Peña Nieto” –a la que pertenecen Humberto y Rubén Moreira, investigados en Estados Unidos por supuestos nexos con Juan Manuel «el Mono» Muñoz, quien será juzgado en San Antonio, Texas, por delincuencia organizada, lavado de dinero y otros cargos–, abrió las puertas a un político de la vieja guardia para tomar las riendas del PRI en el momento más crítico. José Narro Robles (Saltillo, 1948) es uno de los seis aspirantes a ocupar la presidencia del CEN. Los otros son Alejandro Moreno, gobernador de Campeche; Ulises Ruiz, Ivonne Ortega (exmandatarios de Oaxaca y Yucatán), Lorena Piñón y José Ramón Martel.

Los exgobernadores Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo), presentados por Peña como símbolos de la “nueva generación” del PRI, están presos por delitos de corrupción. El prófugo César Duarte (Chihuahua), de la misma cofradía, tiene órdenes de aprehensión por peculado electoral, lavado de dinero y el desvío de mil 200 millones de pesos. La suerte de Borge y de los Duarte la determinó la alternancia en sus respectivos estados. El PRI jamás había perdido Veracruz y Quintana Roo.

En su libro Cleptocracia. El Nuevo Modelo de la Corrupción (Grijalbo, 2018), el periodista Jenaro Villamil pasa lista a la generación de gobernadores peñistas: “11. Uno de los casos más graves de impunidad es el de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, exdirigente nacional del PRI y uno de los más firmes aliados de Peña Nieto en su ascenso a la candidatura presidencial, hasta que fue señalado en México y Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. La Secretaría de Hacienda documentó el desaseo en el manejo de los recursos públicos durante su administración, en la que la deuda pública se disparó de 323 millones a 36 mil millones de pesos”.

Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, escribe más adelante: “A finales de 2017 se dio a conocer un informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, que sistematizó los testimonios de tres juicios contra líderes del cártel de Los Zetas. En ese informe se compila y sustenta lo que los habitantes de Coahuila y Veracruz sabían desde hacía tiempo: que los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira en la primera entidad y de Fidel Herrera y Javier Duarte en la segunda fueron “capturados” por el crimen organizado a cambio de millonarios sobornos”.

El autor de El Sexenio de Televisa (Grijalbo, 2011) y La Caída del Telepresidente (Grijalbo, 2015), advierte: “El vínculo común entre los Moreira, Herrera y Duarte con el cártel de Los Zetas, según el mismo informe, fue el empresario Francisco Antonio Colorado Cessa, mejor conocido como ‘Pancho Colorado’, señalado en varios reportajes de la revista Proceso y en el periódico Reforma de ser prestanombres y ‘lavador’ de dinero. Colorado fue propietario de la empresa ADT Petroservicios y en 2012 fue llevado a juicio en Texas”.

Humberto Moreira presidió el PRI entre el 4 de marzo y el 2 de diciembre de 2011. Su hermano Rubén duró apenas tres meses en la secretaría general después de la debacle electoral del año pasado. La generación Peña superó en cinismo y corrupción a todas las precedentes. El moreirato contribuyó a la caída del PRI; sus excesos no han sido castigados por los tribunales, pero el juicio de las urnas es irrefutable.
09 Abril 2019 03:03:00
Callejón sin salida
El PRI vive la peor crisis de su historia y acaso también sus últimos años. El mérito no le corresponde al PAN o al PRD, inmersos en su propia agonía. El tiro de gracia lo recibió de la generación de gobernadores liderada por Enrique Peña Nieto desde el Estado de México (Edomex). Una camada tan corrupta e incompetente como cínica y soberbia.

El partido fundado por Plutarco Elías Calles perdió por primera vez la Presidencia en 2000, pero conservó la mayoría en los estados (17, contra 10 del PAN y cinco del PRD), el Congreso federal, las legislaturas locales y los ayuntamientos.

Doce años después, el PRI recuperó la Presidencia por el fracaso de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, sobre todo en materia de combate a la corrupción, seguridad y reducción de la pobreza, y una alianza con el PAN, el PRD, las grandes televisoras y la oligarquía para bloquear a Andrés Manuel López Obrador.
El triunfo de Peña no habría sido posible sin un pacto de impunidad con los gobernadores –en 2012, el PRI ya controlaba 19 estados–, quienes

inyectaron recursos públicos a su campaña y lo proveyeron de votos.
Una comisión del Congreso, integrada por diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, dictaminó que el candidato del PRI rebasó en mil 268% el tope de gastos. El límite legal era de 336.1 millones de pesos, sin embargo, el coste ascendió a cuatro mil 263 millones (La Jornada, 12.03.14).

Las deudas estatales se dispararon entre 2010 y 2011, dos años antes de los comicios presidenciales, según datos de la Secretaría de Hacienda. En Coahuila, Humberto Moreira recibió pasivos por 323 millones de pesos; al dejar el gobierno ya se debían más de 36 mil millones.

Las tesorerías locales siempre han sido cajas chicas del PRI –para mantener su estructura electoral–, pero en los sexenios de Fox y Calderón, cuando no manejaba el presupuesto federal, representaron su tabla de salvación.

En el gobierno de Fox, el PRI fue la primera fuerza en las cámaras de diputados y de senadores; con Calderón, la segunda. Esa circunstancia le permitió imponer condiciones a los presidentes y preparar su retorno a Los Pinos, apalancado por los gobernadores. En el sexenio de Peña, el PRI dominó el Congreso, sin alcanzar la mayoría absoluta. Hoy, con apenas 47 diputados y 14 senadores, ocupa la tercera posición, por debajo del PAN (78/24). Morena es la nueva aplanadora: tiene 259 asientos en San Lázaro y 59 en el Senado sin sumar a sus aliados (PES y PT). Entre 2012 y 2018, el partido de Peña perdió nueve estados. Ahora solo tiene 12, uno menos que el PAN. Pero aun en Edomex, cuyo presupuesto y padrón electoral son los más grandes del país, Morena controla la Legislatura y la mayoría de los municipios.

Morena gobierna cuatro estados (destacan Ciudad de México y Veracruz); Movimiento Ciudadano, uno (Jalisco) y el PRD, dos (Michoacán y Quintana Roo). Con 11.4 millones de votos menos que en las presidenciales de 2012 y sin el dinero de las arcas estatales, el PRI está en un callejón sin salida.

A 10 meses de la derrota más apabullante en sus 90 años, el PRI sigue colapsado. Los gobernadores se replegaron. Con un embajador en cada estado, el presidente López Obrador cuida sus movimientos, maneja los programas sociales –base del clientelismo electoral–, estructura a su partido (Morena) y despliega su poder. Fox, Calderón y Peña Nieto les soltaron las riendas y el país pagó las consecuencias.
08 Abril 2019 03:23:00
La extrema pobreza en la India ... y en México
El Gobierno de López Obrador ha emprendido un camino de combate a la pobreza extrema como si no hubiera mañana, y para la enorme mayoría de los posibles beneficiarios, no lo hay. Pero eso no significa que se está trabajando con eficacia, ni sobre todo, si las autoridades actuales se tomaron la molestia de estudiar a fondo los esquemas anteriores en México, o los que se han puesto en práctica en otros países. Incluso entre no especialistas, la discusión resulta apasionante.

En un largo editorial esta semana, The Economist se ocupa del tema en la India, donde habrá elecciones parlamentarias este mes y el siguiente. Según el semanario inglés, en la India hoy existen unas 50 millones de personas viviendo en extrema pobreza, la cifra más alta del mundo después de Nigeria y el Congo. En términos parecidos a los de México, cuenta con 950 programas y subsidios centrales, para fertilizantes, luz, agua, empleo, etc. El costo y la mala administración de los programas es tal que el Banco Mundial reconoció hace poco que, en un estado pobre, sería más eficaz suprimir todos los subsidios y entregarle el dinero directamente a la gente (lo que AMLO quiere hacer con las estancias infantiles).

El problema en la India –y en México– es la determinación de la población objetivo, incluso para simplemente entregar dinero. La identificación del “blanco” es cara y difícil. Si solo se pretende alcanzar a la gente más pobre, se corre el riesgo de perder cualquier apoyo popular para programas contra la extrema pobreza. The Economist cita a Amartya Sen: “los apoyos que solo llegan a los pobres suelen convertirse en pobres apoyos”. Y un programa universal, como el que propuso Ricardo Anaya durante la campaña presidencial en México, y que el Primer Ministro Modi de la India ha iniciado como plan piloto en varios estados, es caro, puede parecer injusto: a Slim le toca igual que las comunidades más empobrecidas del Mezquital, y cuesta mucho dinero no entregárselo a Slim, o montar un sistema para que él lo devuelva. Francisco Gil, secretario de Hacienda de Fox, recibió ya su apoyo de adulto mayor duplicado; busca devolverlo, pero no ha encontrado cómo.

López Obrador ha propuesto, y dice que está aplicando, un esquema de múltiples programas con población definida. Se trata de adultos mayores, gente en situación de pobreza –se supone que los exprospera/Oportunidades/Progresa– discapacitados, preparatorianos, “ni-nis” y algunos más. El debate internacional sugiere que esto no va a funcionar. Un informe gubernamental de la India de hace dos años sugirió un enfoque muy distinto. Valdría la pena considerarlo.

¿Qué tal si en lugar de apoyos con población definida, o de un ingreso universal, lanzar un proyecto de un ingreso para todos, salvo el 25% más rico de la población? Los ricos son mucho más fáciles de detectar que los pobres; del costo en la India sumaría un 5% del PIB, más o menos lo mismo que cuestan ahora todos los subsidios y las entregas del Estado. Supongo que los especialistas en erradicación de pobreza extrema de la 4T ya estudiaron esta propuesta y que tienen una opinión al respecto. Parece interesante, aunque difícil de poner en práctica. Pero las de AMLO ¿son fáciles?
08 Abril 2019 03:19:00
Lucha por el poder
El escándalo por el tráfico de pornografía en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) evidencia no solo descomposición, sino una pugna entre moreiristas por el control de ambas instituciones. Los desarreglos en la UAdeC siempre han tenido efectos políticos, como sucedió en el sexenio de José de las Fuentes, cuando las marchas y la toma de instalaciones desestabilizaron a la casa de estudios y al Gobierno. Lo mismo puede suceder ahora si desde el Palacio Rosa no se llama al orden a los grupos en conflicto.

Luis García Abusaíd, integrante de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción –(SEA) herencia de Rubén Moreira–, encendió la mecha.

El 17 de marzo, en su columna de Vanguardia, criticó la incuria e indolencia del rector Salvador Hernández Vélez. Tras repasar la actuación de su paisano lagunero en el caso de Jurisprudencia, concluye: “Total. Un negado e insensible Salvador, a todo dijo que NO en detrimento de la mujer universitaria”.

La réplica del rector fue prolija. Hernández tutea a García, como a un compañero de equipo. Empieza por reconocer “la existencia de un problema, que en ningún momento se ha ocultado o minimizado”. El fenómeno –alega– está “presente en la sociedad y en todos los espacios de la vida comunitaria”. Más adelante, saca el pecho: “A diferencia de otros espacios en donde se oculta y tolera el problema, la Universidad está comprometida en atender desde varios frentes dicho problema”. Con otros ámbitos ¿se refiere al Gobierno?, ¿a las iglesias?

El columnista refuta al rector: “No actuaste con diligencia para ser imparcial ante la investigación de casos de violencia de género”.

Pero al involucrar a otro funcionario, enseña su juego: “¿Puede (Alfonso) Yáñez Arreola ser imparcial en su papel como defensor de Derechos Humanos de las víctimas de acoso sexual, cuando uno de sus lugartenientes, (Leonardo) Borrego estaba involucrado en la red que los promovía? ¿Puede Yáñez Arreola ser imparcial en su quehacer cuando busca ser el director de ‘Juris’?”.

Yáñez respondió de manera breve, pero fulminante. Prescinde del tuteo y llama a las cosas por su nombre. Recuerda, primero, la raíz moreirista suya y de su acusador. Luis García fue secretario técnico de Humberto Moreira (promovido por Rubén); y Alfonso, funcionario de Finanzas y secretario particular de Moreira II. Yáñez advierte a García: “… no deben obtenerse ventajas con el uso de los medios de comunicación, con fines distintos a la verdad. (…)

Es irresponsable afirmar sin elementos, máxime cuando la función que usted ejerce es mediática y debe estar motivada en objetividad y ética, mi estimado amigo. (…) Si el objetivo es impulsar desde el exterior de la Facultad, una candidatura anticipada a Director(a); le informo que en Jurisprudencia no hay agenda inmediata, proceso electoral en puerta”.

García Abusaíd, quien aparece en la página del SEA como director ejecutivo de Canek Consultoría y activista en temas de participación ciudadana y electoral, le propuso a Yáñez renunciar a la Defensoría de Derechos Humanos de la UAdeC y a su aspiración de dirigir la Facultad de Jurisprudencia. “Solo así (…) demostrará su imparcialidad”. ¿La hay en el Sistema Estatal Anticorrupción?

El moreirato está herido. La lucha por el poder político ha empezado.

Es hora de tomar el control y de poner orden también en la Universidad.
06 Abril 2019 04:00:00
La nueva plaga
Las redes sociales se han convertido en un arma de dos filos. En ellas, todo el mundo está expuesto a la calumnia y a la difamación, pero cada vez menos pueden lidiar con la burla y con la angustia. Gerardo Moyano trata el tema en el nuevo número de Espacio 4 a la luz del suicidio del artista Armando Vega-Gil.

“El año pasado, el movimiento #MeToo sacudió al mundo del espectáculo de Estados Unidos por las denuncias de acoso sexual en contra de celebridades. Sin embargo, no había logrado prender en México... hasta hoy.

“En menos de un mes, las denuncias de acoso sexual han cimbrado el mundo artístico mexicano, primero bajo el hashtag #MeTooEscritoresMexicanos, al que le siguieron el de #MeTooPeriodistasMexicanos y #MeTooMusicosMexicanos.

La cuenta en Twitter de este último fue cerrada tras el suicidio del músico Armando Vega-Gil, cantante del grupo Botellita de Jerez, quien fue acusado de acosar a una niña de 13 años, a través de una denuncia anónima.

“Antes de suicidarse, la madrugada del 1 al 2 de abril, Vega-Gil, de 64 años, publicó una carta en Twitter en la que niega las acusaciones y anuncia la decisión de quitarse la vida. ‘No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal’, escribe en el mensaje en el que adjunta la carta.

“‘Bien, lo afirmo categóricamente, dicha acusación es falsa. Soy una persona pública y constantemente recibo gente, muchas menores de edad, en mi casa para entrevistas, talleres, o simplemente en charlas (…) Mi muerte no es una confesión de culpabilidad, todo lo contrario, es una radical declaración de inocencia’, señala Vega-Gil.

“‘La denuncia que se hace en #MeTooMusicosMexicanos es anónima y quien la lanza a las redes está en todo su derecho de hacerlo así, pero esto pone en entredicho toda mi carrera. Insisto, no ocurrió. (…) Es un hecho que perderé mis trabajos, pues todos ellos se construyen sobre mi credibilidad pública.

Mi vida está detenida, no hay salida. Sé que en redes no tengo manera de abogar por mí, cualquier cosa que diga será usada en mi contra, y esto es una realidad que ha ganado su derecho en el mundo, pues las mujeres, aplastadas por el miedo y la amenaza, son las principales víctimas de nuestro mundo’, dijo.

“La misiva generó un acalorado debate sobre el impacto de las denuncias anónimas en las redes sociales, las cuales se han convertido en el último reducto para luchar contra la impunidad en los casos de abuso sexual.

“De un lado, están quienes defienden el anonimato de las denuncias como un modo de evitar una doble victimización. Por el otro, quienes acusan de cobardes a quienes se esconden detrás de las redes para denunciar.

“Entre estos últimos, destacó la actriz Carmen Salinas quien acusó al movimiento #MeToo de orillar al suicidio a Gil-Vega.

“Si bien hubo dos denuncias más contra el cantante, con nombre y firma, la cuenta #MeTooMusicosMexicanos decidió ‘decir hasta pronto a este movimiento’ y lamentó ‘los daños y perjuicios ocasionados al feminismo.

“‘Lamentamos profundamente el suicidio de Armando Vega-Gil. Nuestra reacción inicial no fue la adecuada y, por ello, extendemos una disculpa a todos sus allegados. Jamás incitamos a alguien a hacerse algún daño ni a acabar con su vida en lugar de afrontar los hechos ante las autoridades’”, señala la cuenta oficial del movimiento. Otros 16 músicos fueron acusados en la misma cuenta”.

05 Abril 2019 03:09:00
Tormenta política
Doce años de campaña por la Presidencia le permitieron a Andrés Manuel López Obrador identificar los problemas y diseñar nuevas estrategias. En cada región escuchó a grupos sin acceso a los despachos gubernamentales, siempre abiertos a los factores de poder, sobre todo económico, cuya influencia les permitió incidir en la toma de decisiones y obtener recursos presupuestarios en detrimento de los sectores más necesitados.

Un caso paradigmático fue el donativo por 120 millones de pesos que el Gobierno de Humberto Moreira, sin autorización del Congreso, otorgó a los dueños del equipo Santos y del nuevo estadio. Dinero de los contribuyentes a negocios privados para comprar aplausos.

Uno de los distintivos de la Cuarta Transformación “será la separación del poder económico y del poder político”, dijo el Presidente en su discurso inaugural. “El Gobierno –advirtió– ya no será un simple facilitador para el saqueo (…) no va a ser un comité de servicio de una mayoría rapaz. Representará a ricos y pobres (…) al margen de ideologías (…) o posición socioeconómica. Habrá un auténtico estado de derecho (…) al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

Hasta el sexenio pasado, las elites tuvieron derecho de picaporte en Los Pinos; en los estados, todavía lo conservan. “El poder político y el poder económico –apuntó López Obrador en su toma de posesión– se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como “modus operandi” el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación”. En el sexenio de Salinas, la privatización de bancos y paraestatales favoreció a políticos y empresarios amigos del Presidente.

En 2013, Peña Nieto recompró en 3 mil 575 millones de pesos la planta Agro Nitrogenados, casi ocho veces por encima del importe que el gobierno de Salinas obtuvo por su venta al Grupo Servicor, en 1992, entre cuyos socios figuraba el entonces gobernador Rogelio Montemayor. Servicor traspasó el complejo a Altos Hornos de México, y Pemex lo adquirió en 2014, convertido en chatarra. La operación, a toda luz irregular, ya es investigada por la Fiscalía General de la República.

El 25 de marzo, en Tabasco, López Obrador apuntó hacia otro grupo de poder de Coahuila. Sin mencionar a Lala ni a otras firmas del ramo por su nombre, el Presidente anunció la creación de una cuenca lechera en el sureste “porque ya no se puede seguir produciendo la leche en las zonas desérticas donde no hay agua”. Las reacciones fueron inmediatas. El tema confrontó al gobernador Miguel Riquelme con el delegado federal Reyes Flores. Es la clásica tormenta en un vaso de agua. Nada impide proyectar otras cuencas, pero una industria láctea altamente tecnificada como la de La Laguna, no desaparecerá por voluntad presidencial. Tampoco pueden desarrollarse otras por decreto o por consulta.

El sector tiene partidarios y detractores, según sus efectos en la economía regional y el medio ambiente. El debate debe ser sobre los problemas derivados de la sobreexplotación del acuífero (hidroarsenicismo) y los desechos de los hatos (contaminación del aire y del suelo). Y a partir del diagnóstico, trazar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Es preciso determinar si la industria puede crecer aún más en La Laguna o si ya llegó a su límite, reducir la extracción, recargar los mantos freáticos y combatir la corrupción en Conagua. Pero, sobre todo, pensar en el bien común.
03 Abril 2019 03:47:00
Jugar con fuego
Andrés Manuel López Obrador llegó con votos a la Presidencia y solo con votos, su partido, Morena, podrá perderla. Las mismas reglas de la democracia que posibilitaron el ascenso del líder de izquierda al poder, deben prevalecer, y aun reforzarse, para evitar suspicacias reeleccionistas. AMLO es un presidente poderoso, mas no infalible y menos lo será mientras permanezca anclado en el pasado. Hasta ahora nadie discute su honestidad ni sus buenos deseos de moralizar la política y cambiar la vida de millones, presas de la violencia y la pobreza. Lo discutible son los métodos para lograr la transformación de México en un país seguro, justo y próspero sin sacrificar libertades ni imponer una nueva hegemonía partidista.

La fuerza del Presidente dimana de una paciente y tenaz lucha por el poder, de su conocimiento del país, de su cercanía con las clases populares y del resentimiento ciudadano contra el sistema, expresado en 30 millones de votos. El Gobierno se ensañó con el fundador de Morena y lo convirtió no solo en víctima –como a la mayoría de los mexicanos a quienes abandonó a su suerte–, sino en el político más popular y confia-ble, según lo reflejan todavía las encuestas. El apoyo a AMLO refleja el repudio hacia los líderes del PRI, el PAN y sus respectivos gobiernos.

Meses antes de la elección presidencial de 2018, una encuesta del Centro de Investigaciones Pew arrojó los siguientes resultados: el 93% de los mexicanos dijo estar insatisfecho con la democracia y el 98% desconfiar del gobierno. Los niveles fueron los más bajos del mundo. El pobre desempeño de la democracia –en países como el nuestro– genera simpatía por personas con tendencias autoritarias, advierte el estudio. Mas no necesariamente en democracias incipientes, disfuncionales o corrompidas surgen ese tipo de líderes. Los populistas de derecha e izquierda basan su éxito en la retórica contra el statu quo y una vez en el

poder generan agitación e incertidumbre. Los ejemplos de Estados Unidos, México y Brasil son los más próximos.

AMLO no debe usar la legitimidad democrática para implantar una agenda excluyente ni rescatar del baúl de los recuerdos la presidencia imperial, pues fueron justamente los excesos de los gobiernos comprendidos entre 1988 y 2018 los que provocaron el odio hacia el neoliberalismo, el

desencanto por la alternancia, la ruina de los partidos tradicionales, la debilidad del Estado y el golpe de timón dado en las urnas. El temor de que las cosas empeoren en el gobierno de Morena y de que los contrapesos institucionales –de por sí frágiles– desaparezcan, es fundado. No es en el pasado donde se encontrarán las fórmulas para salir del atolladero y avanzar hacia el futuro con paso seguro, sino en el presente y con la mirada puesta en el futuro.

México conoce los efectos del populismo nacionalista y del neoliberalismo a ultranza: pobreza, corrupción e incompetencia. Los gobiernos socialistas de Felipe González (España) y Tony Blair (Reino Unido) e incluso el de Luiz Inácio Lula (Brasil) fueron exitosos porque entendieron que el mundo había cambiado y la historia seguía su curso. Nuestro país forma parte de esa realidad, pero AMLO sigue aferrado al retrovisor. La falta de partidos fuertes y de líderes con autoridad moral obliga a los medios de comunicación y a la sociedad civil a arrancarle al Presidente las orejeras ideológicas para evitarle al país futuras crisis.
02 Abril 2019 03:40:00
Culto y lapidación
Lech Walesa enfrentó al comunismo y desde el sindicato Solidaridad coadyuvó a sepultar al “imperio del mal”, como Ronald Reagan denominó a la Unión Soviética. En 1983, el activista por los derechos humanos ganó el Premio Nobel de la Paz; y siete años después, la presidencia de Polonia, en segunda vuelta (obtuvo el 74.2% de los votos). El amigo de Juan Pablo II intentó reelegirse en 1995, pero perdió, también en balotaje. En 2000 compitió de nuevo, pero los polacos le volvieron a dar la espalda a pesar de sus laureles. Recibió el 1% de la votación y esta vez su retiro de la política fue definitivo. Desde entonces se dedica a dar conferencias.

“Solo en situaciones especiales surgen los héroes, las personas que dan un paso adelante cuando al resto les tiemblan las piernas”, escribió Gregorio Belinchón (El País, 06.01.15) a propósito del estreno de la película Walesa. La esperanza de un pueblo (2013), en España. Una frase del cofundador de Solidaridad –citada por el cineasta y crítico de cine–, lo pinta de cuerpo entero: “Yo tengo las ideas claras. Soy como el toro que cuida el rebaño”. Belinchón advierte: “Puede que Walesa no fuera un hombre cultivado intelectualmente, pero poseía un carisma arrollador”, aparte de ser “engreído y dotado de una oratoria subyugante”.

La periodista italiana Oriana Fallaci entrevistó al líder de Solidaridad en 1980 cuando aún estaba lejos de convertirse en celebridad mundial. En la película, Fallaci (Maria Rosaria Omaggio) cuestiona a Walesa (Robert Wickiewicz): –Usted no tiene madera de político. –No soy político, soy electricista– replica.

La siguiente pregunta de la autora de Entrevistas con la historia (1986) y El Miedo es un Pecado (recopilación de cartas publicada en 2016) es clave para entender el ciclo de los líderes carismáticos (el presidente Andrés Manuel López Obrador forma parte de ese elenco).

—¿Cuánto tiempo durará Walesa?

—Si no me matan, si todo va bien, calculando fríamente, podría decir que de aquí en adelante, sólo podré ir descendiendo. Paulatinamente. A ver si me explico. No soy una persona que pueda adaptarse a los tiempos normales. Y yo no soy capaz de adaptarme a las reglas del juego. Porque no puedo repetirme. Repetir lo que hice desde septiembre hasta hoy.

Por último, si los cambios en Polonia fracasan, la ira del pueblo va a caer sobre mi cabeza, y los que ahora me aplauden y me levantan altares, me van a apedrear. Me darán una patada y se olvidarán de que he luchado por ellos y que lo hice de buena fe. Si yo fuera listo o egoísta, me afeitaría el bigote y volvería a la fábrica. Pero no lo haré mientras me quieran. No puedo hacerlo. ¡No lo haré! Porque sé que a partir de ahora la situación se va a ir complicando cada vez más, y que vamos a recibir golpes muy fuertes.

A ratos, López Obrador tampoco parece político, sino predicador. Él, como Walesa, tampoco abandonó la lucha contra el régimen –en su caso, después de ser desaforado como jefe de Gobierno de Ciudad de México y de perder dos elecciones presidenciales; ruta inversa a la seguida por el Nobel de la Paz– ni se aviene a las convenciones. Su meta consiste en transformar el país. Walesa lo logró. ¿Podrá hacerlo el primer presidente de izquierda? Aún es temprano para saberlo, pero si fracasa, las legiones que hoy lo vitorean y le erigen altares, también podrían lapidarlo. Walesa no se equivocó en su pronóstico. El pueblo lo aclamó en las urnas, y con votos le cerró las puertas del poder.
01 Abril 2019 03:43:00
Salvar el pellejo
El jefe de la apocada fracción coahuilense del PRI en San Lázaro busca su propia resurrección, no la de su hermano. Rubén Moreira necesita impunidad, ahora bajo el manto de Andrés Manuel López Obrador a cuyos hombres en el estado, Armando Guadiana, Reyes Flores y Javier Guerrero, en orden de afiliación, persiguió rabiosamente y contra quienes profirió insultos y amenazas, fiel a su estilo pendenciero y fanfarrón. Moreira II empleó la intimidación y el miedo para gobernar. Experto en guerra sucia, junto con David Aguillón, una de sus aficiones consistía en escuchar conversaciones privadas de sus colaboradores y críticos para después decidir cuáles editar y cuándo utilizarlas en las redes sociales. Así actuaba el paladín de los derechos humanos.

Enfermo de poder y con un complejo de clase que no pudo superar ni en los campos de golf, Rubén Moreira terminó la obra iniciada por su hermano Humberto seis años atrás: devastar a Coahuila, solo que, en su caso, con mayor perversidad e insania. Moreira II no tiene problemas en el estado, pues la mayoría de los diputados del PRI fueron antes sus empleados –el líder del grupo fungió como paje de su mujer–.

El Poder Judicial está a sus pies: los magistrados Homero Ramos Gloria, Iván Garza y otros que soportaron humillaciones y bajezas, tienen ahora la encomienda de cuidar a su jefe en el organismo encargado de impartir justicia.

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) también es obra suya. Con la aquiescencia de la anterior legislatura, dominada por el PRI, marcó los ritmos y los tiempos de la farsa. Moreira II nombró a incondicionales suyos y de su hermano para jamás ser investigados. Es insultante e inadmisible que uno de los estados donde se han registrado escándalos de corrupción de alcance internacional y posee una de las mayores deudas per cápita, aún no tenga entre rejas a quienes vaciaron las arcas para construir fortunas personales a costa del empobrecimiento de millares de familias. No conformes, las principales cabezas de la confabulación le abrieron las puertas del estado a otra plaga: la del crimen organizado.

El SEA es un monumento a la simulación, dedicado, en todos sus niveles, a devorar recursos públicos sin ton ni son, a tender cortinas de humo y a perpetuar la impunidad. Para llamar a cuentas a los responsables del saqueo del estado, no solo se requiere valor, sino autoridad moral.

