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Ricardo Raphael
Ricardo Raphael
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Licenciado en Derecho por la UNAM. Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración (ENA) de la República Francesa. Estudios Doctorales en Economía Política y Políticas Comparadas por la Escuela para Graduados de Claremont, California, EU. Secretario General de Democracia Social, Partido Político Nacional. Representante ante el Consejo General del IFE del partido México Posible. Coordinador de la Comisión Ciudadana de Estudios para Eliminar y Prevenir la Discriminación.

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25 Noviembre 2019 04:07:00
La prueba de los hechos: ¿qué tan democrática es la 4T?
La crisis peor de la 4T no fue el desastroso proceso para nombrar a Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); en términos de definiciones trascendentes el desafío clave será el nombramiento de la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A estas alturas es irrelevante si la señora Piedra era la mejor opción. Lo principal de ese episodio es el procedimiento que hizo pedazos la confianza dentro del Senado. El pueblo votó en julio del año pasado y decidió no entregarle a Andrés Manuel López Obrador el control en la Cámara alta para las decisiones que requieren mayoría de dos tercios.

Esto quiere decir que ni las reformas constitucionales, ni los nombramientos que necesitan mayoría relativa (dos tercios) pueden celebrarse sin la concurrencia de las oposiciones. En ambos temas, respetar al pueblo significa –sin ambigüedades– construir acuerdos con quienes no son aliados incondicionales del Presidente, ni de su partido, Morena.

La crisis del nombramiento de la señora Piedra como titular de la CNDH tiene que ver con la ruptura de las negociaciones con la oposición, es decir, con la suposición de que es posible pasar por encima de la decisión popular de dividir el poder en esa Cámara.

El balance de este episodio no acepta interpretación. La mayoría engañó a las minorías y lo hizo tres veces: cuando mintió a propósito de la pertenencia de la señora Piedra al Consejo Nacional de Morena, cuando truqueó la votación para simular que su candidatura obtuvo dos tercios del voto, y cuando engañó con la propuesta de reponer un procedimiento que, al final, quebrantó.

Como el Pedro del Nuevo Testamento, en esta historia la 4T negó tres veces la vocación democrática que presume. Detrás de este acto de corrupción de la voluntad popular y los acuerdos políticos del Senado, estuvo la instrucción del Presidente que anuló los márgenes indispensables para permitir una negociación con las fuerzas opositoras.

Olvidó el Presidente que corromper no solo significa robar, sino algo peor: romper la naturaleza de la cosa pública. Se cometió un acto de corrupción en la dinámica senatorial cuando la maquinaria fue forzada con el propósito de sacar adelante una decisión sin el concurso de las y los senadores que estaban constitucionalmente convocados a ser parte del acuerdo.

El Presidente cometió un error cuando instruyó a su partido para que, en bloque, apoyara a una dirigente de Morena como candidata a presidir la CNDH. Este yerro tiene su origen en una promesa previa: López Obrador se había comprometido a no interferir en la vida de los otros poderes de la Unión.

Y, sin embargo, con el episodio Piedra no solo presionó de más la vida interna de la bancada morenista en el Senado, sino también aquella del conjunto de fuerzas que cohabitan en la Cámara alta.

Los legisladores de Morena sepultaron bajo tierra sus presumidos principios con tal de agradar el mandato presidencial, al punto en que estuvieron dispuestos a dinamitar la confianza necesaria con sus pares de la oposición.

Hoy pueden contarse versiones distintas de esta desafortunada historia, pero en el corto plazo la verdad sobre este episodio tenderá a estabilizarse para narrar el primer capítulo en que la 4T reventó contra sí misma, porque dio la espalda al pacto de respetar la división de poderes defendido, con su propia saliva, por el Presidente de la República.

La siguiente ronda de esta serie de eventos no va a esperar a que la escena cambie de mobiliario. La semana pasada López Obrador envió al Senado una tercia de mujeres, todas destacadas, para ocupar la silla del ministro defenestrado, Eduardo Medina Mora.

A reserva de los significados que cada una de esas juristas representa, (Diana Álvarez Mauri, Ana Laura Magaloni Kerpel y Margarita Ríos Farjat), los desafíos en juego vuelven a ser similares.

Uno, ¿el Presidente volverá a vulnerar el principio constitucional de la división de poderes instruyendo a su partido para que vote por la candidata de su preferencia? Dos, ¿será capaz, ya no solo de intervenir en la vida interna del Poder Legislativo, sino también respecto al Poder Judicial? Y, tres, ¿tratará otra vez con menosprecio el voto que el pueblo entregó a los partidos de oposición?

Lo que está en juego con el nombramiento de la futura ministra de la SCJN va más allá del hecho concreto: se juega la verdadera identidad democrática de la 4T.


ZOOM: “La verdad siempre es revolucionaria. Son los reaccionarios quienes le tienen miedo a la verdad… De la verdad se deduce una serie de experiencias para la actividad futura”. (Valentín Campa, candidato del Partido Comunista a la presidencia en 1976).


18 Noviembre 2019 04:05:00
Rosario Piedra mintió
Mintió María del Rosario Piedra Ibarra cuando dijo que no es dirigente de partido. Desde noviembre de 2015 fue designada integrante del Consejo Nacional de Morena y, por lo menos hasta octubre de 2019, continuó ocupando ese puesto.

La evidencia de esta falsedad puede encontrarse en el sitio web del Instituto Nacional Electoral donde se hacen públicos los nombres de los dirigentes, tanto a nivel nacional como estatal del partido Morena.

De acuerdo con ese documento, el cual fue actualizado por última vez el pasado jueves 24 de octubre, María del Rosario Piedra Ibarra es integrante del Consejo Nacional de esa fuerza política.

No existe evidencia de que la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) haya presentado su renuncia a este órgano, ni que el partido haya dado aviso a la autoridad electoral, conforme lo requieren sus obligaciones de transparencia. El Artículo 41 de los estatutos de Morena establece que el Consejo Nacional es el órgano máximo de dirección cuando el Congreso Nacional no está reunido.

Tiene entre sus atribuciones elegir a las personas integrantes del Comité Ejecutivo Nacional; sustituir a quienes integran la Comisión de Honor y Justicia; elaborar, discutir y aprobar los reglamentos del partido o presentar, discutir y aprobar la plataforma electoral.

El Artículo 14 (bis) de este ordenamiento dice explícitamente que el Consejo Nacional es un órgano dispuesto para la conducción de Morena; esto quiere decir que quien forma parte de esta instancia es dirigente de la fuerza política.

El problema surge cuando la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Artículo 9º establece como requisito para quien aspire a presidir la CNDH “no desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación”.

Vista la evidencia pública a propósito de la participación de María del Rosario Piedra en el Consejo Nacional, ella era inelegible para presidir la CNDH.

Y sin embargo, durante la comparecencia que tuvo en el Senado, y también en diversas entrevistas ofrecidas ante medios de comunicación, la flamante presidenta de la CNDH insistió en que su relación con el partido mayoritario era solamente como militante.

Piedra Ibarra mintió: ella ha sido dirigente de Morena durante los últimos cuatro años.
Declaró falsamente ante el Congreso y también ante la prensa. No se trata aquí de fijar posición sobre los méritos ideológicos, el conocimiento de la materia, el compromiso con las víctimas o la idoneidad para el cargo: el tema delicado es la violación franca de la ley.

Porque no se pueden defender los derechos humanos dándole la espalda a la norma es que esta violación de origen es muy grave.

ZOOM: Rosario Piedra Ibarra no es Rosario Ibarra de Piedra. El orden de los apellidos sí altera el producto. El enorme prestigio amasado durante años de lucha por parte de la fundadora del colectivo Eureka no se puede heredar por decreto presidencial.

Menos aun cuando esta heredera comienza su gestión a partir de una mentira grave. Rosario, la hija, declaró con falsedad para ocupar un cargo donde la verdad es materia fundamental.

11 Noviembre 2019 04:07:00
Bolivia: no al golpe de Estado
Tiene mucho de mezquindad que cuando se trata de hablar de ti, me ponga a hacerlo sobre mí. Es muy humano el uso del espejo, pero en situaciones extremas resulta francamente vil. La tragedia boliviana no tiene nada que ver con México y, aunque sea tan difícil para algunos ver al resto del mundo sin pasar por el hueco de su ombligo, lo que ocurre en el país hermano merecería menos ego y más respeto.

Pende en estas horas sobre los hermanos bolivianos una guadaña tan filosa como solo la violencia armada del Estado puede serlo. La confrontación que no deja de elevarse, después de las fallidas elecciones del 20 de octubre, está conduciendo las cosas demasiado lejos.

Como siempre sucede en las tragedias de la historia, no ocurre en esta ocasión que un bando posea toda la verdad democrática ni el otro tenga el monopolio del autoritarismo. Ambas partes aportaron irresponsabilidad al fuego de la crisis.

Ninguno supo reconocer a tiempo la distancia que les separaba del precipicio. Adolecieron de la prudencia deseable para volver más lentos sus pasos, de camino hacia el desbarrancadero.

En Bolivia, el sentido común se extravió cuando quedó sepultada la oportunidad de un diálogo en comunidad, cuando cada cual decidió tensar la cuerda hacia el polo opuesto de su adversario, sin detenerse a reflexionar dónde iba a acabar todo aquello.

Evo Morales y los suyos no lograron conseguirse una salida digna y libre del Gobierno porque era real la amenaza de que fueran a ser arrasados, una vez que entregaran la inmunidad que aporta el poder.

Cabía temer al revanchismo de los opositores y también una persecución como la que experimentó Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil.

Acaso por esta razón, el Mandatario boliviano se permitió torcer de más las instituciones –la Constitución incluida– con tal de preservarse en la silla más encumbrada. En sentido inverso, las oposiciones, encabezadas por Luis Camacho y Carlos Meza, también dieron la espalda al sentido común, cuando prefirieron ser parte del fragmento, de la parcialidad y por tanto del subconjunto.

Tan extraviado estaba ya el sentido común en la política boliviana que las elecciones de mediados de octubre potenciaron las fracturas, en vez de atemperarlas. Los órganos electorales no aportaron confianza, sobre todo cuando optaron por esconder los resultados.

Fue fatídico que el conteo rápido se apartara de los ojos del electorado, durante más de 24 horas, porque con ello se atizaron los ánimos más desconfiados. Este fin de semana, ante una crisis que lleva andando casi un mes, la Organización de Estados Americanos (OEA) se vio impelida a denunciar las irregularidades observadas durante los comicios y optó por proponer la realización de nuevas elecciones.

A esta iniciativa se sumaron funcionarios, políticos, fuerzas policiales y también la autoridad militar, que antes eran parte de la coalición política liderada por el Presidente. Lo más importante es que el propio Evo Morales hizo suya la propuesta, con tal de calmar los ánimos y atajar la espiral de violencia en su país.

Este punto de inflexión podría reconducir las cosas hacia la paz y la reconciliación entre las muchas Bolivias enfrentadas, o bien, puede también significar la emergencia de una empresa peligrosa de marginación y aplastamiento hacia una de las facciones, por medio del uso desproporcionado de la fuerza militar.

Es tanto lo que se juega en estas horas y también tan profunda la separación entre las diversas posiciones, que solo la recuperación del sentido común –sobre todo del sentido en común– podría hacer posible la celebración de un nuevo ejercicio electoral, esta vez confiable.

Orillado por sus errores y la revuelta, Evo Morales ofreció una salida democrática. La OEA respalda la misma solución y en idéntica dirección tendrían que empujar todos los países del continente. Cualquier otra ruta se antoja tan trágica como inaceptable.


ZOOM: El rechazo al golpe de Estado no puede ser ambiguo ni condicionado, así como contundente debe ser el apoyo a un nuevo proceso comicial librado de los colmillos del fraude.
04 Noviembre 2019 04:04:00
Divorciarse es crimen organizado
En México, lo que no se soluciona con dinero, se resuelve con mucho dinero. Aquí uno de los casos más increíbles en la historia de la injusticia mexicana: La narración comienza con una pareja que se separa, continúa con el pleito por la custodia de los hijos y el consecuente convenio de divorcio.

Pero de pronto un asunto banal, como los hay por montones, da un vuelco porque ella es encarcelada en el penal de Puente Grande, acusada de muchas cosas, pero sobre todo de haberse robado, de su propia casa, un par de botellas de vino cuyo valor supuesto rondaría los 40 mil pesos.

El nombre de ella es Ana Patricia Moller Vuilleumier. El de él es Juan Pablo González Cimadevilla. (A los hijos sería mejor dejarlos fuera de esta historia perversa). Antes de que la guerra diera inicio, la pareja frecuentaba los círculos más selectos de la sociedad en Guadalajara.

Ambos retrataban formidable porque la genética los había beneficiado, igual que el dinero, por ambos costados; sobre todo a Juan Pablo, cuya familia de origen colombiano hizo una fortuna importante en Bogotá gracias al Grupo Empresarial Cimadevilla.

Ese negocio, por cierto, en el año 2002 sufrió un fuerte desbarranco por culpa de un hombre “autoritario y propenso al conflicto:” Juan Pablo González Cimadevilla, quien, a pesar de todo, conservó suficiente capital como para reinventarse en México.

Una década después, para que procediera la demanda contra la madre de sus hijos (por el hurto infame de dos botellas de vino), el empresario contrató al joven abogado Javier Coello Zuarth, hijo del celebérrimo Javier Coello Trejo.

El viernes 26 de agosto de 2016 la reclusa Ana Patricia Moller recibió visita del representante legal de su marido. Este le propuso que firmara un convenio de divorcio en el que renunciaría a la custodia de sus hijos, (probablemente para que el padre los llevara a su país de origen), así como a los derechos de compensación y alimentos. A cambio, Coello Zuarth le habría garantizado perdón por sus delitos, y también que su familia sería respetada.

Ana Patricia Moller se negó en redondo a firmar ese convenio. En revancha, días después, a sus padres y a su hermano les cayó encima una montaña alucinante de basura. El señor González Cimadevilla arremetió primero contra sus suegros, a quienes acusó de abuso sexual sobre los hijos de la pareja, ante la Fiscalía de Menores en Jalisco.

En simultáneo, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) –cuyo titular era el jalisciense Omar García Harfush– emprendió una serie de escuchas telefónicas, seguimientos, espionaje y vigilancia sobre el hermano de la señora Moller Vuilleumier.

Producto de esa investigación, instruida por Gualberto Ramírez Gutiérrez –exfiscal antisecuestro de la FGR– José Armando fue procesado por tráfico de armas y drogas, así como por el delito de asociación delictuosa. El expediente permite presumir que el hermano de Ana Patricia fue torturado con el objeto de que se autoincriminara.

Hoy existen pruebas para presumir que esos funcionarios de la PGR habrían manipulado información, falsificado datos e informes con objeto de inculpar a Moller y así doblar la presión sobre su hermana.

Por estos hechos hoy existe una orden de aprehensión contra nueve agentes de la Fiscalía y también contra Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien, desde la época de Maricela Morales, y hasta el mes de julio pasado, fue responsable de perseguir el delito de secuestro en la FGR.

La red de complicidades que exhibe esta historia es muy extensa. Arranca con los vínculos mafiosos que el padre Coello Trejo y el hijo Coello Zuarth habrían llegado a operar con gran margen de impunidad.

Al mismo tiempo, este caso desnuda el uso faccioso que durante años hicieron de sus facultades la Siedo y la AIC; muy en concreto el desempeño presuntamente delictivo de Gualberto Ramírez Gutiérrez, y cabe temer, también de sus colegas y superiores, que por dinero fueron capaces de hacer prácticamente cualquier cosa, incluido involucrarse en un pelito de divorcio donde terminó encarcelada esa madre que no quiso ceder la custodia de sus menores.

ZOOM: Los hampones se apellidan Coello y contaron con apoyo dentro de la PGR para fabricar delitos y culpables durante demasiado tiempo. Si se quiere conocer a sus cómplices, basta con seguir la pista de otros funcionarios, exfuncionarios, abogados y bufetes con los que los Coello han hecho negocios muy jugosos.
28 Octubre 2019 04:01:00
Trastornados por la Fórmula Uno
Durante la segunda mitad de su vida, el general Porfirio Díaz utilizó polvo de arroz para blanquearse el rostro. En la vejez, el héroe de la Intervención Francesa padeció el trastorno de querer parecer francés.

Un mercadólogo contemporáneo diría que aquel fue un tic “aspiracional” del dictador, quien recurrió, acaso con ayuda de su esposa Carmen Romero Rubio, a la simulación para saltar barreras tan imposibles como las de la genética cutánea.

Ni los presidentes están a salvo del trastorno aspiracional, tanto menos el resto de los mortales.

En el presente los mexicanos sobresalimos, mundialmente, por la inversión que hacemos en tintes de pelo –siete de cada 10 usuarios prefieren el cabello güero– y, desde luego, en cremas y maquillajes blanqueadores.

La aspiración mayor no es por los productos que nuestros exiguos ingresos apartan del deseo: los objetos son solo un pretexto. Como en el caso de Don Porfirio, el propósito más íntimo es romper las barreras que achican la reputación social, el prestigio y la pertenencia al círculo privilegiado.

Como aquel oaxaqueño, con polvo aspiramos a apartarnos de la irrelevancia social y la devaluación pública.

Un mural gigante del trastorno aspiracional que todavía devora a la sociedad mexicana fue, otra vez, el Gran Premio de la Fórmula Uno que se celebró este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Casi 300 mil personas acudieron para ovacionar los arranques y rebases, pero, sobre todo, para ser admiradas. Poco importa que a la hora de presumir hayan tenido que pagar a 70 pesos la Coca Cola más barata del mercado, a 50 la botella de agua, a 45 las papas o a 500 pesos el sorbo de güisqui.

En lugar de tinte güero, en la gran final podían adquirirse, en 2 mil pesos, gorras de las distintas escuderías.

La entrada más económica fue de mil 600 pesos: un pase para tomarse dentro la selfi, con el dispositivo celular y, debido a la mayúscula distancia con la pista, utilizar luego ese aparato para mirar la carrera, tal como si uno se hubiese quedado en casa.

Hay quien sufragó 23 mil pesos por boleto, pero, como la aspiración no puede vivirse a solas, invitó a dos o más integrantes de la familia para dejar testimonio de la osadía.

Entre los más aventajados de la aspiración nacional destacan los que adquirieron suites o palcos para apartarse de la masa. Esta vez el precio de una de esas salas rondó los dos millones de pesos para los tres días. (Harto político y sobre todo expolítico se vio rondando ese Olimpo).

No hay por qué combatir este negocio que genera más de 7 mil empleos, deja como ganancia alrededor de 14 mil millones de pesos y ha hecho que una empresa destacada en la organización de eventos (CIE) lograse mejorar sus ingresos en más de un 500 por ciento.

El tema preocupante es otro: vale referirse al trastorno que altera la percepción de las personas hasta el punto de hacerlas creer que su asistencia a este evento automovilístico puede cambiar mágicamente su realidad.

Un trastorno que hace a muchos endeudarse, por meses y quizá años, que desintegra ahorros, que aplaza gastos indispensables, que redistribuye ingreso desde la estructura media de la sociedad para beneficiar al penthouse.

Muy probablemente el Gran Premio sea un éxito en México porque aquí la reputación y el privilegio fundan sus raíces en la honda cultura de la discriminación.

Una gorra, una camiseta, un asiento, una selfi, una cerveza a costo de champagne, un grito acompasado de otros miles de gritos aspiracionales –justo en el momento en que el piloto llega a la meta– hacen suponer al incauto que él no es como el resto.

El trastorno es grave sólo porque está destinado a aniquilar la esencia de las personas, aunque sólo sea por tres días al año.

ZOOM: hablando de presidentes, hay algunos que aspiran y otros que inspiran. A cada cuál le toca ponerse la gorra –el sombrero– que mejor le acomode.
21 Octubre 2019 04:07:00
¿Dónde está Iván Archivaldo Guzmán?
La versión oficial fue que el Gobierno se vio obligado a liberar a Ovidio Guzmán López para evitar un escalamiento incalculable de violencia. Sin embargo, podría haber evidencia de que fueron dos los hijos de Joaquín Guzmán Loera quienes lograron escapar el jueves de la semana pasada en Culiacán.

Además de Ovidio, también Iván Archivaldo Guzmán Salazar podría haber eludido la acción de la justicia. Refieren este hecho una serie de grabaciones presuntamente relacionadas con la comunicación de los integrantes del cártel de Sinaloa durante las horas en que la ciudad de Culiacán atravesaba por sus peores horas.

Obviamente no es posible confirmar su veracidad, pero la información contenida en ellas no debe tampoco ser desechada ya que coincide con datos y con hechos que sí han sido confirmados, como por ejemplo la liberación de Ovidio Guzmán.

Cabría incluso suponer que estas grabaciones hayan sido dadas a conocer con el propósito explícito de informar a los suyos sobre el paradero de Iván Archivaldo. En una de las grabaciones se advierte que las cosas se van a poner muy feas ya que agarraron a “los chapitos, a los chilos”.

El plural pudo en un principio derivarse de una confusión, pero otras comunicaciones refieren “al jefe” y Ovidio no es la cabeza de ese cártel. En una tercera comunicación unhombre dice que “está detenido el Iván” y le responden “no mi compa, todo tranquilo, tenemos el apoyo de ‘El Mayo’ y ya recuperamos al Iván”. Y esa misma persona remata: “solo falta el Ovidio”.

Si estas grabaciones corresponden a la realidad, para rescatar a los descendientes de Joaquín Guzmán Loera –tal como ha reportado la prensa local– el operativo criminal secuestró a familiares de militares: “Vamos sobre las familias de los guachos y vamos a matar a uno por uno hasta que entreguen al jefe en caliente”.

Otra grabación da cuenta de una movilización de 100 camionetas que, por instrucciones de Ismael Zambada, habrían emprendido camino desde la sierra hacia Culiacán, para apoyar en el ataque. De ser cierta esta versión, no se trataría de la primera vez que al Gobierno mexicano se le escapa Iván Archivaldo Guzmán.

Quien hoy encabeza el cártel de Sinaloa fue detenido en 2005, pero obtuvo la libertad en enero de 2008, cuando Calderón era presidente, porque milagrosamente los jueces no hallaron elementos para procesarlo.

Con aquella liberación, por cierto, comenzó una guerra muy cruel entre los hermanos Beltrán Leyva y Guzmán Loera, ya que los primeros supusieron que el Gobierno había negociado con “El Chapo” un intercambio que se materializó con la captura de Alfredo Beltrán, “El Mochomo”.

Semanas después de esa detención los agraviados asesinaron con un arma lanzagranadas al joven Edgar Guzmán, hermano de Ovidio, en un evento digno de una muy mala película de narcotraficantes.

Durante el pasado fin de semana corrieron versiones periodísticas a propósito de la presunta muerte de Iván Archivaldo, durante el operativo del jueves.

Esa información habrá despertado preguntas dentro y fuera del cártel que él encabeza. Acaso por esta razón fue que esas grabaciones han sido divulgadas. El objetivo habría sido precisar la situación real del criminal y, de paso, exhibir al Gobierno sobre la evasión lograda del principal líder del cártel de Sinaloa.


14 Octubre 2019 04:04:00
El cachorrismo corrupto de la transición
La alternancia en la política implicó también alternancia en el nombre de los beneficiarios de la corrupción. Entre otras dependencias, Pemex fue campo principal de batalla entre los cachorros aventajados de la transición encabezada, primero, por el Partido Acción Nacional, y luego expoliada de vuelta por el Revolucionario Institucional.

Cuánta no fue la decepción con el foxismo cuando se hizo público que Manuel y José Alberto Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, obtuvieron cuantiosas ganancias, gracias a su sociedad con Amado Yáñez Correa, dueño de Oceanografía.

Esa empresa obtuvo jugosos contratos por parte de Pemex durante el mandato de Vicente Fox, presumiblemente gracias a la mediación de los hijastros del presidente. Cuando una comisión en el Congreso quiso ahondar en la investigación por tráfico de influencias, todo el aparato presidencial cayó encima para impedir que se hiciera justicia.

Otro ejemplo del cachorrismo corrupto de la transición lo encabezó la empresa Oro Negro, fundada por Gonzalo Gil White, hijo de Francisco Gil Díaz, quien fuera secretario de Hacienda, también durante la gestión de Fox.

Esta empresa, que nació en 2009, obtuvo con sorprendente facilidad contratos por parte de Pemex para administrar plataformas petroleras en el Golfo de México, gracias a las cuales cobró réditos nada despreciables.

Llama la atención que, en su existencia, Oro Negro no haya tenido un cliente distinto a Pemex. En solo tres años sus dueños tocaron el sueño dorado del Mirreynato: hacerse millonarios, sin esforzarse demasiado.

A partir de diciembre de 2012 Emilio Lozoya Austin tomó la decisión de cerrar la llave a los cachorros que le antecedieron. Fue entonces que colocó como cadenero de la paraestatal a Froylán García García, coordinador ejecutivo de la dirección general de Pemex.
Muy pronto comenzaron a correr rumores a propósito de la comisión que García solicitaba a cambio de abrir un espacio en la agenda de su jefe.

Las cifras de 50 o 100 mil dólares por reunión se repetían de boca en boca, entre los agentes del sector petrolero. Más que todo la comentaban quienes no lograron obtener tal cita.

Fue en este contexto que Gonzalo Gil contrató a Black Cube, una empresa de espionaje –presuntamente integrada por exagentes israelíes– para que consiguiera pruebas a propósito del estilo corrupto impuesto por Lozoya.

La hiena carroñera ladrándole a la hiena carroñera, pues.

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal (11/10/19), hoy estas grabaciones forman parte de la evidencia investigada en Estados Unidos por la Securities and Exchange Comission (SEC), respecto de la corrupción que hizo pedazos a Pemex.

En el mundo no hay una empresa petrolera peor endeudada que la mexicana: más de 100 mil millones de dólares. Y la percepción sobre su porvenir continúa muy deteriorada.

Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que el cambio en los directivos de Pemex, y también el compromiso de su Administración para rescatar a la paraestatal, deberían modificar estas malas impresiones.

Sin embargo, la buena voluntad no alcanza; no es garantía que el Presidente tenga confianza en sus colaboradores. La incertidumbre se funda en las prácticas del pasado. ¿Cómo asegurar que el actual Gobierno no estaría haciendo lo mismo que los anteriores? Es decir, sacar a los contratistas adversos para traer a los propios. Este es uno de los principales cuestionamientos que el actual director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, debe refutar.

El otro desafío mayúsculo será demostrar que, a diferencia del pasado, no son motivaciones ni intereses meramente políticos los que guían la gestión de la paraestatal.

ZOOM: Los beneficiados fueron cachorros de la transición, hijos de funcionarios que se volvieron larvas incrustadas en las ubres de Pemex. Entre otros, los hijos de Martha Sahagún y Francisco Gil, así como el propio Emilio Lozoya Austin.
07 Octubre 2019 04:05:00
¡Adiós a los taxis locales!
Hoy miles de taxistas se movilizarán en muchas poblaciones del país para protestar contra las plataformas dedicadas al transporte de pasajeros. En algo tiene razón el Movimiento Nacional Taxista que convoca a este despliegue masivo: el problema que los convoca no puede ser resuelto a nivel local.

La aparición de las plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte es una revolución tan dramática como la que implicó sacar a los animales de carga de las avenidas, la inauguración del metro o el fin del modelo hombre-camión.

Reclaman los taxistas tradicionales que la autoridad los está engañando en la ciudad capital y en el Estado de México; que el piso no es parejo cuando se trata de los requisitos para obtener una concesión, el pago de la revista, los impuestos, las condiciones para cambiar la unidad y un largo etcétera.

Argumentan los líderes del movimiento, acaso con razón, que se cobra más al transporte utilizado por las personas que menos tienen.

En revancha, las plataformas se defienden aduciendo que sus vehículos son más seguros, sus choferes están plenamente identificados, sus unidades son limpias y nuevas, su trato es cordial y su preocupación por el usuario es mayor que la de sus competidores.

Frente al choque de posiciones sería ideal acomodar las reglas para evitar la competencia desleal. El problema surge cuando unos proponen uniformar teniendo en mente a las condiciones ventajosas de las plataformas, mientras otros prefieren los criterios restrictivos que imperan contra los taxis tradicionales.

En cualquier caso, el tema trasciende a las autoridades de los municipios y las ciudades: ciertamente se requiere de imaginación nacional para lidiar con el desencuentro entre los distintos servicios ofrecidos para el transporte urbano e interurbano de pasajeros.

La principal asimetría entre las plataformas y los taxis tradicionales estriba en que, mientras las primeras operan sin límite geográfico de por medio, los segundos están acotados por las fronteras políticas.

A manera de ejemplo, si un taxista con placas de la CDMX deja a una persona en el municipio de Naucalpan, está hoy impedido para recoger pasaje hasta que vuelva a rodar dentro de los linderos de la ciudad capital; pero esta regla no aplica para un vehículo afiliado a una plataforma digital.

Esta anomalía no es una excepción, en México cada día son más relevantes las metrópolis y, sin embargo, tanto las leyes como la Constitución continúan sin reconocerlas como una realidad política y administrativa fundamental.

Para este caso concreto, a diferencia de los taxis tradicionales, las plataformas digitales gozan de mejores condiciones a la hora de competir en las metrópolis: nada impide a sus unidades cruzar la zona conurbada de Guadalajara, o La Laguna, circular en los municipios de Nuevo León situados alrededor de Monterrey, en las poblaciones urbanas de Veracruz, en fin, en la larga lista de zonas urbanas que no caben dentro de una misma ciudad o un solo municipio.

Desde esta lógica resulta inapropiado intentar resolver el problema del transporte de pasajeros solo a partir de mesas de negociación entre autoridades locales y los representantes gremiales, también locales.

Habrá quien argumente que todavía no se presentan problemas serios entre las plataformas y los servicios de taxi en ciertas zonas del país, pero faltan pocos minutos para que la crisis que hoy se observa en la CDMX y el Estado de México estalle por todas partes.

Hay que prever que las plataformas pronto van a competir por el segmento de mercado más económico y, en ese momento, el incendio será nacional.

Más vale adelantarse a tal escenario e imaginar una legislación de orden federal que tome en consideración, por un lado, los reclamos de equidad que hacen los miembros del gremio de los taxistas y, del otro, los desafíos que ha impuesto la tecnología al negocio del transporte urbano de pasajeros.

ZOOM: No es la Semovi del Gobierno de la CDMX, ni las autoridades del Edomex, quienes deberían de estar negociando con los taxistas tradicionales, ni con las plataformas digitales; es hora para que el Gobierno federal, en concreto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo titular es Javier Jiménez Espriú, tome cartas en el asunto.
30 Septiembre 2019 04:00:00
EU esconde información sobre Ayotzinapa (II)
No es por impericia ni estupidez que a cinco años de la tragedia de Iguala el caso siga pendiente. La explicación frente a la tardanza radica en la magnitud de la red de complicidades que este caso exhibe, todavía con impunidad.

Para el Gobierno de Enrique Peña Nieto hubo prisa en refutar la consigna de las marchas que gritaban “fue el Estado”, porque sus operarios traían prisa en el cuerpo para minimizar la desaparición de los 43 normalistas.

Sin embargo, a cinco años de la tragedia no es posible esconder la magnitud de la red criminal responsable de ese episodio. La flecha que surcó aquella noche del 26 de septiembre de 2014 arrojó luz sobre una maraña que vincula a las autoridades de varios municipios, al Gobierno estatal, a funcionarios federales, al Ejército, a empresas transportistas privadas, a funcionarios de la Procuraduría General de la República, a muchos periodistas, a líderes de opinión, a una organización criminal cuyo mando radicaba en los Estados Unidos y también a agentes del Gobierno de ese país.

Después de un lustro de investigaciones, hay evidencia sobre cada tramo perteneciente a esta extensa conspiración criminal: policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Mezcala participaron en el operativo de desaparición forzada. Ellas contaron presumiblemente con el apoyo de presidentes municipales, entre ellos José Luis Abarca de Iguala y Cesar Miguel Peñalosa Santana, de Cocula.

Se sumaron al operativo para recuperar los autobuses de pasajeros cargados de heroína, la policía del estado de Guerrero, la policía ministerial adscrita a la PGR y también la Policía Federal.

Cabe sospechar que, igualmente, al menos por omisión, las Fuerzas Armadas fueron cómplices de lo sucedido.

En el presente es irrefutable que la red mafiosa no se detuvo en Guerrero. Pero, para ocultar la dimensión de las complicidades, la Procuraduría de Jesús Murillo Káram y también la Agencia de Investigación Criminal, a cargo de Tomás Zerón, obstruyeron las investigaciones a partir de una teoría falsa del caso y un cierre prematuro de las pesquisas.

Son esas autoridades las principales responsables de que hoy estén libres decenas de presuntos implicados en el caso Ayotzinapa. La obtención de confesiones por medio de la tortura, así como la pobreza de la evidencia científica presentada ante los jueces, pudieron haber sido, desde el principio, estrategias bien maquinadas para liberar a los perpetradores y así evitar que se convirtieran en delatores.

Porque se trata de una red criminal que supera las fronteras del país, hoy sabemos que las verdaderas cabezas de la organización responsable de la tragedia de Ayotiznapa radican en los Estados Unidos. E, igual y como está sucediendo con sus contrapartes mexicanas, allá también los jueces tienen contemplado liberar a la cúspide de la pirámide.

Así como Murillo y Zerón ocultaron información, la DEA y los tribunales de Chicago escondieron material clave relacionado, no solo con la desaparición de los normalistas, sino aquella referente a la estructura, los movimientos y la dimensión de la red gobernada por Pablo Vega, desde Illinois.

Resulta evidente que el patrón utilizado para proteger a la organización Guerreros Unidos es tan recurrente en Iguala como en Chicago.

Para las autoridades de ambos países la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa fue lo de menos. La cuestión todo el tiempo ha sido minimizar, ante la opinión pública, el tamaño del gigante criminal.

