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Luis Carlos Plata
Luis Carlos Plata
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Luis Carlos Plata (Saltillo, 1984) es abogado (UAdeC), maestro (UPF, Barcelona) y candidato a doctor (URV, Tarragona), pero practica el periodismo desde hace 17 años, y su trabajo de investigación le ha merecido premios estatales e internacionales. Ha sido articulista de catorcenarios, revistas y periódicos del norte del país desde 2002, además de fungir como director editorial de medios de comunicación en Veracruz.

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13 Octubre 2019 04:09:00
La conexión Moreira-Moreira y los $10 millones a Humberto
El mundo es un pañuelo. Un hermano de Humberto Moreira, Rubén, concedió a finales de 2017 un fíat para ejercer en el Distrito Notarial de Saltillo a un hermano del magistrado que, el pasado jueves, acaba de fallar a favor del exgobernador de Coahuila en su demanda contra Sergio Aguayo, en la Ciudad de México.

Seis días antes de concluir su mandato, el 24 de noviembre de 2017, el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, otorgó la patente de aspirante a notario a Jean Paul Huber Olea Contró, originario del Distrito Federal y sin experiencia laboral en la entidad.

Luego el 28 de noviembre del mismo año, 48 horas antes de concluir el sexenio, se creó la notaría 124 expresamente para él con su publicación en el Periódico Oficial, sede en la capital del estado y domicilio en la colonia San Patricio, como consta en el reporte de visitas emitido por la Dirección de Notarías, con fecha del 1 de octubre de 2019.

Hasta aquí no habría mayor inconveniente más allá de la prisa y el desaseo administrativo. Pero resulta que un hermano del beneficiario, Francisco José Huber Olea Contró, también abogado, acaba de sentenciar en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el 10 de octubre la demanda interpuesta por el exgobernador Humberto Moreira contra el investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo, condenando a este último a pagarle 10 millones de pesos al exmandatario por un presunto daño moral, originado en publicaciones periodísticas en los diarios Reforma y El Siglo de Torreón.

Si en la película Cadena de Favores un círculo virtuoso se genera cuando se practica una serie de actos altruistas individuales para hacer del mundo un lugar mejor, en la “realpolitik” mexicana el círculo es vicioso. Favor con favor se paga.

En este caso, literalmente, de hermano a hermano y de hermano a hermano. No en vano la propaganda electoral de 2011 decía –con cierta dosis de socarronería– que, en Coahuila, “todos somos hermanos”.

Existe una teoría sociológica denominada “seis grados de separación”, cuya idea central es que cualquier persona del planeta puede estar conectada con otra desconocida, a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios.

Aquí, sin embargo, el vínculo es directo. De Moreira a Moreira, y de Huber Olea Contró a Huber Olea Contró.

¿Casualidad, o causalidad?

Si bien ya no se podría recusar en este momento al magistrado Francisco José Huber Olea Contró, es decir, obligarlo a separarse del asunto al poner en duda su imparcialidad, al respecto sí se podría cuestionar la relación entre un exgobernador (hermano del demandante) que regala discrecionalmente una notaría, y el notario (hermano del juzgador) que se beneficia del regalo del exgobernador. ¿Se extingue esta en el acto, o es de tracto sucesivo, o sea, prolongada?

Alguien podría argumentar que la resolución se votó a favor de Humberto Moreira en forma unánime y, por tanto, los otros dos magistrados de la Sexta Sala Civil (Delia Rosey Puebla y Miguel Ángel Mesa Carrillo) respaldaron el Proyecto 377 del ponente, toca 957/2019. Nada extraño, considerando que suele ser habitual en los órganos colegiados judiciales del país, donde pocas veces hay discrepancia de criterios.

El punto es que la sentencia del 26 de marzo de 2019, dictada en el Juzgado Décimo Sexto Civil de la Ciudad de México e integrada en el expediente 265/2017, se revocó en segunda instancia, resultando “fundados y operantes” los agravios expuestos que se resumen de la siguiente forma:

“Sergio Aguayo Quezada, en abuso al derecho de libertad de expresión, utilizando palabras, frases, expresiones insultantes por sí mismas, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias para el ejercicio de la libertad de expresión, ha causado daño moral a la parte actora, Humberto Moreira Valdés, afectando su honor”.

Y en 10 millones de pesos estimaron los “daños punitivos”. Así, 30 meses después de un litigio que comenzó el 30 de marzo de 2017, Aguayo será notificado mañana 14 de octubre y si no ejercita una acción civil, contará solamente con cinco días para pagar.

Cortita y al pie

De nuevo, como se hizo en este mismo espacio el 8 de septiembre, es pertinente recordar la tesis constitucional XLI/2010 que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual fija el alcance de los derechos al honor, la privacidad y la intimidad en las “personas públicas o notoriamente conocidas”, quienes “deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares”.

“La protección a la privacidad o intimidad, e incluso al honor o reputación, es menos extensa en personas públicas porque aquellas han aceptado voluntariamente, por el hecho de situarse en la posición que ocupan, exponerse al escrutinio público y recibir, bajo estándares más estrictos, afectación a su reputación o intimidad (…) Por ende se someten al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda o hiriente”.

La última y nos vamos

Por lo demás, “en una democracia las sentencias se discuten”, ha dicho en otro contexto el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

A fin de cuentas el pleito Moreira-Aguayo no se trata de un conflicto entre particulares donde terceros no debemos asomarnos, sino de un tema que toca la relación entre personas públicas y periodismo, y lo más importante: el interés legítimo por parte de la sociedad para recibir –y de los medios de comunicación para difundir– información en aras del libre debate público.

Dicho en otras palabras: concierne a todos, no solo a quienes ejercemos el oficio
de escribir.
06 Octubre 2019 04:07:00
Las temibles bolsas de plástico vs el saludable y ecológico fracking
Por enésima ocasión se impulsa el fracking en Coahuila. El pasado 2 y 3 de octubre, bajo el nombre Mesas Técnicas de Combustible, Gas y Electricidad, se desarrolló en Saltillo una reunión privada con cariz de pública y la intención de que una vez más el poder económico (afiliados al Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y Concanaco, en este caso) se imponga sobre el poder político.

Todo lo contrario a la doctrina que predica AMLO, por resumirlo de alguna manera, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que no se permitirá. En escenarios diversos y ante distintos auditorios, situación que tal vez inhibe a posibles inversionistas, quienes ante la incertidumbre no arriesgan capital. Pero a un año de la cuarta transformación sigue sin prohibirse donde realmente importa: en el Poder Legislativo. Lo más irónico del asunto es que uno de sus representantes, el senador de Morena y presidente de la Comisión de Energía, Armando Guadiana, es el principal promotor, además del exgobernador del Estado, Rogelio Montemayor.

Como producto de lo anterior; el conjunto de participantes en el evento citado amenazó con presentar el próximo mes en el Senado una iniciativa de Ley para el Aprovechamiento de los Recursos No Convencionales de Hidrocarburos, la cual competiría contra otras seis iniciativas que han sido presentadas ya en el sentido contrario: a fin de expedir una Ley para Prohibir la Fractura Hidráulica. Y a ver quién puede más.

Pese a que la reforma energética permite desde diciembre de 2013 la fractura hidráulica, esta no ha avanzado en la medida que algunos quisieran. Se practica, sí, pero la fase de exploración no ha generado licencia social en Coahuila para continuar con las siguientes etapas. El interés en el negocio incluso llevó a que de 2014 a 2017, el Gobierno del Estado adoptase como eslogan, Un Estado con Energía, con el objetivo de implantar la idea. Pero nunca cuajó. Y hoy las circunstancias son muy distintas: ya no hay poderes alineados hacia el mismo rumbo, como sí sucedía en el sexenio de Peña Nieto y Rubén Moreira, respectivamente.

Sin embargo, se viven tiempos extraños. Por un lado una positiva cruzada para erradicar los plásticos de un solo uso, como las bolsas desechables y popotes, y por el otro se impulsa una de las más peligrosas prácticas para cualquier ecosistema. Un atentando contra la naturaleza.

En sentido contrario al concierto mundial. Justo cuando la ONU acaba de alertar en septiembre que los niveles de los mares van en ascenso a consecuencia del deshielo en ambos polos, y el fenómeno es irreversible (El País, 26/09/19). Cuando por separado fijó en 80 años un tentativo plazo para que ciudades importantes como Nueva York o Londres resientan los efectos del calentamiento global en su territorio (ABC, 22/05/19). Se inunden, pues. Y cuando julio de 2019 ha sido el mes más caluroso del que se tenga registro (La Vanguardia, 01/09/19). Y no se trata de teorías de la conspiración y el Apocalipsis. Hay evidencia suficiente.

Por qué auspiciar entonces el fracking, si este genera gases de efecto invernadero, contamina los mantos freáticos y ocasiona estrés hídrico. Particularmente en una zona semidesértica ya depredada por la minería del carbón, cuyas reservas acuíferas están condicionadas por la cervecería de Nava, y cuyas aguas tratadas de Ciudad Acuña y Piedras Negras ya están comprometidas a la CFE, también en Nava.

No obstante, Guadiana y Montemayor se juegan la última carta. Acaso para enviar un mensaje y demostrar que –parafraseando a Benedetti– “Codo a codo son mucho más que dos”. Pero en realidad solo son dos. Y pertenecen a una generación que, a diferencia de millennials y centennials, no se preocupa ni ocupa del medio ambiente. Guadiana (73 años) y Montemayor (72 años), ambos expriistas la mayor parte de su vida y con intereses económicos en la Región Carbonífera, suman 145 años de vivir en un contexto de actividades extractivas bajo el pretexto de que las condiciones naturales del territorio provocan que no existan otras alternativas económicas.

El argumento compartido por ambos se basa en un cuento: la técnica ha evolucionado a tal grado que ahora, en 2019, es menos contaminante que hace una década, por ejemplo. Si es visible cómo avanza la tecnología en otros campos, quién podría refutarles algo.

Lo cual es falso. ¿Dónde están esos estudios? ¿Cuáles son las pruebas que soportan sus afirmaciones? No pueden mostrarlas, ni podrían hacerlo en lo sucesivo –suponiendo sin conceder que sí existiesen– ya que a su favor usan la coartada del secreto comercial. Aduciendo se trata de fórmulas protegidas del plagio y la competencia desleal, la información acerca de los químicos que se adicionan al agua que se inyecta posteriormente al subsuelo es reservada por cada compañía industrial.

Por el contrario, la organización no gubernamental Food & Water Watch con sede en Washington y oficinas en 11 estados del país vecino, realizó un estudio en junio del presente año donde concluye que, a 10 años de haber iniciado el boom del fracking en Estados Unidos, innumerables familias de comunidades han asumido el costo de la industria en su mala salud y el desplazamiento territorial al que se han visto forzadas. Hace unos días, ya en octubre, en el más actual de sus documentos de trabajo publicados, expone que a la fecha no existen opciones para el manejo y tratamiento seguro de aguas residuales del fracking, así que la única manera de impedir que sustancias tóxicas (sales, metales) y radiactivas potencialmente cancerígenas (como el Radio-226, encontrado en estudios de laboratorio) afecten a los humanos, es prohibiéndolo.

Luego están los sobados tópicos de siempre: reactivación de la economía estatal, creación de fuentes de empleo, aprovechamiento de los recursos naturales de la entidad.

Sin embargo proyectos extractivos recientes, como el Terciario del Golfo en Chicontepec, Veracruz, no han dejado a su población originaria ninguno de los hipotéticos beneficios arriba mencionados, pese a que la inversión del estado mexicano fue mayúscula. No se generó riqueza. La bonanza económica nunca llegó. Los pobres siguieron siendo pobres. Los desempleados y subempleados volvieron al desempleo y el subempleo. Por si fuera poco no se remediaron los suelos una vez el proyecto se apagó y dejaron de fluir los recursos públicos para financiarlo.

Cortita y al pie

En la Agenda Legislativa propuesta al inicio de la Legislatura por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, prohibir la fractura hidráulica ocupaba la undécima posición en orden de importancia, por detrás de otros temas que ya han sido resueltos. Cabe señalar que Monreal presentó en abril de 2014, entonces como diputado representante de Movimiento Ciudadano, una iniciativa para prohibir la práctica. Si ahora Morena tiene mayoría en ambas cámaras, ¿por qué no consumar ya el tema?

Disonancia cognitiva, se le llama. Cuando no coinciden el decir y el hacer. Cuando los hechos no significan lo que las palabras expresan.

La última y nos vamos

Se viven tiempos extraños. Si usted pide una bolsa en el supermercado, o un popote para su bebida en un restaurante, es un cerdo contaminante; el agente más nocivo para el medio ambiente. En cambio otros, como Montemayor y Guadiana, promueven un ecocidio sin precedentes y andan por ahí, ocupando espacios públicos y amalgamando intereses privados. No hay congruencia. Pero tampoco vergüenza.

29 Septiembre 2019 04:09:00
El negocio del voto electrónico en Coahuila: $152 mdp en el aire
Poco ruido causó en los medios de comunicación, casi ninguna expectación entre actores y partidos políticos locales, y lo más importante: nulo interés ciudadano. Pero el pasado 28 de junio la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Gabriela de León, presentó una iniciativa con proyecto de decreto –a título personal, cabe señalar– para utilizar urnas electrónicas en los próximos procesos electorales estatales, y que sea el Consejo General del IEC quien apruebe el modelo.

Salvo que suceda un sorpresivo albazo el miércoles 2 de octubre, la propuesta no fraguará para las próximas elecciones del 7 de junio de 2020 como se pretendía, cuando los coahuilenses voten por representantes populares, ya que cualquier modificación al Código Electoral debe realizarse 90 días antes de iniciar el proceso, considerando que este inicia el 1 de enero.

Faltan tres días para vencer el plazo fatal y la siguiente sesión del Congreso fue convocada justamente para el 2 de octubre, fecha que significa también la última oportunidad para discutir las propuestas del PAN tendientes a recortar el periodo legislativo de los diputados a un año (Juan Antonio García Villa) o aumentarlo a 3 años y 8 meses (Marcelo Torres Cofiño) por única ocasión.

Justo es decirlo: probablemente la de Gabriela de León sea una de las iniciativas mejor fundamentadas que se han presentado al Poder Legislativo durante la actual Legislatura LXI: es elocuente, moderna y queda bien con todos. Dice a cada uno lo que desea escuchar en 21 cuartillas.

No habría forma de que un diputado le negase su voto a favor, independientemente de la fracción parlamentaria a que pertenezca: argumenta que hay ahorros, es amigable con el medio ambiente, facilita el proceso electoral, aparenta comodidad y confiabilidad.

Sin embargo, hay un inconveniente: su operador es el IEC. Que no se olvide: el único organismo público local electoral de los 32 que existen en el país al que falló el PREP y el Conteo Rápido en una misma elección (2017). La vergüenza nacional. Ambas herramientas producto de la tecnología y la ciencia.

Y no solo es la desconfianza en su actuación, sino el negocio coyuntural como trasfondo. La presidenta del IEC ya tiene la cotización lista: 152 millones de pesos para comprar 3 mil 800 aparatos. A 40 mil pesos cada uno con una vida útil, según su exposición de motivos, estimada en 12 años.

Para dimensionar: en 2005 el entonces Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila construyó 45 urnas electrónicas a un costo de un millón 440 mil pesos. Es decir, a 32 mil la unidad. Sin perder de vista que hoy la generación tecnológica es más avanzada y menos onerosa.

Ello supone, tomando como punto de partida el precio de hace 14 años, que al día de hoy costarían 121 millones 600 mil pesos las 3 mil 800 máquinas que se pretenden comprar, por las que pagaría el IEC un sobreprecio de por lo menos 30 millones de pesos.

No obstante para tapar el ojo al macho el IEC lanzó una convocatoria el segundo semestre del año, dirigida a instituciones de educación superior y tecnológica, a fin de desarrollar un prototipo de urna electrónica con el compromiso de ceder luego los derechos de diseño y realización a cambio de un irrisorio premio de 50 mil pesos y una computadora. Aquí cabe cuestionar, si ya tienen el costo fijo y los datos técnicos de antemano, ¿para qué querrían quedarse con la información patentada? ¿Qué proveedor la necesita?


Cortita y al pie

Luego está la experiencia internacional. Países europeos (como Irlanda u Holanda) han experimentado elecciones con la urna electrónica y han terminado por desecharlas y volver a las papeletas luego de un tiempo de prueba. Alemania, por ejemplo, declaró inconstitucional su uso en 2009 a través de la Corte Constitucional bajo el argumento de que no es posible comprender y controlar su uso sin conocimientos técnicos especiales como algoritmos y criptosistemas. “La elección es cosa de todo el pueblo y no sólo de especialistas”, sentenció. No debe subordinarse a la tecnología, pues.

Su punto fue uno, y difícil de rebatir: con la urna electrónica no todos los pasos esenciales de la elección están sujetos al control público ni pueden ser auditados por cualquier persona.

Cito a continuación parte de la sentencia 2BVC3/07 y 2BVC4/07: “el fraude que se puede realizar con el software supera en mucho a las posibilidades del sistema tradicional. La manipulación puede alterar el resultado electoral de manera fraudulenta en una urna o en todas las urnas que utilicen el mismo software. En este último caso, de una manera simple y relativamente segura es posible cometer un fraude electoral de grandes dimensiones con el solo hecho de colocar en el lugar indicado un virus troyano, o instrumentos similares”.


La última y nos vamos

Por si fuera poco el Instituto Nacional Electoral, en la presentación de su prototipo de urna electrónica patentada en 2012, admitió el pasado 15 de abril que aún existe “riesgo de hackeo, interferencia e interrupción”.

Irónico, pero en la era más tecnificada de la historia, cuando vivir conectado a una pantalla rige nuestra existencia o el internet de las cosas ya pareciera un fenómeno natural, es preferible recurrir a descubrimientos milenarios como el papel y el carbón (materia prima de boletas y lápiz marcador), antes que a la urna electrónica del IEC.




22 Septiembre 2019 04:08:00
Ese paraíso del dinero fácil llamado Instituto Electoral de Coahuila
Cuánto tiempo libre, y qué tantos recursos públicos a su disposición tendrá el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para gastar que, a falta de actividades electorales y sobra de dinero, se permite organizar una “carrera de botargas” a fin de “promover la participación y la democracia”.

Si hace un siglo la entidad se distinguió por las ideas democráticas de Madero y Carranza, plasmadas entonces en la Constitución de 1917, hoy el IEC acaba de realizar por segundo año consecutivo el referido evento con monigotes (no es significativo, pero costó 25 mil 706 pesos de acuerdo con el oficio DEA/186/2019 con fecha 12 de septiembre). Años luz de distancia ideológica entre una cosa y otra. O dicho de otra forma: las instituciones al nivel intelectual de los funcionarios que las dirigen actualmente. Botargas de sí mismos.

Mientras la Legislatura LXI ha discutido en el Congreso del Estado iniciativas y temas relacionados con los próximos procesos electorales (la mayoría desde la ignorancia, justo es decirlo), el IEC ni siquiera se pronuncia como parte interesada. No se mojan. Prefieren pasar inadvertidos antes que tomar una postura que los comprometa y, eventualmente, los perjudique. Comprometerse a qué o con quién, es la pregunta, y por qué tendría que perjudicarles, si, en el papel, son un órgano autónomo.

No propone foros de consulta ciudadana ni mesas de análisis con expertos y sociedad civil acerca de los tópicos electorales del momento. Ni siquiera para fingir talento, o simular que son autoridad en la materia, como se suelen hacer en otros Oples en el país. Su rol queda reducido a un simple organizador de jornadas electorales trianuales. Y aquí es donde llegamos al punto medular de la cuestión: si su función solo es instalar urnas y mamparas, mesas de votación cada tres años, ¿por qué deberían recibir un presupuesto millonario todos los ejercicios fiscales?

Una reingeniería institucional a las delegaciones del INE en los estados -incluyendo reasignación económica, por supuesto- permitiría que sean estas quienes organicen las elecciones locales, además de ahorrar recursos y evitar la duplicidad de funciones. Para ello es necesario desaletargar las Juntas Locales y eficientar el Servicio Profesional de Carrera.

Particularmente cuando en tiempos de austeridad gubernamental para muchos, paradójicamente, el IEC no halla en qué gastar ni cómo dispersar la partida que recibe. Por ello se han vuelto el paraíso de las “asesorías” y las “consultorías”; de los “estudios” y la “difusión de imagen”; “alimentos” y “viáticos”.

Sin embargo, un tema destaca por su cuantía económica: la construcción de su edificio sede (luego de pagar alrededor de 10 millones de pesos en renta durante cuatro años) a cargo de su proveedor favorito: Efrén Miguel Ayala de la Garza.

De 2005 (Enrique Martínez) a 2016 (Rubén Moreira), el citado constructor facturó 192 millones 333 mil 907 pesos al Gobierno del Estado, como se reseñó en este mismo espacio el pasado 23 de abril. En 2017 incursionó en el IEC con cinco contratos, y siete más en 2018.
En total sumó 6 millones 592 mil 521 pesos en ese tiempo, la mayoría por remodelaciones y adecuaciones al edificio que actualmente rentan.

Pero la joya de la corona llegó en 2019, al asignarle el IEC la construcción de sus oficinas, tasada en 74 millones 699 mil pesos. Y aquí viene un rosario de inconsistencias interesante.

Al 30 de septiembre de 2015, fecha en que se liquida el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila sin justificación legal, este contaba en su relación de bienes inmuebles con un terreno identificado con el código 101020001, y un valor de 6 millones 906 mil 534 pesos, que fue transferido a la Tesorería del Estado.

Pese a ello, era de esperarse que la Secretaría de Finanzas transmitiese la propiedad posteriormente al IEC, sin embargo no sucedió así. El predio que pretende ocupar ahora el IEC está inscrito en el Registro Público bajo la partida 209845, folio 167037, y se desincorporó del Gobierno del Estado y enajenó a título gratuito conforme al Decreto 47 del Congreso, publicado en el Periódico Oficial del 13 de julio de 2018. En libros, pues, no es el mismo.

Ahora bien, la escritura pública -de número 109- se autorizó definitivamente hasta el 5 de abril de 2019 en la Notaría 83 de Saltillo, a cargo de Sergio Antonio Almaguer Beltrán, cuando ya estaba en proceso la “licitación” desde el 19 de marzo. El orden del proceso no es el más lógico.

Por lo demás, ¿qué pasó entonces con el terreno que dejó el IEPC, quién se lo quedó?

Cortita y al pie
En el balance correspondiente a marzo de 2019, desde la cuenta bancaria operativa del IEC cuya terminación es 2039 (BBVA) en poder de quien esto escribe, el día 11 aparece un “traspaso entre cuentas” por 48 millones 879 mil 491 pesos con la referencia de una presunta “obra pública”. Y el 29 del mismo mes otro “traspaso entre cuentas” de 13 millones 300 mil pesos por el mismo concepto: “obra pública”.

Pero el contrato asignado el 12 de abril a Efrén Miguel Ayala de la Garza estipula que no habrá anticipos “para la ejecución de los trabajos”. Y el IEC a la fecha no ha iniciado alguna otra obra que justifique las transacciones por 62 millones 179 mil 491 pesos.

Además, entre la firma del contrato y la fianza 3743-01967-0 contratada por Efrén Miguel Ayala de la Garza con aseguradora Aserta por 7 millones 469 mil 907 pesos, en poder de quien esto escribe, median solo minutos, aun cuando debía entregarla dentro de los siguientes siete días.

Tienen prisa. Si en un plazo de 18 meses contados a partir de que les fue donado el terreno no edifican, volverá este a manos del Gobierno de Coahuila. Es decir, si en enero de 2020 no hay obra, pueden despedirse de él, y del negocio, por supuesto.

La última y nos vamos
Por si fuera poco, existe una sociedad mercantil favorecida también por el IEC: Movi Technology, S.A. de C.V., cuyo domicilio fiscal es el mismo que usa Efrén Miguel Ayala de la Garza en la colonia República de Saltillo.

La empresa se compone por dos presuntos socios: Mario Morales Villarreal, con 80%, y Juan Carlos Villarreal Garza, con 20% restante. De raíces regiomontanas, el primero de ellos es hijo de Mario Morales Ayala, quien a su vez es primo de Efrén Miguel Ayala de la Garza. Ahí radica el vínculo entre ambos proveedores.

En 2017 se agenció un millón 746 mil 200 pesos, y otro millón 842 mil 738 pesos en 2018 por conceptos como grabación de video, rehabilitación del sistema eléctrico (en unas oficinas nuevas a estrenar, justo es decirlo) e instalación de cámaras de monitoreo (adquiridas al proveedor de moda: Dahua, de China, el de los dispositivos de video con reconocimiento facial).

Luego está el afán de la presidenta del IEC, Gabriela de León, por introducir la urna electrónica en los procesos electorales constitucionales. Otro negocio millonario entre manos.

Pero esa es otra historia…
15 Septiembre 2019 04:09:00
El negocio del alumbrado público en los ayuntamientos de Coahuila
Qué fue primero: ¿el empobrecimiento de los municipios de Coahuila o la comodidad de sus ayuntamientos para concesionar un servicio –en este caso alumbrado público– que ya no pueden –o no quieren– administrar porque les queda grande?

El pasado 27 de agosto Allende se sumó a la lista de quienes claudican y entregan sus lámparas a un particular, al votar en sesión de Cabildo un contrato de concesión por 12 años y un monto de 32 millones 199 mil 212 pesos (más intereses y accesorios financieros). Lo curioso es que su Alcalde, Antero Alvarado, ya fijó el monto a gastar y sólo falta quién haga el trabajo. Como en las licitaciones amañadas, pues.

Otro Ayuntamiento del norte del estado también gobernado por la UDC, Ciudad Acuña, concesionó el 29 de diciembre de 2017, a dos días de acabar el cuatrienio de Lenin Pérez, el servicio de alumbrado público por 20 años con la empresa NL Technologies, S.A. de C.V., cuya fama pública es intervenir en los municipios al cuarto para las 12 de su gestión. De último minuto.

Pero no es un asunto exclusivo de la UDC. Ramos Arizpe y Francisco I. Madero, ambos priistas en el periodo 2014-2017, también comprometieron el alumbrado público durante la gestión de Ricardo Aguirre y David Flores Lavenant respectivamente. Ambos por 20 años y también con NL Technologies, S.A. de C.V.

Monclova con Alfredo Paredes (PAN), por su parte, no concesionó pero sí compró en 2018 al mismo NL Technologies, S.A. de C.V. luminarias por 7 millones 98 mil pesos, como consta en los concursos ADQ-ALUM-001-2018 y ADQ-PR-LED-001-2018.

Sin embargo Saltillo se sale de toda proporción económica. El 24 de mayo de 2019, a través de un procedimiento secreto disfrazado de licitación pública, el Ayuntamiento adjudicó por 10 años el alumbrado público de la ciudad a tres empresas integradas en un consorcio, todas pertenecientes a la Familia Maiz, de Monterrey (para mayor referencia, dueños del equipo de beisbol Sultanes).

Se trata de MD Iluminación Nacional, S.A. de C.V., Constructora Maiz Mier, S.A. de C.V., y Comercializadora Marttiz, S.A. de C.V., quienes se embolsarán en la próxima década 888 millones 339 mil 817 pesos, más 142 millones 134 mil 370 de IVA. Un total de mil 30 millones 474 mil 187 pesos por concepto de modernización, mantenimiento y operación del servicio.

Cabe señalar que las sociedades mercantiles presentaron, cada una por separado, propuestas globales que no especifican cantidad ni calidad de los servicios a proveer. No se conocen siquiera las características técnicas, aún cuando había sobre la mesa una propuesta $111 millones más barata, presentada por Grupo Electro Iluminación y Proyectos de Occidente, S.A. de C.V.

Habrá, eso sí, pagos mensuales crecientes. Los primeros dos años, único periodo de Manolo Jiménez al frente del Ayuntamiento (2020-2021), se pagarán 4 millones 071 mil 230 pesos al mes. En cambio el tercer año, cuando ya no esté él, la cifra subirá hasta 7 millones 158 mil 098 pesos mensuales. El cuarto a 7 millones 407 mil 927. El quinto a 7 millones 743 mil 612. El sexto a 7 millones 992 mil 725. El séptimo a 8 millones 379 mil 387. El octavo a 8 millones 713 mil 931. El noveno año alcanzará los 9 millones 065 mil 304 pesos. Y el décimo 9 millones 424 mil 870 pesos.

Como es obvio, el lucimiento personal será solamente para un Alcalde, el actual, y la carga será mayor para los próximos ediles. Y menor el margen de maniobra durante cuatro administraciones, suponiendo que no se reeligiese ninguna de éstas. Así, en resumen, el convenio ata de manos a tres Ayuntamientos más y compromete las finanzas municipales por una década.

La licitación, aunque se dice fue pública y nacional con folio MSC-TM-013-2019, no ingresó a la plataforma Compranet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sino que simplemente se publicó en la página web del Ayuntamiento y el Periódico Oficial del Estado en la edición del 3 de mayo. Ni siquiera en diarios de circulación local, ya no se diga nacional. Tampoco hubo un procedimiento formal, con juntas de aclaraciones, apertura de propuestas técnicas y económicas. Nada.


Cortita y al pie

La Auditoría Superior del Estado, en el Estudio de Desempeño al Programa de Alumbrado Público de los Municipios de Saltillo y Torreón, elaborado en 2018, concluyó que éste no tiene pies ni cabeza.

El tema no es menor: se trata de la renuncia (o la incapacidad, o ambas) de los Ayuntamientos de Coahuila para proveer un servicio público básico que por obligación constitucional deben brindar. Y el importantísimo negocio que deriva de lo anterior.


La última y nos vamos

Si bien la máxima de un Estado es no hacer cosas que ya hacen los particulares para competir con ellos, como enseña Mazzucato en El Estado Emprendedor, disminuir su tamaño y alcance no parece una buena idea pues si no dan abasto con lo indispensable, ¿cómo van a invertir en asuntos más sofisticados y progresistas como innovación tecnológica o energías renovables?

Sencillamente no pueden. Se van achicando. Quedan reducidos a entes de renovación trianual manejados por un grupo en el poder que hace negocio privado con la obra pública. Y poca cosa más.
08 Septiembre 2019 04:08:00
Moreira bienes raíces
Recién salida del horno, el pasado 5 de julio acaba de constituirse la sociedad mercantil COAHOXE, S.A. de C.V., como consta en el instrumento 121, libro siete, de la notaría 74 de Saltillo, cuyo titular es Luis Ramos Escalante.

Se preguntará usted: ¿y eso qué relevancia pública tiene?

Pues que su socio mayoritario, con el 99% de las acciones, se llama Humberto Moreira Valdés. Para mayores referencias, exgobernador de Coahuila de 2005 a 2011.

La persona moral fue creada con una duración de 99 años y Moreira es el administrador único de acuerdo con el acta constitutiva en poder de quien esto escribe. Y aquí viene lo interesante: COAHOXE, S.A. de C.V. nació con el objeto social de construir y comercializar locales, plazas comerciales, operar estacionamientos públicos, convenir y asociarse con empresas y personas físicas para el desarrollo y/o comercialización de bienes raíces, y en general: adquirir, comprar, vender o alquilar terrenos, casas, departamentos, ranchos, edificios, bodegas, talleres y toda clase de inmuebles urbanos, suburbanos o rústicos, fraccionamientos, conjuntos y desarrollos inmobiliarios, ya sean habitacionales, industriales, comerciales y turísticos.

También puede participar en licitaciones públicas por cuenta propia o de terceros, y prestar servicios a otras empresas de la misma forma: por cuenta propia o de terceros, cláusulas que abren la puerta a la triangulación y el intermediarismo. Curiosamente se dedicaría, entre otras cosas, a la compraventa de chatarra y fierro viejo.

Cabe señalar que María Victoria Ibarra Banda es la otra socia (con el 1% de las acciones) y representante legal de la empresa, aunque actualmente trabaja en la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico como directora administrativa. Dicha funcionaria, en su declaración patrimonial de 2019, manifiesta no tener bienes inmuebles y sí, por el contrario, un crédito hipotecario por un millón 677 mil pesos (en 2014, en cambio, declaró ser propietaria de un terreno y una casa, aunque sin definir la ubicación de ambos).
Sin embargo ahí no acaba el asunto. En el órgano de vigilancia de COAHOXE, S.A. de C.V.
figura Desiderio Nájera Zamarrón, quien a su vez funge como “responsable del órgano interno de administración” del nuevo partido político local Juntos Podemos Construir un Futuro Mejor, cuyo presidente es Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo de Moreira Valdés.
Y si bien la sociedad mercantil del exgobernador de Coahuila está facultada para realizar negocios en cualquier parte del país, llama la atención que su domicilio y área de influencia sea Saltillo pues, otro exmandatario estatal, Enrique Martínez, su predecesor, es terrateniente de la misma ciudad.

Puntualizar que un negocio de bienes raíces a gran escala como el que se proyecta establecer requiere invertir capital, mucho capital, es una obviedad. Por ello resulta sui generis que quien cuenta desde 2016 con un ingreso por jubilación como profesor de 37 mil 128 pesos al mes, y quien percibe desde 2006 un salario de 36 mil 125 pesos mensuales, tengan la capacidad económica para desarrollarlo.