El tamaño de la responsabilidad abruma e intimida al fiscal anticorrupción; su ocultamiento pone aún más de relieve su falta de idoneidad. Prefiere pasar por cómplice –al fin son legiones– que ponerse a la altura de las circunstancias y del clamor social de justicia. Sabe de lo que Moreira II es capaz y no desea exponerse ni perder la sinecura. Para renunciar a una tarea ingrata se requiere congruencia. Tampoco la hay.

Rubén Moreira puede lograr la indulgencia de AMLO, quien confunde a lobos con corderos y no duda en lastrar la Cuarta Transformación con rufianes, pero en el estado jamás habrá perdón ni olvido por el daño y los agravios del clan.

Moreira II y su rebaño en la Cámara de Diputados (Fernando de las Fuentes y Marta Garay) pueden votar con Morena y traicionar al PRI –o los despojos de ese partido–, pero no podrá evadir la justicia de Estados Unidos donde no ha puesto un pie desde sus años de gobernador. La suerte, para los hermanos, está echada.
30 Marzo 2019 03:30:00
Los 100 días de Reyes
En la edición 610 del bisemanario Espacio 4, el periodista Édgar London evalúa la gestión de Reyes Flores Hurtado, emisario del presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado. El balance es negativo. Los agravios del moreirato y las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras siguen impunes.

“Es ahora o nunca. Desde su investidura como delegado del Gobierno de la República en Coahuila, Reyes Flores no ha desarrollado el gran papel de confrontador que los coahuilenses esperaban. Puede que, tras bambalinas, le sirva de ojos y oídos al Presidente, pero, a juicio de la sociedad, hasta la fecha se ha embolsado su salario sin tener que ponerle cotas al Gobernador ni apelar ninguno de sus mandamientos.

“Aseguraba Horacio Quiroga, en una de sus inmejorables historias, que el perro, mientras más hambre, más olfato. Y parece ser que el nuevo puesto, con los obvios beneficios que trae aparejado (en términos económicos y de poder) le ha restado sagacidad o pantalones a Reyes Flores. Muchos extrañan al hombre que, junto a Armando Guadiana, presentara una denuncia penal en contra del Gobierno de Coahuila ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda, por los casos de la masacre de Allende y las desapariciones en el penal de Piedras Negras.

“Sin embargo, hoy Reyes Flores tiene la posibilidad de hacer valer su condición de hombre de confianza de López Obrador, de mano con esa otra confianza (acaso más importante) que los coahuilenses han depositado en él. Basta con que secunde la solicitud de la abogada Ariana García Bosque para que se lleve al banquillo de los acusados a quienes ocupaban las más altas instancias del Gobierno estatal cuando sucedieron los horrendos crímenes de Allende.

“Recientemente, Reyes Flores declaró en relación con ese suceso que ‘la investigación debe de virar hacia los más altos niveles de poder que permitieron eso’ (Vanguardia, 19-03-2019). No obstante, si dicha manifestación no cuenta con el apoyo de acciones concretas, terminará por convertirse en palabras lanzadas al vacío y los posibles responsables, por omisión o complicidad, de uno de los más sangrientos episodios de la historia moderna de Coahuila seguirán sin rendir cuentas a la ley. Léase, Humberto Moreira, Jorge Torres López (ambos, gobernadores durante aquel sexenio nefasto), David Aguillón, secretario de Gobierno en igual periodo y Jesús Torres Charles, fiscal en aquel entonces. (…)

“Reyes Flores debe comprender, así como lo comprenden los mexicanos todos, que no puede haber verdadera lucha contra la corrupción si los corruptos caminan como si nada por las calles que ellos mismos enlodaron con sus fechorías. Que no basta con mirar hacia adelante y decir “no habrá” si antes no se mira hacia atrás y se castiga lo que sí hubo. Y en Allende, usted lo sabe, Reyes Flores, hay muchas familias diezmadas porque ocho años atrás las autoridades, mismas que debían velar por la paz de los habitantes, miraron a otro lado y dejaron que esa paz terminara dilapidada por las atrocidades que cometieron los miembros del crimen organizado.

“Las viudas, los huérfanos, claman en nombre de los desaparecidos, pero ¿quién clamará en nombre de ellos, los sobrevivientes del holocausto local? Si usted, Reyes Flores, personifica los ojos y oídos del Presidente en Coahuila, no olvide que en Allende hay mucho que ver y todavía más que oír”.

29 Marzo 2019 03:36:00
Guardia pretoriana
México pasó de una presidencia virtual, pusilánime y mundana, a una ubicua, todopoderosa y mesiánica. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gobernará dos meses menos que sus predecesores (su periodo terminará el 30 de septiembre de 2024), pues una reforma de 2014 anticipó para el 1 de octubre la toma de posesión de los futuros presidentes. Quien ocupe el cargo, por elección “o con el carácter de interino o sustituto (…) en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto” (Artículo 83 de la Constitución).

AMLO empezó a llenar los vacíos de poder dejados por Peña Nieto desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declaró electo, el 8 de agosto de 2019. El líder de Morena ganó con el 53.1% de la votación válida emitida, equivalente a 30.1 millones de papeletas. En los 100 primeros días de Gobierno, la aprobación presidencial fue de 78-80%. “Nunca se había visto esto”, dijo Rodrigo Galván de las Heras, director de Demotecnia, en el programa El Mañanero, conducido por Brozo.

Ese nivel de aprobación, de acuerdo con Galván, representa “50 millones de votos o más”. Propulsado por AMLO, Morena es la nueva aplanadora electoral. En Baja California y Puebla, donde el 2 de junio próximo se nombrará gobernador, el partido del presidente encabeza la intención de voto. Si la tendencia se mantiene, Morena sumará siete estados junto con Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Morelos. En Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas, el PAN y el PRI podrían perder también la mayoría de las alcaldías y las diputaciones.


AMLO basa su fortaleza en la comunicación, declaró a Brozo el director de De las Heras. “El presidente tiene muy bien identificado a su enemigo: la corrupción”. El 83% opina positivamente de AMLO, según la encuesta levantada por Demotecnia el 2 de marzo para conocer el impacto del Gobierno entre los mexicanos. El 15% está en desacuerdo. Los niveles de aprobación y rechazo son de 80% y 14%, respectivamente.

El Presidente no ha perdido fuelle. Aun sin peces gordos ni medianos entre rejas por delitos de corrupción –pródigos en el sexenio de Peña Nieto–, el 64% percibe mejoría en el combate a ese flagelo. El 54% observa avances en educación y generación de empleos, pero solo el 41% los aprecia en seguridad, uno de los temas críticos. Para el 80% de la muestra, la imagen de AMLO ha mejorado.

Entre las decisiones presidenciales mejor calificadas, destacan: la reducción de sueldos a los funcionarios públicos (79%), el combate al robo de combustible (78%) e incluso proyectos polémicos como la termoeléctrica en Huexca (67%) y el Tren Maya (66%). Según el 63%, la Guardia Civil representa un avance, pero, para el 47%, la suspensión del aeropuerto de Texcoco significa un retroceso para el país.

La empatía de AMLO con los necesitados aumenta su base electoral, y la coraza desarrollada en 12 años de campaña y guerra sucia lo volvieron resistente a la crítica. Incluso con los sectores a los que Brozo denomina “la guardia pretoriana de la opinión (donde) no hay argumento, hay descalificación”. Para el comediante y analista político, esa circunstancia “transfiere una doble o triple obligación a Andrés Manuel, de ver con quién se enoja, con quién se quiere confrontar, porque la guardia pretoriana se puede volver también un medio de linchamiento”.
27 Marzo 2019 03:35:00
Contra viento y marea
¿A qué se le tiene más miedo? ¿Al fracaso de Andrés Manuel López Obrador o al éxito del primer presidente de izquierda moderada? Lo primero no sólo supondría un tropiezo más de las alternancias, iniciadas hace 18 años, sino algo más grave todavía: la frustración de un pueblo que apostó todo por quien desafió y venció al régimen y a sus adláteres, prometió atender primero a los pobres y rescatar los valores de la República.

Con partidos de oposición débiles, sumidos en el descrédito y sin voluntad para cambiar, el escenario podría abrir la puerta a un gobierno presidido por un militar. El año pasado sucedió en Brasil con el ultraconservador Jair Bolsonaro, después de los gobiernos de izquierda encabezados por Lula da Silva y Dilma Rousseff. A Bolsonaro se le compara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus posiciones contra la globalización y la migración.

El éxito de AMLO, en cambio, implicaría la permanencia de Morena –su eslogan «La esperanza de México» remite a su líder– en el poder por décadas. Sólo así podría cumplir la promesa de convertir a México en un país más justo, menos desigual; respetado dentro y fuera... o para llevarlo a crisis aún más profundas, lo cual nadie desea.

Incluso si la cuarta transformación no logra avances significativos en materia de seguridad, justicia social, combate a la corrupción y crecimiento económico, Morena tiene asegurado al menos un segundo mandado.

Salvo que a los errores por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y al desarrollo de proyectos en apariencia inviables, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y la termoeléctrica en Huexca, Morelos –los cuales no han dañado la popularidad del Presidente, mas sí la calificación del país–, se sumen otros de mayor calado. Pero mientras el nivel de aprobación del Presidente ronde el 80% –algo no visto ni con Fox– podrá avanzar su agenda sin mayores dificultades.

En el informe por los 100 primeros días del nuevo Gobierno, Carlos Slim, presidente del Grupo Carso, el séptimo hombre más rico del mundo y el tercer accionista más grande del influyente The New York Times (Wikipedia), avaló la gestión de AMLO y disipó nubarrones: «(…) yo no me preocuparía de nada.

Está bajando la inflación, hay una mayor austeridad, sobriedad (…) y la necesidad e importancia de que se complemente la inversión pública y privada».

Respecto a las agencias de valores que han degradado la calificación de Pemex y de empresas privadas, el magnate recurrió a Perogrullo: «su trabajo es calificar». «Lo importante –advirtió– es que hay un presupuesto razonable que se está cumpliendo, además con creces. (…) Hay disciplina presupuestaria y el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos están funcionando, estamos muy bien, no hay preocupación» (Reforma, 12-03-19).

AMLO recibió un país en crisis y sin liderazgo. Lo primero aún no se supera –en 100 días, imposible–, pero el presidente ha logrado poner a raya a los poderes que hasta hace poco tenían el mando, y recuperar para el Estado funciones que «las máximas autoridades» habían transferido «a particulares nacionales y extranjeros».

La Cuarta Transformación avanza, así sea a trompicones. El juicio de los 100 primeros días, a pesar de todo, es favorable. Lo dicen las encuestas. Empero, el escudo de la legitimidad presenta fisuras que, de no repararse, podrían convertir al héroe de hoy en el villano de mañana.
26 Marzo 2019 03:35:00
Sin margen de error
Lo que Peña Nieto no pudo lograr en tres años (nombrar zar anticorrupción, fiscal general y diseñar un nuevo modelo de seguridad pública) o ni siquiera intentó (frenar el robo de combustibles dentro y fuera de Pemex), el presidente López Obrador lo ha conseguido en tres meses. Esa es la diferencia entre un presidente débil y sin horizonte y uno fuerte y legitimado. El priista no tenía mayoría en las cámaras de Diputados y de Senadores, pero desde el Pacto por México el PAN y el PRD se le rindieron.

AMLO, junto con la presidencia, recibió de los electores el control del Congreso, lo cual no sucedía desde 1988 cuando el PRI impuso a Carlos Salinas en un proceso turbio y fraudulento. Animal político como es, AMLO ha sabido sacar provecho de esa ventaja. Los votos que necesitaba para tener mayoría calificada en la cámara baja se los dieron legisladores de otros partidos. En el Senado, la voz cantante también la lleva Morena.

La aprobación de la Guardia Nacional –con mando no militar, por presión de la sociedad civil, medios de comunicación y partidos de oposición– fue abrumadora en la Cámara de Diputados (463 votos a favor y uno en contra) y en el Senado, unánime. En el mensaje por los 100 primeros días de su Gobierno, AMLO volvió a su discurso inaugural: los mexicanos aún se encuentran «en estado de indefensión». La violencia no se ha «reducido significativamente», dijo el 11 de marzo. Con la Guardia Nacional, «el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria» en los próximos cinco años, señala el dictamen aprobado en el Congreso.

Peña trató de imponer como fiscal general a su amigo Raúl Cervantes –colaborador de Humberto Moreira en el PR–, y como paso previo lo puso al frente de la PGR. Empero, la protección del procurador al exgobernador de Chihuahua César Duarte, prófugo por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos a empresas privadas, y el rechazo de organizaciones civiles y líderes de opinión, lo eliminaron de la carrera. El repudio a la propuesta de Peña Nieto se resumió en la etiqueta #NoalFiscalCarnal.

El 18 de enero, antes de rendir protesta como fiscal general –propuesto por AMLO al Senado junto con Bernardo Bátiz y Verónica de Gives–, Alejandro Gertz Manero se comprometió a colocar «la ley por encima del poder». En la campaña presidencial de 2018, la PGR le fabricó delitos al candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, para restarle votos. En vísperas de concluir el sexenio de Peña, Anaya fue exonerado por el presunto delito de lavado de dinero.

Gertz, quien coordinó la Operación Cóndor contra el narcotráfico, en 1976, ha sido rector de la Universidad de las Américas y secretario de Seguridad Pública con Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles (en el gobierno de Ciudad de México) y Vicente Fox. «Ni una persecución más, ni un ocultamiento más, ni un encubrimiento más», dijo frente a los senadores. «Cuando en un país hay 33 millones de delitos cometidos al año y el 99% queda impune, tenemos todo por hacer y la única manera de hacerlo es a través de la rendición de cuentas y una responsabilidad (…) bien establecida de carácter profesional». Si el fiscal «ya no tiene margen para equivocarse ni para engañarse», como advirtió Gertz, el Presidente, menos aún. De lo contrario, las rechiflas pasarán de los estadios a las urnas.
25 Marzo 2019 03:59:00
El escudo de AMLO
Los embates contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han chocado una y otra vez con el escudo de la legitimidad levantado con 30 millones de votos que ninguno de sus predecesores pudo construir.

En la balanza pesan hoy todavía más la fe en el Presidente, la esperanza de justicia social, la promesa de combatir la corrupción y el repudio hacia la clase política tradicional –representada por el PRI, el PAN y el PRD–, que los errores de una administración todavía incipiente. El inquilino de Palacio Nacional es el mismo de las tres últimas campañas presidenciales; y quienes critican su estilo personal de gobernar, los mismos que lo hicieron cuando era candidato.

Los últimos presidentes privilegiaron a las elites y olvidaron a los pobres, lo que explica el éxito de AMLO. La corrupción y la crisis del sistema de salud, la inseguridad y la violencia también contribuyeron. La idea de que a los marginados y a las clases medias no podía irles peor, después de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, echó raíces y se reflejó en las urnas con la más alta votación para un candidato de izquierda.

Quienes advierten, con razón, pero acaso también más atentos al interés de algunos sectores, que preocupados por el bien común, que el país puede sufrir un nuevo colapso económico, son los opositores históricos de AMLO; los que hubieran preferido tener en la presidencia a Ricardo Anaya o a José Antonio Meade –flamante consejero de HSBC–, vistos como continuadores de un régimen que el líder de Morena ha empezado a desmontar.

Sin embargo, el sistema político ya estaba agotado. No solo había perdido legitimidad y sustento social, por efecto de la corrupción y la impunidad, sino también el control del Gobierno e incluso del presupuesto. Rebasado por la delincuencia organizada y por la sociedad civil, el Estado quedó a merced de la oligarquía e intentaba sostenerse a base de dinero y de concesiones. Peña Nieto entregó 37 mil millones de pesos a organizaciones de la sociedad civil (OSC) y mayores bolsas a los diputados y a los senadores para aprobar sus reformas.

La corrupción se extendió a las fracciones parlamentarias de todos los partidos. Los fondos fueron cancelados por la actual legislatura en la que el PRI y el PAN, juntos, están muy lejos de ser mayoría.

La sustitución de subsidios a estancias infantiles y a refugios para mujeres y niños en situación de violencia, por la entrega directa de recursos a los padres de familia y a las víctimas, ha generado protestas, pero también en esos programas se detectaron pozos de corrupción. Se estima que el 70% de las guarderías eran irregulares y presentaban deficiencias; también se descubrieron desviaciones en los presupuestos asignados a los albergues.

En este, como en otros casos, el Gobierno ha afectado intereses. La propuesta de AMLO consiste en organizar un nuevo régimen y regresarle al Estado sus funciones, algunas de las cuales fueron asumidas por grupos de poder y otras cedidas por el Gobierno. Frente al escapismo de Peña Nieto, AMLO ocupa desde la mañana todos los espacios y da la cara. Los errores cometidos en los primeros 100 días de la Cuarta Transformación no hicieron mella en su líder. Sin embargo, la concentración del poder en una sola persona representa un riesgo para la democracia y para las libertades, en especial para la de expresión.
23 Marzo 2019 03:54:00
Signos de cambio
En México y en el mundo hay signos positivos de cambio, pero se necesitan muchos más y un mayor involucramiento de la sociedad, sobre todo de los jóvenes, para que las trasnformaciones en los ámbitos de la justicia, el cambio climático, sindical y otros, se profundicen. Así se expone en la sección de Luces y sombras del bisemanario Espacio 4.


I
Buenas noticias para los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, anunció que cuatro de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) regresarán a México para reiniciar la investigación. El GIEI dejó el caso en abril de 2016, en medio de críticas del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por las diferencias en torno a la “verdad histórica” en el sentido de que los cuerpos de los estudiantes habían sido quemados en el basurero de Cocula. Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox volverán a colaborar en esta nueva etapa del GIEI. Arosemena informó que los expertos tendrán acceso pleno al expediente de 600 tomos del caso, para recomendar acciones específicas. Los padres de las víctimas expresaron que el regreso de los expertos es muy alentador para la
investigación.


II
Los jóvenes europeos se volcaron a las calles para llamar la atención sobre las implicaciones del cambio climático. Cientos de miles de estudiantes acudieron a la convocatoria lanzada en las redes sociales para exigir a sus gobiernos que tomen medidas inmediatas para contrarrestar los efectos del calentamiento global. El movimiento nació para seguir el ejemplo de una joven sueca de 16 años, Greta Thunberg, quien cada semana protestaba frente al Parlamento de su país. “No hay plan(eta) B”, “Yo creo en la ciencia, no en los políticos” y “El mundo está cambiando, ¿por qué nosotros no?” fueron algunos de los eslóganes más repetidos en las marchas realizadas en la mayoría de las capitales europeas. Por la importancia del evento, los diputados noruegos han propuesto que Thunberg sea nominada al Nobel de la Paz, pues consideran que el calentamiento global será una de las principales causas de guerra y conflicto en las próximas décadas, y cualquier lucha contra esa amenaza es una contribución a la paz mundial.


III
La ausencia del polémico líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps en la ceremonia para conmemorar el 81 aniversario de la Expropiación Petrolera envía una buena señal para el futuro de Pemex. Días antes del evento, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Refinería de Tula, Hidalgo, trabajadores petroleros presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) pruebas para acreditar un presunto enriquecimiento ilícito del exsenador priista por al menos 150 millones de pesos. Miembros de la Sección 44 del sindicato petrolero pidieron la salida de Deschamps y la renovación total de la dirigencia. «Los trabajadores petroleros de la Sección 44, que apoyamos la 4a. Transformación exigimos la inmediata renovación sindical, fuera Deschamps y sus 36 secretarios generales», demandaron. Por su parte, el Frente Nacional Petrolero exigió juicio político y cárcel para cacique, mientras la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros exigie desterrar la corrupción en Pemex.

22 Marzo 2019 03:28:00
Sucesión en el PRI
José Narro Robles se retiró de la academia para dedicarse a la política –competirá por la dirigencia nacional del PRI– y Salvador Hernández Vélez, sin dejar la política, es rector de la Universidad Autónoma de Coahuila después de haber dirigido el Comité Estatal del Revolucionario Institucional (Rubén Moreira lo impuso, y el mismo déspota lo depuso).
Si Narro (70 años) logra su objetivo sería el cuarto coahuilense en dirigir ese partido. A los 39 años, Manuel Pérez Treviño no solo fue el primer líder del PNR –antecedente remoto del PRI–, sino también su fundador, junto con Calles, en 1929, y volvió a serlo en el periodo 1931-1933. Dos años después, Lázaro Cárdenas, contra quien compitió por la candidatura presidencial, lo nombró embajador en España.

Humberto Roque Villanueva sustituyó a Santiago Oñate. Duró menos de un año, pues el presidente Zedillo lo nombró jefe de la Cámara de Diputados, en 1997, tras el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Otro Humberto (Moreira Valdés) fue impuesto por Peña Nieto para cubrir el ejercicio estatutario de cuatro años, pero el escándalo de la megadeuda lo acortó a nueve meses.

Pérez, Roque y Moreira aspiraron a la silla del águila, pero el único en dar la talla, por su trayectoria y servicios al país, era el primero.

Narro Robles –dos veces rector de la UNAM y secretario de Salud hasta noviembre de 2018– formó parte de la baraja de Peña Nieto para la sucesión del año pasado, pero su mismo jefe lo descartó.

En una gira por Veracruz, el Presidente dijo que “solo en uno” de los aspirantes “veía la honradez, experiencia, honorabilidad, confianza y garantía que llevará a México por un rumbo de estabilidad y orden” (El Universal, 13.03.18). Se refería, por supuesto a José Antonio Meade, su candidato. El beso de Judas.

De ganar la presidencia del PRI, Narro recibiría un partido desahuciado. La derrota de 2018 –consecuencia de la infame gestión de Peña Nieto y de la arrogancia y corrupción exacerbada de su gobierno– resultó apabullante.
El repudio hacia el peñismo y su grupo (Alí Babá y su pandilla) lo refleja un dato: doce años atrás, cuando la lista nominal registraba casi 20 millones de electores menos que la actual, el marrullero Roberto Madrazo superó en votos a Meade, quien, en campaña, vino a decirnos que Humberto y Rubén Moreira habían sido los mejores gobernadores de Coahuila.

El candidato de la coalición Todos por México no tocó ni de refilón los temas de la deuda por casi 40 mil millones de pesos, las empresas fantasma, las masacres en Allende y Piedras Negras, las desapariciones forzadas y el nepotismo.

Meade no necesitaba ser traicionado por Peña; él mismo se echó la soga al cuello. Mientras los delitos del moreirato permanezcan impunes, el PRI será castigado en las urnas como lo fue los últimos procesos. En 2017 estuvo a punto de perder la Gubernatura –el cargo lo retuvo por un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bastante cuestionado–.
¿Qué ofrece Narro al priismo y a la sociedad? La elección del futuro presidente del PRI la decidirá su militancia. El método lo impone la circunstancia, no la convicción democrática.

Narro, experto en intrigas, nada esta vez en un mar infestado de tiburones. Con el hándicap de haber pertenecido al gobierno de Peña, su única opción es llamar a las cosas por su nombre y a los corruptos (del país y de Coahuila) por el suyo. De lo contrario, él y su partido quedarán sepultados definitivamente.
20 Marzo 2019 03:11:00
Futurismo político
El informe de Salvador Hernández Vélez, el 22 de febrero, tuvo una fuerte carga política desde la sede que eligió para rendirlo: Torreón, de cuya alcaldía Miguel Riquelme saltó a la Gubernatura. El rector presentó a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) como una maquinaria electoral, con un proceso cada 15 días. Se jactó de que mientras los partidos debaten sobre la segunda vuelta y la revocación de mandato, en la institución existen desde hace varios lustros. “Esa es la vida democrática de la UAdeC”.

Las universidades públicas no han escapado a los recortes ni a la “austeridad republicana” del Gobierno del presidente López Obrador. La mayor parte de los recursos de los 195 organismos agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) son federales. Empero, no es solo por razones presupuestarias que las finanzas universitarias están hoy bajo la lupa de una Administración dispuesta a atacar la corrupción y la impunidad, aunque hasta ahora solo sea “de dientes afuera”.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad descubrieron que en la Estafa Maestra participaron siete universidades y un instituto tecnológico, además de Pemex, Banobras y las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones, Educación Pública y Agricultura.

El fraude, cometido en los dos primeros años del gobierno de Peña Nieto, se cifró en 7 mil 670 millones de pesos, de los cuales 3 mil 433 millones se desviaron a empresas fantasma y mil millones a universidades, por concepto de “comisiones”.

La UAdeC ha sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación y su equivalente en el estado (ASE) por irregularidades financieras. En el ejercicio correspondiente a 2017, la ASE realizó 576 observaciones por 3 mil 884 millones de pesos. La Universidad ha servido también de brazo electoral y caja chica de los gobiernos de turno, según denunció el excandidato a gobernador Armando Guadiana.

El senador por Morena asistió al informe de Hernández Vélez, quien ofreció multiplicar los panes y los peces para elevar la calidad educativa de la UAdeC y colocarla por “encima de la media nacional en cuanto a indicadores”.

En la clasificación de QS World University Rankings 2019, los cinco primeros lugares los ocupan la UNAM, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el IPN, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Iberoamericana. La UAdeC no figura entre las restantes del top 20.

El informe sirvió también de pasarela política. Además de Guadiana, asistieron otros aspirantes a la Gubernatura; el Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, el primer presidente no priista de la Junta de Gobierno del Congreso, Marcelo Torres; y el superdelegado Reyes Flores Hurtado. Óscar Pimentel, expresidente del PRI, lo mismo que Hernández Vélez, representó al Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez.

Para evitar dudas sobre la intencionalidad política de la ceremonia, Samuel Rodríguez, representante del Gobierno del Estado en La Laguna, ocupó lugar en la primera fila. Cerebro electoral de Humberto Moreira, Rodríguez tiene la consigna de recuperar Torreón para el PRI.

El aplauso para los líderes reunidos en el Centro Cultural Braulio Fernández Aguirre fue de tibio a frío. El mensaje de la comunidad universitaria es inobjetable: la educación y la política deben marchar por caminos separados. Por no entenderlo así, la UAdeC está por debajo de la media tabla en las clasificaciones nacionales.
19 Marzo 2019 03:00:00
Exceso de protagonismo
El gobernador Miguel Riquelme no sólo debe lidiar con un Congreso donde el PRI está impedido para reformar leyes y cambiar la constitución a su arbitrio, como sucedió durante el moreirato, y con 20 alcaldes de otros partidos, sino con un delegado federal omnipresente. Reyes Flores Hurtado, emisario del presidente López Obrador, es la segunda figura política más solicitada y relevante después del Ejecutivo. El exlíder del PAN y suplente del senador Armando Guadiana, asiste a las reuniones de seguridad y a cuanto acto oficial se realiza en el estado.

En el sexenio pasado, ese papel lo desempeñaba el delegado de Gobernación –siempre, igual que ahora Reyes, en primera fila o en las mesas principales–, mas no en calidad de representante de la Federación, sino como empleado del gobernador. Reyes le reporta al Presidente, de ahí dimana su poder. Cuando no asiste a ceremonias oficiales, el superdelegado recorre el estado, se reúne con empresarios, visita albergues de emigrantes, fija criterios e incluso emite comunicados sobre asuntos que, en teoría, son de competencia local; por ejemplo, el control de incendios forestales.

En los gobiernos del PRI y del PAN, los delegados no tenían acceso directo al Presidente, tampoco competían con el gobernador y menos se atrevían a pedir públicamente la destitución de un funcionario federal. La aparición del exprocurador general de Justicia de Coahuila, Jesús Torres Charles, en el organigrama del Sistema de Administración Tributaria (SAT), le brindó a Reyes Flores la oportunidad de cobrar una factura a los hermanos Moreira, quienes le acosaron e incluso le inventaron delitos.

El 21 de febrero, en un video publicado en las redes sociales, Reyes se dijo indignado por el nombramiento de Torres como administrador central de Investigación Aduanera. “Es uno de los actores que más daño le hicieron a este estado en los últimos años. Como procurador general de Justicia en el sexenio de Humberto Moreira, ha sido acusado en Cortes de Texas por ser el brazo protector de Los Zetas (…). Este grupo, (el de los Moreira) que permitió que los coahuilenses fuéramos asaltados por la delincuencia organizada, no puede continuar en la función pública. (…) Exigiré que se destituya del cargo”, advirtió.

Ese mismo día, la directora del SAT, Margarita Ríos Fajar, publicó en su cuenta de Twitter: “Hoy fue desvinculado del @SATMX el Administrador Central de Investigación Aduanera. La reputación del SAT es su activo más importante, y se toman decisiones firmes para mantener la solidez institucional”. En una carta al administrador general de Aduanas, Torres califica de “calumniosa” la información sobre su desempeño en la Procuraduría de Justicia de Coahuila e informa de su separación del cargo “para estar en total libertad de emprender acciones legales para salvaguardar mi integridad”.