Vale insistir que esta estrategia ha contado con aliados muy leales desde los medios de comunicación, quienes, todavía hoy, abrazan las peores mentiras con una necedad tan sospechosa como exaltada.

Si, como dice el refrán, las escaleras se barren de arriba hacia abajo, la verdad en el caso Ayotzinapa podría ser revelada solamente si se lograse explicar por qué el Gobierno de los Estados Unidos ha guardado con sospechoso celo información clave a propósito de las cabezas de la organización criminal dirigida por Pablo Vega, y más que todo, sobre sus contrapartes mexicanas.

En el mismo sentido tendría que resolverse otra parte de la ecuación: la compulsiva obsesión de los titulares de la antigua PGR, en particular de la Siedo, por encubrir información relativa a los Guerreros Unidos, a su modus operandi y a las autoridades que, por decenas, se hallan en la nómina de esa empresa
criminal.

La invención de la mentira sobre los jóvenes cremados en el basurero de Cocula se realizó con un propósito deliberado: mantener la macrored criminal intacta, después de la tragedia de Ayotzinapa.

ZOOM: Cabe que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador logre descubrir el paradero de los normalistas de Ayotzinapa. Eso permitiría obtener justicia. Sin embargo, el principio de no repetición obliga a desenmascarar a todos y cada uno de los cómplices de la red más importante de tráfico de heroína que todavía hoy cruza desde México hacia los Estados Unidos.
23 Septiembre 2019 04:06:00
Reforma educativa por la fuerza
Todo por la fuerza caprichosa de la mayoría, nada por la razón, ni mucho menos por el derecho.

Las reformas educativas aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados, la semana pasada, violentaron el proceso legislativo.

Dice el reglamento de esa Cámara que los proyectos de dictámenes de las leyes o reformas que pretenden aprobarse deben circular cinco días antes de que la comisión responsable se reúna para discutir y votar.

Esta norma es razonable: las personas responsables de legislar requieren de un mínimo de tiempo para leer las propuestas, consultar con sus asesores, escuchar la voz de sus electores y, eventualmente, también de los especialistas.

Este lapso es doblemente necesario cuando se trata de asuntos de trascendencia para la nación, como evidentemente la tiene el expediente educativo.

Sin embargo, las reformas de Educación, respaldadas por Morena, no respetaron en modo alguno el reglamento de la Cámara de Diputados.

El dictamen a la reforma a la Ley General de Educación contiene 727 páginas; la nueva ley reglamentaria para la mejora continua de la educación tiene 167 hojas y; la nueva ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros tiene 385 páginas.

En total, los tres documentos suman mil 279 hojas.

En la hipótesis de que una persona requeriría, al menos, un minuto para leer cada página, se necesitarían alrededor de 21 horas con 30 minutos para ente-rarse del contenido de estas iniciativas.

Este plazo no incluye, obviamente, tiempo para consultar, comparar, discutir, razonar y, al final, obtener una opinión propia.

En este contexto, no sólo sorprende sino también agravia que los dictámenes referidos hayan sido entregados a los diputados de la comisión de educación con tan solo 24 horas de anticipación.

En efecto, los integrantes de esa comisión recibieron los proyectos de dictamen el martes 17 de septiembre, poco después de las 16:00 horas, y estos fueron aprobados por dicho órgano al día siguiente.

La violación a la norma no debe pasar desapercibida. De acuerdo con el artículo 177 (fracción III), del reglamento de la Cámara de Diputados, tales dictámenes no debían haber sido discutidos ni aprobados antes de este domingo 22 o, considerando los días hábiles, antes del martes 24.

En cambio, con una velocidad que alimenta las peores sospechas, la comisión de Educación aprobó el paquete en menos de un día, es decir el miércoles 18 de septiembre.

Fue humanamente imposible para los integrantes de la comisión someterse a una lectura acuciosa, razonada y razona-ble de este abultado expediente legislativo. Estos legisladores no pudieron entregarle a la nación un debate riguroso como hubiera sido deseable frente a un tema que se merecía el mayor de los respetos parlamentarios.

El siguiente atropello ocurrió un día después, el jueves 19 de septiembre. El mismo reglamento dice que la Mesa Directiva que gobierna la Cámara baja debe cuidar, y es responsable, de que los asuntos incorporados al orden del día en las sesiones del Pleno de los diputados cumplan con las normas previstas para la formulación y presentación de las piezas legislativas.

Dado que, entre la fecha de circulación de los dictámenes y las de su aprobación se violentó el reglamento, la Mesa Directiva debió haber ordenado que esos textos regresaran a la Comisión de Educación para que se restituyera el procedimiento.

En vez de ello, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hizo algo increíble: sometió a vo-tación del Pleno si debía violarse el reglamento. Y, dado que Morena tiene mayoría sobrada, ese cuerpo legislativo resolvió abrumadoramente cometer una infracción grave a su propia norma.

No es que los diputados hayan modificado el reglamento; el voto fue para hacer explícito que la mayoría estaba dispuesta a darle la espalda a la ley.

Al actuar así, la Mesa Directiva obligó a que el resto de los legisladores, que no pertenecen a la comisión de Educación, contarán con apenas un día para analizar, de su lado, los tres dictámenes educativos.

La madrugada del 19 al 20, sin que materialmente hubieran contado con ponderación, rigor ni mesura, los diputados aprobaron un paquete educativo de reformas que tendrá un gran impacto en nuestro país.

ZOOM: En materia educativa no se cumplió la máxima de Benito Juárez. La fuerza de una mayoría que desprecia a la razón y al derecho se impuso con arbitrariedad. ¿Qué lección deja este episodio para el futuro de la cuarta transformación? Pues que las cosas han cambiado muy poco.
16 Septiembre 2019 04:00:00
‘A coger gachupines’
Fue Juan Aldama quien llevó la noticia y cuentan que Ignacio Allende propuso a los instigadores que se escondieran hasta que las circunstancias fueran favorables. Pero Hidalgo se negó. Era en ese momento que debía ocurrir el levantamiento así que en la madrugada del 15 de septiembre de 1810 acudió a liberar presos y tomó 20 mil pesos que había en la subdelegación de Dolores.

Hacia las 5 de la mañana el Padre de la Patria hizo sonar la campana. Para ese momento se habían juntado más de 600 personas dispuestas a tomar lanzas y espadas en contra de un Gobierno que no tenía suficiente legitimidad.

Un par de meses después, el levantamiento social encabezado por Miguel Hidalgo sumó casi 80 mil almas: una genuina revuelta popular que incendió el país para derrocar al mal Gobierno.

El malestar de los habitantes de la Nueva España tenía un doble origen: de un lado trescientos años de jerarquías arbitrarias donde el solo hecho de haber nacido en la península ibérica concedía privilegios repudiables, sobre todo en contra de los mestizos y los pobladores originarios.

Del otro, la coyuntura hizo que la invasión francesa sobre España y el apresamiento de Fernando VII, a manos de las tropas de Napoleón, desanudara el último tramo de aprecio que quedaba a las autoridades peninsulares del virreinato.

La inteligencia política de Hidalgo consistió en haber leído con agudeza el momento justo en que debía ocurrir el arranque del movimiento a favor de la Independencia.
Había palpado el resentimiento acumulado entre la población y, por su posición privilegiada como sacerdote educado e influyente, también sabía que las élites novohispanas estaban divididas respecto a su proceder político ante la crisis de Madrid.

Esa doble fractura del régimen virreinal fue lo que permitió que el movimiento convocado con una campana de la iglesia de Dolores hiciera erupción de manera tan exitosa.

Intentos a favor de un levantamiento popular hubo muchos en las décadas previas a la Independencia, sin embargo, cada vez la élite novohispana cerró filas para sofocarlos.
En septiembre de 1810 fue diferente porque al malestar social latente se sumó la fractura entre dos grupos que antes habían estado unidos: los criollos y los peninsulares.

Es en este contexto que la frase de Hidalgo cobra significado: “A coger gachupines” quería decir que el pacto previo se había finalmente quebrado.

La historia había puesto a los criollos en una circunstancia irreversible donde ya solo quedaba perseguir a quienes previamente habían gobernado privilegiando, sobre todo, a sus hijos nacidos en la Nueva España: la élite criolla.

Esta reconfiguración de las alianzas no es exclusiva de la guerra mexicana de Independencia. Prácticamente cualquier revolución popular que haya tenido éxito comenzó con la traición del arreglo que antes había permitido someter al conjunto de la población.
Nunca han sido la injusticia y la explotación argumentos suficientes para detonar la erupción social. Cuando esta ocurre es porque los antes aventajados pierden a sus principales aliados.

Las revoluciones francesa y estadunidense, ocurridas durante la segunda parte del siglo dieciocho, y también la inglesa que sucedió más de cien años atrás, fueron exitosas porque se agotó la alianza entre la nobleza europea y la naciente burguesía.

La guerra de Independencia mexicana no es la excepción. El quiebre de la burguesía criolla, en su relación con los peninsulares, y el realineamiento de las complicidades hicieron posible que Hidalgo y los demás conspiradores obtuvieran apoyo popular en los primeros meses de aquella gesta.

Sin embargo, el mismo estamento que vio al principio con simpatía la convocatoria del cura Hidalgo muy pronto retiró su apoyo porque los ánimos sociales se desbordaron multiplicando las muertes y las pérdidas materiales.

Cuando aquellos conspiradores de Dolores quedaron rebasados, la burguesía criolla desconfió y devolvió, al menos en parte, soporte a los peninsulares. Esa fue la razón por la que nos tomó once años consumar nuestra Independencia.

ZOOM: A los mexicanos nos fascina nuestra historia, acaso porque en sus páginas continúa representándose el presente.
09 Septiembre 2019 04:10:00
Todavía puede haber justicia para Ayotzinapa
Para la nueva Fiscalía General de la República (FGR) el caso Ayotzinapa es la medida de todas las cosas. Si esa tragedia se aleja del océano de impunidad en el que se encuentra, esa institución obtendrá credibilidad y prestigio. En revancha, si nada se resuelve, el descrédito de la anterior Procuraduría General de la República (PGR) caerá como pesada avalancha sobre la dependencia naciente.

Por eso se entiende que el fiscal Alejandro Gertz Manero y sus subordinados estén tan sensibles frente a la crítica que se hace sobre su trabajo. Y, sin embargo, no hay manera de apartar la lupa, destacadamente después de que el juez Samuel Ventura Ramos dictó auto de libertad para Gildardo López Astudillo.

Aunque buena parte de la culpa de esta liberación la tiene la vieja PGR, otro tanto de responsabilidad es imputable a la nueva Fiscalía. Tanto Gilberto Higuera Bernal como Alejandro Gertz restaron importancia a una pieza de evidencia que debió haber ocupado un papel principal a favor de las víctimas de Ayotzinapa.

El 11 de marzo de 2014 el fiscal de distrito en Illinois, Zachary T. Fardon, presentó una denuncia ante un juez federal en contra de ocho sujetos acusados de pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y heroína proveniente de México.

Este expediente criminal quedó registrado con la referencia 14 CR 705. Los ocho presuntos delincuentes mencionados son Pablo Vega Cuevas, Alexander Figueroa, Wilfredo Sorto Hernández, Rubén Sánchez, Eliseo Betancourt, Isaías Mandujano, José Rodríguez y Arturo Martínez.

El juez que dio entrada a esta denuncia autorizó para que se realizaran intercepciones electrónicas sobre los dispositivos de comunicación de estas personas. Así, entre marzo y octubre de 2014, miles de comunicaciones quedaron registradas por los servicios policiales.

Gracias a este operativo fue posible identificar a la contraparte mexicana de Los Guerreros Unidos. Nombres como los de Sidronio y Alfredo Casa-rrubias, Gildardo López Astudillo o José Luis Abarca, entre muchos otros, aparecen en las transcripciones.

El lunes 12 de junio de 2017 el fiscal Fardon completó la acusación y presentó el caso US vs. Cuevas et al. Cinco meses después, el viernes 8 de diciembre de 2014, siete de los ocho presuntos delincuentes fueron acusados formalmente en los Estados Unidos.

A pesar de que las personas imputadas por este proceso judicial pertenecían a la organización Guerreros Unidos, la autoridad mexicana no prestó ninguna atención al respecto.

Entre 2015 y 2017 ni el Gobierno ni la PGR quisieron dar crédito a la hipótesis que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) ofreció en el sentido de que los camiones secuestrados por los estudiantes podían estar siendo utilizados para transportar droga hacia Chicago.

La negación se mantuvo con necedad, incluso después de que el Gobierno de los Estados Unidos compartiera con sus homólogos mexicanos, hacia finales de 2017, algunas de las transcripciones relativas a la intercepción de los dispositivos.

El mayor error cometido por el procurador Higuera fue no haber relacionado este valiosísimo material en la causa seguida en México, entre otros, en contra de Gildardo López Astudillo por crimen organizado (123/2014).

Si los testimonios autoinculpatorios se desmoronaron por haber sido obtenidos bajo tortura, estas transcripciones hubieran solventado los vicios del proceso. Pero la PGR olvidó incluir tal evidencia fundamental. López Astudillo salió absuelto del delito de crimen organizado por esta negligencia.

En noviembre de 2018 la PGR presentó algunas de esas transcripciones al juez Ventura, para sustentar la acusación por secuestro (66/2015), pero el Ministerio Público fue avaro a la hora de exponer la relevancia que esa evidencia tenía para el caso: acompañó esos documentos enviados por la autoridad estadunidense con un párrafo de 60 palabras que dice prácticamente nada.

El fiscal Alejandro Gertz Manero debió contrarrestar el mediocre trabajo de sus antecesores con una mejor argumentación ante el juez Ventura. También debió abrir en México un proceso espejo respecto al emprendido por el fiscal Fardon, de Chicago, teniendo como base probatoria la evidencia antes referida. Sin temor al equívoco: de haberlo hecho así López Astudillo seguiría tras las rejas.

ZOOM: Hay una manera de evitar que el resto de la banda criminal Guerreros Unidos logre escapar del castigo que merece. La FGR debería enderezar el caso a partir del trabajo que ya se hizo en Illinois con la causa 14 CR 705.
02 Septiembre 2019 03:57:00
Derrota moral de las oposiciones
Las oposiciones al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador todavía siguen atrapadas dentro de la barranca donde cayeron en julio del año pasado, y a ninguna se le nota hambre, de la verdadera, para querer salir de ahí.

Traen la moral por los suelos y no hallan cómo levantar el rostro. Mientras tanto, el triunfador se encarga todos los días en compararles con la facción traicionera que, en el siglo 19, se prestó para que un extraño enemigo invadiera la patria.

Algo de injusto tiene comparar a panistas, priistas, los enemigos intelectuales o a los intereses económicos adversos al actual Gobierno, con los desmatriados conservadores que pactaron con Napoleón III para traer a Maximiliano como emperador.

Sin embargo, ha sido muy eficaz el discurso de descalificación que el Presidente suele recetar al tercio de población que no aprueba su gestión.

Lo ha sido sobre todo porque los aludidos no han tenido capacidad para contrarrestar los ataques.

Mientras los adversarios del Gobierno están acorralados en el mismo sitio, el Presidente avanza sin contención. Ganó aquellos comicios con poco más de 50% de los votos y cuenta hoy con un respaldo casi del 70%.

En revancha la oposición ha perdido casi 20 puntos durante el último año.

El tercio opositor se ha endurecido y trae el cuerpo hecho ovillo para soportar los golpes.

Acaso por ello se mira todo el tiempo el ombligo.

El principal problema de las oposiciones es que no cuentan con una versión alternativa de futuro.

Mientras la cuarta transformación ofrece una narrativa para el porvenir, los adversarios atrincherados en la zanja se miran incapaces de imaginar un horizonte que compita con la oferta del Presidente.

Cuando las oposiciones debaten con el poder lo hacen desde la idealización de un pasado al que muy pocos querrían volver.
Si salieron tan lastimadas durante los últimos comicios federales fue porque 8 de cada 10 mexicanos queríamos que ocurriera un cambio contundente en la política y sus instituciones. De ahí que defender lo ido no solo sea absurdo sino suicida.

Quizá un año sea muy poco tiempo para que las fuerzas de la oposición terminen de digerir las razones del fracaso. Sin duda lo es para que nuevas ideas contrastantes puedan emerger y tanto más para que liderazgos con visión y futuro puedan atraer un número mayor de simpatías.

Esta es una realidad que tenderá a moverse en el tiempo, porque así suele ocurrir en los ciclos democráticos. Sin embargo, nada sucederá si la moral de las oposiciones no remonta, si no salen de su hoyo, si no apartan la mirada de su propio ombligo, si no saben tomar distancia con una realidad pasada que fue corrupta, violenta y desigual.

El modo reactivo sin pizca de proposición es el problema principal, por lo que cada vez que se arrojan críticas contra el Gobierno, estas se evaporan antes de tocar a su objetivo.

Los adversarios no han tomado conciencia de que la disputa no es por el presente –porque este ya tiene dueño– sino por el futuro: ¿qué nos dice a los mexicanos sobre el porvenir la metralla de amparos destinados a parar las obras en Santa Lucía? ¿Qué aporta para el futuro la insistencia de invertir más recursos públicos en financiar policías en vez de apoyar a los jóvenes? ¿Qué significa para el futuro que el PRI haya resuelto su dirigencia a partir del fraude electoral? ¿Qué aporta para el futuro que el único vínculo capaz de reunir a los opositores sea Andrés Manuel López Obrador?

ZOOM: Tiene razón el Presidente cuando dice que sus adversarios están derrotados moralmente, pero la responsabilidad es solo de ellos. No hay un techo que les impida crecer, sino un suelo pegajoso que les tiene atrapados.
26 Agosto 2019 03:50:00
Etiquetado frontal
No hay destino irremediable frente a la epidemia de obesidad y diabetes que recorre nuestro país. Aunque es responsable principal de la muerte en México, muy por encima de la violencia criminal o los accidentes de automóvil, no estamos ante la peste bubónica, la gripa española o la tuberculosis.

Está en nuestras manos enfrentar la tragedia, siempre y cuando no se responda a esta epidemia con algodones de azúcar o caramelos, por parte de los principales responsables.

Quince de cada 100 mexicanos padecen diabetes; es obvio que hay una precondición genética en nuestra población, la cual no se comparte en otras latitudes del planeta. Hay suficientes estudios para concluir que los alimentos procesados, altos en azúcares y carbohidratos, sientan mal en la salud de quienes habitamos este país.

Es urgente por tanto disminuir su consumo. No se trata, por lo pronto, de prohibir estos alimentos, aunque puedan ser tanto o más dañinos que el alcohol o el tabaco. Pero es imperioso crear conciencia, a velocidad de la luz, sobre aquellos que hacen más daño.

No es con estribillos bobos como el de “come frutas y verduras” al final de cada promocional de alimentos procesados que esa conciencia va a consolidarse.

Las personas necesitamos saber, con la mayor precisión posible, qué nos estamos llevando a la boca.

De ahí que tenga buena pinta la iniciativa promovida por la Secretaría de Salud y la bancada de Morena en la Cámara baja a propósito del etiquetado frontal en el empaquetado de los productos procesados más nocivos.

Cinco son los argumentos que necesitamos tener presentes a la hora de consumir tales alimentos: qué tan altos son en azúcar, cuánto lo son en sodio, qué nivel tienen de grasa saturada y grasas trans, así como el número de kilocalorías que
contienen.

El etiquetado que actualmente exhiben los productos procesados no permite al consumidor conocer esta información de manera confiable y rápida. El formato está diseñado para complicar la lectura de los ingredientes.

Tarda uno en saber si la información implica al total del envase o tiene que ver con una porción que, según el producto, varía de manera arbitraria.

Es tan complejo que para comprender a cabalidad lo que va a ingerirse se requeriría llevar al supermercado una
calculadora.

De ahí que la nueva iniciativa de etiquetado frontal busque volver accesible y, sobre todo, comprensible, la información nutrimental de los alimentos procesados. La idea es muy simple: cuatro etiquetas hexagonales en la parte posterior del producto donde se haga explicito qué tan alto es en los cuatro rubros mencionados: azúcares, sodio, grasas y grasas trans, y una quinta que precise las kilocalorías totales.

Esta fórmula de etiquetado ha sido ya probada con gran éxito en países como Chile y Perú. Tiene como principal propósito tratar a las personas, sin importar su edad, como seres autónomos e inteligentes que, con información adecuada, sabrán qué hacer para procurar su propia salud.

El problema del etiquetado actual es que engaña, porque supuestamente proporciona información, pero en realidad desincentiva la consulta ya que exhibe datos presentados de manera confusa.

En contraste, la propuesta del etiquetado frontal permitiría que las personas consumidoras obtengan información rápida sobre sus compras y que ésta les conduzca a cambiar de hábitos alimenticios de manera alineada con su respectiva salud física.

La iniciativa ha encontrado oposición de actores muy influyentes. Los cabilderos a favor de la industria de alimentos procesados actúan de manera irresponsable: hacen pensar en los necios que en su día se opusieron al uso de la vacuna contra la tuberculosis. Es obvio que les importa más la salud de sus intereses que la de sus consumidores.

Mientras la iniciativa de etiquetado frontal iba viento en popa en la Cámara de Diputados, un grupo de senadores, seducidos por la voz de la industria, decidieron descarrilar el proceso legislativo argumentando, entre otras sandeces, que esta nueva forma de etiquetado podría traer crisis y desinversión dentro de un negocio que es muy redituable.

ZOOM: Divorciar al poder político del poder económico es una de las promesas principales de la 4T. La separación entre la Secretaría de Salud y la industria procesadora de alimentos sería una de las acciones más saludables para la población mexicana.
19 Agosto 2019 03:58:00
López Obrador vs López Obrador
“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Esta frase favorita del Presidente parece tener una excepción: los exmandatarios de México.

En conferencia mañanera, el viernes pasado dijo López Obrador que él no estaría de acuerdo con juzgar a sus antecesores y que, en todo caso, sometería a consulta popular la pertinencia del enjuiciamiento.

Esta iniciativa no es nueva, en el discurso de toma de posesión ya había expuesto su idea de poner un punto final a la corrupción y mirar hacia delante.

Sin embargo, entonces no había nada en concreto que pudiera señalar penalmente a su antecesor inmediato, Enrique Peña Nieto.

Ahora las cosas han cambiado: la exsecretaria Rosario Robles Berlanga ha sido vinculada a proceso judicial por el delito de ejercicio indebido de la función pública, ya que, presuntamente, conoció de los desvíos e irregularidades que se cometieron bajo las dependencias que ella encabezó y, además, no hizo nada para evitarlo.

Una pregunta clave en este proceso se relaciona con el conocimiento que su jefe, Enrique Peña Nieto, haya tenido de las irregularidades y desvíos.

Hay una paradoja en este hecho: si Rosario Robles informó a su jefe, ella no habría cometido el delito que se le imputa, o por lo menos el juez tendría que tomar este hecho en consideración para aminorar la pena.

Pero la semana pasada surgió información creíble a propósito del conocimiento que el presidente Peña Nieto obtuvo sobre la materia juzgada. El exauditor de la Federación, Juan Manuel Portal, declaró en entrevista con El Universal que él, personalmente, comunicó al exmandatario sobre las contrataciones irregulares detectadas en la Secretaría de Desarrollo Social.

“Lo que está haciendo Rosario Robles es un delito”, precisó Portal con todas sus letras. “Ya no lo vamos a hacer”, cuenta que le respondió el expresidente.

Con todo -hace notar Portal- Robles fue después premiada con la titularidad de la Sedatu.

En un país apegado a la legalidad -donde, en efecto, nada pueda estar al margen de la ley, ni nadie por encima de ella- esta declaración de Portal habría sido suficiente para que, en automático, la Fiscalía General de la República procediera a celebrar una investigación sólida.

De ser cierto lo que argumentó el exauditor, igual que Rosario Robles, Enrique Peña Nieto habría violado el artículo 214 del Código Penal Federal que a la letra dice:

“Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que… teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada... no lo evite, si está dentro de sus facultades”.

Después de atender a los informes del auditor, estaba entre las facultades del expresidente Peña enfrentar las afectaciones al patrimonio nacional impuestas por el proceder delictuoso relatado en la Estafa Maestra; estaba también obligado a compartir esa información con la entonces Procuraduría General y, sobre todo; no debió premiar a la exsecretaria de Sedesol con otro puesto en su Administración.

Es cierto que aún falta un largo tramo para poder afirmar con verdad jurídica si Rosario Robles es culpable de lo que se le imputa. Sin embargo, los datos disponibles alcanzaron, por lo pronto, para echar a andar el proceso judicial.

Después de las declaraciones valientes de Juan Manuel Portal, lo mismo habría de ocurrir en el caso de Enrique Peña Nieto. Dado el cargo que ocupó en la administración pasada, la voz del exauditor es suficientemente atendible como para abrir una investigación rigurosa sobre la posible comisión de un ejercicio indebido de la función pública por parte del exmandatario.

Ora que, traicionando su compromiso insistente con la legalidad, el viernes pasado Andrés Manuel López Obrador se arrojó de cuerpo entero para evitar que la Fiscalía General haga su trabajo.

En ninguna parte del mundo civilizado las consultas populares, o los referendos, sirven para decidir si un individuo debe ser enjuiciado: no es la opinión pública, ni el pueblo quienes deben investigar, enjuiciar o sentenciar. Eso es linchamiento, al estilo más bárbaro de la humanidad.
12 Agosto 2019 03:50:00
¿Quién juzga a Rosario Robles?
Tiene en sus manos dos expedientes políticamente muy explosivos: los casos Robles y Lozoya. El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinará si proceden las imputaciones presentadas por la Fiscalía General de la República en contra de esos exfuncionarios de la Administración anterior.

¿Quién es este juez? ¿Cómo actuó en casos anteriores? ¿Cuán independiente se comporta frente a las presiones políticas? ¿Sabe lidiar con los reflectores de los medios?

Felipe de Jesús Delgadillo es uno de esos jueces, relativamente jóvenes, que están especializados en el nuevo sistema penal. Con poco más de 40 años ha enfrentado varios casos complicados por su carga política.

Se dio a conocer cuando ordenó a la Procuraduría General que investigara el uso que esa misma dependencia habría hecho del software Pegasus, en contra de ciudadanos víctimas de espionaje indebido.

Después de presentar una denuncia ante la PGR, las víctimas recibieron como respuesta del Ministerio Público que no había evidencia de sus dichos y por tanto no se podía proceder con la investigación.

Sin embargo, la opinión del juez Delgadillo fue otra: ordenó al MP investigar el caso argumentando que la carga de la prueba no debe trasladarse a las víctimas. Instruyó para que la PGR hiciera a un lado los pretextos: no debía eludirse una responsabilidad para proceder con una investigación que eventualmente afectaría a los propios directivos de la PGR.

Otro momento interesante en la carrera del juez Delgadillo es la riña mediática que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en marzo pasado, a propósito de la liberación del presunto delincuente, Luis Felipe Pérez, alias “El Felipillo”.

De acuerdo con este juez, el Ministerio Público integró mal la averiguación previa en contra de dicho sujeto, supuestamente perteneciente al cártel de Tláhuac. Lo acusó, en concreto, de fabricar drogas sin aportar una sola prueba.

Posterior a su liberación, el presidente López Obrador metió las narices en el asunto y reclamó al juez con palabras duras: “El argumento o la excusa (que dan los jueces) es que no están bien integradas las averiguaciones, que no se cumplió con el debido proceso y esto da pie a que un juez deje en libertad a un delincuente”.

El juez Delgadillo decidió no quedarse callado y dobló la apuesta: dijo que el MP había aducido producción de narcóticos, “pero lo realizó con base en una afirmación falaz y dolosa… una imputación para… quedar bien con la opinión pública”. No aportó pruebas creíbles, pues.

Luego añadió un mensaje rudo contra el Presidente: “Corrupción es pretender presionar a la autoridad judicial sin sustento alguno, con fines mediáticos”.

El comportamiento previo del juez Delgadillo ofrece confianza a propósito de la actuación que habrá de tener en los casos que hacen fila sobre su escritorio.

No le tocará a él determinar si Robles o Lozoya son culpables; en el nuevo sistema penal esa tarea le corresponderá a otro juzgador.

Su papel es controlar el origen del proceso: determinar, en efecto, si las acusaciones de la Fiscalía están bien fundadas, si cuentan con pruebas solventes, si hay testimonios que les aporten credibilidad.

En otras palabras, la principal responsabilidad que pesa sobre Delgadillo Padierna es colocar un muro contra la política y a las ganas de sangre que tiene la opinión pública, para asegurarse de que las acusaciones en contra de estos dos exfuncionarios tienen ruedas para llegar lejos.

Tanto Rosario Robles como Emilio Lozoya se han llamado víctimas de la 4T. Acusan de estar siendo los chivos expiatorios en una lucha supuesta contra la corrupción. Pues al juez Delgadillo Padierna le tocará aportar los argumentos para combatir esa creencia. Con la ley en la mano habrá de neutralizar a la política para que la justicia haga su trabajo.

Ora que, si la Fiscalía vuelve a hacer mal su tarea -si integra mal la averiguación previa- tal como sucedió en el caso de “El Felipillo”, tenemos como ventaja la presencia de un juez que es capaz, inclusive, de ponerse al tú por tú con el Presidente.

ZOOM: estos son los jueces que le urgen a México: independientes, expertos, firmes, dignos. Una nueva generación de juzgadores viene andando camino desde que se reformó el sistema penal mexicano. Habrá que observar su trabajo con la máxima lupa posible.
05 Agosto 2019 03:30:00
Verdad inconveniente de un joven asesino
Durante la madrugada del sábado pasado, Patrick Wood Crusius condujo un automóvil más de 700 kilómetros, desde un vecindario en las afueras de Dallas, hasta la ciudad de El Paso, Texas.

Este estudiante universitario de 21 años llevó legalmente consigo una AK47 WASR 10, según sus propias palabras, por su capacidad para herir letalmente.

Eligió la ciudad de El Paso, por su población mayoritariamente hispana, 8 de cada 10 personas ahí tienen ascendencia mexicana.

Sabía que en la tienda de autoservicio seleccionada habría muchos clientes a la hora prevista: la mayoría dedicados a adquirir los útiles escolares del ciclo por comenzar.

Cuarenta y cinco minutos antes de proceder con el atentado terrorista, Crusius subió a la red un comunicado de seis páginas explicando las razones de su actuación. Aquí una traducción lírica de los argumentos más relevantes de ese documento:

1. El ataque es una respuesta a la invasión hispana de Texas. Ellos son los instigadores, yo no.


2. Estoy defendiendo mi país del reemplazo étnico y cultural provocado por esta invasión. Los indios nativos no tomaron con seriedad la invasión europea y hoy son la sombra de lo que fueron.

3. Los Estados Unidos serán pronto el país de un solo partido porque el voto hispano entregará el control a los demócratas. Por eso abren las fronteras, quieren un sistema de salud para las personas ilegales y buscan ciudadanizar a millones de nuevos votantes. El voto hispano hará pronto que Texas se convierta en un estado demócrata y con ello ese partido ganará todas las elecciones presidenciales.

4. Este ataque es un incentivo para que los migrantes hispanos regresen a sus respectivos países. Un incentivo patriótico.

5. Si podemos deshacernos de suficientes personas, el estilo de vida americano puede todavía ser sostenible.

6. La inacción es una elección. No puedo cargar con la vergüenza de la inacción sabiendo que los padres fundadores me dejaron un patrimonio de derechos necesarios para salvar al país de su destrucción. Los europeos no tienen derecho a portar armas, nosotros sí.

7. Si los Estados Unidos caen será por culpa de los traidores y por ello no siento culpa alguna por mis acciones.

8. Estoy en contra de la mezcla de razas porque destruye la diversidad genética y crea problemas de identidad.

9. Lo mejor sería dividir a los Estados Unidos en una confederación donde al menos un territorio sea entregado a cada raza. Esa separación física eliminaría la mezcla racial y mejoraría la unidad y representación de cada grupo.

10. Mucha gente cree que la pelea a favor de los Estados Unidos está perdida. No pueden estar más equivocados. Esto es solo el principio de la batalla a favor de mi país y de Europa. Me honra encabezar esta batalla para apartar a los Estados Unidos de la destrucción.

Hacia las 10:30 de la mañana del sábado 3 de agosto 20 personas perdieron la vida debido a las ráfagas de bala lanzadas por un arma AK47 WASR 10 en manos del joven Patrick Wood Crusius.

Este acto terrorista no discriminó entre nacionalidades, edad, ni sexo.

Además 26 personas fueron lesionadas y no todas saldrán con vida del hospital donde más tarde fueron internadas.

Este hecho horrendo ocurre en medio de una campaña política marcada por el odio racial y la exacerbación de los ánimos. Cabe temer, con Crusius, que este acto no sea aislado porque se trata de un síntoma más en un país gravemente enfermo.

ZOOM: El derecho a la posesión de armas, el odio, el racismo, la furia antimigrante, la crisis de representación, la fascinación con uno mismo, el nihilismo y la inutilidad de la política, son los rasgos de una época a la vez peligrosa y miserable.


22 Julio 2019 04:02:00
Negociación con premio
No hay plazo que no se cumpla. El día de ayer domingo se reunieron Mike Pompeo y Marcelo Ebrard. Los resultados no podían ser mejores: México no será tercer país seguro. El apoyo a Centroamérica fue confirmado. Los datos de migración son prometedores y… el dinero del “Chapo” viene de regreso a México.

La reunión relámpago dio excelentes resultados. A 45 días de aquella negociación que se antojaba tan difícil, el Gobierno mexicano logró separar las agendas migratoria y comercial. No se habló más de las tarifas comerciales en contra de nuestro país. La amenaza de la Casa Blanca dejó de pesar sobre la economía mexicana.

Ebrard pudo divorciar los temas y volvió creíble la capacidad del Gobierno mexicano para frenar el éxodo centroamericano a los Estados Unidos.

La reducción neta en el plazo comprendido es de más del 40 por ciento. El Gobierno mexicano cumplió su palabra.