Cortita y al pie
Hasta aquí alguien podría cuestionar: si Humberto Moreira ya no tiene cargo político, ¿cuál es el interés periodístico al mencionarlo?

Al respecto es pertinente citar la tesis constitucional XLI/2010 que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fija el alcance de los derechos al honor, la privacidad y la intimidad en las “personas públicas o notoriamente conocidas”, quienes “deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares, al existir un interés legítimo por parte de la sociedad para recibir, y de los medios de comunicación para difundir, información sobre ese personaje, en aras del libre debate público”.

“De ahí que la protección a la privacidad o intimidad, e incluso al honor o reputación, es menos extensa en personas públicas porque aquellas han aceptado voluntariamente, por el hecho de situarse en la posición que ocupan, exponerse al escrutinio público y recibir, bajo estándares más estrictos, afectación a su reputación o intimidad (…) Por ende se someten al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda o hiriente”.

Mencionar la jurisprudencia de la Corte no es ocioso. Especialmente si hubiese tentación de inhibir o coartar lo aquí expresado.

La última y nos vamos
Por lo demás, Moreira llega en el peor momento al mercado inmobiliario. Para dimensionar la situación actual: en los primeros cuatro meses de 2019 la venta de vivienda nueva disminuyó 23.4% a nivel nacional, y la venta de vivienda usada cayó 12% comparada con el mismo periodo en 2018. Incluso la adjudicación de vivienda popular registró un importante descenso de 35% según cifras de la Comisión Nacional de Vivienda.

Coahuila no fue la excepción en los tres rubros. En vivienda nueva bajó 13.1%, en vivienda usada -6.9% y en vivienda popular -20.88 por ciento.

No importa el escenario. Queda claro que una década después llegó la hora de sacar el dinero del colchón a como dé lugar. Pero el punto no es ese, sino cómo llegó al colchón ese dinero.
01 Septiembre 2019 04:10:00
Un año de Morena: uno en México y otro, muy diferente, en Coahuila
Si a nivel nacional Morena conquista espacios políticos poco a poco, marca la agenda pública diariamente y mantiene un alto nivel de aprobación, pese a errores cometidos durante su primer año como Gobierno, en Coahuila los últimos 12 meses han sido de terror para su causa: le quitaron el Comité Directivo Estatal, perdió la representación legislativa local, y su presencia en la entidad -pese a controlar las delegaciones y tener mayoría de legisladores federales- ha sido simbólica, por no decir inexistente.

En el estado juegan a las caiditas. Dos grupos antagónicos disputan desde tiempos inmemoriales el Comité Directivo Estatal de Morena. Se mueven el tapete mutuamente a fin de tumbarse de la silla. Tanta es la inquina que definitivamente tuvo que intervenir la dirigencia nacional y designar un delegado especial para Coahuila, ante la incapacidad para ponerse de acuerdo entre sí. A la fecha la posición está acéfala.

Negociar, la máxima de la política, simplemente no se les da.

Suele suceder en los partidos políticos con espectro ideológico de izquierda que la formación horizontal de sus miembros produzca choques, ante la ausencia de jerarquías visibles. Donde hay orden vertical, por el contrario, es difícil que se produzcan disputas por el poder. Cuestión de acostumbrarse a los tiempos que se viven, tal vez.

Aunque tampoco han aprovechado los resultados electorales del 1 de julio de 2018 para construir ejércitos de nuevos votantes. Quizá Coahuila no les interese o quizá sus prioridades estén en otra parte (el sur del país, específicamente, lo cual no es negativo aunque al norte “afecte”); el caso es que a cuatro meses de iniciar el proceso electoral de 2020 enfrentan el peor escenario posible, si bien Morena representa un fenómeno electoral atípico y no depende de los básicos (estructura territorial y representación seccional) para ganar una elección.

Hoy se cumple un año de que Armando Guadiana y Eva Galaz asumieron los escaños de senadores por mayoría de Coahuila, suceso significativo pues por primera vez en la historia contemporánea del estado un partido político distinto al PAN y el PRI ocupa la máxima representación parlamentaria en la Cámara Alta.

Sin embargo, su actuación individual en todo ese tiempo ha sido decepcionante. Como grupo parlamentario es otra cosa. Él, desarticulado, improvisado, sin agenda pública ni estrategia ni oposición efectiva en el ámbito local. Ella, simplemente ausente. Como si no tuviese voz propia y debiese mantener un perfil bajo.

Con Guadiana sucede un fenómeno peculiar: o no tiene habilidad ni tacto para leer las coyunturas políticas, o es muy congruente con sus intereses, pero en el lado equivocado de la historia. Cito algunos ejemplos: si AMLO busca prohibir el fracking, Guadiana lo promueve y se ufana de su amistad con Rogelio Montemayor, el principal promotor del negocio en Coahuila. Si AMLO celebra la detención de Alonso Ancira, Guadiana lo lleva al Senado e intercede por sus intereses en tribuna. Si AMLO ordena el rescate de mineros en Pasta de Conchos, Guadiana mete cuerpo y medio para impedirlo, en sintonía con Napoleón Gómez Urrutia.

Ahora bien, la producción legislativa, su verdadera función, ha sido escasa en términos reales. Doce proposiciones con punto de acuerdo acumula, la mayoría sobre temas del momento y motivadas por la presión de grupos de poder, no por un plan. Y dos iniciativas. La primera: declarar 2020 “Año de Venustiano Carranza”, y otra fuera de contexto, presentada el 16 de octubre de 2018, para prohibir la reelección que pasó directamente a la congeladora legislativa. Galaz, por su parte, suma dos iniciativas conjuntas, dos proposiciones junto a Guadiana, y una por su cuenta. La nada.


Cortita y al pie

Morena obtuvo 134 mil votos en la elección de 2017 para diputados locales en la entidad. Esa cifra le garantizaba la Junta de Gobierno el tercer año de la Legislatura, al no tener la mayoría en el Congreso un partido político. El PRI la tuvo el primer año, el PAN la tiene actualmente, y como Morena fue tercera fuerza en preferencia electoral, le correspondía cerrar el trienio.

Sin embargo, como bancada, pese a ser dos elementos, Morena no ha tenido representación efectiva y ahora menos la tendrá, pues el bipartidismo histórico en la entidad los absorbió. Un diputado, Benito Ramírez, inclinado desde un principio hacia el grupo parlamentario del PAN, y una diputada, Elisa Villalobos, canteada desde la tercera quincena de 2018 hacia el grupo parlamentario del PRI. Él renunció al partido y ella tiene abierto un proceso de expulsión. Atomizados como grupo parlamentario, deberán buscar una salida legal que les permita disputar la Junta de Gobierno, si acaso quieren conservarla.

Lo anterior trae a debate la pertinencia de designar a los representantes plurinominales por tómbola. En el ámbito federal puede ser una buena idea para inhibir el “cedazo”. A nivel local, en cambio, es difícil que los sorteados no se corrompan, pues la correlación de poderes es distinta y la experiencia indica que no son posiciones para cualquiera.


La última y nos vamos

Morena cumple hoy un año como grupo predominante, pero en el Congreso de la Unión. Acá es otra cosa. Si Coahuila es una isla, ellos navegan en altamar, a contracorriente, y en una balsa que hace agua.
25 Agosto 2019 04:15:00
El fantasma que vendió 13 millones en zapatos al Gobierno de Coahuila
Visto desde una perspectiva llana y simple, el asunto sería un caso modélico de emprendimiento lagunero: un joven de 20 años constituye una sociedad mercantil el 22 de enero de 2018 en Torreón con un capital social de solo 50 mil pesos y 17 meses después logra un contrato por 13 millones 288 mil 549 pesos con el Gobierno de Coahuila para proveer zapatos escolares.

Nuestro “emprendedor” se llama José Ignacio Reyes Pérez, es comerciante y se identifica con domicilio en Privada Zaragoza 409 de la colonia Miguel Alemán, a un costado de Peñoles; donde la contaminación abruma y los servicios públicos escasean. Pero su hazaña se magnifica si agregamos un dato sorpresa: sin experiencia previa y sin antecedentes de contratación con las administraciones públicas federal, estatal y municipal, su empresa, Distribuidora Merfra, S.A. de C.V., ganó el negocio a una compañía textil de Puebla creada en 2012 y consolidada como fabricante de uniformes escolares, quien competía con un capital social de 5 millones de pesos.

Y como al muchacho se le hace chico el mar para echarse un buche, en el objeto social de su persona moral –donde figura como administrador único– enlistó 46 actividades distintas entre sí a las que se dedicaría junto a su socia, de nombre María del Rocío Villanueva Alvarado. Las más estrambóticas, para ejemplificar, son reparación de equipos de cómputo, fabricación de vinos y licores, distribución de artículos farmacéuticos, comercialización de lácteos y carnes frías, exportación de artículos religiosos o producción de joyería. También construcción de obras públicas, compraventa de bienes raíces, reclutamiento de personal para universidades e industrias, o servicios profesionales en materia jurídica y fiscal.

No importa que algunos puntos hayan sido redactados con faltas de ortografía ni que su domicilio sea, en realidad, una casa sin habitar. Nuestro personaje es todólogo y ejemplo para la sociedad lagunera. Aunque curiosamente ningún objetivo de su sociedad mercantil involucra calzado. Por ello confeccionar 89 mil 149 pares de zapatos en sólo 45 días (un promedio de 2 mil al día o 250 por hora en una jornada laboral para poder entregarlos a tiempo en las bodegas del Gobierno de Coahuila, ubicadas en las cinco regiones del estado), sin recibir anticipo, respetando especificaciones técnicas como materiales, tallas, empaquetado, transporte y distribución, y ajustándose a un precio fijado con anterioridad (máximo 151.41 pesos el par, incluyendo IVA) es básicamente una proeza. ¿Por qué no está nominado al Premio Estatal de la Juventud?

Sin embargo la historia no es virtuosa ni de mérito como se ha relatado hasta aquí con ironía, sino todo lo contrario: oculta un trasfondo de corrupción.

Me explico. El pasado 11 de junio la Dirección General de Adquisiciones emitió el fallo a la convocatoria CE-905002984-E15-2019 para adquirir 89 mil 149 pares de zapatos de fabricación nacional para la Secretaría de Educación, a fin de ser entregados el ciclo escolar 2019-2020 que mañana inicia.

El ganador de la “licitación pública nacional” fue Distribuidora Merfra, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en calle Poniente 126, número 417, de la colonia Lindavista Vallejo III Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Y aquí viene lo interesante: la dirección corresponde a una bodega ruinosa, sin rótulos, permanentemente cerrada y sin actividades comerciales o industriales.

Si bien Distribuidora Merfra, S.A. de C.V. se inscribió en el padrón de proveedores y contratistas del Gobierno de Coahuila en 2019, y para su localización registró un teléfono fijo con lada de Torreón, esto no garantiza nada, pues como afirmó la Auditoría Superior del Estado en una revisión especial a la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a propósito de las empresas fantasma detectadas en 2016 que desviaron $410 millones del erario, “el padrón de proveedores de la Administración Pública Estatal no es confiable para la asignación de contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras”.

Por lo demás, Distribuidora Merfra, S.A. de C.V. fue constituida en la notaría 41 de Agustín Gerardo Saldaña Villarreal, en Torreón. Para mayores referencias, el mismo fedatario que constituyó Cosmic Dynamics, S.A. de C.V., la empresa fantasma que facturó 22 millones de pesos al Gobierno de Coahuila en 48 horas (25 y 26 de junio de 2018) como publicó Grupo Zócalo el pasado 20 de mayo.

Además de Distribuidora Merfra, S.A. de C.V., el 22 de enero de 2018 con diferencia de minutos entre sí fueron creadas en la Notaría 41 las personas morales Bolsi Servicios Empresariales, S.A. de C.V. y GB Marketing Total, S.A. de C.V. Dos días después, en el mismo lugar, Ka Wai, S.A. de C.V. y el día 30, Servicios Henregin, S.A. de C.V. y Akvo, S.A. de C.V. Pero el mismo 22 de enero de 2018, en la Notaría 49 cuyo titular es Héctor Augusto Goray Valdez, también en Torreón, fueron constituidas con diferencia de minutos Grupo Competitividad Compartida, S.A. de C.V., JGY Construcciones, S.A. de C.V. y Zitay, S.A. de C.V.

A las nueve sociedades las une una red de socios entre sí, la mayoría jóvenes menores de 29 años de edad, y tienen un denominador común: la misma persona figura como apoderado en todas: Jorge Quintero Aguilera, de 25 años, como se puede verificar con las actas constitutivas en poder de quien esto escribe.

Todo está relacionado. Inclusive antes de constituirse Distribuidora Merfra, S.A. de C.V. en la Notaría 41 de Torreón, se creó Comercializadora Merfra, S.A. de C.V. el 4 de mayo de 2017 casualmente en la Notaría 49 de Torreón, pero con otros socios. Ambas fueron inscritas en el Registro Público de Comercio en Gómez Palacio, Durango.

Cortita y al pie
Tres presuntos representantes de Distribuidora Merfra, S.A. de C.V. asistieron al acto de recepción y apertura de propuestas, transmitido en vivo por internet –con una cámara de baja resolución y sin audio– el 3 de junio por la Dirección General de Adquisiciones.

El documento en que lo hizo constar oficialmente la dependencia, no obstante, fue fechado el 10 de junio. Es decir, una semana después. Y como sí se pudo apreciar en el video, los supuestos representantes no presentaron las muestras exigidas de la mercancía. Ambas circunstancias bastarían para desechar el proceso de adjudicación directa disfrazado de licitación.

La última y nos vamos
Hasta aquí todo supondría ser una estafa más, de rutina, para desviar recursos del Gobierno de Coahuila sin consecuencias legales. En este caso 13 millones 288 mil 549 pesos. Sin embargo, alguien cometió un error: el dinero para pagar los zapatos escolares proviene del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Ramo 33. Eso significa que al no ser estatal puede ser fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación y eventualmente apoyar la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, no por los elefantes blancos de Coahuila –y sus legiones de burocracia inútil –que simulan ser órganos auditores y anticorrupción.

Ahí está el detalle.
18 Agosto 2019 04:08:00
2019: del Coahuila de Zaragoza,al “Coahuila de Olegario”
Ni Coahuila de Zaragoza ni Coahuila de Los Moreira. Hoy Coahuila pertenece a Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Imagen y Grupo Financiero Multiva, quien se lleva por mucho la tajada más gorda en la repartición del pastel presupuestal durante el primer semestre de 2019: 850 millones de pesos libres de polvo y paja.

Paulatinamente, renegociación tras renegociación, se han ido acumulando en menos instrumentos de crédito los contratos a largo plazo generados de 2009 a 2011 por el Gobierno del Estado. Los legales y los ilegales. Así, con la reestructura consumada el 23 de octubre de 2018, la tercera en ocho años, Banco Multiva acaparó 16 mil millones de pesos de la deuda pública que significan el 43.76% del endeudamiento total, a un plazo de 30 años con sus respectivos intereses.

Según el avance de la cuenta pública correspondiente al periodo enero-junio del año en curso, ser acreedor de dicha cantidad le ha redituado alrededor de 780 millones de pesos por concepto de intereses (de los mil 776 millones 556 mil 674 pesos entregados a los bancos en ese mismo rubro).
Repito: de puros intereses.

Pero no es la única cancha donde juega Olegario. A través de Grupo Imagen, su consorcio de medios de comunicación, el primer trimestre del año obtuvo 1 de cada 4 pesos que invirtió la Administración estatal en publicidad oficial. El 25% del total ya que del 1 de enero al 31 de marzo Gobierno del Estado desembolsó 283 millones 787 mil 850 pesos por “Servicios de Comunicación Social y Publicidad”, vía la Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional.

Lo anterior no sería relevante salvo por una circunstancia: mientras en la Ciudad de México, su área de mayor influencia, Grupo Imagen consuma despidos masivos de personal y vende dos radiodifusoras, en Coahuila, esa isla ajena a la realidad nacional, factura millones de pesos por decenas. Es decir, le fue muy bien considerando que la presencia en la entidad con sus empresas es limitada.

Por lo demás, ¿qué interés tendría el Gobierno de Coahuila en publicitarse allende las fronteras del estado? En su defensa podrán usar siempre la promoción económica y turística como argumento. Sin embargo, ¿es efectivo ese gasto?, ¿la estrategia persigue a una población objetivo? Dicho de otra forma: ¿hay ciencia y evidencia?

Sin reglamentación para convenir, asignar y diseminar la publicidad oficial, su ejercicio es absolutamente
discrecional.

Y aquí viene lo interesante. Comprobantes fiscales en poder de quien esto escribe revelan que Grupo Imagen facturó al Gobierno de Coahuila 69 millones 999 mil 998 pesos entre seis razones sociales el primer trimestre de 2019, repartidos de la siguiente forma: mediante la sociedad Grupo Imagen Medios de Comunicación, S.A. de C.V. recibió 21 millones 981 mil 928 pesos; a través de Comercializadora 98.5, S.A. de C.V. se agenció 12 millones 922 mil 858 más y con Imagen Radio Comercial, S.A. de C.V. otros 10 millones 293 mil 704 pesos.

Usando a GIM Televisión Nacional, S.A. de C.V. cobró 9 millones 655 mil 172 pesos, en tanto a GIM Compañía Editorial, S.A. de C.V. le fueron asignados 8 millones 375 mil 144 pesos y finalmente a GI Digital, S.A. de C.V. 6 millones
771 mil 192 pesos.


Cortita y al pie

Ahora bien, como es habitual con la Secretaría de Finanzas, la información pública de oficio no está disponible –no completa, por lo menos– donde debería estarlo; en este caso el portal “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales por radio, televisión y otros medios”, asunto que revela una doble contabilidad: la
oficial, y la real.

En el referido sitio, por ejemplo, Comercializadora 98.5, S.A. de C.V. suma 9 millones 266 mil 260 pesos producto de 10 facturas correspondientes a febrero y 10 a marzo; todas por la misma cantidad: 463 mil 313 pesos, IVA incluido.

A su vez Grupo Imagen Medios de Comunicación, S.A. de C.V. reporta 17 millones 4 mil 873 pesos en enero, y GIM Televisión Nacional, S.A. de C.V. 2 millones 619 mil pesos también el primer mes del año. En los tres casos, la cifra representa 28%, 23% y 73% menos de lo pagado en realidad a las sociedades
respectivamente.

Tampoco figuran en la lista Imagen Radio Comercial, S.A. de C.V. ni GIM Compañía Editorial, S.A. de C.V. ni GI Digital, S.A. de C.V que fueron beneficiadas con recursos públicos como consta en los documentos en poder de quien esto escribe.

En resumen: oficialmente faltan de registrar como gasto 41 millones 109 mil 855 pesos, equivalentes al 59% de lo pagado a Grupo Imagen. Sólo hay evidencia, pues, del restante 41% que cubre una presunta “campaña de reposicionamiento” pautada de julio a diciembre de 2018.


La última y nos vamos

Sea como sea, en el primer semestre del año Vázquez Aldir se llevó del Estado $780 millones en intereses, y un ‘piquito’ extra de $70 millones en publicidad el primer trimestre. No hay un jugador que haya obtenido mayor dividendo. Coahuila es suyo. Aunque no hay presupuesto que alcance.
11 Agosto 2019 04:03:00
La ‘Estafa Maestra’ de Viggiano en Conafe
Utilizando un mecanismo de subcontratación con factureras y a Diconsa de intermediario, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) desvió 228 millones 140 mil 913 pesos en 2014, año en que Carolina Viggiano Austria fue titular de la dependencia federal, hacia sociedades domiciliadas -entre otros lugares- en la entidad natal de la entonces funcionaria: Hidalgo.

Viggiano, cabeza en la cadena de mando del 7 de diciembre de 2012 al 20 de enero de 2015, es esposa del exgobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez y aspirante a la secretaría general del Comité Directivo Nacional del PRI que hoy se vota, en fórmula con Alejandro Cárdenas. En 2013 y 2014, ejercicios fiscales que sirvieron como base para documentar “La Estafa Maestra” que desnudó la corrupción sistemática en el Gobierno federal con Enrique Peña Nieto, encabezó el organismo que atiende a población rural e indígena y se ocupa del rezago en educación inicial y básica. A los más pobres y marginados del país, pues.
Sin embargo, hay dos casos en particular que simbolizan su actuación.

Primero constituyó una estructura con empleados de confianza que no habían sido autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, pese a que la Secretaría de la Función Pública realizó un extrañamiento, durante todo el tiempo en que permaneció al frente de Conafe nunca regularizó la situación administrativa como señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Inclusive dentro del organigrama figuró Alejandro Verde López -hoy contratista en el Gobierno de Hidalgo– como director de Administración y Finanzas. El funcionario tiene parentesco sanguíneo con Cintia Margarita Paulín Verde, socia de la compañía domiciliada en Pachuca, El Mejor Calzado de Seguridad Industrial, S.A. de C.V., beneficiada de manera irregular con 19 millones 852 mil 500 pesos como intermediario en un ejercicio de subcontratación.

Posteriormente, aprovechando una circunstancia: el régimen fiscal de Diconsa, S.A. de C.V., considerada persona moral no lucrativa, Conafe le usó en 2014 como coartada para triangular 39 compras hacia Grupo Drakir, S.A. de C.V. por montos que iban desde 57 pesos hasta 139 millones 366 mil 878 pesos en una sola operación. En total le entregó 640 millones 823 mil 900 pesos en dicho ejercicio fiscal. Al no estar obligada a realizar la declaración informativa de operaciones con sus proveedores ante el SAT, como sí deben hacerlo empresas lucrativas, Diconsa adjudicó directamente los 39 contratos en operaciones presuntamente presenciales de las cuales no existe registro, y “subcontrató por arriba de 49%”, como informó la ASF.

El director de Diconsa entre 2013 y 2014, Héctor Velasco Monroy, fue coordinador de Giras en la campaña para la presidencia de Enrique Peña Nieto, y Carolina Viggiano Austria, por su parte, coordinadora de Vinculación con la Sociedad.

Y aquí viene lo interesante: la ASF informó que “se emitió orden de visita domiciliaria a Grupo Drakir, S.A. de C.V., la cual no se llevó a cabo debido a que el personal que estuvo presente negó que tal empresa ocupara el inmueble visitado”. A raíz de lo anterior “se comprobó que esta no contaba con capacidad técnica, material ni humana para la prestación del servicio”. En otras palabras: no era fantasma, aunque sí facturera. Traducido a números, la ASF fincó en 98 millones 567 mil pesos el desfalco por no tener conocimiento de pedidos firmados y autorizados, y 109 millones 721 mil 413 pesos más por no proporcionar evidencia de la entrega de los bienes.

El 12 de enero de 2015, ocho días antes de la renuncia de Viggiano al Conafe para contender por una diputación federal en Hidalgo, cargo que a la postre desempeñaría junto a la presidencia honoraria del DIF Coahuila, Grupo Drakir, S.A. de C.V., a través de su representante legal, presentó una cotización dirigida a Silvia Arleth Austria Escamilla, familiar de Viggiano y directora de Delegaciones y Concertación con el Sector Público, cargo sin atribuciones administrativas, para vender diccionarios Larousse por 24 millones 331 mil 450 pesos que se convertiría en su único, y último, convenio directo con Conafe. A partir de la fecha del fallo a su favor, que ocurrió el 5 de febrero, la razón social no volvió a ser favorecida en el resto del sexenio ni facturó más a dependencias y entidades del Gobierno federal ni de los gobiernos estatales y municipales, como se pudo verificar a través del sistema Compranet.

Pero si usted quiere seguir la ruta del dinero público perdido se topará con una situación kafkiana. Para empezar, la ASF determinó “concluir con el seguimiento” a las observaciones vinculadas con Grupo Drakir, S.A. de C.V., identificadas con los folios 14-9-20VSS-12-0219-08-002 y 14-9-20VSS-12-0219-08-003, pues Diconsa le informó que fueron radicadas las denuncias DE.210/2016 y DE.211/2016. No pasó nada.

Luego, el domingo 17 de abril de 2016, un incendio consumió los archivos de Diconsa contenidos en aproximadamente 14 mil cajas de papel de 15 kilogramos cada una, correspondientes al periodo 1990-2016. El incidente ocurrió en la bodega ubicada en la delegación Iztacalco de la Ciudad de México, inmueble que había sido utilizado para tal fin desde 1992. Si bien el Ministerio Público de la Coordinación Territorial Iztacalco II inició la carpeta de investigación CI-FIZC/IZC-2/UI-2S/D/00484/04/2016 por la pérdida de 26 años de acervo documental de la dependencia, a la fecha no existen resultados.

Y ese mismo año, el 4 de julio, Diconsa ordenó una reserva parcial por cinco años al expediente denominado Grupo Drakir, S.A. de C.V. 2014 (Programas Especiales) para que nadie pueda consultarlo, argumentando que “la publicidad de la información relativa a los precios contenidos en los estudios de mercado pudiera perjudicar los intereses de Diconsa”. Cabe señalar que ocultaron específicamente las partes importantes del documento: “precios unitarios y volumen contratado”.

Cortita y al pie
Por lo demás, esos 19 millones 852 mil 500 pesos entregados a Elmeca, S.A. de C.V. sin justificación, sumados a los 208 millones 288 mil 413 pesos irregularmente a Grupo Drakir, S.A. de C.V., arrojan 228 millones 140 mil 913 pesos.

Como sucedió con funcionarios titulares de dependencias del Gobierno federal involucradas en la triangulación con universidades públicas en La Estafa Maestra, Viggiano también está protegida pues los ejecutores de transacciones irregulares son mandos medios de la dependencia que dirigió, y ella no firmó documento alguno que la incrimine directamente. Ahora bien, ¿cómo podría pasar desapercibido que cientos de millones de pesos desaparecieran de la oficina a su cargo?

La última y nos vamos
Rosario Robles, que tampoco rubricó ninguno de los convenios de Sedesol con empresas fantasmas, acaba de ser citada a comparecer en la Fiscalía General de la República y sus cuentas bancarias fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Voluntad política, se llama el juego: proceso penal para una, y Comité Directivo Nacional del PRI para otra.
04 Agosto 2019 04:06:00
La deuda oculta de Coahuila con el ISSSTE
De manera casual, así como que no quiere la cosa, aparentando tranquilidad para que la oposición (¿cuál?) no sospechase algo, el pasado 18 de julio el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local puso en la agenda legislativa un asunto trascendente para la vida pública de Coahuila que –sin querer– revela un interminable desaseo financiero: en los últimos 12 meses el Gobierno del Estado acumuló un adeudo en cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Eso significa que a la deuda bancaria (a corto y largo plazo) y no bancaria (proveedores y contratistas) existente habría que agregar ahora un nuevo problema. Más deuda, pues.

Las formas y los tiempos importan, por supuesto. El PRI no expuso el tema en periodo ordinario de sesiones, ante los 25 diputados que integran la Legislatura, sino en periodo extraordinario mientras la Diputación Permanente compuesta por 11 miembros está de guardia con menos reflectores apuntando a su labor, y a dos días del inicio de las vacaciones de verano. Es decir, cuando menos ruido genera.

A través de un punto de acuerdo para “exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado a que analice la posibilidad de suscribir un convenio de reconocimiento de adeudos y forma de pago de las cuotas y aportaciones omitidas ante el ISSSTE”, tramitado al final del orden del día, los representantes del PRI dejaron constancia del tema en el recinto legislativo. Horas después, en perfecta sincronía, la proposición se publicó en la edición del viernes 19 de julio del Periódico Oficial.

Pero hay un detalle: mientras en el Congreso los 10 legisladores priistas mencionaron el caso en un solo párrafo, en el Periódico Oficial publicaron seis cuartillas con la exposición de motivos. Y en ésta consignan el trasfondo del asunto: afirman que “en lo que va de la presente Administración pública estatal se han realizado los pagos enteros al ISSSTE”, aunque también reconocen que “existía un rezago cuyos periodos recaen en administraciones anteriores”. Así, sin detallar el monto ni responsabilizar a nadie por nombre y apellido.

Sin embargo la realidad es distinta. Quien no pagó las cuotas y aportaciones no fue Moreira I ni Moreira II; ni siquiera el hoy presidiario Jorge Torres López, eslabón entre ambos hermanos, sino la administración actual en su primer año de ejercicio.

De acuerdo con el “reporte de adeudos registrados por concepto de cuotas, aportaciones y préstamos relativo a los seguros de salud, invalidez y vida, riesgos de trabajo y servicios sociales y culturales”, con corte al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Coahuila debía 64 millones 17 mil 679 pesos al ISSSTE.

Y aquí viene lo interesante: el periodo adeudado comprende 10 quincenas (de la 15 a la 24) del 2018. Dicho de otra forma: de agosto a diciembre la Secretaría de Finanzas a cargo de Blas Flores Dávila dejó de pagar lo que le correspondía.

Lo anterior se puede comprobar pues al 31 de agosto de 2018 la Administración estatal debía sólo tres quincenas (de la 14 a la 16), mismas que representaban 943 mil 641 pesos, como consta en la “publicación de adeudo” de la Dirección de Finanzas del ISSSTE, elaborada por la Tesorería General.

Si el adeudo de Coahuila fuese anterior a noviembre de 2017, como dicen los diputados del PRI a nombre del Gobernador, el ISSSTE no tendría problema en señalarlo. En su reporte, por ejemplo, identifica pasivos que datan de 2005 (los más antiguos de todos) en el Gobierno del Distrito Federal.

Ahora bien, considerando que las finanzas de los primeros ocho meses de 2019 se verán reflejadas hasta el próximo corte del 31 de agosto, se prevé haya aumentado más la deuda de Coahuila con el ISSSTE.



Cortita y al pie

Para dimensionar: solo la Ciudad de México y los gobiernos estatales de Guerrero, Michoacán, Nayarit y Oaxaca deben más que Coahuila, quien ocupa la quinta posición de 32 en el deshonroso ranking.

Es verdad que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en el artículo Décimo Segundo Transitorio, faculta al ISSSTE para suscribir convenios con las entidades a fin de regularizar adeudos en parcialidades por un plazo máximo de 10 años, incluyendo descuentos en los recargos generados.

Por lo demás, no hay que perder de vista un detalle: el PRI-Gobierno de Coahuila dejó de cumplir con sus obligaciones a partir de que Andrés Manuel López Obrador recibió la constancia que lo acredita como Presidente electo. ¿El fenómeno tiene dedicatoria? ¿Lleva un mensaje implícito?



La última y nos vamos

Pese a que Gobierno de Coahuila pidió un crédito por 550 millones de pesos el 7 de diciembre de 2018 y otro el 7 de febrero de 2019 por 200 millones más, ambos con Multiva, adicionales al presupuesto de egresos anual de 50 mil millones que recibe, no ha tenido recursos para pagar al ISSSTE.

Pero claro, #TodoEsCulpaDeLayún. Digo de AMLO. Hay que ser miope para no ver quién es quién, y dónde estamos parados en realidad.


28 Julio 2019 04:06:00
El negocio con las placas en Coahuila: $25.4 millones de sobrecosto
Aprovechando el reemplacamiento que debe realizarse cada tres años por ley, el Gobierno de Coahuila pagó el primer bimestre del año láminas con sobrecosto a un proveedor cuestionado por sus negocios previos: 25 millones 416 mil 984 pesos de más, por las mismas placas troqueladas que vende a otros estados.

Tres facturas en poder de quien esto escribe, emitidas el 11 de enero y el 12 y 14 de febrero de 2019, la primera por 59 millones 919 mil 411 pesos y las otras dos por 48 millones 175 mil 327 pesos cada una, suman 156 millones 270 mil 065 pesos en total a favor de la razón social Lazos Internacionales, S.A. de C.V.

Se trata de una sociedad mercantil constituida durante 1998 en Puebla, la cual anteriormente tenía un objeto distinto y permaneció más de una década inactiva (de 2002 a 2013), aunque con domicilio fiscal en la Ciudad de México. Pertenece a Carlos Antonio González Ortiz Mena, hermano del exdirector de Banobras y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) en el Gobierno Federal 2012-2018, Francisco Antonio González Ortiz Mena.

A dicha empresa la Secretaría de Finanzas compró 626 mil 691 juegos de láminas a 215 pesos el par. Así, considerando que al contribuyente se venden a 765 pesos, por cada unidad hay una ganancia neta de 550 pesos para la administración estatal. Otro ingreso adicional proviene de su disposición final: el reciclaje, sin embargo esa es otra historia.

En el caso que nos ocupa se trata de impuestos estatales. Aquí se cobran y aquí se quedan. No financian al sur del país y no aplica, por tanto, la falacia del “a Coahuila lo que le corresponde”, utilizada para ocultar la incompetencia administrativa propia, argumentando una falsa redistribución de ingresos a través de la Federación.

Pero vayamos al punto. ¿Acaso grabarles la leyenda “MágiCoahuila” (o como se escriba) y pintarles un dinosaurio y un teleférico sale más caro?