En el informe del rector de la UAdeC, Salvador Hernández, el gobernador Miguel Riquelme explicó su apoyo al presidente López Obrador en el tema de la Guardia Nacional: “Porque (…) sabemos el costo que significaría retroceder en materia de seguridad”. Frente al senador Guadiana, el superdelegado Flores, y el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Marcelo Torres (PAN), el gobernador pidió “cuidar la institucionalidad (…) sobre todo, debemos cuidar a nuestras instituciones”. Los Moreira las pervirtieron y Coahuila paga las consecuencias.
18 Marzo 2019 04:00:00
Tirios y troyanos
Miguel Riquelme heredó del moreirato no sólo una deuda cuya amortización parece impagable, sino un PRI en ruinas, sin mayoría en el Congreso y con los principales municipios –excepto Saltillo– en poder de la oposición. En un escenario así, “aglutinar los intereses de Coahuila no ha sido sencillo”, reconoció el gobernador durante su participación en el informe del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, el 22 de febrero en Torreón. La nueva realidad del estado se reflejó en el auditorio del Centro Cultural Universitario. El mensaje de Riquelme lo escucharon, en primera fila, el alcalde Jorge Zermeño y el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Marcelo Torres (PAN); el senador Armando Guadiana y el delegado de AMLO, Reyes Flores Hurtado. La sucesión gubernamental empezó después de las elecciones de 2018, con Morena como primera fuerza política nacional.

El PRI gobierna actualmente 18 municipios, 10 menos con respecto a 2017; el PAN, 10 (entre ellos Torreón, Monclova y San Pedro); UDC, 5 (destacan Ciudad Acuña y Sabinas); Morena, 4, en tres de los cuales jamás había habido alternancia (Piedras Negras, Matamoros y Francisco I. Madero); y el PRD, uno. En el Congreso, el PRI tiene 10 diputados; el PAN, 9; UDC, 3; Morena, 2, y el PRD, uno. Elisa Villalobos (Morena), Claudia Ramírez (PRD) y Édgar Sánchez (UDC), ahora independiente, son satélites del partido gobernante. No es sólo la falta de mayoría lo que dificulta la operación de Riquelme en el Congreso; también la impericia del grupo parlamentario de su partido, del cual forman parte los moreiristas Jaime Bueno, Jesús Loya (sustituyó a Samuel Rodríguez, operador electoral de Humberto Moreira, quien ahora cumple esas funciones en La Laguna como representante del Gobierno), Lucía Ramos, Verónica Martínez (homónima de la senadora del PRI) y Diana González. Esta última coordina la Comisión Instructora de Juicio Político y de Declaración de Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal.

La comisión, casi olvidada, pudo haber procesado al exgobernador Rubén Moreira –valedor de las diputadas Martínez, González y Ramos, quien también integra la junta instructora– y al auditor Superior del Estado, Armando Plata. El juicio político lo solicitó el presidente de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, Juan Antonio García Villa (PAN), con base en el proyecto de dictamen relativo al informe de resultados de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2017 “por observaciones no solventadas cuyo valor ascendió a nueve mil 311.7 millones de pesos”, aprobado el 19 de febrero.

En 5 de marzo, en una sesión bastante acalorada, los diputados Bueno, Ramos (PRI), Villalobos (Morena) y Ramírez (PRD) votaron en contra del dictamen; García Villa, María Eugenia Cázares (PAN) y Emilio de Hoyos (UDC) lo hicieron a favor. Además de desechar la demanda de juicio político, la alianza PRI-Morena pidió la remoción de García Villa como presidente de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública. Rubén Moreira tiene un pie en la Cámara de Diputados y otro en Coahuila.

La Auditoría Superior del Estado presentó, en julio de 2018, denuncias penales ante la Procuraduría General del Estado –entonces a cargo de Homero Ramos Gloria, flamante magistrado del Tribunal Superior de Justicia– por el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma en el gobierno de Rubén Moreira. El caso está congelado mientras los delitos prescriben. El Sistema Estatal Anticorrupción es tan útil como la carabina de Ambrosio.

16 Marzo 2019 03:13:00
Gobierno espía
El gobierno de Peña Nieto espió a líderes políticos, empresarios, artistas y periodistas. El poder provocó la salida de la radio de Carmen Aristegui y Pedro Ferriz. Algunos de esos casos los ha ventilado la Administración de AMLO, a quien la Guardia Nacional le dio más puntos en las encuestas.

Son los temas de la sección de Luces del nuevo número de Espacio 4.

I

Se le hizo justicia a Carmen Aristegui. El pasado 21 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la sentencia que obligaba a la periodista a probar las expresiones que realizó en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, en cual sugiere que los dueños de la empresa MVS cedieron a presiones del poder político.

Los ministros de la Primera Sala de la SCJN dejaron sin efecto la sentencia por daño moral que había sido parcialmente favorable para Joaquín Vargas, al considerar que las opiniones de Aristegui en el texto demandado no son ofensivas ni implican un menosprecio personal al dueño de MVS.

Los ministros determinaron que en el caso de opiniones periodísticas que tengan impacto de interés público, se puede justificar que la libertad de expresión prevalezca ante los derechos de la personalidad de los involucrados, pues el debate en estos temas debe ser “desinhibido, robusto y abierto”.

Tras la resolución, la periodista llamó a los demandantes a desistirse de ese juicio y a terminar con “el terrible periodo que hemos vivido tanto MVS como nosotros”.

II

El Gobierno federal deberá investigar el uso que la Procuraduría General de la República (PGR) le dio al software espía Pegasus durante el gobierno de Peña Nieto. Esto después de que el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) determinara presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dar vista al Órgano Interno de Control de la Fiscalía y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que, desde el ámbito administrativo y presupuestal, investiguen y promuevan sanciones contra quienes resulten responsables.

No obstante, el colectivo #GobiernoEspía, al que pertenecen Artículo 19, Social Tic y el Centro Prodh, entre otras ONG, denunció que con la desinstalación del software en la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la extinta PGR, se destruyó evidencia del mal uso de ese sistema.

Pegasus es un programa de origen israelí creado para extraer información de dispositivos inteligentes, que el Gobierno federal adquirió en 2014 y habría usado para espiar a periodistas y activistas.

III

La Guardia Nacional será enteramente civil y el uso del Ejército será limitado. Así lo determinó el Senado, al aprobar la creación de este cuerpo de seguridad, que dispondrá de un periodo de 5 años para su conformación.

En ese periodo, el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero su labor será de carácter extraordinario, regulado, fiscalizado y de tipo auxiliar de las instituciones civiles.

También se exhorta a las entidades federativas a emprender un programa de fortalecimiento de sus policías estatales y municipales en un plazo de seis años, cuyos avances serán evaluados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Además, el Artículo 21 del dictamen establece la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno para la operación de la Guardia.

Asimismo, los delitos cometidos por elementos de la nueva corporación en el cumplimiento de sus deberes serán juzgados por jueces civiles.
15 Marzo 2019 03:41:00
Caballada flaca
La costumbre de hablar para la galería ha puesto en evidencia al líder estatal del PRI, Rodrigo Fuentes, en más de una ocasión. En las elecciones federales y locales de 2018, declaró que su partido haría carro completo. La respuesta de los electores resultó proporcional a la insolencia: el ente fundado por Calles perdió la Presidencia, las senadurías y cinco de siete diputaciones. A escala municipal, no le fue mejor, pues sólo obtuvo 18 alcaldías. Las 20 restantes las ganaron el PAN (10), UDC (cinco), Morena (cuatro) y el PRD (una).

En 2017, Fuentes había perdido su propia elección. María Eugenia Cázares (PAN) lo venció en el distrito XI. La misma suerte corrieron María Luisa Quintero, Mario Cepeda y Román Alberto Cepeda, en Torreón; José Luis Flores, en San Pedro; y Graciela Fernández, en Matamoros. La mayoría de ellos son ahora funcionarios del gobierno del estado, igual que otros priistas rechazados en las urnas previamente. El presidente del PRI apunta ahora al 2020 con motivo de la renovación del Congreso local. Asegura que ganará los 16 asientos de mayoría relativa, de los cuales ahora sólo tiene siete.

Si el pronóstico se basa en que las elecciones intermedias son las menos concurridas, pues sólo se vota para diputados, se equivoca y puede provocar sorpresas desagradables por varias razones: 1) la ciudadanía ha adquirido conciencia sobre la importancia del Congreso como contrapeso del Poder Ejecutivo, 2) el repudio al gobierno de los hermanos Humberto y Rubén Moreira estimula el voto antiPRI; y 3) la fuerza de Morena. El partido del presidente López Obrador tiene mayoría en 20 de las 32 legislaturas locales.

Esa realidad se manifestó en 2017 cuando el PRI perdió nueve de los 16 distritos. En las elecciones legislativas anteriores había conseguido carro completo, pero quería más. Para obtener asientos de representación proporcional, postuló a militantes suyos bajo las siglas del Verde, Nueva Alianza y otros partidos. Sin embargo, la Sala Regional en Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impidió la sobrerrepresentación y le asignó tres diputados plurinominales al PAN.

El PRI necesita mayoría en el Congreso para asegurarle al gobernador Miguel Riquelme un cierre de sexenio sin sobresaltos. Tener el control de sus respectivas legislaturas les permitió a Humberto y a Rubén Moreira librar los escándalos de la deuda, las empresas fantasma y otras irregularidades graves. El último servicio de los diputados del PRI a Moreira II consistió en aprobar en tiempo récord la cuenta pública de 2016, la cual registraba pagos a empresas fachada, denunciados por la Auditoría Superior del Estado el año pasado. El plazo para dictaminar el informe era de 60 días, pero los legisladores lo revisaron y aprobaron en cuestión de horas.

Otra de las prioridades del PRI es recuperar La Laguna. Hoy su única posición es la alcaldía de Viesca. El PAN gobierna Torreón y San Pedro; y Morena, Matamoros y Francisco I. Madero, donde los ayuntamientos precedentes habían sido priistas. El resultado de las elecciones de 2020 (para diputados) y de 2021 (para presidentes municipales) determinará la próxima Gubernatura. Coahuila estuvo a un paso de la alternancia hace dos años, pero el PAN desaprovechó el momento. Morena, con AMLO en la Presidencia, no lo dejará pasar. Entretanto, este año se hará con los gobiernos de Baja California y

Puebla.
13 Marzo 2019 03:56:00
Un cambio de imagen
Un alto porcentaje de los 30 millones de votos captados por Andrés Manuel López Obrador provino de mexicanos lastimados por la corrupción y el cinismo de la clase gobernante, en particular de los gobiernos del PRI y del PAN. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia catalizó el enfado social. Los ciudadanos creyeron en su promesa de enjuiciar a quienes utilizaron el poder para convertirse en nuevos ricos o multiplicar sus fortunas. Empero, si no existe castigo para quienes robaron impunemente y sin rubor las arcas nacionales y estatales, ¿qué diferenciará a AMLO de sus predecesores? Ernesto Zedillo, sin tanta alharaca, encarceló a Raúl Salinas de Gortari por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y el asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu.

Coahuila no es Badiraguato, Sinaloa, cuna del “Chapo” Guzmán –aquí existen otro tipo de cárteles–, a donde el Presidente viajó el mes pasado para demostrar que “nada debe” y “nada teme”. Coahuila, estado por el que AMLO siente aprecio por las luchas de Madero y de Carranza, es un árbol caído –por la deuda superior a los 36 mil millones de pesos acumulada en los dos últimos sexenios– del cual se hace leña y escarnio cuando, desde el poder, se perdona a los corruptos. La conducta no solo inflige mayor castigo a las legiones de víctimas de un gobierno inmoral –dividido en dos partes, ambas perversas–, también pone en tela de juicio la voluntad presidencial de procurar justicia.

El estado donde se izó la bandera por el sufragio efectivo y en contra de la reelección, sufre las consecuencias de la perversión del voto y el secuestro del poder por el clan de los Moreira. Lo mismo puede suceder en el país si el inquilino de Palacio Nacional cae en la misma tentación. El riesgo existe, pues si el Presidente incumple hoy la promesa de encausar a los corruptos, ¿quién asegura que mañana no cambiará de parecer con respecto a la reelección? El apoyo a AMLO es abrumador, como lo fue en las urnas, pero La Popularidad, nos recuerda Víctor Hugo, “es la gloria en calderilla”. Salinas y otros déspotas (Fujimori, en el Perú) también empezaron con altos niveles de aprobación.

López Obrador afronta problemas monumentales y día a día aumentan las presiones. Son las propias de un país históricamente engañado y mal gobernado –violencia, corrupción, déficit de Estado de derecho, pobreza y falta de crecimiento–; las de sectores afectados en sus intereses por el cambio de paradigmas; las naturales en todo cambio de régimen y las derivadas de sus propios errores. El escudo, la fortaleza de AMLO proviene de las urnas y de la confianza de una ciudadanía dispuesta a correr riesgos. El gobierno de los expertos (la tecnocracia) arruinó a México, pero el de los adictos y el de los improvisados puede provocar males aún mayores.

Los sectores y líderes de opinión antiAMLO se muestran cada vez más impacientes y la preocupación de algunos, por los desatinos de la administración y la marcha del país, es sincera y está fundamentada; lo cual, a falta de contrapesos políticos, es necesario y plausible. Sin embargo, la indulgencia de muchos de ellos con Peña Nieto contribuyó a la crisis. Una corriente intenta convencer ahora de que “estábamos mejor –con la corrupción, la impunidad, la concentración de la riqueza y la simulación– cuando estábamos peor”. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos votó por un cambio radical. Las recetas del PRI y del PAN eran las mismas.
12 Marzo 2019 03:35:00
Entrevista secreta
Entre la detención de Humberto Moreira y la de Juan Manuel Muñoz Luévano, solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción de España, en 2016, mediaron dos meses. La causa es la misma: “lavado de dinero y organización criminal”. La captura del exgobernador de Coahuila ocurrió el 15 de enero, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y la del supuesto enlace de Los Zetas en Europa, el 18 de marzo, en su residencia madrileña. Empero, el político y el presunto narco no corrieron con la misma suerte. Moreira abandonó la prisión de Soto del Real una semana después, y el empresario lagunero fue extraditado tres años después a Estados Unidos donde será juzgado. Según una nota de Reforma, el exlíder del PRI habría negociado con el FBI la entrega de Muñoz para salvarse (06-03-19). Él lo niega.

Una investigación de El País explicaría también la rápida liberación de Moreira: “El Gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel”, dice el texto de José María Irujo, publicado el 22 de febrero de 2016. “La gestión de mayor nivel se llevó a cabo el pasado 21 de enero, un día antes de que se celebrara la vista en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó la puesta en libertad del exgobernador de Coahuila”.

Moreira se estableció en Madrid a principios de 2013, “después de su defenestración política y de las acusaciones de un gigantesco desfalco de fondos públicos. Se había matriculado en un máster en la Universidad Autónoma y residía en un chalet de lujo por el cual pagaba 3 mil euros al mes (unos 65 mil pesos al tipo de cambio actual)”, añade la nota. Para acreditar transferencias por 200 mil dólares, el exgobernador dio los nombres de un par de empresas suyas: Unipolares y Publicidad del Norte, y Negocios, Asesoría y Publicidad, las cuales son investigadas por la Fiscalía Anticorrupción de España (la de Coahuila sigue sin decir esta boca es mía).

Luego de la extradición del “Mono” a Estados Unidos, Irujo informó: “Hace un año, el fiscal de Texas que le reclamaba se entrevistó en secreto en una prisión española con Muñoz en compañía del abogado norteamericano del narco, según confirman fuentes cercanas a este último. Su testimonio, en el supuesto de que colabore con las autoridades estadunidenses, pude poner en aprietos a la larga lista de políticos y funcionarios del Estado mexicano de Coahuila con las que el presunto narco mantenía relación” (El País, 02-02-19).

El 14 de noviembre pasado, Pedraz reabrió la investigación contra Moreira “por el supuesto blanqueo de capitales e integración en la banda del crimen organizado de Los Zetas” (Newsweek México, 14-11-18). La decisión se tomó con base en las declaraciones de Javier Villarreal (exsecretario de Finanzas de Moreira) y del empresario Rolando González Treviño frente a Juan José Rosa y José Grinda, fiscales anticorrupción de España, en San Antonio. Según Villarreal, Unipolares y Publicidad del Norte lavaron 14 mil millones de pesos del erario.

En su entrevista secreta con el fiscal estadunidense, Muñoz pudo haber aportado información relevante sobre las actividades de los Moreira, quienes han negado toda relación con él. No todos los capos “vinieron de fuera”, como aseguró Rubén Moreira en su último informe, frente a una legislatura cómplice. Muñoz es de Matamoros, donde los hermanos solían reunirse con el “Mono”. El supuesto enlace de Los Zetas en Europa tiene mucho que contar a las autoridades de Estados Unidos.
11 Marzo 2019 03:41:00
Políticos en ascuas
El juicio contra Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano, en Estados Unidos, sacudirá las estructuras políticas y el árbol de la corrupción plantado en Coahuila durante el moreirato. Exgobernadores, legisladores federales y locales, autoridades universitarias, magistrados, jueces, exalcaldes, juniors de políticos y hombres de negocios, concesionarios y comentaristas de radio y televisión, líderes del PRI, notarios públicos, contratistas... aparecen en las declaraciones de testigos del Gobierno norteamericano, algunos de ellos bajo su protección.

Los objetivos son Humberto y Rubén Moreira en cuyo Gobierno de 12 años el cártel de los Zetas se apropió de la entidad, según el estudio Control sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios en contra de miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río. El trabajo, desarrollado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, se basa en declaraciones de 24 exintegrantes del cártel en tres procesos federales celebrados entre 2013 y 2016.

El ensayo se anunció el 6 de noviembre, luego de su presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Ese mismo día, a 680 kilómetros de distancia, Rubén Moreira se despedía del Congreso local, dominado por el PRI, con una falsa aureola de estadista: “Hoy las cosas son distintas, los grandes capos que asolaban Coahuila y que, por cierto, vinieron de otras partes, o están abatidos o en la cárcel. (…) mi estado (…) es el único que ha desentrañado los grandes crímenes, castigado a los culpables y dictado órdenes de aprehensión contra los más terribles delincuentes”.

El estudio de la Universidad de Texas, realizado por Sarah Gohray y Marovia de la O, dice otra cosa: “Los Zetas pagaron sobornos e integraron a oficiales de policía en su jerarquía para garantizar que el cártel podría continuar sus operaciones ilícitas sin resistencia. (…) Los funcionarios estatales se han negado intencionalmente a buscar la justicia a pesar de tener conocimiento de innumerables abusos contra los derechos humanos perpetrados por miembros del cártel Zeta”.

Por otra parte, advierte: “Tanto los Zetas como el Estado son responsables de la violencia en Coahuila. En el mejor de los casos, el Estado hizo la vista gorda ante la generalizada corrupción y los graves abusos contra los derechos humanos, y en el peor, participó directamente en la perpetración de estos abusos”. (Para vender otra imagen, Moreira promovió la creación de la Academia Interamericana de Derechos Humanos dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuyo director, Efrén Ríos, ha encabezado varias defensas del PRI ante tribunales electorales).

Entre los testimonios sujetos a estudio por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, figuran los de Efrén Tavira, Humberto Uribe Tapia, Enrique Rejón y Alfoso Cuéllar. En una nota de la revista Proceso, titulada Informe revela control de los Zetas en Coahuila durante los gobiernos de los hermanos Moreira, el periodista Juan Alberto Cedillo, cita: “Según Tavira, Rubén Moreira también colaboró con los Zetas. (…) Tavira describió una ocasión en la cual los Zetas entregaron a Rubén Moreira en el rancho de otro narcotraficante, Beto Casas, a través de una camioneta Suburban llena de maletas repletas de dinero”. Con respecto a un supuesto soborno a Humberto Moreira, Uribe declaró: “Se hizo a través del Sr. Vicente Chaires y Jesús Torres Charles”, (Apro, 6-11-17).
09 Marzo 2019 04:00:00
Fraudes y abucheos
El bisemanario Espacio 4 dedica la sección de Sombras de su edición 609 a nuevos hallazgos en el fraude del Infonavit, al pacto del Gobierno de Peña Nieto para dejar en libertad a uno de los huachicoleros más poderosos del país y a la nueva bandera del PRI, en el marco de su 90 aniversario: que a sus gobernadores no les griten en los actos del presidente López Obrador.

I
En medio del escándalo por los juicios ilegales a través de los cuales el Infonavit despojó a 300 mil derechohabientes de sus viviendas, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que dos directivos del Instituto aprovecharon un programa para obtener créditos millonarios y comprar inmuebles en zonas residenciales.

Se trata del programa Empleavit, lanzado en octubre de 2015 por el entonces director del Infonavit, Alejandro Murat, a través del cual se ofrecieron a empleados del instituto créditos equivalentes a 41.2 meses de sueldo con una tasa anual de 4%, a 20 años y sin
intereses.

El actual director empresarial del Infonavit, Sebastián Fernández, obtuvo en diciembre de 2015 un crédito con HSBC por 5.2 millones de pesos para comprar una casa de 22 mdp en la alcaldía Álvaro Obregón.

El 22 de diciembre abrió su crédito con Infonavit y canceló su adeudo con HSBC. Lo mismo hizo José Pelayo, director general de Riesgos, que trasladó al instituto una deuda bancaria por 8.5 millones de pesos, que usó para adquirir una casa en Cuajimalpa, detalla la
investigación.


II

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto perdonó a Othón Muñoz Bravo, alias “El Cachetes”, uno de los principales huachioleros de Puebla. En agosto de 2017, cuando el empresario gasolinero fue detenido en un operativo de la Marina en el que se le se encontraron armas de grueso calibre, la Administración estatal del panista José Antonio Gali Fayad informó que “se logró la detención de un importante líder dedicado al robo de combustible” y lo vinculó a Antonio Martínez Fuentes “El Toñín”, líder de una banda dedicada a la ordeña de gasolina en Triángulo Rojo (ubicado en los municipios por donde cruza el poliducto Minatitlán-México).

Sin embargo, el pasado 1 de marzo Reforma reveló que en agosto de 2018, “El Cachetes” negoció con la PGR (de Peña) declararse culpable de posesión de armas de fuego a cambio de una sentencia de sólo tres años con 10 meses de prisión, una multa de 6 mil 416 pesos y beneficios legales para no pisar la
cárcel.

Pese a que dos de sus gasolineras fueron clausuradas, finalmente Muñoz Bravo no fue imputado por robo de
hidrocarburos.

III

Los gobernadores no quieren abucheos y abogan por una ley que los prohíba. La presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, informó que los mandatarios priistas le pedirán a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que haga un exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga contra los abucheos en los eventos de gobierno estatales.

Massieu dijo que la propuesta emanó de una reunión con los gobernadores de su partido, el pasado 3 de marzo. «Nos reunimos con los gobernadores (del PRI) y se busca un pronunciamiento desde la Conago. Este es un tema (los abucheos) de todos, no nada más del PRI», dijo Massieu en conferencia de prensa. Además, informó que los grupos parlamentarios del PRI subirán puntos de acuerdo, a través de los cuales se exhortará al Ejecutivo Federal para que se acabe con esta práctica y que «se explore algún camino jurídico que se pudiera seguir».

Bajo esa perspectiva, ¿también pedirán que se hagan obligatorios los aplausos?

08 Marzo 2019 03:59:00
El socio del poder
El saqueo sistemático e indiscriminado de las arcas estatales, en los sexenios comprendidos entre 2005 y 2017, no debe quedar impune, así sea en Estados Unidos donde se castigue. Quizá la deuda por 37 mil millones de pesos jamás se penalice como tal, pero sí el desvío de recursos para lavar dinero en paraísos

fiscales y comprar empresas y bienes inmuebles, parte de los cuales fueron confiscados por el gobierno norteamericano. Hace dos años, una casa de la suegra del exgobernador Humberto Moreira –adquirida con dinero de los coahuilenses, según documentos de la Corte de Distrito del Oeste de Texas–, fue rematada en San Antonio en 10.3 millones de pesos (Reforma, 27-02-17).

El enriquecimiento flagrante y obsceno de una banda significó la ruina financiera del estado –cada año se destinan alrededor de 3 mil 500 millones de pesos del presupuesto solo para el pago de intereses– y el empobrecimiento de millares de familias. Coahuila es fuerte por quienes no claudican en la adversidad ni se humillan frente el poder. El papel de las cuatro últimas legislaturas –adictas a los Moreira– resultó abyecto y criminal. Legalizar el robo al estado, por la deuda, constituye una bajeza imperdonable.

En esa dinámica perversa, los hombres del poder dieron un paso suicida: se asociaron con la delincuencia organizada para multiplicar sus ganancias (el dinero del erario no les bastaba), desestabilizar municipios gobernados por otros partidos (el caso de Torreón, por donde entraron los Zetas a Coahuila, es paradigmático), sembrar terror (Allende, Piedras Negras, La Laguna) y robar elecciones. Quienes pudieron alzar la voz para denunciar los abusos prefirieron callar; unos por miedo, la mayoría por conveniencia.

Coahuila, de donde surgieron movimientos por la democracia y la legalidad a principios del siglo pasado, es ahora motivo de escarnio dentro y fuera del país por permitir, de sus autoridades, las peores atrocidades. Ni la suma de los gobiernos más nefastos provocaron al estado tanto daño como los últimos dos. La cobardía e indolencia de los presidentes Fox y Calderón, quienes toleraron la corrupción en los estados, y la debilidad y complicidad de Peña Nieto, permitieron a los gobernadores actuar a su arbitrio y sin sujeción a las leyes.

El argumento «ad hominem» sobre la violencia en los últimos años del gobierno de Moreira I y en los primeros del de Moreira II fue «la guerra de Calderón», sin orden ni concierto, contra el crimen organizado. La realidad era distinta. El caos empezó cuando, a partir de Fox, los presidentes se desentendieron de los gobernadores. Convertidos en feudos, los estados no solo empezaron a endeudarse por encima de su capacidad financiera, y en casos como el de Coahuila, sin autorización de las legislaturas locales, sino también a pactar con los cárteles de la droga, a los cuales les cedieron territorio y mando.

La extradición del lagunero Juan Manuel Muñoz Luévano –supuesto enlace de Los Zetas en Europa– a Estados Unidos, donde será juzgado por lavado de dinero y organización criminal, entre otros delitos, ha causado pánico en algunos círculos de Coahuila por sus implicaciones políticas y judiciales. El caso sacudirá al estado desde sus cimientos por la relación del “Mono” con los poderes públicos –del pasado y del presente–, sus vínculos con empresarios mediáticos y de otros sectores e incluso con partidos. Si en realidad fue traicionado por Moreira I, las consecuencias serán mayores.
06 Marzo 2019 03:37:00
Responsabilidad histórica
¿Asumirá algún día Enrique Martínez (EM) la responsabilidad que le corresponde por el daño causado a Coahuila por el moreirato? ¿Aceptará haber despejado el camino al clan que arruinó al estado o siempre rumiará su culpa a solas? ¿Por qué en la sucesión de 2005, a la hora de la verdad, se dobló frente a Rubén Moreira en su despacho? ¿Miedo a que Humberto emigrara a otro partido, ganara las elecciones –si era el aspirante mejor posicionado en las encuestas fue porque su jefe le dio presupuesto y manos libres– y, en represalia, dañara su imagen y sus intereses? ¿Cómo fue que Moreira lo desplazó en el afecto de Peña Nieto después de haber sido él delegado del PRI en Estado de México cuando el futuro presidente era
gobernador?


Una de las primeras acciones de los Moreira, como déspotas de Coahuila, consistió en demoler el Distribuidor Vial Revolución, la obra insignia de Martínez en La Laguna –también inmolaron su estirpe con la emboscada electoral tendida a su hijo Enrique», me dice un amigo–, sin estudio técnico de por medio. El capricho costó 500 millones de pesos. El exgobernador Martínez tiene ahora 71 años y está retirado de la política, después de haber sido embajador en Cuba. El expresidente Miguel de la Madrid (MM), contaba 75 cuando, en una entrevista con Carmen Aristegui (CA) para el libro Transición, repetida por Noticias MVS el 13 de febrero de 2009, confesó haber elegido a un mal sucesor.

“Me siento muy decepcionado porque me equivoqué, pero en aquel entonces (1987) no tenía elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas; me di cuenta después que es conveniente que los presidentes estén mejor informados de la moralidad de sus colaboradores”, dijo a la periodista.

De la Madrid calificó de «bueno» el gobierno de Salinas, pero no así el final de su sexenio. “Terminó muy mal, ¿no? Permitió una gran corrupción de parte de su familia, sobre todo de su hermano”.
CA. De Raúl, ¿qué tan grande?