En revancha, Washington se comprometió a frenar, a partir de ahora, el tráfico de armas. Operativos en las principales ciudades fronterizas del sur de los Estados Unidos harán posible que el armamento frene su flujo en favor de las organizaciones criminales.

Pompeo también aseguró que el apoyo al plan de desarrollo para América Central llegará en tiempo y forma. Dos mil millones de dólares para limitar la necesidad migratoria de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos.

Se suma como victoria que el tema de convertir a México en tercer país seguro quedó despejado. La supuesta cláusula secreta de la reunión anterior, la que Trump quiso presumir, era inexistente. No será necesario que los migrantes permanezcan en México mientras reciben permiso de asilo en el país vecino.

También se habló de la fortuna de Joaquín “El Chapo” Guzmán, estimada en 12 mil 600 millones de dólares. México pidió a Washington que ese dinero regrese al país de origen del narcotraficante. Sería utilizado para combatir, en el futuro, el crimen organizado alrededor del negocio del narcotráfico.

Hoy por la mañana Marcelo Ebrard tendrá también que rendir cuentas sobre la política de derechos humanos a favor de los migrantes centroamericanos. Los centros de detención del Instituto Nacional de Migración son una vergüenza mundial.

No cuentan con recursos, no son salubres, no son seguros; en fin, son miserables.

La Secretaría de Relaciones Exteriores invertirá, de su propio presupuesto una cantidad importante de recursos para que esta circunstancia cambie.

Esta será la diferencia principal entre un país que sirve de barricada indolente frente a la migración y otro que es capaz de atender a la emergencia sin tratar a los hermanos como objetos indeseables.

En resumen, 45 días han pasado desde la crisis que distanció a los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador y, afortunadamente, el obstáculo fue salvado. Nada asegura que, de aquí a las elecciones de noviembre próximo, en los Estados Unidos, no vaya a aparecer un problema nuevo.

Y, sin embargo, la novedad es que Ebrard y Trump, con Pompeo y Pence como testigos, han encontrado una relación satisfactoria de confianza.

ZOOM: Decía hace unos días Porfirio Muñoz Ledo que en el sistema político mexicano no está contemplado contar con un Primer Ministro. Quizá se equivocó. Ebrard se ha convertido, de facto, en un primo entre sus pares ministros.
15 Julio 2019 04:04:00
Las deshonestidades de Urzúa
La carta de renuncia y las explicaciones públicas ofrecidas por Carlos Urzúa Macías desnudan a un hombre deshonesto.

Mientras en su texto de dimisión acusó a Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia, como un personaje influyente “con un patente conflicto de interés”, en entrevista otorgada a Hernán Gómez Bruera, el exfuncionario rehizo la versión: “no estoy diciendo que eso haya pasado en el caso de Romo, no me consta” (Proceso 2228).

¿Es patente el conflicto referido, pero no le consta? En buen español esto se llama intriga.

Abunda que habría deseado no ver al hijo de Alfonso Romo como accionista de la casa de bolsa Vector para evitar que el acceso a información privilegiada pudiese beneficiar sus negocios.

Entre los deseos de Urzúa y lo que dice la ley hay un océano de distancia: no hay norma en México que fuerce a los hijos de los servidores públicos a renunciar al libre ejercicio de su profesión; no importa que se trate del jefe de la oficina presidencial o del Presidente mismo. El día que suceda lo contrario, habrá que hincarse ante el altar de la arbitrariedad.

Lo que Urzúa no dice es que, en el fondo, él tiene dos razones muy grandes para detestar a Romo. La primera se relaciona con la proximidad política que el exfuncionario sostiene con el presidente del grupo Femsa, José Antonio Fernández Carbajal –“El Diablo”–, y la segunda, que Carlos Urzúa no fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción del presidente López Obrador para ocupar la cabeza de la SHCP –y que Alfonso Romo tuvo la responsabilidad de intentar, sin lograrlo, convencer a los otros candidatos.
El vínculo con Fernández Carbajal se estrechó en 2003, cuando Urzúa renunció a la secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. En aquél entonces Urzúa mintió a López Obrador pretextando que debía regresar a El Colegio de México, cuando en realidad había aceptado fundar la EGAP del Tecnológico de Monterrey, a petición del “Diablo”.

El mismo “Diablo” que apoyó a Vicente Fox y, años más tarde, a Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”; el mismo “Diablo” que volvió a contratar a Carlos Urzúa tres días después de que dejó Hacienda.

Es antiguo el pleito que tienen Romo y “El Diablo” –el primero conocido por su progresismo y su involucramiento reiterado con la izquierda electoral– y, el segundo, amigo no solo de la derecha, sino del conservadurismo que mayor daño le ha causado al país.

A esta histórica pugna se suma que López Obrador haya encargado a Alfonso Romo, desde que comenzó su campaña, para que coordinara la hechura del Plan de Nación, que sirvió como plataforma electoral durante los comicios de 2018.

En ese plan Carlos Urzúa no jugó ningún papel relevante, por ello, como él mismo confesó a Gómez Bruera, sus aspiraciones se limitaban en un principio a un asiento en el Inegi o en el Banco de México.

Antes que Urzúa, para la cartera de Hacienda fueron contemplados Adrián Rodríguez Macedo, Rogelio Ramírez de la O y Santiago Levy.

El primero no aceptó por razones de salud que luego le quitaron la vida, el segundo, que sí tuvo un papel protagónico en el Plan de Nación, prefirió declinar porque tenía otras responsabilidades profesionales; de su lado, Levy no logró armonizar su salida del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la urgencia que López Obrador tenía para presentar al futuro gabinete.

Es mentirosa la afirmación de que López Obrador evaluara a Urzúa “más capacitado como administrador público y economista que sus otras opciones” y, prueba de ello fue que el entonces candidato encargó a Romo para que realizara las invitaciones que luego no prosperaron.

ZOOM: Ahora nos enteramos de que Urzúa no estaba de acuerdo con el cierre del aeropuerto de Texcoco, la construcción de la refinería de Dos Bocas o a la política energética del actual Gobierno. Acaso la circunstancia requería, desde el principio, un secretario de Hacienda con mayor peso a la hora de enfrentar los errores presidenciales.
08 Julio 2019 04:04:00
Alarma fundada de Isabel Miranda de Wallace
La mujer que mereció el Premio Nacional a los Derechos Humanos en 2010, Isabel Miranda de Wallace, replicó el viernes 5 de julio en estas páginas, a un texto de mi autoría relativo al caso de su hijo, Hugo Alberto, publicado el día anterior.

Respondo a sus argumentos: Primero, debo precisar que no defiendo delincuentes, hago un trabajo periodístico basado, principalmente, en la lectura de un expediente judicial. Entiendo que los reflectores no le estén siendo cómodos esta vez, pero su caso es de la mayor relevancia, justo por la exposición mediática, la influencia y por el poder que ella ostenta en México.

Segundo, reclama haber centrado mi atención en los verdaderos apellidos de Hugo Alberto. No hay nada de extraordinario: para determinar los delitos de secuestro y asesinato es esencial que exista una víctima, y para este requisito es indispensable precisar su identidad. En el caso jamás se presentó una denuncia por el secuestro ni el asesinato de Hugo Alberto León Miranda; este hecho representa un problema principal en el proceso.

Tercero, Isabel Miranda insiste en que no hay duda de que la sangre encontrada en el presunto lugar de los hechos corresponde a la de su hijo. Sin embargo, de acuerdo con el documento pericial que obra en el mismo expediente, esa gota coincide con los marcadores genéticos del señor José Enrique del Socorro Wallace Díaz y, por tanto, la sangre no podría ser de Hugo Alberto León Miranda, cuyo padre biológico es Carlos León Miranda.

Cuarto, exige pruebas sobre la tortura practicada en contra de los presuntos secuestradores. Respondo con estas líneas concluyentes del doctor Raúl Enrique Ojeda Silva, médico perito (CJF P 123/2004):

“El procesado Jacobo Tagle Dobín, después de haberlo valorado médicamente -tanto física como clínicamente y emocionalmente- se llega a la conclusión de que fue torturado... y donde las personas que lo realizaron son personal que labora en las áreas de la procuración de justicia, por indicaciones de la señora Isabel Miranda de Wallace…”.

Quinto, reitera que hay constancia de la compra de una sierra eléctrica, la madrugada del 12 de julio de 2005, en una tienda de autoservicio (Walmart); pero no hay ninguna prueba, distinta a las autoconfesiones, que afirme que fue realizada por los inculpados.

Sexto, relativo a los gastos realizados con las tarjetas de Hugo Alberto, en fecha posterior a su desaparición, la evidencia referida por mí no apunta, como afirma Isabel Miranda, hacia gastos programados o recurrentes.

El pago al sitio de citas románticas “match.com” -con una tarjeta Santander, tres meses después del presunto secuestro- habría sucedido alrededor del 15 de octubre de 2005, por un monto de 101 pesos.

Ciertamente hay otro cargo con igual concepto, reflejado en otro estado de cuenta -el mismo día de su de-saparición (el 11 de julio de 2005)-, pero el monto pagado entonces fue por 602 pesos y se celebró con una tarjeta de banco distinta, en este otro caso afiliada a Banamex.

Excepto estas dos referencias, no hay ningún gasto que se repita en concepto, que refleje una cifra similar y que haya sido pagado por la misma tarjeta, entre los meses de mayo y octubre de 2005; por tanto, no es posible afirmar que el pago al sitio “match.com” haya sido recurrente o programado.

A propósito del resto de cargos realizados con posterioridad al 11 de julio -compras en Liverpool, Seven Eleven, Gotcha, Los Arcos, “amazon.com”- vale aclarar que, contrario a los dichos de Isabel Miranda, los estados de cuenta sí distinguen, al menos en el caso de la tarjeta Santander, entre la fecha de compra y la fecha de cargo; también que la distancia temporal promedio entre un evento y otro es de 48 horas -no así de nueve días, mucho menos de noventa días, como lo reflejan esos documentos bancarios.

Séptimo y último punto, reitero que los presuntos responsables del secuestro de Hugo Alberto León Miranda no han sido sentenciados por ningún otro delito. Cabe incluso explorar la hipótesis de que las denuncias enfrentadas también se originaron en hechos falsos o fabricados.

Por ejemplo, frente a la acusación que se celebró por el supuesto asesinato de Tony Rugeiro, César Freyre resultó absuelto; fue también desechada otra acusación por una presunta violación, y en el caso de otros eventuales secuestros, las víctimas implicadas jamás acudieron a ratificar su declaración, y por tanto no habría delito que perseguir.

ZOOM: creo que tiene razón Isabel Miranda de Wallace en estar alarmada por lo que ocurra con la próxima resolución del Octavo Tribunal Colegiado en materia penal. Mientras su hijo continúa desaparecido, el caso que la volvió célebre hace agua por todos lados, lo mismo que su fama pública -la cual podría eventualmente haberse edificado a partir de la fabricación arbitraria de culpables, o peor aún, en complicidad con actos detestables de tortura.
01 Julio 2019 04:01:00
La peor pesadilla de Zerón de Lucio
Mintió Tomás Zerón de Lucio cuando dijo que Omar Gómez Trejo lo acompañó a una diligencia irregular en el río San Juan, en Cocula, el miércoles 28 de octubre de 2014, lugar donde supuestamente aparecieron los restos de Alexander Mora Venancio, el único de los 43 normalistas que por esta evidencia ha podido declararse sin vida.

Se trata del mismo Omar Gómez Trejo que, entre 2015 y 2016, fuera secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), y que el pasado 26 de junio recibió el nombramiento como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, de la FGR.

Las vueltas que da la vida: Gómez Trejo retomará la investigación que hace cinco años estuvo en manos del mentiroso Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).A mediados de 2016, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU decidió sacar de México a Gómez Trejo porque temió por su vida.

El hecho de que Zerón hubiese falseado información, de manera flagrante, obligó a que esa agencia manifestara un severo extrañamiento por el comportamiento impropio del director de la AIC.

En el cálculo de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, si Zerón –un individuo muy próximo a la oficina del expresidente Enrique Peña Nieto–, era capaz de manipular información sensible sin ningún cuidado, frente a la prensa y a la opinión pública, entonces podría recurrir a cosas peores. (Más tarde se sabría que la AIC incluyó a Gómez Trejo en la lista de los espiados con el software Pegasus).

Esta fue la razón por la que el exsecretario técnico del GIEI fue enviado, a mediados de 2016, a radicar a la ciudad de Guatemala. La idea fue proteger su vida y la de su familia, frente a la amenaza inferida que representaron las declaraciones trucadas de Zerón de Lucio.

Esta historia no es una mera anécdota en la larga serie de hechos relacionados con el caso Ayotzinapa: podría ser más bien la primera pista en las nuevas investigaciones. El nombramiento de Omar Gómez sucedió días después de que un video exhibiera la tortura sufrida por Carlos Canto Salgado, sujeto vinculado a los Guerreros Unidos.

Ese video contiene información clave para este caso criminal porque infiere que el viernes 24 de octubre de 2014, la entonces PGR obtuvo datos relevantes a propósito del destino que habrían sufrido, un mes atrás, los normalistas. En el espeluznante video, y también en las declaraciones en el expediente, el señor Canto afirma que la noche de la desaparición, los estudiantes fueron trasladados al Tomatal, porque de ahí, Los Peques –un grupo también asociado con los Guerreros Unidos– los trasladaría a Mezcala.

Y, sin embargo, en vez de seguir esta pista obvia, durante esos mismos días Tomás Zerón decidió visitar el lecho del río San Juan, en compañía de otro indiciado: Agustín García Reyes, “El Chereje”. Esa diligencia no cumplió con la legalidad requerida, según un informe rendido después por la visitaduría de la PGR. Cabe especular si los restos de Alexander Mora Venancio no fueron sembrados por agentes de la AIC, en un montaje para alejar las investigaciones de Mezcala y Huitzuco; para ocultar las pistas de Canto Salgado.

Vale la pena investigar si aquella visita al río San Juan, donde falsamente acudió el nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa –Omar Gómez–, no fue en realidad parte de una trama de ficciones montadas para engañar con la “verdad histórica” sobre la quemazón de Cocula, evento utilizado ante la opinión pública para encubrir a los verdaderos autores materiales de la desaparición de los normalistas.

El testimonio de Canto Salgado, “El Pato” –el hombre que aparece torturado en el video– indicaría que los policías federales, bajo las órdenes del mismísimo Tomás Zerón, habrían sido los verdaderos autores de la desaparición de los normalistas.

De confirmarse esta hipótesis, el entonces director de la AIC habría sido cómplice, no solo de obstruir justicia, sino de cosas más graves. Debe estar temblando Zerón de Lucio por sus mentiras y porque una de sus víctimas, Omar Gómez Trejo, haya sido nombrado el fiscal que inspeccionará sus percudidas diligencias del pasado.

ZOOM: Detrás de Tomás Zerón siempre ha estado Humberto Castillejos Cervantes, el abogado de la presidencia cuando Peña Nieto despachaba en los Pinos. ¿Qué tan alto podrían llegar las investigaciones de la nueva Fiscalía Especial para el caso Iguala?
24 Junio 2019 04:02:00
Abominable obstrucción de justicia en caso Ayotzinapa
El espeluznante testimonio de Carlos Canto Salgado, “El Pato”, no sólo exhibe un episodio de tortura perpetrado, muy probablemente, por los mandos de la Policía Federal Ministerial; se trata además del primer golpe en la caída de un pesado telón fabricado para ocultar la verdad sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.

Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República, debió tener noticia temprana de la declaración que hizo Carlos Canto Salgado el jueves 23 de octubre de 2014, ante el comandante Carlos Gómez Arrieta, responsable de la PGR durante los primeros días de la investigación.

“El Pato” declaró, entre muchas otras cosas clave, que fue la Policía Ministerial Federal –que depende de la PGR– la que condujo a un grupo numeroso de estudiantes con rumbo al Tomatal, que está a 15 minutos al este de la ciudad de Iguala. Lo relevante de esta información es que ese lugar se halla en el polo opuesto de Cocula; más adelante, en la misma dirección, se halla Huitzuco de los Figueroa y, hacia el sur, también Mezcala. (Ver Proceso 2225). Estas declaraciones serían consistentes con los hallazgos en materia de telefonía celular que el GIEI reportó en sus informes. De ser ciertas las afirmaciones de “El Pato”, la PGR estaría a la cabeza del operativo de desaparición forzada de los estudiantes. En efecto, la policía dependiente de esa procuraduría habría sido la autora material del crimen que luego pretendió falsamente investigar.

Antes de que se cumpliera el mes de la desaparición de los normalistas, Murillo y sus empleados tuvieron datos duros para apartar su mirada del basurero de Cocula y dirigirla hacia Mezcala y Huitzuco. Sin embargo, como la declaración venía mezclada con la noticia de que fue su propia policía ministerial la que perpetró la desaparición, se habría optado por fabricar una hipótesis alternativa –la estúpida verdad histórica– que terminó por obstruir la investigación y la justicia del caso judicial más importante que se haya enfrentado en el México contemporáneo.

Durante aquellas fechas fatídicas, el profesor de primaria Carlos Canto Salgado, “El Pato”, regenteaba un bar en Iguala, La Perinola, ubicado en las calles Periférico Benito Juárez y Río San Juan. Por las noches, en ese lugar solía organizarse una jugada de cartas donde asistían diversos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Destacaban, entre otros, Raúl Núñez Salgado, “Camperra”, quien era lugarteniente del líder de la plaza de Iguala, Ángel Casarrubias Salgado. También era asiduo Francisco Salgado Valladares, segundo en el mando de la policía municipal.

El azar quiso que la noche del 26 al 27 de septiembre, el bar La Perinola se convirtiera en una suerte de centro de operaciones de los Guerreros Unidos, desde donde se giraron órdenes definitivas para el destino de los normalistas. Es por este motivo que Carlos Canto Salgado obtuvo información crucial sobre los hechos referidos. Cuenta “El Pato” que, alrededor de las 9 de la noche, llegó a La Perinola la noticia de la persecución en contra de “los ayotzinapos”. Ahí dentro se dijo que distintos grupos empleados por los Guerreros, en concreto Los Peques, estaban involucrados con la masacre.

A la medianoche, Canto escuchó decir a Núñez Salgado, la Camperra: “Esto ya se salió de control, no eran así las cosas, ya está caliente el asunto, pero órdenes son órdenes”. También oyó que fue la Policía Federal Ministerial, la que disparó contra el equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo. Por último, a Canto Salgado le tocó ver con sus propios ojos que varias patrullas federales transportaban normalistas camino a Tomatal. Después le comentaron que el destino final sería Mezcala, pero de eso no tuvo certidumbre. Hacia el este de Tomatal está Huitzuco de los Figueroa, por lo que no debe descartarse ese otro destino.

El comandante Carlos Gómez Arrieta, responsable de la investigación de la PGR en octubre de 2014, ha sido señalado como el hombre que, en el video de la tortura, interroga a Canto Salgado. Este es el motivo por el cual renunció a su actual puesto, como subsecretario de seguridad en el estado de Michoacán.
17 Junio 2019 04:03:00
La ‘Política’ sin políticas
Muchas veces el Gabinete ha escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador decir que desprecia las políticas públicas. Él entiende la ‘Política’ como acción inmediata, sin intermediarios, sin aduanas, sin estudios, sin indicadores, sin nada que lo haga perder el tiempo. Por eso menosprecia la planeación, la evaluación, la burocracia y todo lo que depende la ciencia de la administración pública. Este es uno de los rasgos principales de su Gobierno. ¿En pleno siglo 21, puede hacerse política –con “P” mayúscula– sin políticas? Parece tan extraño como si el cirujano operara sin bisturí o el comensal comiera sin cubiertos. El domingo, al calor de un mitin placero, el presidente López Obrador decidió cancelar la construcción de la línea de Metrobús que iba a reunir a distintas colonias de la zona urbana de La Laguna. A pesar de que la obra llevaba andando un tiempo, no necesitó el Presidente un estudio que le aportara argumentos para tal decisión, no contó tampoco con denuncias de corrupción o con una auditoría que sugiriera problemas en la obra. El Jefe del Ejecutivo consultó a las personas asistentes a la manifestación si preferían el Metrobús, o si mejor se invertía el dinero federal para construir un hospital regional o mejorar la red de agua en las colonias. A mano alzada los asistentes y el Presidente decidieron por todos los demás. Este es un ejemplo preciso de Política sin políticas. Bajo esta óptica se puede comprender por qué al Presidente le parece ociosa la manifestación de impacto ambiental o los estudios de seguridad aeronáutica requeridos para proceder con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Los reportes que hacen los especialistas –opuestos a su visión– solo sirven para hacer perder el tiempo. El ejemplo más evidente de este estilo de Gobierno fue la decisión de cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX (NAICM). Si bien, en muchas ocasiones ha dicho López Obrador que esa obra fue defenestrada porque era un nido de corrupción, a la fecha no hay evidencia de tal presunción. Al contrario, el martes 9 de abril de este año, ante el Pleno de los legisladores, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que, respecto al NAICM, “no se encontró ningún hecho probable de corrupción”. Luego añadió que la cancelación fue por razones técnicas y financieras. El problema es que tampoco se presentó nunca un estudio donde se expusieran esas razones. Hoy, no existe un reporte, un libro blanco, una opinión experta, pues, que avale, con razones técnicas y financieras, la cancelación. En el mundo de la Política sin políticas tal cosa es posible y no hay consecuencias. En la misma hebra se halla la suspensión de la obra del Tren Interurbano México-Toluca. Si bien la Auditoría Superior de la Federación reportó, en este caso, algunas anomalías dignas de revisarse, esa autoridad no recomendó que la obra debiera detenerse. Pero, este modo de proceder no solamente incluye a los proyectos que estaban en proceso desde la Administración pasada. El Presidente decidió vetar a cuatro compañías farmacéuticas por presunta corrupción, aunque él mismo reconoció que no contaba con pruebas al respecto. Si bien es cierto que estas compañías dominaban de manera concentrada el mercado, no esperó el Presidente a que la Comisión Federal de Competencia enfrentara la anomalía. La Política como acción no puede esperar a que actúen otras instancias del Estado, aún si la Constitución así lo establece. De todas las decisiones tomadas de esta manera la que merece mayor reclamo es la relacionada con el antiguo programa Prospera. El miércoles 24 de abril el Mandatario declaró que la mitad del padrón de ese programa, vital para 25 millones de mexicanos, era fantasma. No hubo tampoco en este caso un reporte oficial, ni indicadores, ni evaluación, mucho menos recomendaciones de política pública por parte de Coneval –la dependencia responsable de evaluar los programas sociales– porque los Servidores de la Nación así lo dictaminaron –un grupo de personas cuya composición y propósito todavía es difícil descifrar– este semestre fue de miseria para muchas familias pobres que no tuvieron tiempo de prever la suspensión de los apoyos. Dicen en la Secretaría de Bienestar que todo estará resuelto para la segunda mitad del año, es decir desde ya. ¡Qué fácil es esperar desde el escritorio!

Zoom: para vivir en democracia no solo la Política, con mayúsculas, debe ser democrática, también es indispensable que lo sean las políticas públicas. El déficit democrático del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador radica en el control que pretende ejercer de las decisiones y los presupuestos que son de todos, menospreciando los instrumentos modernos del Gobierno constitucional.
10 Junio 2019 04:00:00
Las mentiras de Medina Mora
El lunes 6 de abril de 2015 publiqué en estas mismas páginas una columna titulada Medina No Suelta La Embajada En ella argumenté contra el puesto que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había entregado a Laura Guadalupe Pérez Vázquez, en la embajada de Estados Unidos, prácticamente al mismo tiempo en que su marido recibió el voto aprobatorio del Senado para ungirlo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por la tarde de esa misma jornada, recibí una llamada de un alto funcionario mexicano, destacado en Washington, para reclamar por mi texto. Primero, apelando a la empatía, el emisario explicó que la señora Pérez Vázquez padecía una enfermedad grave y que por ello necesitaba quedarse en los Estados Unidos, para continuar con un tratamiento médico que no debía interrumpir.

Se me aclaró también que, para poder permanecer, la SRE le había entregado un cargo pequeño –ganaba menos de 2 mil dólares al mes– el cual, sin embargo, la hacía merecedora de un seguro médico cubierto por el servicio diplomático mexicano.

Le pregunté a mi interlocutor, ¿por qué el contribuyente debía cubrir un sueldo cuyo monto el 90% de las familias mexicanas no ingresa mensualmente? La respuesta que recibí siguió abrevando en el pozo del chantaje emocional: porque el costo del tratamiento médico es muy elevado.

Aquella llamada no terminó bien porque era imposible conciliar puntos de vista tan distantes.

Tiempo después me enteré de la muerte de la esposa del ministro y lamenté su pérdida. Solo entonces me pregunté si con mi pluma no había sido injusto al celebrar aquella denuncia.

La información que la semana pasada publicó mi compañero Salvador García Soto en El Universal respondió la interrogante, y también lo hizo la réplica que el ministro Medina Mora envió al diario.

A partir de fuentes confiables –como lo son el Tesoro de los Estados Unidos y la Agencia Nacional de Crimen Británica– García Soto denunció movimientos irregulares del ministro por 2.3 millones de libras y 2.1 millones de dólares; a valor presente estas cantidades suman poco más de 100 millones de pesos.

Como explicación a estas operaciones sospechosas, el ministro Medina argumentó lo siguiente:

“La empresa Compusoluciones y Asociados S.A. de C.V. es una empresa familiar en la que mi difunta esposa era accionista y como tal recibió dividendos y realizó transmisión de acciones, cuestiones que fueron debidamente reportadas a las autoridades fiscales incluidas en sus declaraciones como contribuyente”.

Es decir que, al mismo tiempo en que la Hacienda pública pagaba un sueldo de aproximadamente 40 mil pesos mensuales a Laura Pérez Vázquez, en la embajada de México en Estados Unidos, para ahorrarle –entre otros gastos– el seguro médico, ella estaba realizando operaciones millonarias como accionista de Compusoluciones y Asociados S.A. de C.V.

Todavía recuerdo el trasfondo de aquella llamada cargada de reproche: “Ella se está muriendo y tú la acusas públicamente de ser un aviador”.

Si por algo vale la pena la revolución cultural que está ocurriendo en nuestro país es porque se extingue la tolerancia frente a sujetos que habían supuesto como parte de su patrimonio privado los bienes públicos que son de todos.

En 2015 para Eduardo Medina Mora era justificable aceptar un cargo tan destacado en la Corte y, al mismo tiempo, dejar a su mujer en Washington “becada” por el poder Ejecutivo. Su condición de salud, además, daba legitimidad al hecho de que los contribuyentes nos hiciéramos cargo de un gasto que era de su exclusiva responsabilidad.

Nunca fue cierto, como se me dijo, que esa pareja no tuviera fondos para cubrir los gastos médicos; es ahora evidente que los ahorros de la pareja podrían haber solventado el tratamiento de Laura Pérez Vázquez y mucho más.
03 Junio 2019 04:01:00
Bárcena contra Ebrard: en el peor momento
No es la primera vez que ante un descalabro en la relación entre México y los Estados Unidos, nuestro gobierno se fractura y sus principales funcionarios optan, cada uno, por jalar agua para su molino.

Cuando la caída de las Torres Gemelas, y luego, cuando la guerra contra Irak, dos hombres muy cercanos a Vicente Fox se agarraron de las greñas porque la rivalidad personal superó la inteligencia de sus neuronas: Jorge G. Castañeda y Adolfo Aguilar Zínser. Mientras el primero, que era entonces el secretario de Relaciones Exteriores, quería aprovechar la ocasión para estrechar lazos entre los dos países, el segundo, quien fungía como embajador ante las Naciones Unidas, no estuvo dispuesto a transigir con los caprichos del presidente George W. Bush.

Pues lamentablemente la historia se repite, ¡y en qué momento! Nuestra embajadora en Washington, Martha Bárcena Coqui, juega rudo contra el secretario Marcelo Ebrard porque sueña con aprovechar esta crisis para ocupar su silla.

Esta mezquindad cae en la peor de las circunstancias: son horas clave para revertir una amenaza pesada en contra de México.

Frente al chantaje de imponer aranceles impagables a los bienes mexicanos exportados a los Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador propuso priorizar la vía diplomática. En la carta enviada el viernes pasado a la Casa Blanca el Mandatario mexicano pidió a Donald Trump instruir “a sus funcionarios… (para) que atiendan a representantes de nuestro gobierno encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores de México (Marcelo Ebrard), quienes… se trasladarán a Washington para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones”.

Resulta delicado que doña Martha Bárcena no quiera atender la instrucción presidencial. Es Ebrard y no ella la cabeza de la delegación negociadora y por tanto este momento es el peor para ponerle cáscaras de plátano al responsable de lidiar con tan penosa situación.

Desde que comenzó esta Administración es evidente que la embajadora Bárcena aspira a ocupar la silla del canciller. La pugna incluye a los integrantes de su familia. El pasado martes 9 de abril, un usuario de Twitter –el señor Aaron Trevyzo– escribió: “Marcelo Ebrard un traidor y un hipócrita mentiroso, hijo de Salinas el chupacabras…”

Paradójicamente este mensaje cuenta un solo “me gusta” y es del exembajador Agustín Gutiérrez Canet, cónyuge de Martha Bárcena, y también tío de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador.

En la red hay otros varios ejemplos para ilustrar los aplausos que el marido de la embajadora ofrece a cada crítica que ahí se presenta contra Ebrard.

¿Creerán la embajadora Bárcena y su marido que, por ser unos tíos con derecho de picaporte en la casa más poderosa del país, pueden darse el lujo de descarrilar una misión diplomática tan delicada? El desafío arrojado por Donald Trump podría ser de proporciones atómicas para México: apenas un mensaje en la red el jueves pasado, por parte del Presidente estadunidense, fue suficiente para provocar que nuestra moneda se deslizara con brusquedad, que los mercados y la bolsa se pusieran al borde de los nervios, y que medio gabinete volara a Washington para intentar detener al tsunami anunciado.

En este contexto se esperaría la mayor pulcritud política, el mejor oficio diplomático y, sobre todo, la solidaridad más firme por parte de la embajadora Bárcena.

Ella se equivoca al suponer que sus arbitrariedades son invisibles, que sus ambiciones son inocultables, o que el abuso de sus relaciones familiares no tendrá consecuencias.

ZOOM:
Las divisiones en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador tienen cada día consecuencias más graves.

Él las defiende como virtud de pluralidad, pero ante escenarios como la crisis bilateral, a nadie conviene que el nepotismo juegue ahora como contrapeso a la cadena de mando.
27 Mayo 2019 04:00:00
El CJNG amenaza a AMLO
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) arrojó sin ambigüedad su primer desafío al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La madrugada de este domingo atacó Zamora, Michoacán, con un ejército de vehículos y hombres armados hasta los dientes. Las víctimas son agentes de la Policía Municipal: hoy velan a cuatro y hay más de una decena de personas heridas.

Carlos Arrieta, corresponsal de El Universal en Michoacán, reportó a temprana hora de ayer esta tragedia.

Lo primero que hizo el ejército de las cuatro letras fue filmarse cuando iba en camino hacia su objetivo. Un video subido a las redes sociales muestra al menos 30 vehículos, todos nuevos, cuyas puertas iban rotuladas con el emblema del CJNG.

La toma es nocturna y por tanto los rostros de los integrantes de esa fuerza militar no alcanzan a distinguirse. Sin embargo, todos reaccionan con orgullo viril a su filiación, mientras la cámara los retrata. Luego se mira avanzar el tropel de carros y camionetas en dirección a Zamora.

Este video es un mensaje enviado al Gobierno federal: se acabó la tregua. No se esconderán más, el CJNG ha decidido hacer sentir de nuevo su poderío.

Hacia las 3 de la madrugada el ejército de las cuatro letras realizó un primer ataque en la esquina que forman las calles 5 de Mayo y Benito Juárez. Ahí perdieron la vida dos policías y uno más resultó herido.

Poco más adelante, otro convoy del CJNG ametralló varias patrullas causando daños materiales considerables. Casi a la misma hora, un tercer grupo arremetió contra un grupo de policías municipales que trasladaban al Hospital Regional a los agentes caídos. En este otro enfrentamiento, una decena de policías resultó también herida. Un último ataque arrebató la vida a dos funcionarios más.

El saldo total de la madrugada del domingo, en Zamora, Michoacán, son 4 muertos y 11 personas lesionadas.

Resulta obvio vincular esta ola de sangre con otro episodio sucedido dos días antes en Uruapan. El jueves 23 de mayo un contingente del CJNG emboscó a otro, perteneciente a la organización denominada Los Viagra.

El enfrentamiento sorprendió a las autoridades locales porque cada grupo criminal arribó al lugar de la batalla con al menos 25 vehículos, todos rotulados con sus respectivas siglas, y al menos tres integrantes dentro.

La fiscalía local calcula que participaron en esa refriega unas 100 personas, bien pertrechadas con armas de alto poder. El evento habría durado una hora y el saldo fatal fue de diez personas muertas y dos heridas. En esta ocasión no hubo funcionarios públicos entre las víctimas.

Cuatro días atrás, el martes 21 de mayo, ocurrió otro episodio emparentado. Estos mismos grupos criminales bloquearon la carretera que va de Aguililla a Apatzingán con vehículos de carga, para impedir la llegada de la autoridad. Luego, durante un tiempo largo tuvo lugar una balacera entre pistoleros, la cual aportó también su cuota mortífera de víctimas.

Michoacán está de nuevo en llamas, y la amenaza que representa el ejército de las cuatro letras –el CJNG– tiene controlado un territorio que rebasa sus fronteras. Las tensiones y la violencia se extienden hacia Colima, Jalisco, Guerrero, el Estado de México, Guanajuato y Nayarit.

La puerta occidental del país está tomada: ese fue el mensaje arrojado con su video, por el CJNG, al Gobierno federal.