Falso. Se trata de las mismas láminas troqueladas. Si bien cada entidad federativa elige los motivos que le plazcan, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 éstas deben pasar un control de calidad uniforme a los 32 estados del país, además de incluir especificaciones técnicas y números de serie aprobados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para ello se revisan, y autorizan, las instalaciones de los fabricantes de placas metálicas y calcomanías. Lazos Internacionales, S.A. de C.V. por ejemplo, fue aprobado apenas en 2014 y está inscrito en el padrón de proveedores de Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Jalisco, Baja California y Baja California Sur, Tamaulipas, Michoacán, Aguascalientes, Quintana Roo, Durango, Ciudad de México, Campeche, Puebla, Chihuahua, Nuevo León, Hidalgo, Tabasco, Guerrero y Sinaloa.

Y aquí viene lo interesante: el 19 de febrero de 2018, es decir un año antes de la compra que realizó el Gobierno de Coahuila, la referida persona moral vendió unas placas similares al Gobierno de la Ciudad de México en 180 pesos, como consta en el contrato “tipo 180013”. Si a Coahuila le hubiesen ofrecido ese precio en total habría desembolsado 130 millones 853 mil 080 pesos y no los 156 millones 270 mil 065 pesos que pagó. De la comparativa resulta, por tanto, un sobreprecio de 25 millones 416 mil 984 pesos en nuestra contra.



Cortita y al pie

Las contribuciones no son opcionales; de acuerdo. Todos deberíamos aportar la parte que nos corresponde; correcto. Pero entre mayor sea la percepción de corrupción en el Gobierno, menor será la recaudación que este haga de sus ciudadanos. Desincentiva, pues. Y no lo digo yo, sino un informe del Fondo Monetario Internacional (Fiscal Monitor: Curbing Corruption, 04/04/19).

Si el ciudadano no ve obra pública de calidad y servicios públicos eficientes, dejará de pagar impuestos bajo la premisa –o pretexto, según se vea– de que los roban quienes gobiernan. Para qué contribuir si no se invierten ésas contribuciones. Serpiente que muerde su cola. Se puede verificar en la realidad.

Al cierre de mayo, para dimensionar, el Gobierno de Coahuila llevaba cobrado sólo 54% del padrón vehicular que asciende, según sus datos, a 850 mil unidades. Y aquí cabe señalar un fenómeno: la Administración Fiscal General cuenta sólo a los empadronados. Es decir, en la estadística no existen quienes mantienen su residencia habitual en el estado y circulan por él con matrículas de Durango (en La Laguna), de Nuevo León (en la Región Sureste), y de la Onappafa (en las regiones Centro, Carbonífera y Norte) que se cuentan por miles.

A la fecha de corte había 300 mil remisos con adeudos de 2017 a la fecha. Debido a lo anterior Recaudación de Rentas estableció retenes operativos con el apoyo de Fuerza Coahuila. El proceso es sencillo: habrá notificación, multas y eventualmente retiro de la circulación.



La última y nos vamos

Todo está mal. Unos no aportan lo que deberían, y otros compran caro -lo que supone hacer negocio privado con bienes públicos-. Así nos va.
21 Julio 2019 04:06:00
Crónica de una imposición en Derechos Humanos
Desde que presentó su renuncia como delegado de la Fiscalía General de Justicia en La Laguna, el 24 de febrero de 2019, las columnas de trascendidos y
filtraciones oficiales en los medios de comunicación lo dieron por hecho: el torreonense Hugo Morales Valdés sería el próximo presidente de la Comisión de

Derechos Humanos en el Estado de Coahuila (CDHEC). Avisados por el grupo en el poder que paga esos espacios estábamos. Ya nomás faltaba legitimarlo.

Por supuesto: la Fiscalía es “autónoma” en el papel y la CDHEC también. No hace falta recordarlo. Sus decisiones gozan de independencia. Ajá. Por tanto si un empleado de la primera renuncia para estar en condiciones legales (elegibilidad) de aspirar a la segunda, sería un caso personal y de mérito. Pero el asunto no es tan diáfano ni tan virtuoso en la realidad.

Como se dijo al principio, entre la renuncia del delegado en La Laguna y el proceso de designación de ombudsman restaban cuatro meses. Se debía simular entonces un proceso a través del Poder Legislativo, autoridad en la materia. Simular; ese verbo que describe la vida política y social en la entidad como ningún otro.


Y sabe qué pasó en ese tiempo: nadie opuso resistencia.

En una Legislatura de mayoría distinta al partido gobernante (15 supuestos opositores contra 10 priistas) y por consecuencia, al grupo en el poder, el resultado de la votación fue 18 papeletas a favor de Hugo Morales Valdés y tres en contra, por cuatro ausentes.

Y como la elección del pasado 26 de junio fue por cédula, es decir, en secreto (o a escondidas, según se vea), no puede saberse quiénes fueron los diputados que fungieron de comparsa. De los cuatro diputados faltistas a la sesión, el representante de Morena, Benito Ramírez, convalecía de las lesiones que le provocó un accidente automovilístico días atrás. ¿Y los otros tres? Se trata de María Eugenia Cázares (PAN), de Torreón; Esperanza Chapa (PRI), de Piedras
Negras; y Graciela Fernández (PRI), de Matamoros.

Por lo demás, cómo se explica que siendo mayoría en el Congreso, los 15 presuntos opositores cedieran a las pretensiones de un bloque minoritario. Porque hay acuerdos, responderán. Porque el trabajo parlamentario es básicamente negociación, argumentarán en su defensa. De ser así, qué ganaron a cambio quienes respaldaron la propuesta que no era suya ni de su Grupo Parlamentario. ¿Lo podrían explicar en público?

Ahora bien, como a una semana del cierre de la convocatoria para inscribirse como aspirante a dirigir la CEDHC no había quórum suficiente, aparecieron entonces dos “Juanitas” emergentes para dar legitimación al proceso, pertenecientes al “Sindicato Luis Efrén Ríos de Trabajadores al Servicio del Estado”. Con ellas, y un par de despistados, se logró una presunta representatividad y pluralidad de voces, inexistente en la práctica.

Es verdad: aunque son públicas, las convocatorias para renovar posiciones de poder que por ley corresponde ocupar con ciudadanos, no se difunden. Son solo para iniciados y un círculo rojo. Y si bien se requerían para el cargo unas características y habilidades en específico que no todo mundo posee, ¿no le resulta por lo menos curioso que de 3 millones de habitantes en Coahuila solo se hayan apuntado ocho personas? ¿No le parece inquietante el nulo interés de los ciudadanos por participar en la vida pública, así sea solo por el salario de 90 mil pesos mensuales más
prestaciones?

¿No le parece terrorífico que no haya humanos derechos para Derechos Humanos?


Cortita y al pie

La realidad es que la Comisión Estatal es un órgano apocado. Su existencia en 2019 es irrelevante, por políticamente incorrecto que parezca ponerlo por escrito. ¿O acaso era irrelevante porque su titular anterior, que permaneció seis años en el cargo, no pertenecía al círculo de preferencia del poder en turno y relegaban su actuación?

Inclusive la CEDHC recibe menos presupuesto anual que la Academia Interamericana de Derechos Humanos, pese a que esta última no atiende personas ni emite recomendaciones a entes públicos. Se dedica, simplemente, a teorizar y organizar eventos intrascendentes. No emprende acciones ejecutivas.


La última y nos vamos

Con cuatro meses de anticipación se nos advirtió: será él, y no otro. La mano que ordena las publicaciones, sin pudor alguno, a ojos vistos, se preciaba de imponerlo (“suena”, “se perfila”, “lo ven con buenos ojos”, “tiene ventaja”). Sería él con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Y a nadie le importó. No hubo interés en el tema, ni participación y mucho menos oposición real.

Finalmente, con una naturalidad asombrosa, se terminó conquistando una silla para los próximos seis años.
¿Por qué eres así, Coahuila? ¿Quién te hizo tanto daño?
14 Julio 2019 04:05:00
El mito de los 500 mil priistas en Coahuila
En pleno proceso para elegir al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Coahuila ha sido centro de polémica en dos ocasiones. La primera, luego de la renuncia del saltillense José Narro Robles al partido entre acusaciones de fraude y simulación, y la segunda gracias a que Ivonne Ortega hizo pública su decisión de no visitar el estado por temor a las amenazas del exmandatario, Rubén Moreira. Inseguridad y cacicazgo, pues.

Por separado, el PRI Coahuila realiza domingo a domingo desde hace un mes la renovación de sus mil 688 comités seccionales con la intención de generar en la opinión pública una imagen de fortaleza y movimiento. Sin embargo la realidad es distinta. El 26 de febrero de 2017, al término de la jornada estatal para seleccionar y postular candidato a Gobernador, el entonces presidente del CEN, Enrique Ochoa Reza, aseguró en Saltillo que “más de 500 mil militantes y simpatizantes” habían votado entre Miguel Ángel Riquelme y Jesús Berino Granados para elegir a su representante, lo cual consideró una “participación histórica” en su elección interna.

Tomando como punto de referencia esa declaración, y particularmente la cifra, en la entidad el PRI ha perdido 250 mil adeptos en los últimos 28 meses, equivalentes a una baja de casi 50% en su padrón. Una desbandada silenciosa.

Me explico. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral señaló a través del oficio UT/19/1437, dirigido a quien esto escribe, que hay 328 mil 806 ciudadanos empadronados por el tricolor en el estado, de los cuales 259 mil 788 se consideran “válidos” al contar con la documentación que lo acredita. El resto, 69 mil 18 personas, están “en reserva” por no existir elementos que confirmen su manifestación de voluntad para afiliarse. Son fantasmas, dicho de otra forma.

Pese a que empleados de distintas áreas correspondientes al Poder Ejecutivo expusieron a quien esto escribe presiones para acudir a afiliarse al PRI durante la primera quincena de junio, y a que el exaspirante a la presidencia del CEN, José Narro Robles, acusó el 20 de junio que el partido “triplicó su padrón” en Coahuila registrándose –dicho de manera irónica– “una epidemia de ansia priista”, actualmente el INE desarrolla un procedimiento excepcional de revisión, actualización y sistematización de los afiliados a los organismos políticos nacionales, implementado por su Consejo General a través del acuerdo INE/CG33/2019.

Es decir, no hay “más de 500 mil” priistas en Coahuila como se presumía en 2017, si es que un día los hubo, sino 259 mil 788 al 1 de julio de 2019. Con esa cantidad, suponiendo que votasen todos de forma unánime por el emblema que los representa, no les alcanzaría para ganar una eventual contienda estatal tomando en cuenta que hay 2 millones 148 mil ciudadanos en la lista nominal al día de hoy.

No es casualidad que hayan perdido la fórmula para el Senado en 2018, y cinco de siete diputaciones federales en la entidad. Tampoco lo es que durante su acto inicial de campaña el pasado 30 de junio, en Saltillo, la fórmula de Alejandro Cárdenas y Carolina Viggiano haya sido acompañada por no más de 500 simpatizantes en la explanada del “mejor PRI de México”, a diferencia de procesos electorales anteriores donde la concurrencia en ese mismo sitio era 10 veces mayor.

Cortita y al pie

Pero no se emocione ya que tampoco hay oposición ni contrapesos en Coahuila.

Morena en la entidad es una franquicia que se agenció hace años un franquiciatario y ahora que tiene la oportunidad le intenta sacar el mayor dividendo posible. Nada más. No ha generado estructura territorial a un año de su triunfo ni tiene la intención de hacerlo. No avanza, encasillado en la eterna disputa por su Comité Directivo Estatal que lo ha dejado ya sin prerrogativas.

Y el PAN… el PAN es un partido estéril y apocado que no gana ni ganando. Demostrado y comprobado.

La última y nos vamos

Por lo demás, ¿qué ha pasado en los últimos 2 años –plazo que coincide con la Administración estatal actual– para que 250 mil ciudadanos de Coahuila le diesen la espalda al PRI pese a que lleva gobernando 90 años de manera consecutiva e ininterrumpida?

Desafección política, se llama el juego. Y nadie lo está sabiendo interpretar con claridad.
10 Julio 2019 04:01:00
Urzúa: el punto de inflexión
Nadie lo esperaba. En plenas vacaciones de verano, cuando las actividades públicas se reducen al mínimo de forma natural hasta que los días más calurosos del año transcurren, sorprendió la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El que maneja el dinero en el país. Poca cosa.

No sucedió en un momento crítico, como las negociaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, por ejemplo, sino en un periodo de aparente estabilidad económica luego de las turbulencias enfrentadas durante los primeros meses de la transición presidencial.

Inclusive las motivaciones expresadas distan mucho de las renuncias de Germán Martínez al IMSS, Simón Levy a la Subsecretaría de Turismo, Tonatiuh Guillén al Instituto Nacional de Migración o Josefa González Blanco a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las más relevantes del Gabinete federal hasta hoy.

Pero con la cuarta transformación ocurre un fenómeno peculiar: sus críticos pretenden maximizar cualquier desacierto, o gazapo, generando una percepción artificial de preocupación o pánico de ser posible. Que parezca nos aproximamos al despeñadero de forma inevitable y la única solución es saltar del auto en movimiento, antes de irse al precipicio: “Sálvate tú, que se desbarranquen ellos (los de la 4T) con el Presidente al volante”, es el mensaje a un hipotético ciudadano interesado en los asuntos públicos.

Y vente con nosotros, de paso, quienes observamos la carretera desde la orilla del camino. Estacionados en el acotamiento.

Sin embargo el auto es México. Nadie puede salir del vehículo en movimiento sin sufrir las consecuencias. Apostar a debilitar al Presidente, a meterle zancadillas, no a sensibilizar ni a negociar, es a todas luces un despropósito.

Así, todo lo sucedido del 1 de diciembre al 8 de julio tenía explicación o justificación pese a los intentos por desestabilizar y minar la confianza en el Gobierno federal. Desde la cruzada contra el huachicol hasta la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pasando por la manifestación de policías federales o la crisis del sargazo en el Caribe, entre otros problemas.

A fin de cuentas todo cambio genera resistencia.

A siete meses de Administración, en cambio, la renuncia de Urzúa se puede considerar un punto de quiebre, un punto de inflexión. Y el daño está hecho. Es previsible que un sector moderado que apoyó a López Obrador hace un año, que le dio su voto de confianza o por lo menos el beneficio de la duda, ubicado al centro del espectro político, al que causa repelús la extrema izquierda y desconfía de la izquierda moderada, se pase al bloque opositor (aquellos que antes, durante y después de la campaña presidencial han tenido los mismos prejuicios y las mismas fobias). Una oposición que es más reacción que acción.

Si bien Urzúa no formaba un tándem junto a López Obrador, como sí lo hacían Fernando Elizondo y “El Bronco” en Nuevo León por compararlo de alguna manera, su presencia –como la de Elizondo en su día– tenía un valor simbólico: era el ancla neoliberal dentro de un barco que se supone no lo es.

Al mes 18 de la administración estatal, Elizondo abandonó el Gabinete de Nuevo León encabezado por “El Bronco”, en 2017. Su participación en él daba certeza principalmente a los empresarios de un estado que, como ningún otro en el país, desarrolla negocios. A partir de su dimisión la percepción pública sobre el Gobierno neoleonés no volvió a ser la misma y su aprobación se fue a pique.

Por eso llaman la atención los motivos expresados en la carta de renuncia. Particularmente que “se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”, o la “imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública”.

Interpretando a contrario sensu el documento, la molestia principal de Urzúa eran las políticas públicas implementadas sin base en evidencia, y cargadas de extremismo. ¿Es para preocuparse, o nada más para levantar una ceja? Y también cabe preguntarse: ¿Era realmente insalvable la situación? ¿Tan poco prometedor está el horizonte?

Tratándose de los argumentos de quien conoce las entrañas del monstruo, se podría decir que sí. Sin embargo se conoce la forma de la renuncia, no las razones de fondo. Los motivos de Urzúa, personalísimos, pueden coincidir o no con la realidad.

Cortita y al pie

Las noticias en tiempos de redes sociales nacen y mueren en cuestión de horas. Avalanchas de nuevos acontecimientos sepultan sucesos importantes y el vórtice informativo arrastra sin dejar huella. Media hora después de la renuncia de Urzúa fue ascendido a su cargo el subsecretario del ramo, en un acto reflejo de contención de daños. Al final del día en la paridad cambiaría el peso sólo subió 25 centavos con respecto al dólar al cierre de los mercados.

La última y nos vamos

Por lo demás, no en la carta de renuncia de Carlos Urzúa, sino en la de Germán Martínez el 21 de mayo pasado, hay una frase lapidaria: “la Cuarta Transformación no son cambios burocráticos, sino revolución cultural”.

Pues eso.
07 Julio 2019 04:02:00
Líder en obra fantasma y de mala calidad, Coahuila es
Así como se lee: la Auditoría Superior de la Federación acaba de colocar al Gobierno de Coahuila en primer lugar nacional de obra pagada “no ejecutada o de mala calidad”, en su Informe de la Cuenta Pública 2018 correspondiente al primer año de ejercicio de la Administración actual.

El documento, entregado el pasado 29 de junio a la Cámara de Diputados, señala en su Auditoría de Cumplimiento 2018-A-05000-19-0743-2019 743-DS-GF “un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 42 millones 457 mil 051 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación”.

Las irregularidades consisten en 10 “volúmenes de obra pagados no ejecutados” y seis “trabajos de mala calidad”, mismas que representan un incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila, artículo 55, párrafo segundo, además de los numerales 66 y 67.

Once de los contratos, formalizados por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, a cargo de Gerardo Berlanga Gotés, fueron identificados con los oficios SIDUM-2018001-0-0, SIDUM-2018012-0-0, SIDUM-2018133-0-0, 026-ISN-TOR/16, SIT-2018039-0-0, SIT-2018040-0-0, SIT-E18003-0-0, SIT-2018042-0-0, LO-N67-2015, SIT-2018002-0-1, y SIT-2018038-0-0.

Ningún otro estado del país presentó más observaciones en ese rubro dentro de la muestra auditada, y seguido de Coahuila pero con diferencia, Tamaulipas y Yucatán ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

Se trata de la “Construcción de un parque lineal verde” y la “Rehabilitación de la Unidad Deportiva Palaú”, ambas en Múzquiz; la “Construcción del Gimnasio Municipal Juan Martínez Pachín”, en Nava; la “Cuarta etapa de mejoramiento de la imagen urbana del Bulevar Valdés Sánchez”, de Viesca, además de rehabilitación de fachadas y construcción de banqueta y cunetas en el Pueblo Mágico.

En Torreón, por su parte, hay señaladas cuatro obras: la “Construcción del Parque Cerro de las Noas” en su primera etapa, la “Construcción de línea de conducción de aguas pluviales, descargas sanitarias y bombas en zona urbana”, la “Remodelación y rehabilitación de las oficinas del Ministerio Público” y la “Rehabilitación integral del bulevar Independencia, del tramo Leona Vicario a Manuel Acuña”.

En Saltillo fueron marcadas con asterisco dos más: la “Terminación del Centro Oncológico de la Región Sureste” y la “Construcción del Hospital Materno Infantil”.

Por entidad federativa, Coahuila fue tercer lugar nacional en irregularidades derivadas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2018), sólo por detrás de Nayarit, en donde la Auditoría Superior de la Federación observó un desvío de 422.8 millones de pesos, y Ciudad de México con 258.3 millones. Nuestro estado tuvo observaciones por 256.9 millones que representaron 52.8% de su muestra revisada.

Otro punto a destacar en el Informe de la Cuenta Pública 2018 que realizó la ASF es el “jineteo” de recursos federales que provocó el “incumplimiento de acciones programadas”. Del FAFEF, por ejemplo, la Administración estatal ejerció 81% de gasto al 31 de diciembre de 2018. Lo mismo sucedió con el Fondo de Aportaciones Múltiples, pues al último día del año sólo había gastado 79.3 por ciento.



Cortita y al pie

Pero ahí no acaba el tema. El pasado 2 de abril empleados de la ASF realizaron una visita de inspección física en la obra denominada “Construcción del Hospital Militar Regional en el Campo Militar núm. 6-B”, en Torreón. Sin embargo no localizaron al personal técnico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para realizar la diligencia como consta en el acta circunstanciada 004/CP2018. Por lo anterior no se pudieron allegar elementos suficientes para validar que los trabajos ejecutados con recursos del FAFEF 2018 estuvieron concluidos.

Lo anterior incumple la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43 y 70, fracción I; además del convenio de colaboración celebrado por la Sedena y el Gobierno de Coahuila el 26 de febrero de 2018; cláusula quinta y sexta.

Previamente la Secretaría de Finanzas había transferido a la Secretaría de la Defensa Nacional recursos del FAFEF 2018 por 161 millones 347 mil 884 pesos para ejecutar la obra por adjudicación directa. Ni el Gobierno del Estado ni la Sedena presentaron la documentación justificativa y comprobatoria de los gastos realizados, ni el expediente técnico unitario de la obra por la totalidad del importe, lo cual constituye un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, como consta en el pliego de observaciones 2018-A-05000-21-0744-06-007.



La última y nos vamos

Hubo poca obra pública en 2018 (equivalente al 7.8% del presupuesto de egresos total), y la escasa que hubo, según la ASF, fue de mala calidad y fantasma.

A qué se dedica entonces el Gobierno de Coahuila. Para qué sirve.
30 Junio 2019 04:05:00
La parte del Metrobús Laguna de Coahuila: el pozo sin fondo
Hace dos semanas, en Gómez Palacio, el Presidente de la República canceló -como todo mundo sabe- la obra del Metrobús Laguna correspondiente a Durango, en un polémico acto popular “a mano alzada” que, según la crónica de Grupo Reforma, duró 31 segundos. Pero eso representa la superficie del tema. Lo verdaderamente importante se halla en el fondo.

El proyecto de transporte público, cabe señalar, conectaría originalmente la zona metropolitana de La Laguna desde Matamoros, Coahuila, hasta Lerdo, en el vecino estado, donde no había iniciado la construcción de la parte que les concierne.

Sin embargo, en Torreón se ha convertido en una obra perpetua, interminable, eternamente postergada y, lo más grave, en un pozo sin fondo de recursos.

El pasado 25 de junio la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, a través del oficio SIDUM/UT/848/2019, dijo ser “notoriamente incompetente” para informar a quien esto escribe dos cosas básicas: cuánto han gastado en el Metrobús, y cuánto más pretenden gastar. “Se le sugiere presentar su solicitud de acceso a la información ante la Secretaría de Finanzas”, mencionó.

A su vez, la Secretaría de Finanzas, el 27 de junio, me recomendó presentar la solicitud ante la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, “quienes pudieran brindar orientación”, como consta en el documento SEFIN/UT/747/2019. Una burla. Así es la transparencia y rendición de cuentas.

Sus evasivas, no obstante, sirven de muy poco. El Metrobús Laguna nace de un convenio del Gobierno del Estado con Banobras. El 24 de noviembre de 2014 la institución de crédito autorizó 465 millones 390 mil pesos para financiar “infraestructura vial, estaciones, terminales con patios y talleres” a través del acuerdo CT/2ªORD/15-OCTUBRE-2014/VI-A. De la suma total, 334 millones 680 mil pesos serían para Coahuila y 130 millones 710 mil para Durango bajo la modalidad “apoyo no recuperable”.

Para frotarse las manos, pues.

Los recursos debían ser ejercidos hasta el 6 de julio de 2016 y de conformidad firmaron entonces Rubén Moreira, Víctor Zamora, Ismael Ramos, María Esther Monsiváis, Iván Garza y Carlos Cabello por el Estado, así como Miguel Riquelme, Jorge Luis Morán, Enrique Mota Barragán, Gerardo Berlanga y Fernando García Tapia por parte del Municipio de Torreón.

Posteriormente, a fin de consolidar el proyecto y cumplir el “compromiso presidencial CG-116”, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se aprobaron 623 millones 205 mil 592 pesos más etiquetados como “zona metropolitana de La Laguna”, aunque sin establecer claramente cuánto de ahí debería ser usado para la obra.

Nuevamente otra oportunidad para frotarse las manos.

Para dimensionar la cifra: de entre 46 zonas metropolitanas en el país, solo Valle de México, Guadalajara y Monterrey -los tres principales núcleos poblacionales- obtuvieron más recursos que La Laguna. Por si fuera poco, el Municipio de Torreón aportó en su día 175 millones 880 mil pesos. Así al pozo sin fondo han arrojado en total mil 133 millones 765 mil 592 pesos. Y como suele suceder en casi cualquier asunto emprendido por el Gobierno de Coahuila, la cantidad no coincide con la realidad.

En declaración a varios medios de comunicación, el actual titular de la SIDUM, Gerardo Berlanga, informó que hay “un guardadito de 100 millones de pesos” y por tanto “no hay que pedirle ya un cinco a la Federación” para concluir el Metrobús.

De acuerdo con información oficial obtenida por quien esto escribe, sin embargo, al 23 de abril de 2019 la Secretaría había gastado ya 740 millones 305 mil 494 pesos en la obra, de 888 millones 867 mil 246 disponibles. Eso significa que ha consumido 83% y sobran 148 millones 561 mil 752 pesos por ejercer.

Reitero: no cuadran los números.

En el cuestionado Durango andan perdidos 130.7 millones de pesos que no han sido utilizados en su parte del Metrobús. Coahuila, en cambio, sí ha ejecutado el dinero aunque al menos 245 millones están en el aire. Ahora bien, si usted quiere saber quiénes han sido los contratistas y proveedores beneficiados con la obra, tendrá que sortear otro sinuoso y empinado camino que relataré en otra ocasión.

Cortita y al pie

Por lo demás, otros proyectos similares financiados también con “apoyo no recuperable” de Banobras fueron desarrollados por las mismas fechas en Pachuca, San Luis Potosí, Puebla, Tijuana, Chihuahua y Monterrey. Y ahí le va una noticia: todos ya fueron concluidos.

El único rezagado es Torreón, donde además falta lo complejo: establecer el “modelo de negocio” (sistema de prepago, flota de camiones), hacer pruebas de funcionamiento y el reto mayor: integrarlo con el transporte de Durango. Aterrizarlo a la realidad, básicamente.

Todo lo anterior necesita inversión privada, lo cual hace dudar si alguna vez podrá ponerse en operación.

La última y nos vamos

El Metrobús Laguna ha dejado una enseñanza: en México no existe la capacidad, ni la voluntad, para construir obras interestatales ni aun cuando ambos estados sean gobernados por el mismo partido político, como sucedió al inicio del proyecto. Los intereses privados y de grupo se imponen. Y si el dinero es de libre disposición, aquello se vuelve jauja.
25 Junio 2019 04:04:00
Renuncia Montemayor al PRI, ¿y a los negocios a costa de Coahuila?
Inhabilitado por 20 años para ejercer el servicio público por la Secretaría de la Función Pública, como consta en los expedientes 02/2002 y 04/2002 resueltos el 27 de abril de 2005 por “violación a las leyes y normatividad presupuestal”, el exgobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy, desapareció de la política local durante los sexenios encabezados por Humberto Moreira y Enrique Martínez, pero volvió a escena pública con Rubén Moreira en 2013 bajo una estructura paralela de Gobierno, denominada entonces Clúster Minero-Petrolero de Coahuila, A.C.

Con la coartada de prepararse para el boom energético que proyectaban sucedería entonces, de 2015 a julio de 2018 recibió 67 millones 410 mil pesos en aportaciones del Gobierno del Estado. Asimismo la Asociación Civil, en la cual funge como Presidente, fue beneficiaria de dos “Fondos Mixtos” del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología: uno por 4 millones 500 mil pesos y otro por 10 millones, según la “Convocatoria 2014-C28” publicada el 26 de noviembre de 2014.

Pero también le abrieron las puertas del negocio. El 2 de diciembre de 2014 la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), el Gobierno del Estado, los 38 municipios de Coahuila y el Clúster firmaron un convenio de colaboración que empoderó a este último como “enlace entre las autoridades estatales y municipales competentes, y las empresas de hidrocarburos, para canalizar sus gestiones en materia de trámites para usos de suelo, licencias de construcción, de funcionamiento y otras relacionadas”. Y a eso, en términos coloquiales, se le denomina “coyotaje”.

Con dicha iniciativa se antepusieron los intereses de la Asociación Civil a los de una Secretaría prioritaria para la entidad como Desarrollo Económico y



Competitividad.

Aprovechando la bonanza, el 5 de noviembre de 2014 el Clúster también firmó un convenio con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por un plazo de dos años prorrogables. Sin embargo la cláusula novena de dicho instrumento jurídico –en poder de quien esto escribe– expone una situación inquietante: la titularidad de los derechos patrimoniales de las obras intelectuales que resulten del convenio, serán propiedad de la parte que las haya producido. ¿Qué significa eso?, más fácil: que si uno de los integrantes del Clúster, por ejemplo la Universidad Autónoma de Coahuila, realiza una invención científica, el dinero que ésta genere será para la Asociación Civil.

Mientras los resultados del Clúster eran casi nulos en Coahuila, se financiaba con dinero público un proyecto privado en Nuevo León. Me explico. Rogelio Montemayor Jr. es director general y representante legal de dos sociedades mercantiles promotoras de inversión, ambas como S.A.P.I de C.V. domiciliadas en San Pedro Garza García, denominadas Strata CR y Strata Campos Maduros, mismas que se agenciaron en 2016 –apenas unos meses después de constituirse legalmente– contratos bajo la modalidad de licencia (CNH-R01-L03-A21/2016 y CNH-R01-L03-A18/2018) para extraer gas natural en Nuevo León en los campos identificados como Carretas (89 kilómetros cuadrados) y Peña Blanca (26 kilómetros cuadrados), ubicados en los municipios de China y General Terán, y General Bravo y Doctor Coss respectivamente.

Lo anterior implica que a su costo y riesgo extrae hidrocarburos propiedad del Estado, sí, pero es libre de venderlos. Por decirlo de otra manera: lucra con las riquezas naturales del subsuelo.

Y lo interesante del asunto es que, en el primer proyecto la evaluación de impacto social fue “encargada” al Clúster, quien la elaboró en julio de 2016. Ese año, justo es decirlo, la Asociación Civil recibió de la Administración coahuilense 19 millones 558 mil 121 pesos.

Nadie sabe para quién trabaja.



Cortita y al pie

En el eje cuatro de su propuesta de campaña, el entonces candidato a Gobernador, Miguel Riquelme, planteó en 2017 “fortalecer el Clúster de Energía para mejorar las condiciones que permitan el aprovechamiento integral de nuestras reservas energéticas”.

¿Seguirá en pie la promesa?



La última y nos vamos

A nadie sorprende la renuncia de Rogelio Montemayor a su militancia en el PRI, manifestada mediante una carta el día de ayer. Al no conseguir la candidatura para el Senado a la cual aspiró, en enero de 2018, el exgobernador de Coahuila criticó las prácticas del partido pero prometió fidelidad: “yo no buscaré otra organización política para volver al Congreso ni promoveré la desunión”.

“Tengo la esperanza de que el PRI recupere el sentido de la ética política, su capacidad de autocrítica, de indignación, y de lucha por recuperar la fortaleza de las instituciones y recobrar la confianza de la mayoría de la ciudadanía”.

Pues ayer perdió la “esperanza”. ¿Y los negocios a costa del erario en Coahuila?
23 Junio 2019 04:15:00
La descobijada del INAI a la simulación en Coahuila
Sorpresivamente, el pasado 27 de mayo el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) resolvió un caso relevante para Coahuila. Uno de los más importantes de la última década. Y no lo hizo de cualquier forma, como si se tratase de un asunto rutinario. Por el contrario, tomó partido abiertamente y puso en la agenda otra vez el tema de la deuda pública
contratada entre 2009 y 2010.

Es decir, a una década del mayor desfalco en la historia contemporánea de la entidad, ordenó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) ubicar y difundir los archivos que justifiquen obras y acciones financiadas con recursos obtenidos a través de créditos, tal y como lo solicitó una ciudadana de Torreón el 16 de octubre del año anterior. Lo que nunca se ha hecho, pues. Por Increíble que parezca.

Mediante el recurso de inconformidad 69/19 la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra, descobijó con su argumentación a la ASE y también al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI). Su ponencia, cabe señalar, fue aprobada de forma unánime.

Del ICAI señaló su mala praxis al validar “sin analizar su contenido” ligas electrónicas entregadas como respuesta por la ASE a la ciudadana que solicitó la información, a través del expediente 856/2018. Dichos links electrónicos, dicho sea de paso, conducían a ninguna parte.

Con la ASE, en cambio, fue más allá. Le acusó de mentir al afirmar que no contaba con atribuciones para entregar datos cuando sí las tiene, y de no turnar la solicitud a sus direcciones administrativas correspondientes.

En resumen: los señaló de cómplices y tapaderas. Uno ni siquiera buscó. Y el otro ni siquiera corroboró. Entre ambos, eso sí, desestimaron de plano la petición sin entrar al fondo del asunto. Y con una rapidez inaudita, además. Lo anterior reafirma lo que aquí se ha diagnosticado en diversas ocasiones: la simulación en los órganos integrantes del Sistema Anticorrupción.