MM. Mucho. Permitió que Raúl y Enrique consiguieran de manera indebida contratos de licitación, ya fuera de obra o de transporte. (…)
CA. Usted creía que Salinas era estudioso, inteligente, honesto, buen muchacho. Y resultó que cometió errores muy serios. El peor, la corrupción.
MM. Sí, y sobre todo de su hermano. Conseguía contratos del Gobierno, se comunicaba con los narcotraficantes…
CA. ¿Con quiénes?
MM. No sé exactamente, los que le dieron el dinero (160 millones de dólares) para llevárselo a Suiza.

La maquinaria salinista se movilizó para desmentir al expresidente, declararlo enfermo y limitado de sus capacidades. El propio De la Madrid, precisó en un comunicado: “Me encuentro convaleciendo de un estado de salud que no me permite procesar adecuadamente diálogos, mis respuestas –en la entrevista que dio a conocer Carmen Aristegui– carecen de validez».

Sin embargo, Raúl Salinas estuvo preso por lavado de dinero producto del narcotráfico y por el asesinato de su excuñado Francisco Ruiz Massieu.

En 2013, la revista Forbes lo incluyó, junto con Humberto Moreira, en la lista de Los 10 Mexicanos Más Corruptos.

El exgobernador Martínez está en plenitud de facultades. ¿Denunciará algún día a los Moreira, como De la Madrid lo hizo con los Salinas, así sea para tranquilizar su conciencia y reconocer ante los coahuilenses que él también se equivocó de sucesor?
05 Marzo 2019 03:51:00
Clanes y paralelismos
Fue el candidato de la “renovación moral de la sociedad”, pero el columnista Jack Anderson lo acusó de depositar “un mínimo de 162 millones de dólares” en bancos extranjeros (The Washington Post, 15-05-94). El líder mexicano desayunó un día después con la mítica Katherine Graham, presidenta del rotativo que precipitó la caída de Richard Nixon por el caso Watergate, en el marco de una visita oficial a la capital estadunidense; simultáneamente, TWP publicó una nota aclaratoria sobre el tema. Fin de la historia.

El Presidente debió lidiar también con la crisis por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, en 1985, ordenados por Rafael Caro Quintero, jefe del cártel de Guadalajara. (El gobierno de Peña Nieto liberó a Caro en 2013, sin haber cumplido la totalidad de su condena. Estados Unidos ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por la captura del capo). Otros sucesos que sacudieron su sexenio fueron:

a) El asesinato del columnista de Excélsior Manuel Buendía, el 30 de mayo de 1984, atribuido a un alto mando castrense y a otros funcionarios, por las denuncias del autor de Red Privada que los involucraban en delitos de corrupción y nexos con el narcotráfico. Las cabezas de turco fueron José Antonio Zorrilla y Rafael Moro Ávila, director y agente de la Dirección Federal de Seguridad, respectivamente. El primero de ellos era colaborador cercano del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, actual director de la CFE; y

b) El terremoto del 19 de septiembre de 1985 que dejó al menos tres mil 200 muertos, según el Gobierno. El Presidente se ocultó en Los Pinos por varios días y rechazó la ayuda internacional. El secretario más influyente en el ánimo del jefe de Estado era Carlos Salinas de Gortari (Programación), quien tenía como infiltrado en la residencia oficial a Emilio Gamboa. Dos años después, Salinas se hizo con la candidatura presidencial.

Para muchos, Miguel de la Madrid (MM) fue un Presidente gris, pero comparado con su predecesor (López Portillo) y con su sucesor (Salinas de Gortari), resultó mucho menos perjudicial para el país, desde entonces carcomido por la corrupción. MM podía salir a la calle sin temor y sin recibir insultos, como aquellos. A López Portillo le “ladraban” por su promesa de “defender el peso como un perro”. Salinas —tío de la actual presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, cuyo padre, José Francisco, fue asesinado en los últimos meses del salinato— se convirtió en “el villano favorito de los mexicanos”. Menos para los Moreira, quienes lo trajeron a Coahuila cual héroe nacional. Salinas asistió como testigo al segundo matrimonio de Humberto.

Pues ese Presidente “mediocre” tuvo el valor de reconocer su error por decidir la sucesión de 1988 en favor de Salinas. Le acusó de corrupto junto con su hermano Raúl, quien —él sí— depositó 160 millones de dólares en Suiza. En una entrevista con Carmen Aristegui para el libro Transición, De la Madrid lamentó no haber sabido más sobre la moralidad de los hermanos, los cuales, dijo, también tuvieron tratos con el narcotráfico. El expresidente se retractó, seguramente, por presiones de Salinas, Emilio Gamboa y acaso también de su hijo Enrique, quien fue secretario de Turismo con Peña Nieto. Sin embargo, el sexenio de Salinas ha pasado a la historia como uno de los más perversos y venales. Eso nadie lo borra.
04 Marzo 2019 03:55:00
La antesala del infierno
Jorge Torres López (JTL) fue víctima de su ambición y de su cortedad de miras. Los Moreira lo eligieron para oponer el apellido materno al de otra rama de una de las familias otrora más influyentes económica y políticamente de Saltillo. De una de esas bifurcaciones han surgido los tres únicos alcaldes de oposición (Rosendo Villarreal y los hermanos Manuel e Isidro López), postulados por el PAN. Hasta antes del moreirato, Torres había desempeñado cargos secundarios en el servicio público. El clan le prometió El Dorado y cayó en sus redes.

JTL actuó como salvoconducto de los Moreira para penetrar a las esferas sociales y empresariales donde no sólo eran extraños, sino acaso también despreciados. El complejo de clase estuvo siempre a flor de piel en el docenio. Una vez en el poder, Humberto dejó de invitar a las ceremonias del Grito a las “copetonas de Saltillo”.

También se refería a ellas como “las señoras de las rodillas callosas”. Sin embargo, el presupuesto todo lo puede. Los ricos y el poder se criticaban en público, pero en privado se abrazaban. Pasó ayer y sucede ahora.

Los Moreira utilizaron a JTL como puente con la oligarquía local para bloquear al aspirante de esa clase al Gobierno: Alejandro Gutiérrez, quien seis años antes había declinado por Enrique Martínez. Sin el mismo éxito económico que sus primos, JTL se echó en brazos del clan. Las comidas para Humberto y Rubén, en los jardines de su residencia, reunían a legiones. Para entonces ya había vendido su alma al diablo. Hoy vive en el purgatorio y aún le espera el infierno de la extradición.

Cuando JTL se negó a asumir responsabilidades ajenas por la deuda, Humberto Moreira renegó: debí dejar como gobernador interino a Lito (Ramos) y no a Jorge, dijo, palabras más, palabras menos, a un medio local. Sin embargo, quien realmente tomaba las decisiones era su hermano mayor. Rubén Escalante lo reflejó así en una de sus caricaturas en Palabra. Rubén Moreira con un títere en sus piernas: Torres López. Es imposible desvincular a un político sin malicia, como JTL, de su estirpe, habituada a regodearse en las páginas de sociales, en eventos de postín y en los restaurantes de moda. Verlo en la ficha de la DEA como uno de los más buscados debió ser, al menos, bochornoso. La cuna puede brindar estatus, pero no siempre valores; y tampoco, ya se ha visto, impunidad toda la vida.

Torres López no es un mal hombre, pero no eligió bien sus compañías. Se dejó manipular por el clan sin medir consecuencias. Humberto fue el funámbulo. Rubén, el genio de la maldad; corresponsable de la crisis del estado, gobernó despóticamente, fraguó intrigas, aplastó las disidencias dentro y fuera de su partido. Encubrió la deuda y en los últimos años de su gestión desvió cerca de 500 millones de pesos a empresas fachada, según denunció la Auditoría Superior del Estado.

También existen bases para presumir que en la administración de Rubén Moreira se cometieron irregularidades por miles de millones de pesos en la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Utilizó el gobernador a la UAdeC como caja chica para sufragar campañas políticas, de imagen personal y para otros fines? JTL tiene mucho que contar a los fiscales de Estados Unidos sobre el manejo financiero del estado. Los peces gordos siguen libres y la deuda impune, así como las masacres en Allende y Piedras Negras, consecuencia de la expansión de la delincuencia organizada durante el moreirato.
02 Marzo 2019 03:56:00
Pinitos presidenciales
El presidente López Obrador empieza a comprender que “gobernar no es mandar, por mucha mayoría que se tenga”, según advierte el periodista español José Luis Cebrián. En el Conacyt y en la fracturación hidráulica rectificó, pero sigue sin dar cumplimiento al motivo central de su campaña: castigar la corrupción. Los casos los aborda el bisemanario Espacio 4 (608) en su sección de Sombras.

I

Dos casos han manchado la reputación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El primero, el de la modista Edith Arrieta Meza, quien debió renunciar como titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), luego de que se pusieran en duda sus credenciales para ocupar el cargo. Si bien el Conacyt argumentó que Arrieta tiene una amplia experiencia “en trabajo organizativo y de enlace con comunidades rurales, así como en la protección y bioseguridad”, pesó más la presión social. Lo mismo en el caso de David Alexir Ledesma, quien renunció como subdirector y coordinador de Comunicación e Información Estratégica del Consejo, luego de que incluso el expresidente Felipe Calderón pidiera su cabeza por la publicación de fotos de desnudos en sus redes sociales. El Conacyt explicó que Ledesma cumplía con los requisitos para llevar adelante la estrategia digital y de redes sociales de la dependencia, pero la presión dentro del propio Consejo obligó a solicitarle la renuncia.

II

Los intereses privados están pesando más que el de los ambientalistas en el sector energético. La Alianza Mexicana contra el Fracking denunció que el 11 de febrero, durante la Octava Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), se presentó y aprobó la resolución para la modificación de cuatro Planes de Exploración presentados por Pemex Exploración y Producción, correspondientes a las Asignaciones AE-0381-2M-Pitepec, AE-0382-2M-Amatitlán, AE-0385-2M-Soledad y AE-0386-2M-Miahuapán en la Cuenca Tampico Misantla, en el estado de Veracruz. Se trata de la aprobación de exploración en formaciones no convencionales que incluye autorizar el uso de fractura hidráulica. “Resulta alarmante que, mientras el Presidente reiteró el pasado 4 de febrero su compromiso de no permitir el fracking, los planes de Pemex y los permisos de CNH para realizar la práctica en formaciones no convencionales continúen ignorando lo expresado por el jefe del Ejecutivo”, denuncia la ONG, integrada por más de 40 organizaciones de diversos estados del país.

III

La avaricia de funcionarios corruptos ha puesto en riesgo la vida de muchas personas en Chiapas. El 17 de febrero, Reforma reveló que líderes estatales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud encontraron cajas de medicinas almacenadas en cuatro bodegas, las cuales fueron adquiridas en 2016, pero no se distribuyeron a los hospitales, pues la intención era “recomprarlos” posteriormente, a un precio mayor y mediante asignaciones directas. La situación es grave dado que algunos hospitales habían reportado desabasto de algunos de estos medicamentos, en particular los que se utilizan para el tratamiento del dengue, una enfermedad que el año pasado se cobró la vida de 33 personas. Se trata de la cifra más alta de muertes por esta enfermedad en el sexenio del gobernador Manuel Velasco. En abril de 2017, ocho enfermeras, que se declararon en huelga de hambre para exigir la restitución de sus pagos, demandaban el abastecimiento de medicamentos en hospitales y presentaron una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
01 Marzo 2019 03:43:00
Cuestión de honor
¿De veras estás bien? ¿No te duele nada?», preguntó sorprendido y jadeante Porfirio Muñoz Ledo —apoyado por dos ayudantes— a un enhiesto Eliseo Mendoza Berrueto, quien le esperaba en el restaurante del Camino Real para desayunar con un grupo de amigos entre los cuales me incluyó. Era 24 de mayo de 2014. El exlíder del PRI y del PRD visitaba Saltillo para participar en la Feria del Libro que Rubén Moreira se llevó a Arteaga por mezquindad política; megalómano, no deseaba compartir reflectores con el alcalde panista Isidro López.

Muñoz Ledo cuenta ahora 86 años y preside la Cámara de Diputados. Mendoza Berrueto cumplirá pronto 89, y en el momento que refiero lideraba el Congreso local. El exgobernador se recupera de un reemplazo de rodilla y pronto regresará al ruedo como los maestros del toreo. Los políticos de antaño, salvo excepciones, se diferencian de los actuales por su compromiso con el país (aclaración de interés: fui colaborador en el Gobierno de Mendoza), formación y espíritu de servicio. Se les podía tachar de populistas o de tecnócratas, pero no de corruptos; hoy, la mayoría accede al poder para amasar fortunas. Andrés Manuel López Obrador abrevó de aquellas fuentes y no de balde es el Presidente más legitimado.

Como reportero he tratado a los últimos nueve gobernadores. En los primeros meses de la gestión de Óscar Flores Tapia, publiqué una columna —en Noticias de Torreón— en la que abogaba por Eulalio Gutiérrez Treviño, en quien se cumplía la sentencia de Giulio Andreotti según la cual «El poder desgasta sobre todo cuando no se tiene». El Gobierno entrante y la opinión pública lo querían crucificar por una deuda de 500 millones de pesos por impuestos no enterados a la Secretaría de Hacienda.

Luego de leer el texto, Humberto Gaona, quien había sido jefe de Prensa de don Eulalio y entonces se desempeñaba como subdirector del diario, me aconsejó enviar la columna al exgobernador. «Le va a caer bien, pues nadie lo ha defendido». No lo hice. En primer lugar, porque no era una defensa, sino una opinión sobre un gobernador decente que había confiado en su equipo de trabajo; y, en segundo lugar, porque no es papel de quien escribe hacer propaganda; ya sea para congraciarse o para presionar. Con publicar basta.

El gobierno de Mendoza Berrueto cometió errores, pero fueron más los aciertos. Dejó finanzas sanas, carreteras concesionadas y resolvió demandas seculares como la del puente en Juárez. De no haber tenido la paciencia de Job, el don de la perseverancia y la persistencia del martillo, no se habría construido la autopista Saltillo-Torreón (no de la calidad y las características deseadas, pero fue mejor que nada) ni el libramiento La Carbonera-Ojo Caliente, uno de los más rentables, cuya venta posterior permitió pagar deudas de la siguiente Administración. Tampoco se habría dotado a la entidad de ingresos propios para obras y servicios. Empero, el Impuesto Sobre Nóminas —la mayor fuente de recaudación directa—, se escamoteó después a los municipios con la complicidad —o cobardía para defenderlo— de los organismos empresariales.

En días pasados se publicó una nota del Instituto de Pensiones del Estado, cuyo director es José Luis Moreno, según la cual Mendoza Berrueto, quien fue su jefe en la LIX Legislatura, cobra una pensión mensual por 74 mil 725 pesos (Zócalo Saltillo, 22.02.19). La réplica del exgobernador fue tajante: «jamás he sido pensionado del Gobierno estatal. (…) No tengo idea sobre el origen de esta falsa noticia». Carece de fortuna y de negocios, pero tiene honor, algo que, cuando la política se ha envilecido y la lealtad a las instituciones es un anacronismo, ofende a quienes no lo tienen.
26 Febrero 2019 03:30:00
Los padres de la crisis
Humberto y Rubén Moreira son los principales responsables de la crisis financiera e institucional de Coahuila, la peor en la historia del estado. Su legado –deuda, masacres, desapariciones forzadas y envilecimiento político– es indeleble. También lo es el repudio social hacia una marca sinónima de corrupción, nepotismo e impunidad. Empero, no actuaron solos.

Para hacerse con el poder, al cual, hasta antes de 2005, habían accedido figuras con experiencia en el servicio público, no exentas de fracasos y aspiraciones fallidas, tuvieron la complicidad –por acción u omisión– de una clase política desleal, oportunista y pusilánime, un empresariado mayoritariamente atento a sus intereses y sectores de la prensa acríticos y ávidos de negocios.

La captura del exgobernador interino Jorge Torres López, el 5 de febrero, a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde será enjuiciado por lavado de dinero y fraude bancario, puso a los Moreira de nuevo bajo los reflectores. Pues ni Torres, ni el exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, ni los funcionarios involucrados en la contratación ilegal de la megadeuda y el desvío de recursos a empresas fantasma, actuaron motu proprio.

Para recibir menores sentencias y otros beneficios, Villarreal y el empresario mediático Rolando González Treviño confesaron –frente a fiscales de Estados Unidos– haber seguido instrucciones de Humberto para lavar dinero del erario de Coahuila en bancos, inmuebles y radiodifusoras. Gran parte de la riqueza obtenida ilícitamente permanece oculta. Ranchos, fraccionamientos, plazas comerciales y otros negocios se encubren con
prestanombres.

Sin estatus social ni económico, y con un pasado oscuro, el clan necesitaba, primero, el padrinazgo de una figura política relevante. En la sucesión de 1999, Humberto utilizó el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) para captar clientelas políticas (repartió certificados de alfabetización cual confeti) en contra del proyecto del gobernador Rogelio Montemayor, quien, en respuesta, promovió su despido como delegado del INEA. Enrique Martínez lo acogió en sus filas y más tarde le encomendó la operación electoral de su campaña.

Moreira inició su propia carrera por la gubernatura desde la Secretaría de Educación (1999-2003), y la continuó como alcalde de Saltillo (2003-2005), a ciencia y paciencia de Martínez, quien le toleró todo: manejo discrecional y sobreejercicios presupuestarios, abandono de responsabilidades y endeudamiento municipal. Incluso detuvo denuncias contra su colaborador por el supuesto desvío de recursos y por actos de campaña anticipados, los cuales lo inhabilitaban para ser candidato a gobernador, de acuerdo con el Código Electoral del Estado.

La labia y la astucia de Humberto eran proverbiales. Cuando Martínez aspiró a la candidatura presidencial –sin la menor posibilidad de obtenerla– Moreira atizó la hoguera de sus vanidades. Eliminado de la competencia nacional, el gobernador quiso retomar los hilos de la sucesión en el estado, pero el clan (Humberto, Rubén, Carlos y Álvaro) le habían tomado la medida y conocían sus debilidades. Estaba derrotado.

El buen gobierno de Martínez –con obra, infraestructura y deuda mínima, aunque poco democrático– palidece frente a los desmanes de un docenio infame del cual es corresponsable por su permisividad. Años antes de morir, el presidente De la Madrid reconoció haberse equivocado con Salinas de Gortari, a quien tachó de corrupto junto con su hermano Raúl. ¿Algún día hará lo mismo Enrique Martínez con respecto a Humberto y Rubén?
25 Febrero 2019 03:39:00
Los retos de Cárdenas
El informe de Miriam Cárdenas, el 14 de febrero, revistió particular interés por el involucramiento de jueces y secretarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) en el fraude del Infonavit cometido en las administraciones de Alejandro Murat (actual gobernador de Oaxaca) y David Penchyna (exvocero de Humberto Moreira en el y expresidente de la Comisión de Energía del Senado). La estafa ocurrió en Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco, pero sobre todo en Coahuila. Se trata de uno de los actos de corrupción más deleznables en el sexenio de Peña Nieto, pues afecta a 300 mil trabajadores cuyo único patrimonio es su vivienda.

Cárdenas modificó el orden de su informe para abordar el caso que, dijo, representa “una situación inédita” en el Poder Judicial del Estado. La primera consecuencia ha sido la suspensión de seis jueces (cuatro de Torreón, uno de Parras y otro de Sabinas) y 12 secretarios de Acuerdo y Trámite acusados de faltas administrativas “graves y muy graves” en la tramitación de juicios. La magistrada no citó al Infonavit, de cuyo último director (Penchyna) fue compañera en la LXII legislatura federal; ella como diputada y él como senador.

El procedimiento administrativo, a cargo del Consejo de la Judicatura, determinará el tipo de sanción contra los funcionarios del TSJE, entre los cuales, inexplicablemente, no figura el magistrado Jesús Sotomayor, cuyo cacicazgo en La Laguna es pernicioso. La Fiscalía General y la Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción también deberán hacer su parte y fincar responsabilidades a los jueces y secretarios que incurrieron en delito.

En Nayarit, el Ministerio Público y el Congreso han sido más expeditos. Los magistrados Pedro Antonio Enríquez y Jorge Ramón Marmolejo y los jueces Braulio Meza, Mario Alberto Cervera, Justino Rodríguez y Baldomero Zamora fueron desaforados en diciembre pasado. Afrontan cargos por asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, tráfico de influencias y falsificación de documentos (El Heraldo de México, 21-12-18).

El caso brinda la oportunidad de demostrar que “en Coahuila nadie está por encima de la ley”, según advirtió Miguel Ángel Riquelme, para estar a tono con el presidente López Obrador. Ser calificada por el gobernador como “una de las abogadas y juristas más importantes de nuestro país”, le franquea a Cárdenas el paso para un segundo periodo en la presidencia del TSJE, pero antes la compromete a llevar el caso del Infonavit hasta sus últimas consecuencias.

El desvío de recursos del Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia a Ficrea –bajo el Gobierno de Rubén Moreira y la presidencia de Gregorio Pérez– sigue impune. De acuerdo con las cifras presentadas por Cárdenas, las “inversiones” en la financiera popular, cuyo nombre omitió, ascendieron a 89.9 millones de pesos, de los cuales se han recuperado 23.9 millones de pesos; el resto, 66 millones, aparecen como “cuentas por cobrar”.

¿Por qué usar eufemismos en lugar de llamar a las cosas por su nombre?

Los emisarios del “moreirato” en el máximo órgano judicial del estado representan una afrenta. Acaso por ello el deslinde de Cárdenas, quien demostró carácter y además tiene un nombre que debe cuidar: “He presentado este informe (…) con la convicción de que se puede mejorar la impartición de justicia y con el orgullo de ser honesta y trabajadora”. Pocos en el TSJE pueden decir lo mismo. La mayoría deshonra la toga.
23 Febrero 2019 04:00:00
Los laureles de Dafne
Mientras en México se debate sobre la Guardia Nacional y se emprenden acciones para atacar la finanzas de la delincuencia organizada, cuyo capitales lava en distintos sectores, una estudiante que aún no cumple la mayoría de edad pone en alto el nombre del país en la universidad más antigua de Estados Unidos y una de las tres más prestigiosas del mundo, entre cuyos alumnos han figurado estadistas (Kennedy y Obama) y los fundadores de Microsoft (Bill Gates) y Facebook (Mark Zuckerberg). Son los temas de las sección de Luces de la nueva edición del bisemanario Espacio 4.

I
Tiene 17 años y es orgullosamente mexicana. Dafne Almazán Anaya se ha convertido en la primera menor de 18 años en matricularse en una maestría en Harvard en un siglo. A los 10 años ya había terminado la preparatoria y a los 13 se graduó como licenciada en Psicología por el Tecnológico de Monterrey. A los 16 años concluyó una maestría en Educación con Acentuación en Mecanismos de Enseñanza-Aprendizaje en la misma institución. Hoy, está empezando su segunda maestría: Enseñanza de Matemáticas, una formación académica que se enfoca en técnicas y modelos para la enseñanza de matemáticas, nada menos que en la prestigiosa Universidad de Harvard. La joven espera graduarse en mayo de 2020, a los 18 años, lo que la convertiría en uno de los pocos estudiantes de Harvard que han obtenido este grado a esa edad. Almazán Anaya tiene ya dos certificaciones en Harvard: Educación Diferenciada y Técnicas de Aprendizaje Significativo y posee un coeficiente intelectual superior a los 130 puntos. Luz para la psicóloga más joven del mundo.

II
Los acusados de robo de combustible, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo a transporte o a casa habitación, feminicidio, abuso sexual de menores, desaparición forzada y uso de armas exclusivas del Ejército enfrentarán los cargos que se le imputan en prisión y sin derecho a fianza. El 20 de febrero, en medio de una polémica por la renuncia de legisladores del PRD que votaron a favor de Morena, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Artículo 19 constitucional, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. La reforma ya había sido aprobada por el Senado y ahora será sometida a consideración de los congresos locales. Si bien la reforma busca evitar las llamadas «puertas giratorias» de las detenciones, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) considera que la prisión preventiva oficiosa resulta irreconciliable con los derechos humanos, pues deberían ser un juez y no el Ministerio Público quien la determine para cada caso.

III
Por años, se ha dicho que para que el combate al narcotráfico sea exitoso se deben atacar las finanzas del crimen organizado. Esto es justamente lo que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que desde el 1 de diciembre ha bloqueado 308 cuentas bancarias por sospechas de lavado de dinero por más de 920 millones de pesos. El titular de la dependencia, Santiago Nieto, informó que 50 cuentas pertenecen a personas directamente vinculadas al delito y 258 a terceros. Nieto destacó que la suma de recursos inmovilizados en el sistema financiero rebasó en dos meses los 800 millones de pesos que en 2018 aseguró la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). También señaló que la UIF ya ha presentado 22 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre las cuentas bloqueadas, destacan las de personas vinculadas al robo de hidrocarburos, a la corrupción política y al crimen organizado.
22 Febrero 2019 03:32:00
Mitos y verdades
México genera 1.9 millones de toneladas de residuos industriales peligrosos cada año, de las cuales sólo una cuarta parte se estabiliza y recluye en instalaciones apropiadas bajo la supervisión de autoridades federales y locales competentes; del resto se ignora su destino, pero sea en ríos, arroyos o basureros a cielo abierto donde se viertan, son un riesgo inminente para la población, la flora y la fauna, pues contaminan el suelo, el aire y el acuífero. La industria de Coahuila genera alrededor de 86 mil toneladas, equivalentes al 4.5% del volumen nacional.

El 15 de febrero visité, junto con un grupo compuesto por activistas ambientales independientes, empresarios, académicos y periodistas, el Centro Integral para el Manejo de Residuos Industriales (Cimari) que el Grupo Ecolimpio, fundado hace 25 años, gestiona en General Cepeda desde agosto de 2016 a través de la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte. Se ha dicho y publicado que quienes transponen el vallado sufren trastornos, mutaciones, molestias y no sé cuántos efectos más. También, que, para protegerse de las 10 plagas bíblicas, antes de entrar es preciso ingerir compuestos esotéricos, vestir trajes de astronauta y, por si las dudas, cargar con una pata de conejo.

Patrañas para confundir, provocar miedo, lucrar con la ignorancia y llevar agua a molinos políticos, religiosos y económicos. Al Cimari se accede por una carretera cuyo pavimento ya quisiera cualquier colonia residencial; no hay barreras ni limitaciones para preguntar o tomar fotografías. Después de la exposición de Javier Calderón, director de Ecolimpio, sobre el Cimari, y del recorrido, en el cual también participaron Daniel Calvert, presidente del grupo, su esposa Blankis y su hija Sofía (¿quién, en sus cabales, expondría a su familia a contagios o males incurables, en caso de existir?), sentimos el deseo mundano de tomar un buen tequila antes de la comida.

A México le sobran razones para el escepticismo, pues la corrupción lo invade todo. Lo hemos visto en los primeros meses de la cuarta transformación. Dondequiera que se pincha sale pus, incluso en el sistema de guarderías. Los grupos que alucinan armas químicas y monstruos de mil cabezas en el Cimari de General Cepeda deberían preocuparse mejor por las más de 60 mil toneladas de desechos industriales sobre las cuales no existe control alguno.

La actitud del obispo Raúl Vera –químico y dominico–, cuyo trabajo en otros campos es plausible, desconcierta. No así la de politicastros del PRI y del PAN que actúan por consigna de caciques, como el exalcalde de General Cepeda, Rodolfo Zamora, uno de cuyos hijos participó en el bloqueo de la carretera Saltillo-Torreón, para complicarle aún más la vida al gobernador Miguel Riquelme.

Entre técnicos y operarios calificados, el Cimari ocupa a 150 personas, la mayoría de las cuales pertenecen a comunidades vecinas. De acuerdo con la norma federal (Semarnat), un confinamiento necesita estar alejado de la población más próxima un kilómetro, y la población no debe exceder los mil habitantes. Entre las instalaciones del Centro de Residuos de Ecolimpio y el ejido San José de la Noria, donde habitan 90 personas, medían cinco kilómetros en línea recta. Una de las formas de contrarrestar el calentamiento global –ese sí real, no las quimeras mitológicas– consiste en construir más Cimaris, como el de General Cepeda, para lo cual hacen falta empresarios de la talla de Daniel Calvert y de su familia. A Dios los que es de Dios y al César lo que es del César.
20 Febrero 2019 03:38:00
Monólogo del poder
Andrés Manuel López Obrador era olímpicamente ignorado cuando pedía debatir con los presidentes de turno. Fox y Calderón lo retan hoy a discutir sobre cuestiones patrimoniales y obtienen la misma respuesta. Los exmandatarios tiraron por la borda la oportunidad de cumplir el cambio ofrecido por el PAN desde su fundación en 1939. El compromiso consistía en combatir la corrupción, pero hicieron la vista gorda, según lo refleja el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

El desencanto ciudadano con el PAN sobrevino en 2006. Fox trató de eliminar a López Obrador de la carrera presidencial, e incluso lo desaforó del Gobierno de Ciudad de México, pero en lugar de hundirlo lo catapultó. Calderón ganó por los pelos con la ayuda del Instituto Federal Electoral (hoy INE). Jamás un presidente había alcanzado el poder con un margen tan raquítico, de apenas seis décimas de punto. Tal como Salinas negoció con el PAN 18 años atrás para legitimarse, Calderón hizo lo mismo con el PRI, sin éxito, pues la sombra del fraude siempre les acompañará.