“¡Vengan por nosotros, si pueden!,” gritaron con su pólvora y sus armas para hacerse entender.

Esta región no puede esperar a que la Guardia Nacional llegue a recuperar la paz hasta el próximo mes de julio, como fue anunciado por Alfonso Durazo, secretario federal de Seguridad.

ZOOM:

La primera cita será mucho antes. Se acabó el tiempo de la tregua y el discurso, los problemas irresueltos del país hacen violenta erupción y el nuevo Gobierno está obligado a enfrentarlos con la mayor responsabilidad.
23 Mayo 2019 04:01:00
Rebatingas del poder
Patricia González padece un cáncer de mama muy avanzado y por ello viene cada 15 días a consulta en Instituto Nacional de Cancerología. Debido a su debilidad física, la acompaña su hija Clara, que tiene 20 años.

Viajan desde Acambay, Estado de México, con grandes esfuerzos económicos. Lo hacen porque las finanzas familiares no alcanzan para pagar los 500 pesos que cuesta la caja de analgésicos.

El ingreso mensual de la familia ronda los 2 mil 500 pesos por mes. Patricia confiesa que los dolores de brazo y pecho son insoportables, por eso reaccionó con mucha angustia cuando la doctora Silvia anunció que el hospital ya no puede ofrecerle remedio.

“Estoy realmente consternada –replica la mujer– y muy triste al pensar que nadie piensa en nosotros como seres humanos, que sufrimos dolores del cuerpo y del alma”.

Ayer por la mañana, cuando la doctora responsable de cuidados paliativos fue a buscar los medicamentos para sus pacientes, una enfermera le informó que los analgésicos se habían agotado y que la instrucción, a partir de ese momento, era administrar paracetamol a los pacientes.

“¿Paracetamol? –reclamó la doctora responsable de los cuidados paliativos– pero si eso es tan ridículo como ofrecer un dulce a un niño que se está muriendo de hambre”. Las enfermeras, atrapadas por la empatía, se limitaron a levantar los hombros.

El martes dimitió Germán Martínez Cázares a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En su carta de renuncia, acuciosamente argumentada, este funcionario declaró:

“Controlar en exceso esos recursos… sin racionalidad y sin apego a las normas…, puede acabar con esa dinámica de solidaridad social…”. Ignacio es paciente del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía; él padece una dolencia crónica que lo tiene sometido a una cama de hospital, pero es la primera vez que experimenta un trato inhumano en esta institución: nadie viene a cambiar la ropa de cama y tampoco asean el cuarto que comparte con otros enfermos. Este paciente escuchó, como rumor, que no hay dinero para pagar al personal de intendencia.

De nuevo la voz de Germán Martínez: “muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal, en 2019 prácticamente está en cero por ciento el avance de obras y el pago a proveedores”.

Lupita es igualmente paciente del Instituto Nacional de Cancerología. En ese sanatorio recibe cada semana un tratamiento de quimioterapia que podría salvarle la vida.

Ella ha sido disciplinada, en extremo, con lo que le proponen los médicos porque no quiere dejar huérfanos a sus hijos. Pero esta semana, sin conocer las razones precisas, le suspendieron la sesión de quimioterapia.

Martínez otra vez: “ese control del gasto tiene… consecuencias fatales:… pasillos de espera llenos de personas adoloridas y mal trato o retraso en la atención a pacientes”.

Silvia, la doctora que atiende a Patricia González, lanzó ayer por la madrugada una botella al mar pidiendo auxilio: “Nos han quitado los medicamentos, ya no hablemos de morfina… nuestros pacientes se están muriendo, y además con dolores físicos indecibles, que podrían ser fácilmente evitados”.

Germán Martínez denunció en su carta que “el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo. De tales omisiones se ha dado aviso a las autoridades correspondientes”. Y, sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –encabezada por el cada día más célebre Carlos Urzúa– congeló 794 millones de pesos del presupuesto asignado a 26 institutos, hospitales y centros de alta especialidad; además ordenó reducir 30% los gastos operativos y 50% los relativos a los servicios personales (Milenio 21/05/19).

ZOOM:

“Los niños que padecen cáncer y esperan su tratamiento, quienes viven a la espera de insulina, las poblaciones de la diversidad sexual que reclaman antirretrovirales, y los millones de enfermos que se atienden en nuestras clínicas y hospitales, no merecen ni un minuto de rebatingas de poder”. Así concluyó Germán Martínez, exdirector del IMSS, su carta de renuncia.
20 Mayo 2019 04:00:00
Primero, no están siendo los pobres
La madre de Jorge duda enviar al muchacho el próximo ciclo escolar para que estudie secundaria. Hasta noviembre del año pasado, sus cuatro hijos recibían apoyo del programa Prospera, para educación y salud, pero desde que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tales apoyos se extinguieron. Corre en la comunidad de Potrero de San Diego, municipio de Villa Victoria, el rumor de que esas becas no van a volver y por eso los padres están considerando enviar a sus hijos de 12 años a trabajar en el campo en vez de que vayan a la escuela.

En todo el país, son muchas familias las que están desorientadas porque, a pesar de que las nuevas reglas de operación del programa Prospera –recientemente denominado Becas para el Bienestar Benito Juárez– se publicaron en febrero de este año, nadie ha hecho un esfuerzo serio para que la información llegue hasta los hogares beneficiados por este apoyo dedicado, desde hace 24, a la inclusión social. El jueves 4 de octubre de 2018, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador prometió, durante un acto público en el estado de Morelos, que el programa Prospera iba a continuar: “¿Ya ven que decían que si ganábamos se iba a quitar?… No se va a quitar ningún programa social. Al contrario, va a haber más programas sociales”.

Al paso del tiempo esta promesa no se ha cumplido. Prospera dejó de operar desde enero y las becas Benito Juárez para educación básica no se han echado a andar; peor aún, cuando tal cosa ocurra los niños menores a 5 años habrán quedado fuera del esquema de cobertura porque los apoyos en materia de salud fueron cancelados de manera definitiva. Lo que está sucediendo es una tragedia para alrededor de 6 millones de familias cuyos ingresos dependían en forma importante de Prospera. De la noche a la mañana, sin advertir nada, se cerró la llave para los más pobres de México. Falso que sean los primeros, por el bien de todos. Los niños más desfavorecidos y sus familias están experimentando un momento ingrato para el que no pudieron prepararse.

Explica Leticia Ánimas Vargas, coordinadora nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez, que los apoyos de Prospera se suspendieron porque las personas que levantaron el nuevo padrón de beneficiarios –conocidas como los Servidores de la Nación– descubrieron que había un tercio de familias inexistentes. Es difícil aceptar este argumento cuando el Sistema de Información Social Integral que contenía los listados de Prospera era uno de los mejor auditados del país. Con todo, suponiendo si conceder que fuesen falsas, una de cada tres familias empadronadas, por qué castigar a los otros dos tercios suspendiendo de golpe los apoyos. ¿Qué no podía auditarse el padrón sin retirar los recursos? ¿No será que los Servidores de la Nación, por novatos, hicieron mal su levantamiento? ¡Que sobre su consciencia caiga este ingrato recorte!

El gran desafío para la coordinación de becas Benito Juárez será inscribir a sus 24 millones de beneficiarios, de aquí al próximo ciclo escolar, para que los niños como Jorge, no vayan a abandonar la escuela, por una información equivocada. En lo que de plano sí mintió el presidente al decir que Prospera iba a continuar es en el ramo de la salud. Si bien la suspensión de las becas educativas podría ser visto como un intermedio de seis meses –mientras se reajusta el padrón– en lo que toca a los servicios de salud Prospera quedó sepultado por las nuevas reglas de operación.

Además de los apoyos educativos, antes los niños más pobres de nuestro país, de cualquier edad, recibían un apoyo económico significativo a cambio de que sus madres los llevasen a ver al pediatra con regularidad para dar seguimiento a sus vacunas, nutrición y estado general de salud. Pues este apoyo sí se acabó.

No regresará en septiembre, ni después. A partir de ahora solo los niños escolarizados serán susceptibles de obtener una beca Benito Juárez. Es decir que alrededor de un millón y medio de niños, de entre los cero y los cuatro años, que hasta el año pasado recibían apoyo de Prospera, no serán elegibles bajo el nuevo sistema.

Zoom

Había políticas equivocadas antes de que Andrés Manuel López Obrador se colocara la banda presidencial, pero Prospera no era una de ellas. Miente el gobierno cuando afirma que era un programa corrupto que se utilizaba con propósitos electorales. Aunque se trate de la cuarta transformación, las personas más pobres de nuestro país no merecen ser tratadas con tan injusto menosprecio.

13 Mayo 2019 04:01:00
Terapias contra la enfermedad de la corrupción
Porque soy de los que todavía se toman muy en serio a nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, desde la primera vez que propuso las terapias para curar la enfermedad de la corrupción comencé a cavilar sobre su forma y su método.

La dificultad de echar a andar la iniciativa se antoja grande. ¿Cómo se financiaría? ¿Quiénes serían los terapeados y quiénes los terapistas? ¿Cuál sería el método, la filosofía, la pedagogía o la sicología? ¿Cómo medir y cómo garantizar la cura? Respecto a la primera pregunta hay restricciones presupuestarias de entrada. Si bien el Presidente sugirió que se creara una asociación dedicada a brindar este tipo de terapias, cabe precisar que este esfuerzo tendría que financiarse por entero con recursos privados.

Recordemos que el Presidente dijo que las organizaciones sociales, en ningún caso, podrían recibir financiamiento del Gobierno federal, ni siquiera aquellas responsables de apoyar a las mujeres víctimas de la violencia, menos aún esta otra dedicada a curar a los victimarios de la corrupción.

Quizá el Centro Mexicano de la Filantropía (Cemefi), aunque está tildado de derechoso y conservador, tenga alguna solución para asegurar que la terapia llegue a todos los rincones del país y a todas las personas que la requieran. Esa es justo la segunda pregunta: ¿quiénes serían los beneficiarios potenciales de dicha terapia? De acuerdo con el Jefe del Poder Ejecutivo mexicano, padecen la enfermedad aquellas personas que tienen “como propósito fundamental enriquecerse a costa de lo que sea,” así como quienes “carecen de escrúpulos morales”. Según la misma fuente, se puede también diagnosticar el mal a partir de otros síntomas, como la creencia de que la felicidad se adquiere por bienes materiales o la ignorancia de que, siendo buenos podemos ser felices.

De acuerdo con el Presidente, otro indicio es haber participado en gobiernos anteriores, como “tentáculo”, o como “pulpo” metido en las secretarías haciendo negocio al amparo del poder público. Sin ser experto en cuestiones epidemiológicas, atendiendo a la definición planteada, me atrevo a calcular que el número de posibles terapeados sería bastante grande. Pensándolo bien, quizá y hasta sea un buen negocio ofrecer este servicio a la comunidad.

La dificultad mayor posiblemente sería encontrar a las personas que, voluntaria y conscientemente, aceptasen el padecimiento y luego quisiesen someterse a la cura planteada por López Obrador. Para tomar la terapia en cuestión, no veo llegar masivamente a los futuros pacientes, transportados en sus camionetas SUV de ocho cilindros, acompañados por decenas de guaruras, ni a sus esposas y sus hijas, bien enjoyadas, ni a sus vástagos ostentosos y mirreyes.

Una posibilidad sería que la ciudadanía honesta hiciera redadas en las zonas comerciales donde se pasea esa gente material, que desconoce la verdadera felicidad, o quizá –con ayuda del FBI– podría hacerse lo mismo en los malls de San Antonio, Nueva York, Las Vegas o San Diego, porque ahí también se exhiben públicamente tales personas enfermas. Otro tema complicado sería el de los terapistas. ¿De qué monasterio cartujo, centro budista o templo dominico podrían surgir los miles de especialistas dedicados a curar a los miles de victimarios de la corrupción?

Habrá quien suponga que, dentro de Morena, hay suficiente recurso humano para esta ingente tarea. No sé si ésta sea la idea que tiene el Presidente en la cabeza: que sus correligionarios, como boy scouts, se dediquen los domingos, que es el único día que tienen libre, a curar enfermos.

Sobre el método sabemos todavía menos. Cabe imaginar, por ejemplo, una terapia de reconducción conductual, como aquella que Stanley Kubrick describió en Naranja Mecánica. Esa terapia sería un tanto agresiva para los propósitos de la “República amorosa”, aunque quizá tuviera efectos curativos de rápido impacto.Otra posibilidad sería utilizar un método similar al de los Alcohólicos Anónimos: las terapias serían grupales y ayudarían para que las personas tomaran conciencia de su trastorno, también para que los pacientes se mirasen en el espejo de sus iguales y quizá pudiesen contar con una suerte de padrino que les diera fuerza cuando la tentación de corromperse les sobreviniera de nuevo.

ZOOM: Hay días en que no sé si debo tomar en serio a mi Presidente. Hay días en que no sé si él mismo se toma en serio. Hay días en que la gravedad de los temas no merece la broma, ni la ligereza.
09 Mayo 2019 03:57:00
La manzana envenenada
A los maestros se les suele regalar una manzana, pero en esta ocasión ocurrirá lo contrario: la reforma educativa que está a punto de aprobarse confirmará que, en el reparto de las plazas y los ascensos docentes, los líderes magisteriales no tendrán voz, ni voto, ni derecho al pataleo.

De acuerdo con el Artículo 16 transitorio de la iniciativa, los trabajadores de la educación seguirán rigiéndose por el apartado B del Artículo 123 de la Constitución. Así ha sido siempre, ni la reforma de 2013, ni la que se está emprendiendo cambian esta circunstancia.

¿Qué implica tal cosa? Pues que tanto el ingreso como los movimientos dentro del escalafón magisterial son materia donde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tiene opinión y decisión.

Así sucede en todas las áreas del Estado mexicano donde los trabajadores se rigen por la misma norma; trátese del servicio de limpia de la Ciudad de México, de los empleados de base de Conagua o de cualquiera de las universidades públicas.

El mecanismo para asignar puestos de trabajo, y también para promover a las personas sindicalizadas, opera por intervención de instancias mixtas donde la cabeza sindical y el patrón toman decisiones, por lo general, con mucho mayor influencia por parte de la

primera.

Las comisiones mixtas de escalafón, derivadas del apartado B del Artículo 123 constitucional, fueron durante más de 60 años el mecanismo mediante el cual los líderes del SNTE vendieron las plazas docentes, o bien, cobraron favores que en su peor expresión llegaron a involucrar chantajes sexuales.

Fue también mediante este instrumento que se obligó a los docentes a involucrarse en tareas político-electorales, so pena –en caso de rehusarse– de ver afectado su trabajo.

Si bien la reforma educativa del 2013 mantuvo al personal docente dentro del apartado B, las modificaciones que entonces se hicieron al Artículo 3 constitucional redujeron al mínimo el papel de las comisiones mixtas y con ello la manipulación de las plazas por parte de la cúpula del SNTE.

No obstante, con la nueva iniciativa, presentada por el presidente López Obrador, surgió –sobre todo entre la bancada panista de ambas Cámaras– la duda sobre un eventual regreso del poder de las comisiones mixtas de escalafón. A esta duda la llamaron “la manzana envenenada”.

La desconfianza no nació por lo que, a la letra, decía la iniciativa original, sino por lo que no decía. Por esta razón, la derecha opositora se negó a aprobar en el Senado, la semana pasada, la iniciativa presidencial.

Afortunadamente, la vuelta a diputados de la iniciativa permitió conjurar las susceptibilidades. Por una parte, se añadió una frase relativa a la prevalencia de la rectoría del Estado sobre la gestión de las plazas, lo que en buen español significa que se mantendrá a raya al SNTE y, por la otra, se previó que sea en la legislación secundaria donde queden fortalecidas las garantías de la famosa rectoría.

Ciertamente, el acuerdo político entre el partido en el poder y las oposiciones es inmejorable. Sobre todo porque la nueva redacción coloca un estándar elevado respecto a la gestión del escalafón docente, para asegurar que nunca más las plazas del magisterio sean vendidas, intercambiadas o manipuladas con propósitos ajenos a la educación.

ZOOM: Si en el fondo están ya todas las partes de acuerdo con la reforma, ¿por qué la bancada panista no participó en la sesión de comisiones? Pues resulta que, con las prisas, los líderes parlamentarios de Morena olvidaron la cortesía de invitar a sus pares del PAN a la reunión. Tanto esforzarse por lograr confianza en el fondo, para descomponerlo todo en las formas. Es bien sabido que la buena educación forma parte de la educación.
02 Mayo 2019 03:26:00
Gana la desconfianza, pierde la educación
Rehén de la política, la reforma educativa continúa condenada a permanecer en el purgatorio. El martes pudo haber prosperado un buen consenso, pero prevaleció la desconfianza de la oposición y un golpe de suerte hizo que el Senado reprobara la iniciativa presidencial.

Explican las crónicas parlamentarias que faltó un solo voto para sacarla adelante. Pero la realidad es que 39 senadores, casi todos pertenecientes a la bancada de Acción Nacional, son los responsables del resultado.

Probablemente la Cámara de Diputados convocará a sesión extraordinaria para recoger los platos rotos. No será, sin embargo, tan fácil como coser y cantar, porque hay un desencuentro que tiende a crecer.

Dos son las razones de esta desconfianza: la primera tiene que ver con el grado de autonomía con que contará el organismo responsable de coordinar el nuevo Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, instancia responsable de celebrar, entre otras tareas, las evaluaciones.

La segunda razón, acaso más inflamable, encuentra su origen en los acuerdos que celebraron los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con los funcionarios del Gobierno federal. Por cierto, que, los temas tratados coinciden, según sus propias declaraciones, con los reclamos hechos por la profesora Elba Esther Gordillo Morales.

Ni la CNTE, ni el magisterio encabezado por la defenestrada líder vitalicia del magisterio, están dispuestos a aceptar que se les excluya de los mecanismos para la asignación de las plazas y las promociones docentes. Antes de la reforma de 2013 los procesos de selección y avance en la carrera magisterial dependían de un organismo conocido como las comisiones mixtas de escalafón. Esta instancia permitía a los líderes sindicales vender, heredar o negociar con las plazas.

El mayor avance de aquella reforma fue desplazar ese viejo mecanismo para colocar en su lugar otro basado en exámenes de ingreso y evaluaciones.

Frente a este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido bastante preciso: si bien propuso derogar la reforma de Peña Nieto, no está dispuesto a regresar a los usos y costumbres –herencia o venta de plazas– que antaño corrompieron la estructura a través de la cual sucedía la carrera de los maestros.

De ahí que la iniciativa discutida esta semana en la Cámara de Senadores diga con toda precisión que los procesos de “admisión, promoción y reconocimiento del personal… docente... se realizará(n) a través de (mecanismos) de selección… transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos aptitudes y experiencia necesarios”.

El punto negro en el arroz, argumentan los opositores, es que, al enviar a la ley secundaria esos mecanismos puntuales, relativos a la carrera de los maestros, se abre la posibilidad para que, a partir de la mayoría simple con que cuenta Morena en ambas Cámaras, la corrupción retome sus fueros en la asignación de las plazas y las promociones.

En otras palabras, la oposición no confía en que el presidente vaya a proteger al sistema educativo de los intereses oscuros que sus aliados en campaña, Elba Esther Gordillo y la CNTE, han sostenido desde siempre a propósito de las plazas en el magisterio.

Vale decir que la combinación de los dos temas citados hace muy complejo lograr el consenso: por un lado, el órgano responsable de la evaluación no podrá tomar decisiones políticas autónomas frente al gobierno federal y, por el otro, el partido mayoritario tendría poder completo para diseñar la carrera magisterial como se le dé la gana, al punto en que podría traer de vuelta el corrupto mecanismo de las comisiones mixtas de escalafón.

ZOOM: Las oposiciones contarán en la Cámara de Diputados con una buena oportunidad para mejorar la iniciativa de reforma educativa; sin embargo, tendrán que decidir por uno de los dos temas en disputa.

O centran sus energías en lograr la autonomía para el órgano responsable de la evaluación, o bien lo hacen en evitar, desde el texto constitucional, que los modos y las costumbres viejas regresen para perjuicio de la escuela pública.

29 Abril 2019 03:39:00
Elogio a María de los Ángeles Moreno
María de los Ángeles Moreno falleció durante el fin de semana. En estos tiempos tan escasos de figuras éticas sobresalientes, ella es de las pocas dentro de la política mexicana que merecen el más amplio reconocimiento.

Fue una mujer honesta, fue una política prudente, fue una profesional inteligente, destacada y eficiente, fue incorruptible, fue decente.

Hace apenas un año publicó, en coautoría con Luis Ángeles un texto potente y bien meditado sobre Los Riesgos de la Democracia (Editorial Porrúa). Esas páginas son la mejor herencia intelectual que María de los Ángeles escribió para quienes nos quedamos por un rato más en este mundo. No es posible hacerle justicia a la riqueza del libro en estos breves renglones. Sin embargo, esta selección, acaso subjetiva y arbitraria de citas, quiere hacer homenaje a una mujer ejemplar y urge, a la vez, a una lectura detenida de la obra.

Sobre los enemigos de la democracia:

“Los nuevos enemigos de la democracia son el populismo y el mesianismo, que pueden ‘vender’ fácilmente un paraíso construido mediante cualquier vía, incluido el miedo que imprime fe en los dogmas, el fervor de sus acciones y el proselitismo de sus fieles.

En el otro extremo, el neoliberalismo puede también constituir otro enemigo si el Estado sólo puede intervenir para favorecer las libres fuerzas del mercado y mantener el orden público”.

“Existen peligros para la democracia derivados de dos culturas contrapuestas: la gerencial o tecnocrática de la derecha y la vieja populista de la izquierda”.

“(Es un riesgo) la intolerable magnitud de las desigualdades sociales que condenan a ciertos colectivos a la completa y, en muchos casos, irremediable marginación”.

“La democracia sólo es posible en un Estado gobernado por la ley, de acuerdo con lo cual la sociedad y su gobierno deben respetar la libertad de cada persona para que desarrollen todas sus capacidades”.

Sobre el populismo:

“El planteamiento del populismo es que la sociedad está escindida entre una élite corrupta y un pueblo soberano, en donde debe respetarse… la voluntad popular, porque la élite es siempre perversa y tiene, por lo tanto, que ser echada del paraíso del poder”.

“Sus líderes definen al pueblo como los ciudadanos inmaculados que representan a la verdadera nación, pero que han vivido bajo la dominación y el engaño de la otra parte: la élite de los privilegiados, de la oligarquía, de la casta, que por definición es corrupta”.

“Hay … una doble moral discursiva: por un lado, la condena a intelectuales y medios que expresan la crítica y el rechazo a cualquier forma seria de escrutinio, debate o diálogo, y por otro la arenga, la consigna, la sentencia a voz en cuello y el veredicto a mano alzada en concentraciones de plaza pública”.

“(Otro) es el componente mesiánico, es decir, la necesidad de un salvador que emprenda de inmediato una acción decisiva, que establezca un cambio radical a fin de salvar al pueblo de sus enemigos; ésta es una función autoproclamada y que el líder se reserva para sí. Para los populistas, el destino está siempre en juego en este preciso instante; es un imperativo y hay que actuar, ahora o nunca”.

“Que el populismo surja como reacción frente a experiencias socialmente excluyentes explica su emergencia, pero no implica que sea una alternativa en cuanto a la inclusión social”.“En México existe claramente un proyecto real que se inscribe como movimiento populista.

Al desaparecer prácticamente las diferencias ideológicas, los partidos políticos de centro izquierda y centro derecha se aliaron; al no existir diferenciación, el electorado descontento se aglutinó en contra de la democracia porque ésta había generado expectativas y no entregaba los resultados que prometía”. “Muchas de las actuales explicaciones del amago populista en México se han concentrado en el carisma y en la capacidad del líder para movilizar masas, que usa el recurso plebiscitario que es hoy en día un rasgo dominante del populismo”.

ZOOM: “Nadie puede detener el populismo simplemente defendiendo el estado actual de las cosas, ni la democracia como funciona hoy. Para frenar el populismo es necesario tener un proyecto de reinvención y reconstrucción de la democracia”.
25 Abril 2019 03:54:00
Aquí no pasa nada
Las palabras son del poeta Jaime Sabines: ¡aquí no pasa nada; mejor dicho, pasan tantas cosas juntas, al mismo tiempo, que es mejor decir que no pasa nada!

La voz es de una madre desconsolada: ¡perdí a mi hijo, ya se imaginará el dolor que tengo de ver a mi único hijo muerto”. (La fuente es Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano).

El regaño es de la senadora Gloria Sánchez Hernández: “Los medios lamentablemente están magnificando el drama”.

El testimonio es de una mujer que sufrió en carne propia la masacre de Minatitlán: “Al bebé lo siguieron rematando, le dieron en el corazoncito, cómo no se van a dar cuenta si lo traía la mamá cargando. A la mamá también le dieron. Yo creo que el papá lo quiso cubrir, pero le dieron en la cara”. (La fuente es Notimex, la agencia de noticias del Estado).

El reclamo es de la senadora por mayoría, Gloria Sánchez Hernández: “Los medios lamentablemente están favoreciendo una muy mala política de oposición”.

“A las viejitas que estábamos bailando nos apuntaron. Sí mataron a varias viejitas. No sé cuántos eran, yo lo que hice fue aventarme debajo de la mesa, a mí me apuntaron, pero me encomendé a Dios”. (La fuente, otra vez, es Notimex).

De nuevo la senadora del partido Morena, Gloria Sánchez Hernández: se trata de los mismos medios que “en su momento, no atendieron esa situación”.

Otro testigo de los hechos cuenta que “a los que estaban agachados les decían que voltearan a ver, a los muertos, (y) les volvían a dar” (Notimex).

El pasado viernes 19 de abril un grupo de varones armados irrumpió en una fiesta de cumpleaños que se celebraba en el municipio de Minatitlán, Veracruz. Catorce personas, entre ellas un menor de un año, fueron asesinadas.

Sus nombres: Alfredo Megniot, Felícitas Cabrera Gil, Juan René López Velázquez, Hebert Reyes Martínez, Ana María Santos Hernández, Raúl Palacios Vasconcelos, Leobardo Salinas Jiménez, Julio César Vázquez López, Santiago (el niño), César Hernández Barrera, Julio César González Reyna, Patricia Cabrera Ramos, Irma Becerra Álvarez y Marco Aurelio Davis Barrera.

Ellas y ellos merecen ser mencionados, cien, mil, diez mil veces. Se divertían en una celebración donde asistieron trabajadores de Pemex y sus familias; bailaban, bebían, se reían y de pronto ocurrió el drama.

No fue la prensa amarillista quien inventó el drama, no fueron los reporteros quienes exageraron, no es la oposición la que proporcionó lentes de realidad aumentada:

La tragedia fue de tal magnitud que no hay manera de hacerla más grande.

Senadora Gloria Sánchez Hernández: diga esto o diga lo otro, aquí estamos todos muertos de miedo. No sea injusta. No sea mentirosa. No señale en la dirección equivocada. Aunque usted lo crea así, nadie se lo está pidiendo.

ZOOM: Las palabras son otra vez del poeta Jaime Sabines: “Que no se puede decir nada. Déjenme hablar ahora. Quiero decir que eso, que lo otro, que todo aquí me tiene muerto, medio muerto, llorando. Porque nos pasa a veces, nos sucede que el mundo –no solo el mundo– se complica, se amarga, se vuelve de repente un niño sin cabeza, idiota, idiota, idiota”.
15 Abril 2019 04:00:00
Otra vez la ira del CNTE
Comenzarán con paros escalonados y luego, si el presidente Andrés Manuel López Obrador no los atiende personalmente, promoverán una huelga nacional del magisterio. Así lo advirtió Wilbert Santiago Valdivieso, vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

A los líderes del magisterio disidente no les satisface conversar con el secretario Esteban Moctezuma Barragán: lo acusan de ser un político neoliberal, que ha saltado de un gobierno a otro, y también de mantener vínculos inconfesables con la organización “empresarial” Mexicanos Primero, y con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De acuerdo con los resolutivos surgidos durante el 5º Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE, celebrado los días 5, 6 y 7 de abril, la iniciativa presidencial de reforma educativa propone un cambio de palabras, pero no de fondo.

“Los partidos, incluido Morena, pretenden aprobar una iniciativa de reforma educativa que, contrario a las promesas de AMLO, sigue siendo, en esencia, la de Peña Nieto, porque solo defiende los intereses internacionales e imperialistas, no los intereses del pueblo y los trabajadores”.

Sube el tono del documento cuando los 94 delegados de ese Congreso coincidieron en caracterizar al Gobierno actual como una estafa con matices “socialdemócratas” que, en la práctica, “representa los intereses de la oligarquía, muestra de ello es que sus representantes son chapulines políticos”.

Refiriéndose a Mario Delgado, cabeza de Morena en la Cámara Baja, se afirma que, quienes impulsan la cuarta transformación son los mismos que aprobaron las reformas estructurales.

Con una hebra apelmazada de argumentos, insiste la CNTE con abrogar “total y absolutamente la ‘mal llamada’ reforma educativa y sus leyes secundarias, de EPN-AMLO”.

En respuesta, la semana pasada, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador atajó las pretensiones del magisterio rebelde advirtiendo que, de no haber acuerdo propondrá regresar la Constitución al punto donde se encontraba antes de 2013, cuando –producto del Pacto por México– fueron reformados varios artículos constitucionales, principalmente el tercero.

A los voceros de la CNTE no les gustó tampoco esta propuesta. Van por todo y no se quitan. Wilbert Santiago replicó que, si se procediese de esa manera, el Gobierno exhibiría su desinterés por el diálogo y la construcción consensos.

Hace un par de días, el Presidente puso el dedo en el corazón del diferendo cuando, desde Campeche, advirtió que estaba dispuesto a echar para atrás su iniciativa, siempre y cuando el magisterio sindical no pidiera recuperar el control de la nómina, ni el de las plazas.

“Ese no es nuestro objetivo,” insiste la CNTE en voz de Wilbert Santiago y, sin embargo, sus compañeros no parecen estar dispuestos a aceptar que el ingreso a la profesión docente, la entrega de las plazas y el avance en la carrera magisterial, sean procesos normados por la ley

y las instituciones.

Se trata de un botín demasiado importante como para compartirlo con las autoridades educativas.

Tan no quieren soltar el control de plazas y nómina que los líderes de la sección 22 están dispuestos a todo: a comparar al presidente López Obrador con su antecesor, a presentarlo como un representante de la oligarquía, a acusar al secretario Moctezuma de estar ligado con los intereses internacionales, a convocar a un paro nacional y a desbarrancar cualquier intento de consensuar una reforma.

ZOOM:

La negociación con la CNTE nació muerta porque sus líderes no quieren conversar con el resto del país, y tampoco con el Gobierno.

Mal haría el presidente López Obrador si se sienta en una mesa con ellos porque lo único que están buscando es decirle en su cara que es un remedo neoliberal.

Así las cosas, cabe esperar que el conflicto siga escalando y que los niños de Oaxaca, y de otros estados, vuelvan a perder meses y meses de clases.
15 Abril 2019 02:14:00
Otra vez la ira de la CNTE
Comenzarán con paros escalonados y luego, si el presidente Andrés Manuel López Obrador no los atiende personalmente, promoverán una huelga nacional del magisterio. Así lo advirtió Wilbert Santiago Valdivieso, vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

A los líderes del magisterio disidente no les satisface conversar con el secretario Esteban Moctezuma Barragán: lo acusan de ser un político neoliberal, que ha saltado de un gobierno a otro, y también de mantener vínculos inconfesables con la organización “empresarial” Mexicanos Primero, y con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De acuerdo con los resolutivos surgidos durante el 5º Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE, celebrado los días 5, 6 y 7 de abril, la iniciativa presidencial de reforma educativa propone un cambio de palabras, pero no de fondo.

“Los partidos, incluido Morena, pretenden aprobar una iniciativa de reforma educativa que, contrario a las promesas de AMLO, sigue siendo, en esencia, la de Peña Nieto, porque solo defiende los intereses internacionales e imperialistas, no los intereses del pueblo y los trabajadores”.

Sube el tono del documento cuando los 94 delegados de ese Congreso coincidieron en caracterizar al Gobierno actual como una estafa con matices “socialdemócratas” que, en la práctica, “representa los intereses de la oligarquía, muestra de ello es que sus representantes son chapulines políticos”.

Refiriéndose a Mario Delgado, cabeza de Morena en la Cámara Baja, se afirma que, quienes impulsan la cuarta transformación son los mismos que aprobaron las reformas estructurales.

Con una hebra apelmazada de argumentos, insiste la CNTE con abrogar “total y absolutamente la ‘mal llamada’ reforma educativa y sus leyes secundarias, de EPN-AMLO”.

En respuesta, la semana pasada, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador atajó las pretensiones del magisterio rebelde advirtiendo que, de no haber acuerdo propondrá regresar la Constitución al punto donde se encontraba antes de 2013, cuando –producto del Pacto por México– fueron reformados varios artículos constitucionales, principalmente el tercero.

A los voceros de la CNTE no les gustó tampoco esta propuesta. Van por todo y no se quitan. Wilbert Santiago replicó que, si se procediese de esa manera, el Gobierno exhibiría su desinterés por el diálogo y la construcción consensos.

Hace un par de días, el Presidente puso el dedo en el corazón del diferendo cuando, desde Campeche, advirtió que estaba dispuesto a echar para atrás su iniciativa, siempre y cuando el magisterio sindical no pidiera recuperar el control de la nómina, ni el de las plazas.

“Ese no es nuestro objetivo,” insiste la CNTE en voz de Wilbert Santiago y, sin embargo, sus compañeros no parecen estar dispuestos a aceptar que el ingreso a la profesión docente, la entrega de las plazas y el avance en la carrera magisterial, sean procesos normados por la ley

y las instituciones.

Se trata de un botín demasiado importante como para compartirlo con las autoridades educativas.