En defensa de sus atribuciones, el ICAI podrá argumentar que desde hace meses tienen una baja que no ha sido cubierta en su Consejo General, y que al ser cuatro y no cinco comisionados en este momento, no tienen la capacidad para resolver de forma más profunda cada expediente. ¿Y eso justificaría entonces un análisis superficial y por consecuencia negligente de los recursos de revisión?

Pero la ASE no tiene perdón de Dios. El 16 de octubre por la tarde la ciudadana introdujo la solicitud de información en el sistema. Para el día 19 por la mañana ya tenía la respuesta negativa en su buzón.

Tampoco hay que ser ingenuos. El grupo en el poder mantiene a una burocracia enquistada en los consejos ciudadanos para cuando se necesite. Por si se ofrece. Y ésta es precisamente la coyuntura ideal.

Manuel Gil Navarro, por ejemplo, fue consejero del ICAI hasta 2009, y ahora es secretario ejecutivo del Sistema Anticorrupción. Jesús Homero Flores Mier, consejero del ICAI en el periodo cuando reservaron los documentos de la deuda, es Fiscal Anticorrupción ahora. O Teresa Guajardo, consejera del ICAI en esas mismas fechas, es titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Los tres arriba mencionados, directa o indirectamente, tuvieron que ver con los temas que se ocultaron en su día, y que ahora serían responsables de sancionarlos.

Cortita y al pie

Rescato dos párrafos interesantes del INAI, en el caso que nos ocupa:

“Un país en plena lucha anticorrupción requiere de acciones comprometidas con la transparencia en la administración de los recursos públicos, más aún cuando implica adquirir deuda pública y condicionar la economía de las entidades federativas y el margen de acción de sus futuras administraciones”.

“El acceso a la información sobre el destino que tuvieron los recursos adquiridos a través del endeudamiento público en el estado de Coahuila, posibilite un ejercicio de rendición de cuentas efectivo de cara a los ciudadanos interesados en valorar si el ejercicio de estos fue realizado con pleno apego a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.

Y el que tenga ojos para ver su intención, que vea.

La última y nos vamos

El 11 de junio el ICAI revocó su decisión original y, de acuerdo con el plazo legal, la próxima semana la ASE deberá entregar la información. Nadie, en su sano juicio, esperaría algo de su actuación. El trabajo, en cambio, deberán hacerlo los ciudadanos. ¿Aprovecharán estos la oportunidad para detonar por fin el tema más importante de la última década en Coahuila?
16 Junio 2019 04:04:00
100 días de simulación, como todos los demás
Como la percepción mediática de su labor es negativa, y la opinión pública ni siquiera los reconoce, los del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila se pusieron creativos –es un decir– y organizaron a principios de año una iniciativa titulada El Reto de los 100 Días.

Se trata, básicamente, de justificar su existencia material y hacernos creer que sí son útiles como depósito de presupuesto. Convencernos, principalmente, de que la remuneración mensual de seis dígitos que recibe cada miembro de cada organismo, dependencia e institución autónoma que integra el “Sistema” está plenamente desquitada.

Pese a que dieron a conocer el proyecto a principios de enero, el conteo inicial de los 100 días naturales comenzó hasta febrero 27. Eso significa que terminó el hipotético plazo el pasado 7 de junio.

A la fecha, sin embargo, sólo hay un boletín de prensa emitido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción para informar que los resultados del “reto” estarán disponibles hasta finales de julio. Es decir, como si hubiesen contado 100 días hábiles, descontando festivos, fines de semana y vacaciones. Porque habrá prisa por demostrar que sirven de algo, pero no tanta como para sacrificar sus beneficios personales.

El comunicado del Sistema Anticorrupción (con su logotipo de tres guadañas entreveradas, en movimiento giratorio, como símbolo de que combaten algo) emplea un lenguaje que, como su actuación misma, pretende ser técnico y sofisticado pero nada dice. Habla de “integralidad y complementariedad”, “innovación de procesos” e “incidencia ciudadana”. El objetivo, dicen, es “fortalecer la comunicación, coordinación y colaboración, y que los ciudadanos tengan un rol aún más participativo y proactivo”. La nada, pues.

En El Reto de los 100 Días, cabe señalar, participan la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y el Consejo de la Judicatura del Estado. Asimismo fungen de observadores organizaciones de la sociedad civil (¿qué ganan en su papel de tontos útiles?), universidades, y hasta la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fue involucrada para legitimar el proceso. Esta última, no obstante, aportó una cantidad indefinida de dólares para tal efecto. Como si hiciese falta dinero.

“Es la primera vez en el mundo que se aplica la metodología del Instituto de Resultados Rápidos (RRI) en el tema anticorrupción”, presumen.

No se peca de radical, pero el tema es muy sencillo: si eliminamos el Sistema Estatal Anticorrupción de tajo ni siquiera lo notaríamos. Nadie los extrañaría. El mundo seguiría su curso y otra vez saldría el sol al día siguiente. Y ahorraríamos más de 200 millones de pesos al año, de los cuales el 75% se fuga en “servicios personales”. Como maquinitas de arrojar sueldos.

Si bien la implicación económica es relevante, no es la única. En defensa del Sistema Anticorrupción dirán que no entendemos la función que desarrollan. Que sus atribuciones están mal entendidas. Que se trata de andamiaje, de construir redes, de vinculación. Cualquier cosa que suene interesante e implique disfrazar de actividad académica lo que no tiene ni tendrá resultados concretos.

La realidad es que no desalientan la corrupción a casi dos años de ‘funcionamiento’ (por decirlo de alguna manera).

Eso sí, simulan independencia. Que los consejos integrados por ciudadanos poseen superioridad moral. Que pagan millones en asesorías para mejorar. Que los oficios significan algo más que papeles emborronados o archivos muertos.

Por lo demás, el punto es la impunidad. Pueden conceptuar la corrupción, estructurarla por objetivos generales y específicos, regularla, pero mientras la impunidad reine todo lo anterior es burocracia inútil. Trabajo de Sísifo.

Cortita y al pie

Simular en Coahuila es forma de vida. Costumbre. Manía. Pasatiempo. Negocio. Todo a la vez. Hay instituciones, oficinas, un presupuesto que se reparte anualmente, andamiaje legal, orgánico e institucional, burocracia, edificios con emblemas, aparente atención al público, representación, coordinación entre dependencias, jerarquías… parafernalia.

La última y nos vamos

En 100 días no pasó nada. Antes de los 100 días tampoco. Y después de los 100 días, ¿qué hacemos con ellos?

Por enésima ocasión: el Sistema Anticorrupción del Estado es una simulación grosera. Un insulto a la inteligencia. ¿Por cuánto tiempo más toleraremos nos jueguen el dedo en la boca?
09 Junio 2019 04:06:00
La propuesta envenenada de la diputada PRIMOR
Pasó desapercibida como casi todos los temas que se tratan en el Congreso del Estado. Pero el pasado 28 de mayo la diputada local plurinominal emanada de Morena, Elisa Catalina Villalobos, presentó una iniciativa de reforma al Artículo 77 de la Constitución Política de Coahuila que mueve a reflexión.

Se trata, en pocas palabras, de implementar una segunda vuelta en la próxima elección de gobernador (2023). Es decir, que haya nuevos comicios exclusivamente entre los dos candidatos que obtengan más votos cuando el primer lugar no alcance más del 50% de preferencia en la primera ronda. Con ello, según la exposición de motivos de la legisladora, se evitarían los litigios postelectorales y el ganador llegaría con más legitimidad a su toma de protesta. O por lo menos no tan cuestionado. Hasta aquí, habrá quien la considere un remedio funcional para evitar se repita lo sucedido en 2017. Pero ése no es el punto, pues el Proyecto de Decreto apunta hacia el futuro, no al pasado. Y las circunstancias de 2023 serán muy diferentes.

Dicho en otras palabras, la propuesta es, en el fondo, un traje a la medida de lo que anticipan (¿quiénes?) sucedería: un escenario electoral a tres tercios. Como la elección de senadores por Coahuila en 2018. No es difícil proyectar, en las circunstancias actuales, que Morena, PAN y PRI lleven a las urnas alrededor de 375 mil ciudadanos cada uno en 2023. Y que luego el tercer lugar, ya eliminado, incline la balanza hacia uno de los otros dos finalistas. Ahí se convertiría, por tanto, en el jugador más importante del proceso. En el “veto player”. Imagine, por ejemplo, a PAN y PRI aliándose contra un hipotético primer lugar de Morena. Y que, por segunda ocasión consecutiva, el PAN termine impidiendo con sus omisiones y acciones la alternancia en Coahuila en beneficio del PRI. No es descabellado pensarlo.

Por lo demás, Elisa Catalina Villalobos no actúa de manera espontánea. Se ha escrito aquí con suficiencia que desde la tercera quincena de la Legislatura se canteó hacia el Grupo Parlamentario del PRI. Hay un simbolismo implícito en que sea ella la elegida para poner el tema en la agenda legislativa. Tampoco es casualidad que, un día después de que presentó la iniciativa, el 29 de mayo, el alcalde de Saltillo haya iniciado una gira de promoción por el norte del estado. Hay una correlación entre ambos acontecimientos.

El comportamiento electoral de los últimos años hace ver complicado que un candidato a gobernador gane por mayoría absoluta (más del 50% de votos). Sin embargo ese fenómeno no es negativo por sí mismo. Por el contrario, la competencia es positiva. El problema radica en que abundan los malos perdedores y ellos incitan la polarización y encono.

Ahora bien, los argumentos de la diputada PRIMOR están basados en dogmas de fe y prejuicios. Falacias. No se tome a discriminación por género ni de otra índole para evadir su responsabilidad, pero es difícil creer que nazcan de su imaginación conociendo su trabajo legislativo previo. Detrás de la propuesta envenenada hay una mente maquiavélica pero hábil.

Hasta el mismo López Obrador lo dijo en su visita a Saltillo, el 19 de octubre de 2018, cuando le cuestionaron la ausencia de la representante de Morena durante un mitin partidista frente a Palacio de Gobierno: “la compañera no vino; aquí se ve (de qué lado está), pues”.

Y aprovechando que la Legislatura está “planchada” y el Congreso es un órgano estéril y apocado, por el momento su iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. En caso de prosperar y avanzar al Pleno, serían muy inocentes –o tremendamente cómplices– los 24 diputados restantes de aprobar esa reforma, ideada no para generar condiciones de “mayor representatividad” y “mayor gobernabilidad” en Coahuila, sino para que una cúpula decida quién será el próximo gobernador. Y que de preferencia se mantenga el statu quo.

Cortita y al pie

Los ciudadanos, ya de por sí, tienen una participación débil y simbólica en la designación de candidatos que hacen los partidos políticos. Es decir, en la boleta sólo pueden elegir lo que otros ya eligieron con anterioridad. Si optan por la vía independiente, en cambio, las condiciones inequitativas de la contienda generan candidaturas meramente testimoniales. Ambos fenómenos limitan la democracia plena.

A lo anterior, no obstante, habría que agregar ahora una segunda elección diseñada para favorecer las alianzas, a celebrarse 30 días después de la primera. Donde las cúpulas tengan otra vez un altísimo margen de maniobra. Tan sencillo como sumar los votos depositados en las urnas, pactar, y juntar selectivamente los que necesitan para derrotar al contrario.

Entonces Coahuila, de aprobarse la iniciativa, serviría una vez más de laboratorio electoral en el país al ser el primer Estado en validar la segunda vuelta en una elección. Ha sido anteriormente campo experimental en los ayuntamientos de cuatro años, la sobrerrepresentación en el Congreso, creación de partidos políticos locales con porcentajes irrisorios de representación, eliminación de curules o redistritación a modo, por mencionar algunos.


La última y nos vamos

En resumen: el quid en la elección de 2017 fue pulverizar el voto de la oposición. En 2023, en cambio, se trataría de negociar y juntar dos grandes bloques en perjuicio de un tercero.

Alguien (¿quién?) ya vio la coyuntura política que se avecina y desde temprano (faltan cuatro años para la jornada electoral) puso en operación un plan.
02 Junio 2019 04:06:00
El estéril Congreso de Coahuila
Se ha cumplido un ciclo más en la vida de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza y surge el deber de hacer un balance del desempeño institucional durante los últimos seis años, para cumplir con el deber de rendir cuentas a la comunidad y reconocer el desempeño de quienes sirven a ella a través de la institución.

En el Congreso del Estado, el órgano de control por excelencia en la división de poderes, hay 25 diputados, aunque de todos no se hace uno. No tome a la ligera esta afirmación. Para llegar al punto que deseo poner a debate, sin embargo, primero se necesita saber quién es quién. Así que vamos por partes.

De entrada, una premisa: a los 10 legisladores priistas delos por perdidos. Y anexe también al paquete a Claudia Ramírez, la representante del PRD (o lo que queda de éste, en sus últimas horas como partido).

Ellos, los 11, están ahí como alfiles para defender al Rey. Son posiciones prescindibles dentro del tablero de ajedrez político que se llama Coahuila. Da igual quién ocupe las curules pues la misión es invariable: en conjunto formar una barricada, alineados en todo momento, orientados hacia proteger –y favorecer– los intereses del grupo en el poder.

Con ellos no hay transigencia posible. Saben su juego y siguen sus reglas. Están conscientes de que si lanzan el boomerang, éste inevitablemente regresará al punto de partida y les estallará en la cara, por eso no arriesgan. No dan un paso en falso. Solamente se dedican a seguir la carreta, y que las calabazas se vayan acomodando solas en el camino.

Pero también existen los que la ciencia política define como “veto players”. Sin así desearlo, son los jugadores más importantes de la Legislatura LXI porque inclinan la balanza entre dos posturas irreconciliables en el papel, aunque idénticas en la realidad.

Se trata de Edgar Sánchez, representante sin partido que llegó al Congreso bajo el emblema de la UDC, por San Pedro de las Colonias; y Elisa Villalobos, diputada que se sacó la plurinominal en una tómbola de Morena. Literalmente.

Desde la tercera quincena de la Legislatura LXI, en febrero de 2018, el entonces presidente de la Junta de Gobierno, Samuel Rodríguez, los llevó a su regazo y a la fecha no hay fuerza o poder humano que los saque de ahí. Pase lo que pase, ambos votan a favor de las propuestas del PRI. Y al hacerlo decantan el resultado 13 a 12. Por eso sus votos, pese a que cuentan lo mismo, son los que más valen.

Luego están las dos posiciones de la UDC: Emilio de Hoyos y Zulmma Guerrero; eternamente aliados del PAN en temas locales, sean los que sean, salvo algún asunto federal donde se ladean a favor de Morena. Con ello encarnan a la perfección el doble juego de Lenin Pérez, líder moral del partido: entre azul y buenas noches, pero siempre naranja.

En la conformación de la Legislatura LXI, por último, hay un extraviado. Aislado del concierto local y a contracorriente. Si bien acompaña casi todas las iniciativas del PAN, su peso específico es casi nulo. Es el diputado por Morena, Benito Ramírez Rosas.

Y aquí aterrizo al punto de partida que se desmadejó desde un principio: los blanquiazules.

Con nueve parlamentarios –la mayor cantidad en sus 80 años de historia– uno esperaría no sólo mayor trabajo legislativo sino efectiva oposición, agenda propia, claridad e ideas que trasciendan.

Desde que tomaron posesión, sin embargo, cayeron en una dinámica repetitiva donde no consiguen materializar acciones de fiscalización y rendición de cuentas. Su actuación, en cambio, se limita a hacer ruido, nunca daño (en el sentido de imponer y repercutir, obviamente). No han logrado una sola comparecencia en el recinto parlamentario, ni un informe detallado sobre finanzas, mucho menos un veto, o una iniciativa que desemboque en sanciones a funcionarios. Su labor inicia y acaba en una cruzada de declaraciones y boletines, fiel a su estilo. ¿Es un problema de incapacidad, desinterés, cobardía, o simple complicidad con el grupo en el poder?

¿O cómo explica, por ejemplo, que hayan votado de forma unánime para investir a los priistas Homero Ramos y Miguel Mery como magistrados el pasado 26 de diciembre?

Cortita y al pie

Todo el preliminar anterior viene a cuento por una razón: lo que los panistas con atribuciones legales y recursos públicos a su disposición –nada despreciables, por cierto– no pudieron lograr en cinco meses, quien esto escribe lo acaba de conseguir con una computadora y conexión a internet: que la Secretaría de Finanzas informe para qué pidió un crédito a corto plazo por 550 millones de pesos en diciembre del año pasado.

Tampoco es algo de lo cual enorgullecerse. Finanzas, como es costumbre, responde las solicitudes a medias y con dolo. A través del oficio SEFIN/UT/663/2019, y luego de un proceso que inició el 17 de febrero y terminó el 29 de mayo, incluida prórroga, recurso de revisión y marrullerías para dilatar el caso, de su contestación hay poco qué decir y mucho menos qué rescatar. Más importante me parece, por el contrario, la ineptitud y esterilidad del Poder Legislativo en general, y del Grupo Parlamentario del PAN en particular.


La última y nos vamos

Los próximos comicios que habrá en el Estado (2020) serán para renovar el Congreso. Si bien faltan seis meses para que inicie el proceso electoral, lo cual es una eternidad en tiempos de internet y redes sociales, convendría tomar desde ya mejores decisiones, empezando por buscar otros perfiles como candidatos. Pues con los mismos de siempre no llegaremos a ninguna parte.

***Si usted es lector habitual de Mosaico de Egos, sepa que aquí nos encontraremos todos los domingos en las ediciones de Grupo Zócalo. Al asumir otras responsabilidades laborales, no obstante, los martes y jueves de columna quedarán vacantes hasta otra ocasión.

Gracias de antemano por su preferencia.
30 Mayo 2019 04:07:00
¿Todos somos AHMSA?
Como Humberto Moreira o “El Mono” Muñoz en su día, Alonso Ancira, presidente del Consejo Administrativo de Altos Hornos de México, también fue arrestado en España.

En una sociedad agraviada, donde la justicia es un bien de consumo inalcanzable para la mayoría, a la opinión pública da gusto –y no es que la desgracia ajena deba darlo– que hombres otrora poderosos caigan en los mismos calabozos que se suponen reservados para la plebe. Por eso la detención del empresario afincado en Monclova representa una de las pocas ocasiones en que se reconcilia la realidad con el estado de derecho. Máxime si se trata de un Sultán. Un Jeque. Sin embargo la clase política del estado no lo asimila de la misma manera.

Quienes anteriormente le servían de cabilderos, enarbolaban la bandera del acero, defendían los aranceles, peleaban por ser el primero en subir a tribuna, proponer un punto de acuerdo favorable a sus intereses o pedían su bendición (particularmente durante las campañas electorales), han impulsado una defensa pública de la empresa, y soterrada del empresario. Lo anterior no sería nada extraño de no ser porque dicho respaldo se basa en un par de premisas escandalosas: no importa que la fuente de empleo sea demostradamente corrupta, mientras haya fuente de empleo. No importa que roben, mientras salpiquen.Esa valoración dice mucho de quienes la usan como argumento. Los retrata de cuerpo entero. Como si defendieran la tesis de José López Portillo (“la corrupción somos todos”). El Ayuntamiento de Monclova, por ejemplo, mandó instalar ayer lonas en el “Rallador de Queso” para demostrar su apoyo a la empresa bajo el hashtag #TodosSomosAHMSA. Para hoy convocó a una marcha de ‘apoyo’.

Ahora bien, probablemente usted ha escuchado múltiples ángulos de la información: implicaciones, antecedentes, o hasta datos de color como que Alonso Ancira trató de levantar de nuevo su aeronave al verse acorralado, ya en tierra, luego de concluir el trayecto Toluca-Nueva York-Palma de Mallorca.

El 20 de agosto de 2018, no obstante, la agencia Reuters publicó una nota que pasó desapercibida. A partir de un informe de la Auditoría Superior de la Federación, analizó los viajes en helicóptero que realizó Emilio Lozoya, siendo director de Pemex, y descubrió que hizo 54 aterrizajes en las oficinas de Grupo Acerero del Norte, en la Ciudad de México.

Si bien el vocero de AHMSA explicó que sólo se utilizó su helipuerto por cercanía y cuestiones logísticas, pero no necesariamente visitó la siderúrgica, el hallazgo habla de la cercanía entre ambas empresas.



Cortita y al pie

A partir de ahora, aquello se volvió una ensaimada de Mallorca. Ese pan enroscado, con un relleno incierto. Un asunto complejo, entreverado. Mientras Napoleón Gómez Urrutia pide al Gobierno federal intervenir en AHMSA, Armando Guadiana pide al mismo Gobierno descongelen las cuentas y respeten los derechos de Alonso Ancira. Ambos senadores de Morena van juntos en ciertos temas, y en el caso que nos ocupa tomaron bando: Napoleón a favor de la intervención del Estado Mexicano, y Guadiana en pro de Ancira. “Por lo que haya sido”, defendió.

La empresa recuperó este miércoles el control de sus cuentas bancarias, descongeladas ya por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. “Eso nos garantiza a nosotros que la operación financiera de la empresa va a empezar a normalizarse a partir de hoy”, dijo su vocero. Con la operación asegurada, pero sin cabeza.



La última y nos vamos

Por lo demás, hace unos meses decían que si la Comisión Federal de Electricidad ya no compraba carbón mineral –a los políticos involucrados en el negocio, justo es decirlo– colapsaría económicamente la Región Carbonífera. Una de cinco.

Ahora, en cambio, dicen que si las cuentas bancarias de AHMSA permanecían congeladas, colapsaría económicamente la Región Centro de Coahuila. Dos de cinco. Ambas circunstancias dependientes del Gobierno federal. Llama la atención que pudiendo elegir entre una baraja de 300 empresarios, los más poderosos de México, la ruleta cayó de nuevo en el estado. ¿Fuerte, Coahuila es?
28 Mayo 2019 04:06:00
Fuerte, Coahuila es…  hasta que congelan las cuentas de AHMSA
Ayer la compañía Altos Hornos de México (AHMSA), motor industrial y financiero de Monclova y la Región Centro de Coahuila, informó a la opinión pública que por instrucciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “se congelaron las cuentas bancarias con las que opera” su sociedad mercantil Altos Hornos de México, S.A. de C.V.

“AHMSA también está relacionada con el caso Odebrecht”, señaló ayer a Grupo Zócalo el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.

Si bien además de la empresa acerera fueron bloqueadas las cuentas bancarias de otros actores, como Emilio Lozoya y media docena más, el asunto tiene relevancia, pues precisamente la Unidad, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmó un “convenio de colaboración para el intercambio de información” con el Gobierno de Coahuila el pasado 16 de abril.

Sin embargo el documento de 12 cuartillas –en poder de quien esto escribe– supone una relación desequilibrada en su cláusula tercera, relativa a los compromisos de las partes. Así, mientras el Gobierno de Coahuila proporcionará “información que resulte útil a la UIF”, ésta “otorgará al Gobierno de Coahuila los reportes de inteligencia que contengan información derivada de los reportes y avisos respecto de actos u operaciones que deben presentar los sujetos obligados en términos de la normatividad aplicable, que pudieran favorecer a la determinación de la situación fiscal de los contribuyentes que tengan su domicilio en Coahuila”.

Es decir, la UIF lo pondría sobre aviso. O aquello derivaría en una inteligencia financiera, pero al estilo Coahuila.

Qué pasaría, para dimensionar, si la UIF le comparte datos confidenciales y Gobierno del Estado, en cambio, reporta no tener novedades o da pistas que llevan a ninguna parte. En ese supuesto más que colaborar sería poner la Iglesia en manos de Lutero.

La UIF, por la naturaleza de sus atribuciones, no necesita del Gobierno de Coahuila ni de la Fiscalía General del Estado para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita que, dicho sea de paso, algunas veces nacen en las mismas oficinas públicas. Si bien nada le impide firmar convenios, sus competencias contenidas en el Reglamento Interior de la SHCP y el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, le facultan para actuar como enlace entre Hacienda y las entidades federativas y municipios.

No necesita pedirles permiso, pues. Simplemente aplicar la ley, y nada más.

Y así sucedió ayer, con el caso de AHMSA.

Cortita y al pie

Por separado, en una diligencia de cateo que se prolongó durante tres horas por la madrugada del domingo, Ricardo Aguirre y su esposa, Edna Dávalos, ambos funcionarios del Gobierno de Coahuila, fueron los últimos en enterarse que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República los tenía cercados. Para preservar la secrecía de la investigación y evitar fugas, la SEIDO no pidió colaboración a la Fiscalía General del Estado.

Ahora bien, de acuerdo con el vocero de AHMSA, Francisco Orduña, la medida de la UIF los tomó por sorpresa: “nos enteramos a través de los bancos, fuimos a hacer operaciones y no pudimos”, dijo ayer a Grupo Zócalo.

El sigilo como denominador común en ambas acciones, de domingo y lunes, encabezadas por el Gobierno federal.

La última y nos vamos

Por lo demás, en un comunicado de tres párrafos fechado ayer y con folio 45/2019, AHMSA dijo que, al congelar sus cuentas, la UIF está “poniendo en riesgo la estabilidad económica de Coahuila”.

Eso significa, interpretando sus bien medidas palabras, que la economía de la entidad –parafraseando al expresidente de la República, Ernesto Zedillo– está “prendida con alfileres”.

Y que Santiago Nieto –como le reprochase Carlos Salinas a su sucesor– se los acaba de quitar.
26 Mayo 2019 04:05:00
Las pensiones de los 25 notables de Coahuila
En la última columna publicada en este mismo espacio, el pasado jueves 23, comenté de refilón que hay 25 exmagistrados del Poder Judicial de Coahuila que reciben pensión vitalicia. Dicha cifra de privilegiados, se dijo aquí, supera los 21 magistrados en activo, con lo cual el presente financiero soporta una carga cada vez mayor del pasado.

¿Pero quiénes son esos 25 notables que mes a mes disfrutan su “haber de retiro” con cargo al erario?

A continuación la lista en orden alfabético: Martha Elena Aguilar Durón, María Guadalupe Aguilar Silva, Antonio Berchelmann Arizpe, Natalio Ricardo Dávila Moreira, Ramiro Flores Arizpe, Mariano Fuentes del Bosque, José Fuentes García, Efraín Rogelio García Flores, Daniel García Nájera, Adrián González Hernández, Arturo Ibarra Flores, Francisco Martínez Alvizo, Fernando Orozco Cortés, Guillermo Pámanes Castro, Gregorio Alberto Pérez Mata, Fernando Cuitlahuatl Rangel Villarreal, Edmundo Rodríguez Barrera, José Rodríguez Esparza, Patricia Estela Rodríguez Garza y César Treviño Galindo.

Además continúan recibiendo pensión los beneficiarios (cónyuge, hijos) de cinco magistrados finados: Antonio Flores Melo, Germán Froto Madariaga, Luis Fernando García Rodríguez, Luis Alfonso Martínez Montalvo y Luis Treviño Medrano.

Del total, 20 fueron pensionados como magistrado de Sala, dos como Unitario, dos más como Electoral y uno como Presidente. En función de lo anterior reciben mayor o menor dinero respectivamente. Aunque todos, como prestación adicional, cuentan con un seguro de gastos médicos mayores.

El artículo 153 de la Constitución del Estado de Coahuila es muy generoso. Además de otorgar una remuneración “adecuada e irrenunciable” a los magistrados, que no podrá ser disminuida durante su encargo, garantiza una pensión “con todas las prestaciones y en igual cantidad como si estuviesen en activo”. El porcentaje se determina en proporción a la edad y años de servicio, según “el salario neto mensual vigente percibido por el magistrado a la fecha de su baja en el cargo”, de acuerdo con la Ley de Pensiones Complementarias para Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Coahuila. Y basta con haber cotizado al fondo de retiro solamente 10 años.

El ingreso, cabe señalar, se compone por una doble pensión: la que otorga el Instituto de Pensiones del Estado, y la complementaria. Sumadas ambas, corresponden al 100 por ciento del ingreso mensual neto como si estuviesen en activo. Y aquí viene lo interesante: eso representa un gasto de 4 millones 322 mil pesos al mes, o 51 millones 875 mil 304 al año para el Presupuesto de Egresos.

CORTITA Y AL PIE

En defensa de sus emolumentos dirán que son legales, “irrenunciables”, y que no hay efectos retroactivos así se decretase poner fin a las pensiones. Dicho de otra forma: que cualquier intención en contra les hace lo que el viento a Juárez. Y se ampararían y aquello terminaría en la Suprema Corte.

También apelarían al discurso de su alto encargo, la responsabilidad que supone la encomienda, toda una vida dedicada a la justicia, etcétera.

Sin embargo en infinidad de ocasiones la realidad ha desmontado una hipótesis no demostrada que se utiliza para justificar salarios altos (y por consecuencia pensiones): pagándoles mucho se volverán incorruptibles. Falso. Sin generalizar, en la misma lista de privilegiados existe más de un impresentable.

Para dimensionar el dispendio: se paga más a los 25 exmagistrados de Coahuila que lo desembolsado –y ampliamente debatido en su día– a los expresidentes de la República: Luis Echeverría, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes recibían 205 mil 122 pesos mensuales hasta el 30 de noviembre de 2018, y las viudas de José López Portillo y Miguel de la Madrid, quienes recibían 102 mil 561 pesos al mes.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

En el Poder Judicial no hacen ruido. Los reflectores pocas veces apuntan hacia su actuación. Tienen patrón, pero no contrapesos.

La austeridad no la conocen. Quitar los privilegios a 25 exmagistrados implica un ahorro anual de casi 52 millones de pesos a las finanzas del Estado. ¿Por qué no proponer una iniciativa de reforma en ese sentido en el Congreso del Estado?

Tampoco se quedarían desprotegidos. La pensión para adultos mayores del Gobierno federal es universal, y habría Seguro Popular para quienes no puedan costear un servicio médico privado.
23 Mayo 2019 04:06:00
El espeluznante actuar del Poder Judicial en Coahuila
Casi no se le pone atención, pero el tercero de los poderes en el Estado, el que menos reflectores recibe, es el que resultados más pobres entrega. Y vaya que con el Ejecutivo y el Legislativo hay tela de dónde cortar.

Primero, por un asunto de inoperancia. En el Poder Judicial, al 7 de mayo de 2019, existen 102 mil 897 juicios en trámite. Eso significa que se necesitarían por lo menos 10 años, consecutivos y sin descanso, para resolverlos en las condiciones de trabajo actuales. Precarias, por lo demás. Y requeriría, por si fuera poco, no radicar más juicios en esa década para poder abatir el rezago, lo cual se antoja imposible, pues tan sólo en 2018 hubo 65 mil 726 nuevos expedientes y 63 mil 174 en 2017.

¿Por qué nos hemos acostumbrado a que la nula impartición de justicia sea normal en Coahuila?

Y aquí viene un detalle interesante.

Para empezar, haga usted un ejercicio de memoria y visualice los funcionarios que de 2008 a la fecha han ocupado cargos públicos en la entidad, en todas las dependencias de la administración y a todos los niveles, y recuerde los casos de corrupción vinculados a ellos.

Pues resulta que en el Poder Judicial, en ese mismo tiempo: de 2008 a la fecha, no hay ni una sola sentencia condenatoria sobre delitos cometidos por servidores públicos. Ninguna. Cero.

Ni enriquecimiento ilícito, ni cohecho, ni peculado, ni cualquiera relacionado en los Juzgados de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, ni en los Juzgados de Primera Instancia en Materia Penal del Estado, que son los competentes para conocer y resolver los asuntos.

Lo anterior significa 12 años en blanco. Como si viviésemos en una sociedad distópica escrita en las novelas de José Saramago. Un insulto a la inteligencia. Sólo existe, eso sí, un proceso iniciado en 2014 en el distrito judicial de Saltillo, dos en 2015 y tres en 2019; pero ninguno resuelto. Asimismo cuatro iniciados en 2018 en el distrito judicial de Sabinas también pendientes de resolución. La nada, pues.

El Judicial, sin embargo, se ha convertido con el paso de los años en un Poder que mira más al pasado que al presente.

Mientras existen 21 magistrados activos, entre distritales, regionales y salas colegiadas, hay otros 20 magistrados pensionados vivos, y cinco más fallecidos. En estos últimos casos, la pensión la disfrutan sus beneficiarios. Y todos reciben una cantidad irrenunciable, igual a como si estuviesen en activo.

Cortita y al pie

De los actuales, para dimensionar el dispendio, la magistrada presidenta, Miriam Cárdenas Cantú, percibe 273 mil 680 pesos brutos al mes. Los presidentes de Sala, 237 mil 229. Los magistrados de Sala, 231 mil 732 pesos. Un magistrado del Tribunal de Adolescentes, 194 mil 175. Y los magistrados distritales, finalmente, 108 mil 200 pesos.

La última y nos vamos

Pese a ello el Judicial es un Poder irresponsable. Y para demostrarlo basta recordar lo que sucedió en el caso Ficrea, donde Gregorio Pérez Mata, entonces magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, provocó la pérdida de más de 100 millones de pesos (descontando lo recuperado) al depositarlos en la fraudulenta caja de ahorro, y hoy goza de la tranquilidad que le provee su jubilación.