Calderón no resultó tan mal presidente como Peña Nieto y acaso no fue corrupto, como alega. Sin embargo, tampoco utilizó los instrumentos a su alcance para frenar el robo a los erarios estatales (tampoco hizo nada contra el huachicoleo; al contrario, se incrementó en su sexenio) ni encarceló a ningún gobernador, a pesar de haber tenido elementos para hacerlo (la deuda fraudulenta de Coahuila), pero al menos tuvo el valor de afrontar a los caciques locales. La guerra contra la delincuencia organizada también llevaba dedicatoria para ellos, por haberse coludido con el narco e incendiado el país.

Calderón –como Peña– destrozó a su partido y el PAN no pudo conservar el poder otros seis años. La muerte trágica del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dejó sin carta fuerte al presidente para la sucesión de 2012. Josefina Vázquez no era su candidata y así lo demostró al decantarse por Peña, con tal de cerrarle el paso a López Obrador. El objetivo se logró, pero el país pagó un costo demasiado alto: corrupción escandalosa en los estados y en la Federación, más muertos y desaparecidos con respecto al gobierno calderonista y descrédito internacional.

AMLO tiene hoy la sartén por el mango: apoyo social como ninguno de sus predecesores, excepto Lázaro Cárdenas y tal vez López Mateos; mayoría en el Congreso (desde la segunda mitad del sexenio de Zedillo, el país registraba gobiernos divididos); oposiciones débiles y fragmentadas, y control en los estados a través de los superdelegados, los cuales atraen reflectores y restan autoridad a los gobernadores; excepto, claro, a los de Morena. La situación debe resultar bastante incómoda para los mandatarios locales, después de haber sido absolutos en los 18 últimos años.

El Presidente debate y dialoga consigo mismo… y no siempre está de acuerdo. En su fuerza radica también su principal debilidad. Vuelvo al escritor italiano Baldassare Castiglione, autor del tratado El Cortesano: “Cuando el jefe puede lo que quiere, se corre el gran riesgo de que quiera lo que no debe querer”. Y AMLO empieza a querer cosas que, por bien del país, no debería. Fox y Calderón no pueden hacer, desde el resentimiento, lo que, como presidentes, fueron incapaces de cumplir para evitar el triunfo del populismo. Ellos, junto con Peña, encumbraron a AMLO.
19 Febrero 2019 03:58:00
Los extraditables
El Índice de Estados Frágiles (FSI) del Fondo para la Paz menciona de refilón el caso de 11 gobernadores mexicanos (un tercio del total) investigados por delitos de corrupción. De esa manera significa la expansión del fenómeno y el peligro inherente para la estabilidad del país, junto con la violencia y el déficit creciente de estado de derecho.

El FSI no cita a los políticos, pero son fácilmente identificables. Entre ellos: Javier y César Duarte, de Veracruz y Chihuahua (el primero encarcelado y el segundo prófugo); Guillermo Padrés, de Sonora, en libertad provisional; Roberto Borge, de Quintana Roo, preso; Jorge Torres, de Coahuila, y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, en proceso de extradición. Luego de cinco años en cautiverio, Andrés Granier, de Tabasco, terminará de purgar en su domicilio una condena de 12 años por peculado.

Luis Armando Reynoso, exgobernador de Aguascalientes, fue detenido en 2015. Recibió una sentencia de cinco años y 10 meses por peculado y ejercicio indebido de funciones. Además, deberá pagar 32 millones de pesos como reparación del daño al erario. Está libre, pero enfrenta otros cargos.

El 9 de abril de 2017, autoridades de Italia y Estados Unidos, apoyadas por la Interpol, capturaron a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, en Florencia. Un año después fue extraditado a Texas, bajo cargos de lavado de dinero, contrabando de drogas y delincuencia organizada. El político habría aceptado sobornos de los cárteles del Golfo y de Los Zetas. El caso empezó con la declaración de un testigo protegido de la DEA, quien lo acusó de blanquear dinero para ambas organizaciones.

A Humberto Moreira (HM) lo investigan en España donde estuvo detenido –del 15 al 22 de enero de 2016– a solicitud del Gobierno de Estados Unidos. Se le acusa de lavado de dinero y malversación de fondos. Rolando González, uno de sus prestanombres, se declaró culpable e involucró al exmandatario y a funcionarios de su administración en la compra de estaciones de radio con recursos del estado. Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas, lo acusó frente a los fiscales Rusell Leachman y José Grinda, en San Antonio, de haberse apropiado de alrededor de 3 mil millones de pesos (El País, 16.11.18).

De los tres gobernadores que son investigados y figuran en la lista de “los 10 mexicanos más corruptos de 2013” de la revista Forbes, dos están presos: Andrés Granier y Tomás Yarrington. El único en libertad es Moreira.

En la Corte Penal Internacional (CPI) existen demandas contra el Gobierno de los hermanos Moreira por supuestos crímenes de lesa humanidad. Las solicitudes fueron presentadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), diversas ONG de México, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y el ahora senador Armando Guadiana, por los asesinatos y desapariciones ocurridos entre 2009 y 2016 en Allende, el penal de Piedras Negras y otras regiones del estado.

Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH, acusó a Los Zetas, a autoridades del estado, a las policías municipales y a la Policía Estatal Acreditable de haber cometido “crímenes de lesa humanidad en un contexto de innegable colusión”. Reyes declaró –en rueda de prensa– que en la administración de HM el cártel tuvo el control del territorio, lo cual le permitió cometer las masacres en Allende y en la cárcel de Piedras Negras. También dijo que en el Gobierno de Rubén Moreira se incrementaron los casos de privación de la libertad, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos (Eje Central, 05.07.17).
18 Febrero 2019 04:00:00
La inmunda corrupción
En su discurso de toma de posesión, el presidente López Obrador se escandalizó por el puesto de México en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional: “Ocupamos el lugar 135 en corrupción, entre 176 países evaluados; pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 59 en el 2000, subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos”. Para más inri, el país cayó otros tres lugares en el IPC 2018 y hoy se ubica en el 138 (de un total de 180), de acuerdo con Transparencia Mexicana (TM).

AMLO sentenciaba el 1 de diciembre pasado, desde la tribuna del Congreso: “A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México”. Para el director de la oficina en México de Transparencia Internacional, Eduardo Bohórquez, “Las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario público”.

El juicio vale para el sexenio de Peña Nieto y los primeros meses del nuevo Gobierno. El Presidente ha preferido mirar hacia otro lado en los grandes casos de corrupción: Odebrecht, “Estafa Maestra” y el robo de combustibles desde Pemex. “(…) nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico; estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó, no sólo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio, en este periodo, de la más inmunda corrupción pública y privada”.

El Presidente formulaba un compromiso: mejorar la posición de México en el IPC citado por él. Pero sin enjuiciar a los corruptos por las vías institucionales pertinentes, ¿cómo lograrlo? “Si el país puede o no erradicar la corrupción tendrá un gran impacto en la legitimidad del estado de la nación, y su capacidad para hacer frente a la amenaza de violencia tendrá un impacto similar en su estabilidad”, dice el Fondo para la Paz con respecto a México en el índice 2018. Uno de los países con mayores problemas de gobernabilidad, ingreso y desarrollo humano, según el IPC, es el nuestro.

El descenso de tres sitios en el IPC le restó a México un punto; ahora tiene 28, muy lejos de Canadá (81), Estados Unidos (71), Chile (67), y siete por debajo de Brasil (35). Sus vecinos más próximos en la lista son Guatemala (27) y Nicaragua (25); el primero está en la zona de “alta advertencia” del Índice de Estados Frágiles del Fondo para la Paz, y el segundo en la de “advertencia elevada” junto con México. Entre 35 los socios de la OCDE, ocupamos el último lugar.

TM no se va por las ramas: “México podrá afirmar que está avanzando en el control efectivo de la corrupción cuando inicie el desmantelamiento de las redes de corrupción que han capturado las instituciones públicas y cuando regresen a las arcas de la nación los recursos desviados, mediante una política de recuperación de activos”. Nada de perdón y olvido. AMLO debe activar cuanto antes los mecanismos que permitan enjuiciar a los venales y confiscar el dinero y las propiedades obtenidos ilícitamente. Solo así podrá atacar la “inmunda corrupción pública y privada” y alejar a México de los Estados fallidos.
16 Febrero 2019 03:24:00
Realidad irrefutable
El erudito Jaime Torres Mendoza publica en el número 607 del bisemanario Espacio 4 un texto recomendable, como son todos los suyos, donde relaciona los arcanos de la fotografía y su intemporalidad con la realidad de nuestro país, reflejada a través de la prensa –amarillista, seria y de espectáculos–. Una refutación a la retórica oficial. Comparto a continuación algunas partes.

“Una fotografía trasciende el mero y evidente ámbito de reproducir una imagen; es, más bien, un mapa de la memoria, una guía para transitar en un tiempo que no es el nuestro, un misterio que se intenta desentrañar desde el silencio del documento gráfico que nos interpela. Frente a ese documento iconográfico se abre la duda y después de la duda está la incógnita, idéntica a un abismo, profundo y oscuro.

“A pesar de eso, el documento fotográfico ilumina porque su requisito fundamental es ser un soporte de precisión que permite transmitir y, a la vez, conservar algún tipo de experiencia ocurrida como evento a una persona o a una sociedad en algún momento determinado en el tiempo.

“Una fotografía configura una serie de conexiones, incrustadas, almacenadas, en el conjunto de la historia. Cada papel, cada idea, cada acción, cada pensamiento, modifica sustancialmente las conexiones dentro de esa vasta red. Con todo ello, la historia se fortalece, se debilita, o se forman nuevos hechos. La esencia física del acontecimiento y, digamos, espiritual en el ámbito del contenido y sus alcances, cambia; incluso cuando se ignora la existencia del documento.

“Como todo documento, la fotografía es una metáfora que encierra un gran misterio. Siempre será una incógnita la sonrisa congelada en la imagen; jamás podrá saberse el sentido de la mirada triste y melancólica que sostienen los personajes atrapados ahí; nunca sabremos el grado de profundidad en los campos de significación para los protagonistas respecto de los objetos que logró capturar la cámara y que se encuentran en su entorno inmediato y, por supuesto, nos está vedado el espacio íntimo donde se abisma la emoción. (…)

“Cuando un espectador se acerca a una fotografía, viaja en la memoria muchos años atrás y se instala en un universo que ya no es pero que, paradójicamente, sigue estando ahí, y, por lo tanto, es. Ese es el poder de la imagen atrapada en una fotografía, ese es su misterio. Una fotografía colorea la memoria, tanto individual como colectiva para dar nueva vida a un instante impasible del pasado que impacta de manera contundente en la vorágine del presente porque cuenta el universo completo de una historia.

“El desafío que plantea una fotografía es la realización de un ejercicio hermenéutico donde quizá podamos desentrañar cada historia para escribirla en nuestro tiempo y, tal vez, en ese mismo acto de introspección, simbólicamente podamos también escribir la nuestra y resignificar los eventos que configuran hoy nuestra existencia.

“Por eso invito a los lectores a observar las fotografías de violencia que aparecen en los periódicos amarillistas, las fotografías solemnes que nos venden los diarios serios, las que nos entregan con morbo las revistas de espectáculos. Deténgase un instante en ellas porque ahí está la verdad de este país, no en los discursos vacuos de los políticos”. (Versión completa en la dirección web http:/www.espacio4.com/)
15 Febrero 2019 03:49:00
Más ruido que nueces
México superó el peligro por la elección de Donald Trump y le ha plantado cara en el tema del muro fronterizo, pero “su resistencia a largo plazo todavía será probada por los problemas arraigados de la violencia y la corrupción”, dice el Fondo para la Paz en su Índice de Estados Frágiles 2018. En los primeros meses del Gobierno de López Obrador ha habido más ruido que nueces con respecto a esos y otros temas. Los mexicanos votaron para ver paz en sus calles y a los corruptos entre rejas. En tan corto tiempo no pueden esperarse resultados espectaculares, pero preocupa que el discurso y la estrategia del primer presidente de izquierda vaya ahora en sentido contrario.

La apuesta de AMLO por la Guardia Nacional –pendiente de aprobación en el Senado– genera dudas y rechazo por el riesgo de militarizar el país y vulnerar aún más los derechos humanos. El Presidente no parece dispuesto a cumplir su promesa de castigar a los políticos y funcionarios venales de los últimos sexenios, pero ni la Guardia ni la amnistía han recibido el respaldo que obtuvo en las urnas. Menos la segunda, pues supone premiar a quienes robaron a la nación y a la mayoría de los estados.

AMLO centra la lucha contra la corrupción en el huachicoleo, el cual, sin ser menor, es apenas la punta del iceberg. La mayoría de los agentes políticos apoya la medida, pero el desabasto de combustibles provocó malestar ciudadano y pérdidas millonarias. Además, la explosión en Tlahuelilpan, causante de la muerte de al menos 130 personas, y el cierre posterior de ductos, exhibió fallas de planeación y de respuesta para afrontar la emergencia y la demanda de gasolinas.

En “Estados Fallidos: definiciones conceptuales” (2009), Gabriel Santos Villarreal, investigador parlamentario, apunta: “El término también se utiliza en el sentido de un Estado que se ha vuelto ineficaz. Es decir, un Estado que tiene control nominal militar y policial sobre su territorio, solamente en el sentido de no tener grupos armados desafiando directamente la autoridad del Estado, pero que no puede hacer cumplir sus leyes uniformemente debido a las altas tasas de criminalidad, corrupción extrema, un extenso mercado negro/informal, burocracia impenetrable, ineficacia judicial, interferencia militar en la política, grupos de poder fácticos que imponen sus decisiones sobre la aplicación de la ley, la ley misma y el interés general, situaciones culturales en las cuales los líderes tradicionales gastan más energía que el Estado sobre ciertas áreas, aunque no compitan con el Estado, y otros factores”.

Los niveles de aprobación de López Obrador todavía son elevados, pero declinarán si insiste en polarizar al país y tarda en brindar resultados en seguridad, combate a la corrupción y economía. Máxime porque un sector de la opinión pública se muestra cada vez más escéptico e inquieto por el rumbo del país bajo la nueva administración. En su columna “Llegaste tarde, AMLO”, Jorge Suárez-Vélez enciende la alarma: “El proyecto de López Obrador es ideológico, no político. Pero es su extrema ineptitud en el manejo de la economía lo que hará que su proyecto naufrague. A quienes nos oponemos a él nos toca, además de poner el reflector sobre los graves errores cotidianos, impedir que el daño estructural sea tal que provoque una situación de retroceso irreversible, aun cuando alguien apto tome después la rienda de este Gobierno” (Reforma, 11.01.19).
13 Febrero 2019 03:56:00
La frontera del caos
Después de tres sexenios de alternancias fallidas entre el PRI y el PAN, el presidente Andrés Manuel López Obrador lidia con el país caótico que, desde la oposición, contribuyó a modelar y ahora, en la Presidencia, parece querer continuar.

Desde 2005, cuando el Fondo para la Paz (FFP) empezó a publicar el Índice de Estados Frágiles (FSI, por sus siglas en inglés), México se localiza en la zona de Estados “en peligro”. En 2017 sufrió el peor retroceso en una década, entre otros factores, por la corrupción política, la violencia –el Instituto Internacional de Prensa lo declaró el más peligroso para los periodistas; 66 fueron asesinados en el sexenio de Peña Nieto, según Reporteras en Guardia–, la falta de estado de derecho y la desconfianza en las instituciones.

El FFP evalúa anualmente a 178 países de acuerdo con 12 indicadores. Cada uno se califica del uno al 10; mientras más alta es la puntuación, mayor el riesgo. Con 71.5 puntos, México ocupa el lugar 94 y se ubica en el rango de “advertencia elevada” junto con Perú, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Honduras y otros 21 Estados. Canadá tiene 21.5 puntos y es el único de América en la categoría mundial de “sostenible”. Uruguay supera a Estados Unidos entre los “muy estables”; Chile, Costa Rica, Argentina y Panamá son de los “más estables”.

México empeoró en los indicadores de aparato de seguridad (8.5 puntos), agravio de grupo (6.9), desarrollo económico desigual (5.8), legitimidad del Estado (6.2), servicios públicos (6.5) y derechos humanos (6.2). Antes de las elecciones de 2018, el FSI advertía: “Casi 90% de los mexicanos ve al estado y al Gobierno

federal tan profundamente corruptos, que ha erosionado la base del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Peña Nieto”.

Algunas características de los Estados fallidos son: Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio del uso legítimo de la fuerza; erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones; incapacidad para suministrar servicios básicos; e incapacidad para interactuar con otros Estados como miembro de la comunidad internacional. (Wikipedia) Entre los 13 países peor calificados en el FSI de 2018 figuran Sudán del Sur, Somalia, Yemen, Siria y Afganistán.

La corrupción alcanzó en el gobierno de Peña Nieto cotas inéditas y los asesinatos superaron el registro de cualquier otro sexenio incluido el de su predecesor panista, Felipe Calderón. El año pasado fue el más violento con 28 mil 816 homicidios, 15% por encima del anterior, según la organización no gubernamental Semáforo Delictivo. La cifra equivale a 23 muertes por cada 100 mil habitantes; el promedio mundial es de 6.2. Casi el 45% de los casos ocurrieron en Guanajuato, Baja California, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Michoacán, Chihuahua, Estado de México, Sinaloa y Quintana Roo. Coahuila figura entre los estados con menores tasas (7.6).

Además de perder el monopolio de la violencia con el crimen organizado y el control de algunas regiones del país, otro de los problemas lo representa la fragilidad de sus instituciones. El Estado ha sido incapaz de erradicar y castigar el robo de combustibles, en Pemex y en la red de ductos.

El fenómeno no es nuevo, pero se agravó en el gobierno de Peña Nieto. Por otra parte, las huelgas en Tamaulipas y los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Michoacán y Oaxaca, tolerados por el Gobierno de López Obrador, pueden empujar a México a la zona de Estados fallidos.
12 Febrero 2019 03:32:00
Pacto de impunidad
El triunfalismo es pésimo consejero. Peña Nieto llegó al poder no por méritos personales o por tener cualidades de estadista, sino por un pacto con los gobernadores del PRI, que en 2011 eran mayoría y controlaban el Congreso federal, las legislaturas locales y habían cercado, junto con la delincuencia organizada, al presidente Calderón. A cambio recibirían impunidad.

En ese contexto, Humberto Moreira desempeñó un papel relevante. Tanto, que Peña Nieto lo convirtió en líder del PRI, pero no pudo sostenerlo por el escándalo de la deuda contraída con decretos falsos.Moreira salió de escena, pero jamás perdió la protección de Los Pinos.

El Gobierno de Peña Nieto intervino para liberarlo del penal madrileño de Soto del Real, después de haber sido detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, el 15 de enero de 2016, “bajo cargos de blanqueo de dinero y malversación de fondos durante su etapa como gobernador del Estado de Coahuila (2005-2011)” (El País, 16-01-16).

La nota, de Pablo de Llano, lo presenta como una “figura sombría de la política mexicana, rodeado de sospechas de corrupción por las que fue defenestrado políticamente tras escalar a las más altas esferas del poder como presidente del Partido Revolucionario Institucional”.

Según la prensa española, la procuradora Arely Gómez fracasó en su intento de obtener información sobre el caso. El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR era entonces Raúl Cervantes, amigo de Peña y excolaborador de Moreira en el CEN del PRI. El PAN solicitó la extradición del exgobernador y la extensión de dominio sobre sus propiedades y cuentas bancarias.

El expresidente del PRI salió libre el 22 de enero y de inmediato regresó al país. En México y Coahuila ha sido absuelto por la deuda irregular y la supuesta compra de radiodifusoras con recursos públicos a través de prestanombres. Pero no en España, donde la Fiscalía Anticorrupción reabrió la investigación por lavado de dinero y otros delitos después de haber tomado declaración al exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal y a Rolando González Treviño.

El periódico La Jornada publicó el 19 de enero pasado que un juzgado “negó la suspensión provisional solicitada por el exgobernador (Humberto Moreira)” para no ser extraditado a España donde se le acusa de “lavado de dinero, corrupción y vínculos con el crimen organizado”. La Dirección General de Estadística Criminal registra los acuerdos 35 principal y 36 incidental con el nombre de Humberto Moreira Valdés contra actos del Director General de Procedimientos Internacionales, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría

General de la República.

Tras la captura del exgobernador interino Jorge Torres López, el 6 de febrero, cuya extradición fue solicitada por Estados Unidos, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Marcelo Torres, demandó enjuiciar también a Humberto Moreira.

“El desfalco de la megadeuda es un delito a los ojos de todo el mundo, menos de los cómplices de los Moreira ni del resto de sus secuaces en el estado”, dijo a El Norte (06.01.19). La detención de Torres ha hecho renacer la esperanza de que se castigue a los responsables de la ruina financiera de Coahuila y de la corrupción en los dos últimos sexenios. La pieza principal del entramado es Humberto Moreira; si él cae, Rubén será el siguiente.
11 Febrero 2019 03:40:00
El eslabón más débil
El primer golpe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción lo asestó en Coahuila con la detención del exgobernador Jorge Torres López (JTL), el 5 de febrero en Puerto Vallarta. Prófugo desde 2014 y uno de los más buscado por la Agencia Antinarcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) desde 2016, enfrenta cargos por lavado de dinero y fraude bancario. Estados Unidos investiga a Humberto Moreira (HM) como presunto líder de la conspiración. El exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, lo acusó frente a fiscales de Estados Unidos y España de apropiarse de 3 mil millones de pesos del erario de Coahuila, según dio a conocer el diario El País, el 16 de noviembre pasado (Espacio 4, 606).

La captura y futura extradición de JTL tendrá efecto dominó por la información que posee y por ser el eslabón más débil de la cadena. En el sexenio de HM ocupó puestos clave: secretario de Finanzas, alcalde interino de Saltillo, secretario de Desarrollo Social y Gobernador interino. A él le estalló el escándalo de la deuda por más de 36 mil millones de pesos, adquirida sin autorización del Congreso pero legalizada por los diputados del PRI en 2011. Sin embargo, el verdadero jefe de Torres era Rubén Moreira. La relación entre JTL y HM entró en crisis cuando, según versiones, el primero se negó a firmar documentos comprometedores de la deuda; incluso habría sido atacado por el exgobernador. Jorge Torres McGregor, sobrino de JTL, fue asesinado el 10 de noviembre de 2011. José Eduardo Moreira, hijo de HM, corrió la misma suerte el 3 de octubre de 2012, en Ciudad Acuña.

La tormenta la desató Janice Ellington, juez federal de Texas. En junio de 2014 declaró prófugo a JTL y le confiscó 2.7 millones de dólares depositados en las Islas Bermudas. De acuerdo con la revista Proceso (07-02-16), “Jorge Torres y Javier Villarreal comenzaron a abrir cuentas de inversión en las Bermudas, a través del banco Butterfield and Son Limited, el cual opera al menos en cinco paraísos fiscales. Las autoridades estiman que a través de operaciones de divisas y transferencias bancarias manejaron más de 35 millones de dólares con las cuales posteriormente adquirieron numerosas propiedades en San Antonio, Brownsville y South Padre Island, según la oficina fiscal de Estados Unidos”.

La revisa cita: “‘Torres y Villarreal abrieron cuentas después de una primera reunión con banqueros de J.P. Morgan Chase en México, donde discutieron la apertura de múltiples cuentas en las Bermudas’, precisa el documento de la Corte del Distrito Sur de Corpus Christi con el número de demanda civil 2:13-CV-294, del cual Proceso tiene una copia. ‘Durante la reunión Torres preguntó a los banqueros si era posible que las transferencias bancarias pudieran ser borradas del sistema para que esas transferencias no aparecieran como enviadas desde México a las Bermudas a través de los Estados Unidos’, precisa el documento oficial”.

El cerco formado por Estados Unidos y España en torno HM y otros funcionarios de su administración, se empezó a estrechar con las declaraciones de culpabilidad de Javier Villarreal y del empresario Rolando González Treviño, hermano de Roberto Casimiro González, dueño de la televisora RCG, quien también ha sido citado en el juicio. La detención de JT es la peor noticia para los Moreira. Y todavía falta la extradición de Juan Manuel Villarreal, “El Mono”, a Estados Unidos. El presunto operador de Los Zetas en Europa se encuentra detenido en España desde marzo de 2016, acusado de blanqueo de dinero y otros delitos.
09 Febrero 2019 04:00:00
Asalto a la nación
En el libro La Era de la Turbulencia: Aventuras en un Mundo Nuevo (2007, Penguin Press), Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, advierte que discrecionalidad es corrupción. Si el sueldo de los ministros de la Corte (388 mil 290 pesos mensuales netos) escandalizó al país, ahora sabemos que el director del Infonavit, David Penchyna, recibía más de 700 mil pesos. ¿Premio por su apoyo a la reforma energética? Este es uno de los temas de la sección de Sombras de la nueva edición de Espacio 4.

I
Mala señal envía el Poder Judicial con la liberación del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías (PAN), quien tras poco más de dos años de prisión abandonó el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, para enfrentar su proceso final en libertad condicional. Padrés, quien el 10 de noviembre de 2016 fue detenido por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada, pagó una fianza de 140 millones de pesos para recuperar su libertad. Las críticas a favor y en contra de su liberación armaron un revuelo en Twitter. Mientras panistas del estado, incluida la alcaldesa de Hermosillo (encargada del programa CreSer en la Secretaría de Desarrollo Estatal de la administración de Padrés y hoy morenista), festejaron su liberación, la gobernadora Claudia Pavlovic la lamentó y condenó a “quienes traicionaron la confianza de los sonorenses”. Padrés alimentó el fuego con un supuesto audio de Whatsapp donde amenaza: “¡Ya estoy libre, cabrones! ¡Agárrense, hijos de la chingada!”.

II

Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Nayarit suspendió al magistrado Jorge Ramón Marmolejo Corona, implicado en un presunto fraude a más de 60 mil derechohabientes del Infonavit, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el exdirector del organismo, el priista David Penchyna, ganaba 700 mil pesos mensuales. “Me enteré que el director del Infonavit ganaba 700 mil pesos mensuales en total. Era mucho el robo, era mucho el saqueo, la corrupción, y mucho también el derroche. Era un Gobierno faraónico, de lujos, de gasto superfluo, improductivo”, dijo AMLO en su conferencia matutina del 30 de enero. El Infonavit está inmerso en un escándalo por el despojo de viviendas a más de 300 mil derechohabientes de varios estados que tenían retrasos en el pago de sus créditos inmobiliarios. Para llevar acabo el megafraude, se inventaron juicios, avisos y edictos, en juzgados de Nayarit y Coahuila (Espacio 4 605). En Coahuila, al menos 6 jueces fueron suspendidos por el caso.

III

Y siguen saliendo números del despilfarro en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Entre 2013 y 2018, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) gastó al menos 573 millones 501 mil 579 pesos en agua, alimentos, banquetes, eventos y fiestas, lavado de vehículos, ropa (no especializada), toallas de algodón y “aterciopeladas”, entre otros. En “souvenirs” gastó 1.1 millones de pesos (mdp); en medallas, 529 mil pesos: en loncheras, 232 mil pesos; balones, maletas y redes de futbol, 190 mil pesos. El gasto más elevado, 316.5 millones de pesos, fue para la adquisición de prendas de vestir no especializadas (camisas tipo polo, chamarras de piel, gorras, pantalones de mezclilla, uniformes deportivos). De acuerdo con el actual titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, urge aplicar un plan de eficiencia, austeridad y anticorrupción, pues la situación financiera “es crítica”. Hasta el tercer trimestre del año pasado, la dependencia federal registró pérdidas por 37 mil 806.3 millones de pesos.

08 Febrero 2019 04:00:00
Corrupción y populismo
La corrupción es un fenómeno mundial. Hablemos primero del continente: Canadá y Estados Unidos la tienen; en Uruguay, Chile, Guyana y Costa Rica –los seis países de América con las mayores calificaciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional– también la padecen. A escala global, Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur y Suecia, los mejor puntuados, igual lidian con ella. En México, la hidra ha desgastado a las instituciones públicas y privadas y provocado el empobrecimiento de legiones.