Tan no quieren soltar el control de plazas y nómina que los líderes de la sección 22 están dispuestos a todo: a comparar al presidente López Obrador con su antecesor, a presentarlo como un representante de la oligarquía, a acusar al secretario Moctezuma de estar ligado con los intereses internacionales, a convocar a un paro nacional y a desbarrancar cualquier intento de consensuar una reforma.

ZOOM:

La negociación con la CNTE nació muerta porque sus líderes no quieren conversar con el resto del país, y tampoco con el Gobierno.

Mal haría el presidente López Obrador si se sienta en una mesa con ellos porque lo único que están buscando es decirle en su cara que es un remedo neoliberal.

Así las cosas, cabe esperar que el conflicto siga escalando y que los niños de Oaxaca, y de otros estados, vuelvan a perder meses y meses de clases.
15 Abril 2019 02:00:00
Otra vez la ira de la CNTE
Comenzarán con paros escalonados y luego, si el presidente Andrés Manuel López Obrador no los atiende personalmente, promoverán una huelga nacional del magisterio. Así lo advirtió Wilbert Santiago Valdivieso, vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

A los líderes del magisterio disidente no les satisface conversar con el secretario Esteban Moctezuma Barragán: lo acusan de ser un político neoliberal, que ha saltado de un gobierno a otro, y también de mantener vínculos inconfesables con la organización “empresarial” Mexicanos Primero, y con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De acuerdo con los resolutivos surgidos durante el 5º Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE, celebrado los días 5, 6 y 7 de abril, la iniciativa presidencial de reforma educativa propone un cambio de palabras, pero no de fondo.

“Los partidos, incluido Morena, pretenden aprobar una iniciativa de reforma educativa que, contrario a las promesas de AMLO, sigue siendo, en esencia, la de Peña Nieto, porque solo defiende los intereses internacionales e imperialistas, no los intereses del pueblo y los trabajadores”.

Sube el tono del documento cuando los 94 delegados de ese Congreso coincidieron en caracterizar al Gobierno actual como una estafa con matices “socialdemócratas” que, en la práctica, “representa los intereses de la oligarquía, muestra de ello es que sus representantes son chapulines políticos”.

Refiriéndose a Mario Delgado, cabeza de Morena en la Cámara Baja, se afirma que, quienes impulsan la cuarta transformación son los mismos que aprobaron las reformas estructurales.

Con una hebra apelmazada de argumentos, insiste la CNTE con abrogar “total y absolutamente la ‘mal llamada’ reforma educativa y sus leyes secundarias, de EPN-AMLO”.

En respuesta, la semana pasada, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador atajó las pretensiones del magisterio rebelde advirtiendo que, de no haber acuerdo propondrá regresar la Constitución al punto donde se encontraba antes de 2013, cuando –producto del Pacto por México– fueron reformados varios artículos constitucionales, principalmente el tercero.

A los voceros de la CNTE no les gustó tampoco esta propuesta. Van por todo y no se quitan. Wilbert Santiago replicó que, si se procediese de esa manera, el Gobierno exhibiría su desinterés por el diálogo y la construcción consensos.

Hace un par de días, el Presidente puso el dedo en el corazón del diferendo cuando, desde Campeche, advirtió que estaba dispuesto a echar para atrás su iniciativa, siempre y cuando el magisterio sindical no pidiera recuperar el control de la nómina, ni el de las plazas.

“Ese no es nuestro objetivo,” insiste la CNTE en voz de Wilbert Santiago y, sin embargo, sus compañeros no parecen estar dispuestos a aceptar que el ingreso a la profesión docente, la entrega de las plazas y el avance en la carrera magisterial, sean procesos normados por la ley

y las instituciones.

Se trata de un botín demasiado importante como para compartirlo con las autoridades educativas.

Tan no quieren soltar el control de plazas y nómina que los líderes de la sección 22 están dispuestos a todo: a comparar al presidente López Obrador con su antecesor, a presentarlo como un representante de la oligarquía, a acusar al secretario Moctezuma de estar ligado con los intereses internacionales, a convocar a un paro nacional y a desbarrancar cualquier intento de consensuar una reforma.

ZOOM:

La negociación con la CNTE nació muerta porque sus líderes no quieren conversar con el resto del país, y tampoco con el Gobierno.

Mal haría el presidente López Obrador si se sienta en una mesa con ellos porque lo único que están buscando es decirle en su cara que es un remedo neoliberal.

Así las cosas, cabe esperar que el conflicto siga escalando y que los niños de Oaxaca, y de otros estados, vuelvan a perder meses y meses de clases.
08 Abril 2019 03:25:00
Elba Esther sin oposición
Tepic, Nayarit. 10:30 de la mañana. Sábado 22 de febrero de 1990. Elba Esther Gordillo Morales, la mujer que, con solo 45 años, logró vencer a sus viejos enemigos.

Después de un año de recorrer el país para contrarrestar a las fuerzas disidentes, la profesora pudo imponerse sobre el conjunto de su gremio.

René Bejarano y Teodoro Palomino organizaron aquella resistencia. Bloquearon el acceso al Teatro del Pueblo donde estaba previsto el ungimiento de Gordillo Morales como líder definitiva del SNTE.

Alrededor de la profesora se armaron los golpes. Los suyos llevaban pistola y ganas de disparar. Los enemigos andaban enardecidos. La escena pintaba terrible.

Entonces Elba Esther subió a una ambulancia, que había quedado atrapada en medio de la trifulca. Se quitó los zapatos rojos de tacón, que llevaba para lucirse, y se arrodilló, haciendo equilibrio con el parabrisas.

Ordenó entonces que el vehículo avanzara y el perplejo chofer obedeció, aunque a la ambulancia le habían pinchado dos ruedas. “¡Adelante, adelante!,” gritó la maestra y todo el mundo se quedó sorprendido: nadie había imaginado ese golpe de teatralidad.

Montada en lo que tuvo a mano, ella llegó puntual al Teatro del Pueblo y obtuvo la anhelada coronación.

Esta escena pinta de cuerpo entero a la líder magisterial que por estos días ha encontrado otra ambulancia, se ha quitado de nuevo los zapatos y, a sus casi 75 años, vuelve a gritar.

A su alrededor todos nos sorprendemos. No es posible que su carácter, liderazgo y poder hayan sobrevivido así: pasó por la cárcel, perdió a una hija, sus subordinados la traicionaron, el partido que fundó extravió su registro, le arrebataron la presidencia vitalicia del SNTE y, sin embargo, cual mascarón de barco, va de nuevo.

No es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien esta vez la apoya. A diferencia de otras ocasiones, la mujer va sola. Dentro del sindicato su imagen está desprestigiada, porque todavía es temprano para seguirla. Cuenta con dinero en abundancia para financiar su movimiento, pero esta vez se trata de recursos propios, y no del Estado mexicano.

Hay por tanto algo sinceramente novedoso en lo que Elba Esther Gordillo está proponiendo. Buscará de vuelta ser la cabeza del SNTE, pero esta vez desde abajo, a pesar del voto secreto, directo y universal. Ese fue el único acuerdo al que llegó con el Gobierno de la cuarta transformación: el presidente le prometió que no se metería con la vida interna del sindicato.

En otras palabras, si Gordillo Morales la gana a la buena, Palacio Nacional sabrá respetarla.

La principal ventaja de la profesora radica esta vez en que no hay quien, dentro del magisterio, posea tanta voluntad política como ella. No se miran en el horizonte liderazgos con el coraje que ha caracterizado a esta mujer.

Ninguno tiene la energía, ni la destreza, ni la flexibilidad para subirse al vehículo estropeado y, desde ahí, comandar en la siguiente batalla.

Elba Esther lo dijo ayer en Puebla con todas sus letras: “vemos un magisterio apabullado, agachado, secuestrado y encarcelado, encarcelado en sí mismo y en lo colectivo”.

Y remató: los líderes actuales “no sirven para nada, ni siquiera son buenos para ellos, mediocres, pequeños, ignorantes”.

Tiene razón la profesora. Nadie dentro del SNTE ha salido a fijar una postura precisa a propósito de sus provocaciones, y tampoco sobre la reforma educativa, la cuarta transformación o los desafíos sindicales.

Los detractores siguen escondidos detrás de una piedra, avergonzados quizá, inseguros con seguridad, desposeídos de toda iniciativa.

Si pronto no surge un relevo creíble para abanderar los intereses del inmenso gremio magisterial, será la mujer del zapato rojo quien reconducirá la nave.

ZOOM:

“Reclaman que la CNTE está en una posición intransigente, (y, sin embargo) quizá sean los únicos que están haciendo algo”, declaró la profesora el día de ayer. Por si alguien tenía dudas, ya sabemos quién se halla detrás de la oposición a la reforma educativa del presidente. Es mujer y tiene unos ovarios enormes.
01 Abril 2019 03:49:00
Triunfo histórico de las trabajadoras del hogar
Después de tantos años, resulta difícil de creer lo que sucedió el día de ayer: con el programa piloto para incorporar con plenos derechos a las trabajadoras del hogar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) regresó a sus orígenes para poner a las personas por encima de las obsesiones financieras.

Germán Martínez Cázares pronunció este domingo un discurso memorable. Con él inauguró la oportunidad para que más de dos millones 400 mil personas, dedicadas a las labores domésticas remuneradas, cuenten con acceso pleno a la salud y a un retiro digno.

En México, pocos puestos de trabajo son más discriminados y discriminatorios. Con el argumento de la época colonial que pervive hasta nuestros días, hay quien todavía cree que las trabajadoras son “como de la familia” y por tanto no merecen los derechos que otros empleados sí pueden reclamar.

Hay quien aún concibe las vacaciones, el aguinaldo, los alimentos, las medicinas, la habitación, los horarios razonables o los días de asueto como la dádiva generosa que el empleador entrega a su sirvienta.

Un hecho de “corrupción silenciosa”, como lo llamó el director del IMSS, uno frente al cual el Estado mexicano ha sido cómplice fundamental.

“Sobre mi cadáver”, dijo Humberto Castillejos, jefe jurídico del anterior gobierno, según compartió con este periodista el exdirector del IMSS José Antonio González cuando se le preguntó por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto no procedía a ratificar el convenio 189 de la OIT, referente a la justicia laboral en el trabajo del hogar.

Porque en realidad no era sobre su cadáver, sino sobre el de otras mujeres muy desprotegidas, es que este sujeto –junto con muchos otros cómplices– han sostenido durante generaciones una repudiable estructura de

marginación.

Marcelina Bautista, la líder mexicana que más vida ha dedicado a esta causa, tomó igualmente la voz en el evento del IMSS y compartió palabras que, a la vez de conmovedoras, solo pueden avergonzarnos.

Este triunfo –dijo– va para todas las trabajadoras que son madres y no han contado con una guardería para sus hijos, para las trabajadoras que se han embarazado sin atención médica; el triunfo es para las mujeres que, después de cuarenta o cincuenta años de lavar y planchar ajeno, han padecido una vejez quebrantada por las mismas carencias que recibieron desde la cuna.

El triunfo es para todas aquellas empleadas del hogar secularmente ignoradas por las familias, las instituciones, los partidos, los gobernantes, los jueces y las leyes.

“¡Que nadie se confunda, este es un logro histórico!”, declaró ayer Marcelina: uno que obtuvieron miles de trabajadoras contra la ceguera clasista y racista empecinada en dominar.

Empleada del hogar es un término que va más allá de esas tres palabras: significa mayoritariamente indígena, significa mayoritariamente al sur, significa mujer –en más de un 90%–, significa precariedad, menosprecio, negación, indignidad, abuso de poder, condescendencia malsana, asimetría injusta, persistencia de nuestras peores formas de relación laboral.

Que el IMSS lance un programa piloto para incorporar a las trabajadoras del hogar no es el final sino el principio de una muy compleja transformación. Una ruta de cambio que no dejará indemne a nuestra estructura social, porque cuando las más vulnerables comienzan a tener derechos, el resto nos vemos obligados a reconsiderar nuestros prejuicios y taras.

Zoom: junto con las trabajadoras del hogar hay otros dos grupos sociales que comparten grave discriminación laboral, las y los jornaleros agrícolas y los trabajadores de la construcción. El conjunto de los tres grupos suma casi 10 millones de personas que el IMSS debe también acoger con el discurso de los igualados.
25 Marzo 2019 03:49:00
Lecciones para dejar la mafia del poder
El yerno de la profesora Elba Esther Gordillo, Fernando González Sánchez, pronunció el discurso principal de la primera asamblea para la constitución del nuevo partido, Redes Sociales Progresistas (RSP).

Ahí dijo que el propósito de esta nueva fuerza electoral es ayudar al Gobierno de la cuarta transformación “a consolidarse”. Luego añadió que este instituto “hará la diferencia en las próximas elecciones”.

Este verano se cumplirán 13 años de que Felipe Calderón Hinojosa ganara la presidencia gracias a que las redes de la maestra hicieron “la diferencia”.

Cuentan dentro del círculo más próximo a ese expresidente que el día anterior a los comicios, Elba Esther Gordillo llamó al candidato panista para ofrecerle medio millón de votos.

Según el periodista Alberto Aguirre, Juan Camilo Mouriño, entonces el principal operador de la campaña calderonista, se enteró por voz de su jefe, 12 horas antes de que abrieran las urnas, de tan afortunada noticia.

La anécdota habría sido poco creíble sin la generosidad que luego tuvo el presidente Calderón para con la profesora: le entregó cargos tan relevantes como la dirección del ISSSTE o la Lotería Nacional, pero, sobre todo, la subsecretaría de Educación Básica, que justo ocupó Fernando González Sánchez, durante aquella Administración.

Obviamente una de las voces más enojadas con la alquimia electoral del magisterio fue la de Andrés Manuel López Obrador, el candidato que, según los datos oficiales, fue derrotado por poco más de 240 mil votos.

En palabras del abanderado vencido, Elba Esther Gordillo, su aparato electoral y sus huestes sindicales eran parte de la mafia del poder que arrebató la banda presidencial a su legítimo destinatario.

¿Cómo explicar que, pasada una década, aquellos que eran mafiosos dejaron de serlo? ¿Qué agua o poción mágica, qué acto de arrepentimiento, qué plegaria a San Judas Tadeo o al Santo Niño de Atocha, lograron que don Fernando González Sánchez se haya vuelto agente de la cuarta transformación?

Todo parece indicar que ser o no ser mafia del poder pasa por la política de alianzas de los mafiosos, y no por su rol como poderes fácticos –enclaves del autoritarismo– capaces de colocarse siempre por encima de la ley.

Una vez que las Redes Sociales Progresistas, encabezadas por los socios de Elba Esther Gordillo, apoyaron a la candidata morenista a gobernador para el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, comenzó a funcionar la piedra pómez que cura toda pertenencia previa a la mafia.

Luego vinieron las elecciones federales de 2018, donde los antiguos aliados de Felipe Calderón ratificaron su conversión al morenismo y, a la postre, obtuvieron la liberación de la profesora, quien había sido injustamente encarcelada.

Porque con toda seguridad RSP obtendrá su registro, la paradoja de esta historia reside en que la cuarta transformación contará también con un partido encabezado por el liderazgo magisterial próximo a Gordillo.

Ese partido servirá, como sucedió antes con el Panal, para negociar puestos, recursos, influencia y poder. Será un apéndice de Morena y si las cosas se ponen difíciles después de 2021, jugará, como ese grupo político sabe hacerlo muy bien, de bisagra en el Congreso.

Para quienes llevamos registro de la historia política contemporánea de nuestro país no deja de ser incómodo que la cuarta transformación, en la que tantas esperanzas se han depositado, utilice con frecuencia la piedra pómez para lavar la reputación de los integrantes de la mafia del poder.

ZOOM;

¿Por qué si los líderes de RSP quieren apoyar al Gobierno y su partido, no ingresan mejor a Morena, con derechos plenos? ¿Será que ahí no les recibirían, o que estas personas prefieren autonomía, por aquello de que, en algún momento, la vela de la política se hinche en una dirección contraria a la actual?
21 Marzo 2019 03:19:00
La ‘buena’ reforma educativa
Un cambio mayor de la reforma educativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador es haber quitado al Estado la obligación que antes tenía para garantizar la calidad en la educación. Esa palabra fue sustituida por otras, tanto o más relevantes: equidad e inclusión.

Esta pareciera la principal diferencia conceptual entre “la mal llamada” reforma educativa y la que ahora se promueve. No es evidente por qué calidad y equidad deberían oponerse, o por qué la primera habría de ser calificada como un valor neoliberal.

La educación mexicana requiere igualar la calidad, al mismo tiempo que se promueve la mejora del logro académico. Derivada de esta disputa sin sustento se añade que la nueva reforma elimina de la Constitución los criterios que antes servían para medir la calidad en la educación: los métodos educativos, los materiales, la organización escolar, la infraestructura o la idoneidad de los maestros y los cuadros directivos de las escuelas. Con tal de retirar del texto constitucional el término “idoneidad”, para que los docentes no fueran evaluados conforme a criterios arbitrarios, los actuales diputados barrieron con el resto de los elementos que merecían permanecer ya que, en la práctica, son los que inciden en la mejora educativa.

Otro tema clave que se modificó es el de la autoridad responsable de medir todo lo relacionado con la educación impartida por el Estado.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) es un general al que le han arrancado los galardones. Por obra de la nueva iniciativa no será más un órgano constitucional autónomo, sino un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

Este descenso en la jerarquía no debe pasar desapercibido. Cuando nació, por allá del año 2002, el INEE era una institución vulnerable, cada vez que sus reportes señalaban problemas y responsables.

En su primera etapa fueron muchas las veces que los líderes del SNTE, los burócratas encumbrados o el partido gobernante intentó esconder, maquillar o modificar los resultados de las evaluaciones.

La presión política y burocrática ejercida en contra del INEE suele ser mayúscula, porque cuando las evaluaciones salen mal, los padres de familia reclaman y la sociedad se enoja con los gobernantes. Pocos temas son más sensibles, más inflamables políticamente, que la educación.

Fue por esta experiencia que se encumbró al INEE para que ocupara un asiento entre los pocos órganos constitucionales autónomos que tiene nuestro país. La intención del Legislativo fue blindar a los evaluadores frente a argumentos que nada tenían que ver con la evaluación.

La degradación que sufrirá el INEE no se hace cargo de esta parte de la historia. Al contrario, obedece al enojo que despertó el hecho de que sus evaluaciones autónomas no fueran condescendientes con los intereses de la política mezquina.

Los errores que haya cometido el INEE autónomo no justifican la defenestración. Habría bastado con corregir, ajustar e incluso fortalecer.
18 Marzo 2019 04:00:00
El Mirreynato no es Fifilandia
Por estos días se incurre en el error de suponer que mirreyes y fifís son las mismas personas.

En realidad, un muro inmenso e infranqueable les separa. En lo que toca a privilegios, poder de compra, ingresos, estilo de vida, impunidad y ostentación, son abismales las diferencias entre los habitantes del Mirreynato, que moran en el penthouse de la sociedad, y los residentes de Fifilandia, que viven varios pisos abajo.

Mientras el fifí es el empleado que cuida la entrada del bar, el mirrey es el dueño del antro que observa la calle, quitado de la pena, desde su ventana
panorámica.

Bajo cualquier circunstancia o contexto esta es la regla: a los mirreyes no se les toca ni con el pétalo del discurso.

Los mirreyes continúan apartados de la acción de la justicia porque los actos de corrupción que dieron origen a su fortuna han quedado perdonados.

A los mirreyes les tiene sin cuidado dónde se construya el aeropuerto, porque ellos disponen de hangares y aviones
particulares.

Los mirreyes están felices porque en su país pagan menos impuestos que en ningún otro; porque pueden heredar sin que nadie les haga un descuento, y porque pueden especular sin que Hacienda venga a molestarlos.

Las colonias donde viven los mirreyes jamás son señaladas, no aparecen, no se mencionan, no se cuestionan.

A los mirreyes nadie les redujo el sueldo porque no necesitan uno, y sobre todo porque, salvo excepciones, menosprecian el oficio del burócrata.

A los mirreyes les tiene sin cuidado la (bien o mal) llamada reforma educativa porque su existencia y la de sus hijos transcurre a muchos kilómetros de la escuela pública.

A los mirreyes la amnistía les aburre porque están acostumbrados a ella; tampoco les preocupan los derechos humanos porque los suyos, pase lo que pase, siempre están a salvo.

Los mirreyes andan de fiesta porque no han sido siquiera rozados por los vientos de la
transformación.

En cambio, escaleras abajo –en los niveles de la construcción social donde se localiza Fifilandia– las cosas marchan muy distintas.

Se ha puesto de moda cuestionar todo cuanto tiene que ver con las personas señaladas por su identidad fifí, tengan o no conciencia de ella.

Si leen el diario equivocado, si escuchan la estación incorrecta, si viven en la colonia inadecuada, si la cigüeña les entregó cromática clara, si son liberales, si son conservadores, entonces un dedo flamígero los acusa de manera implacable.

A tiro por viaje se ridiculiza a Fifilandia, se le agravia, se le emplaza a tomar plena responsabilidad por todos los males que aquejan a la sociedad.

A diferencia del plácido mirrey, la persona fifí es representada como el peor enemigo del pueblo.

El fifí que vive de su sueldo, el fifí que sufre la desinversión, el fifí que trabajaba para la burocracia, el fifí que hace largas colas a la hora de cobrar su ahorro para el desempleo, el fifí que alguna vez se dio tiempo para participar en la sociedad civil, y que ahora se descubre detestable y de derecha.

¡Oh fifí malhadado quien, por iluso, creyó que un día contaría con un aeropuerto de primer mundo y hoy mira con resignación hacia otro lado!

Porque la arbitrariedad así los decidió, Fifilandia debe pagar por los pecados, por las desigualdades, por todas las equivocaciones: estamento condenado, sobre todo, porque el Mirreynato es intocable.

14 Marzo 2019 03:14:00
Los delitos de corrupción, en la zona fantasma
Es falso que los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos puedan ser perseguidos como delitos graves. De hecho, la mayoría de ellos son todavía invisibles para la justicia penal.

Un error legislativo dejó como letra muerta las reformas al Código Penal federal del año 2016 dedicadas a tipificar los delitos en materia de anticorrupción.

El pasado lunes, con motivo del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus primeros 100 días de Gobierno, el Mandatario presumió la reforma que su partido promovió para declarar como graves los actos de corrupción.

Muy probablemente el Presidente no sabe que el catálogo de delitos al que hizo referencia no ha entrado, ni podrá entrar, en vigor, si antes no se realiza una nueva reforma al Código Penal federal.

Las abogadas Estefanía Medina y Adriana Greaves (blog de Nexos, marzo 11, 2019) han hecho notar el galimatías provocado por la legislatura pasada, el cual mantiene en el limbo jurídico a las reformas penales del 2016 en materia de corrupción.

Hoy no comete delito grave, por ejemplo, el servidor público que se enriquezca durante su función de manera inexplicable. Tampoco el que, por sí mismo o por interpósita persona reciba dinero para hacer o dejar de hacer un acto inherente a su cargo.

Estas conductas, entre muchas otras, que gracias a la reforma penal del 2016 debieron convertirse en delitos de corrupción –y que, por obra de la iniciativa del presidente López Obrador habrían ascendido a la escala de graves– son en realidad papel mojado, delitos fantasmas, actos que ni la ley ni la justicia pueden perseguir.

El origen de este galimatías se halla en el primer artículo transitorio de las reformas al Código Penal federal, publicadas el 18 de julio del año 2016. Ahí se estableció que la nueva tipificación de delitos relativos a la corrupción entraría en vigor el día que el Senado de la República nombrara al fiscal anticorrupción.

Pero el Senado jamás nombró a ese titular: tuvo cuatro años para hacerlo, entre 2014 y 2018, y sin embargo fue incapaz de cumplir con un mandato que esa cámara se impuso a sí misma.

Al no acatar este requisito, el Senado envió a una zona fantasma todo el listado de ilícitos que más recientemente la nueva legislatura tipificó como delitos graves.

El pasado 1 de marzo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, instaló por fin la nueva Fiscalía Especializada en Anticorrupción; sin embargo, por extraño que parezca, esta otra institución no es la misma que aquella que el Senado debió haber nombrado antes de que concluyera el año 2018.

El titular de la primera fiscalía, cuya investidura era condición para que el catálogo de delitos de corrupción entrara en vigor, debió haber recibido su encargo gracias al voto de dos terceras partes de la Cámara de Senadores.

En cambio, la flamante responsable de esta otra fiscalía, María de la Luz Mijangos Borja, obtuvo el puesto gracias al fiscal general, Alejandro Gertz, quien siguiendo un procedimiento distinto, recién solicitó a la Cámara alta que ejerciera su potestad de refrendo.

La diferencia estriba en que mientras el primer fiscal debía ser nombrado por el Senado, la segunda lo fue por el fiscal general, y en este caso los senadores solo tienen facultad para refrendar.

El desastre surge cuando la vigencia del catálogo de delitos antes referido no está ligada al nombramiento de Mijangos, sino al de un hipotético fiscal que jamás entró en funciones.

Esto querría decir, muy puntual mente, que los funcionarios acusados de cometer un ilícito inscrito en el catálogo penal de la anticorrupción podrán ampararse, y salir bien librados, porque la ley utilizada para perseguirlos quedó extraviada en una zona fantasma.

Zoom: si el Presidente quiere, en efecto, encarcelar a los funcionarios públicos corruptos tendrá, de nuevo, que enviar una iniciativa de reforma al Código Penal federal para asegurarse esta vez de que el catálogo respectivo entre en vigor sin condiciones ni pretextos.
11 Marzo 2019 03:35:00
Cien días con el Grijalva alebrestado
Los mexicanos traíamos hambre de cambio y por eso llegó Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia. La actividad febril del Mandatario, durante sus primeros 100 días de Gobierno, es la respuesta a esa demanda.

El país entero se parece al río Grijalva en temporada de lluvias: está crecido, desbordado, revuelto, y por momentos, indomable.

Los primeros 100 días, de cualquier gobierno, son el momento para mostrar la materia fundante –el ADN– que dará consistencia al resto de la Administración.

Andrés Manuel López Obrador ha aprovechado como pocos esta breve ventana de tiempo para celebrar la razón de sus votantes: 8 de cada 10 mexicanos querían una sacudida.

La demanda y la oferta en la política mexicana participan de una feliz luna de miel porque la gente andaba hasta la coronilla y el nuevo Presidente está dispuesto a cuestionar y cambiarlo prácticamente todo.

La fascinación con la novedad y la transformación es emoción cotidiana en una inmensa mayoría de personas. Son estadísticamente pocos, por no decir irrelevantes, quienes desearían conservar el patrimonio político del pasado.

De ahí que no tenga límite el furor por derrumbar todo aquello que haya sido fuente de corrupción, violencia o desigualdad.

El presidente está decidido a abrir la caja de Pandora porque detrás suyo hay quienes, con estos argumentos, aplauden enérgicamente.

Estos días para México son de euforia, de fiesta, de ánimo optimista y confiado. El Grijalva fluye alebrestado porque una mayoría así lo quiere y estuvo dispuesta a tomar el riesgo de la transformación porque antes las cosas parecían insoportables.

Sin embargo, debajo de estas aguas turbulentas, el país real continúa su cauce sin haber visto todavía los grandes cambios en esos temas precisos que llevaron al triunfo de López Obrador.

Cual serpientes taimadas de agua dulce, los problemas que padecíamos antes de las elecciones de julio pasado, muerden hoy con igual o peor fiereza a la gran mayoría de las poblaciones.

Nada indica que, a ras del suelo –lejos de las luces que iluminan la conferencia mañanera o los altavoces placeros– las cosas hayan cambiado.

Es de pésimo gusto y mala educación, como comer con la boca abierta o subir los codos a la mesa, hablar de esa necia realidad que, a cien días, se mantiene tan canija como antes.

Por ejemplo, las cifras de la violencia publicadas el día de ayer por El Universal. Si se comparan los 100 primeros días de todos los presidentes mexicanos, desde que concluyó la Revolución a la fecha, los más recientes se exhiben como los peores: 94 personas murieron diariamente en el país desde que López Obrador se colocó la banda presidencial.

Estos números representan el triple en comparación con el arranque de la administración de Felipe Calderón y casi el doble con respecto a los primeros meses de Enrique Peña Nieto. Si a esta evidencia se agrega el incremento en el número de secuestros y desapariciones, las alarmas suenan bastante fuerte.

No sería justo responsabilizar a la nueva Administración federal por esta tragedia, y sin embargo llama la atención que el tema de la violencia haya ido a parar en el fondo del río, cuando los colmillos de tal realidad continúan siendo nuestra principal tragedia.

Algo similar ocurre con la corrupción. Si bien el Presidente merece confianza cuando dice que ni él ni su Gabinete son personas corruptas, lo cierto es que falta mucho para que esa mística gravite en el lecho del río, donde la sociedad y el Estado se encuentran.

La oferta de amnistía y perdón no han disuadido a los muchos hampones que continúan entendiendo a las instituciones como si fueran un bien propio, de sus familiares y sus compinches.

ZOOM:

Corrupción, inseguridad y desigualdad son las tres razones que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.

Los resultados a propósito de estos tres temas no pueden ser medidos en estos primeros cien días, pero el año no podrá terminar en similar festejo si no ocurre una transformación fundamental en cada uno de ellos.
07 Marzo 2019 03:58:00
La resurrección del PES
A punto estamos de atestiguar el primer fraude cometido contra la Constitución, durante el recién estrenado régimen de la Cuarta Transformación. Será falso que no haya nadie por encima de la ley cuando los magistrados del Tribunal Electoral resuciten a un muerto que la voluntad popular decidió enterrar.

Desde su tumba, el Partido Encuentro Social (PES) se defiende con dos argumentos para recuperar el registro que el Instituto Nacional Electoral (INE) le retiró en septiembre del año pasado:

Primero, que los resultados de la elección presidencial, donde resultó triunfador su candidato, Andrés Manuel López Obrador, son cuestionables por las muchas irregularidades cometidas. Y, segundo, que independientemente de los votos, los magistrados del tribunal deben reconocer la representatividad que significan los diputados y senadores que este partido tiene actualmente en el Congreso.

Con respecto al primer argumento es difícil no trazar con las cejas un signo grande de interrogación: ¿los dirigentes del PES afirman que su candidato a la Presidencia ganó en una elección que ellos mismos califican como fraudulenta?

La ironía es mayor cuando este partido presentó mal y a destiempo los recursos de inconformidad para demostrar su dicho. Es decir que señala, sin aportar una sola prueba, como tramposos los resultados de unas elecciones que a estas alturas son inapelables.

No lleva razón este partido cuando pide recontar todos los votos de los pasados comicios presidenciales, sin aportar evidencia que motive o justifique tan peregrinos anhelos.

Con respecto al segundo argumento es necesario precisar que el INE retiró el registro al PES porque en ninguna de las tres elecciones federales obtuvo el porcentaje requerido

por la Constitución.

Tanto en los comicios para diputados como para senadores, este partido logró el 2.5% de la votación general, y en la de Presidente obtuvo solamente el 2.7% de los sufragios.

A la hora de enfrentarse a la urna, las personas optaron por tachar los emblemas de Morena o del Partido del Trabajo, pero no el de Encuentro Social. El mensaje del pueblo fue claro: muerte al PES. Así lo dicen las boletas, las actas y el programa de resultados del INE.

El Artículo 41 de la Carta Magna es preciso: “el partido político nacional que no obtenga, al menos, el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del poder Ejecutivo o de las cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro”.

El texto no prevé excepciones, ni ofrece vías alternas para resucitar a este muerto: o el PES obtuvo al menos el 3% de los votos, en alguna de las elecciones, o bien extravía el registro y las cuantiosas prerrogativas que lo acompañan.

Ni la hermenéutica, ni la metafísica, ni la magia negra, ni el Espíritu Santo, ni Dios, ni el Diablo, tampoco san Judas Tadeo, nadie puede sacar al PES de este trance, sin apuñalar antes a la Constitución.

Y, sin embargo, una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral, encabezados por Felipe de la Mata, está decidida a revivir el cadáver en contra de lo que el pueblo de México votó. Esta película es de terror y los zombis, en efecto, existen.

Afirma el PES una barbaridad: que la interpretación del 41 constitucional sobre la pérdida del registro no sólo debe considerar su “representatividad política numérica” –los votos–, sino también el número de diputados y senadores que logró meter al Congreso.

Es decir que no importa la voluntad popular sino las trampas celebradas para que este partido lograra formar una fracción parlamentaria de 30 diputados y 5 senadores, los cuales consiguieron sus escaños gracias a que fueron candidatos de Morena y del PT.

ZOOM: en febrero de hace dos años publiqué en estas mismas páginas un artículo titulado magistrados hampones. El más siniestro de estos cinco juzgadores me reclamó airado que lo había difamado con esa sentencia. Confirmo ahora mi convicción sobre esos cinco hampones que están dispuestos a traicionar así a la Constitución.


04 Marzo 2019 03:19:00
Corrupción y muerte de los Moreno Valle
El helicóptero Agusta Grand 109 en el que viajaban Érika Alonso y Rafael Moreno Valle cayó en picada. Los peritos denuncian el hecho como inusual: no es común que el rotor principal de una nave como esa termine haciendo círculos sobre la tierra.

Ha sido ya descartado que el helicóptero hubiera recibido un proyectil, así que la causa más obvia del accidente es mecánica.

Cabe formular como hipótesis que una mano criminal haya averiado la nave para provocar la muerte de sus tripulantes; también existe la teoría de un acto de negligencia mecánica.

Esta es la pregunta que el fiscal investigador del caso deberá despejar: ¿provocación o negligencia?

En cualquier caso, las pistas apuntan hacia el taller responsable de dar mantenimiento al helicóptero: Rotor Flight Services, cuyo propietario es José Antonio Vázquez Torales y cuyos mecánicos responsables en Puebla son Ricardo Montiel y Mario Gutiérrez.