Es un Poder corrupto. Y para ejemplificarlo no hay que olvidar la trama de corrupción con el Infonavit, en la cual hay jueces coludidos para quitar viviendas a trabajadores con artimañas legales, a la fecha sin que se finquen responsabilidades.

Y es un Poder opaco. Pues a dos meses de que fue obligado por decreto a transmitir las sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en vivo, “actualmente se llevan estudios técnicos para conocer sobre los requerimientos de esa naturaleza”, como consta en el oficio DRM/052/2019.

Como si no bastase un celular con conexión a internet.
21 Mayo 2019 04:06:00
Desastres naturales en Coahuila, ocasión para facturar con fantasmas
Quien no conociese los antecedentes del tema, ni de los involucrados, podría creer que se trata del mayor caso de “emprendedurismo” conocido en Coahuila: una empleada del Departamento de Limpieza en el Ayuntamiento de Torreón, durante la gestión de Miguel Riquelme, en cuatro años de ganar un salario de 3 mil 200 mensuales (153 mil 600 pesos en total, sumando todo el periodo), logró reunir el capital para constituir una empresa y venderle, un año después de renunciar a su trabajo como auxiliar general, 22 millones 369 mil pesos al Gobierno de Coahuila en un plazo de 48 horas.

No sólo eso. Tuvo la capacidad financiera y organizacional para proveer semilla de sorgo, 175 pipas cargadas con agua, fertilizante, garrapaticida, y además rentar maquinaria que –obviamente– tuvo que haber adquirido con anterioridad para poder alquilarla.

Un modelo de éxito y mérito, sin lugar a dudas.

El asunto es que la palabra de moda: “emprendedurismo”, no es el asunto de fondo sino la creación de empresas fantasma para simular operaciones fiscales.

Y no es el primer caso donde los datos personales de ciudadanos en condición de pobreza terminan siendo utilizados para montar coartadas y desviar dinero público. Por el contrario, se ha convertido en el denominador común de las administraciones estatales en la última década.

En Coahuila, sin embargo, la corrupción ha caído más bajo: aprovechando situaciones de emergencia, estado de necesidad y fuerza mayor.

No es la primera ocasión en que un hecho fortuito es utilizado para sacar raja del erario. En 2015, por ejemplo, a raíz del tornado que se presentó en Ciudad Acuña el 25 de mayo (14 personas fallecidas, 229 lesionadas y casi mil viviendas dañadas) y generó recursos extraordinarios del Fondo para Desastres Naturales, fueron facturados 77 millones 513 mil pesos en material de curación, paquetes quirúrgicos, edredones, cobijas, colchones y colchonetas por el Gobierno del Estado a empresas fantasmas vinculadas con la entonces secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo. No en vano el mote de #LadyCobijas.

Pese a que la funcionaria fue destituida luego de conocerse la situación, en noviembre de 2016, a la fecha no hay responsables indiciados.

En el caso que nos ocupa, la presunta adquisición directa de insumos a la persona moral Cosmic Dynamics, S.A. de C.V. ocurrió después del incendio forestal en Arteaga que consumió 600 hectáreas de bosque, el 6 de junio de 2018. En la coyuntura fueron facturados 22 millones 369 mil pesos entre el 25 y 26 de junio sin que conste su aplicación en productos y servicios, como publicó Grupo Zócalo en sus ediciones de ayer.

CORTITA Y AL PIE
Ahora bien, Cosmic Dynamics, S.A. de C.V. está domiciliada en realidad en un centro de negocios que ocupa Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos, quien es fundador y actualmente CEO del fondo de inversión Makech Capital, en Las Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.

Aunque la sociedad mercantil fue inscrita el 2 de mayo de 2018 en el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Torreón con un domicilio en el centro de la misma ciudad bajo el giro “comercio al por mayor de equipo y material eléctrico”, en el padrón de proveedores y contratistas de la administración estatal aparece por partida doble: la primera como contratista de “remodelaciones y acabados” (registro 3014), y la segunda como proveedor de “materiales para la construcción” (registro 6003). Ambas con domicilio en Avenida Prado Sur 274, colonia Lomas de Chapultepec VI, Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Una de las zonas con mayor plusvalía en el país.

En ambos casos facilitó como número de contacto un teléfono inexistente con lada de Torreón.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
El Gobierno de Coahuila está creando millonarios: de afanar pisos en Torreón, a oficina en Las Lomas. Ajá.
19 Mayo 2019 04:06:00
Los mismos de siempre, en el negocio del carbón
Luego de paralizar indirectamente la actividad minera en la Región Carbonífera por espacio de cinco meses, la Comisión Federal de Electricidad reactivó en abril pasado los pedidos de carbón para suministrar sus centrales termoeléctricas de Nava.

Y lo hizo –como se ha explicado aquí con anterioridad– dividiendo las 330 mil toneladas que adquirió entre dos: la mitad para Minera y Acarreos Flores, S.A.de C.V., y el 50% restante para Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) según se consignó en el contrato CFE-0001-CAAAA-0002-2019. Es decir, por primera vez la CFE quitó el monopolio del negocio al Gobierno del Estado.

Sin embargo lo anterior no impidió que ganasen los mismos de siempre.

A través del oficio PRODEMI/DG/83/19, la Promotora informó que son 69 sociedades mercantiles las beneficiadas de su mitad. Extractores, a definir por su actividad, aunque se hacen llamar productores a sí mismos.

Por un lado están los tradicionales, como Los Yutani de Sabinas o Los Kamar de Monclova. Por otro lado, en cambio, participan sociedades de reciente creación (marzo 2019, un mes antes de la subasta) domiciliadas en San Pedro Garza García, Nuevo León. Nuevos mineros que jamás han visitado un tajo, un pocito, o una cueva en su vida.

Allende las fronteras de Coahuila se vende la idea que toda una región depende del ciclo del carbón; que no existen –ni existirán– otras alternativas económicas. Con ello se justifica el atraso que supone la actividad extractiva y se retrasa una posible reconversión a mediano plazo, como se ha hecho en España o Alemania, por citar casos paradigmáticos.

Y en realidad los únicos que sacan dividendos son los políticos metidos en el negocio.

Entre los ganadores del 50% que corresponde a la Prodemi está Rogelio Montemayor García, hijo de Rogelio Montemayor Seguy, exgobernador de Coahuila. Usufructuario del fracking en Nuevo León, por cierto. También Antonio Nerio Maltos, director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento. O Luis Alfonso Rodríguez, exsubsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera.

Esta vez, en el pedido vigente con duración de cuatro meses, no fueron favorecidos. Pero Melchor Sánchez, exalcalde de Monclova; el lagunero Marcelo Torres, actual presidente del Congreso del Estado; Julio Long, alcalde de San Juan de Sabinas; Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, alcalde de Sabinas; y Lenin Flores Lucio, exalcalde de Sabinas, tienen participación en sociedades cuya razón de ser es el carbón, como consta en las actas constitutivas de sus respectivas empresas en poder de quien esto escribe.

Ahí la razón de que genere tanta rebatinga el huachicol de piedra.

No es casualidad que las gestiones, arrebatos, protestas y amenazas de judicializar el proceso hayan motivado que, el total de la producción, aún cuando no se pactó así en el “Concurso Abierto Internacional”, se entregue a CFE vía Prodemi. El intermediario y coyote oficial. De tal forma el empresario ganador del 50%, Antonio Flores Guerra, también deberá pasar a dejar su contribución para la caja chica. Un derecho de piso institucionalizado.

Cortita y al pie

Tan sólo de 2012 a 2016 la Prodemi se embolsó 783 millones 971 mil pesos por concepto de retenciones, descuentos y ajustes, de acuerdo con una investigación realizada por quien esto escribe, publicada en marzo de 2017. A juzgar por los recibos de “liquidación para pago” expedidos durante su gestión, Prodemi cobró sistemáticamente 13 impuestos a los productores de carbón, fincando la cuota en el “Fideicomiso de interés público” inscrito el 15 de marzo de 2013 en el Periódico Oficial.

Según ese Fideicomiso (artículos Cuarto y Quinto) por cada tonelada comprada Prodemi descontaría 28 pesos a los productores a fin de invertirlos en infraestructura, programas sociales y seguridad para la Región Carbonífera. En la práctica, no obstante, fueron rebajados 13 rubros que sumaban 73 pesos por tonelada. A ello hay que agregar cálculos desventajosos para los mineros por fórmulas poco claras como “humedad excedente”, “poder calorífico” y “costo de eliminación de agua”; bonificaciones “por manejo y disposición de ceniza” y “por azufre”; y penalizaciones “por carbón en estado de rechazo” sin que exista un control de procesos que permita verificar su legalidad.

La última y nos vamos

Y como Prodemi es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Finanzas, una vez entra el dinero a la licuadora de recursos no vuelve a conocerse su destino final.

Ahora bien, al estilo del moreirato, ésta cambió de personalidad jurídica en febrero de 2017 cuando –a iniciativa de Rubén Moreira– el Congreso local expidió la Ley que creó la Impulsora Minera del Estado de Coahuila, dependiente de la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo. No pasó nada con ella. Posteriormente volvieron a revivir la Prodemi en 2018 sin explicación de por medio.

Así como éste hay otros ejemplos de cómo en los últimos años, con ese modus operandi, el grupo en el poder deslocaliza evidencia, rota funcionarios, borra huellas, pierde la pista de auditorías y fiscalización… y vuelve a empezar.

Borrón y cuenta nueva. No hay delito que perseguir. A eso le apuestan.
16 Mayo 2019 04:06:00
La casta de privilegiados que ocupa $46.8 millones en camionetas blindadas
Hay prioridades. Una de las primeras compras del Gobierno de Coahuila que inició funciones el 1 de diciembre de 2017 fueron cuatro camionetas blindadas. Empezando enero de 2018 ya las habían adquirido directamente, sin estorbosas licitaciones ni enfadosas rendiciones de cuentas. Dos para uso del Gobernador, Miguel Riquelme, y dos para la Secretaría de Gobierno. Primero lo primero.

Los cuatro vehículos fueron vendidos por Transportadora de Protección y Seguridad, S.A. de C.V., de Monterrey, Nuevo León, a un costo total de 12 millones 703 mil pesos. El hecho fue documentado en su día, sin embargo un alud de nuevos acontecimientos enterró la polémica generada en la opinión pública.

Pero ahí no acabó la protección personal para funcionarios estatales de primer nivel.

De marzo a julio del año pasado fueron adquiridas otras 11 unidades blindadas a un mismo vendedor de Torreón: Auto Mall, S.A. de C.V. También sin licitación y sin pasar por ninguna contraloría. Cuatro en marzo, dos en mayo y cinco en julio. La Administración estatal desembolsó por ellas 34 millones 167 mil pesos, como consta en los comprobantes fiscales en poder de quien esto escribe.

Esas 11 camionetas, cabe señalar, las registraron como “usadas” para efectos administrativos aunque las facturaron a precio de nuevas. Se trata de tres Suburban (dos modelo 2017 y una 2018), tres Tahoe también del 2018, y cinco Grand Cherokee: cuatro de ellas 2018 y una más 2017. Todas con el nivel de blindaje IVP, que resiste proyectiles perforantes y todos los calibres de armas, incluyendo largas automáticas.

La Secretaría de Finanzas pagó 3 millones 216 mil pesos por cada una de las Tahoe. Las cuatro Cherokee de 2018 se adquirieron a 2 millones 950 mil pesos por unidad, y la de 2017 por 2 millones 850 mil pesos. Las dos Suburban de 2017 en 3 millones 298 mil pesos individualmente, y la de 2018 a 3 millones 273 mil pesos.

Así, entre los 15 vehículos identificados, suman 46 millones 870 mil pesos.

El caso supone una relación directa con la presunta seguridad que goza Coahuila, y genera una pregunta socarrona pero a la vez obligada: ¿a qué le temen y de quién se protegen?

También concierne al privilegio que implica formar parte del grupo en el poder que mete las manos al presupuesto anual durante un sexenio (aunque ellos, en su defensa, dirán que asumen riesgos): transportarse todo ese tiempo dentro de una burbuja, ajenos a la realidad que viven 3 millones de habitantes en la entidad.

Primero sus dientes, después sus parientes. Y si algo sobra, para repartir entonces al interés colectivo.


Cortita y al pie

Ahora bien, ¿no había ya camionetas blindadas en uso que debieron desocuparse y reasignarse durante la entrega-recepción del Poder Ejecutivo a finales de 2017?

¿Dónde quedaron? O mejor dicho: ¿quién se las quedó?

Profundicemos más en el cuestionamiento: ¿durante cuántas administraciones el Estado debe absorber los costos asociados a seguridad de exfuncionarios? ¿Se trata, en ese supuesto, solo de servidores públicos en retiro (o en la banca, según se vea) o también se da trato preferencial a sus familiares y a otros gremios?

Y como las respuestas pueden ser evadidas legalmente con el argumento de que comprometen la seguridad de los involucrados, y no hay obligación de transparencia, se abre una coyuntura para el uso discrecional de recursos. Lo mismo sucede con 156 elementos de Fuerza Coahuila cumpliendo funciones de acompañamiento y seguridad privada, asignados al servicio de anteriores funcionarios, como evidenció Grupo Zócalo (10/02/19). Al tratarse de información reservada por las mismas razones, no existen controles efectivos para observar y regular el uso de la fuerza pública con fines particulares.


La última y nos vamos

Finalmente, otro punto a controvertir: el negocio. La compañía neoleonesa que se llevó 12 millones 703 mil pesos, Transportadora de Protección y Seguridad, S.A. de C.V., sí está registrada en el padrón de proveedores y contratistas del Gobierno del Estado.

En cambio, el proveedor de Torreón favorecido con 34 millones 167 mil pesos, Auto Mall, S.A. de C.V., sociedad mercantil que pertenece al empresario lagunero Guillermo Murra Talamás, no cuenta con registro vigente.

Ni falta que hace. Estuvo presente durante la faraónica fiesta de cumpleaños donde se definió públicamente a Riquelme como candidato a Gobernador por el PRI, en octubre de 2016, y su respaldo al Mandatario en lo que va de su gestión es lo que verdaderamente importa. Pago de favores, le llaman.
14 Mayo 2019 04:06:00
150 días para revisar 2 mil 955 votos
El pasado 9 de diciembre, 2 mil 955 militantes del PAN en Coahuila de los 4 mil 124 totales, votaron para renovar su Comité Directivo Estatal. Luego de 72 horas para contar y recontar las papeletas, resultados cambiantes, protestas, toma del edificio sede, e intervención policiaca, la elección fue impugnada casi al finalizar el plazo: a la medianoche del 14 de diciembre de 2018.

Si bien el expediente pasó primero por la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, han transcurrido ya 150 días a la fecha y todavía no hay una resolución del juicio en el Tribunal Electoral de Coahuila.

¿Tan difícil es emitir un veredicto? ¿Qué señales de humo, y de dónde, esperan los magistrados Elena Treviño, Sergio Díaz y Ramón Guridi para pronunciarse luego de casi medio año con el caso detenido?

El fenómeno es absurdo por donde se vea. Kafkiano. Equivale a contar 20 sufragios cada 24 horas. O considerando que la demanda consta de 36 hojas, a leer una página cada cuatro días.

Y pese a que no estamos inmersos en proceso electoral y por tanto están desahogados laboralmente, el Tribunal sólo ha resuelto 16 asuntos menores a través del mismo número de sentencias en lo que va de 2019. Uno por semana. O cinco por cada juzgador en todo ese tiempo. Un turno al mes en promedio para estos.
Aunque en el pedir está el dar, una queja de sólo 36 hojas parecería insuficiente para echar abajo un proceso que inició para el PAN el 16 de octubre, aunque haya sido éste totalmente desaseado como lo fue.

Se ha demostrado con suficiencia, y vaya que Coahuila es laboratorio electoral por excelencia del país, que las elecciones no siempre se ganan en las urnas. Por el contrario, intervienen factores externos.

Sin embargo podrían suceder varios escenarios, en teoría. Cabe la posibilidad que confirmen a Jesús de León como presidente del CDE, o que revoquen su triunfo, anulen el proceso por completo y ordenen repetirlo. No es posible, por ejemplo, que recuenten y eventualmente cambien los resultados a favor de Mario Dávila, el quejoso.

Acostumbrados a cachar votos y canjearlos por cuotas de poder elección tras elección, los panistas encontraron en el retraso procesal del Tribunal Electoral de Coahuila el pretexto perfecto para justificar su eterna inacción y escasez de ideas: que no pueden realizar actividades ordinarias permanentes ni específicas ya que se mantienen a la expectativa. Para qué actuar, si todo lo actuado en un momento dado podría decretarse nulo, dirían en defensa de su ineptitud.

Ahora bien, si tomamos en cuenta los tiempos desde que la convocatoria para elegir Comité Directivo Estatal fue publicada, técnicamente lleva el PAN siete meses descabezado y al momento de redactar estas líneas no hay siquiera sesión programada para la semana en curso en el Tribunal Electoral de Coahuila, quien aprovecha el “plazo razonable” al máximo.

Aunque su actuación tampoco es garantía de algo, pues el caso que da pie a esta columna podría llegar a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dejando sin efecto su trabajo.

Cortita y al pie
Tampoco extraña su lentitud. Se trata de un denominador común en los órganos (presuntamente) autónomos en el estado.

Todo se atora. Nada se ejecuta. Engrosan expedientes, deliberan, teorizan, procrastinan, se atascan entre papeleos inútiles y vuelven a empezar. El ciclo de simular, el verbo que mejor describe la vida en Coahuila.

La última y nos vamos
Por lo demás, el PAN en la entidad es un instituto político estéril. Que no gana ni ganando. Le sucedió en las elecciones para la Gubernatura del estado, en 2017, donde terminó la jornada con ventaja y le arrebataron el resultado. Y ocurrió en la conformación del Congreso actual, donde a la mitad de la Legislatura LXI no ha podido imponer agenda legislativa pese a que ocupa temporalmente la presidencia de la Junta de Gobierno y obtuvo mayoría de curules como Coalición junto a la UDC.

¿Quién se quedará con el control del partido –y particularmente con el ansiado reparto de candidaturas– en Coahuila para los próximos comicios locales de 2020?

Es fácil saberlo respondiendo algunas preguntas. ¿Con quién desearía interactuar el grupo en el poder? ¿A quién le tiene tomada la medida? ¿Con quién puede ‘negociar’ y ganar siempre? ¿Quién lanza críticas de coyuntura pero es inofensivo en realidad?

Pues ése será el vencedor. El rival a modo que necesita el PRI-Gobierno.
Al tiempo.
12 Mayo 2019 04:06:00
El negocio de la familia Riquelme Gorgón
De repente al Gobierno de Coahuila le dio por promocionar joyería de diseñador. Y no sólo eso, se volvió su prioridad en la pauta informativa que a diario genera.

En marzo, por ejemplo, no hubo asunto de mayor relevancia para la comunicación social del Ejecutivo –y a las pruebas me remito– que “La Semana de la Plata 2019” y particularmente la exposición “Brillos del Desierto”, celebrada la noche del 21 a propósito del Solsticio de Primavera.

La publicidad en radio y televisión al respecto se puede cuantificar desagregando la cantidad de impactos pautados con ese tema, de lo ejercido el primer trimestre del año por concepto de “servicios de publicidad”, que al 31 de marzo sumaba 283 millones 787 mil 850 pesos, según el avance de la cuenta pública.

Ahora bien, sin duda debe tratarse de una coincidencia que, dentro del roster de cinco diseñadores convocados al evento, apareciera encabezando Marcela Alejandra Riquelme Gorgón, hija mayor del Gobernador del Estado, Miquel Ángel Riquelme Solís.

La crónica periodística del acontecimiento que da pie a esta columna relata que “Marcela Riquelme fue la estrella de la noche, pues su colección sorprendió a propios y extraños”.

Cuestionada al respecto, la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, a través del oficio SECTUR/UT/011/2019, manifestó que Gobierno del Estado “no realiza ninguna participación económica”.

Y añadió: “el involucramiento contemplado es solamente de gestión de promoción y difusión del evento”.

Con una rapidez inaudita para su acostumbrado actuar, la Secretaría de Finanzas, interpelada por separado, en un plazo de cinco días informó que “no, no y no” transfirió recursos de ninguna índole a la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Torreón, quien se adjudicó la paternidad del evento Brillos del Desierto.

Tres veces, con insistencia y la intención explícita de remarcarlo, a través del documento SEFIN/UT/473/2019 dirigido a quien esto escribe.

Sin embargo el 17 de marzo de 2018 la primogénita del mandatario estatal constituyó con 50 mil pesos de capital una sociedad mercantil denominada MRiquelme, S.A. de C.V. ante la Notaría Pública número 4 de Torreón, como consta en el instrumento notarial 23 en poder de quien esto escribe.

La persona moral tiene por objeto el diseño, creación, invención, producción, fabricación, manufactura, maquila, compra, venta, importación, exportación, distribución, venta a comisión y comercio en general de objetos de joyería de oro, plata, cobre y fantasía.

Y se compone sólo de dos socios: la susodicha, con 30 acciones, y su madre y presidenta Honoraria del Patronato DIF Coahuila, Blanca Marcela Gorgón Carrillo, con las 20 restantes. El 60 y 40 por ciento respectivamente.

Como administrador único y apoderado general figura la propia Marcela Riquelme, y del órgano de vigilancia está encargado José Alberto Zárate Montoya.

Hasta aquí el último dato no tendría mayor relevancia de no ser porque Zárate Montoya laboró como subdirector (o jefe) de Contabilidad en el Ayuntamiento de Torreón mientras lo presidió Miguel Riquelme, bajo la jerarquía de Javier Lechuga, director de Egresos.

Pero actualmente figura en el organigrama del DIF Coahuila como coordinador de Adquisiciones, dependiente de la Dirección Administrativa, con clave de tabulador MM01.

Cortita y al pie
Zárate Montoya, cabe señalar, cuenta en su expediente con una detención por abuso de confianza, luego de que presuntamente sustrajo materia prima de su centro de trabajo, una fábrica de mármol en La Laguna, en 2004 (El Siglo de Torreón, 12/02/04).

¿Se imagina usted el escándalo nacional que se armaría si en lugar de una hija de Riquelme se tratase de un hijo de Andrés Manuel López Obrador?

La última y nos vamos
Por lo demás, qué generosa y desinteresada es la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón.

Mira que organizar un evento en Las Dunas de Bilbao (con gastos de transporte incluidos, montaje, viáticos a expositores y cena con vino incluido), gestionar la difusión de una pauta publicitaria en prensa durante al menos un mes, presentaciones de promoción hasta con cinco meses de anticipación, pagar planas a todo color en revistas que no se caracterizan por su economía, y emprender actividades relacionadas durante una semana por el centro de Torreón, habla de un poder adquisitivo considerable… que por supuesto no tiene.
09 Mayo 2019 04:06:00
Los Moreira en la nómina de Coahuila
Luego de que gobernase Coahuila un Moreira de 2005 a 2011, y otro Moreira de 2011 a 2017, se podría llegar a pensar –de manera cándida, por supuesto– que La Docena Trágica había concluido.

El pasado 26 de abril, sin embargo, el Instituto Electoral de Coahuila trajo a cuento el apellido cuando su Consejo General aprobó el registro del partido político local Unidos, de Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo de Humberto Moreira Valdés.

La polémica se focalizó, básicamente, en que le diese cabida en el reparto anual de prerrogativas.

Así, depositando su motivación en el Acuerdo 29/2019, le fueron asignados 2 millones 282 mil 141 pesos para el “sostenimiento de actividades ordinarias permanentes” en 2019, más otros 146 mil 709 pesos para “actividades específicas”.

Como detalle a destacar del caso, la consejera presidenta Gabriela de León Farías emitió un “voto razonado”, como consta en el Acuerdo 26/2019 ¡para oponerse a que otro consejero se opusiese al registro del partido de Moreira Jr.!

Así como se lee. El asunto, al día de hoy, está impugnado y pendiente de resolución.

Pese a que la opinión pública reaccionó como pocas veces lo hace, Rubén Humberto no es el único Moreira que recibirá parte del presupuesto de egresos del Estado este año.

En el organigrama del Instituto Estatal de Desarrollo Docente e Investigación Educativa, órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación, al 28 de septiembre de 2018, última fecha de actualización, aparecía como empleado de la administración pública estatal el menor de los hermanos Moreira Valdés, Iván, quien cobra como Auxiliar de Gestoría Administrativa, dependiente de la Dirección de Gestión Administrativa.

Y aquí sucede un asunto peculiar: si bien reporta las categorías de trabajador E7817 y E4078, estas no corresponden al tabulador de sueldos del personal de educación básica en el Estado.

Es decir, no se puede saber cuál es su salario vía información pública de oficio.

Junto a su hermano, Álvaro, secretario de Organización en el PRI estatal, son socios de la persona moral Gigi Desarrollos, S.A. de C.V., creada en 2012.

El referido Instituto Estatal de Desarrollo Docente e Investigación Educativa, cabe señalar, es dirigido por Margarita Loera Leza, exesposa de Rubén Moreira.

Y siguiendo el árbol genealógico, el hijo de ambos, Rubén Isaac Moreira Loera, funge como subdirector de área en el Tribunal Superior de Justicia.

Claro, en el Poder Judicial, “independiente” del Ejecutivo en el papel.

Ahora bien, Elisa Evangelina Moreira Valdés, hermana de los exgobernadores, continúa como titular en la Dirección de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, también en la Secretaría de Educación.


La otra hermana, Montserrat Moreira Valdés, es Coordinadora de Control y Seguimiento, en la Dirección Estatal de Servicio Social dependiente de la Secretaría de Educación.

Pero a su vez existe la familia Ramos Moreira. Sobrinos de los exgobernadores.

Álvaro Ramos Moreira es Auxiliar Administrativo de Materiales, dependiente de la Subdirección de recursos financieros, materiales y servicios, en el mismo Instituto Estatal de Desarrollo Docente e Investigación Educativa. Por si fuera poco su hermano, Eduardo Alberto Ramos Moreira, también aparece adscrito ahí.

Ambos figuran como socios en la empresa Construcciones, Desarrollos y Suministros Immer, S.A. de C.V., constituida en 2008.

Luz Elena Ramos Moreira, por su parte, se desempeña en el DIF Estatal, y Elisa Tanahiri Ramos Moreira, en la Secretaría de Educación.

Cortita y al pie

Si no hay un Moreira de apellido al frente del Poder Ejecutivo no puede haber nepotismo, se dirá en su defensa.

Si existen 14 mil empleados en la administración pública estatal no es descabellado que los lazos familiares coincidan en unos cuantos de ellos. Ajá.

La última y nos vamos

“Más Moreira. Mejor Coahuila”, decía el slogan de la campaña en 2011.

Y así seguimos.
07 Mayo 2019 04:06:00
Acaban $34.8 millones de Coahuila junto a canal de aguas negras en Chalco
Una vivienda en obra negra junto al canal de aguas negras Solidaridad, en Valle de Chalco, Estado de México, es el domicilio fiscal que facturó 34 millones 800 mil pesos al Gobierno de Coahuila el pasado 11 de julio por “servicios profesionales de representación y relaciones públicas”.

A través de una transferencia electrónica, a nombre de la persona moral Asesores Actualizados, S.A. de C.V., la Administración estatal encabezada por Miguel Riquelme pagó en una sola exhibición la referida cantidad compuesta por 30 millones de pesos en “honorarios” más el 16% de IVA trasladado, como consta en un comprobante fiscal digital por internet emitido a las 00:02 horas, 10 días después de la jornada electoral de 2018, en poder de quien esto escribe.

Sin embargo, luego de verificar las inscripciones en la Oficina Registral 101 de Chalco del Registro Público de Comercio, no existe constancia de que Asesores Actualizados, S.A. de C.V. esté constituida legalmente como sociedad mercantil. Tampoco lo está en ninguna otra demarcación territorial. Aunque, por separado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) validó su clave del Registro Federal de Contribuyentes y certificó la factura que da pie al negocio.

Eso supone que la empresa sirve para facturar y simular operaciones financieras nada más. Lo anterior no es descabellado pues que una sociedad mercantil aparezca en el SAT con registro vigente ha sido la justificación perfecta para que, en el pasado, gobiernos estatales como el de Veracruz o Chihuahua, cuyos responsables están recluidos y prófugos respectivamente, desviaran miles de millones de pesos del erario.

En el listado completo de contribuyentes con operaciones inexistentes del SAT, cabe señalar, es común encontrar combinaciones alfanuméricas de características similares a las del caso en comento, y 88 razones sociales que contienen la palabra “asesores” han sido identificadas como empresas fantasma al 26 de marzo de 2019. Ojo.

Inclusive Asesores Actualizados, S.A. de C.V. se llegó a ubicar en el buró de crédito durante 2016 gracias a un adeudo pendiente con Unión de Crédito Integral del Golfo (Unicreo), S.A. de C.V., y aquí viene un detalle curioso e interesante a la vez: en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), por su parte, fue registrada con una dirección inexistente, en el centro de Saltillo, Coahuila, bajo el giro “asesoría financiera”.

Por eso llama la atención que, con esos antecedentes económicos y administrativos, tenga la capacidad para vender “servicios” por casi 35 millones de pesos al Gobierno del Estado, y particularmente que este la utilice como proveedor.

CORTITA Y AL PIE

Ahora bien, como contacto de Asesores Actualizados, S.A. de C.V. ante el SIEM se identifica Óscar Balcázar Quintero, presidente de la empresa Serta de México, S.A. de C.V., también conocida como SERTA Marketing Intelligence Partner, quien junto a sus hijos Óscar y Laura, de apellidos Balcázar Guzmán, realizan estudios de investigación de mercado y opinión pública desde Naucalpan, Estado de México.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Camino al domicilio del ‘proveedor’, en un sector marginado de Chalco, Estado de México, aquejado por la inseguridad y especialmente una crisis de feminicidios, solo una barda con pintura descorchada y añejada por el sol que todavía publicita al perredista Juan Zepeda, candidato a Gobernador del Estado de México en 2017, y un baile “totalmente gratis” con la Orquesta colombiana de salsa Guayacán, sirven como referencia.

Es una construcción ubicada a 100 metros de un canal de aguas negras, con un rótulo exterior desvencijado que alguna vez anunció a la miscelánea Mónica tras un cuarto de ladrillo grafiteado con la palabra “puta”, techo de lámina acanalada y un portón oxidado por el paso del tiempo.

Ahí, justo ahí, vendieron “servicios profesionales de representación y relaciones públicas” al Gobierno de Coahuila por 34 millones 800 mil pesos.

Sí, representación y relaciones públicas. Sin procedimientos de asignación directa ni licitación, y sin figurar siquiera en el padrón de proveedores y contratistas del Gobierno del Estado.

Ajá.
05 Mayo 2019 04:06:00
El Moreirato no se crea ni se destruye, solo se transforma
El Moreirato –como la materia misma– no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y para demostrar lo anterior, haré un ejercicio comparativo entre sendos boletines de prensa emitidos por la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado en 2009 y 2019, a propósito de La Tarjeta de la Gente y La Mera Mera respectivamente.

Martes 17 de marzo 2009. “En re-presentación del Gobernador, Humberto Moreira Valdés, el Secretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, inició desde Monclova el programa La Tarjeta de la Gente, un apoyo para la economía familiar de los coahuilenses en situación de desventaja”.

Viernes 3 de mayo 2019. “El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, cumplió hoy uno más de sus compromisos con los coahuilenses al poner en marcha el programa en apoyo a la economía de las familias La Mera Mera, tarjeta bancarizada para beneficiar a más de 330 mil familias coahuilenses; con ella recibirán múltiples apoyos de los programas institucionales y podrán realizar depósitos, retiros, pagos y compras”.

Martes 17 de marzo 2009. “(Villarreal) aclaró que la tarjeta se entregará a personas con discapacidad, adultos mayores, a las jefas de familia que mantengan su casa y a familias que tras un estudio socioeconómico se detecte tengan necesidad de un respaldo”.

Viernes 3 de mayo 2019. “En su mensaje, el Gobernador Miguel Riquelme aseguró que los beneficios que tiene esta tarjeta se irán ampliando, ya que todas las secretarías estatales pondrán atención en las mujeres coahuilenses, en la población más vulnerable y en todo tipo de gestión que necesiten realizar”.

Martes 17 de marzo 2009. “El Secretario de Finanzas mencionó que además de la Tarjeta de la Gente, el Gobierno del Estado impulsa otros programas de apoyo a la economía familiar como útiles escolares, uniformes escolares, seguro escolar, Farmacias de la Gente, inscripciones sin actas, Mano con Mano en la Nutrición (leche) y Focos de la Gente”.

Viernes 3 de mayo 2019. “Durante este año y hasta el mes de diciembre, a través de esta tarjeta recibirán apoyos mensuales de despensa, artículos de lim-pieza, abasto y ayudas adicionales.Asimismo, con esta tarjeta recibirán descuentos en materiales de construcción y atención médica, así como estímulos fiscales en los servicios que brinda el Gobierno. Obtendrán descuentos en copias certificadas de actas del Registro Civil, en licencias de conducir, cartas de no antecedentes penales y pago de control de derechos vehiculares, en las entradas a eventos y centros deportivos, museos, conciertos y actividades culturales”.