La aplicación del estado de derecho determina la salud política y social de un Estado, así como su viabilidad y progreso. No es casual, entonces, que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, México haya descendido 33 lugares en el IPC (del 105 al 138) y perdido 6 puntos (ahora tiene 28), uno más con respecto a Guatemala, pero muy lejos de Uruguay (70) y Chile (67). La corrupción favorece a las elites: presidentes, gobernadores, legisladores, a los oligarcas y a sus secuaces. Ello explica la reacción de Montescos y Capuletos frente a la decisión del Presidente de “barrer la escalera de arriba para abajo”. En Coahuila, empezó con la detención de Jorge Torres López.

La tesis de Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, en el sentido de que “La corrupción es mucho más probable que florezca cuando las bases democráticas son débiles y, como hemos visto en muchos países, donde los políticos no democráticos y populistas pueden usarla en su beneficio”, es irrefutable. En Venezuela, los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro utilizaron las urnas como coartada y hundieron al país en una crisis de la cual, una vez terminada la pesadilla, tardará mucho tiempo en superar.

Por su formación social, compromiso con los pobres, honradez y austeridad, López Obrador quizá pretenda equipararse al expresidente de Uruguay, José Mujica, cuyo pasado guerrillero, 15 años de prisión y una carrera política congruente y exitosa le convirtieron en una de las figuras más relevantes y apreciadas del planeta. Sin embargo, el país sudamericano tiene una democracia consolidada, mientras los cimientos de la nuestra, luego de tres alternancias frustradas, no han terminado de fraguar. Además, la deriva populista, en cualquier país del mundo, siempre representará un riesgo para la estabilidad y el futuro.

Hasta hoy México no ha dado muestras claras e inobjetables de querer combatir la corrupción de raíz y sin excepción. Nuestro vecino del sur nos supera por mucho. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2006 con la participación de Naciones Unidas y el Gobierno de ese país, para apoyar al Ministerio Público, destituyó y envió a prisión al presidente Otto Pérez, a la vicepresidenta Roxana Baldetti y a otros altos funcionarios por delitos de corrupción. Aun así, Guatemala está seis lugares por debajo de México en el IPC.

Un Estado incapaz de castigar la corrupción y a los principales traficantes de droga, y deja esa responsabilidad a un tercero –en nuestro caso, Estados Unidos– está condenado al fracaso. El presidente López Obrador recibió un país ubicado entre los más corruptos y frágiles del mundo. La tarea de enderezarlo no es sencilla, y menos lo será si incumple su promesa de sanear el servicio público, recuperar –al menos– una parte de los caudales robados y poner entre rejas a quienes se enriquecieron a costa del país y de la mayoría.
06 Febrero 2019 03:54:00
Incongruencias
El diputado Gerardo Aguado le puso el cascabel al gato: la congelación de las denuncias de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por la megadeuda y las empresas fantasma obliga a «un profundo análisis» sobre el desempeño de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción «para determinar si es esto lo que necesita Coahuila o debemos transitar a otro modelo». La ciudadanía espera «ver al responsable en la cárcel y, cuando procede, despojado de los bienes mal habidos».

Así lo plantea el punto de acuerdo propuesto por Aguado y el grupo parlamentario del PAN a la diputación permanente, el 15 de enero, para que el fiscal Gerardo Márquez Guevara y el zar anticorrupción Homero Flores Mier informen sobre «las causas por las que no han dado resolución definitiva a las denuncias que la Auditoría Superior del Estado ha presentado desde el año 2013 por delitos relacionados con hechos de corrupción»; en particular «las que llevan más de dos años en proceso».

El documento es especialmente crítico con Flores Mier: «se ha dedicado a cambiar su discurso y afirmaciones sobre las empresas fantasma denunciadas en 2016, hasta el hecho de que los procesos que lleva a cabo en su fiscalía sean opacos, lentos y sin que los ciudadanos puedan conocer nada al respecto. (…) las denuncias por la megadeuda siguen sin ser resueltas a prácticamente siete años de que se documentaron los hechos y se presentaron las primeras de manera formal. Siete años y nada. Sólo silencio, opacidad… y quizá hasta complicidad».

Los nueve diputados del PAN advierten: «Se suponía que, con una Fiscalía Autónoma y un Fiscal Especializado en delitos de corrupción, con autonomía técnica y de gestión, las cosas iban a cambiar. (…) ¿Cuál cambio? ¿Cuáles resultados? Las respuestas todos las conocen, y no podemos argüir falta de tiempo; ya han tenido suficiente, en especial en casos como la megadeuda, y las denuncias que refiere el auditor, correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015».

Sin embargo, la misma bancada panista guardó silencio el 26 de diciembre pasado frente a Homero Ramos Gloria, el muñidor de los Moreira, quien durante seis años mantuvo en la congeladora de la Procuraduría General de Justicia las denuncias de la ASE por la deuda, las empresas fachada y otras irregularidades graves en los dos últimos sexenios. Para más inri: los diputados de Acción Nacional votaron por la designación de Ramos Gloria como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) para un periodo de 15 años. ¿Simulación? ¿Complicidad?

La votación para nombrar a los seis nuevos magistrados, propuestos por el gobernador Miguel Riquelme, se hizo en secreto (por cédula). Había la opción de sufragar por cada uno de los aspirantes, sin faltar a la Ley Orgánica del Congreso, pero se impuso la línea de hacerlo por bloque. ¿Para asegurar el pase de Ramos Gloria y de otros, como él, sin trayectoria en el Poder Judicial? Veintiún diputados —entre ellos Gerardo Aguado— votaron a favor. Juan Antonio García Villa, María Eugenia Cázares (PAN) y otro legislador, lo hicieron en contra; hubo una abstención. La maquinaria PRI-PAN volvió a funcionar para inmunizar al procurador que obstruyó la justicia, no sólo en el caso de la deuda y las empresas fantasma. Acción Nacional obtuvo a cambio un asiento en el TSJE para Ulises Hernández Torres.
05 Febrero 2019 03:51:00
Romper el silencio
Javier Villarreal Hernández, Jorge Torres López y Homero Ramos Gloria fueron piezas clave en el engranaje de la corrupción financiera y en la procuración de justicia en el docenio de los Moreira. El Gobierno de Estados Unidos confiscó cuentas y subastó bienes del primero de ellos por más de 30 millones de dólares, obtenidos mediante el cobro de comisiones por la asignación de contratos y la deuda de Coahuila. Villarreal se declaró culpable de lavado de dinero; este año podría ser sentenciado en San Antonio, Texas. A Torres le decomisaron 2.8 millones de dólares en las Bermudas, y es buscado por la DEA por fraude bancario.

Sobre el caso, proceso.com informó el 6 de diciembre de 2017: “Documentos liberados por la Corte del Distrito de Texas sobre los procesos judiciales contra Torres López y el exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, confirman que ambos fueron cómplices de Humberto Moreira en la transferencia de unos 35 millones de dólares a Bermudas y bancos de Texas. Moreira Valdez actualmente es investigado por esos delitos. (…)”
“Las investigaciones de los fiscales de Estados Unidos arrojan que Humberto Moreira viajó en febrero de 2009 a San Antonio con miembros de su gabinete y empresarios en vuelos privados. El selecto grupo se reunió el 25 de febrero de ese año en el lujoso Club de Golf Sonterra, junto con cuatro cómplices: Javier Villarreal, Jorge Torres, –en ese momento, secretario de Desarrollo Social–, y los empresarios Rolando y Casimiro González Treviño, dueños de la cadena de Televisión RCG de Coahuila y estaciones de radio”.

Torres renunció a la Secretaría de Finanzas en 2008 para asumir la alcaldía en sustitución de Fernando de las Fuentes, quien tres años después, como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, dirigió la legalización de la deuda (hoy es diputado federal). “Hizo muy bien su trabajo Jorge Torres: fue dedicado, leal, además de aplicado a su trabajo”, declaró el gobernador. En su primer mensaje como operador financiero, Villarreal ofreció: “Vamos sobre la obra pública, sobre la inversión. Vamos a cuidar el recurso de los ciudadanos y vamos a seguir adelante con la dirección del gobernador Humberto Moreira Valdés”.

Es justamente Villarreal quien ha puesto a su exjefe de nuevo en la picota. Declaraciones del exsecretario de Finanzas, en San Antonio, Texas, frente a la fiscal Rusell Leachman, el fiscal Anticorrupción de España, Juan José Rosa, y funcionarios de la policía de ese país, sobre el desvío de fondos públicos en Coahuila, reabrieron el “caso Moreira” (El País, 16-11-18). De acuerdo con el testimonio de Villarreal, se facturaron “14 mil millones de pesos (610 millones de euros) en los seis años de Gobierno de Humberto. Este a través de Unipolares y Publicidad del Norte (una de sus sociedades) se llevó 600 millones de pesos (26.1 millones de euros)”.

Según Villarreal, las empresas subcontrataban a otras pertenecientes “también de funcionarios de Coahuila, por ejemplo, de David Aguillón, quien fue secretario de Gobierno entre 2011 y 2012, presidente del PRI en Coahuila, desde 2012 al 2015-16, y actualmente (es) presidente de la Fundación Colosio. Se manejaban unos tres mil espectaculares, y Humberto tenía unos 700 espectaculares, postes de publicidad”. (…)

La nota de José María Irujo advierte: “En base a esas declaraciones, los fiscales Anticorrupción españoles José Grinda y Juan José Rosa pidieron al juez Santiago Pedraz la reapertura del caso. Moreira fue detenido en España en 2016 bajo la acusación de blanqueo de capitales y colaboración con el cártel de Los Zetas”.
La justicia, para Coahuila, vendrá de Texas.
04 Febrero 2019 04:00:00
Clamor de justicia
La inconsistencia caracterizó a los gabinetes de Humberto y Rubén Moreira. El juego les permitió identificar y captar complicidades, por un lado, y anular a posibles aspirantes al Gobierno, mantener el control de sus respectivas sucesiones y conservar el poder, por otro. La consecución de tales objetivos favoreció económicamente al clan y a sus más íntimos; mientras, la permanencia de algunos de ellos en puestos clave les garantiza impunidad. El costo para el estado ha sido enorme: deuda impagable, masacres, desapariciones forzadas, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y secuestro de las instituciones.

Los desmanes de los Moreira permanecen sin castigo; los responsables de la quiebra financiera y del saqueo de las arcas gozan todavía de protección. Las denuncias de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) relacionadas con la deuda, cuyo monto ronda ya los 40 mil millones de pesos, las empresas fantasma y el manejo anómalo de miles de millones de pesos más, han sido olímpicamente ignoradas; primero por la Procuraduría General del Estado y ahora por la Fiscalía. Frente a la pasividad de las autoridades, la ciudadanía castigó al PRI en las urnas, pero el clamor de justicia sigue vivo. Así lo constató el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Torreón, el 28 de diciembre.

El malestar por el abandono del Gobierno del Estado, acentuado durante el moreirato, lejos de apagarse, se ha extendido a otras regiones. No en vano las principales cabeceras municipales (Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña), excepto Saltillo, ahora son gobernadas por el PAN y por Morena. En el caso de La Laguna, el reproche ya no se refiere sólo a la falta de inversión —lo que ha dado nuevo impulso al movimiento para crear el estado 33—, sino la corrupción y la impunidad. AMLO puede ser el mejor aliado de los laguneros para lograr su propósito y dejar de depender de Coahuila y de Durango.

El Presidente dio el primer paso con el Programa de Desarrollo Integral para La Laguna, al cual se dedicarán este año mil 235 millones de pesos en apoyos a adultos mayores, jóvenes y niños con discapacidad. La Comarca, como el país, ha sido castigada severamente por el centralismo —estatal y federal—, así como por una sucesión de gobiernos corruptos. AMLO se comprometió a combatir el flagelo. La sociedad le exige ahora cumplir su palabra, no solo en el robo de combustibles, sino en la contratación de obra pública, la compra de medicamentos y el manejo de las finanzas.

Los gobernadores no han emprendido hasta hoy acciones concretas para atacar la corrupción, como ha empezado a hacerlo el presidente (en principio contra los cárteles del huachicol, uno de ellos arraigado en Coahuila), excepto Javier Corral, de Chihuahua, incluso antes de que AMLO asumiera el poder. El panista se ha mantenido firme y no descansará hasta lograr la extradición de su predecesor César Duarte (PRI), prófugo en los Estados Unidos. Los gobiernos de los Moreira, en Coahuila, y de Jorge Herrera, en Durango, afectaron sobre todo a La Laguna, cuyo rezago contrasta con el progreso de las capitales (Saltillo y Durango). Los laguneros tienden puentes para establecer comunicación directa con Palacio Nacional. A diferencia de los presidentes del PAN y del PRI, López Obrador sí los escucha. En marzo volverá a estar con ellos, pero antes visitará Saltillo.
02 Febrero 2019 03:58:00
Negocio redondo
En los dos últimos años se detectaron en Coahuila 468 reportes de movimientos bancarios «relevantes» y 10 «inusuales» por un monto de 190 millones de pesos, supuestamente relacionados con el robo de combustibles, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera. De ese tamaño es el negocio del huachicol, como lo plantea Gerardo Moyano en Espacio 4 (606).

«Otro frente que ataca el Gobierno federal es el financiero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha reportado al menos 14 mil operaciones bancarias que podrían estar relacionadas con el robo de hidrocarburos, las cuales sumaron más de 10 mil millones de pesos, entre 2017 y 2018. Entre ellas, se detectaron transacciones internacionales hasta por dos millones de dólares en compra de vehículos de lujo en efectivo, inmuebles a nombre de los involucrados y de sus familiares, boletos de avión, joyas y obras de arte.

»Entre las denuncias interpuestas por lavado de dinero relacionados con el huachicol destacan cinco casos: el de un exdiputado local (por 332 mdp), un exalcalde (124 y 6 mdp), un empresario (80 mdp), una persona física (40 millones) y un funcionario de Pemex (14 millones). Para detectar la sobrefacturación en gasolineras, la UIF analizó reportes del sistema bancario en busca de dos tipos de operaciones: inusuales (que varían significativamente) y relevantes (por más de 10 mil dólares).

»“De ahí se generó un modelo de riesgo (...) encontrando que una gran parte de las gasolineras hacen depósitos que son diferentes a los recursos con los que operan. Es decir, muchas gasolineras compran a Pemex e importan combustibles, sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado. ¿Qué significa esto? Que el diferencial no puede ser otra cosa que el suministro de guachicola”, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF.

»Ciudad de México encabeza la lista con más sujetos (44) a los que se les detectaron operaciones inusuales o relevantes, seguida de Puebla (30), Jalisco (23), Querétaro (22), Estado de México (22), Morelos (21), Nuevo León (19), Michoacán (19), San Luis Potosí (19) y Baja California (19). Los montos irregulares suman más de 2 mil 400 millones de pesos en el Estado de México, más de 2 mil millones en Ciudad de México y casi mil 500 millones en Nuevo León.

» Las críticas al Gobierno por la metodología de cierre de los ductos no han sido pocas. Entre las más duras, están las de Juan Pardinas, exdirector del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “Matar al paciente no es el tratamiento más convencional para frenar la propagación de un tumor. No era necesario cerrar

los ductos que mueven la economía nacional para combatir el robo de combustible. (…) Las soluciones de fondo y largo plazo para el robo de combustibles no son del apetito programático del nuevo Gobierno: Estado de derecho y mercados competidos», señala.

»“En medio de la crisis de desabasto, cuando la República demanda un experto en logística, AMLO se refrenda como un genio de la comunicación (…) de nada sirve levantarse temprano, dar una conferencia de prensa y tomarse selfis en la sala de espera del aeropuerto. No tengo ninguna nostalgia por la ineptitud corruptora que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero en unas semanas, Andrés Manuel López Obrador corroboró la hipótesis pesimista de que las cosas siempre se pueden poner peor”, agrega Pardinas, nuevo director editorial de Reforma.

»Pese a las presiones, AMLO no cede».
01 Febrero 2019 03:58:00
Homero y la justicia
Primero quiso ser fiscal general para cerrar el círculo de impunidad en torno suyo y de sus jefes. Mientras esperaba, montó guardia frente al Congreso, pero la señal nunca llegó. Gerardo Márquez sería el elegido. Después pretendió ser secretario del Ayuntamiento de Saltillo, para tener fuero, y tampoco. Por fin, el 26 de diciembre, el Congreso local aprobó el nombramiento de Homero Ramos Gloria, cancerbero de los Moreira, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) para un periodo de 15 años. También fueron designados Miguel Mery, excandidato del PRI a alcalde de Torreón y a diputado federal, y el panista Ulises Hernández, suplente del diputado federal Luis Fernando Salazar, nuevo militante de Morena. El Poder Judicial convertido en refugio de emisarios del clan y políticos frustrados.

Ramos era presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) cuando Humberto Moreira ganó la gubernatura, en 2005. El candidato panista Jorge Zermeño impugnó el resultado por múltiples irregularidades, pero el Tribunal Electoral Federal confirmó la victoria del priista. En enero de 2007, Ramos renunció al IEPC para ocupar la Secretaría de Gobierno, en sustitución de Óscar Pimentel, pero cometió un error: empezó a reunirse con empresarios de Torreón para preparar su eventual candidatura al gobierno. El clan lo bajó de la nube y lo confinó en la Dirección de Pensiones.

En el sexenio de Rubén Moreira, Ramos ocupó la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de Justicia (convertida después en Procuraduría y más tarde nuevamente en Fiscalía) tras la renuncia de Jesús Torres Charles, acusado junto con su hermano de tener vínculos con el crimen organizado. Una de las principales tareas de Ramos, como procurador, consistió en dar carpetazo a las denuncias de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) por la deuda contratada irregularmente en la administración de Humberto Moreira, y por el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma en el gobierno de Rubén Moreira. Riviera Álamo, una de las firmas fachada, pertenecía al esposo de la secretaria de Infraestructura y Transporte, María Esther Monsiváis.

El 11 de enero, el titular de la ASEC,

Armando Plata, informó en rueda de prensa que 250 denuncias penales, por irregularidades cometidas entre los ejercicios de 2013 a 2016, permanecen congeladas en la Fiscalía General del Estado. En ese periodo, el procurador de Justicia era Ramos Gloria, quien, según el entonces gobernador Rubén Moreira, “tuvo una destacada labor: trabajó de manera incansable en la lucha contra el crimen organizado, en el tema de (los) desaparecidos y en el combate a los delitos de alto impacto”. En abril de 2017, Ramos declaró el “no ejercicio de la acción penal contra Humberto por los delitos de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita” (Reforma, 19-04-17).

El 10 de diciembre de 2018, dos semanas antes de la designación de Ramos Gloria como magistrado del TSJE, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Material Penal resolvió dejar sin efecto la reaprehensión de Javier Villarreal, uno de los principales operadores de la deuda por más de 36 mil millones de pesos. El TSJE atribuyó la publicación del acuerdo a un error. En cualquier caso, Ramos incurrió –como procurador– en responsabilidad política y penal por haber congelado las denuncias contra los responsables de la deuda y las empresas fantasma, así como por no ejecutar la orden para la recaptura de Villarreal.
30 Enero 2019 03:58:00
Fiscales de hierro
Antes de reabrir la investigación contra el exgobernador Humberto Moreira, el fiscal español José Grinda sentó, el 27 de febrero pasado, a casi una veintena de presuntos miembros de la organización criminal rusa Tambovskaya, en el banquillo de la Audiencia Nacional, para responder por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de dinero. Fundada en 1988, la banda se dedica además al contrabando y a la construcción. Algunos de sus líderes tienen conexiones políticas y han sido miembros de la Duma Estatal (Congreso).

Entre los acusados figuraban el diputado y empresario Vladislav Reznik –ligado al presidente Vladimir Putin– y su esposa Diana Gindin. En junio de 2008, la Policía de España detuvo a 20 sospechosos en el marco de la Operación Troika, la cual permitió abrir el mayor juicio contra la mafia rusa (BBC News, 19-02-18). Grinda (frente a quien el exsecretario de Finanzas de Coahuila, Javier Villarreal, acusó a Moreira de desviar dinero del erario a cuentas personales) denunció amenazas contra él y su familia de Ilya Traber, amigo de juventud de Reznik. El mismo Traber fue quien le presentó a Gennadios Petrov, uno de los líderes de Tambovskaya.

El 18 de octubre pasado, Reznik y el grupo acusado de lavar dinero en España a gran escala, fueron absueltos por insuficiencia de pruebas. No se pudo determinar el origen ilícito del dinero, pese a que “las actividades comerciales de los demandados en España parecían ‘extrañas, poco económicas o poco convencionales’” (BBC News, 19-10-18). Haber sentado a un potentado como Rezkin –intocable en Rusia por su relación con Putin– frente a un tribunal, refleja la determinación y el alcance del Ministerio Público de España para combatir la corrupción.

Juan José Rosa, otro de los fiscales que investigan a Humberto Moreira, declaró sobre un escándalo de corrupción en su país: “En los últimos tiempos todos vemos que la gente ingresa a prisión y no se recupera dinero de los fondos públicos”. Uno de los cometidos de la Fiscalía Anticorrupción –advirtió– es “conseguir la satisfacción del interés público”; para la sociedad es fundamental “que se recupere un montante económico muy importante (…) y en eso estamos”.

En México la justicia está al servicio del poder político y económico. Humberto Moreira fue virtualmente rescatado de la prisión española de Soto del Real, donde permaneció del 15 al 22 de enero de 2016, por el Gobierno del presidente Peña Nieto. Sin embargo, los fiscales Grinda y Rosa tienen en su poder información para llevarlo a la Audiencia Nacional. Es cuestión de tiempo. El presidente López Obrador no pretende castigar a los corruptos, pero la presión social e internacional obliga a su gobierno a enjuiciar a quienes desviaron y se apropiaron de caudales públicos.

La atención se ha centrado en Humberto Moreira, pero el nombre de su hermano Rubén, a quien heredó el cargo, también ha sido citado en una corte federal en San Antonio, Texas, en un juicio contra el cártel de Los Zetas. Humberto ocupó la gubernatura entre 2005 y 2011, pero quien realmente ejerció el poder fue Rubén, el verdadero jefe del clan. Los ojos de Coahuila están puestos en España y Estados Unidos en espera de justicia. En ese afán, los fiscales Grinda –quien afrontó a la mafia rusa– y Rosa –quien pugna por la recuperación de caudales públicos– son aliados de los coahuilenses. Debería serlo el Sistema Estatal Anticorrupción, pero su compromiso es con sus jefes: los Moreira.
29 Enero 2019 03:58:00
El brazo de la justicia
Contrario a lo que sucede en México, donde las élites políticas y económicas son intocables, en España hasta la familia real paga sus faltas en prisión. El 17 de febrero de 2017, Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI, recibió una condena de seis años y tres meses por malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública y tráfico de influencias, entre otros delitos. La condena incluye una multa de 513 mil euros. Dos años después de su detención en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, por los supuestos delitos de “blanqueo de capitales y colaboración con el cártel de Los Zetas” (El País, 16-11-18), la justicia española vuelve a tener en el punto de mira al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira.

La reapertura del proceso criminal, determinada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, con base en las declaraciones del exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, y del empresario Rolando González Treviño, puso en guardia al también expresidente del PRI. Frente al riesgo de ser extraditado, y ya sin la protección de la Presidencia de la República y de la PGR, que en 2016 le permitió salir de la prisión de Soto del Real, Moreira empezó a tramitar un amparo.

El recurso lo presentó el 16 de enero pasado, luego de la negativa de la PGR para “hacer efectiva la garantía de audiencia y derecho de defensa para conocer, responder, controvertir y aportar pruebas, dentro del procedimiento que se sigue en su contra. (…) El juzgado negó la suspensión provisional solicitada (…) con lo cual pueden continuar las investigaciones en su contra por el Ministerio Público Federal y la colaboración de las autoridades españolas» (La Jornada, 19-01-19).

Los testimonios de Villarreal y González frente a los fiscales anticorrupción españoles Juan José Rosa y José Grinda, el 13 de diciembre de 2017, fueron clave para reabrir la causa contra el exmandatario coahuilense. De acuerdo con El País, Villarreal declaró a los fiscales que entre 2005 y 2010 gestionó la economía de Moreira “al margen de su función pública, mantenimiento de casa, viajes, coches, todo lo que necesitara Humberto. Que, en ese ámbito, tuvo conocimiento o consciencia de que Humberto Moreira se apropiaba de dinero público, malversar dinero”.

José María Irujo dice en su nota: “el testigo asegura (a los fiscales) que conserva facturas y fotografías de sus acusaciones y que las aportará si se le requieren”. Si alguien conoce cómo se contrató y gastó la deuda por 36 mil millones de pesos en el Gobierno de Moreira, es Villarreal, quien en el círculo cercano del exmandatario generaba celos por su influencia. Acusar a su exjefe de apropiarse de 130 millones de euros (tres mil millones de pesos) “tanto para él como para su partido” y proporcionar nombres de propietarios de empresas de televisión y de otros supuestos beneficiarios del erario de Coahuila, proporcionó a los fiscales elementos para solicitar la reapertura de la investigación.

Humberto Moreira ha sido exonerado por la PGR y por la Procuraduría General de Justicia del Estado —entonces a cargo de Homero Ramos Gloria— por la compra de medios de comunicación con dinero del erario y por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, la justicia de España y Estados Unidos no han dicho la última palabra. Máxime cuando sigue pendiente la extradición, a Texas, de Juan Manuel Muñoz, presunto operador de Los Zetas. El empresario lagunero fue capturado en Madrid, el 18 de marzo de 2016 —dos meses después de la detención del exgobernador— bajo los cargos de lavado de dinero y organización criminal.
28 Enero 2019 03:58:00
Domar a la bestia
Antes de robar al país combustibles de los ductos y las refinerías de Pemex a los niveles de escándalo ahora conocidos, los consumidores eran esquilmados en las gasolineras, a ciencia y paciencia de las autoridades. Lo mismo ha sucedido históricamente con el suministro de gas domiciliario. Funcionarios de la Secretaría de Economía, encargada de vigilar los precios, pesos y medidas, y de la Procuraduría Federal del Consumidor obtienen cuantiosos sobornos por hacer la vista gorda. Las pérdidas por el huachicoleo se calculan en 60 mil millones de pesos anuales; el robo al público es incuantificable, pero incluso podría ser mayor.

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la sustracción de gasolina obtuvo amplio respaldo social, no exento de críticas, pues el cierre de tuberías causó desabasto y malestar en varios estados. Partidos de oposición y sectores de la prensa aprovecharon la coyuntura para señalar, con dedo flamígero, el cumplimiento del apocalipsis: México convertido en Venezuela en los primeros 45 días del nuevo Gobierno. Igual de forzada y disparatada resulta la tesis según la cual el apoyo al Presidente es consecuencia de la lucha de clases. Los de a pie contra los de coche, como si todos poseyeran autos de lujo. El parque vehicular del país está compuesto –en su mayoría– por modelos anteriores y marcas populares.

El desabasto de gasolina no provocó la crisis anunciada por los profetas del desastre –disturbios, protestas callejeras, cierre de negocios y caída de la bolsa– ni disminuyó la aprobación del Presidente; al contrario, mejoró. Ahora se le exigen detenciones, y debe haberlas de peces gordos, como en Brasil por la corrupción en Petrobras. El mercado negro de combustibles no sería posible sin la participación concertada del crimen organizado, políticos, partidos, funcionarios de Pemex y del gobierno federal. Asimismo, intervienen autoridades locales, líderes del sindicato petrolero, dueños de gasolineras, empresarios y bancos donde se lavan cantidades fabulosas de dinero.

Entre los intereses del poder económico y político no existen fronteras. El neoliberalismo subordinó al Estado a las oligarquías, como lo advirtió el presidente López Obrador en su discurso inaugural. El tráfico de combustibles y de droga también se complementa. Espacio 4 publicó en 2007 el caso de una compañía gasera de Torreón –de alcance nacional– a la cual el Ejército le decomisó un camión cisterna cargado de mariguana en San Quintín, Baja California. Las conexiones políticas y judiciales le permitieron a la familia influyente salir del apuro.

La circunstancia y el apoyo ciudadano –volátil como la gasolina– le brindan a AMLO la oportunidad de abatir y castigar el robo de combustibles, tapar el pozo sin fondo de Pemex (caja grande de los últimos presidentes), garantizar una distribución eficiente y sanear el sindicato cuyo cacique, Romero Deschamps, representa uno de los eslabones más fuertes de la corrupción rampante. Si cumple, le demostrará al país y a sus críticos que el cambio propuesto por él, además de asequible, es positivo.