Aquí algunas interrogantes que el fiscal debe resolver:

1. En 2013 la empresa Eolo Plus entregó la operación del helicóptero a la compañía Servicios Aeroportuarios del Altiplano (SAASA). ¿Por qué entonces Eolo Plus no compartió las bitácoras de la nave correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013?

2. ¿Qué ocurrió con el daño detectado en el motor de esa nave a finales del año 2017?

3. ¿Cambió Rotor Flight Services –el taller contratado por el Gobierno de Puebla para dar mantenimiento a esa nave– el motor o la parte del motor que presentaba daño? ¿Cuándo sucedió esa reparación?

4. ¿Por qué, después del accidente, la tuerca que sujetaba el rotor principal de la nave mostró evidencia de sobrecalentamiento? (Ese estado de la pieza sólo puede explicarse si el helicóptero despegó teniendo suelta esa tuerca fundamental).

5. ¿Cuándo fue la última vez que Rotor Flight dio mantenimiento al rotor del helicóptero? ¿Por qué los encargados del taller, Montiel y Gutiérrez, permitieron que el helicóptero viajara con ese presunto desperfecto?

6. Erika Alonso y Rafael Moreno no solían volar juntos. ¿Por qué ese día cambiaron su rutina?

7. El capitán Salas y el capitán Marco Tavera eran los responsables de volar la nave y, sin embargo, de última hora, Roberto Cope, que era el director de servicios logísticos del Gobierno de Puebla –y por tanto el jefe de ambos– instruyó a Salas para que se fuera a descansar. ¿Por qué Cope piloteó el helicóptero ese 24 de diciembre?

8. ¿Sabían Salas y Tavera del desperfecto en el motor que presentó el helicóptero un año antes? ¿Lo sabía Roberto Cope? ¿Tenían información estas tres personas sobre la reparación realizada al motor? ¿Conocían sobre el mantenimiento que recientemente los empleados de Rotor Flight le habían hecho al rotor?

9. Rotor Flight Services –sus dueños y sus mecánicos– deberían ser parte central de la investigación. ¿Por qué el Gobierno de Puebla no ha suspendido todavía el contrato de mantenimiento con esta compañía?

10. ¿Por qué Rotor Flight Services mantiene oficina dentro del hangar del Gobierno de Puebla?

11. ¿Por qué Rotor Flight Services participa en la organización de la información solicitada por la Fiscalía?

12. ¿Quién era el verdadero dueño del helicóptero accidentado?

13. ¿Por qué los dueños de Eolo Plus, (Juan Armando Hinojosa Cantú y Ariel Zeev Picker Schatz), transfirieron en 2013 la operación de la nave a SAASA, (cuyos propietarios son los tlaxcaltecas, Rafael y José Antonio Torre Mendoza)?

14. ¿Qué relación tenía el exgobernador Moreno Valle con los hermanos Torre Mendoza?

15. ¿Hubo conflictos de interés entre los dueños del helicóptero, los pasajeros, los operadores, los responsables del taller o el director de servicios logísticos?

ZOOM: El accidente de Puebla tiene detrás un largo caudal de corrupción. Los intereses políticos deberían dejar de interponerse, mientras se resuelven las diversas líneas de investigación.


28 Febrero 2019 03:52:00
Rotor Fligth Services: pista sin investigar
Rafael Moreno Valle y Érika Alonso acuden de nuevo al proceso electoral que se celebrará este mes de junio en Puebla. A pesar de la tragedia que ambos sufrieron, son argumento político principal de la contienda.

Tanto la dirigencia del Partido Acción Nacional, como los políticos poblanos allegados a la pareja, sospechan en voz alta que su muerte fue provocada. Marko Cortés, presidente del PAN, declaró que “no hay elementos que hagan sentir que la caída del helicóptero haya sido un accidente”.

Conforme el ambiente de competencia vaya avanzando, el argumento sobre un posible atentado político crecerá como la espuma. La duda se alimenta de la lentitud y la opacidad con que se está conduciendo la investigación.

La negativa que la SCT entregó al periódico Milenio, a propósito de una solicitud para que diera a conocer las conversaciones entre los pilotos y la torre de control, nutre con alto contenido calórico las especulaciones. Los funcionarios del Gobierno federal decidieron reservar por cinco años esta información, pretextando que darla a conocer “afectaría el interés público y la seguridad nacional”.

Ambas partes, oposición y Gobierno, cometen un error imperdonable al colocar en la liza de la disputa político-electoral una investigación que debería ser pulcra, profesional y basada en los más altos estándares de la ciencia y la ingeniería.

Al actuar así liberan de responsabilidad a quien habría de estar rindiendo cuentas. La información que sí es pública señala en una misma dirección: el taller donde días antes recibió mantenimiento la nave Augusta 109 Grand que Rafael Moreno Valle utilizaba con mucha frecuencia para transportarse.

En efecto, una lupa grande habría de colocarse sobre Rotor Flight Services, sus operarios y sus dueños, porque fue en ese taller, ubicado en Toluca, que los rotores del helicóptero siniestrado recibieron mantenimiento los días previos al accidente.

Hay dos hechos, en concreto, que requieren atención: primero, que personal de Rotor Flight haya accedido entre las primeras personas que inspeccionaron los restos de la aeronave; hubo incluso algún medio poblano que confundió a estos individuos con peritos responsables de analizar las piezas todavía humeantes.

Cualquier protocolo indicaría que los mecánicos de la nave no pueden ser juez y parte en el análisis, y todavía más importante, no deben cruzarse con la cadena que custodia la evidencia indispensable para evaluar las causas del siniestro.

El otro hecho que no debería pasar desapercibido es el conflicto de interés, por no decir los antecedentes de corrupción, que rodean la biografía del dueño “formal” de Rotor Flight Services: Antonio Vázquez Torales.

Cuando Enrique Peña Nieto fue mandatario del Estado de México, este individuo era director general de mantenimiento de las aeronaves de ese gobierno estatal. Entonces aprovechó el puesto para constituir y crecer un taller –Rotor Flight Services– que daba servicio, entre otros clientes, a las naves de la administración peñanietista.

En 2011 fue acusado de utilizar al personal y los recursos materiales de la dirección que tenía a su cargo para beneficiar a su empresa. El conflicto de interés es la pecera donde Vázquez Torales emergió y se hizo un próspero empresario. Con ese desaseo en su currícula valdría la pena revisar el grado de responsabilidad que Rotor Flight tuvo en el accidente de los esposos Moreno Valle.

También y, sobre todo, hay que preguntarse el papel que jugó el personal de Rotor Flight las 24 horas posteriores al siniestro.

ZOOM: Panistas y morenistas están alentando una cortina de humo que distrae de la investigación sobre la verdad detrás de la muerte de los Moreno Valle. Hay una pista en Toluca que no debe menospreciarse.
25 Febrero 2019 03:42:00
En defensa de la autonomía
Las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito de los órganos constitucionales autónomos obligan a reflexionar sobre el origen de la autonomía, y también sobre los momentos en que este valor democrático ha sido derrotado.

La autonomía tiene una larga tradición constitucional en México. La amarga experiencia que dejó Antonio López de Santa Anna hizo que la Carta Magna de 1857 colocara frenos y contrapesos de cara a la autarquía.

Con objeto de evitar que una sola persona ejerciera por sí sola la autoridad suprema del Estado, aquellos constituyentes son los autores de la primera ola de autonomías que, por un lado, fijó los principios para regir la independencia de los estados y los municipios y, por el otro, estableció fronteras entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En efecto, entonces y ahora, la autonomía es un antídoto contra la autocracia y por eso, cuando la segunda avanza, es porque la primera pierde. El gobierno de Porfirio Díaz, como el de Santa Anna, tuvieron propensión a concentrar poder y por ello el federalismo vio sucumbir sus mejores anhelos, lo mismo que la libertad del municipio.

La segunda ola de la autonomía vendría con la Constitución de 1917. Como base de la organización política del país se establecieron los derechos que le otorgan autonomía y dignidad jurídica a las personas, también la noción de municipio libre, como piso de la organización del Estado; asimismo, la Carta Magna confirmó las bases de la independencia para las entidades federativas, y para los poderes Legislativo y Judicial.

La segunda ola de la autonomía sufrió erosión por los movimientos autárquicos que, con el paso de las décadas, fueron edificando al presidencialismo mexicano, sobre todo a partir de lo que Jorge Carpizo llamó las facultades metaconstitucionales del jefe del Ejecutivo.

No podrían explicarse las reformas a la Constitución relativas a la tercera ola de la autonomía mexicana sin las expresiones radicales de autarquía manifiestas durante el largo periodo en que gobernó el Partido Revolucionario Institucional.

La tercera ola de las autonomías comienza con la fundación del Instituto Federal Electoral como institución autónoma de las presiones político partidistas del Presidente y otros poderes. Por este motivo puede fecharse su inicio en 1996.

El éxito del modelo de autonomía diseñado para este órgano dio origen a un rosario de nuevas instituciones, que fuera del ámbito regional y de la división formal de poderes, debían también —por la responsabilidad asignada— estar protegidas frente a las influencias autárquicas del Presidente, así como frente a la presión o sesgo de otros actores, fuera y dentro del Gobierno.Los órganos constitucionales autónomos son la aportación más reciente a la República para evitar el regreso del país a situaciones políticas como las impuestas por Santa Anna, Porfirio Díaz o por el presidencialismo exacerbado del PRI.

Se trata de una solución política que quiere asegurar dos cosas: primero, que la actuación de esos órganos no sea vulnerada por intereses ajenos al mandato que la Constitución les entrega y, segundo, promover la coherencia de sus decisiones en el tiempo, de tal manera que estos órganos autónomos aseguren una política de Estado que trascienda gobiernos y partidos.

Un buen ejemplo para explicar estos dos objetivos lo ofrece el Banco de México, el cual obtuvo autonomía constitucional para evitar que el poder Ejecutivo manipulara la política monetaria con propósitos electorales, al tiempo que recibió un mandato de largo plazo para mantener a raya la inflación.

ZOOM: Los errores cometidos por los órganos autónomos pueden corregirse, siempre y cuando no sea la autonomía lo que se busca eliminar, o la autocracia lo que se quiere promover.
21 Febrero 2019 03:37:00
La 4t tiene problemas de popularidad
La cuarta transformación no tiene resuelta su relación con la pluralidad. Con todo respeto –como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador– sus líderes no suelen ser respetuosos con las voces divergentes.

Se desconfía, por principio, de quien no comparte opinión, de quien no tiene proximidad, no sólo ideológica sino personal.

Si algunas organizaciones difieren, se descalifica a toda la sociedad que se organiza; si la prensa disiente, cae bajo sospecha; si una institución defiende su autonomía, revienta la acusación de ser un aparato burocrático inservible; si los partidos se oponen, terminan señalados de retrógrados y conservadores; si los jueces disienten, son calificados de privilegiados; si los investigadores o los especialistas opinan diferente, resulta que los mueven intereses ocultos o sesgados.

Es innegable que en estos ámbitos del espacio público hay expresiones conservadoras. Faltaba más: de eso se trata la pluralidad, de que todas las voces participen en la deliberación y el Gobierno de los asuntos que son comunes.

Pero de ahí a suponer que toda la sociedad civil, todos los partidos (excepto Morena y aliados), las instituciones autónomas, la prensa, la academia y la investigación son defensores de la oligarquía, hay una brecha muy grande.

Argumenta el presidente López Obrador que la sociedad organizada estaría secuestrada por intereses contrarios a la sociedad sin organización.

En estas mismas páginas Hernán Gómez agregó que el problema son “los grupos que se han arrogado el derecho de hablar por el conjunto de la sociedad y erigido como un actor privilegiado frente a los poderes públicos”.

Ni el Presidente, ni Hernán Gómez mencionan por nombre a esos emisarios del conservadurismo que presuntamente habrían monopolizado el término de sociedad civil.

Nos harían un gran favor en hacerlo porque, con seguridad, no alcanzarían los dedos de las manos para concluir su lista.

Y, sin embargo, es rematadamente falso que esa reducida lista represente a la vastísima sociedad civil mexicana, como también lo es que su respectiva agenda abarque la diversidad de temas, preocupaciones, banderas y demandas de un universo denso de organizaciones que luchan desde muy diversas trincheras.

Son sobre todo sociedad civil las organizaciones dedicadas a los asuntos del barrio, el ejido y la comunidad, las de las trabajadoras del hogar, las que cruzan por las demandas del empleo, la identidad, la discapacidad, el racismo o la discriminación, las que defienden derechos humanos, buscan a los desaparecidos, se ocupan del medio ambiente o vigilan las elecciones, entre muchas otras.

Se equivoca en redondo el Presidente al suponer que toda la sociedad organizada es conservadora, y que por tanto solo la desorganizada es de izquierda.

Si en el pasado la sociedad civil ligada a la plutocracia tuvo mayor influencia que aquella que hizo su trabajo a ras del suelo, fue porque en las oficinas del poder los primeros tuvieron derecho de picaporte, mientras que los segundos fueron excluidos.

El problema no son los grupos elitistas sino el guardián que abría y cerraba las puertas de la pluralidad.

Si en el pasado pocos actores de la sociedad eran influyentes, sería muy lamentable repetir de nuevo el patrón, ya no en función de la legitimidad elitista, sino de un ánimo excluyente basado en la desconfianza, la ideología o la proximidad personal.

La pluralidad no es un medio sino un fin en sí misma, una realidad sin la cual ni la libertad ni la democracia pueden sobrevivir.

Antes esa pluralidad no fue equilibrada, pero no vaya a ser que en la 4T termine angostando aún más la puerta, con el pretexto de que todo lo que se organiza es conservador y de derecha, o peor aún, es desagradablemente “liberal”.

Zoom: Tan liberal como Benito Juárez que, con todo respeto, predicó el derecho ajeno incluso a no ser liberal.
14 Febrero 2019 03:35:00
La CTM de Morena
Hace casi 83 años, el 21 de febrero de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas del Río impulsó la creación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), con el objeto de ordenar, bajo un esquema corporativo, al conjunto de organizaciones sindicales que entonces padecían una crisis marcada por la fragmentación.

Vicente Lombardo Toledano fue su primer secretario general, luego Fidel Velázquez se hizo cargo de liderar a este organismo cúpula durante más de 40 años.

Al parecer, la convicción de destino histórico de la que abreva la llamada Cuarta Transformación incluye también el capítulo sindical.

El día de ayer nació la Confederación Sindical Internacional Democrática (CSID) integrada por los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y otras organizaciones del sector automotriz. Recibió también el espaldarazo de los líderes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FETSE).

El primer secretario de la nueva CSID es Napoleón Gómez Urrutia, líder minero y senador por Morena. Se trata del Lombardo Toledano que López Obrador eligió para emprender una de las tareas más complejas y difíciles de nuestra época: reformar al mundo del trabajo.

Tiene razón Gómez Urrutia cuando afirma que la mayoría de los sindicatos mexicanos se quedaron en el pasado y sus líderes tienen mucho de pillo y delincuente; también cuando dice que en México prevalece un vacío, provocado por la distancia que hay entre la base trabajadora y la representación sindical.

La inmensa lista de sindicatos falsos –que sólo existen en papel– da cuenta de ese vacío.

Resulta sin embargo paradójico que sea Napoleón Gómez Urrutia quien encabece el esfuerzo democratizador de la Cuarta Transformación, a propósito del mundo sindical:

Napoleón que llegó a ocupar la silla de secretario general del sindicato minero gracias a que su padre se la heredó; Napoleón que tuvo que salir del país, no sólo porque se peleó con los patrones de su sector, sino por un manejo cuestionable de los fondos que los trabajadores habían puesto a su cuidado; Napoleón que hoy no sería quién es si el presidente López Obrador no lo hubiera hecho senador. Apelando al sentido histórico vale decir que entre Vicente Lombardo Toledano y Napoleón Gómez Urrutia hay una distancia biográfica sideral.

Con todo, el discurso con el que la CSID enfrenta a sus adversarios resonó ayer por sus premisas bien reflexionadas: la nueva confederación quiere defender el voto libre de los trabajadores, así como la libertad para elegir sindicato; quiere enfrentar la parálisis y la inacción del sindicalismo mexicano y aportarle una dimensión global que permita conectarlo con otras expresiones más modernas del extranjero.

Quizá esta sea la oportunidad propicia. Declaró hace unos días Gómez Urrutia que “si Morena no hubiera ganado, si el presidente Andrés Manuel López Obrador no hubiera abierto la puerta y hubieran seguido el PRI o el PAN, hubiera continuado la explotación de la mano de obra mexicana”.

Es evidente que, como sucedió en la época de Lázaro Cárdenas, esta iniciativa nace auspiciada desde el Gobierno, con la clara intención de acompañar los propósitos presidenciales. Contrasta con este hecho la promesa que López Obrador hizo hace unos días en el sentido de que su gobierno no intervendría en la vida interna de los sindicatos.

ZOOM

¿Podría democratizarse la vida sindical mexicana sin la acción del presidente? Como dijera alguna vez Graciela Benzunzan, el problema del sindicalismo mexicano es que los vientos de la democracia no han rozado jamás sus puertas. ¿A quién le toca abrirlas?
31 Enero 2019 03:32:00
La autonomía universitaria continúa secuestrada
Hace 90 años un movimiento numeroso de estudiantes enfrentó al gobierno del presidente Emilio Portes Gil para exigir la autonomía de la Universidad Nacional.

El triunfo llevó a que en 1929 se expidiera una ley orgánica que otorgó garantías fundamentales para el ejercicio de la libertad de cátedra, la investigación científica y la administración independiente de los recursos.

Es de no creerse que esa autonomía se encuentre actualmente en el purgatorio, debido a una reforma a la Carta Magna celebrada el pasado mes de diciembre.

La fracción séptima del tercero constitucional antes establecía que las universidades dotadas de autonomía tendrían facultades y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, respetando la libertad de cátedra, de investigación, libre examen y discusión de las ideas. También que ellas determinarían sus planes y programas, así como los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia de su respectivo personal académico, y que contarán igualmente con potestades amplias para administrar su respectivo patrimonio.

El problema surgió cuando, presuntamente por error –según explicó el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán– las reformas educativas eliminaron los párrafos referidos.

Tan grande fue el equívoco que el tema mereció atención del presidente, quien hubo de aclarar que no era su intención pasar por encima de las universidades.

El jueves 13 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador prometió que enviaría a la Cámara de Diputados una fe de erratas para corregir lo publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Han transcurrido desde entonces siete semanas –casi 50 días– y sin embargo la famosa carta continúa sin llegar a su destinatario, y por tanto no se ha corregido nada.

Con buena fe podría concederse indulgencia al partido mayoritario, pero también, cuando la paranoia se asoma, cabe temerse que la expropiación de la autonomía universitaria haya encontrado aliados dispuestos a jugar una chicana para dejar las cosas tal cual se votaron en diciembre.

Esta preocupación estuvo presente hace 15 días, cuando el secretario Moctezuma Barragán ofreció el discurso de clausura durante la asamblea plenaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). Para tranquilizar los ánimos ahí repitió que el presidente mantenía un compromiso firme a la hora de “honrar y respetar” el principio de la autonomía universitaria.

Con su palabra dejó tranquilas a las autoridades educativas presentes, y sin embargo han vuelto a pasar dos semanas sin que ocurra nada. Los legisladores de oposición insisten con que la SEP todavía no les ha hecho llegar ningún documento.

ZOOM: Ojalá y, en efecto, el secuestro de la autonomía universitaria sea meramente el producto de errores y equívocos, de novatez y novatadas; con todo, la falta de respeto de funcionarios y legisladores con respecto a los compromisos presidenciales exhibe desaseo y provoca indignación.
28 Enero 2019 03:55:00
Monreal al rescate de Matamoros
El viernes pasado estalló la huelga en 26 empresas exportadoras radicadas en Matamoros. Los trabajadores de otras 13 industrias optaron por el paro ilegal de labores. 36 mil 700 trabajadores, en total, han suspendido sus actividades por una negociación salarial difícil de resolver.

El origen del conflicto fue el incremento del salario mínimo decretado para la frontera a partir del primero de enero. Las empresas se vieron obligadas a subir, de golpe, de 88.36 a 176.72 pesos diarios y encajaron el esfuerzo sin reclamar.

Pero en Matamoros la demanda fue más lejos: encabezados por la abogada Susana Prieto Terrazas, los trabajadores exigieron que, además, se otorgara un aumento generalizado del 20% para todos los obreros.

También fijaron como condición la entrega de un bono para cada trabajador por la cantidad de 32 mil pesos.

Sorprendió a las empresas que no fuera Juan Villafuerte, líder sindical que representa formalmente a estos trabajadores, quien condujera la exigencia, sino una abogada de Ciudad Juárez residente en el Paso, Texas.

¿Quién llamó a Susana Prieto Terrazas para que orquestara el paro en Matamoros? Cabe temer que esta mujer responda a intereses inconfesables, cuyo verdadero propósito es desestabilizar a la industria exportadora mexicana.

El movimiento que ella encabeza ocurre justo cuando los sindicatos, canadiense y de los Estados Unidos, así como el Gobierno de Donald Trump, señalan a México como un país incierto para la inversión industrial.

Hay también evidencia de que otros actores estarían interesados en potenciar la crisis. Juan Villafuerte señaló por nombre y apellido a las “manos extrañas” detrás del conflicto. Por ejemplo, al líder del sindicato minero en Matamoros, Javier Zúñiga García. Se trata de un hombre allegado a Napoleón Gómez Urrutia que, sin tener que ver con el tema, ha sido orador principal del movimiento.

Igual han participado José Ángel Frías, empresario tortillero, y Ernesto Picasso, líder obrero, ambos dirigentes locales de Morena. Otro actor es Mario López, presidente municipal de Matamoros, quien ganó la elección en julio pasado también por Morena.

Estos datos de contexto, sumado a que Susana Prieto Terrazas presume ser simpatizante del partido fundado por López Obrador, llevó a que los empresarios afectados sospecharan del Gobierno federal.

La desconfianza tomó fuerza cuando representantes de las empresas acudieron a visitar a las autoridades de la Secretaría del Trabajo sin que sus preocupaciones fueran atendidas.

En revancha, otros actores de la alta jerarquía morenista enviaron un mensaje distinto. Concretamente el senador Ricardo Monreal, quien en las últimas horas comenzó a operar para buscar una solución al conflicto.

Sorprendió una llamada telefónica entre la abogada Susana Prieto y el senador Monreal, ocurrida el sábado 26 por la noche, y que se difundió por las redes sociales.

Ahí Monreal dejó en claro que el presidente no iba a permitir que los derechos de los trabajadores se vieran lesionados, “pero tampoco que se caiga la economía en el estado (de Tamaulipas) y el municipio (de Matamoros)”.

Trascendió después que el senador citó el día de hoy al líder sindical, Juan Villafuerte, en la Ciudad de México, para intentar una negociación política que ponga fin a la crisis.

Desde la noche del sábado la abogada Prieto está furiosa y acusa al presidente López Obrador de haber ordenado arbitrariamente levantar la huelga.

ZOOM: Sería importante saber quién respaldó en un principio a la abogada juarense: ¿Los gringos? ¿Napoleón Gómez Urrutia? ¿Fuerzas locales de Morena? Mientras tanto, el senador Ricardo Monreal es el responsable de parar un carro que iba derecho al precipicio.
10 Enero 2019 03:58:00
Privación injusta de la libertad
La justicia mexicana lleva demasiado tiempo al servicio de dos amos envilecidos: la demagogia punitiva y la represión social, por eso no es justicia sino abuso del poder.

Hay registro de 3 mil 967 personas detenidas arbitrariamente entre 2006 y 2018 por su condición de defensores de derechos humanos o por ser líderes de sus comunidades.

Tres de cada cuatro casos ocurrieron durante la administración de Enrique Peña Nieto. Así lo reporta el informe Defender los Derechos Humanos en México, el sexenio de la impunidad, redactado por investigadores de la Acción Urgente para Defensores de Derechos, el Centro Cerezo y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.

La política criminal en nuestro país tiene motivos que ni la ley ni la Constitución contemplan. Se usa contra activistas sociales, estudiantes, representantes indígenas, contra defensores de derechos humanos y defensores del medio ambiente.

Cada vez que los pueblos se levantan para protestar contra una mina contaminante, contra un proyecto de infraestructura que destruye el hábitat, contra el fracking y tantos otros intereses del poder económico o político, los ministerios públicos, la policía y los jueces entran al auxilio para sacar de en medio a los opositores.

Las cárceles de Guerrero, Chiapas, Sonora, Veracruz, Puebla, Estado de México, Michoacán, Quintana Roo, entre otras entidades, están pobladas por ciudadanos inocentes —desde el punto de vista penal— cuyo único delito fue desafiar al poder que doblega a las instituciones.

La fabricación de testimonios falsos y pruebas sin sustento es síntoma de todos los días en las instituciones responsables de producir justicia. El sistema encarcela a personas inocentes de manera recurrente y usa para ello la tortura, los tratos inhumanos y la violación de los principios constitucionales.

Este contexto se agrava cuando son las personas más vulnerables, desde el punto de vista económico, quienes sufren las peores arbitrariedades.

Además de líderes y defensores, las cárceles están sobre todo pobladas por jóvenes de orígenes modestos que no tuvieron recursos para procurarse una defensa legal justa. Son el eslabón más frágil de la cadena y por eso están tras las rejas.

Hasta muy recientemente la autoridad se pavoneaba presumiendo su eficacia para encarcelar mexicanos. Los bonos otorgados a la policía se fijan todavía en función del número de detenidos, sin importar la veracidad o la legalidad de los delitos supuestamente cometidos por esas personas.

Esos operadores de la Justicia mexicana no suelen poner en riesgo su empleo y, por tanto, para obtener tales estímulos persiguen a quienes saben que no podrá sobrevivir la arbitrariedad.

Si bien existen datos sólidos a propósito de los defensores y líderes sociales perseguidos, no hay una base similar que permita determinar el número de personas privadas ilegalmente de su libertad por razones socioeconómicas.

Sin embargo, es común escuchar dentro de las cárceles mexicanas que la mitad de los presos del orden común son inocentes respecto del delito por el que fueron sometidos a proceso penal.

La Justicia mexicana discrimina por tres motivos: ideas políticas, desafío a los poderes arbitrarios y pobreza socioeconómica. Se trata de uno de los rasgos más autoritarios de nuestro sistema político. Es falso que haya diferencia entre la justicia federal y la local. Cada una en su ámbito exhibe síntomas similares.

Por tal contexto es que resulta alentador que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, haya anunciado este martes la instalación de una mesa especial para la revisión de los casos de las personas privadas injustamente de su libertad y también que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya declarado que durante su Gobierno ningún ciudadano será perseguido por la justicia federal debido a su postura política o su forma de pensar.

Zoom: El día en que la política se subordine a la justicia, México estrenará un nuevo régimen. Pero para lograrlo primero tendríamos que modificar el sistema operativo con el que se ejecuta la política criminal, así como los criterios e incentivos que rigen la conducta de policías, ministerios públicos, jueces y autoridades carcelarias.
07 Enero 2019 04:00:00
Improvisación y crisis de gasolina
En la gasolinera de Colorines, municipio de Valle de Bravo, en el Estado de México, un fulano adquirió 50 mil pesos en gasolina para revenderla en Michoacán, con un sobreprecio del 30 por ciento.

Fue el jueves 3 de enero que comenzó el desastre: la escasez de combustible provocó compras de pánico y especulación. Fue también un buen negocio de principios de año para los huachicoleros más gandallas.

Cinco días lleva el desabasto y Pemex pide a la ciudadanía que tengamos paciencia. Asegura que hay combustible suficiente y que las medidas de seguridad emprendidas para evitar el robo de gasolinas son la causa de la escasez.

La paraestatal tomó la decisión de aprovechar la primera semana del año para reparar los ductos que reúnen a la refinería de Salamanca con las 13 terminales de almacenamiento y reparto (TARs) de la zona occidente del país.

Por esos ductos se transporta alrededor del 19% del combustible nacional y se trata del segundo botín en importancia para el robo de gasolina. Son todavía más lucrativos los ductos que atraviesan por Minatitlán, pero el Gobierno federal decidió comenzar su cruzada contra los huachicoleros atacando la zona occidente porque ahí el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) exhibe las prácticas extractivas más violentas de la República.

El error cometido fue que, para repararlos, Pemex cerró los ductos provenientes de la refinería de Salamanca, sin hacer un cálculo correcto del inventario existente en las (TARs) del occidente que, a su vez, suministran a las gasolineras de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.

Tal cosa coincidió con que, justo en estas fechas de principios de año, el consumo nacional tiende a crecer entre un 12 y un 15 por ciento.

La tormenta fue perfecta: Pemex cierra los ductos para clausurar las tomas clandestinas sin verificar que las TARs de la zona occidental estén convenientemente abastecidas, en un momento en que tradicionalmente el consumo se incrementa.

Se trató de una decisión mal planeada y las consecuencias no se dejaron esperar: cuando los consumidores de Michoacán, Jalisco y Guanajuato se enteraron de que había crisis de combustible, cruzaron la frontera de sus respectivas entidades y comenzaron a realizar compras de pánico en las gasolineras de la zona centro del país, principalmente en Hidalgo, Querétaro y el Estado de México.

En principio los TARs que suministran de combustible en la zona centro no tenían problema de inventario, pero ante el aumento de la demanda que provino del occidente, la distribución en la zona vecina se contagió con la misma escasez.

A las compras de pánico se sumó después la especulación. La práctica de traficar con combustible es extendida en el país y los operadores de este viciado negocio no quisieron perderse la oportunidad.

Esto explica por qué la gasolina adquirida en las estaciones de la zona centro terminó vendiéndose en 27 y 30 pesos, por litro, cuando se redistribuyó en los estados del occidente.

Lo sucedido mostró a los nuevos directivos de Pemex como funcionarios improvisados, incapaces de planear y, sobre todo, torpes a la hora de reaccionar. De este episodio podrán obtenerse mejores decisiones para el futuro: hay que mantener los TARs suficientemente abastecidos antes de cerrar los ductos.

El mercado de los hidrocarburos enciende rápido los ánimos cuando funciona mal y, por tanto, hacer un llamado a la paciencia fue tan ingenuo como ridículo. Para enfrentar problemas graves se requiere de una estrategia rigurosa que en esta ocasión no se tuvo.

ZOOM: El problema apenas comienza. Para arrebatar el negocio a los huachicoleros no basta con reparar los ductos y cegar las tomas clandestinas. El enemigo a vencer es la empresa criminal más grande y violenta del país: el CJNG. La noticia detrás de la crisis de gasolina es la crisis de violencia que azota desde ya a la zona occidental de nuestro país.

Agradezco a Gonzalo Monroy, director de Consultoría GMS, por la información proporcionada para la comprensión del fenómeno descrito en esta columna.
03 Enero 2019 04:02:00
Zaldívar y las 2 injusticias
El año comienza con una de sus mejores nuevas. El nombramiento por cuatro años del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, trasciende la mera sucesión dentro del Poder Judicial.

Su triunfo significa la victoria que privilegia los derechos fundamentales de la persona sobre los intereses del poder y los poderosos.

La trayectoria de Zaldívar durante nueve años dentro de la Corte puede juzgarse a partir de las sentencias en las que su voz ha sido fundamental. Con un arrojo poco visto en la tradición judicial mexicana, los argumentos de este ministro han modelado varios de los casos cruciales del debate constitucional contemporáneo.

Destacan entre ellos los expedientes de Lydia Cacho, la guardería ABC, Florence Cassez, la legalización en el consumo de la mariguana, la no discriminación y la protección de los derechos de las mujeres. Su nombre ocupó profusamente las páginas de la discusión pública cuando, en 2010, presentó a sus colegas un proyecto conclusivo a propósito del incendio que quitó la vida a 49 menores en la guardería ABC.

Sus argumentos enfurecieron al presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien lo había promovido como ministro un año antes, y es que su proyecto quería señalar, con nombre y apellido, a los funcionarios más encumbrados responsables de aquella tragedia.

Una mayoría de ministros difirió argumentando que la Corte no podía erigirse en “autoridad moral”. Entonces se perdió una oportunidad dorada para combatir de frente los actos de mayor corrupción.

Aquella batalla la perdió Zaldívar y también la Corte, que después de ese episodio renunció a defender la facultad que esa institución tenía para investigar violaciones graves de derechos humanos.

Tres años después, el ahora presidente de la Corte volvió a mostrar de qué estaba hecho cuando redactó el proyecto de sentencia de amparo que liberó a Florence Cassez. Todavía vibra el argumento presentado por el ministro cuando dijo: “producto de una escenificación ajena a la realidad se produjo un efecto corruptor en la totalidad del proceso (y) sus resultados”.

La de Florence Cassez fue una sentencia polémica y probablemente mal comprendida por la mayor parte de la opinión pública; no obstante, se trató de una victoria fundamental de la Constitución a favor del debido proceso, así como del derecho a la presunción de inocencia.

Tan llamativo como los dos casos anteriores fue el razonamiento que Zaldívar ofreció en 2014 para despenalizar el consumo de mariguana. Ahí decidió atacar el corazón mismo de la política prohibicionista porque, según su entendimiento, esta “limita indebidamente los derechos fundamentales a la identidad…, la propia imagen, el libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación”.

Con este proyecto comenzó en México a modificarse un paradigma que, desde antes de la Segunda Guerra, imperó en nuestro país para permitir que el gobierno interviniera en la soberanía del individuo cuando este decide consumir sustancias que alteran su conciencia.

De haberse retirado el día de ayer de la Corte, el legado de Zaldívar en la historia constitucional mexcana habría sido ya invaluable; pero muy probablemente durante los próximos cuatro años dejará sus mejores aportes.

Al tomar posesión, en un breve discurso resumió los criterios de su actuación por venir: declaró que, tal como lo ha hecho durante los últimos nueve años, conduciría su presidencia defendiendo el principio de la independencia judicial; sin embargo, advirtió que esa independencia no le impediría dialogar y colaborar dignamente con otros poderes.