Martes 17 de marzo 2009. “El inicio del programa se realizó en el Centro Comercial Súper Gutiérrez, uno de los establecimientos autorizados para hacer efectiva la tarjeta”.

Viernes 3 de mayo 2019. “Además, se establecieron acuerdos para descuentos en tiendas de autoservicio y empresas con servicios básicos, como farmacias y laboratorios clínicos”.

Martes 17 de marzo 2009. “Acompañado de Samuel Rodríguez Martínez, Coordinador General de Programas del Gobierno del Estado en Monclova, (Vi-llarreal) entregó las primeras tarjetas a beneficiarios. De esta manera, recibieron su Tarjeta de la Gente Manuela Soriano Carreón, Paula Lira Valero, María Florentina Zamudio, María Salomé Hernández Espino y Martín Jiménez”.

Viernes 3 de mayo 2019. “Durante este evento se realizaron entregas simbólicas de La Mera Mera a jefas de familia de la Región Sureste. Las beneficiarias Francisca Tobías García y Tita Betancourt agradecieron al
Gobernador Riquelme por haber puesto en marcha este programa que apoyará de gran manera a la economía familiar, y le reconocieron por cumplir uno de sus compromisos con los que menos tienen”.

CORTITA Y AL PIE
En 2009, mientras Javier Villarreal presentaba La Tarjeta de la Gente, en esas mismas fechas junto con Jorge Torres López hacía transferencias millonarias desde Brownsville y McAllen hacia islas Bermudas vía el banco JP Morgan.

Hoy Torres está recluido y a Villarreal han decomisado 21.8 millones de dólares que, comprobó Estados Unidos, salieron de las arcas de Coahuila mientras espera sentencia condenatoria el 23 de julio en la Corte para el Distrito Oeste de Texas.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
Diez años después la historia se repi-te. Volvemos al punto de inicio. A donde la calamidad para Coahuila comenzó. A donde no había deuda pública ni estába-mos a punto del colapso financiero. A donde comenzó El Moreirato.

Pareciese que nada pasó en la última década y hay que comenzar de nuevo.

Ahora bien, la historia es cíclica. Si los carniceros de ayer son las reses de hoy, ¿los carniceros de hoy serán las reses de mañana?
02 Mayo 2019 04:06:00
Villarreal acabó de ‘cantar’; viene la sentencia
El próximo 23 de julio a las 11 de la mañana, la Corte para el Distrito Oeste de Texas dictará sentencia en San Antonio a un viejo conocido de nuestro estado: Héctor Javier Villarreal Hernández.

Así lo acordó el pasado lunes 29 de abril el juez de Distrito que lleva su asunto, Xavier Rodríguez, quien comunicó estar listo y ordenó avisar al exsecretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila que actualmente goza libertad condicional, a través de su abogado Michael J. Wynne.

“Se le aconseja que se presente al procedimiento”, afirma Rodríguez en el documento 48 del caso, en poder de quien esto escribe.

Con ello se modifica por treceava vez desde 2015 la fecha para poner punto final al juicio que inició en febrero de 2014, aunque a diferencia de las 12 anteriores, ésta vez se adelanta en lugar de aplazarse, ya que originalmente se había pautado para el 24 de julio y se recorrió al día 23 del mismo mes.

Lo anterior sólo puede significar una cosa: a Javier Villarreal se le terminó el repertorio, o se le fue la voz.

Pero acabó de “cantar”, sea como sea, luego de testificar nueve ocasiones ante la justicia estadunidense mediante comunicaciones selladas que fueron recibidas los días 8 de febrero y 22 de septiembre de 2016, 28 de febrero y 12 de abril de 2017, 27 y 28 de junio del mismo año, 12 y 13 de junio de 2018, y el 30 de noviembre del año anterior por última vez.

También como muestra de colaboración había entregado antes 12 inmuebles localizados en Texas y valuados en 21.8 millones de dólares (414 millones 200 mil pesos al tipo de cambio actual) que, determinó la Corte, salieron de las arcas de Coahuila y por eso fueron confiscados pese a que acá nadie con autoridad para hacerlo los reclamó.

Con ello, el 29 de agosto de 2014 se libró del expediente 2:13-cr-01075-1 ante la Corte para el Distrito Sur de Texas, con sede en Corpus Christi, que había iniciado el 20 de noviembre de 2013 bajo las acusaciones de fraude bancario, estafa y lavado de dinero entre países, acciones que tenía detectadas Estados Unidos desde 2008, cuando era éste secretario de Finanzas con Humberto Moreira Valdés, y su causa se transfirió al Distrito Oeste.

Actualmente, a 83 días de la sentencia, tiene pendientes tres cargos: lavado de dinero, conspiración para defraudar a Estados Unidos, y transportar en el comercio exterior instrumentos monetarios robados.

Sin embargo, a partir de las pesquisas que motiven su testimonio, otros actores podrían ser indiciados.



Cortita y al pie

Cabe señalar que a otro viejo conocido de Coahuila, Rolando González Treviño, la misma Corte también concluyó su caso 5:14-cr-00338-OLG el 29 de septiembre de 2016 gracias a que éste presentó previamente un acuerdo de culpabilidad.

Y como Grupo Zócalo adelantó en sus ediciones del pasado lunes, la audiencia que celebraría el 29 de abril de 2019 la Corte para el Distrito Oeste de Texas, división San Antonio, a Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, se difirió hasta el próximo 3 de junio.

Asimismo se amplió el plazo para que sus abogados presenten un acuerdo de culpabilidad hasta el viernes 17 de mayo, mismo que originalmente había vencido el 12 de abril.

La Corte concluyó que del 29 de abril al 3 de junio es un “periodo razonable” para permitir a los abogados de Muñoz Luévano “negociar” y ordenó reponer así las fases del caso 5:15-cr-00024-DAE que habían concluido.



La última y nos vamos

No hay más allá. Luego de seis años de litigio está por desahogarse un caso fundamental para entender la política contemporánea en Coahuila: el de Javier Villarreal.

¿Iniciarán otros, con protagonistas diferentes y nuevos nombres?

Al tiempo.
30 Abril 2019 04:06:00
El ‘competidor’ en los negocios de Aguillón, que también es Aguillón
El domingo pasado en este mismo espacio, quien esto escribe reveló que gracias a 30 asignaciones de contratos, consumadas entre 2012 y 2018, el DIF Coahuila desembolsó 647 millones mil 792 pesos a Hugo Armando Aguillón Rosales, hermano de David, el exfuncionario estatal con Humberto y Rubén Moreira, además de secretario de Gobierno con Jorge Torres López.

Pero Gabriel, el otro hermano del “exitoso” proveedor de “despensas saludables”, desayunos fríos y calientes, es actualmente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado desde 2008, y Carlos Mauricio, un hermano más vinculado al erario, es servidor público en la presente Administración Fiscal General.

Se dijo aquí que, gobierne quien gobierne, sus intereses y sus negocios nunca se ven afectados.

Sin embargo hay un hecho curioso: las licitaciones donde concursa la empresa de Aguillón Rosales, Servicios Integrados Gama, S.A. de C.V., se distinguen porque muchas veces “compite” contra ella otra persona moral denominada Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila, S.A. de C.V., que básicamente factura los mismos insumos al DIF Coahuila (desayunos fríos, calientes, y “despensas saludables”).

El asunto, sistemáticamente, se vuelve cosa de dos. O gana uno, o gana el otro. Pero nadie más alcanza rebanada del pastel. Se trata de un redituable duopolio que absorbe todo el dinero público en esa partida durante los últimos siete años. No dejan ir un solo peso.

Y aquí viene lo interesante. De acuerdo con el Registro Público de Comercio, Hugo Armando Aguillón Rosales también es representante y delegado especial de la mencionada Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila, S.A. de C.V., sociedad constituida en 2008, que aumentó su capital social en 2013, ya que cuenta con el 66% de las acciones como consta en la escritura 25, folio 5564, en poder de quien esto escribe.

De igual forma es suya, pues. El 34% restante pertenece, al menos en el papel, a Juan Antonio Alvarado Jiménez, de Monclova, Coahuila, quien funge como gerente general de la misma, pone su firma en todas las transacciones y presta el domicilio fiscal.

Para dimensionar los alcances del negocio: Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila, S.A. de C.V. facturó al DIF Coahuila 4 millones 166 mil 96 pesos en 2012; 37 millones 980 mil 920, en 2013; 40 millones 651 mil 284, en 2014; 48 millones 270 mil 049, en 2015, y 10 millones 638 mil 277 pesos, en 2016.

Así se agenció 141 millones 706 mil 626 pesos en cinco años. Proporcionalmente, según su acta constitutiva como sociedad mercantil, del total, 93 millones 526 mil 373 corresponderían a Hugo Armando Aguillón Rosales, y 48 millones 180 mil 253 a Juan Antonio Alvarado Jiménez.

Ahora bien, aunque al 10 de abril de 2019 mantiene su vigencia en el padrón de proveedores y contratistas de Gobierno del Estado en la especialidad “compra-venta de alimentos perecederos y no perecederos”, no hay registro de más transacciones a su nombre de 2017 a la fecha.

Ni las necesita. Mientras Servicios Integrados Gama, S.A. de C.V. obtuvo 647 millones mil 792 pesos, Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila, S.A. de C.V. otros 141 millones 706 mil 626 pesos producto de 10 contratos.

Entre ambas suman 794 millones 708 mil 418 pesos.

CORTITA Y AL PIE

Los Aguillón, se ha dicho aquí, son jugador, árbitro, directivo, césped, balón y hasta el que vende las semillas. Y ahora también su propio competidor.

Repito la pregunta: ¿Para qué sirven las instituciones relacionadas con la rendición de cuentas anticorrupción (Auditoría Superior del Estado, Sistema Estatal Anticorrupción, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Superior de Justicia del Estado, Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas) cuyo “funcionamiento” –o disfuncionalidad, según se vea– absorbe mil 350 millones de pesos anuales del presupuesto?

¿Para quién gobiernan en realidad los que gobiernan?


LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Por lo demás, ¿qué mafia de dimensiones incalculables está incrustada en la médula de la administración estatal ordeñando las finanzas?
28 Abril 2019 04:05:00
Los $647 millones que se embolsó Aguillón; el negocio transexenal
Pasan los años y sin embargo hay cosas que nunca cambian en Coahuila. Insertados en la médula, protegidos por la columna vertebral de la administración estatal, da igual si gobierna un Moreira, una vaca dormida o un Riquelme. El caso es que sus intereses y sus negocios nunca se ven afectados.

Se trata de los Aguillón Rosales. Hugo Armando, Carlos Mauricio, Gabriel y David.

El primero de ellos, como apoderado legal de Servicios Integrados Gama, S.A.de C.V., ha facturado 647 millones mil 792 pesos al Gobierno del Estado entre 2012 y 2018.

Su coartada son los desayunos calientes, fríos y “despensas saludables”. Obviamente no gana todas las licitaciones, ya que de vez en cuando a otro proveedor le caen algunos convenios de cuantía menor –como si en Coahuila hiciera falta despistar algo– aunque sistemáticamente la llave de los recursos conduce hacia su huerto y el DIF estatal es su pozo inagotable. Esté quien esté al frente como director. Lo mismo con Héctor Franco, Jaime Bueno, Sergio Sisbeles y Roberto Cárdenas. Todos autorizan las compras.

Así se agenció 109 millones 31 mil 797 pesos en 2018, vía dos contratos firmados el 10 de agosto con una vigencia que termina el 30 de junio y 31 de julio de 2019 respectivamente. Otros 75 millones 801 mil 912 en 2017; 105 millones 447 mil 86 más en 2016; 107 millones 14 mil 432 en 2015; 88 millones 940 mil 328 en 2014; 117 millones 313 mil 816 en 2013, y 43 millones 452 mil 421 pesos en 2012.

Un total de 647 millones mil 792 pesos producto de 30 transacciones. Para dimensionar: equivale a que la administración estatal le extendiera un pago mensual de 7 millones 702 mil pesos, o 256 mil 746 pesos diarios… ¡durante siete años consecutivos!

Irónico, ya que por “insuficiencia de liquidez de carácter temporal”, Finanzas acaba de pedir prestados 200 millones de pesos a HSBC el pasado 7 de febrero.

Por si fuera poco, Servicios Integrados Gama, S.A.de C.V. cobró 8 millones 667 mil 250 pesos en 2018 al DIF Saltillo.

¿A nadie le resulta extraño siquiera que gane siempre un mismo proveedor y que sus contratos prácticamente sean copia uno del otro, año tras año? ¿Para qué sirven las instituciones relacionadas con la rendición de cuentas anticorrupción (ASE, SEA, TJA, TSJE, SEFIR) cuyo “funcionamiento” (o disfuncionalidad, según se vea) absorbe mil 350 millones de pesos anuales del presupuesto?

Ahora bien, como todo mundo sabe, Hugo Armando Aguillón Rosales es hermano de David, excoordinador de la Unidad de Comunicación Social con Humberto Moreira, exsecretario de Gobierno con Jorge Torres, exjefe de la Oficina del Ejecutivo y exasesor “en políticas públicas” con Rubén Moreira, quien actualmente se halla en las sombras, fuera del marco institucional, entrando y saliendo a placer por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, tras bambalinas, como el fantasma de la ópera.

Pero también es hermano de Carlos Mauricio, administrador central de Contabilidad, y de Gabriel, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Cortita y al pie

Y aquí viene lo interesante. Suponiendo que iniciase una investigación (¿quién le pone el cascabel al gato?) sobre Servicios Integrados Gama, S.A. de C.V., uno de los funcionarios que tendría el expediente sobre su escritorio es Álvaro Hernández Álvarez, a la fecha “subdirector de Cuenta Pública y Patrimonio de la Dirección de Tesorería” en la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Dicho personaje fungió como “contador general” de la empresa Servicios Integrados Gama, S.A de C.V. de 2009 a 2015, y en ese último año se integró a la ASE inicialmente como “auditor de la Dirección de Análisis e Implementación”. Es decir, él mismo como contador privado le facturó al Gobierno de Coahuila. Ya como servidor público, en el referido supuesto, sería encargado de “investigarse”. El resultado, por tanto, sería predecible: no hay delito que perseguir.

La última y nos vamos

Los Aguillón son jugador, árbitro, directivo, césped, balón y hasta el que vende las semillas. En el Estado el conflicto de interés es una quimera y el estatismo en el poder todo lo corrompe. Es física: agua que se estanca se pudre.

Y nadie hace nada. Acaso porque Coahuila no le importa a nadie, ni allende las fronteras ni tierra adentro.

25 Abril 2019 04:06:00
Y el día llegó: cooperó ‘El Mono’
Hasta ayer, Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono”, no había movido pieza desde que fue detenido el 18 de marzo de 2016 en Madrid. Curiosamente, dos meses después de que fue arrestado en la misma ciudad el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés.

Luego de casi tres años preso en España, Muñoz Luévano fue extraditado a Texas el 28 de febrero del presente año. Y como se consignó en este mismo espacio el domingo anterior, renunció a la audiencia inicial de detención que se desarrollaría el 6 de marzo ante la Corte para el Distrito Oeste, con sede en San Antonio.

El 12 de abril venció el plazo para que su defensa presentase un “acuerdo de culpabilidad” sin que lo hiciera, lo cual, interpretado en sentido contrario, supone que defenderá en juicio su presunta inocencia, aunque la Corte dejó abierta la posibilidad siempre que “demostrase una buena causa que motivase la demora”. El día 22 fue la fecha límite para que alegara lo que a su derecho convenga, identificara testigos y formulara preguntas y, a más tardar el 24 del presente mes, debió realizar solicitudes para contar con un intérprete y atuendo adecuado para la audiencia del próximo día 29.

No es cualquier asunto de trámite. Se trata –como se dijo en pretérita columna– del personaje que infiltró a la “nueva clase política” de Coahuila que tomó el poder en 2005 y a la fecha lo detenta. Del empresario cuya red de negocios ilícitos creció en relación directamente proporcional a la red de negocios ilícitos del moreirato: conforme se asentaban los unos y extendían su influencia, ganaba el otro. Y viceversa.

Localmente Estados Unidos, a través del procurador Russell Leachman, le acusa por cuatro cargos que se pueden resumir a tráfico de drogas y uno más por posesión de armas, delitos por los que alcanzaría entre 5 y 40 años de prisión, aunque también hay posibilidades para libertad condicionada y fianza de hasta 10 millones de dólares. Pero una sexta imputación extraterritorial, lavado de dinero, es trascendental, ya que ahí es donde los tentáculos del expediente 5:15-cr-0024-DAE alcanzan a México. Y especialmente a Coahuila, su estado natal.

El oriundo de Matamoros actualmente se halla detenido en San Antonio, bajo custodia, en espera de la audiencia que será encabezada por la magistrada Elizabeth “Betsy” Chestney. Pero ayer al mediodía la Corte para el Distrito Oeste de Texas recibió una comunicación a nombre de Muñoz Luévano, la cual fue presentada por su abogado, Roy R. Barrera Jr.

Luego de admitirla, el movimiento fue sellado judicialmente; es decir, se tramitó de manera confidencial, suceso que puede ser interpretado como cooperación.

Y no sería extraño, pues Héctor Javier Villarreal, exsecretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, quien también es indiciado criminal ante la misma Corte para el Distrito Oeste de Texas, ha colaborado con la justicia estadunidense durante nueve ocasiones: el 8 de febrero y el 22 de septiembre de 2016, el 28 de febrero y el 12 de abril de 2017, el 27 y 28 de junio del mismo año, el 12 y 13 de junio de 2018, y el 30 de noviembre del año pasado por última vez, como consta en los documentos del caso en poder de quien esto escribe.

Cortita y al pie

En Coahuila, en cambio, Villarreal fue exonerado por el Poder Judicial del Estado el 10 de diciembre de 2018 a través del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal, quien dejó “sin efecto” la orden de “reaprehensión” en su contra e inmediatamente después clasificó el expediente donde consta la resolución como “secreto”, como se puede verificar en la Lista de Acuerdos.

La última y nos vamos

Por lo demás, “El Mono” ya cooperó e indirectamente se trata de un momento trascendental para la vida política contemporánea de Coahuila, ya que supone descargar en terceros la culpabilidad y poner a otros en la picota.

La justicia viene de Texas, y la semana entrante habrá noticias.
23 Abril 2019 04:06:00
El faraónico edificio (y el insultante derroche) del IEC
El pasado 8 de abril el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) falló a favor del que ha sido el contratista favorito del Gobierno del Estado en los últimos 15 años: Efrén Miguel Ayala de la Garza, y le asignó un contrato por 74 millones 699 mil pesos para construir el edificio que –proyectan– sería su sede a partir de febrero de 2020.

Justo es decirlo: nunca un órgano electoral autónomo, desde 2001 que nació el IEPCC, ha tenido instalaciones propias. Durante 18 años han pagado alquiler.

Sin embargo que la cantidad a invertir provenga de ahorros en dos ejercicios fiscales, como argumenta el secretario ejecutivo y presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del IEC, Francisco Javier Torres, no significa que deban derrochar lo que a fin de cuentas es dinero público. Que los recursos hayan permanecido guardados dos años tampoco quiere decir que se les pierda la pista, o que no se puedan fiscalizar ya. Y lo más importante: que la obra sea necesaria no justifica el favoritismo ni la simulación.

Siempre cercano al poder, en el último año (2005) que gobernó Enrique Martínez, por ejemplo, Ayala de la Garza se agenció 20 millones 711 mil 289 pesos producto de 10 contratos. En el sexenio de Humberto Moreira, por su parte, 112 millones 374 mil 533 pesos gracias a 35 transacciones. Inclusive hasta en el interinato de Jorge Torres, cuando cerraron abruptamente la llave luego del desastre financiero, alcanzó obra por 910 mil 114 pesos merced a dos convenios.

Ya con Rubén Moreira en la gubernatura tan solo en la remodelación del Ateneo Fuente (2014) de Saltillo se llevó 32 millones 664 mil 929 pesos. Entre otros 10 contratos sumó 25 millones 673 mil 042 pesos más.

Antes del caso que nos ocupa, en el mismo IEC Efrén Miguel ya era un viejo conocido. Entre junio y julio de 2017 se adjudicó 1 millón 281 mil 156 pesos a razón de cinco contratos por conceptos que van desde un flete de papelería hasta suministro e instalación de aparatos de aire acondicionado, colocación de internet, líneas telefónicas, red eléctrica, alumbrado y servicios sanitarios, entre otras obras de adecuación a las oficinas que ocupan desde 2016, y por las que pagan actualmente 192 mil 597 pesos mensuales de renta. En 2018 se embolsó 3 millones 82 mil 670 pesos más, merced a tres procedimientos de invitación restringida.

El 19 de marzo de 2019 se publicaron las bases de la convocatoria para la construcción del edificio de cuatro niveles en un terreno que les donó el desaparecido IEPC, cuyo valor en libros es de 6 millones 906 mil 534 pesos. Posteriormente se difundió esta en el Periódico Oficial del Estado y a través del sitio web del IEC. El 22 del mismo mes hubo una “visita de obra”, el 25 junta de aclaraciones, para el 2 de abril se presentó la única propuesta, el día 8 emitieron el fallo y el 12, a más tardar, el ‘ganador’ debió formalizar el trato con su firma.

Así, en sólo 24 días, el IEC adjudicó el negocio al único participante simulando una “licitación pública nacional” que identifican con el número IEC/001/2019. “Contra la resolución del fallo no procederá recurso alguno”, menciona en sus bases de participación. Ajá.

CORTITA Y A PIE

Pero así como tienen un constructor preferido, en el IEC también tienen un proveedor favorito. A través de 20 adjudicaciones directas, la empresa “XM Comunicación, S.C.” de Alejandro Gómez Millan ha facturado 3 millones 476 mil 061 pesos desde que inició operaciones el IEC por trabajos como grabaciones de conferencias, fotografías o “conceptualización de imágenes oficiales para redes sociales”.

Su pareja, Mónica Miosotil Jiménez Estrada, ocupa el cargo de Coordinadora de Relaciones Públicas e Imagen Institucional del IEC. Pese al evidente y latente conflicto de intereses, nada ha impedido a “XM Comunicación, S.C.” ser el máximo beneficiario dentro de un listado que incluye, entre otras cosas, pagos directos por miles de pesos a comunicadores locales, identificados por nombre y apellido sin ningún rubor, gracias a servicios presuntamente prestados al Instituto.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Mientras el Instituto Nacional Electoral canceló su millonario proyecto de nueva sede y reintegró mil 70 millones de pesos a la Tesorería de la Federación en 2017, “derivado de las medidas de austeridad, racionalidad y economía en el ejercicio del gasto”, como consta en el acuerdo INE/JGE13/2017, el IEC acaba de amarrar un negocio de casi 75 millones de pesos en un plazo de 24 días con uno de sus contratistas favoritos.

Por lo demás, ¿a manos de quién pasaría el inmueble si –de fructificar una iniciativa de Morena que aguarda espacio en la agenda legislativa– desaparecen los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas y el INE atrae las elecciones de todo el país?

Nos quedaría, pues, un mausoleo a la corrupción y el fraude. Una obra insultante y faraónica.
21 Abril 2019 04:06:00
Ahí viene ‘El Mono’
El próximo lunes 29 de abril, regresando de las vacaciones de Semana Santa, iniciará en San Antonio el juicio contra Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, “El Ingeniero”, “Manuelito”, “The Engineer” o “El Inge”, como lo identifica la Corte para el Distrito Oeste de Texas en documentos oficiales.
No es cualquier asunto de trámite. Se trata del personaje que infiltró a la “nueva clase política” (Humberto Moreira, dixit) de Coahuila que tomó el poder en 2005 y a la fecha lo detenta.

Uno de los empresarios más poderosos de la entidad en su día, de alcance transnacional, cuya red de negocios ilícitos creció en relación directamente proporcional a la red de negocios ilícitos de el Moreirato: conforme se asentaban los unos y extendían su influencia, ganaba el otro. Y viceversa. Cuestión de trazar una línea del tiempo y comparar ambas trayectorias.

Localmente Estados Unidos, a través del procurador Russell DeWitt Leachman, le acusan por cuatro cargos que se pueden resumir a tráfico de drogas y uno más por posesión de armas, delitos por los que alcanzaría entre cinco y 40 años de prisión, aunque también hay posibilidades para libertad condicionada y fianza de hasta 10 millones de dólares.

Pero una sexta imputación extraterritorial, lavado de dinero, es trascendental ya que ahí es donde los tentáculos del expediente 5:15-cr-0024-DAE alcanzan a México. Y especialmente a Coahuila, su estado natal.

Muñoz Luévano renunció a la audiencia inicial de detención que se desarrollaría el 6 de marzo. El 12 de abril, por su parte, venció el plazo para que su defensa presentase un acuerdo de culpabilidad. No sucedió. Interpretado en sentido contrario, significa que se consideraría inocente y no aceptaría colaborar como testigo protegido. Mañana 22 es la fecha límite para que alegue lo que a su derecho convenga, identifique testigos y formule preguntas como consta en los documentos del caso, en poder de quien esto escribe.

A más tardar el 24 del presente mes se deben hacer las solicitudes para que cuente con un intérprete y atuendo adecuado durante la audiencia. A partir de entonces solo resta conformar el jurado. Pero esa presunta inocencia supone descargar en terceros la culpabilidad. Desviar la atención hacia otros lugares.

Poner a otros en la picota. Ojo.

El oriundo de Matamoros (Coahuila) actualmente se halla detenido en San Antonio, bajo custodia, en espera del juicio que será encabezado por la magistrada Elizabeth “Betsy” Chestney a partir del 29 de abril. Al respecto el abogado texano Roy. R. Barrera Jr. se presentó como su representante ante la Corte, el 27 de febrero, el día previo a su extradición desde Madrid, donde permaneció tres años arrestado. El 5 de marzo también fue admitido a su causa el veterano jurista José R. Puig, quien tomó el caso desde Miami, Florida.

Cortita y al pie

Sin embargo, a diferencia del exsecretario de Finanzas de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, quien también es indiciado criminal ante la misma Corte para el Distrito Oeste de Texas y su sentencia ha sido aplazada en 12 ocasiones desde 2015, la última el pasado 10 de enero, las características del proceso al que está sujeto Muñoz Luévano hacen poco probable que suceda lo mismo.

Dicho en otras palabras: es cuestión de semanas para que caiga la primera ficha y se ponga en marcha el ansiado por algunos, y temido por muchos, efecto dominó.

La última y nos vamos

“Nosotros vamos a actuar conforme a la ley, en lo que tengamos que realizar”, dijo a nombre del Gobierno de Coahuila el secretario de Gobierno, José María Fraustro, cuestionado al respecto (25/03/19).

Se vale destornillarse de risa. La justicia viene de Texas y la semana entrante habrá noticias. Mientras tanto, a ponerse doble pañal quienes así lo requieran.
18 Abril 2019 04:06:00
¿A qué juegan los emisarios de la 4T en Coahuila?
El martes pasado, en un acontecimiento atípico y atemporal, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, estuvo en Saltillo para firmar un convenio con el Gobierno de Coahuila y la Fiscalía General del Estado.

No fue cualquier evento burocrático más. Se trata de colaboración entre las tres partes para el “intercambio de información” en un tema tan delicado como el lavado de dinero.

Pero intercambio, justo es decirlo, implica ida y vuelta. Dar y recibir. Y aunque por jerarquía la UIF encabeza el esfuerzo conjunto, esa retroalimentación –por llamarle de alguna manera– supone para la Administración estatal conocimiento privilegiado y acceso a investigaciones que puede usar a favor de terceros.

Qué pasaría, para dimensionar, si la UIF le comparte datos confidenciales y Gobierno del Estado, en cambio, reporta no tener novedades o da pistas que llevan a ninguna parte. En ese supuesto más que colaborar sería poner la Iglesia en manos de Lutero. Ojo.

Sí, la política es básicamente negociación y entendimiento. Correcto. Hay que buscar acuerdos y encontrar coincidencias entre las diferencias. También. Entre órdenes de gobierno debe haber comunicación. Es cierto.

Sin embargo la UIF, por la naturaleza de sus atribuciones, no necesita del Gobierno de Coahuila ni de la Fiscalía General del Estado para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita que, dicho sea de paso, algunas veces nacen en las mismas oficinas públicas. Si bien nada le impide firmar convenios, sus competencias contenidas en el Reglamento Interior de la SHCP y el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, le facultan para actuar como enlace entre Hacienda y las entidades federativas y municipios.

No necesita pedirles permiso, pues. Ni tampoco pedirles perdón. Simplemente aplicar la ley, nada más. ¿Qué vino entonces a legitimar Santiago Nieto?

“El objetivo es generar un modelo de colaboración, mandar un mensaje de que la Federación y el Estado de Coahuila trabajarán de la mano para poder combatir las conductas delictivas desarrolladas por el lavado de dinero”, aseguró. Y aquí deseo subrayar dos frases: “Un mensaje”. “De la mano”.

¿Quién y para qué necesita ese mensaje? ¿Por qué deberían agarrarse de la mano?

No es un asunto menor. En la cuenta pública de 2010, misma que a la fecha todavía permanece reservada, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila detectó un faltante de 18 mil millones de pesos provenientes de créditos ilegales que nunca entraron a ejercicio fiscal. Ahí habría materia de trabajo para la UIF, por ejemplo. O en las empresas fantasma detectadas en 2016 que facturaron alrededor de $470 millones, por citar otro.

Ahora bien, un porcentaje importante de servidores públicos que participaron en el desaseo financiero son los mismos que ahora se ofrecen para limpiar indirectamente la casa. ¿Se puede simplemente cambiar de cachucha sin sufrir las consecuencias?

No, salvo que se trate de simular. La serpiente no se muerde la cola.

CORTITA Y A PIE

Inconexo de la política federal, por la libre, pareciera más bien que Santiago Nieto no aprendió la lección. En 2017 lo removieron de la Fepade por faltar a uno de los principios elementales de su actuar: la secrecía de la investigación. Posteriormente inició una batalla legal para defenderse, pero terminó reculando a los pocos días.

Llegó al Gobierno de la Cuarta Transformación con etiqueta de vengador, pero su trabajo no es de reflectores, sino de resultados.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Por lo demás, ¿a qué juegan los emisarios de la Cuarta Transformación en Coahuila?

Primero la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, vino a legitimar una supuesta obra de la que ni siquiera tienen el proyecto ejecutivo, como se consignó en este mismo espacio. Luego el affaire con Jesús Torres Charles, exfiscal del Estado que fue designado Administrador de Investigación Aduanera y posteriormente depuesto, aunque, a la fecha, utilizando dos criterios del INAI el SAT mantiene ocultas las razones de su contratación como consta en el documento 0610100044119, en poder de quien esto escribe.

Y ahora Santiago Nieto llega para firmar un convenio de colaboración con el PRI-Gobierno de Coahuila que técnicamente sólo favorece al grupo que ha permanecido en el poder desde 2005.

¿Realmente pensará que se trata de un logro? Lograr qué, exactamente.
16 Abril 2019 04:06:00
El regreso del ‘proveedor pozole’ a Coahuila; 10.4 millones en ‘bolos’
Un proveedor de Humberto, al que pagó adeudos Rubén, y ahora contrata de nuevo Miguel. Es Restaurantes Industriales Pozolcali, S.A. de C.V., y acaba de agenciarse 10 millones 407 mil 500 pesos del Gobierno de Coahuila por bolsitas con dulces diversos, popularmente conocidas como “bolos”.

El gasto, para dimensionar, representa el 5% del préstamo por 200 millones de pesos que acaba de contratar la Secretaría de Finanzas el pasado 7 de febrero con HSBC debido a “insuficiencia de liquidez de carácter temporal”.

Pero la administración estatal y los “bolos” mantienen una continua relación que ninguna “insuficiencia” separa.

Dos días antes de concluir el sexenio encabezado por Rubén Moreira, por ejemplo, éste comprometió una cantidad prácticamente similar del presupuesto: 10 millones 591 mil pesos, para “bolos”.

Un año atrás, en 2016, Riviera Álamo, S.A. de C.V., sociedad vinculada con la exfuncionaria María Esther Monsiváis, le facturó 700 mil presuntos “bolos” por 7 millones de pesos.

Y como documentó Grupo Reforma en su día una vez descubierta la trama de las empresas fantasma, la entonces Secretaría de Desarrollo Social repartió formatos a beneficiarios de programas para que firmaran de conformidad haber recibido los supuestos ‘apoyos’ adquiridos en 2013, 2014 y 2015, y con ello justificar el saqueo.

En el asunto que actualmente nos ocupa, se trata de 905 mil piezas que serían repartidas a partir del 12 de abril en los 38 municipios a propósito del Día del Niño, adquiridas en promedio a 11 pesos cada una como consta en el expediente CE-905002984-E5-2019. El 2 de abril se falló y el día 9 se adjudicó el negocio.