Empero, el esfuerzo será incompleto si las gaseras y las gasolineras no se sujetan a la ley. Es hora de proteger también la economía de millones de ciudadanos y empresas víctimas de políticos, autoridades y expendedores sin escrúpulos. Basta de abusos. Tragedias como la de Tlahuelilpan son consecuencia, también, de la incuria y la falta de justicia.
26 Enero 2019 03:54:00
El señor del huachicol
Las investigaciones de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el movimiento de dinero por el robo y comercialización de gasolinas han puesto bastante nerviosos a políticos y empresarios de Coahuila, en particular de Saltillo. Máxime a quienes han hecho negocios con Juan Manuel Muñoz Luévano, cuya extradición –de España a Estados Unidos– tendrá los efectos de un tsunami en el estado. El asunto lo trata Gerardo Moyano en la edición de Espacio 4 recién salida de la prensa.

“Si bien las autoridades estatales insisten en que el robo de combustibles no es un problema grave en Coahuila, los hechos sugieren otra cosa. La entidad ha tenido un papel clave en el entramado del huachicol en el noreste de México, en particular a través del lavado de dinero que realizó para los Zetas Juan Manuel ‘El Mono’ Muñoz Luévano, detenido en España, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, por varios delitos relacionados con el narcotráfico. Muñoz podría ser dueño o socio de al menos 20 estaciones gasolineras en Coahuila y Durango.

“Según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que lo investiga por robo de combustible, Muñoz cuenta con cuatro permisos para operar gasolineras en las zonas de Saltillo, Torreón y Gómez Palacio. Uno de ellos fue expedido el 14 de enero de 2016, dos meses antes de su detención en Madrid, detonada por una escucha telefónica en la que daba instrucciones para asesinar a una funcionaria de la Fiscalía de Coahuila. En marzo pasado, la CRE clausuró una de sus gasolineras en Arteaga, además de otras dos en Saltillo, previamente, por estar relacionadas con el robo de combustibles.

“‘Es una persona que fue muy activo en ambos lados, en México y España, y sabe mucho del Gobierno de Coahuila, de todos los movimientos de dinero que se hicieron y cosas malas que se hicieron’, dijo Art Fontes, exagente del FBI, a la cadena

Telemundo (20-06-18).

“Según la justicia estadunidense, que lo requiere para enfrentar cargos de narcotráfico y lavado de dinero, ‘El Mono’ tiene un capital de cerca de 25 millones de dólares en Coahuila. ‘Se le notaba una posición de jerarquía muy por encima de (…) estamos hablando de personas que ocupaban cargos dentro de la Administración local, como pueden ser alcaldes de determinados pueblos de aquellos estados, congresistas de los estados mexicanos, incluso miembros de los gobiernos estatales’, agrega una fuente anónima a Telemundo.

“Entre los supuestos socios de Muñoz que aparecen en expedientes de la Justicia española figuran: Rosendo Villarreal Dávila, el exalcalde de Saltillo (1991-1993), y Gerardo Garza Melo, quien renunció como secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial –en el Gabinete de Rubén Moreira–, cuando Muñoz fue aprehendido en España. Semanas después elementos de la Secretaría de Marina catearon el domicilio de Garza Melo, en el fraccionamiento Toscana, al norte de Saltillo (Zócalo, 15-01-18). Garza sería socio de Muñoz en una gasolinera llamada La Teresita, donde se vende producto robado

(Proceso, 31-12-18).

“Rosendo Villarreal niega ser quien aparece en los documentos de la Justicia española, pero los expedientes mencionan su nombre completo en al menos tres ocasiones. ‘Los beneficios obtenidos con esos ingresos extras (de la venta de combustible robado en las gasolineras) se destinan al pago a personas de relevancia en la administración pública mejicana (P ej. Rosendo Villarreal Dávila), señalan los documentos del Ministerio del Interior español’. (Puede leer la versión completa en la dirección web http:/www.espacio4.com/)


25 Enero 2019 03:59:00
Prueba de fuego
Tenía que suceder, tarde o temprano, y el momento llegó. La lección de Tlahuelilpan es para todos: sociedad y Gobierno. Nadie puede con todo ni puede hacerlo todo sin la colaboración del otro; mientras no se entienda, el país pagará los costos. La corrección y el oportunismo políticos inducen a culpar al Estado y a exonerar al pueblo. Algunos sectores querían ver en llamas al presidente López Obrador, el 18 de enero, junto con los centenares de personas que robaban gasolina del ducto perforado por manos criminales. Sin embargo, el Gobierno superó la etapa crítica de la prueba.

En circunstancias análogas, Peña Nieto se hubiera atrincherado en Los Pinos, como lo hizo en los sanitarios de la Universidad Iberoamericana, el 12 de mayo de 2012, cuando era candidato. El grito de “¡Atenco no se olvida!” resonaba en el campus. Las porras y los acarreados del aspirante presidencial fracasaron en su intento de acallar al estudiantado. La protesta y el clamor de justicia era por los sucesos del 3 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, donde una manifestación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra fue reprimida por la Policía Federal Preventiva y la Agencia de Seguridad de Estado de México. Así se estrenaba Peña Nieto como Gobernador.

En el enfrentamiento murieron: el estudiante Alexis Benhumea (por lesiones) y Javier Cortés Santiago, de 14 años (por disparo de arma de fuego); hubo alrededor de 70 heridos (33 eran policías) y más de 200 detenciones fuera de la ley, entre ellas las 10 menores de edad. Peña justificó el uso de la fuerza pública con una ironía: “los policías no fueron recibidos con flores, sino con bombas molotov”. Desde ese momento, la sombra de Atenco —a la que después se sumarían las de Tlatlaya y otras masacres— persiguió a Peña dentro y fuera de México.

Tres meses antes de los asesinatos y de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el Presidente fue reprendido por dos jóvenes en el Foro México en el Siglo XXI, celebrado en Madrid: “¡Asesino, usted es el responsable de la matanza de Atenco! (…) Está vendiendo Atenco, quiere vender todo el país” (Notiamérica, 09-06-14). [Peña visitó Iguala 17 meses después de los acontecimientos].

El 21 de diciembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado mexicano de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas físicas, psicológicas y sexuales en Atenco. El organismo determinó que 11 de las mujeres detenidas por la policía “sufrieron violencia sexual, por medio de agresiones verbales y físicas con connotaciones y alusiones sexuales; siete de ellas también fueron víctimas de violaciones sexuales; y todas fueron víctimas de tortura por el conjunto de abusos y agresiones sufridas, incluyendo, pero no limitándose, a las violaciones sexuales”.

Las tragedias ocurren en contextos diferentes y el grado de responsabilidad civil y política también varía, lo mismo que la percepción ciudadana con respecto a la actuación de las autoridades locales y federales. Peña, como antes Fox y Calderón, fue un Presidente distante de la sociedad y ajeno a sus necesidades; prefería evadirse y crear realidades virtuales (la verdad histórica, en el caso de Ayotzinapa) para cerrar expedientes incómodos, lo cual nunca consiguió. La cercanía de López Obrador con la comunidad y la forma como afronta los problemas explica por qué el combate al «huachicoleo», el desabasto de gasolinas y la tragedia en Tlahuelilpan, en lugar de debilitarlo, lo han fortalecido. Al menos hasta ahora.
23 Enero 2019 03:58:00
Reproche secular
La Laguna desempeñó un papel crucial en el Gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940). La reforma agraria la convirtió en una de las regiones más prósperas y de mayor influencia política y económica del país. Los gobernadores de Coahuila y Durango estaban supeditados a los mandos federales con sede en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. El Banco Agrario (después Banrural) superaba el presupuesto conjunto de ambas entidades y era cabeza de una sólida estructura político-electoral: financiaba campañas y aseguraba el voto verde para el PRI.

Las cosas empezaron a cambiar con la llegada del neoliberalismo, en el Gobierno de Miguel de la Madrid. El sistema ejidal se había desvirtuado y estaba atrapado en una red de corrupción formada por funcionarios, líderes agrarios, empresarios y banqueros. En la campaña presidencial de 1988, los campesinos pasaron la factura: una lluvia de piedras y otros objetos interrumpió el discurso del candidato Carlos Salinas, en San Pedro. El episodio se repitió en Francisco I. Madero. Una vez en el poder, Salinas se vengó: puso entre rejas a Juan Manuel Grosso Montemayor, exgerente del Banrural, por ventas de algodón en bloque presuntamente fraudulentas.

La reforma salinista al Artículo 27 constitucional privatizó el ejido, desapareció la banca rural y propició el acaparamiento de tierras, no con fines productivos sino de especulación urbana. Para recuperar políticamente la región, donde Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional, había obtenido más votos, Salinas implementó el Programa Nueva Laguna, consistente en la ampliación de la carretera Torreón-San Pedro, la extensión de la pista principal del aeropuerto Francisco Sarabia y otras obras. Sin embargo, la falta de un modelo alternativo propició el declive económico de la zona.

Los laguneros reprochan a los gobiernos de Coahuila y Durango el abandono secular. Mientras en Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, San Pedro y otras cabeceras los rezagos se acumulan, las capitales (Saltillo y Durango) registran un crecimiento sostenido y captan las mayores inversiones de los sectores público y privado. Tal circunstancia volvió recurrente la demanda de separar a más de una docena de municipios de ambas entidades para crear el Estado de La Laguna.

Hay quienes ven en el presidente López Obrador al Cárdenas moderno. La visita a Torreón, el 28 de diciembre, para anunciar programas sociales y su promesa de regresar en marzo para evaluar avances, se ha interpretado como señal de mejores tiempos. “Vengo a La Laguna a explicarles por qué se va a llevar a cabo una acción integral en esta región, que se une por cuestiones sociales, culturales, históricas, y que esta Comarca Lagunera, aunque geográficamente tiene que ver con dos entidades federativas, con Coahuila, con Durango, es al mismo tiempo esta región una entidad, si no formal, sí realmente es una región con características propias, y por eso se tiene que atender de esa manera”, dijo en el Teatro Nazas, nombre del río que representa el símbolo de identidad de los laguneros.

El Presidente tocó la fibra más sensible de una región severamente castigada y víctima también de su propia incuria. Sin apoyo federal y con gobiernos estatales cuyo afecto e interés está en las capitales, la metrópoli Torreón-Gómez Palacio vivió sus peores años en las administraciones de los Moreira, Ismael Hernández y Jorge Herrera: inseguridad, corrupción, narcotráfico y violencia. El poder económico suplantó los liderazgos políticos y sociales. AMLO representa la esperanza para romper ese círculo perverso y salir del marasmo.
22 Enero 2019 03:56:00
Estado de La Laguna
Andrés Manuel López Obrador es un hombre de símbolos. La imagen institucional de su gobierno, con las figuras de Morelos e Hidalgo (independencia), Juárez (restauración), Madero (revolución) y Cárdenas (reforma social), representa un repaso histórico y la inspiración de su presidencia. Frente a las derivas del poder (entreguismo, abuso, codicia, boato, arrogancia e impunidad), AMLO decidió abrazar el patriotismo y los valores de sus héroes tutelares. Clausurar la residencia de Los Pinos y abrirla al público como recinto cultural, poner a la venta el fastuoso Boeing 787-8 y prescindir del Estado Mayor, cancela tres de los emblemas más ostensibles de la presidencia imperial.

AMLO conoce el país, las necesidades de las mayorías y el sentimiento social hacia la clase política. Para sintonizar con la austeridad presidencial, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas (Morena) convirtió en museo la Casa de Gobierno; y el de Jalisco, Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano), entregó el helicóptero utilizado por su predecesor al Sistema de Salud Médica de Urgencias. Antes, en Nuevo León, Jaime Rodríguez (independiente) había decidido no ocupar la residencia arrendada con recursos del erario.

Coahuila no dispone de casa de gobierno en Saltillo, pero sí en Torreón, la cual permanece ociosa la mayor parte del año –máxime ahora, pues el gobernador Miguel Riquelme tiene vivienda en esa ciudad–. El edificio, localizado en la colonia Torreón Jardín, se adquirió en el sexenio de Óscar Flores Tapia para la Dirección de Desarrollo Regional. En la administración de Eliseo Mendoza Berrueto se habilitó para evitar gastos de hospedaje y oficinas y dedicar más tiempo a La Laguna. La intención era contrarrestar la demanda de crear el estado lagunero.

En junio de 2017, después de las elecciones para gobernador, diversas ONG protestaron frente a la casa de gobierno contra la venalidad, el endeudamiento sin castigo y el autoritarismo. En la fachada se leían carteles como este: “R. Moreira, autócrata. Basta de ucases. La sociedad exige participación en la elaboración de la ley estatal anticorrupción” (demanda ignorada). “#Basta de impunidad. #Megadeuda. #Desaparecidos. #Corrupción”, clamaban los colectivos.

La primera visita de López Obrador a Coahuila, en calidad de presidente, fue a Torreón, el 28 de diciembre. Llegó en vuelo comercial, de Ciudad de México, y después de la asamblea en el Teatro Nazas, donde anunció el Programa Integral de Desarrollo, viajó a Monterrey. El gesto entusiasmó a los laguneros por la expectativa de constituir su propio estado con el apoyo de AMLO. El sueño a veces remite, pero sigue vivo en los meandros del imaginario colectivo, como en los recodos del Nazas, y el más leve movimiento lo reanima.

El Presidente sabe del tema y lo tanteó frente a los gobernadores Miguel Riquelme (PRI) y Rosas Aispuro (PAN), a quienes se exige mayor infraestructura y servicios en La Laguna, pues su atención está centrada en las capitales. “Se requiere de la suma de voluntades, de esfuerzos, y que se acepte que ya hay un despertar ciudadano, que no somos ciudadanos imaginarios, que somos ciudadanos de verdad y que tenemos todos conciencia y criterio para decidir cuando se presenten elecciones, cada quien libremente va a elegir”. ¿Consulta sobre el Estado de La Laguna?
21 Enero 2019 03:58:00
AMLO toma la Laguna
El sentimiento de los laguneros contra el partido gobernante en el estado se expresó frente al presidente López Obrador, el 28 de diciembre, en tres palabras: “¡Fuera el PRI!”. El recuerdo del moreirato –por la deuda, las masacres y la corrupción– es imborrable. Coahuila es la única entidad fronteriza donde no ha habido alternancia. El monopolio del PRI estuvo a punto de terminar en 2017, pero la división de las principales fuerzas opositoras (PAN, Morena y el candidato independiente Javier Guerrero) frustró el intento. Aun así, la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila estuvo a menos de tres puntos de la Gubernatura.

AMLO ha puesto la mirada en La Laguna para ganar el estado, tierra de uno de sus próceres: Francisco I. Madero. La única autoridad priista en el Teatro Nazas de Torreón, donde inició el Programa Integral de Desarrollo para La Laguna, era el gobernador Miguel Riquelme. José Rosas Aispuro, de Durango, y el alcalde Jorge Zermeño, son del PAN. Los gritos contra el PRI le dieron al Presidente la oportunidad de mostrar su liderazgo y recibir una tanda de aplausos: “Les quiero pedir algo: respeto a todos. ¿Va a haber respeto? Urbanidad política, ya se acabó la campaña, ahora tenemos que reconciliarnos para sacar adelante (a) La Laguna, a Durango, a Coahuila y a México”.

Sin embargo, López Obrador es un líder en campaña permanente. La pensión mensual por mil 274 pesos a 46 mil adultos mayores y a 4 mil 881 niños con discapacidad, censados en los 16 municipios laguneros, y el pago de 3 mil 600 pesos a 10 mil 600 jóvenes que serán ocupados como aprendices por pequeños empresarios, representa una derrama de mil 235 millones de pesos anuales. El programa lo coordinarán Reyes Flores Hurtado y Enrique Novelo Solís, superdelegados de AMLO en Coahuila y Durango, respectivamente. La nueva estructura restará control político a los gobernadores del PRI y del PAN… y le dará votos a Morena.

Con mayoría en el Congreso federal y en 20 legislaturas locales, y apoyo social todavía sin mengua, el Presidente es dueño de la situación. La fuerza de los gobernadores disminuyó notablemente después de las elecciones del año pasado. López Obrador no necesita afrontarlos; al contrario, infunde confianza e incluso les saca las castañas del fuego, como lo hizo en Torreón, mientras les asesta un nuevo golpe en las urnas. “Por eso es muy importante la unidad y en este tiempo interelectoral, si no hay elecciones, unirnos todos. Ya cuando lleguen las campañas, cada quien a su partido. Pero, como su nombre lo indica, partido es una parte; Gobierno es todo. El Gobierno es del pueblo y para el pueblo y con el pueblo”, expresó frente un auditorio colmado de simpatizantes, dos mandatarios conturbados y un senador en la pista sucesoria.

Antes de la ceremonia en el Nazas, de las rechiflas y del grito repetido: “¡Fuera el PRI!”, los laguneros ya habían expulsado con votos al partido de los Moreira. En julio pasado, el PRI perdió la Presidencia de la República, las senadurías de mayoría y las diputaciones federales y locales. El PAN lo derrotó en Torreón, con Jorge Zermeño, y en San Pedro; y por primera vez perdió Matamoros y Francisco I. Madero (con Morena).

Coahuila no tendrá elecciones este año, pero sí Durango, donde en 2016 hubo alternancia en la Gubernatura. El 2 de junio próximo se renovarán los 39 ayuntamientos. Acción Nacional ocupa la Alcaldía de la capital, y el PRI las de Gómez Palacio y Lerdo. Si el fenómeno de Morena se repite en la antigua Nueva Vizcaya, el partido fundado por Calles habrá dado un paso más hacia la tumba; La Laguna, un salto para ser estado; y los programas de AMLO, obtenido su primera cosecha en las urnas.
19 Enero 2019 03:55:00
Voluntad a prueba
El megafraude cometido en el Infonavit contra decenas de miles de familias (entre 5 y 6 mil son de La Laguna), que involucra al Poder Judicial de Coahuila, pone a prueba la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer justicia, sobre todo a los más débiles. El bisemanario Espacio 4 publica un amplio reportaje de Gerardo Moyano sobre el tema. Así empieza:

» “Una estupidez, una tontería». Así calificaba las acusaciones en su contra el lagunero José Lorenzo Natera, encargado del área de Titulación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), de 2013 a 2016, en un informativo de Multimedios (Tele Diario, 16-10-17).

» El hoy síndico del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, se refería a las denuncias que acababa de hacer el empresario y abogado chihuahuense Mario Alberto Sánchez Zúñiga sobre un esquema para despojar a miles de personas de sus viviendas, adquiridas con créditos del Infonavit. Esto, a través de juicios hipotecarios falsos e ilegales, emitidos en varios estados, entre ellos Coahuila y Nayarit.

» A poco más de un año de aquella declaración, al menos seis jueces coahuilenses y cuatro nayaritas, así como una veintena de secretarios de juzgado, han sido suspendidos por colaborar en una red de complicidades que involucra a magistrados, notarios, empresarios, gobernadores y funcionarios federales.

» En un cálculo conservador, se estiman en más de 300 mil los despojos realizados de manera ilegal en todo el país, de 2013 a 2018, cuando el Infonavit fue dirigido por el hoy gobernador oaxaqueño Alejandro Murat Hinojosa (2012-2015) y el exdiputado federal David Penchyna Grub (2015-2018), ambos priistas cercanos al entonces presidente Enrique Peña Nieto. Esto supone un fraude de más de 70 mil millones de pesos (calculando un precio promedio de 250 mil pesos por vivienda).

» En el caso de Nayarit, se inventaron juicios hipotecarios para que las escrituras de esas viviendas pasaran a nombre del Infonavit, para luego vender las viviendas en “megapaquetes” a empresas de bienes y raíces. Los precios de reventa bajaban hasta 30 mil pesos por unidad, es decir el 12% de su valor inicial.

» Y lo más grave: no había aviso. Los propietarios, la mayoría de los sectores de bajos recursos, no se enteraban de que habían perdido su vivienda hasta que intentaban transferirlas o al momento de ser desalojados por policías contratados por compañías privadas.

» En aquel noticiero de Multimedios, José Lorenzo Natera reconoció que él mismo era encargado de contratar a despachos de abogados externos para que recuperaran las casas para el Infonavit y aceptó que él firmaba las escrituras. Miles de éstas, sustentadas en juicios que no existieron, con el mismo número de expediente, notificaciones falsas y tiempos de desahogo imposibles, en dos pequeñas jurisdicciones de Nayarit (Xalisco y Compostela). Todo avalado por notario público y firmado por el entonces encargado de Titulaciones del Infonavit. El 21 de diciembre, el Congreso de Nayarit desaforó a los magistrados Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, y suspendió a cuatro jueces locales para ser procesados por el fraude a decenas de miles de derechohabientes del Infonavit.
18 Enero 2019 04:00:00
Hechos, no palabras
En su primera gira por Coahuila, el presidente López Obrador se refirió oblicuamente a tres legados infames del moreirato –sin mencionar a los hermanos; no hacía falta—: a) corrupción en la asignación de obra pública; b) espionaje a opositores políticos, líderes religiosos, empresarios y disidentes del mismo PRI-gobierno; y c) crisis del sistema de salud.

Previo a la visita de AMLO a La Laguna, se destapó un escándalo en el Poder Judicial del estado. Jueces y secretarios de acuerdo y trámite de Torreón, en contubernio con funcionarios del Infonavit, despojaron de sus viviendas a miles de familias con la supuesta aquiescencia del magistrado Jesús Sotomayor Garza.

Tres días después, Reforma informó que la Auditoría Superior del Estado detectó gastos sin comprobar por 116.2 millones de pesos en la cuenta pública de 2017. La cifra, sumada al desvío de recursos a empresas fantasma en los últimos años de la gestión de Rubén Moreira, elevó las irregularidades, tan sólo por esos conceptos, a 591 millones de pesos.

Una de las fuentes de información de AMLO es Reyes Flores Hurtado, quien, como secretario del Ayuntamiento de Torreón en el gobierno de Guillermo Anaya (2003-2005), denunció a funcionarios de la administración panista por actos de corrupción. «(…) la misma gente me dice todo lo que sucede. (...) hay quejas acerca de la construcción de algunas obras, pero vamos a estar ahora pendientes para que no se tarden tanto en realizar las obras y, sobre todo, que no haya corrupción.

Cero corrupción», proclamó el Presidente en la ceremonia donde anunció el Programa Integral de Desarrollo para La Laguna, el 28 de diciembre.

Funcionarios estatales ya habrían buscado acercamiento con el superdelegado Reyes Flores, e incluso con el senador Armando Guadiana, para cubrirse las espaldas.

En mayo de 2014, cinco meses después de iniciada su administración, el alcalde panista de Saltillo, Isidro López Villarreal, acusó al gobernador Rubén Moreira de espionaje. En una carta abierta, López pidió la intervención del presidente Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación, la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Nadie movió un dedo y las escuchas continuaron. El obispo Raúl Vera, el periodista Armando Fuentes Aguirre y el empresario Armando Guadiana también fueron acosados e incluso recibieron amenazas. A escala nacional, advirtió AMLO ante los gobernadores de Coahuila y de Durango, «ya no existe el Cisen, ya no se espía a nadie, somos libres; ya eso desapareció (…). Pero estoy informado».

Además de la megadeuda, las masacres en Allende y Piedras Negras y la legión de desaparecidos en La Laguna y en otras regiones del estado, el sistema de salud colapsó en el moreirato. «Hay una crisis grave (…) no funcionan los centros de salud, los hospitales; no hay medicinas. Todo esto lo vamos a atender de manera conjunta con los gobiernos de Coahuila y de Durango», ofreció el mandatario.

Según Flores Hurtado, en el gobierno de Rubén Moreira, actual diputado plurinominal, los medicamentos se compraban con sobreprecios de hasta el 300% (Zócalo Saltillo, 03.01.19).

El superdelegado hizo una advertencia retórica: «Que vayan entendiendo todos los funcionarios involucrados: al que cachemos, lo vamos a meter al banquillo de los acusados para que lo procesen las instancias competentes». Sin embargo, la sociedad exige hechos, no palabras.
16 Enero 2019 03:58:00
Poderes cómplices
Transparencia Internacional presentará, en las próximas semanas, el Índice de Percepción de la Corrupción 2018. Nuestro país ocupa actualmente el lugar 135 de 180 evaluados. Felipe Calderón dejó a México en el puesto 105. El mundo nos ve como uno de los países más corruptos. Lo somos.

El problema es institucional, no “cultural” como argüía el expresidente Enrique Peña Nieto.

“Países como Chile o Uruguay, posicionados a más de 100 lugares de distancia de México en el ranking, lo comprueban. Ambos fueron los únicos países de América Latina con calificación mayor a 60, lo cual puede deberse a la presencia de fiscalías independientes, con capacidades reales de investigación y persecución del delito”, advierte Transparencia Mexicana.

En los estados, las fiscalías son satélites de los gobernadores; lo mismo pasa con los zares y los sistemas anticorrupción. Un repaso de los perfiles de esos entes burocráticos conduce al moreirato. Por esa razón la megadeuda, las empresas fantasma y el desvío de recursos permanecen sin castigo.

La calidad de vida de legiones de coahuilenses ha empeorado en los últimos lustros, sin esperanza de mejorar en las próximas décadas debido al pago de intereses a un principal anclado en los 36 mil millones de pesos.

El gobierno de los Moreira actuó en complicidad con cuatro legislaturas, en las cuales las oposiciones fueron virtualmente inexistentes, tanto por su marginalidad como por la falta de compromiso y agallas de sus diputados. Negociar con el partido en el poder resulta más lucrativo que presionar, así sea en desventaja, para abrir expedientes guardados bajo siete llaves.

Ocupar por primera vez la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso le brinda al PAN la oportunidad excepcional de elaborar una agenda ciudadana, sin personalismos ni fines electoralistas. El clamor para investigar y castigar actos de corrupción del moreirato es imprescriptible e igual deberían serlo esos delitos.

Mas no sólo el Poder Legislativo fue cómplice de ese par de gobiernos infaustos y venales; también el Judicial. Una somera revisión del historial de algunos de sus miembros –profanos en la materia– basta para descubrir la marca y los intereses del clan.

Para más inri, Homero Ramos Gloria, muñidor de los Moreira –encargado del Instituto Electoral, la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde congeló las denuncias por la deuda, las empresas fachada y otras irregularidades–, recibió como premio una sinecura en el Tribunal Superior de Justicia del

Estado (TSJE).

Justo ahora se ha desatado una lucha por el control del Poder Judicial. Miriam Cárdenas, quien durante el moreirato presidió la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila, ocupó una curul federal y fue nombrada magistrada, terminará este año su ejercicio como presidenta del TSJE, pero la Constitución le permite reelegirse para un segundo periodo. La pugna ocurre en el contexto de un megafraude en el Infonavit –de alcance nacional– que involucra a exgobernadores, empresarios, magistrados, jueces y secretarios de estudio y cuenta.

El caso le ha permitido a Cárdenas presentarse como una mujer dispuesta a limpiar una de las instituciones más desprestigiadas, así sea parcial y tardíamente. El escándalo por el despojo de viviendas a millares de derechohabientes del Infonavit pone contra la espada y la pared al polémico magistrado lagunero Jesús Sotomayor Garza, aspirante a la presidencia del TSJE. Una de las aficiones del cacique judicial ha sido el culto a su propia persona. De nada le sirvió: hoy está a un paso de la hoguera, lo cual no garantiza en absoluto el saneamiento

de la judicatura.
15 Enero 2019 03:58:00
Elección de papel
Cuando en México no existían encuestas ni institutos electorales y el PAN no pintaba, el periodista Eduardo Elizalde Escobedo organizó una votación para saber por quién se decantaban los torreonenses para la Alcaldía. Los precandidatos más fuertes eran Mariano López Mercado y Braulio Manuel Fernández Aguirre, cuyos padres habían sido gobernadores de Coahuila. Elizalde, de quien aprendí el rigor, el respeto y el amor por el oficio, publicó en La Opinión boletas con los nombres de los aspirantes. El público debía recortarlas y depositarlas en urnas transparentes instaladas en las oficinas del primer diario del estado, ubicadas entonces en las calles de Matamoros y Falcón.

En esos años (1972) empezaba a cubrir la fuente política. El favorito del gobernador (Eulalio Gutiérrez Treviño) era López Mercado, quien fungía como primer regidor. La “elección de papel”, como se denominó al ejercicio ideado por Elizalde, convocó a legiones. Cada mañana, los simpatizantes de uno y otro pretendiente se formaban para emitir su voto. Era fácil identificar las preferencias, pues quienes apoyaban a Mariano hacían fila por la calle Falcón y los de Braulio por la Matamoros. Cuando una superaba a la otra, llegaban refuerzos en camiones.

El delegado del PRI era el veracruzano Mario Vargas Saldaña, quien más tarde ocupó un puesto en la Secretaría de Educación donde una vez platicamos de Coahuila. La elección causó tal revuelo que el presidente y el secretario general del PRI, Jesús Reyes Heroles y Miguel Ángel Barberena, respectivamente, viajaron a Torreón para apaciguar los ánimos. En el aeropuerto Francisco Sarabia, los tres reporteros de la fuente entrevistamos a don Jesús, cuyo talento y liderazgo nadie ha igualado. (Décadas después asistí a una reunión con Enrique Ochoa, coautor de la debacle del PRI el año pasado. Decepcionante, un tecnócrata arrogante y anodino.)