Reconoció también que el Judicial atraviesa por una crisis de credibilidad, porque sus instituciones se perciben distantes de la gente. Remató abrazando con solidaridad a los jueces federales, en quienes reconoció la principal fortaleza de la Justicia.


ZOOM

el principal desafío de Zaldívar será conducir una reforma para que la Justicia de las leyes y la Justicia que espera la ciudadanía dejen, en México, de estar apartadas por el abismo de la arrogancia que caracteriza a los operadores del Derecho.
31 Diciembre 2018 04:06:00
El año que nos quedamos sin aeropuerto
Termina 2018 y me sigo preguntando por qué se canceló la obra del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM). He consumido cuanto argumento se puso sobre la mesa y aún no hallo la racionalidad de esa decisión.

No puedo quedarme tranquilo con la consulta porque me queda claro que ese instrumento se diseñó para legitimar una decisión que estaba tomada previamente.

Tampoco me convence que la cancelación fue una propuesta de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque varias de sus promesas evolucionaron después del triunfo.

Quizá mi problema radica en que busco una explicación racional para algo que no lo tiene. Tanto los argumentos técnicos como los financieros abonan sin comparación a favor de haber mantenido la obra. Todavía ayer José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial del PRI, volvió a meter el dedo en la llaga.

Hizo cuentas en público y dijo que el país va a perder 145 mil millones de dólares por esta mala elección. Con cálculos que merecen ser tomados en serio hizo ver que para 2034 México estaría extraviando alrededor del 6% de su PIB por haber echado para atrás esta inversión.

En vez de responderle con igual racionalidad, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, se puso a jugar con las palabras cuando dijo: “Son cuentas alegres de un hombre triste”.

Así ha sido este debate desde que comenzó. De un lado los técnicos y del otro los rudos. De un lado los especialistas y del otro los que no lo son. Y en medio los demás opinando sin comprender por qué una decisión que debió ser neuronal se tomó con el
estómago.

Acaso el NAICM fue enterrado para que el nuevo Gobierno pusiera tono a su discurso: ¿Quería el Presidente fijar distancia con el sector empresarial? ¿Quería dinamitar cualquier legado posible del expresidente Peña Nieto? ¿Buscó, por esta vía, dar carpetazo a la delincuencia de las constructoras? ¿Tuvo como intención hacer enojar a la parte de la sociedad mexicana que viaja y utiliza de manera intensiva el principal aeropuerto internacional del país?

Lo curioso de este asunto es que ninguna de estas preguntas es relevante. Los países construyen carreteras, puertos, aeropuertos o vías de tren porque el desarrollo de sus poblaciones así lo requiere.

Son obras públicas que intervienen en el futuro de la economía para que la riqueza se multiplique y esa es su única
justificación.

El NAICM tenía ese anhelo y su cancelación le hará daño al México de la siguiente generación. Así lo han dicho, no sólo Meade, sino todas las demás voces especializadas en la materia, nacionales y extranjeras.

La pila de razones para mantener la obra es tan abultada que resulta imposible esconderla. Por el contrario, los argumentos de la cancelación del nuevo aereopuerto continúan siendo
raquíticos.

A decir verdad, las cuentas alegres son las del Gobierno: la inversión que se quedará enterrada en Texcoco, las pérdidas provocadas por la recompra de los bonos, el pago de multas por incumplimiento, la baja en la calificación de la deuda del Estado, la desconfianza de los futuros inversionistas, el extravío de la reputación del Gobierno, la inversión para mover el aeropuerto militar de Santa Lucía a Querétaro, la mudanza de miles de familias fuera de esa base, los sistemas de interconexión entre los aeropuertos sustitutos, son entre muchas otras cosas que mencionar, argumentos que ponen triste a cualquiera.

Durante los últimos seis meses he escuchado decir que el presidente López Obrador ya no sabe cómo echar para atrás esta mala decisión. Me temo que son rumores infundados debido a que su Gobierno sigue convencido de que escogió el mejor camino.

ZOOM: Continúan sin embargo sin escucharse los argumentos técnicos que convenzan. Y mientras más pasa el tiempo, más se revela la cancelación como una idea rematadamente absurda.
27 Diciembre 2018 04:06:00
Puebla: entre Banck y Manzanilla
Es material para novela. La trágica muerte de Rafael Moreno Valle y su esposa Martha Érika Alonso, abre un capítulo que enfrentará a dos antiguos amigos y socios políticos: Luis Banck Serrato y Fernando Manzanilla Prieto.

Su historia común se remite a la época en que ambos trabajaban en la Administración de Melquiades Morales, gobernador de Puebla entre 1999 y 2005. Los presentó Rafael Moreno Valle, que entonces era su jefe y fungía como secretario de finanzas.

Manzanilla jugaba como un operador político genial y Banck como el cerebro económico del grupo. Los dos pensaban que Moreno Valle podría ser gobernador cuando Morales dejara libre el asiento.

Pero otro político poblano se atravesó en el camino: Mario Marín, de infausta memoria. El exsecretario de finanzas y Mario Marín no pudieron respirar bajo el mismo techo político, así que el primero abandonó las filas del PRI y sus dos aliados recorrieron idéntica senda.

Seis años le tomó a Rafael Moreno Valle derrotar a su antiguo partido y durante aquella época como opositor, Fernando Manzanilla continuó siendo el estratega principal de la triada.

Por un tiempo Banck se retiró al sector privado y ocupó un cargo importante en MetLife, la empresa aseguradora más grande del país. Mientras tanto, Manzanilla se hizo cargo de la Secretaría de Gobierno, convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso del estado de Puebla.

A los pocos meses, la diosa fortuna se metió en la vida de estos personajes cuando la hermana del gobernador se lió sentimentalmente con su estratega. Por razones que valdría la pena conocer, el cuñado encajó con enojo la noticia. La historia da para teleserie: después de haber labrado camino juntos durante más de tres lustros, Moreno Valle obligó a Manzanilla para que dejara el puesto y, de paso, cerró las puertas a sus aspiraciones políticas dentro del estado.

En 2013, Fernando Manzanilla quiso ser candidato a presidente municipal del PAN para la capital del estado y en su lugar el gobernador envió a José Antonio Gali Fayad.

Coincidió en ese momento que Luis Banck aceptó volver a trabajar para el Gobierno de Puebla, como secretario de Desarrollo Social, y dos años después consiguió lo que Manzanilla no tuvo: la presidencia municipal de Puebla.

El cuñado desdeñado no se resignó: para abrirse camino de nuevo tocó las puertas de Morena y logró convertirse en el principal operador político de esa naciente fuerza en el estado.

Entonces Moreno Valle, en público y en privado, lo llamó traidor y el cuñado decidió jugar a plenitud el papel del antagonista. Lo acusó de estar ligado al narcotráfico y apoyó a Miguel Barbosa como candidato a
gobernador.

Las elecciones del 2018 en Puebla fueron el territorio de una batalla de realidad aumentada entre dos facciones que antes fueron parte de un mismo grupo. A nada estuvo el candidato morenista de arrebatarle el triunfo al PAN, pero Alonso
prevaleció.

Desde la alcaldía de Puebla, Banck apoyó a la candidata panista y cuando las nubes escamparon recibió como premio la jefatura de la oficina de la gobernadora Alonso.

La trama encuentra hoy a Manzanilla como diputado federal por la coalición Juntos Haremos Historia y líder, en la Cámara Baja, de la maltrecha fracción del Partido Encuentro Social.

El lunes pasado la fortuna volvió a meterse en el relato: la muerte de la gobernadora Alonso ha opuesto de nuevo a Banck y a Manzanilla.

El primero fue el único orador en las exequias de los esposos Moreno Valle porque ahora él es el principal heredero del capital político que dejó su antiguo jefe y Manzanilla tendrá que decidir si respalda de nuevo a Miguel Barbosa o, en un tour de force, se presenta él mismo para encabezar con mejor suerte la apuesta de
Morena.

Zoom: La herencia de Moreno Valle será tan polémica como lo fueron en vida sus decisiones políticas. En la tercera vuelta de tuerca la diosa fortuna sabrá lo que tiene preparado para Luis Banck y Fernando Manzanilla, y con ellos, para el futuro de Puebla.

20 Diciembre 2018 04:06:00
Guardia Nacional: adiós al federalismo
La pregunta relevante ya no es dónde comenzó, sino dónde terminará la Cuarta Transformación; y no hay otro tema que nos diga más al respecto que la iniciativa presidencial para poner en marcha la todopoderosa Guardia Nacional.

Ni la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ni la austeridad en los sueldos de la burocracia, ni los superdelegados, ni el Tren Maya, ni toda la pejefobia o la amlofilia, juntos, son temas que vayan a dividir tanto al país como esta iniciativa que el día de hoy será discutida, y probablemente aprobada, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Se trata de una cirugía mayor a la Carta Magna –acaso sin comparación con ninguna otra desde 1917– porque quiebra la columna vertebral del federalismo mexicano, normaliza indefinidamente la presencia de las fuerzas militares en cualquier parte del territorio mexicano y deja en las manos exclusivas del presidente de la República el control civil sobre este cuerpo bélico.

México no cuenta hoy con un verdadero federalismo fiscal, tampoco con un federalismo educativo, sanitario o en materia de infraestructura. Con Enrique Peña Nieto el país regresó a 1836, centralizando prácticamente todas las políticas relevantes.

Sin embargo, resta todavía un reducto federal: la seguridad. A pesar de la crisis de violencia que vive el país, y de la presencia militar que se ha desplegado desde 2006, nunca, hasta ahora, el Ejército ha operado dentro de una entidad federativa en contra de la voluntad de un gobernador o de un Congreso local.

Esto está a punto de cambiar: una vez que sea aprobada la reforma constitucional que dará vida a la nueva Guardia Nacional, los gobernadores y sus congresos se volverán actores silentes de la política de seguridad.

No podrán oponerse para que las tropas militares tomen control de los caminos, las poblaciones o las ciudades de cualquier entidad federativa, a la hora que decida y cómo lo decida el Presidente de México.

Todavía más, la reforma prevista al Artículo 89 de la Constitución quiere que el Presidente cuente con facultades plenas para ordenar, disponer y reglamentar a las policías de las entidades federativas, sin que medie opinión, acuerdo o permiso de las autoridades electas localmente.

Los gobernadores están a punto de volverse irrelevantes, de manera permanente, en lo que toca al uso de la fuerza. Serán prescindibles porque sin ese poder no hay gobernante que sobreviva.

Otro tema: el actual Artículo 129 de la Constitución dice que las tropas del Ejército sólo podrán estacionarse dentro de instalaciones previstas por el Gobierno, tales como los campos, los cuarteles, los depósitos, las fortalezas o las comandancias militares.

Sin embargo, la reforma quiere que los efectivos militares y navales adscritos a la Guardia Nacional queden exceptuados de este principio constitucional.

Es decir que los piquetes podrán acampar, pernoctar, recorrer, estacionarse o invadir, cualquier milímetro del territorio mexicano, sin necesidad de que la autoridad civil les ordene expresamente hacerlo.

Por último, hoy todavía está prohibido que el presidente de la República ordene a la Guardia Nacional estacionada en una entidad, cruzar la frontera hacia otra entidad –por ejemplo, de Michoacán a Guerrero– sin que el Senado (o la Comisión Permanente) lo autorice expresamente y el Ejecutivo fije ante la Legislatura a cuántos efectivos de ese cuerpo y con qué armamento se cruzarán los límites entre los estados de la República.

Pues la iniciativa elimina también este control fundamental del Congreso que ayudó a pacificar México en otros tiempos de nuestra historia. Derogando dos fracciones de los artículos 76 y 78, el Presidente podrá movilizar a la Guardia Nacional por todo el país sin tener que rendirle cuenta alguna al Poder Legislativo.

En la política de seguridad, tal como sucedería con los poderes locales, también el poder Legislativo se volverá intrascendente.

ZOOM: Nadie niega que la crisis de la violencia experimentada en el país es de enormes proporciones. Estamos ante una circunstancia excepcional que merece medidas extraordinarias.

El problema comienza cuando lo que se pretende es volver permanente lo extraordinario, al punto de normalizar principios antidemocráticos en el núcleo solar de nuestra Constitución.


13 Diciembre 2018 04:04:00
La reforma Moctezuma
De todo cuanto propusieron ayer en materia educativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario Esteban Moctezuma, hay dos puntos que merecen toda la potencia de la lupa: el Servicio de Carrera Profesional del magisterio y el Instituto de Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación.

Ambas piezas son el núcleo atómico de la nueva iniciativa y claramente responden a un diagnóstico muy distinto del que se tenía en 2013.

La principal diferencia entre una y otra iniciativa es el papel otorgado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y sus distintas corrientes.

Ayer el presidente López Obrador insistió con que fue un error haber impulsado la reforma dejando fuera a los líderes del magisterio, y con ellos a la base magisterial. También subrayó que la política de evaluación lastimó la dignidad de los docentes.

En contraste, hace casi seis años el tema partió de un puerto muy alejado: se repudió el control excesivo que tenían el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en concreto su líder, Elba Esther Gordillo, sobre la política de educación básica.

En 2013, el ingreso de un docente al sistema educativo, la obtención de una plaza, o el ascenso en la carrera, eran asuntos donde sólo pesaban los argumentos político-sindicales.

A los maestros no les convenía este sistema porque ellos no eran dueños de su materia de trabajo –la docencia–, y porque se imponían sobre su desarrollo profesional criterios distintos a su desempeño dentro del aula.

La única manera de liberar a los profesores de esta arbitrariedad fue que el Estado mexicano recuperara el control sobre la política educativa. Entonces se instruyó, desde la Constitución, para que las plazas de los docentes fueran administradas con criterios objetivos basados en la evaluación y otros elementos relativos al mérito.

La instancia para desarrollar esos criterios objetivos, o lineamientos, fue el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE). Además de entregársele autonomía técnica y de gestión a este organismo se le otorgó autonomía política, justo para evitar que en sus tareas intervinieran presiones sindicales o político partidistas.

En 2018 la iniciativa del presidente López Obrador ha puesto el énfasis en el otro extremo: quiere una colaboración estrecha con los líderes sindicales.

Tal cosa no ha significado históricamente en México que el Gobierno esté próximo a los maestros: porque jamás ha habido democracia en el SNTE, cúpula magisterial y magisterio son dos platos que se cocinan por separado.

La iniciativa firmada ayer advierte sobre la cancelación del INEE y, en su lugar, por la puesta en marcha de un Instituto encargado de revalorizar maestros y mejorar la educación.

Si bien el secretario de Educación dijo que las facultades de esta instancia se verían ampliadas con esta contrarreforma, diera la impresión de que al nuevo organismo se le pretende arrancar la autonomía técnica y también la política.

Se anuncia que el nuevo Instituto estará gobernado por un amplio consejo donde, además de maestros, estarán presentes los líderes del sindicato. No se ve posible que ese instituto pueda gestionar evaluaciones técnicas solventes si la cabeza del organismo priorizará argumentos sindicales.

Trágicamente se trata de una batalla ganada, después de muchos años, a favor del liderazgo magisterial, al que nunca le gustó verse evaluado por una instancia especializada, que ofreciera datos objetivos y basados en evidencia científica.

El nuevo Instituto podría fácilmente caer en las garras del clientelismo magisterial y por tanto no revalorizaría a los maestros, ni aportaría a la mejora de la
educación.

Por el otro lado, se propone un servicio profesional de carrera magisterial. La idea es potente porque, siendo sinceros, la reforma de 2013 despreció el tema centrándose solamente en los exámenes de ingreso y las evaluaciones.

Sin embargo, ¿cómo es posible echar a andar un servicio como este si las evaluaciones no tienen consecuencias? Los integrantes del Servicio Exterior Mexicano presentan exámenes para ingresar y ascender, lo mismo que los militares o los funcionarios del Banco de México.

Un servicio civil que prescinda de exámenes de ingreso es pura simulación. Lo mismo puede decirse del ascenso: ¿cómo promover a los maestros sin evaluaciones?

Lo peor sería regresar al pasado, donde la lealtad a la cúpula sindical era la única prueba exigida a los maestros. Sería un grave retroceso que los líderes de sección recuperasen la facultad para vender, heredar o regalar plazas, o los ascensos dentro del escalafón.

ZOOM: La realidad de esta reforma se verá en la letra pequeña de las leyes secundarias. Cabe mientras tanto insistir, con López Obrador, que el derecho de los niños a una educación de calidad es el bien máximo y superior del sistema educativo. La revalorización de los maestros es un noble deseo, siempre y cuando se subordine en cualquier circunstancia a este principio fundamental.





06 Diciembre 2018 04:04:00
Trabajo del hogar: sentencia histórica
¿Por qué su régimen de trabajo puede ser de 12 horas diarias? ¿Por qué no cuentan con vacaciones pagadas, con jubilación o con atención médica obligatoria? ¿Por qué no tienen derecho a cotizar en el Infonavit?

El trabajo en el hogar es uno de los más discriminados en México y esta exclusión se halla inscrita en las leyes: tenemos normalizado lo anormal.

Normal es que quienes lo desempeñan laboren a horas y deshoras, normal es que la habitación más miserable de la casa sea para ellas, normal es que los salarios sean pequeños, normal también es que sean menores de edad, o es que no puedan ver a sus hijos más que los domingos, cada 15 días.

Ayer la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dio un primer paso para señalar como discriminatorio el pesado estigma que en México pesa sobre el trabajo en el hogar: declaró como inconstitucional la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que margina derechos de un extenso sector de la población.

Todavía hoy la ley impide que una persona dedicada a esa labor cuente con jubilación en el IMSS y, para inscribirse como beneficiaria del servicio médico, la trabajadora tiene que acudir al llamado Seguro Voluntario, que no sólo es más oneroso, sino también muy difícil de conseguir.

Pues por resolución de la Corte, esa anormalidad está a punto de cambiar. Dicen los ministros, que votaron por unanimidad, que no hay razonamiento objetivo por el cual las empleadas domésticas se hallen excluidas del régimen obligatorio del IMSS, que es el de la mayoría de los trabajadores en México.

Añade también que la ley conlleva a una asimetría jurídica, la cual afecta desproporcionadamente a este grupo social compuesto por más de 2 millones de personas, en su gran mayoría mujeres.

Esta resolución es histórica porque, con sus razonamientos, la Corte califica como discriminatorio –desde el punto de vista laboral– el contexto en el que se desarrolla el trabajo en el hogar.

Después de esta sentencia será difícil volver a escuchar que la relación entre trabajadoras y empleadores es de orden preponderantemente íntimo o privado. Frases manidas como aquella de “es como de la familia”, pasarán al cajón de la abuelita: las empleadas del hogar son trabajadoras que de-sempeñan una labor remunerada, de igual manera a la que millones de otros trabajadores lo hacen.

Que sea en el hogar no lo hace un trabajo menor, irrelevante o menospreciable. Tampoco otorga al patrón poderes extraordinarios sobre la trabajadora, ni le autoriza a tratarla con condescendencia.

Esta sentencia de la Corte rompe con una larga tradición que dejó en manos de los empleadores, y no de la ley, la suerte de sus trabajadoras. El régimen laboral donde se les ha tenido ubicadas presuponía que las cuestiones relativas a este puesto de trabajo, por ocurrir en el ámbito de lo privado –en el hogar– debía resolverse a puertas cerradas.

Por tanto, la salud, las medicinas, las prestaciones, los horarios, la alimentación, la habitación o el vestido han estado regidas por la buena (o mala) voluntad de los empleadores –por la dádiva graciosa– sin réplica ni lugar para el desacuerdo por parte de las trabajadoras.

No ha sido obligación de los patrones ofrecer condiciones justas. El uso y costumbre hasta hoy se rige por la sentencia de “lo tomas o lo dejas”, y también por el reclamo para aquella trabajadora que decide buscar mejor suerte en otro hogar.

Sería demasiado decir que con esta sentencia de la Corte todo cambiará para las trabajadoras. Sin embargo, se trata de un avance importantísimo hacia la dirección correcta: por ninguna razón las leyes deben discriminar entre puestos de trabajo.

ZOOM: Las empleadas del hogar, los jornaleros agrícolas y los trabajadores de la construcción –que en total suman más de 6 millones de personas– experimentan hoy en nuestro país condiciones susceptibles de explotación y están desprovistos de protección social. Lo peor es que las leyes y las autoridades mexicanas han sido cómplices de esta realidad. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia es histórica porque podría cambiar esta realidad.
03 Diciembre 2018 04:05:00
No al punto final por delitos violentos
El sábado dio inicio un proceso de amnistía para dejar en libertad a funcionarios o gobernantes del antiguo régimen autoritario. Así fue anunciado durante el discurso emitido en el Zócalo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el numeral 88 de las propuestas principales de su gobierno.

Liga esta iniciativa con lo que dijo ese mismo día, por la mañana, en el Palacio de San Lázaro: “Esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie… Propongo al pueblo de México que pongamos punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo… que no haya persecución a los funcionarios del pasado… que la Presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos”.

Este es, acaso, el planteamiento más polémico entre los argumentos con que comienza su mandato; tanto que mereció, por única vez, la interrupción de los legisladores durante la sesión del 1 de diciembre.

La discordia se debe a que no se conoce la letra pequeña del proyecto de amnistía. ¿Cuáles son realmente los alcances de esta iniciativa?

En un extremo cabría la versión dura del perdón y la indulgencia: una ley de punto final que ordene la prescripción de toda acción en contra de funcionarios involucrados o imputados en actos criminales.

En el otro extremo referiría al perdón sólo para beneficiar a los altos funcionarios que hubiesen cometido actos de corrupción de tipo económico o financiero.

¿A cuál de estos supuestos responde la iniciativa? ¿Se trata de no perseguir al gobierno saliente y a los gobernadores señalados por corrupción? ¿O el planteamiento incluye, por ejemplo, a los responsables de las masacres de Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Piedras Negras o Monclova?

Este nivel de precisión no ha sido ofrecido todavía y de ahí la polémica: una cosa es que López Obrador haya decidido no perder energía y capital político en perseguir a su antecesor, y otra muy distinta es darle la espalda a la exigencia de justicia para esclarecer y castigar a los responsables de una larga década de violencia, donde han muerto más de 250 mil personas y han desaparecido alrededor de 60 mil víctimas.

Es cierto que el Presidente instruyó la creación de una comisión investigadora para el caso Ayotzinapa –que será presentada el día de hoy mediante un decreto del Ejecutivo–, pero sería moral y constitucionalmente inadmisible que el expediente de los normalistas fuese una excepción de la amnistía, y en contraste, el resto de los asuntos terminase enterrado para siempre.

La imprecisión se debe a la manera como hasta ahora se ha fraseado el tema: ¿qué quiere decir el Presidente con eso de que dejará libre a “funcionarios o gobernantes del antiguo régimen autoritario”? ¿A qué funcionarios se refiere? ¿A militares o policías que violaron derechos humanos? ¿A servidores públicos que se dejaron corromper por el crimen organizado? ¿A quiénes se hicieron de la vista gorda cuando ocurrieron las peores masacres?

López Obrador puede poseer nobles sentimientos a favor de la indulgencia, pero no tiene derecho a imponer su ética personal sobre los familiares de las víctimas, aún menos si la lógica del perdón camina en contra de la Constitución.

ZOOM:

Si el principio general es que nadie debe estar por encima de la ley, tal cosa debe incluir a los funcionarios que cometieron delitos graves relacionados con la ola tremenda de violencia. El Presidente no tiene facultades para perdonarlos.
29 Noviembre 2018 03:02:00
‘¡Se las metimos doblada!’
“Sea como sea, se las metimos doblada, camarada”. Esta no es una frase del detective Héctor Belascoarán Shayne, sino del escritor que creó al personaje, Paco Ignacio Taibo II, futuro director del Fondo de Cultura Económica (FCE).

“Si algo conquistamos este primero de julio es el derecho de llamar a las cosas por su nombre: (a) los ladrones, ladrones, (a) los traidores, traidores, (a) los enmascarados, enmascarados y (a) los culeros, culeros”.

A decir verdad, confunde Taibo II el tono justiciero con el tono pendenciero, y también ser escritor libérrimo con ser funcionario del Estado mexicano.

Son estas frases las que enervan, no sólo a los ladrones, a los traidores, a los enmascarados o a los culeros, sino también a los pobres mortales sensibles ante la amenaza prepotente del camarada todo poderoso.

Entre algunos seguidores de Andrés Manuel López Obrador que han recibido la responsabilidad de gobernar hay ira y hay ánimo de venganza. No han tomado nota de que nuestro principal problema es la violencia y tampoco que la propuesta de su jefe es pacificar México.

Taibo II suele arremeter contra quienes no comparten su visión o su ideología: por ejemplo, el futuro jefe de la oficina presidencial, Alfonso Romo, guarda todavía el moretón de la vez que lo llamó derecha infiltrada –enmascarado– dentro de Morena.

Pero esta vez se pasó de la raya: recetar frases propias del más bajo lenguaje homófobo en un país donde los crímenes por homofobia son un asunto grave, merece reclamo y exhibición pública.

Una cosa es llamar a las cosas por su nombre y otra muy distinta es llamar desde el poder al menosprecio y anulación de los diferentes. Bien haría el futuro director del FCE en guardar su miembro dentro de la bragueta, mientras toma decisiones a nombre del Gobierno de la República.

Taibo II no es el único funcionario o representante morenista que está enrareciendo el paisaje. Justo cuando debería estar preparándose la fiesta del próximo 1 de diciembre –porque la inmensa mayoría votó para cambiar pacíficamente de régimen– la actitud reñidora tiene infectados a varios integrantes de la futura élite política.

Esta semana también destacan como ejemplo los diputados del Partido del Trabajo que, sin coordinarse con el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, propusieron cambiar el régimen de pensiones, provocando en un solo día una caída arriba del 4% en la Bolsa Mexicana.

Lo mismo sucedió en el Senado cuando semanas atrás –también de manera insuficientemente analizada– Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reducir de tajo las comisiones bancarias.

Son estos actos de impericia política, sembrados en un momento de intensa sensibilidad, los que están lastimando la transición, no tanto por la injusticia de las propuestas, sino por la improvisación arrogante con que pretenden implementarse.


En cualquier caso, los exabruptos en boca de político gobernante son un problema porque exacerban la desconfianza.

ZOOM: a partir del 1 de diciembre los integrantes del Gabinete, legal y ampliado, así como los representantes electos bajo las siglas de Morena, habrán de decidir si prefieren ganar en el terreno de la fatuidad o bien en el del respeto. Porque las cosas no se vienen nada fácil, a todos nos convendría que quisieran ser admirados por su prudencia y no por su incontinente lubricidad.
26 Noviembre 2018 04:00:00
Sin oposición no hay democracia
El régimen de la Revolución no fue democrático porque un solo partido se empeñó en hegemonizar (y demonizar) la disidencia. ¿Será que vayamos los mexicanos a cometer el mismo error dos veces?

En 1929 se fundó una colación muy amplia de fuerzas políticas que, bajo la forma de un partido, sirvió para concentrar poder excesivo en una sola persona: el presidente de la República.

El Partido Nacional Revolucionario (PNR) y sus reencarnaciones –el Partido Mexicano de la Revolución (PMR) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)– fue poco tolerante con las voces de oposición que se manifestaron fuera de sus filas.

Por eso en México, a partir de los años ochenta del siglo pasado, la lucha a favor de la democracia se centró en abrir los cauces para la pluralidad partidaria.

Si hubiésemos contado antes con distintas vías para disputar y acceder al poder, la historia política del siglo 20 mexicano habría sido muy distinta: los excesos de corrupción habrían sido denunciados y combatidos a tiempo, los abusos violentos de la autoridad no habrían tenido el alcance que hoy conocemos, la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas habría enfrentado contrapeso y, sobre todas las cosas, el México excluido habría hallado mecanismos para defenderse y trascender el yugo de la todo poderosa élite económica.

Hoy no es moral ni políticamente aceptable darle la espalda a este aprendizaje; por eso resulta tan inquietante que el próximo primero de diciembre la llamada Cuarta Transformación debute en un escenario vacío de oposiciones partidarias.

Ni el PRD, ni el PRI, ni el PAN, ni MC son capaces de hacer contrapeso a Morena porque cada una de estas fuerzas políticas cargan en su vientre con una potente bomba de tiempo que, antes de lo que sus dirigentes quisieran, estallará con estrépito.

El PRD, más que un partido es hoy un registro y si la pendiente no se hace menos escarpada, en los próximos comicios federales visitará la fosa común donde yacen otros muchos registros.

El PRI se volvió una casa demasiado pequeña para ofrecer techo a las ambiciones de sus muchos dirigentes. Hasta ahora ha sido posible administrar la debacle porque Enrique Peña Nieto no ha entregado aún la banda presidencial. Pero, después del sábado próximo, comenzará una disputa feroz por los fueros que proporciona ese otro registro. Tan grave se asoma esa pugna que no habrá energía para intentar la reencarnación tricolor.

Dentro del PAN las cosas no pintan mejor. Si bien es cierto que esta fuerza política llegó en segundo lugar durante la contienda pasada, también lo es que los desgarres y fracturas hirieron de muerte a la organización: este partido también se volvió esencialmente corrupto.

En cuanto a Movimiento Ciudadano, el dilema es uno: ¿se convertirá en la plataforma de un solo hombre (Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco) o será el punto de partida para una amplia oposición, respetada y respetable, dentro del nuevo régimen que está surgiendo? Si pasa lo primero, habrá poco que esperar de MC.

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La democracia mexicana tiene tanta necesidad de contar con un gobierno democrático como con una oposición que también sea democrática. Si de los restos partidarios no emerge esa oposición, sólo quedará inventarla desde cero.
22 Noviembre 2018 04:00:00
Democracia en el SNTE: ¿ingenuidad?
El mensaje que hizo público ayer Elba Esther Gordillo Morales confirma la existencia de un pacto político entre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y la líder magisterial.

Sin embargo, al mismo tiempo advierte que este pacto no incluye la reinstalación de Gordillo como presidenta vitalicia del sindicato de maestros, sino la disposición de ambas partes para que el SNTE experimente, por primera vez en su historia, procedimientos democráticos para la selección de sus dirigentes.

La profesora, y también vocera presidencial, expresó sin ambigüedad que los nuevos liderazgos en el gremio debían surgir “del voto libre, incluyente, secreto y universal de todos y cada uno de los trabajadores de la educación”.

También declaró que nadie debería quedar excluido del siguiente capítulo en la vida del SNTE, y que la fuerza en esa organización dependía de su pluralidad.

Ambos mensajes merecen ponderarse con la lupa en la mano: democracia sindical y pluralidad son dos virtudes que el SNTE ha manejado mal a lo largo de su existencia.

No debe haber ingenuidad a la hora de descifrar el mensaje. Este sindicato no ha sido nunca, en estricto sentido, un sindicato. Desde los años 40 del siglo pasado el SNTE fue creado como un brazo del Estado mexicano para controlar a la inmensa base de maestros que imparten clases en las escuelas públicas de la educación básica.

Antes de representar los intereses de sus agremiados, ha prevalecido el mandato de sometimiento y disciplina política. Por ello la pluralidad ha sido tan amplia como la subordinación sea respetada: si una corriente se opuso al designio del presidente en turno, gobierno y sindicato se encargaron siempre de aplastarla.

Fue el caso de Otón Salazar en los años 50, lo mismo que sucedió con Carlos Jonguitud en los 90 o con Elba Esther Gordillo en 2013.

La tentación ahora es grande para repetir la misma receta. Dado que Juan Díaz de la Torre no es el hombre de moda dentro de la Cuarta Transformación, lo obvio es esperar a que este liderazgo sea también defenestrado por el Gobierno que está a punto de tomar posesión.

Pero Elba Esther Gordillo ayer propuso, muy probablemente a nombre del futuro presidente, recorrer un camino distinto: sustituir el liderazgo actual de Juan Díaz –a quien acusó de haber traicionado los intereses magisteriales– no con una nueva imposición, sino con un mecanismo de representación legítima derivado de las urnas.

Si tal cosa fuera sincera, la iniciativa transformaría para siempre la relación entre el Estado mexicano y el magisterio.

Es decir, que a partir de este ejercicio democrático el Gobierno en turno habría de renunciar a la manipulación política y electorera de los maestros y, en revancha, los docentes tendrían, para representarles, auténticos líderes surgidos por la voluntad de sus bases.

Esto significaría también que, a diferencia de otras épocas, la pluralidad no tendría por qué limitarse a partir de criterios relativos a la lealtad. Las expresiones progobierno y también las antigobierno, las facciones regionales, los partidarios ideológicos, las manifestaciones generacionales, los intereses específicos y una miríada amplia de elementos deberían poder contar con un asiento en los órganos de dirigencia, tanto local como nacional, del sindicato.

Suena demasiado bueno para ser cierto y sin embargo, este es el escenario que podría convenir mejor a todas las partes: si Elba Esther y los suyos quieren regresar por sus fueros, si Juan Díaz y sus seguidores no quieren perder su respectivo pedazo de pastel, si la Coordinadora en Oaxaca, Michoacán o Chiapas quiere influir en la política sindical, si los liderazgos seccionales buscan sobrevivir, si las fuerzas magisteriales de oposición quieren jugar, es la democracia sindical en el SNTE la única ruta posible de convivencia.

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La democracia sindical sería una experiencia ajena para el SNTE, que jamás ha sido un verdadero sindicato. Si se rompe la política de sometimiento a los docentes, la educación en México podría ver realmente un futuro mejor.

19 Noviembre 2018 04:00:00
AMLO ganará más de lo que se dice
La brecha entre el sueldo percibido por el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, y sus colaboradores más cercanos se mantendrá grande porque el primero contará con apoyos que el resto de los funcionarios federales, incluyendo a los secretarios de Estado, no tienen.

La nueva ley federal de remuneraciones de los servidores públicos dice que ningún funcionario deberá percibir un salario superior a lo establecido para el Presidente de la República.