Sin embargo se adquieran directamente como en el pasado, o a través de licitación pública como en el presente, la utilización de recursos 100% estatales en la transacción dificulta la rendición de cuentas.

Y no se trata de cualquier vendedor. Como se mencionó al principio, en 2016 el Gobierno de Coahuila fue obligado judicialmente a transparentar la lista de proveedores a los que pagó adeudos correspondientes al sexenio 2005-2011, misma que había permanecido 14 meses oculta sin una fundamentación clara como consta en los “expedientes clasificados como reservados” de Finanzas.

El suceso representó uno de los puntos de unión más obvios entre ambas administraciones Moreira. Dicho de otra forma: Rubén solicitó un crédito por 2 mil 500 millones de pesos (que le autorizó el Congreso el 7 de octubre de 2014) y lo utilizó para saldar algunas deudas de Humberto pese a que el financiamiento debió ser destinado a “inversión pública productiva” de acuerdo con el Artículo Cuarto del Decreto 596, publicado el 10 de octubre de 2014 en el Periódico Oficial.

En el documento de seis páginas denominado “Esquema de regularización con proveedores”, sin mayores detalles figuraron 239 personas físicas y morales y, entre otras cosas, consta una cuenta pendiente por 7 millones 566 mil 927 pesos con la razón social Restaurantes Industriales Pozolcali S.A. de C.V., sin especificar la causa.

Ojo: no hablamos del famoso establecimiento “Pozollcalli” (con dobles eles) que cuenta con 34 franquicias especialistas en pozole a lo largo del país (ninguna en Coahuila, por cierto).

Cortita y al pie

Después del incidente relatado, Restaurantes Industriales Pozolcali S.A. de C.V. vuelve a la escena pública como único participante de una convocatoria por “bolos”, a pesar de que su objeto social es la “elaboración de alimentos y servicio a comedores industriales”, como consta en su acta constitutiva que data del 31 de agosto de 2006.

La última y nos vamos

Por lo demás, primero despensas (con un sobreprecio de 50 millones, como aquí se consignó), luego “bolos”. El objetivo, a fin de cuentas, es lo que el filósofo francés Frédéric Gros llama “lograr la obediencia por el estómago”: el coahuilense, en este caso, sólo conoce “la gratitud del vientre”.
14 Abril 2019 04:06:00
Los 2 mil 150 millones que ‘se perdieron’ en la licuadora
Hablan de él como si fuese un personaje de ficción o una leyenda urbana: que ahí viene, que ya mero llega. Cada ejercicio fiscal se espera su advenimiento. Al final, año tras año, todo queda en atole y el dedo en la boca. Es el Impuesto Sobre Nómina (ISN) de Coahuila.

Se trata –para contextualizar– de una contribución estatal que por decreto debe utilizarse para financiar infraestructura, a través de un “Comité Técnico”. Ese 2% de remuneraciones gravadas al trabajador Gobierno del Estado se obliga a “devolverlo” –por así decirlo– en obras públicas.

Para tal efecto convoca y reúne a una muestra representativa de contribuyentes denominados empresarios, les hace creer que se involucran en las decisiones colectivas y que tienen voz y voto; entonces deasayunan papaya una o dos veces al año y deliberan en conjunto. Cada uno lleva su cartita de peticiones prioritarias con la candidez de quien se sienta con Santa Claus en un centro comercial; finalmente se toman la fotografía oficial con los representantes del Gobierno y, acaso sin darse cuenta, legitiman el proceso periodo tras periodo.

Sin embargo el ISN nunca aparece. O no como debería, al menos.

En septiembre de 2011, al renegociar –y legalizar– por primera vez la deuda pública de Coahuila, se conformó un “fideicomiso maestro” integrado entre otros recursos por el 100% del ISN recaudado por el Estado, “presente y futuro”. Así permaneció hasta el segundo refinanciamiento, en 2015. Es decir, durante cinco años el ISN fue comprometido como garantía de pago y nunca se destinó a su finalidad original.

En 2016, ya liberado, lo metieron a gasto corriente y entonces, al año siguiente, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna identificó una doble contabilidad en las obras etiquetadas con fondos del ISN, mismas que fueron financiadas a su vez con fondos federales. El señalamiento, justo es decirlo, nunca fue desmentido con suficiencia ni seriedad por Ismael Ramos, secretario de Finanzas y responsable del asunto. La presunta duplicidad y eventualmente desvío que acusó el CCI Laguna se cuantificó en 715 millones de pesos en irregularidades, tan solo en aquella Región.

Alguien podría llegar a pensar que, en 2018, ya con Miguel Riquelme al mando, la historia debería ser diferente. Pues no. El ISN del año pasado, su primero del sexenio, se perdió en la licuadora de recursos.

De acuerdo con el oficio AGJ/2153/2019 de la Administración Fiscal General del Estado, en 2018 recaudaron 2 mil 150 millones 282 mil 411 pesos por concepto de ISN. Un 5% menos de la estimación original, misma que había sido 2 mil 253 millones 400 mil 111 pesos, como estableció la Ley de Ingresos 2018.

Ahora bien, en ese mismo documento con fecha 29 de marzo afirma que no es de su competencia saber en qué se gastó el dinero. Cabe señalar que su ejecución había sido condicionada por el Gobernador a la tercera reestructuración de la deuda. Primero ésta y después lo otro.

A su vez el 5 de abril la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM), mediante oficio SIDUM/745/2019, manifestó ser “notoriamente incompetente” para informar qué pasó con el ISN y se justificó en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Ese ordenamiento, no obstante, menciona que a dicha Secretaría corresponde “coordinar y gestionar la inversión pública en infraestructura estatal (…) determinar la idoneidad de obras públicas (…) la licitación y contratación de las mismas”.

Dicho de otra forma: nadie más que ellos está obligado a saber y dar respuesta.

CORTITA Y A PIE

Ya estamos en el cuarto mes de 2019. Si la proyección es recaudar 2 mil 664 millones 207 mil 117 pesos de ISN en el año, según la Administración Fiscal General, ya debe haber 777 millones en la bolsa, al 15 de abril.

Pero actualmente no existe un fondo especial para resguardar los ingresos captados. Si el Gobierno del Estado no tiene voluntad política para diferenciar las partidas, y si no quiere crear un fideicomiso exclusivo para manejar el ISN, difícilmente formará un “registro único de obra pública” para identificarlas primero y dar seguimiento después.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

El tema es muy simple: meten el dinero a la licuadora de recursos, a fin de generar una mezcla turbia de fuentes de financiamiento que no deje ver qué contiene lo licuado ni en qué medida.

Sin controles constitucionales ni contrapesos materiales, todo se reduce a un acto de fe. A confiar, por ejemplo, que sí se gastaron los 2 mil 150 millones del ISN 2018 en obras.

Y no, ni así salen las cuentas.
11 Abril 2019 04:06:00
Una raya más al tigre: otros $200 millones en deuda
Justo cuando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) está en su punto más alto de la última década, y por consecuencia no es recomendable contratar créditos, el Gobierno de Coahuila pidió dos préstamos en un plazo de dos meses. El primero por 550 millones de pesos, el 7 de diciembre pasado, y el segundo el 7 de febrero por 200 millones más. En ambos casos a un año de plazo, con HSBC, y argumentando “insuficiencias de liquidez de carácter temporal”.

La historia es cíclica. Con la mano en la cintura repiten la fórmula.

De entrada, el primer contrato se inscribió hasta el 30 de enero en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. Es decir, 50 días después de ser formalizado. El segundo documento –prácticamente una réplica del firmado en 2018– ni siquiera ha sido registrado.

En el primer caso, luego de ser descubierta, el 18 de febrero la Secretaría de Finanzas no tuvo más remedio que revelar a través de un comunicado que sí pidió un crédito (para pagar “aguinaldos de burócratas y sindicalizados”, además de “bonos y gratificaciones al magisterio” y conceptos indefinidos a la UAdeC, ITS, Cobac, Cecytec, Universidad Tecnológica de Parras y el Instituto Tecnológico de Múzquiz), el cual había ocultado a la opinión pública y especialmente al Poder Legislativo. En el más reciente, en cambio, todavía no llegan las explicaciones.

Y aquí viene lo interesante: el negocio –para HSBC, por supuesto– radica en la TIIE del Banco de México fluctuante. En este momento alrededor de los 8.50 puntos aunque con la tendencia a subir 25 unidades cada trimestre. Eso significa, haciendo una proyección, que se ubicaría para mediados de abril en 8.75, a 9.00 en julio y 9.25 en octubre. A ello habría que agregar 70 puntos base, como se convino en ambos documentos con HSBC. La cifra final, por tanto, quedaría ya no en el 9.20 inicial, sino 9.45, 9.70 y 9.95 respectivamente conforme avance el calendario de 2019.

Eso significa que, por 550 y 200 millones de capital que prestó respectivamente HSBC al Gobierno del Estado, tendrá que desembolsar éste alrededor de 75 millones por concepto de intereses.

¿Tiene sentido endeudarse así?

Y eso que, según las actas de fallo SEFIN/SSIC/003/2018 y SEFIN/SSIC/001/2019, se trató de la mejor opción posible.

Escandaloso es que su órgano revisor, el Poder Legislativo, no tenga conocimiento de los préstamos en tiempo real ni tampoco posea información de primera mano, muchos menos privilegiada, y termine como cualquier persona: enterándose a través de los medios de comunicación. Vamos, ni siquiera han podido sentar a Blas Flores en el Palacio Legislativo para explicar qué pasa con las Finanzas.

Así como la Secretaría encabezada por éste responde cualquier cosa, dilata, y hace sistemáticamente nugatorio el derecho a la información de los ciudadanos, al Congreso del Estado y la Auditoría Superior entrega mes a mes una relación de la deuda pública en un renglón. Sí, en un renglón, sin detalles mínimos como el monto que se debe a cada institución bancaria en particular.

Y no pasa nada.

Cortita y al pie

Como se dejó por escrito el 12 de marzo en este mismo espacio, Finanzas informó de manera oficial que gastó 652 millones 945 mil pesos en “asesorías” durante 2018. Pero también informó de manera oficial a quien esto escribe que sólo gastaron, en ese mismo rubro, sólo 11 millones 350 mil pesos.

Ese incidente, para contextualizar, revela en el fondo incapacidad para cumplir compromisos, desaseo, e irresponsabilidad en la gestión financiera.

¿Qué le hacen realmente al dinero una vez que entra a la licuadora de recursos?

La última y nos vamos

Mientras nada impida que se puedan pedir nuevos créditos a corto plazo gracias a “insuficiencias de liquidez de carácter temporal” (y técnicamente desde 2011 Coahuila padece “insuficiencia de liquidez de carácter temporal”) un rosario de mini deudas podrían acumularse a la deuda mayor en lo que resta del sexenio.

Ojo. Más rayas al tigre.
09 Abril 2019 04:06:00
¿Qué detiene al exgobernador de Coahuila preso?
El pasado 7 de marzo, encarcelado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México a la espera de resolución del amparo 111/2019-V-A que promovió contra su extradición a Estados Unidos, Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila, tuvo tiempo para contratar un abogado de San Antonio, Texas, y comisionarle su defensa en Corpus Christi.

Se trata de que interceda por él en el caso 2:13-cr-01075 que desde noviembre de 2013 sigue la Corte para el Distrito Sur de Texas.

Como consta en el documento 34 del expediente, en poder de quien esto escribe, el secretario de la Corte división Corpus Christi admitió el 7 de marzo al abogado penal Thomas J. McHugh como representante legal de Torres López, al concederle una dispensa especial, pues él no tenía licencia para ejercer en esa jurisdicción.

El veterano penalista, con despacho en San Antonio, es experto en defensas por fraude, delitos bancarios, evasión fiscal, lavado de dinero, extorsión, corrupción pública, apropiación indebida de fondos y conspiraciones. Además ayuda a recuperar bienes confiscados y a descongelar cuentas bancarias.

Le viene como anillo al dedo, pues.

Así, con la anexión de McHugh, ya son tres abogados a su causa, pues originalmente Torres López había contratado a Carlos A. Solís y Derek B. Hilley, también de San Antonio. Los tres comparten una característica en común: son exauxiliares de fiscales federales que ahora defienden particulares. Es decir, conocen las entrañas del monstruo.

Por lo demás, presidir durante 11 meses el Ejecutivo del Estado –su último trabajo, en 2011– debió ser harto redituable para Torres López, ya que pagar un pool de abogados que cobra en dólares no está al alcance de cualquiera.

Como se recordará, se le acusa de lavar 2 millones 762 mil 066 dólares siendo él secretario de Finanzas de Coahuila, fraude bancario, y además le fueron confiscadas dos propiedades en Montgomery, Texas, en 2014, por el Departamento del Tesoro, debido a su adquisición con recursos de procedencia ilícita, mientras él permanecía prófugo de la justicia –o a salvo, según se vea– en México.

Si bien el 12 de marzo le fue denegado el amparo que pidió su esposa y expresidenta del DIF estatal, Carlota Llaguno, en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México por incomunicación, tortura y extradición, sobreseyendo el expediente, esta semana cumplirá un mes en el limbo: no se va, pero tampoco se quedará indefinidamente pese a que ya cumplió dos meses en prisión, desde que fue ingresado el 6 de febrero.

Desde marzo de 2018 el Gobierno de los Estados Unidos busca su extradición para que sea procesado allá y, a fin de cumplimentar el proceso formal, requirió cinco copias certificadas de su orden de arresto, emitida el 8 de febrero de 2017, a la Corte para el Distrito Sur de Texas.

El asunto se convirtió, ya en México, en el expediente 30/2018 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual contiene la extradición internacional pasiva que conoció la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Y finalmente al Juzgado Décimo de Amparo le fue presentada copia certificada del referido documento, comprobando su existencia, y la declaración del director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, quien informó que “se determinó procedente declarar la detención formal con fines de extradición”.

Cortita y al pie

Mientras tanto la jueza texana responsable del caso, Nelva Gonzáles Ramos, quien anteriormente ha declarado culpable a otros exfuncionarios mexicanos (de Tabasco y Tamaulipas) por delitos similares a los que se imputan a Torres López, se frota las manos.

La última y nos vamos

Pero en nuestro país la legalidad y la realidad caminan por vía separada. Si factores externos no intervienen y provocan que se converjan en un punto determinado, pueden recorrer el camino en paralelo sin tocarse nunca.

Por ello, ¿de dónde tiene que llegar el empujoncito para que se destrabe la situación y consecuentemente se vaya Torres López? ¿Se necesita una petición formal, una carta, un tuit, exponer el tema durante la conferencia matutina del Presidente?

A qué esperan los que esperan, si acaso algo esperan.
07 Abril 2019 04:06:00
La rebatinga del carbón (y el síndrome de Salomón) en Coahuila
Al grano: la Comisión Federal de Electricidad comprará 165 mil toneladas de carbón por 176 millones 348 mil 700 pesos a un empresario de la Región Carbonífera que, de acuerdo con el Registro Público de Minería, no dispone títulos de explotación vigentes a su nombre.

Ahora bien: ¿lo anterior es ilegal?

Técnicamente no.

El asunto, sin embargo, raya en lo kafkiano: se pueden vender 165 mil toneladas del mineral a través de un concurso abierto internacional, sin disponer de ningún lote concesionado, y es perfectamente válido. Explico por qué. Bajo el nombre Concurso Abierto Internacional CFE-0001-CAAAA-0002-2019 la Comisión Federal de Electricidad licitó 330 mil toneladas del mineral con las características técnicas de la Cuenca de Sabinas. Si bien CFE exigía presentar 11 documentos para participar en la convocatoria, bastaba con acreditar existencia legal y personalidad jurídica. El proceso inició el pasado 22 de marzo, los documentos relativos estuvieron disponibles todo el tiempo, y sin embargo sólo hubo dos ofertas.

La esperada, de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi) que controla el Gobierno de Coahuila, y otra de Minera y Acarreos Flores, S.A. de C.V., que CFE calificó solvente. La empresa cumplió el pliego de requisitos, ofreció un precio más bajo y consecuentemente ganó la mitad de la partida.

Se diría, pues, que obtuvo recompensa por desafiar al statu quo. Pero el Gobernador del Estado, Miguel Riquelme, no piensa lo mismo. “Se van a meter en un problema porque la realidad de las cosas es que no tienen la capacidad de surtimiento (de carbón)”, declaró.

Al respecto el empresario detrás de Minera y Acarreos Flores, S.A. de C.V., Antonio Flores Guerra, proviene de una familia de mineros. Entre Cruz Alberto, Rogelio Ernesto, Jesús Oscar y Gerardo Antonio, todos de apellidos Flores Vega, cuentan con 11 registros de concesiones por una vigencia de 50 años –en poder de quien esto escribe– que abarcan un total de mil 235 hectáreas entre los municipios de Múzquiz, Sabinas, Nava, Piedras Negras e Hidalgo.

Pero la reacción del Mandatario deja entrever una intención de limitar la libre competencia. Como si su molestia tuviese origen en que alguien se salió del redil: “la organización social por parte del Gobierno del Estado había estado muy clara. El acuerdo fue que nadie viera la licitación por otra parte, sino a través

de Prodemi”. La realidad es que CFE fijó un precio base: mil 137 pesos por tonelada. Prodemi “con más de 90 productores” ofertó a mil 125 pesos, y Minera y Acarreos, constituida el 19 de octubre de 2016, a mil 68. Así, habrá 185 millones 728 mil 950 pesos a repartir entre los primeros, y 176 millones 348 mil 700 pesos para el segundo.

El contrato se formalizará el próximo viernes 12 de abril en la Ciudad de México y cumplirá el abastecimiento de cuatro meses a las dos centrales termoeléctricas de Nava (José López Portillo y Carbón II) mediante entregas semanales programadas.


CORTITA Y A PIE

Aunque también existe la ineludible lectura política. A juzgar por el fallo, más que ponerlos a competir, Manuel Bartlett, director de la CFE, aplicó la máxima de Maquiavelo: divide y vencerás.

A la rebatinga por el carbón, el pleito entre partidos, productores y facciones, pareciese que aplicó una decisión salomónica: la mitad para los agremiados a la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, es decir, para su manejador: Gobierno del Estado, y la otra mitad para una empresa denominada Mineras y Acarreos Flores, S.A. de C.V. que, bajo esa premisa, debería representar intereses opuestos a los del PRI-Gobierno.

Profundizando en las motivaciones del resultado, sin embargo, pareciese más bien una decisión a lo Herodes. Coahuila, en este momento, padece el “síndrome de Salomón”: el niño vivo

partido en dos.


LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

El monopolio del huachicol de piedra cambió de manos. Se dividió en dos. De no suceder nada extraordinario durante la próxima semana, ahora será duopolio.

Bienvenidos a la nueva realidad política en la entidad: cuáles chicharrones truenan más, y quién se lleva la rebanada más grande del pastel.
04 Abril 2019 04:06:00
Lo que cuesta, en dólares, liberar del fracking a Coahuila
En diversas ocasiones el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado su rechazo a la técnica del fracking en el país. Fundamentalmente por el daño al medio ambiente que provoca.

Primero lo afirmó en San Luis Potosí frente a manifestantes de la Huasteca; luego en Saltillo ante la sonrisa nerviosa de Miguel Riquelme; en otra ocasión al ser interpelado durante una conferencia matutina, el pasado 4 de febrero en Palacio Nacional, y la última vez registrada públicamente durante la conmemoración de los primeros 100 días de Gobierno.

Sin embargo, de la intención a los hechos hay un camino por recorrer.

No es para sentirse orgulloso, pero el primer convenio para explotar hidrocarburos mediante fractura hidráulica en México comprende una superficie de 398 kilómetros cuadrados en el área contractual Olmos, que involucra los campos Hidalgo, Emergente y Habano. Por supuesto, en Coahuila. Cinco kilómetros al noreste del municipio de Hidalgo. Y Lewis Energy, empresa de Texas, es quien tiene asignada la parcela desde marzo 26 de 2018 por un plazo de 5 mil 479 días. Es decir, 15 años de ejecución.

Si bien el caso ha sido prácticamente invisible a la opinión pública, la compañía texana está por concluir la primera de tres etapas programadas de trabajo en las próximas semanas, considerando que ha transcurrido un año a partir de la supuesta obtención de todos los permisos de operación que requería. Aunque también existe la opción de prorrogar el periodo un año más.

Para iniciar operaciones Lewis Energy requería 10 concesiones diferentes ante seis autoridades distintas de los tres niveles de gobierno. No obstante, al 16 de noviembre de 2018 no contaba con la “manifestación de impacto ambiental y social”, como consta en el oficio PEP-DG-SPBN-GOAA-1008-2018 en poder de quien esto escribe, emitido por Petróleos Mexicanos (Pemex) en el área Exploración y Producción.

En todo este tiempo sin noticias de su actuación debió perforar y terminar ya tres pozos horizontales. Con fracking, desde luego. Asimismo, construir tres caminos e igual número de localizaciones (con cercado, portón, guardaganado, contrapozo y señalización), edificar un sitio de recolección (con línea de descarga, calentador y separador), comprar 224 kilómetros cuadrados de información sísmica del “Cubo Galaxia”, y finalmente realizar estudios de laboratorio y evaluaciones petrofísicas.

A partir de ahí su plan de desarrollo contempla la perforación de 70 pozos hasta 2025. Pero aún estamos a tiempo de frenarlo.

Ahora bien, cancelar la vigencia de su contrato por cualquier causa o circunstancia, supondría una demanda por incumplimiento. Y de acuerdo con el documento 414104806, en poder de quien esto escribe, Petróleos Mexicanos tendría que pagar una indemnización fijada en 744 millones 660 mil 575 dólares que, en moneda nacional, equivalen a 14 mil 312 millones 376 mil 251 pesos, al tipo de cambio actual (19.22 por dólar).

Lo anterior significa, para dimensionar, el 38.5% de la deuda pública de Coahuila al día de hoy.

Cortita y al pie

Si bien se cancelaron las rondas 3.3 y 3.4 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos programadas para el 14 de febrero, donde se licitarían bloques a explotar con fracking en Tamaulipas, en congruencia sería necesario establecer a futuro un mecanismo para su prohibición. Puede ser un decreto del Ejecutivo, o una restricción legislativa.

No todo es dinero. Alternativas legales existen. A través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por ejemplo, es posible terminar anticipadamente las asignaciones de Pemex por motivos ambientales, o modificar los contratos existentes para excluir a los “no convencionales” de su plan de trabajo. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, por su parte, tiene facultades para negar la autorización a cualquier manifestación de impacto ambiental presentada que involucre fracturación hidráulica.

De igual forma la Secretaría de Energía es competente para decretar como zonas de salvaguarda las áreas con recursos no convencionales, y la Comisión Nacional del Agua podría revocar los lineamientos emitidos para la autorización del uso de agua para la fracturación hidráulica. Y el Congreso de la Unión podría descongelar las iniciativas de ley para la prohibición de la fractura hidráulica en México.

Cualquier asunto es posible si existe voluntad política.

La última y nos vamos

Lógicamente, implica otro fierro en la lumbre. Otro panal a patear. Otro round contra las calificadoras y los intereses transnacionales detrás de poderes fácticos.
02 Abril 2019 04:06:00
El año en que Coahuila imitó a Orwell
Y la distopía se hizo realidad: si nadie se interpone, en Coahuila se cumplirá la profecía que George Orwell publicó en su libro 1984: un Gran Hermano nos observará las 24 horas del día. En el caso que nos ocupa, a través de 1,281 cámaras de videovigilancia colocadas en 370 puntos estratégicos de los 11 municipios más poblados de la entidad (Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro, Monclova, Frontera, Acuña y Piedras Negras).

Ironía es que suceda justo en 2019, cuando por decreto ha sido nombrado Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado.

El que nada debe nada teme, se dirá en defensa del método.

Sin embargo, el miedo –real o provocado– no debería reducir nuestra esfera personal. La idea de entregar privacidad a cambio de seguridad conculca derechos. El Estado debe garantizar ambas: privacidad y seguridad, no sólo una.

Además de 1281 “ojos” digitales, de consumarse la iniciativa, la Administración estatal tendría un software a su disposición para magnificar y manipular la información obtenida con ellos (vehículos y placas, sí, aunque también tecnología de reconocimiento facial). Algoritmos de inteligencia artificial para la supuesta investigación y persecución de delitos.

Y como no dirían la ubicación de las cámaras, alegando reservas obvias por seguridad pública, siempre habría la tentación de usarlas para espionaje a adversarios políticos, grupos de presión, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y cualquier ciudadano incómodo al poder en turno. Una herramienta poderosa, en las manos equivocadas, se vuelve peligrosa.

El proyecto presentado contempla tener acceso a las fotografías de Plataforma México de la Comisión Nacional de Seguridad y, lo más inquietante del asunto, a la base de datos de las licencias de conducir. Al respecto cabe señalar que la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad encargó en 2018 la emisión del documento a la empresa Cosmocolor, S.A. de C.V., de Jorge Kahwagi Gastine, y para renovarlo actualmente se requiere dejar las huellas de los 10 dedos de las manos, iris del ojo, CURP, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y credencial para votar. Si usted tramitó el plástico sepa que dicho particular tiene vía libre a sus datos personales que por ley deberían estar protegidos.

Asimismo, Gobierno del Estado anticipó que buscaría un convenio con el INE para que permita cotejar los rostros obtenidos a través de la lente, con su padrón. No solo eso, a centros comerciales y negocios de la entidad que cuentan con circuito cerrado pediría enlacen su sistema con el C4, y a los ayuntamientos, lo mismo con sus cámaras urbanas a fin de maximizar la tecnología.

El acopio de datos, no obstante, debe tener límites y alcances, lineamientos, criterios de operación y, especialmente, monitoreo. ¿Quién vigila al que vigila? ¿Existiría un plazo para conservar la información recopilada? ¿Reproducirían esas imágenes en medios masivos de comunicación so pretexto de interés general?

El plan implica firmar un contrato por cinco años de servicio con la empresa Dahua, de China. Es decir, por lo que resta del sexenio. Y considerando que tardarían de seis a nueve meses en instalar los equipos, en 2020 iniciaría su funcionamiento que costaría, sin licitar, alrededor de 600 millones de pesos.

Así la seguridad acabaría convertida en un panóptico de Bentham –un lugar desde donde es posible verlo todo– y seríamos, pues, “el primer estado del país en acceder a esta nueva modalidad de vigilancia”. Una sociedad carcelaria. Pero lo anterior no es motivo de orgullo. Por el contrario, otra vez nos usarían de conejillo de indias. Como laboratorio. Lo hemos sido en el ámbito electoral, hacendario, ambiental y ahora también lo seríamos en seguridad.

CORTITA Y AL PIE

¿Usted se sentiría cómodo si un sujeto desconocido le observa desde un monitor vinculado a una cámara de videovigilancia cuando transita por la vía pública?

Para dimensionar lo frágil que resulta el llamado “sistema de videointeligencia”: si pasa varias veces por el mismo lugar (derecho al libre tránsito) le convertiría en sospechoso potencial. El aspecto físico (derecho a la personalidad) es otra variable a tomar en cuenta para desconfiar.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

No es ocioso recordar que ese camino, conduce a la represión política y social propia de regímenes totalitarios como el país asiático que vendería la tecnología. Seguridad aparente a cambio de vigilancia real es el punto de partida para la desaparición de la vida privada por exceso de transparencia. La negación de la personalidad. Un proceso de alienación de los individuos.

El Gran Hermano te vigila. Créame: no exagero.
31 Marzo 2019 04:06:00
Un sobreprecio de 50 millones en despensas
Si no hay cambio de planes, el Gobierno de Coahuila formalizará el próximo 3 de abril un contrato donde pagará 470 millones 712 mil 616 pesos por despensas. Las de siempre. Las que dosifica la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social entre un padrón de beneficiarios (332 mil personas) que se yuxtapone con la estructura de ciudadanos afiliados al PRI en la entidad. En su defensa dirán que dicho gasto representa solo 1% del Presupuesto de Egresos para el Estado en 2019.

Ese porcentaje, sin embargo, constituye la compra más abultada en el año a un mismo proveedor, en una sola exhibición. Se trata de un millón 321 mil 968 cajas con víveres, 660 mil 984 paquetes con artículos de limpieza, y 330 mil 492 perecederos, los cuales serán repartidos en 4 mil 362 puntos de los 38 municipios.

Hasta aquí no habría inconveniente –más allá del clientelismo– de no ser porque la Administración estatal comprará mucho más caro que otras entidades los mismos productos. El sobreprecio asciende a 50 millones 433 mil pesos.

Me explico. El ganador de la licitación CE-905002984-E2-2019 fue Grupo Industrial Vida, S.A. de C.V., de Zapopan, Jalisco. Para mayores referencias, propietario de la marca de cereales Granvita® y patrocinador del equipo de fútbol Chivas.

La empresa, en mayo de 2018, vendió 19 mil 933 despensas al Ayuntamiento de Zapopan y en junio 13 mil 403 al Gobierno de Michoacán.

Hablamos, pues, de adquisiciones recientes, por lo cual hay concordancia con la cotización que nos ocupa. En ambos casos Grupo Industrial Vida, pese a significar cantidades menores, ofreció un precio más bajo del que pactó al mayoreo con Coahuila.

En Zapopan, por ejemplo, las facturó a 171.85 pesos. O sea $38.15 menos por pieza. Si la cifra no le dice nada, multiplíquela por 1 millón 321 mil 968 unidades y ahí es donde la diferencia sobresale: 50 millones 433 mil 79 pesos de más.

Lo “curioso” es que acá la Secretaría de Finanzas fija el precio. Licita, sí, pero impone una cantidad a pagar: 210 pesos por unidad. Así no hay margen de negociación.

Dicho de otra forma: el negocio ya va amarrado, independientemente de quien se presente a la convocatoria como licitante.

Cabe señalar que, originalmente, el fallo debió presentarse el 8 de marzo. Se suspendió “hasta nuevo aviso” y ocurrió hasta el día 27 del mismo mes, fecha en que se llevó a cabo en la Dirección General de Adquisiciones sin representantes de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, tampoco de la empresa ganadora ni de las otras participantes (Productos Serel, S.A. de C.V. y Tekton I+D, S.A. de C.V.).

Por lo demás, será bimestral el reparto de las despensas. Como libreta de racionamiento cubana, en el calendario se consignan cuatro entregas en el año (marzo, julio, septiembre y noviembre). En mayo tocan dos tapas de huevo y cuatro litros de leche, y en junio y octubre artículos de limpieza (un rastrillo, un jabón, cepillo y pasta dental, una botella de cloro, papel higiénico, un desodorante, limpiapisos y lavatrastes).

A partir del 6 de abril iniciará la ministración si no sucede algo extraordinario. Además Grupo Industrial Vida está obligado a proporcionar 650 teléfonos móviles de última generación a fin de levantar y procesar información generada con 332 mil monederos electrónicos de los coahuilenses (“La Mera Mera”, presentada el pasado 25 de febrero) y a proporcionar una plataforma informática para clasificarla, conservarla y analizarla.

Es decir, un particular tendrá a su disposición datos personales. Cuidado.

Cortita y al pie

Al grano: ¿cómo se explica el sobreprecio de 50 millones 433 mil pesos?Muy simple. Por corrupción o por inocencia. Y eso que, a juzgar por el fallo de la licitación, Finanzas no pagará IVA por tratarse de productos alimenticios en cuatro partidas de cinco totales. De lo contrario habría que agregar 53 millones 143 mil 113 pesos y el total sumaría 523 millones 855 mil 729 pesos a desembolsar de “ingresos extraordinarios”. Un despilfarro.

La última y nos vamos

Todo lo anterior, hasta aquí, desde la óptica ciudadana del contribuyente.A ojos del perpetrador, en cambio, lo que con dinero compra legitimidad a la larga sale barato. Así llevan 13 años.
28 Marzo 2019 04:06:00
Los 25 millones que nadie oyó cuando a Blas ‘se le apagó’ el micrófono
En una de aquellas situaciones que sólo acontecen en Coahuila y a lo mucho en las novelas de Franz Kafka, el pasado 12 de diciembre, mientras exponía los pormenores correspondientes a la tercera renegociación de la deuda pública en el Congreso del Estado, al secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila, “se le apagó” el micrófono y como consecuencia ni los diputados ni el público presente pudieron enterarse del detalle más importante de su comparecencia: los costos del refinanciamiento.

Indirectamente los ‘ganones’, pues.

Semanas antes del incidente quien esto escribe requirió en dos ocasiones el mismo dato a la Secretaría de Finanzas: el pago de honorarios a quienes colaboraron en la reestructura de 36 mil 559 millones 700 mil pesos (que concluyó el 23 de noviembre de 2018) y el motivo de su contratación directa como prestadores de servicios, sin licitación de por medio.

Argumentando que todavía no terminaba la negociación, la negativa llegó en una primera respuesta. La segunda ocasión a través de una comunicación escueta, encaminándome hacia un lugar donde sabían de antemano que sería imposible ubicar lo que se les pidió, de la manera en que fue requerido.