Reyes Heroles despejó dudas sobre la selección del candidato: “No será un júnior”. Y cumplió. Uno de los aspirantes secundarios en la elección de papel era un modesto profesor y diputado local, sin conexiones económicas ni políticas: José Solís Amaro. Las candidaturas a cargos de elección popular no debían ser sólo para los ricos. El PRI lo postuló y ganó. En Saltillo, bajo el mismo criterio, el elegido fue Luis Horacio Salinas. El partido fundado por Calles buscaba volver a su origen popular y premiar la militancia, pues a la familia revolucionaria ya le había ido bastante bien, sobre todo en términos económicos y patrimoniales.

La gestión de Solís Amaro, quien me confiaba sus penas, fue aceptable, pero no lució, pues siempre tuvo en contra al Gobierno del Estado y a las elites locales; de no haber sido arropado por un grupo de empresarios, quizá lo habrían forzado a renunciar. López Mercado se convirtió en una especie de superdelegado (como ahora lo es Reyes Flores de AMLO). El gobernador acordaba con él y el alcalde era olímpicamente ignorado. La ciudad pagó los costos.

Fernández Aguirre y López Mercado fueron alcaldes después de varios lustros; el segundo, contra la voluntad del gobernador Rogelio Montemayor. Los partidos tradicionales deben revalorar a sus militancias, premiar el mérito, la experiencia y las virtudes ciudadanas, democratizar sus procesos de elección de candidatos y acabar con los cotos de poder. Por no hacerlo, los electores les dieron la espalda y prefirieron a Morena.
14 Enero 2019 03:59:00
Talón de Aquiles
Andrés Manuel López Obrador soportó la artillería del PRI, del PAN, de los medios de comunicación y de los líderes de opinión contrarios a su proyecto –por convicción o por consigna–. Tal es una de las razones por las cuales el líder de Morena despacha hoy en Palacio Nacional. AMLO es el presidente moderno más legitimado y con mayor poder, pues tiene mayoría en el Congreso federal y en las legislaturas locales. De los cinco estados donde gobierna, Ciudad de México y Veracruz son de los más poblados del país; a ellos podría sumarse Puebla en la elección extraordinaria.

López Obrador, igual que Trump en Estados Unidos y otros líderes de América y Europa, ha capitalizado el desprestigio de los partidos, de la clase política y de los medios de comunicación. En 2006 perdió la Presidencia en un final de fotografía trucado para favorecer a Felipe Calderón; y en 2012, el dinero, las televisoras y una alianza de facto con el PAN le permitieron a Peña hacerse con el poder. De tanto presentarlo como un peligro para México, sus detractores lo inmunizaron. Las amenazas resultaron ser Calderón y Peña, por la violencia y la corrupción. La ciudadanía lo comprendió y votó masivamente por un cambio real.

La posición del Presidente con respecto a PRIAN, la oligarquía, la alta burocracia, el Poder Judicial y los medios de comunicación adosados al régimen anterior le ha granjeado amplio respaldo social a pesar de la suspensión del Nuevo Aeropuerto de Internacional de México. Sin embargo, no debe abusar, sino aceptar la crítica en vez de desacreditarla, como lo ha hecho con el diario Reforma por informar sobre el aumento –en un 65%– de homicidios dolosos en el primer mes de su gestión.

AMLO respondió con retórica: “así actúa el conservadurismo, pero no es cierto lo que (Reforma) dice”, declaró el 2 de enero en rueda de prensa. Roberto Zamarripa, en su columna Tolvanera (Contar duele, 07.01.19) escribe sobre la propensión mexicana a hablar de la muerte, y del grabador y caricaturista José Guadalupe Posadas como exponente de esa tradición.

“Grupo Reforma –explica el autor– tuvo la iniciativa de publicar un registro semanal de las ejecuciones del crimen organizado cuando éstas se habían convertido en el signo dominante de la vida pública. No se propuso un estudio académico ni un tratado científico. (…) Fue denominado Ejecutómetro. Una relatoría basada en testimonios periodísticos (…) y otras fuentes periodísticas sobre homicidios cometidos por miembros del crimen organizado. (…) Se difunde con el fin de que los lectores, principales destinatarios de la información, conozcan y diriman del porqué y cómo evoluciona esa guerra sin control. (…)

“De ahí derivó una nota más como las publicadas en dos décadas. La noticia en cuestión dijo que hubo más ejecuciones de la narcoviolencia en diciembre que en noviembre (Reforma, 2/01/19). Nada más ni nada menos. Ello escandalizó al nuevo gobierno que no pudo probar lo contrario por no tener cifras completas. La Secretaría de Seguridad destinó recursos públicos, dinero de los mexicanos, a que sesudos asesores –algunos funcionarios en la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la estrategia fallida que fustiga, el de Enrique Peña– hicieran un “análisis” del Ejecutómetro para exigirle características científicas y metodológicas que, por ejemplo, no mira en sus propios ejercicios de gobierno. Qué más da”.

Los niveles de aprobación de AMLO son elevados, pero su intolerancia y soberbia pueden conseguir lo que las oposiciones y los medios hostiles a su gobierno no han podido: malquistarlo con la sociedad.
12 Enero 2019 04:00:00
Oportunismos político
Si en física toda acción genera una reacción, en política provoca tempestades. El combate al inveterado e impune robo de combustibles, negocio de la delincuencia organizada –dentro y fuera del gobierno, de Pemex y del sindicato petrolero–, ha provocado desabasto de gasolinas en algunos estados y un justificable malestar, exagerado por quienes aprovechan los errores del presidente López Obrador para llevar agua a su molino. Él hizo lo mismo cuando era oposición. Ese es uno de los temas de la sección Luces y Sombras» de la nueva edición del bisemanario, Espacio 4.

I

La cruzada contra el robo de combustibles que ha lanzado la Administración federal ya está dando resultados. Pese a las críticas por el desabasto que se ha generado en estados como Puebla, Querétaro y Estado de México, debido a la cancelación de 103 permisos para el expendio de gasolinas por la venta de combustible robado, la sangría ya ha disminuido en 90%, según datos de la Presidencia. Esto, gracias a la vigilancia que llevan a cabo más de 4 mil elementos de las Fuerzas Armadas en las refinerías del país. El Gobierno federal ya ha presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero de más de 80 millones de pesos procedentes de la compraventa ilegal de hidrocarburos. La denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda es contra “una persona quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita”, la cual ya contaba con antecedentes por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

II

La costumbre de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de viajar en aviones comerciales podría convertirse en política de Estado. Al menos esa es la intención del Presidente, quien está impulsando la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado en el Congreso, la cual establece, entre otras medidas, que ningún funcionario federal podrá rentar aeronaves para trasladarse. Además, el Mandatario adelantó que su administración venderá 60 aviones y 70 helicópteros oficiales con el fin de canalizar más recursos a programas prioritarios. El 20 de diciembre, Sin Embargo reveló que en el último año, tan solo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pagó a dos empresas 11 millones 746 mil 455.04 pesos para el transporte aéreo de sus directivos. AMLO dijo que se realizará una investigación al respecto. México es el segundo país con el mayor número de jets privados (950), solo por detrás de Estados Unidos (12 mil 717), según datos del diario digital Infobae.

III

Mientras el presidente Donald Trump amenaza con declarar una emergencia nacional para acceder a fondos para levantar un muro en la frontera con México, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que se instrumentarán acciones para permitir el acceso ordenado y seguro de migrantes al país. La nueva política migratoria establece que aquellos extranjeros que ingresen a México con la intención de permanecer en el país o dirigirse a Estados Unidos, deberán presentar una solicitud, manifestar el motivo de su ingreso y proporcionar sus datos personales. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de un documento de identidad y serán tomadas impresiones de las huellas dactilares y una fotografía. De no querer brindar dichos datos, no presentar la solicitud o querer ingresar de forma ilegal, serán devueltos a su país de origen. A aquellos que acepten las reglas, se les garantizará la respuesta a su solicitud en un plazo no mayor de 72 horas.
11 Enero 2019 04:00:00
El poder y la prensa
Un panista lagunero de la vieja guardia —la mejor del partido fundado por Manuel Gómez Morín—, ya fallecido, decía que la animadversión del PAN hacia la prensa nació en las campañas presidenciales. «Cuando el candidato del PRI visitaba Torreón, se le dedicaban las ocho columnas; en cambio, el de Acción Nacional ocupaba un espacio apenas visible en páginas interiores», recordaba Edmundo Gurza Villarreal en una entrevista para Espacio 4 a raíz del triunfo de Jorge Zermeño en las elecciones municipales de 1996, que 18 años atrás se le había negado a él.

El PRI dominó la escena política nacional durante 71 años. El Gobierno controlaba el papel —era el único importador de la principal materia prima de los periódicos— y una parte de las cuotas del Seguro Social se pagaba con publicidad. Eso terminó. Lo que no acabará es la relación de la prensa con el poder. El Día de la Libertad de Expresión se instituyó en 1951 para homenajear al presidente de turno (en ese momento era Miguel Alemán) más que para celebrar el cumplimiento de ese derecho o exigir su cumplimiento. Eso también es cosa del pasado.

Los conflictos entre el poder y la prensa los detonó la crítica y la denuncia de los abusos de la autoridad. El Excélsior de Julio Scherer provocó la ira del presidente Luis Echeverría, quien respondió con un boicot publicitario y la expulsión de la directiva del hasta entonces diario más influyente del país. Scherer mantuvo en el semanario Proceso la misma línea editorial, y López Portillo recurrió a las mismas armas de su predecesor en Los Pinos. «No pago para que me peguen», amenazó. Echeverría y López Portillo figuran entre los presidentes más odiados; otros lo serían aún más.

Salinas de Gortari también reprimió a los medios críticos y favoreció a los adictos a su Gobierno. Zedillo fue un presidente moderado y no corrompió a la prensa. Vicente Fox y Felipe Calderón, quizá en recuerdo de los tiempos cuando el PAN y sus candidatos eran ignorados e incluso motivo de guerra sucia, marcaron distancia, pero aun así tuvieron filias y fobias. Fox recomendaba no leer periódicos. En los gobiernos panistas el PRI era todavía un partido poderoso: dominaba el Congreso y la mayoría de los estados, las legislaturas locales y los ayuntamientos, por lo cual siempre tuvo de su lado a amplios sectores de los medios de comunicación y a una vasta nómina de columnistas.

Peña Nieto regresó a las viejas formas, pero la realidad ya había cambiado por la irrupción de las redes sociales y la consolidación de medios críticos, al margen del partido en el poder (Proceso y Reforma), y de programas de radio y televisión como los de Carmen Aristegui y Pedro Ferriz, quienes fueron acosados y perdieron sus espacios. La primera, por la investigación de la Casa Blanca del presidente y su esposa Angélica Rivera, y el segundo, por exhibir la incompetencia y venalidad gubernamentales.

Gastar en imagen más que ninguno de sus predecesores y ser Peña el presidente peor calificado, en parte lo explica el hecho de haber canalizado la mayor parte del presupuesto a medios afines y de escasa o nula credibilidad, los cuales eran al mismo tiempo contratistas de la administración federal. La corrupción, la violencia y la impunidad sepultaron al gobierno y al PRI en las elecciones presidenciales del año pasado.
09 Enero 2019 03:58:00
El rescate de Torreón
Jorge Zermeño rindió su informe en el Teatro Nazas, donde 43 años atrás Óscar Flores Tapia –enemigo acérrimo del PAN– inició su campaña para gobernador y, donde hace dos, Miguel Riquelme anunció su separación de la alcaldía para buscar la candidatura al Gobierno que ya tenía como en la bolsa. Nazario Ortiz Garza y Braulio Fernández Aguirre (PRI) ocuparon en dos ocasiones la presidencia de Torreón. Zermeño la ha ganado tres veces: la primera en 1996, la segunda en 2017 (por un año) y la tercera en 2018 (para un periodo de tres).

Ante el secretario de Gobierno, José María Fraustro, quien representó al gobernador Miguel Riquelme, y el líder del PAN, Marko Cortés, Zermeño habló de rezagos heredados, de inversiones en obras por 517 millones de pesos y de la captación del 25% de los nuevos empleos generados en Coahuila en 2018 (equivalente a 12 mil plazas de trabajo). “Lejos quedaron los tiempos del autoritarismo, de los mandos jerárquicos, de los alcaldes autocráticos”, advirtió.

Demandó respeto al federalismo y a la división de poderes. “Esperamos que esta conformación de nuevas mayorías en el Congreso de la Unión no sea pretexto para volver a épocas de hegemonía ya superadas”. Con respeto al Ayuntamiento 2019-2021, dijo que “representa la pluralidad de una sociedad que no es monolítica, que no pensamos todos igual”.

En las elecciones de julio pasado, el exembajador de México en España superó en votos al ahora presidente López Obrador. El triunfo de ambos lo explica, además de su liderazgo, el desencanto de los electores con los políticos jóvenes (Peña Nieto, los Moreira, los Duarte y otros de esa generación rapaz, soberbia e insolente). La experiencia ha terminado por vencer a la mercadotecnia, y el malestar ciudadano a las maquinarias electorales. El PRI desapareció virtualmente en La Laguna: perdió la Presidencia, las senadurías de mayoría, las tres diputaciones federales, las seis locales y las alcaldías de Torreón, San Pedro (con el PAN), Matamoros y Madero (con Morena).

Zermeño, de 69 años, regresó a la Alcaldía después de ocho años de gobiernos priistas. Un año era insuficiente para levantar una ciudad castigada durante 12 por el moreirato. Los cambios se empiezan a apreciar. Saltillo y Torreón ofrecen todavía hoy la visión de dos mundos opuestos. Además de funcional y de tener servicios públicos de calidad, la capital es una de las más seguras del país (Inegi) y de las que mayor inversión extranjera reciben cada año. Mientras algunos sectores de Saltillo compiten con San Pedro Garza García –la ciudad más rica del país, Lamudi–, Torreón apenas empieza a dar signos de recuperación.

Los Moreira no sólo abandonaron la ciudad: se empeñaron en destruirla. No actuaron solos, pues tuvieron de su parte a empresarios complacientes y a actores políticos apocados. La ciudad se rezagó varias décadas. “Ante esta realidad”, observó Zermeño, “decidimos recuperar la deteriorada imagen urbana del municipio, atendiendo la sentida demanda de la ciudadanía por mejorar todos los servicios públicos y el rescate de áreas verdes, canchas deportivas, agua potable, drenaje, pavimentación y seguridad pública”.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Torreón tiene una sociedad civil más activa y crítica que la de Saltillo. A ella se debe, más que a los partidos, el triunfo del PAN y de Morena en La Laguna. La capital se ha alineado a los intereses del Gobierno. Y no le ha ido mal: el poder y el presupuesto alcanza para todos. Las élites cogobiernan, como a escala nacional lo hicieron con Fox, Calderón y Peña Nieto. AMLO les plantó cara y retomó las riendas del poder. En Torreón, Zermeño ha salvado al PAN.
08 Enero 2019 03:59:00
Venganza política
Torreón no había sido castigado con tanto rigor como lo fue en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira. Ambos perdieron sus respectivas elecciones y se la cobraron. La ciudad, otrora referente nacional por su desarrollo económico y urbanístico, devino en caos. Durante el sexenio de Moreira I, la metrópoli lagunera se convirtió en una de las más peligrosas del mundo (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Aristegui Noticias 02-07-13). Cuando el PRI recuperó la alcaldía empezó a revertir esa tendencia, pero el daño era enorme: la violencia había ahuyentado la inversión y el 80% de los jóvenes de 18 a 29 años quería emigrar a otras ciudades en busca de oportunidades (Encuesta de Percepción Ciudadana, Consejo Cívico de las Instituciones 2013).

El semanario Proceso dio un mentís al triunfalismo del clan, celebrado por empresarios y medios de comunicación afines: “Mientras Rubén Moreira ofrecía su último informe de Gobierno en el que presumía que “los grandes capos que asolaban Coahuila ya no estaban” y que la paz y tranquilidad regresaron al estado, la Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos, presentó un estudio (Control sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios en contra de miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río) en el que revela que Los Zetas pagaron millonarios sobornos a los gobiernos de los hermanos Moreira”.

Las visitas del tándem a Torreón eran frecuentes y Moreira II la convirtió en sede alterna cuando perdió la Alcaldía de Saltillo con Isidro López Villarreal (PAN). Sin embargo, no lo hacía para integrarse a la sociedad, planear inversiones o buscar consensos, sino para lo contrario: urdir intrigas, comprar lealtades y silencios –los organismos empresariales se vendieron por un plato de lentejas– y envilecer la política. En el colmo del descaro, Moreira II se autoproclamó “gobernador lagunero”.

“El gobernador que más hizo por Saltillo fue Braulio Fernández Aguirre; y quien más ha hecho por Torreón es Enrique Martínez y Martínez”, dijo el periodista Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, en el marco de una conferencia organizada por Grupo Estéreo Mayrán en el emblemático teatro Isauro Martínez, hace 15 años. El cronista de Saltillo apelaba a la unidad de las principales ciudades del estado cuando el clamor por la creación del Estado de La Laguna cobraba nuevo aliento.

La relación entre la comarca y la capital siempre ha estado marcada por el reproche y el recelo, pero jamás Gobierno alguno había asumido una actitud revanchista y despótica como el de los Moreira. Óscar Flores Tapia, cuyo carácter no le atraía simpatías, satisfizo una demanda añeja: la Ciudad Industrial. También tendió puentes entre las principales cabeceras del estado. El primer supermercado de Soriana, fuera de Torreón, se construyó en Saltillo (en el bulevar Francisco Coss; uno de los más exitosos), por su amistad con Francisco Martín Borque, uno de los fundadores de la empresa y padre de Ricardo Martín Bringas, actual director de la organización.

Flores Tapia tuvo con sus críticos laguneros la misma disposición. En una ceremonia en el Cine Torreón, al empezar su mandato, hizo las paces con Salvador Sánchez y Sánchez, autor de la columna «Azagaya», una de las más leídas e incómodas para el poder. Después de concluido su sexenio, obsequió un retrato a don Antonio de Juambelz donde el director de El Siglo de Torreón vestía un esmoquin de chaqueta blanca. La política de los Moreira fue la de “pan o palo”. Si no compraban, espiaban y enderezaban campañas de descrédito contra medios de comunicación y periodistas insumisos.
07 Enero 2019 04:02:00
El éxito, resbaladizo
“Hace 11 años inicié mi trabajo político y social desde el primer escalón”. Modestia no le falta a Manolo Jiménez Salinas –en ese lapso ha sido representante en la colonia Brisas Poniente, regidor, líder del PRI, diputado local y alcalde de Saltillo–, sino perspectiva. Cuando Óscar Flores Tapia decía entre bromas y veras que una nueva carretera pasaría por su rancho, Gerardo Dávila, su secretario particular, exclamaba: “¡Suerte de gobernador!”. Jiménez también es un político con suerte, pues infinidad de priistas empezaron antes y nunca han subido de peldaño. No por falta de méritos, sino por su condición. “Un político pobre es un pobre político”, sentenció Carlos Hank González.

Legiones de políticos empezaron pobres, pero en el ejercicio del poder –como el profesor– se volvieron ostensiblemente ricos y prósperos empresarios. Una tarascada al presupuesto aquí, un pacto con el narcotráfico allá, asignaciones de contratos y empresas fantasmas acullá, y el futuro de varias generaciones quedaba resuelto. Coahuila está plagado de ejemplos. La deuda fue un meganegocio para políticos y banqueros inescrupulosos y un lastre eterno para millones de coahuilenses. El agravio no ha caído en el olvido y será tema en cada elección mientras permanezca impune.

Jiménez, quien hasta ahora ha tenido un buen desempeño, no cometió el error de atribuir a su gobierno –de apenas 12 meses– el liderazgo de Saltillo en seguridad, bienestar, inversión y otros indicadores, sino al trabajo de varias administraciones (del PRI y del PAN, unas buenas, otras malas). La capital es la segunda mejor ciudad del país para vivir (Gabinete de Comunicación Estratégica). De los 48 mil nuevos empleos generados el año pasado en el estado, 24 mil correspondieron a Saltillo, informó el gobernador Riquelme. Mientras tanto, Torreón no ha podido superar el rezago acumulado en los últimos sexenios.

En la ceremonia del 10 de diciembre, en el Museo del Desierto, hubo ausencias notorias (la de los exalcaldes Jericó Abramo, quien fue nombrado secretario de Vivienda y Ordenamiento Urbano, el 26 de diciembre, e Isidro López Villarreal; en cambio Óscar Pimentel, uno de los damnificados por la derrota del PRI en las elecciones de julio pasado, reapareció como director del Instituto Municipal de Planeación) y concurrencias aún más notables todavía. Con López Obrador en la presidencia y un Congreso dominado por Morena, el contexto político del estado y del país cambió radicalmente.

La presencia del senador Armando Guadiana y del coordinador general del Gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, alteró el ambiente festivo y futurista.

El tándem de Morena atrae la atención de políticos de todos los partidos y de los grupos de poder, en especial de la élite económica. A escala nacional, AMLO empieza a poner a raya a la oligarquía, por ser una de las principales beneficiarias de la corrupción, junto con los gobiernos federal y locales, y por invadir funciones del Estado.

En las elecciones estatales, el PRI y el PAN dejaron de estar solos. Morena trabaja para hacerse con la Gubernatura. El Congreso local –donde ahora tiene un diputado (Benito Ramírez Rosas), pues Catalina Villalobos juega con la bancada priista– se renovará en 2020; y las alcaldías, de las cuales ya ocupa las de Piedras Negras, Matamoros, Francisco I. Madero y Parras, un año después. Si el partido del Presidente aumenta su presencia en la próxima legislatura y en los municipios, la distancia que lo separa del Palacio de Gobierno será más corta. Sólo le faltará candidato. Guadiana es el primero en alzar la mano. Jiménez necesita ampliar su perspectiva y administrar el éxito, de suyo resbaladizo.
05 Enero 2019 04:00:00
Lucro y abandono
En su visita del 28 de diciembre a Torreón, el presidente López Obrador se refirió a la crisis del sistema de salud en Coahuila. Desviar recursos del sector es una de las mayores infamias de la clase gobernante, pues condena a muerte a personas de todas las edades. La medicina privada se mercantilizó en exceso y las instituciones públicas fueron abandonadas y saqueadas. La siguiente es una parte del texto de Gerardo Moyano sobre el tema (Espacio 4, 604).

“El chamán dijo que hay que matar un becerro para que doña Rosa se cure”. “El curandero me vendió estas gotitas para que me regrese la vista”. “Me dieron cita para dentro de tres meses”. Las frases se repiten una y otra vez en los pueblos más pobres del sur del país, en su mayoría indígenas, donde el acceso a la salud es inexistente.

Y aun cuando algunos logran la travesía de llegar a los centros de atención de las ciudades –y de esperar incluso días para ser atendidos– se encuentran con que, por su condición de campesinos, no están asegurados o que el Seguro Popular no puede darles las medicinas que necesitan. Entonces, regresan a casa... y vuelven con el chamán.

Consciente de esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) eligió ocho estados del sur del país para arrancar con un ambicioso Plan Nacional de Salud y Bienestar, el cual propone fusionar las clínicas del IMSS, ISSSTE y Seguro Popular para ofrecer atención y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos.

Para lograr tal meta, el Gobierno no sólo aumentará la inversión en el sector (este año, la Secretaría de Salud recibirá 562 millones de pesos más que en 2018) sino que arrebatará el manejo de la salud a los estados, donde el desabasto de medicinas, la falta de equipamientos y la mala atención se han agravado en los últimos años. En muchos casos, debido a los desfalcos cometidos por los gobernadores.

»Para muestra, el botón de Veracruz, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó “un probable daño y perjuicio a la Hacienda Pública federal” por mil 427 millones de pesos pertenecientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) durante el gobierno del hoy detenido Javier Duarte. Los recursos estaban etiquetados para compra de medicamentos y tratamientos contra el cáncer de la población sin seguridad social. En Coahuila, el desabasto de medicinas es un problema que se arrastra desde las administraciones de los hermanos Humberto y Rubén Moreira.

»Además de los 123 mil 209.4 millones de pesos asignados al rubro salud en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, AMLO dijo que el Gobierno federal echará mano de un fondo especial de 25 mil millones de pesos, que se canalizarán para implementar la primera etapa del plan en los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. El objetivo es agregar ocho estados cada seis meses, para estar operando en las 32 entidades federativas, en la segunda mitad de 2020.

El plan también incluye regularizar la situación laboral de cerca de 80 mil empleados que trabajan por honorarios y blindar las licitaciones del sector con ayuda de la Auditoría Superior de la

Federación (ASF). Si bien la centralización de los servicios médicos públicos ha gene-rado preocupación, la mayoría de los expertos coincide en que el éxito o el fracaso del plan dependerá de su aplicación –para que no sea sólo un cambio de siglas– y del manejo de recursos –para que no se premie o castigue a determinados estados por cuestiones políticas–.
04 Enero 2019 04:07:00
Juegos de poder
Saltillo soltó la Gubernatura, pero volvió a recuperarla sin elecciones de por medio y desde ahora se prepara para que el futuro candidato sea uno de los suyos. Por vez primera en décadas, el PRI no postuló a un capitalino para el cargo, sino a un lagunero.

La maquinaria tricolor, cuyos motores son las colonias populares, la burocracia, el magisterio y las élites económicas, cerraron filas en 2017 con Miguel Ángel Riquelme, quien aventajó por 28 mil votos al también exalcalde de Torreón, Guillermo Anaya Llamas, postulado por el PAN.

El empresario y político Manolo Jiménez, de 34 años, apostó por Riquelme –el aspirante saltillense al Gobierno era Jericó Abramo Masso– y como recompensa obtuvo la alcaldía. Originalmente iba a ser presidente por un año, pero el escenario cambió al abrirse la puerta a la reelección y el PRI lo postuló para el periodo 2019-2021.

Hoy, en la cresta de la ola, Jiménez pondera al Gobernador y frente a la oligarquía local lo presenta como “el gran aliado de los saltillenses”.

Hace un año, cuando asistió a la toma de posesión de Jiménez, Riquelme ofreció corresponder con inversión el voto de los capitalinos que le permitió ganar por los pelos. Ya antes había prometido que Saltillo sería el municipio consentido de su gobierno, lo cual cayó como balde de agua fría a los laguneros.

En Torreón, el PRI perdió la elección para gobernador por 14 mil votos, además de la alcaldía y las cuatro diputaciones locales. Humberto y Rubén Moreira también fueron derrotados en sus respectivas elecciones, y la ciudad pagó las consecuencias.

El año pasado, la inversión en infraestructura ascendió a mil millones de pesos en Saltillo, destacó Jiménez en el informe que rindió el 10 de diciembre en el Museo del Desierto. Frente a varios de sus predecesores –entre ellos su abuelo Luis Horacio Salinas– y los exgobernadores Eliseo Mendoza Berrueto y Enrique Martínez, puso de relieve el apoyo, la visión y la experiencia de Riquelme.

“Se comprometió a ser amigo de los saltillenses, y está cumpliendo (…) es nuestro mejor aliado”, dijo exultante. El futuro le sonríe y él le corresponde.

“La asistencia colmó las expectativas”, según uno de los organizadores. “Se esperaban 700 invitados y llegaron mil 200”. El futurismo sucesorio paseó por el auditorio de la galería de los dinosaurios y se instaló en primera fila.

No era cualquier informe, sino el de quien podría ser candidato a gobernador después de haber sido alcalde; Humberto Moreira y el propio Riquelme siguieron la misma ruta.

La mirada está puesta desde ahora en 2023. Sin embargo, como la gestión de Jiménez terminará dos años antes de los comicios, necesitará una plataforma para entrar en la carrera. Podría ser un cargo administrativo o de elección. Si es lo segundo, la alternativa sería una diputación federal en 2021, en tal caso, debería separarse de la alcaldía.

Uno de los efectos de la alternancia en el país fue que las sucesiones se adelantaron. Mientras el PRI ostentó el poder, el Presidente en turno marcaba los tiempos y nombraba candidatos en los estados.

La regla según la cual “quien se mueve no sale en la foto” (Fidel Velázquez) no sólo quedó obsoleta desde entonces, sino que se invirtió: hoy, quien no se mueve, se autoelimina.

La sucesión en Coahuila volvió a empezar temprano. Los poderes fácticos al parecer ya tienen favorito, pero si las circunstancias cambian y surgen otros aspirantes –lo cual sucederá–, también ellos mudarán sus preferencias. La oligarquía está con el ganador. Así ha sido siempre. Arropado por la élite política y económica de la capital, Riquelme se declaró “lagunero por nacimiento y saltillense por adopción”.

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