Luego de dos solicitudes de información, un recurso de revisión ante el ICAI, y cinco meses de litigio, quien esto escribe recibió respuesta el 25 de marzo del presente año, donde se confirman algunas cantidades que, entre balbuceos, con los dientes apretados y el sonido del salón de sesiones desconectado, Blas Flores había informado el 12 de diciembre a los legisladores locales: un pago por 2 millones 900 mil pesos al notario 99 de Saltillo, Guillermo Fernández Tamayo; otro por 4 millones 060 mil a los abogados Chávez Vargas, S.C., de la Ciudad de México, uno más por 230 mil al Banco Invex y finalmente 5 millones 570 mil a la calificadora crediticia Fitch Ratings.

Lo que no dijo entonces fue que, además de lo citado, hubo un desembolso por 25 millones 520 mil pesos, el más importante de todos, a una empresa que Finanzas identificó en documentos oficiales como Finantia, S.C.

A través del oficio SEFIN/UT/363/2019, dirigido a quien esto escribe, explica que dicha sociedad mercantil fungió como “estructurador” y prestó un servicio de “diseño, elaboración y preparación de una estructura financiera”.

Fue cerebro de la operación, en otras palabras.

Sin embargo, la referida persona moral no aparece registrada como prestador de servicios financieros ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). De ella existe, eso sí, un RFC vigente ante el SAT. Y nada más.

Detrás de Finantia, S.C., en realidad, hay una sociedad financiera de objeto múltiple denominada Fintek Energía, S.A.P.I. de C.V., domiciliada en San Pedro Garza García, Nuevo León, con acta constitutiva 9697, registrada en la Notaría 65 de Monterrey, y compuesta por dos personas físicas nada más: Samuel Francisco Scott Rodríguez, presidente, director general y representante a la vez, y Mauricio Sánchez Vélez, a quien identifican como “miembro del consejo de administración”. Este último fue quien colaboró el año pasado con el Gobierno de Coahuila como asesor en el proceso de renegociar la deuda.

¿Por qué eligieron a ellos?, sería el siguiente hilo a desmadejar. En política no hay casualidades.

Cortita y al pie

Y aquí viene lo interesante: pese a que tiene por objeto social el crédito simple, factoraje, arrendamiento financiero y compraventa, al tratarse de una entidad no regulada, Fintek Energía no tiene autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni del Banco de México ni de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para funcionar.

La última y nos vamos

Por lo demás, Blas Flores también ocultó el crédito SEFIN/SSIC/003/2018 por 550 millones de pesos, contratado cinco días antes de su mencionada presentación en el Poder Legislativo.

Esa es la transparencia y rendición de cuentas en Coahuila.
26 Marzo 2019 04:06:00
En 25 minutos, desvía Ramos Arizpe 1 millón del erario
Usando a la persona moral Punto A, Soluciones Financieras, S.A. de C.V., registrada en Zapopan, Jalisco, la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe desvió 1 millón 060 mil 329.96 pesos del erario el pasado miércoles 20 de febrero, en tan solo 25 minutos.

Un mismo servicio, identificado genéricamente como “arrendamiento”, prestado supuestamente al Ayuntamiento que encabeza el alcalde priista, José María “Chema” Morales, fue facturado 18 veces como se puede demostrar con un idéntico número de certificados digitales emitidos por el SAT, en poder de quien esto escribe. Así, un gasto aparentemente menor de 58 mil 907.22 pesos, multiplicado por 18, sumó 1 millón 060 mil 329.96 pesos.

En un solo día. En un plazo de 25 minutos. Entre las 11:25:35 y las 11:50:14 de la fecha señalada fueron emitidos los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), uno cada 84 segundos en promedio, y casi instantáneamente fueron validados por un “proveedor de certificación” domiciliado en Guadalajara, Jalisco, denominado Másfacturación, S. de R.L. de C.V., sin que los referidos documentos electrónicos hayan sido cancelados con posterioridad.

Lo anterior, por si fuera poco, incumple la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila respecto a la obligación de contratar proveedores locales, pues en el tema que nos ocupa se trata de un prestador de servicios de Jalisco, y en el asunto publicado el pasado domingo 24 en este mismo espacio, también relativo a Ramos Arizpe, una empresa fantasma de Monterrey (Centro de Publicidad Comercial de Nuevo León, S.A. de C.V).

El caso es que la Tesorería de Ramos Arizpe facturó a nombre de Punto A, Soluciones Financieras, S.A. de C.V., utilizando un RFC que, en realidad pertenece a Firma Kredit, S.A. de C.V.

Se trata de una firma de consultores denominada comercialmente Punto A, en cuya información pública se presenta con el eslogan: “Arrendar, una nueva forma de tener”, y se ofrece como solución de asesoría financiera: “Somos el acelerador de tu negocio”. Como referencia, su único antecedente de colaboración con ayuntamientos radica en aparecer inscrita en el padrón de proveedores de Zapotlanejo, Jalisco, como prestador de “servicios financieros”.

El perfil de sus clientes objetivo, por lo demás, se centra en “profesionistas independientes” y “pequeños empresarios”. Ambas categorías de negocios privados, no de entes públicos como la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe.

Técnicamente reúne las características de una “SOFOM ENR”, es decir, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada. Eso significa que no tiene autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni del Banco de México ni de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para funcionar. Simplemente le supervisa Condusef.

Actúa al margen de la ley, pues.

Cortita y al pie

De acuerdo con el Registro de Prestadores de Servicios Financieros, Firma Kredit, S.A. de C.V. es una sociedad financiera de duración indefinida y alcance nacional, con domicilio fiscal en Av. Real Acueducto 360-A, interior Piso 2, Int. 2, 3 y 4, colonia Puerta de Hierro, C.P. 45116, en Zapopan, Jalisco.

Fue constituida el 3 de abril de 2009 con el número de escritura 16,157, 50 mil pesos como capital, y un objeto social múltiple: de crédito o préstamo, factoraje, fiduciaria y arrendamiento. Como administrador único funge Bruno Fregoso Lamadrid, quien además es su representante legal, y es auxiliado por María Ángel Fregoso Lamadrid y Gustavo Navarro Jiménez, y el director general, César Álvarez Ayala.

Sin embargo, acaban de ser reformados sus estatutos en la Notaría 22 de Zapopan, Jalisco, ante el fedatario Alejandro Moreno Pérez, como consta en la escritura 13,769 del 23 de noviembre de 2018, con folio mercantil 48007*1 que data del 12 de diciembre del año pasado. Ahora su objeto social es la compra venta.

La última y nos vamos

En resumen: con un algoritmo de facturación compuesto por una serie de 32 números y letras que nada dicen y nada representan, justificaría el edil de Ramos Arizpe, José María “Chema” Morales, ante un órgano auditor, el saqueo fiscal.

La sangría no para.
24 Marzo 2019 04:06:00
La presidencia paralela y fantasma de Ramos Arizpe
Con una voracidad inusitada –y vaya que al escribir de Coahuila existen antecedentes– una misma sociedad mercantil facturó 116 veces al Ayuntamiento de Ramos Arizpe durante sus primeros dos meses de administración (2019-2021), por asuntos tan diversos como botellas de agua u hojas membretadas, con lo cual se agenció 3 millones 738 mil 812 pesos.

Al hacer un ejercicio de prospectiva, de continuar ese ritmo de contratación con el proveedor (dos facturas diarias, en promedio) sumaría 22 millones de pesos al año, o 66 millones al terminar el trienio municipal del alcalde priista José María “Chema” Morales.

Sin embargo dicha persona moral (“Centro de Publicidad Comercial de Nuevo León, S.A. de C.V”.) es en la práctica inexistente, pues en su domicilio fiscal registrado en Monterrey ni siquiera han oído hablar de ella. Pese a ello ha recibido 116 asignaciones directas.

Cabe señalar que fue constituida con solo 50 mil pesos de capital, como consta en el instrumento 19278, libro 170, del Registro Público de Comercio de Nuevo León, en poder de quien esto escribe.

La sociedad es administrada por Daniela Enid Lucio Peña, y también tiene participación José Luis Lucio Salazar. Padre e hija, con domicilio en la populosa colonia Mitras Norte, de Monterrey. Ella, a su vez, colabora en el corporativo “L&A Consultores, S.C.”, de Nuevo León, especializado en asesoría fiscal y legal sobre “descarga masiva y cancelación de facturas electrónicas”.

Y aquí es donde se cierra la pinza: casualmente, la dirección del proveedor de Ramos Arizpe, y de la consultoría referida, es la misma: Lázaro Cárdenas 2944, también en la vecina ciudad regiomontana. Y su especialidad, facturar en serie, fue lo que hizo el Gobierno de “Chema” el primer bimestre del año.

El 31 de enero de 2019, para ejemplificar, fue facturada 17 veces la misma cantidad: 11 mil 484 pesos, en el transcurso de 21 minutos. A las 10:48, 10:50, 10:51 (2), 10:52, 10:53, 10:54, 10:55 (2), 10:56, 11:03, 11:05, 11:06 (2), 11:07, 11:08 y 11:09.

Como referencia, “Centro de Publicidad Comercial de Nuevo León” alguna vez estuvo inscrita en el padrón de proveedores y contratistas del Gobierno de Coahuila. En el vigente, al 16 de enero de 2019, ya no figura.

Se trata, pues, de un idéntico modus operandi a la red que saqueó la Universidad Autónoma de Coahuila y que descubrió Grupo Zócalo el 7 de octubre de 2018 (“Saquean UAdeC con empresas fantasma”), o las empresas fantasma vinculadas a María Esther Monsiváis, exjefa de gabinete de Rubén Moreira, que ventiló Grupo Reforma en octubre de 2016. Factureras y todólogas.

La mayor parte de los pagos emitidos por la Tesorería de Ramos Arizpe han cubierto supuesta papelería oficial. De todo tipo: recibos, boletas, bitácoras, citatorios, tarjetones, certificados, recetarios, actas, calcas, engomados, formatos, a precios fuera de toda proporción en el mercado.

Dos lonas para toldos, para dimensionar, fueron cobradas a 36 mil pesos; también se reporta un gasto de 34 mil 800 por imprimir boletos para una rifa, 11 mil 832 pesos por 500 hojas tamaño carta membretadas con el nombre “Chema Morales”, ó 200 hojas con el membrete “panteones” a 16 mil 356 pesos.

Asimismo tres mil botellas de agua, de 325 ml, a un costo de 27 mil 840 pesos, o un toldo de 6x6 metros a 45 mil 240 pesos. Tan solo las invitaciones a la toma de protesta de “Chema” costaron 220 mil 864 pesos.

Ahora bien, al tratarse de materiales consumibles y de uso cotidiano, obligaría a pedidos futuros.

Así, de poquito en poquito, se llena el jarrito.

Cortita y al pie

Como consta en el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León, la Sociedad se constituyó el 15 de mayo de 2014, a cinco meses de que “Chema” protestase como secretario del Ayuntamiento, durante la última gestión de Ricardo Aguirre. Fue registrada en la notaría 30 de Monterrey, del fedatario Enrique Martínez Morales (homónimo del saltillense y viejo conocido).

Pero su objeto social, más que una sociedad mercantil, asemeja un poder general de alcances ilimitados.

De tal forma “Centro de Publicidad Comercial de Nuevo León, S.A. de C.V” está legitimada para suministrar todo tipo de publicidad comercial y política, artículos de oficina y promocionales, impresiones, publicaciones, marketing, rotulación de vehículos, diseño de páginas web, desarrollar proyectos, organizar eventos, contratar medios de comunicación, colocar anuncios espectaculares, reclutar personal, importar y exportar, gestionar licencias, concesiones, convenios y cualquier acto jurídico que se requiera, además adquirir en propiedad, arrendar, subarrendar, administrar inmuebles rústicos, urbanos y de interés social, entre otros.

Es, dicho de otra forma, una Presidencia Municipal en paralelo y una oportunidad de negocio inmejorable.

La última y nos vamos

Durante los primeros 100 días de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “Chema” Morales ha sido el único alcalde del país que, desdeñando el protocolo de cortesía, no fue a recibir al Presidente de la República durante su visita al municipio que gobierna (19 de febrero).

Anda ocupado en otras cosas. El negocio está en otra parte.
21 Marzo 2019 04:06:00
La ‘emergencia’ de Guadiana
Un senador, presidente de la Comisión de Energía, da un mensaje a los medios de comunicación utilizando la infraestructura de la Cámara alta el martes 19 de marzo por la mañana, para urgir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que continúe adquiriendo carbón a los productores de la Región Carbonífera de Coahuila, ya que hace cuatro meses dejó de hacerlo.

El referido legislador –mismo día por la tarde– se entrevista con el director de la CFE en sus oficinas para negociar la compra de 360 mil toneladas del mineral en forma “emergente”. A la salida de la reunión informa que su gestión ha sido exitosa y el funcionario accedió a sus pretensiones.

Hasta aquí no habría inconveniente de no ser porque el personaje en comento, Armando Guadiana Tijerina, es empresario minero y en sociedad con su hermano, José Luis, propietario de Materiales Industrializados S.A. de C.V., sociedad que agrupa varias empresas: Carbón Mexicano, S.A.de C.V., Compañía Minera Zapalinamé, Macocozac, S.A. de C.V., Grupo Gex (Super Express, Transportes ALGG, Fletes y Minerales GUME, Transportes ATEO N.L., ALGG Fletes y Auto transporte Express Oriental S.A. de C.V.) y Compañía Minera Caopas.

Juez y parte, pues.

Me explico. Sus negocios no terminan con la venta simple de carbón a CFE o coque a AHMSA. Por el contrario, abarcan la cadena de valor del mineral en todas sus fases (lavado, acarreo, transporte, recuperación). Para determinar que no se beneficie de la compra “emergente” habría que hacer un seguimiento quirúrgico a fin de revisar que en ninguna parte del proceso intervenga. Interrelacionadas entre sí, es difícil saberlo sin un peritaje. Ahí se cierra la pinza.

Al respecto surgen algunas preguntas. Si el procedimiento se hará sin licitar, ¿quién será el que asigne y bajo qué criterios? ¿Por qué esa cifra y no otra? A río revuelto, ganancia de pescadores.

En términos reales, la cantidad equivale a mes y medio de producción entre los 87 registrados en la Promotora para el Desarrollo Minero –autoridad única en la materia desde hace tres meses– para vender. Es decir, en todo caso, se trata de un parche. Administrar la necesidad. Un mejoralito que apuesta por la inmediatez, no por el futuro inmediato.

En reiteradas ocasiones Guadiana ha dicho que desde hace dos años no vende carbón a la CFE. En su defensa podrá decir también que, como especialista en el tema, nadie mejor que él para interceder por una región –de la cual es nativo, además–. Incluso puede argüir un compromiso moral con sus coterráneos.

Sin embargo, su trabajo legislativo se puede resumir en un párrafo: dos iniciativas (que pasaron directamente a la congeladora); una para prohibir la reelección de alcaldes y legisladores, y otra en materia de fuero. Y seis exhortos variopintos.

Dos dirigidos al Congreso de Coahuila para que discutiese la Ley del Servicio Médico y para que diese atención a las peticiones de los trabajadores de la educación del estado, uno a la Auditoría Superior de la Federación para que auditase el ejercicio fiscal 2018 de las universidades públicas e instituciones de educación superior (cosa que ya hace); otro a las entidades federativas para que previniesen la extorsión que realizan policías estatales y municipales en perjuicio de operadores de pipas repartidoras de gas LP; uno más a la Secretaría de Gobernación para que declarase zona de emergencia La Laguna luego de las lluvias de septiembre de 2018, y por último a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que brindase un informe sobre la demanda presentada en la Corte Penal Internacional por los hechos de Allende y Piedras Negras ocurridos en marzo de 2011.

El resto (casi siete meses ya) ha sido un esfuerzo permanente por defender el carbón y la tauromaquia. Indirectamente sus negocios. Apenas dos meses después de protestar el cargo de senador abogó ante López Obrador la construcción de una nueva central carboeléctrica, o bien, una unidad adicional a las dos plantas generadoras de electricidad (José López Portillo y Carbón II) ubicadas en Nava. Lo que sea, a fin de que la CFE consuma –y adquiera, desde luego– más carbón a empresarios mineros como él.

Cortita y al pie

El asunto, políticamente, se trata de quién puede más. En el último trimestre, cada uno por separado, habían hecho gestiones en el mismo sentido el gobernador del Estado, diputados federales, locales, y Reyes Flores, delegado federal, para que CFE siga financiando el círculo vicioso en el que se hallan 140 mil habitantes de cinco municipios (70% de su población total) y fomentando el atraso que supone el huachicol de piedra.

Pero a través de sendas cartas enviadas durante la última semana, Guadiana y el inhabilitado por 20 años para ejercer el servicio público, Rogelio Montemayor, ambos empresarios mineros alguna vez, dirigidas a la directora general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía, describen un idéntico panorama catastrófico en caso de cancelarse la compra de carbón para la generación de electricidad. Ambos, además, le dan por su lado al Presidente de la República con el discurso de la soberanía energética, al afirmar que ésta depende del carbón primero. ¿Y del fracking después?

La última y nos vamos

Si no hay cambio de pichada, hoy jueves serán entregados los códigos para suministro. Guadiana tiene prisa, mucha prisa. Hace unas semanas, a propósito de información privilegiada que utilizan expresidentes, López Obrador dijo que si no es ilegal, por lo menos es inmoral.

Pues eso.
19 Marzo 2019 04:07:00
Ya no hay pretextos: se va Jorge Torres
Durante 35 días, del pasado 5 de febrero al 12 de marzo, el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, había logrado retrasar su extradición a Estados Unidos luego de ser arrestado en Puerto Vallarta por la Agencia de Investigación Criminal.

Sin embargo, la sentencia del 12 de marzo, dictada por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, no impedirá su traslado a Texas para enfrentar los cargos por lavado de dinero contenidos en el caso 2:13-cr-1075 de la Corte para el Distrito Sur de Texas (a su otrora subordinado en el Gobierno del Estado, Javier Villarreal, se le sigue un procedimiento similar pero en la Corte para el Distrito Oeste).

A través del juicio de amparo 111/2019-V-A, promovido en su nombre por Carlota Llaguno (expresidenta del DIF Coahuila), su cónyuge, había reclamado “incomunicación”, “tortura y malos tratos”, y el asunto verdaderamente importante para su causa: la “extradición”. Que al respecto se le presentase un “informe justificado”.

Previamente a su detención había sido requerido por el Departamento de Justicia estadunidense como consta en el expediente 30/2018 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual contiene la extradición internacional pasiva que conoció la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Al Juzgado de Amparo le fue presentada copia certificada del referido expediente, comprobando su existencia, y la declaración del director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, quien informó que “se determinó procedente declarar la detención formal con fines de extradición”.

Cabe señalar que todo el procedimiento se siguió al exmandatario estatal en el reclusorio, donde actualmente se encuentra interno desde el pasado 6 de febrero.

Y el 13 de marzo, finalmente, le fue notificado el veredicto personalmente: se sobresee su juicio. En este caso sobreseer significa que se archiva el expediente sin entrar al fondo del tema; se le pone fin y el juez se abstiene de analizar la presunta violación de garantías. No vale, por tanto, el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito.

Lo anterior significa que la Secretaría de Relaciones Exteriores puede proceder ya conforme a derecho. No hay pretextos al tratarse de un procedimiento simplificado.

Cortita y al pie

Con fecha 29 de octubre de 2013, la Corte para el Distrito Sur de Texas había ordenado la detención de Jorge Torres por los cargos de fraude bancario, fraude postal, fraude electrónico y lavado de dinero al comprobar que, entre octubre de 2007 y abril de 2008 –siendo él secretario de Finanzas del Estado– transfirió, en complicidad con Javier Villarreal –subsecretario de Planeación– 2 millones 762 mil 066 dólares desde sus cuentas en los bancos JP Morgan Chase, de Brownsville, e Inter National, de McAllen, a un paraíso fiscal en las islas Bermudas.

Como no pudo acreditar el origen legal del dinero, incurriendo incluso en falsedad de declaraciones, era buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en 194 países.

Adicionalmente, el 17 de noviembre de 2014, le fueron decomisadas dos propiedades en Montgomery, Texas, adquiridas con recursos de procedencia ilícita.

Torres López había logrado permanecer prófugo durante 5 años, 3 meses y 7 días.

Sería una ironía que migrara en plan expedito hacia territorio texano del 18 al 22 de marzo, fechas en que se registraron los hechos conocidos como la matanza de Allende (2011), en los que siendo mandatario estatal tuvo responsabilidad por omisión de prestar auxilio.


La última y nos vamos

A otro exgobernador de Coahuila que también había solicitado un amparo en fecha reciente (17 de enero), Humberto Moreira, el 28 de febrero del presente año le fue sobreseído de igual forma el juicio 27/2019-I-A, pues el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México consideró que no había necesidad de ampararle, ya que fue “restituido en el goce de los derechos fundamentales violados”.

Moreira se había quejado del director general de Procedimientos Internacionales de la Procuraduría General de la República, quien había omitido responder a sus preguntas formuladas por escrito el 12 de diciembre de 2018, mismas que entregó en la oficialía de partes.

Al rendir su informe justificado, el funcionario señalado “negó la existencia del acto que se le atribuye”, pues envió a Humberto la contestación solicitada el 29 de enero, mediante oficio DGPI/0331/19.

Desde entonces ya sabe lo que le
espera.
17 Marzo 2019 04:06:00
Saltillo, ¿la mejor ciudad ‘del mundo mundial’?
Si usted se detiene un momento a observar la publicidad oficial que genera el Ayuntamiento de Saltillo, particularmente durante los primeros tres meses del año en curso, llegará un punto en que se pregunte: ¿estamos hablando del mismo Saltillo, o acaso las pautas para medios de comunicación se traspapelaron y describen por error a Londres y Nueva York?

Por decirlo de alguna manera: hay disonancia cognitiva entre imagen institucional y realidad. No coinciden, pues.

Así, a juzgar por la información que produce la Presidencia Municipal, la capital de Coahuila es el referente de todo México; la mejor del país.

Cito algunos ejemplos en lo que va de 2019:

“Recolección de basura en Saltillo seguirá como el mejor del país” (enero 4).

“Continúa Saltillo en el top 3 de seguridad” (enero 16).

“Gobierno de Saltillo, el tercero más eficiente de México” (enero 20).

“Modelo de seguridad de Saltillo es referente nacional” (febrero 23).

“Saltillo es una potencia nacional en el deporte” (marzo 2).

“Saltillo, entre los 3 mejores para la programación de su presupuesto” (marzo 6).

Pero también, conforme avanza el calendario, se va ubicando en una trayectoria donde ya es potencia y modelo para el mundo.

Aquí algunas muestras para dimensionar:

“De nuevo Saltillo en la palestra internacional” (enero 14).

“Es Saltillo modelo internacional en limpieza” (marzo 2).

“Saltillo, una potencia para el mundo” (marzo 9).

“Saltillenses radicados en los Estados Unidos manifiestan su orgullo al ver que su tierra se consolida a nivel internacional” (marzo 10).

“Luminarias de primer mundo en todas sus colonias” (marzo 13).

El asunto de fondo es que si aplicamos una superficial –ni siquiera profunda– verificación de datos, estos no se sostienen.

Una cosa es el orgullo, la identidad, incluso el afecto por una ciudad; y otra muy distinta la autocomplacencia, el autoengaño y la demagogia.

El saltillense suele tener una imagen de sí mismo que no corresponde con la realidad. Pero es libre de pensar y creer lo que quiera. Un Gobierno, en cambio, está obligado a centrarse y aterrizarse por una simple razón: partir de un diagnóstico erróneo, o falso, no permite ejecutar políticas públicas efectivas. Ni siquiera es posible iniciarlas, mucho menos remediar problemas o fenómenos sociales.

Dicho de otra forma: el ciudadano puede ser subjetivo; la autoridad debe ser objetiva.

En su defensa podrán argumentar que se trata de mensajes motivacionales; un aliento a ser mejores y destacar allende las fronteras. Aunque se parezca mucho a la sociedad distópica de Un Mundo Feliz”, de Aldous Huxley.

Sin embargo la historia es cíclica y los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetirla. Si bien es cierto que Manolo Jiménez no es el único alcalde contemporáneo que ha puesto en práctica esa “estrategia”, sí es quien más rápido ha desplegado un plan electoral, sistemático, de mensajes en serie. Camina independiente a la realidad. Y si los hechos no coinciden con la publicidad oficial –parafraseando a Hegel– peor para los hechos. A su lado Humberto Moreira luce como un estadista mesurado.

Cortita y al pie

Si tomamos como base su discurso público, el primer año de Administración, Manolo Jiménez hizo de Saltillo la mejor ciudad para vivir en México. En el primer trimestre de su segundo periodo de gestión, en cambio, va en camino de convertir a Saltillo en la ciudad más habitable del orbe.

Ojalá existan galaxias suficientes para compararnos el tercer y cuarto año.

La última y nos vamos

Al megalómano se le hace chico el mar para echarse un buche de agua. De acuerdo. Pero nosotros no tenemos la culpa.
14 Marzo 2019 04:06:00
La piedra que Olga Sánchez puso en Arteaga
El 18 de noviembre pasado la entonces propuesta para titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, visitó Arteaga como invitada especial para poner la primera piedra del edificio Derechos Humanos Siglo XXI de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH).

Y sí, la puso, se fotografiaron con ella los políticos locales, y se fue con carpetas de peticiones bajo el brazo. Hasta aquí no habría materia periodística de no ser porque dicho inmueble, en los hechos y en los documentos, es una obra fantasma.

La Coordinación General de Administración Patrimonial de la Universidad Autónoma de Coahuila, nave nodriza de la AIDH, a través del oficio CGAPS/391/2018 respondió a quien esto escribe que “no se tiene información respecto a que se hayan realizado proyectos y obra para el edificio”, y solamente “se cuenta con un proyecto ejecutivo que fue realizado por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (Icifed)”.

Asimismo reveló un dato interesante: “quien se encargará de bajar (sic) los recursos para la ejecución de la obra será el Gobierno del Estado de Coahuila”.

La Secretaría de Finanzas, consultada por separado, afirmó que no habrá presupuesto para 2019 ya que no se realizaron gestiones ante la Federación en ese sentido; y el Icifed, por su parte, manifestó el 15 de enero que ni siquiera está terminado el proyecto ejecutivo (denominado “Centro de Jurisprudencia Siglo XXI”, y encargado por Luis Efrén Ríos en 2016, antes de ser depuesto como director de la Facultad de Jurisprudencia), ya que “se encuentra en proceso de revisión y actualización”.

En resumen: no existe como tal, ni existirá por lo menos este año.

¿Cuál era la urgencia del grupo en el poder, entonces, por fotografiarse codo a codo con la hoy secretaria de Gobernación? ¿Sabrá esta lo que vino a legitimar con su presencia en la entidad? No en vano el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, más avezado, durante su última visita al estado ni se despidió de ellos ni pisó territorio civil en Saltillo. Ni siquiera para ir al baño.

Ahora bien, por qué el Gobierno del Estado debería estar obligado a gestionar recursos federales para un tercero, en este caso la AIDH, que forma parte de una universidad en el papel autónoma, cuando, por atribuciones, debería ser la UAdeC quien lo haga.

Cabe señalar que en la congeladora legislativa reposa un punto de acuerdo presentado por el diputado Marcelo Torres el 4 de diciembre, respecto al “impacto negativo” que causa el presupuesto asignado a la AIDH en los recursos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la UAdeC (al contar ésta última ya con una Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios). El asunto de fondo es la duplicidad de funciones. En el Congreso del Estado también se le señaló por ostentarse como un organismo autónomo dentro de otro organismo autónomo.

Cortita y al pie

Y no es la primera ocasión en que un tentativo inmueble para la AIDH genera controversia.

De acuerdo con el documento SEFIN/UT/658/2017 de la Secretaría de Finanzas, en actas del Comité Técnico del Impuesto Sobre Nómina consta que habían etiquetado para el hipotético edificio 160 millones de pesos en el Programa de Inversión 2016-2017 Sureste.

La última y nos vamos

El caso es que, sin controles ni jerarquías, la AIDH se ha blindado como un suprapoder muy oneroso.

Cito un ejemplo: en una partida especial contenida en el Artículo 40 del Presupuesto de Egresos de Coahuila para 2019, le otorgan 39 millones 590 mil pesos para gastar. Y lo anterior es posible pues el Artículo 26 de la Ley de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, aprobada el 28 de agosto de 2017, contiene una ventajosa cláusula que implica una orden para el gobernador en turno: “para cada ejercicio fiscal, el Ejecutivo del Estado incluirá de manera irreductible en el presupuesto que se conviene para la Universidad Autónoma de Coahuila para cada año, la partida especial y adicional que le corresponda a la Academia IDH para garantizar su organización y funcionamiento conforme a esta ley”.

La Chalupa y buenas.
12 Marzo 2019 04:09:00
¿Dónde quedaron 641 millones de pesos en ‘asesorías’?
Arrancarle información (pública, por lo demás) a la Secretaría de Finanzas en Coahuila no es tarea fácil. A sabiendas que cada solicitud es un camino largo y sinuoso, desde noviembre de 2018 quien esto escribe requirió vía transparencia el monto de los pagos por “asesorías” que hasta entonces había realizado el Gobierno del Estado por adjudicación directa, especificando qué áreas de la Administración fueron consideradas y quiénes los prestadores de servicios favorecidos. Lo básico, pues.

El tema no es menor si tomamos en cuenta que originalmente habían sido presupuestados 33.2 millones de pesos en ese rubro para 2018, y lo ejercido de acuerdo con el avance de la cuenta pública en el cuarto trimestre fueron 652 millones 945 mil pesos. Ese aumento exponencial, justo es decirlo, equivale a 20 veces más de lo aprobado en el Presupuesto de Egresos.

Para dimensionar el derroche del año anterior: en 2019 la Administración estatal ‘sólo’ gastará 154 millones 362 mil 775 pesos en “asesorías”.

Como la rendición de cuentas en el estado es un asunto kafkiano, fui citado en Finanzas el último día laboral del año pasado para revisar 10 mil fojas donde, a juicio de la Subsecretaría de Egresos y Administración, descansaban los comprobantes de pago por “asesorías” (también conocidas como “servicios profesionales, científicos, técnicos y otros”) a personas físicas y morales.

Y debía comparecer a una hora determinada ya que mi pregunta “implica la revisión de un gran número de documentos”, de lo contrario la Secretaría “se vería en la necesidad de destinar recursos humanos y/o económicos para su revisión e integración, viéndose sobrepasada en sus capacidades humanas, técnicas y presupuestales, toda vez que esta dependencia tendría que destinar a una persona única y exclusivamente para trabajar en la revisión de los documentos en donde se contiene la información solicitada para posteriormente procesarla e integrarla de la manera en que lo requiere el solicitante, entorpeciendo sus labores diarias” (SEFIN/UT/1122/2018).

No hay que perder de vista el verbo utilizado, “entorpecer”, ni tampoco el trasfondo del caso: la transparencia representa para ellos una dificultad y un obstáculo. A su vez la Secretaría de Finanzas, pese a contar con 536 servidores públicos (según su directorio, actualizado al 31 de diciembre) es tan frágil que una simple solicitud de información implica que “sobrepasen sus capacidades”. Es la gota que derrama el vaso.

Por otro lado, mediante el oficio SEFIN/UT/1113/2018, la misma dependencia envió a quien eso escribe una liga de internet (inservible, por lo demás) para acceder a información “disponible de manera sistematizada” que sencillamente conducía a ninguna parte, como se ha hecho costumbre en su actuar. Dicha respuesta nugatoria motivó a interponer un recurso de revisión ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, quien me concedió la razón y les obligó a entregar la respuesta en los términos que fue solicitada.

Así, a través del oficio SEFIN/UT/241/2019 con fecha 18 de febrero de 2019, no tuvo más remedio que responder finalmente que por concepto de “asesorías” en 2018 la Secretaría de Educación ejerció 3 millones 688 mil 499 pesos, la Secretaría de Gobierno 2 millones 088 mil, y la Secretaría de Finanzas 5 millones 573 mil 800.

Nada más.

Cortita y al pie

La suma de lo erogado entre las tres dependencias del Ejecutivo, por tanto, asciende a 11 millones 350 mil pesos. Esto, cabe señalar, se trata de información de carácter oficial y aquí viene lo interesante: eso significa que, en realidad, sólo gastaron una tercera parte de lo etiquetado inicialmente (33.2 millones).

¿Dónde quedaron, entonces, los otros 641 millones 595 mil pesos de diferencia que reportaron –irónicamente– también de manera oficial?

No cuadran sus propias cifras, y no son precisamente cacahuates.

La última y nos vamos

A partir de hoy, y todos los martes, jueves y domingos, la columna “Mosaico de Egos” se publicará en las ediciones de Grupo Zócalo (Saltillo, Piedras Negras, Monclova y Ciudad Acuña).

Agradezco el espacio editorial a su presidente y director general, Francisco Juaristi Santos, y especialmente a usted, de antemano, el contar con su lectura.

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