Tal remuneración será de 108 mil pesos mensuales, es decir un 40% abajo del sueldo otorgado al presidente saliente, Enrique Peña Nieto, quien cobrará este mes sus últimos cheques por un monto de 250 mil pesos.

Sufrirá también una reducción importante el ingreso de los secretarios de Estado, que en promedio rondaba los 140 mil pesos por mes: según ha trascendido la disminución será de un 23%. En total son más de 35 mil funcionarios los que verán angostado su ingreso.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre las prestaciones del Presidente y las que tendrá el resto de los integrantes del gabinete.

Según el artículo cuarto de la ley referida, no se consideran parte de la remuneración los apoyos y gastos relativos al desarrollo del trabajo, así como los recursos públicos invertidos en actividades oficiales.

Esto quiere decir que no son considerados como parte del ingreso presidencial, por ejemplo, el lugar donde se alojará el próximo mandatario, ni la ropa, ni el pago de luz, gas, agua o predial, tampoco los vehículos en los que se transportará el presidente y su familia, ni los alimentos, ni el sueldo del personal que atenderá la residencia oficial.

Estas prestaciones, que hasta ahora han sido consideradas esenciales para el desarrollo de las actividades de los presidentes mexicanos, no son otorgadas al resto de los funcionarios del gobierno.

No existe director general, subsecretario o secretario que cuente con una casa cuya renta se cubra con recursos de los contribuyentes. Tampoco el erario paga a estos funcionarios gastos relacionados con su vestimenta de trabajo, con la luz o con los alimentos que cotidianamente consumen sus familiares.

La principal diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y el resto de su gabinete radica en que el próximo presidente podrá ahorrar prácticamente íntegro su salario, mientras que sus secretarios y demás colaboradores habrán de vivir con el ingreso asignado.

Es normal que el jefe del Ejecutivo gane más que el resto, y sin embargo hay una asimetría evidente que la nueva ley de percepciones no reconoció: no es lo mismo ganar 108 mil pesos mensuales y guardarlos intocados en el banco, que cubrir –con ese mismo ingreso– alojamiento, vestido, comida y sustento, para sí y su familia.

Se cometió una injusticia en la nueva iniciativa de ley relativa a las percepciones de los funcionarios federales. Si bien es correcta la idea de que nadie deba ganar más que el presidente –y también lo es que el salario del jefe del Estado mexicano debe responder a los principios de la justa medianía republicana– el parámetro del sueldo máximo para el resto de los funcionarios debería tasarse a partir del ingreso real del presidente, en el cual se incluyen una serie de apoyos extraordinarios relativos al desarrollo de sus funciones.

Probablemente si se suman las prestaciones que López Obrador tendrá por los conceptos arriba citados, su ingreso real rondaría entre los 150 y los 180 mil pesos, cifras distantes de las que se han publicitado.

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Ante los excesos previos de la función pública resulta saludable que la nueva ley de percepciones ajuste a la baja los salarios. Sin embargo, al hacerlo no deberían cometerse injusticias contra el resto de la administración pública. El sueldo real de AMLO será mayor del que se ha anunciado y es con respecto a ese ingreso que debería fijarse el tope de los salarios en el Gobierno federal.


15 Noviembre 2018 04:00:00
Calderón y Peña: ¿socios de ‘El Chapo’?
Antes que narcotraficante, Joaquín “El Chapo” Guzmán es un formidable maestro de la propaganda. Por eso ocupa un lugar tan destacado en el almanaque de la historia criminal, porque posee un instinto hollywoodense para crecer su personaje en proporciones que ya son míticas.

El hombre de la doble fuga, el protagonista de la serie latinoamericana de Netflix con mayor audiencia, el narco entrevistado por Sean Penn, el amante viejo de la joven señora Coronel, el amigo de Kate del Castillo, el más poderoso, el más sanguinario, el más generoso, el que solía estar en todas partes, el enemigo peligrosísimo.

Fiel a sí mismo y a su talento para producir una fuerte impresión entre sus espectadores, Guzmán Loera volvió escandalosa la primera jornada del largo juicio que acaba de comenzar en Nueva York.

De tal dimensión fueron los fuegos de artificio que el juez decidió regañar al abogado defensor por su demagogia y la falta de pruebas que sustentaran sus dichos.

Bastó con que el defensor Jeffrey Lichtman señalara como beneficiarios del cártel de Sinaloa a dos presidentes mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, para que el ambiente se volviera explosivo.

El juez Brian Cogan reconvino al abogado recordándole que está prohibido mentir en su tribunal. Es decir que esas graves afirmaciones sólo serían toleradas en caso de que hubiera evidencia contundente para respaldarlas.

Si “El Chapo” Guzmán cuenta con pruebas incontrovertibles sobre tan tremendo acto de corrupción, el juez debería permitir que se presenten y desahoguen; en sentido inverso, si todo son habladurías y marrullería, los nombres de Peña y Calderón sólo habrían servido para ampliar la atención sobre este juicio.

Por lo pronto “El Chapo” y sus abogados inocularon la mente del jurado, y también los oídos de la opinión pública, con el argumento de que este mítico criminal no es, en realidad, la cabeza de su organización, sino el engranaje medio de una maquinaria mucho más grande, que le trasciende y supera.

Con este mismo propósito el abogado Lichtman señaló a Ismael “El Mayo” Zambada, y su familia, como los verdaderos gerentes de la empresa criminal.

Desde el punto de vista jurídico, fue genial haber comenzado el proceso penal con este discurso: “El Chapo” está acusado de ser el principal responsable de ingresar a Estados Unidos toda la cocaína, mariguana y heroína que el cártel de Sinaloa ha traficado durante los últimos 20 años.

Se le responsabiliza personalmente de haber introducido 155 mil kilogramos de cocaína (138 millones de rayas de polvo).

Ahora bien, si “El Chapo” no fue la cabeza de la empresa, sino sólo un tornillo de la maquinaria, la acusación principal en su contra podría caerse y por tanto la condena sería muy distinta a la demandada por el fiscal.

La narrativa, según Lichtman, es como sigue: el narcotráfico en México tiene fuero otorgado desde la Presidencia de México y por tanto es injusto otorgarle tanta importancia y culpa a un peón menor de la partida.

Para echar a andar esta fábula jurídica, y también mediática, es que el martes fueron mencionados Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en el parlamento del abogado defensor.

Fue un acto de propaganda típico de ese prestidigitador que siempre ha sido “El Chapo” Guzmán.

ZOOM: ‘Ora que, para que el río suene es que algo de agua debe llevar: ¿qué evidencia en manos de Guzmán Loera será mostrada en este juicio? ¿A qué políticos encumbrados terminará embarrando? La pirotecnia apenas comienza, así que mejor será preparase para los próximos sobresaltos.
08 Noviembre 2018 04:00:00
El juicio histórico
Un desfile espectacular de autos, patrullas y ambulancias recorre el puente de East River cada vez que Joaquín “El Chapo” Guzmán viaja de Brooklyn a Manhattan para visitar el tribunal donde será juzgado.

Está a punto de comenzar uno de los procesos penales más costosos en la historia de Estados Unidos. Se habla de un presupuesto millonario.

La demanda en contra de este narcotraficante contiene más de 300 mil páginas. La Fiscalía de Nueva York presentará como elementos de prueba alrededor de 117 mil grabaciones y llamará a declarar a varios cientos de testigos, en su mayoría protegidos.

No hay otro narcotraficante que haya enfrentado un proceso así de monumental. Joaquín Guzmán está acusado de ser el líder de la organización criminal más grande del orbe, dedicada al narcotráfico.

Se le señala como responsable de haber introducido ilegalmente a Estados Unidos unos 155 mil kilogramos de cocaína, así como varios miles de toneladas de mariguana y heroína, todo por un valor aproximado de 14 mil millones de dólares.

La fiscalía de Nueva York intenta también vincularlo, de manera directa, con 33 homicidios.

Frente a estas acusaciones “El Chapo” Guzmán se declaró inocente y su abogado reclama que el asunto se haya convertido en un show.

Cuatro meses, por lo menos, tomará este proceso que no tiene que ver con un sólo individuo, ya que en su desarrollo se exhibirán claves desconocidas de la historia criminal de México.

“El Chapo” Guzmán fue actor estelar de la guerra por las drogas que comenzó en nuestro país, en 2001, a partir de su fuga del penal de Puente Grande: una guerra que ha provocado más de 200 mil asesinatos y aproximadamente 60 mil desapariciones.

Durante las audiencias y los interrogatorios, durante el desahogo de pruebas y las deliberaciones vamos a enterarnos de información sorprendente.

Ya antes los juicios contra otros narcotraficantes mexicanos, celebrados en tribunales estadunidenses, han sido la mejor fuente para comprender el fenómeno criminal que sucede en nuestro país.

Los procesos, por ejemplo, contra los hermanos Treviño (José, Omar y Miguel) arrojaron el material más puro para analizar la violencia de los Zetas, lo mismo que los juicios, en Texas, relacionados con Osiel Cárdenas Guillén o con las masacres de Piedras Negras y Monclova.

Fue ahí donde nos enteramos del nombre de los gobernadores mexicanos comprados por ese grupo criminal, también sobre las campañas electorales financiadas con el dinero del narco o sobre las corporaciones del Estado que se dejaron corromper.

Siendo Joaquín Guzmán Loera el narcotraficante más notorio de su época, es obvio suponer que la cloaca volverá a desbordarse y, en esta ocasión, su lodo alcanzará a quienes antes se creyeron
intocables.

Habrá que estar atentos a los interrogatorios cuando el fiscal pregunte, por ejemplo: ¿qué autoridades ayudaron al “Chapo” a escapar de Puente Grande, en 2001, o de Almoloya, en 2015? ¿Cómo fue que su hijo, Iván Archivaldo Guzmán, fue liberado por un juez en 2008? ¿Por qué los adversarios del “Chapo” dijeron que este narcotraficante tuvo protección del Gobierno federal? ¿Cómo hizo el cártel de Sinaloa, durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, para penetrar los órganos del Estado responsables de perseguirlo? ¿Es cierto, como en su día acusó Arturo Beltrán Leyva, que “El Chapo” entregó al Ejército a su hermano Alfredo, alias “El Mochomo”?

¿Por qué si el vocero de Calderón declaró en 2011 que dos de cada tres muertos eran atribuibles al cártel de Sinaloa, su gobierno prefirió perseguir a los adversarios del “Chapo”?

¿Quiénes fueron los mandos militares, los policías, los agentes de la DEA o los jueces mexicanos que dieron fuero, durante más de una década, al criminal más buscado?

ZOOM: juicios como el del “Chapo”, en NY, son históricos porque se somete a escrutinio, no sólo a una persona sino a toda una época y sus protagonistas.
29 Octubre 2018 04:00:00
El pueblo sí se equivoca
Los seres humanos nos equivocamos cuando estamos solos y también cuando andamos en manada: es ingenuo suponer que el pueblo no comete errores porque el pueblo es la sumatoria de personas falibles.

Por las malas razones, ayer Brasil ofreció un argumento contundente a este respecto: a través del voto el pueblo brasileño entregó la Presidencia a un hombre que hará sufrir a muchos seres humanos en su país: Jair Bolsonaro.

Este capitán en retiro, diputado desde 1991 por el Partido Social Liberal y un hombre religioso que lee de manera sesgada los evangelios, ha usado a la discriminación como bandera principal para hacer política.

Sin recato suele discriminar por motivos ideológicos, de género y raza. Predica también a favor de la mano dura, la tortura y el desprecio a los derechos humanos.

Ya con el triunfo en el bolsillo volvió a señalar a sus adversarios ideológicos como responsables de la crisis brasileña: “no podemos seguir coqueteando con el socialismo, con el comunismo, con el populismo o el extremismo de
izquierda”.

Muy a la moda con sus tiempos, Bolsonaro confunde adversarios con enemigos ideológicos. No importa que 44% de sus compatriotas haya votado por Fernando Haddad, del Partido del Trabajo; en vez de reconciliar con quienes sostienen una ideología distinta a la suya, optó de nuevo por demonizarlos a partir de sus ideas.

Durante la reciente campaña en Brasil revivió aquel ataque misógino lanzado por Bolsonaro a su colega congresista, María do Rosario, cuando dijo que ella no merecía ser violada ya que era demasiado fea.

El candidato triunfador de la ultraderecha no se disculpó por este antiguo desplante; tuvo por tanto en contra a las organizaciones feministas, a las que también desprecia con acritud, como al resto de las organizaciones no gubernamentales.

Con respecto a los derechos de las personas homosexuales, Bolsonaro declaró alguna vez que no sería capaz de querer a su hijo si naciera “así”. Declaró que preferiría que “muriera en un accidente”.

En 1999 el futuro presidente de Brasil expresó estar a favor de la tortura, antes también dijo que votaría por el regreso del régimen dictatorial que gobernó su país entre 1960 y 1985.

Entre las propuestas más polémicas de este político se encuentra el abandono de Brasil de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Mercosur, también del Acuerdo de París para reducir las emisiones que están produciendo el cambio climático. Promete, por otra parte, eliminar la educación sexual en las escuelas, así como movilizar a los militares y las fuerzas policiales en una guerra contra la delincuencia.

El reciente triunfo de Jair Bolsonaro recuerda que la democracia no solo es el Gobierno de las mayorías, sino también un régimen que protege los derechos de las minorías y todas las personas que lo integran.

La democracia moderna tiene que ver, tanto con la voluntad popular como con los pesos y contrapesos para que esa voluntad no aplaste a los más vulnerables por razones ideológicas, de género, de orientación sexual, de clase, de origen étnico o racial, entre otras.

La democracia es el Gobierno de las mayorías y las minorías o no es democracia. Para eso están los derechos humanos, las libertades y las garantías de la Constitución, para que los poderosos –por más apoyo popular que les respalde– no puedan aplastar a sus gobernados, ni a las leyes y las instituciones que los protegen.

ZOOM:

Bolsonaro es el más reciente de los populistas de derecha que ha triunfado en las urnas, pero cabe temer que no sea el último.

El pueblo cansado de la corrupción, la inseguridad y la precariedad económica está en su derecho a equivocarse, siempre y cuando las instituciones que otorgan certidumbre al ejercicio de los derechos y las libertades no terminen, por ese error, en el cubo de la basura.
25 Octubre 2018 04:00:00
¿Pastel de chocolate o flan de vainilla?
No es como si me consultaran sobre qué postre prefiero: para esa decisión estoy más que preparado. Debo confesar, en cambio, la inseguridad que me provoca opinar sobre la ubicación del aeropuerto más importante del país y, de paso, sobre la cancelación de un proyecto que lleva más del 30% de avance.

En principio me gusta la idea de la consulta para temas relevantes, pero debo precisar que valoro las consultas informadas sobre las desinformadas y temo que el ejercicio que da inicio hoy, a propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es del segundo tipo.

Cuando me ruboriza opinar sobre cuestiones que no sé, mejor recurro a los expertos. No es mala práctica para una democracia reconocer la voz de quienes han dedicado tiempo y energía para investigar un tema que requiere cierto nivel de especialidad. Si un mal aqueja al corazón es prudente acudir al Instituto Nacional de Cardiología que con un chamán del mercado de Sonora.

Fiel a esta práctica, he confeccionado una lista de fuentes serias en el debate público, cuya opinión me sirve para formar la mía, al respecto de la disyuntiva entre los aeropuertos de Texcoco y Santa Lucía. También, de acuerdo con la moda de mi tiempo, he puesto estrellas a la calidad de la voz consultada, en función de su experiencia concreta, la antigüedad en el sector y los intereses económicos o políticos que podrían nublar su juicio.

Según mis notas, se han manifestado a favor de la opción Santa Lucía la empresa Navblue, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Grupo Riobóo y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En favor de continuar con la opción Texcoco están el Colegio de Pilotos Aviadores de México, el Colegio de Controladores de Tráfico Aéreo, el Colegio de Ingenieros Mexicanos de Aeronáutica, la Cámara Nacional de Autotransportes, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, el Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados para la Aviación de la Corporación Mitre, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la organización A4A y el Presidente en funciones, Enrique Peña Nieto.

Más allá de la asimetría notoria en el número de apoyos que despierta la alternativa, vale la pena realizar valoraciones cualitativas. A 24 horas de que comenzara la consulta, la empresa Navblue hizo público un reporte donde precisa que son compatibles la operación del actual aeropuerto de la CDMX con la navegación de Santa Lucía; en concreto, confirma la factibilidad de maniobras aéreas simultáneas. Advierte Navblue, sin embargo, que no pudo evaluar otros elementos clave de Santa Lucía, como la conectividad, infraestructura a desarrollar o sistemas de control de tráfico aéreo; es decir, su análisis es incompleto.

Por otro lado, debe saberse que Navblue es una compañía fundada hace sólo dos años, la cual no se especializa en la construcción de aeropuertos, sino en el desarrollo de tecnología para mejorar el uso de combustible de los aviones.

Contrasta OACI, organismo creado por la ONU hace 74 años para estudiar y solucionar problemas de aviación civil. El estudio que esta instancia entregó al Gobierno en 2013 dice que, sin haber hecho un estudio riguroso sobre Santa Lucía, en principio ve ambas opciones como positivas, aunque tiende a favorecer Texcoco porque sería más eficiente la compatibilidad de trayectorias para el despegue y el aterrizaje de las naves.

El Grupo Riobóo tiene una larga experiencia en la supervisión y construcción de obra civil, pero no consta en su expediente laboral nada relacionado con la proyección o edificación de aeropuertos. Con respecto al presidente López Obrador –igual que ocurre con el presidente Peña Nieto (y conmigo mismo)–, su conocimiento de la aeronáutica se define en la experiencia limitada del pasajero. En cambio, merecen suficiente respeto para opinar sobre este tema los colegios de pilotos, controladores, e ingenieros aeronáuticos. También son atendibles las valoraciones de la Cámara del Autotransporte, pero en particular de la corporación Mitre, porque a diferencia de Navblue, se trata de un organismo sin fines de lucro y es una autoridad reconocida mundialmente por su solvencia técnica en la construcción de aeropuertos.

Igual vale la pena escuchar a la organización A4A porque, a pesar de que tienen intereses económicos, entre sus integrantes están las principales líneas estadunidenses que dan servicio en México, como por ejemplo American Airlines o United.
22 Octubre 2018 04:00:00
El éxodo de la raza
El viernes 12 de octubre se dieron cita alrededor de 500 mujeres y hombres en la terminal metropolitana de transporte de la población hondureña San Pedro Sula. No todas esas personas compartían los mismos motivos para emprender el éxodo, pero la mayoría huyó de la violencia y también de la pobreza.

Los más jóvenes aseguran que, de quedarse en Honduras, tendrían dos opciones: matar o ser asesinados. El sábado 13 partió la caravana y, durante las siguientes horas, el río humano sumó a casi dos mil personas. La mayoría viajó únicamente con lo puesto y sobresalieron muchos niños menores de 7 años. Hacia la mañana del lunes 15 de octubre la muchedumbre cruzó la frontera con Guatemala. El presidente Jimmy Morales declaró entonces que su gobierno no obstruiría el camino para los hondureños. Propuso como único requisito que los migrantes se registrasen en una lista única.

La marcha fue tan impresionante que pronto despertó el ánimo entre la población guatemalteca: durante la jornada del martes 16 se sumaron al tropel 2 mil seres humanos más. El miércoles 17, el presidente Jimmy Morales denunció la amenaza del secretario estadunidense, Mike Pompeo, en el sentido de que su gobierno sufriría sanciones si no impedía el avance masivo de los migrantes.

Ese mismo día, Pompeo instruyó al canciller mexicano, Luis Videgaray, en público y en privado: explícitamente le ordenó detener la caravana centroamericana antes de que esta llegase a la frontera con los Estados Unidos. Seis días y 640 kilómetros después de haber dejado San Pedro Sula, los primeros caminantes subieron al puente Rodolfo Robles, que cruza el río Suchiate: frontera natural entre México y Guatemala. Para ese momento el movimiento masivo sumaba alrededor de 5 mil individuos.

Justo a la mitad del puente, 400 efectivos de la Policía Federal mexicana repelieron, con gases lacrimógenos, a los recién llegados. Los líderes de la marcha aseguran que entre las víctimas hubo mujeres y niños.

Horas más tarde el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ofreció un mensaje donde dijo que “toda persona que desee ingresar a territorio nacional podrá hacerlo siempre y cuando cuente con documentos de viaje y una visa concedida” por su gobierno.

La noche del sábado fue fría y también fue ingenua: las y los integrantes de la caravana creyeron que iban a ser recibidos por México, sin mayor contratiempo, tal como ha sucedido durante muchos años. Hacia el mediodía del sábado 20, el puente Robles era un horno húmedo de 32 grados centígrados, donde habían acampado centenas de seres humanos. La puerta de metal, a mitad del puente, seguía sin abrirse para la mayoría: sólo unos 400 niños y mujeres fueron admitidos para entrar a territorio mexicano con el objeto de que solicitaran su visa. Entre los migrantes comenzó entonces a correr el rumor de que el ingreso definitivo sería negado y esas personas terminarían deportadas.

Hacia las dos de la tarde un hombre saltó 9 metros para sumergirse en las aguas del río. Le siguieron decenas que prefirieron explorar esta otra opción de ingreso a México. Cada vez que alcanzaron la orilla gritaban: “aquí, allá, la raza vencerá,” para animar a sus compañeros y convocar a que los siguieran.

No todos eligieron esta escapada; otros prefirieron regresar a la orilla guatemalteca para, desde ahí, abordar balsas fabricadas con neumáticos que les cruzarían hasta ciudad Hidalgo, Chiapas. Hacia el mediodía de ayer domingo más del 70% de la caravana se encontraba ya del lado mexicano y el puente Robles se hallaba vacío. La frontera líquida del Suchiate hizo que la Policía Federal mexicana hiciera el ridículo, mientras mantenía cerrada una puerta enrejada. Hay grupos de migrantes que desde ayer se dispusieron para continuar la ruta: aún les faltan, a pie, mil 400 kilómetros para llegar a los Estados Unidos.

ZOOM:

¿Qué va a hacer el presidente Enrique Peña Nieto? ¿Utilizar la fuerza pública para retener en territorio mexicano a 5 mil migrantes hondureños y guatemaltecos, o pagar las consecuencias de la ira de Donald Trump? Nadie querría estar en sus zapatos.
18 Octubre 2018 04:00:00
Consulta incierta y parcial
No tengo confianza en la consulta convocada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre el futuro Aeropuerto Internacional de la CDMX. Quizá la tendría si estuviera a favor de la opción de Santa Lucía, pero no es mi caso.

Defiendo sin adjetivos los ejercicios de democracia directa, siempre y cuando respeten los principios de certeza e imparcialidad. Mis dudas nacen justo porque esta consulta adolece de ambas virtudes: es incierta y es parcial.

Son problemas para la certeza de este ejercicio que, a ocho días de la fecha límite, se desconozca la ubicación de las mesas de consulta, así como los nombres de las personas que integrarán los comités ciudadano y técnico, y también que la instancia anunciada como responsable de contar los votos no posea experiencia previa en eventos similares.

Con respecto al tema de la imparcialidad resulta oneroso para la consulta que quienes la organizan estén sincera y enfáticamente a favor de una de las opciones, también que los argumentos presentados padezcan graves sesgos contrarios a la objetividad.

Si se acude a la página México Decide, que es donde se puede localizar la información oficial sobre la consulta, es posible encontrar los 538 municipios donde se instalarán las mesas, a partir del próximo 25 de octubre; sin embargo, a una semana de que ocurra el evento, esa página todavía no tiene habilitadas las direcciones precisas donde los consultados podríamos acudir.

No es posible saber si la selección de las ubicaciones se hizo con criterios técnicos basados en la demografía y la estadística o podrían colarse otras variables de orden político e incluso clientelar.

El mismo sitio anuncia que en la organización de la consulta participarán personas adscritas a dos comités: uno técnico y otro ciudadano. No se especifica; sin embargo, cuáles son los mandatos o tareas de estos órganos, tampoco se dan a conocer los nombres de las personas que les integran, ni el número, ni los perfiles, ni el método de selección.

La misma página hace referencia a la fundación Arturo Rosenbluth como encargada de contar los votos, pero la información disponible sobre esa organización no permite admitir que posea experiencia previa en la celebración de ejercicios de democracia directa similares a esta consulta.

El objeto social de tal fundación dice que desarrolla tecnologías para la solución de problemas sociales. Con tal propósito ofrece becas, organiza cursos, maestrías y diplomados, pero no consultas ciudadanas donde podrían llegar a participar más de un millón de personas.

¿Es la fundación Arturo Rosenbluth quien va a contratar a los 2 mil funcionarios necesarios para instalar las mesas de consulta? ¿Cuál será el perfil de esas personas? ¿Harán el trabajo de manera gratuita? ¿Contarán con algún apoyo para alimentos o transporte? ¿Habrá vigilantes de su desempeño? ¿Alcanzarán 350 pesos diarios por mesa para que funcionen bien las cosas?

Tengo para mí, por otra parte, que el sitio de la consulta –México Decide– es parcial. Los argumentos a favor y en contra de cada opción aparecen ahí desequilibrados y son insuficientes. Destaca el video de 17 minutos donde el promotor principal de la consulta es a la vez el promotor principal de la opción Santa Lucía: Andrés Manuel López Obrador.

No quiero imaginar lo que ocurriría si en la página oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) apareciera su presidente, Lorenzo Córdova, haciendo una disquisición sobre las virtudes o los defectos de un partido o de un candidato.

Ese sitio no pasa ninguna prueba de imparcialidad porque está atravesado por la propaganda.

ZOOM: Porque no hay garantías de certeza e imparcialidad, acudir a la consulta sobre el futuro aeropuerto de la CDMX parece una trampa, sobre todo para quienes pensamos que la opción de continuar con la construcción de Texcoco es mejor que la alternativa de Santa Lucía.
11 Octubre 2018 04:00:00
M68: archivo sin reservas
Antes de que se vaya el Estado Mayor Presidencial, que haga públicos sus archivos, lo mismo que el Cisen. También debería abrirse el Ejército, respecto a los expedientes en su poder relacionados con violaciones a los derechos humanos.

Esta fue la propuesta que el día de ayer hizo Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos, durante el evento M68: archivos sin reserva, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Archivo General de la Nación (AGN).

Cayó bien el mensaje porque en los últimos 20 años, el Gobierno mexicano ha sido incongruente –por decir lo menos– a propósito de la apertura de los archivos públicos.

Con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia se abrieron las cajas donde estaban guardados algunos de los secretos principales del régimen priista. Por ejemplo, el archivo de la antigua Dirección Federal de Seguridad (DFS) fue trasladado al AGN para que pudiera consultarse de manera libre.

También la Secretaría de la Defensa (Sedena) hizo lo propio con algunos de sus expedientes, entre ellos lo relacionado con su participación durante el movimiento del 68.

Sin embargo, en ambos casos hubo restricciones importantes. Los investigadores que recibieron esta documentación aseguran que el Ejército rasuró sus archivos y que prácticamente no hizo público nada que tuviera que ver con su participación frente a las guerrillas de los años 70.

En lo que toca al archivo de la DFS, el ánimo aperturista igual duró poco: funcionarios del Cisen fueron enviados al Archivo General para que censuraran los documentos de la DFS.

Desde entonces la Secretaría de Gobernación –patrón a la vez del Cisen y del AGN– instruyó para que toda la documentación relativa al desempeño de las Fuerzas Armadas, la PGR o la Policía Federal fuera tasajeada.

Esta actitud oscurantista podría cambiar con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una vez que el Cisen se divorcie de la Secretaría de Gobernación. No habría ya motivo para que esos censores continúen invadiendo territorio del AGN.

A este argumento se suma un precedente fundamental: la declaratoria sobre la liberación de los archivos relacionados con el movimiento del 68, que recién fue votada por el pleno del INAI. Gracias a esta resolución el M68: ciudadanías en movimiento, será un archivo protegido frente a las reservas injustas o arbitrarias.

Este precedente deberá servir como criterio futuro y principal para las autoridades que custodian los archivos públicos, y para aquellas que garantizan el acceso a la información.

Así como se abrieron los archivos del 68 igual tendrían que salir de su cautiverio, (utilizo aquí una expresión de Alejandro Encinas), otros expedientes tales como los relativos a la guerra sucia, o más recientemente, los documentos que registran las violaciones graves a derechos humanos relacionadas con la cruenta guerra por las drogas.

Es momento para que todos los archivos que son de interés público se publiciten, sin cortapisas ni restricciones. Muy en concreto aquellos relacionados con los abusos de autoridad, la corrupción, el terrorismo de Estado y la violación de derechos humanos.

ZOOM: Ayer el rector de la UNAM, Enrique Graue, recordó que “es a través de la historia documental que la verdad puede surgir sin dobleces” o, dicho en los términos de Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, sólo “los archivos sin reservas pueden producir una memoria sin reservas”.
08 Octubre 2018 04:00:00
Sillazo y fin de la reforma educativa
Como la humedad que avisa antes de que vaya a caer la tromba, igual se perciben signos de revuelta en el ambiente magisterial.

Ayer volaron sillas, platos y cristal en Acapulco, porque los maestros que pertenecen a la organización sindical más grande de Guerrero –la CETEG– rechazaron el destacado papel que están teniendo los líderes próximos a Elba Esther Gordillo, en los foros dedicados a cancelar la reforma educativa.

Los docentes de Chiapas y Oaxaca, que militan en la Coordinadora, tampoco están contentos con lo que ven. Acusan un pacto supuesto entre el futuro gobierno y su archienemiga.

El resumen es de Wilbert Santiago, dirigente de la Sección 22: “Si ella regresa al poder va a existir un control político… sería entregar el sindicato… para que todo camine en una negociación que sólo servirá para la cúpula”.

A diferencia de otros tiempos no hay sólo dos frentes en disputa por el magisterio, sino tres. Por un lado, la disidencia, por el otro el elbismo y se suma la corriente encabezada por Juan Díaz, el actual secretario general del SNTE.

No es posible profetizar el final de la trifulca entre estos tres fragmentos del magisterio: Elba Esther, inspirada en el Conde de Montecristo; Juan Díaz, quien no soltará el poder sin dar la batalla, y los líderes de la disidencia democrática que vieron, acaso con candidez, una oportunidad para su causa en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

Si a este caldo explosivo le faltaba un condimento, la disputa alrededor de la reforma educativa se encargará de poner las cosas peor. El futuro Gobierno decretó que será arrasada, pero cierto es que no tiene todavía nada con qué llenar el vacío, una vez que ese matorral, recién sembrado, haya sido extraído de la tierra.

Los foros tan promovidos por el futuro secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, no han sido distintos a los que se han organizado tantas otras veces en nuestro país.

Carlos Salinas de Gortari orquestó foros similares y también Fox y luego Peña Nieto: cada vez asisten miles de interesados, cada vez se entregan tres minutos para decir cualquier cosa y cada vez hay un grupo de relatores que, sin atender demasiado lo dicho en esas reuniones interminables, proponen lo que se les da la gana.

Porque a la burra la hicieron arisca es que ayer los maestros de Guerrero se les ocurrió la insolencia y el desmán, como método imprudente pero notorio de su desacuerdo con la negociación entre la antigua líder del magisterio, Elba Esther Gordillo, y el gobierno por venir.

Se equivoca quien crea que se trata de un hecho aislado. Ayer fue la CETEG, pero antes la CNTE ya se había manifestado en la misma dirección; y poco falta para que también Juan Díaz aproveche la molestia entre sus bases por el regreso de la maestra y se sume con su propia movilización para rechazar un acuerdo donde él y los suyos serían los verdaderos derrotados.

Es en este contexto que debería leerse la declaración realizada por Andrés Manuel López Obrador, a finales de la semana pasada: “Ya los sindicatos no deben estar apoyados por el gobierno, los líderes sindicales no deben representar al gobierno, deben representar a los trabajadores… no debe haber imposición ni cacicazgos, porque en México terminó esa etapa”.

Si el presidente electo es sincero, los actores están libres para pelear por el liderazgo del sindicato. Contra lo que todo mundo supone, incluida Elba Esther Gordillo, sería la democracia y no el dedazo autoritario quien resuelva la representación de los docentes.

López Obrador habría decretado campo libre para luchar por la titularidad del contrato que rige la relación entre el Gobierno y los maestros.

En cualquier caso, la tormenta por venir no será breve porque se trata de la agrupación gremial más grande de América Latina, tampoco será pacífica porque hay demasiados intereses invertidos, y no será educativa porque cuando la disputa es por el liderazgo magisterial, el tema principal queda sepultado.

ZOOM: Es cierto que la reforma educativa será enterrada, no porque vaya a cancelarse sino porque otras cuestiones relacionadas con la política sindical ocuparán la escena. Y mientras tanto, los estudiantes, como de costumbre, padecerán la grilla de sus maestros, el ausentismo y la irrelevancia de sus derechos.
04 Octubre 2018 04:00:00
El general que no hizo nada
La Secretaría de la Defensa se opone a crear una comisión responsable de la investigación sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde finales de septiembre de 2014.

El abogado de la Sedena, general Alejandro Ramos Flores, teme que los militares afectados por la tarea de esta comisión vean lesionados sus derechos. Le parece “sospechoso que toda la carga de la ira… que la principal preocupación del caso sea que se busque responsabilidad del Ejército por una supuesta omisión”. (El Universal 01/10/18).

Se equivoca la Sedena al suponer que la comisión para la justicia y la verdad propuesta por el Poder Judicial y respaldada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, busque responsabilizar al Ejército.

En todo caso, quien debe ser investigado es un sujeto puntual: el general Alejandro Saavedra Hernández, porque era el jefe de la zona militar número 35 cuando ocurrieron los funestos hechos, y por tanto quien tenía mando sobre el 27 Batallón de Infantería que, en efecto, habría actuado de manera omisa aquella noche.

No es posible todavía explicar por qué la Secretaría ha cerrado filas con el general Saavedra, pero es evidente que al hacerlo asignó al Ejército –como institución– una responsabilidad que le rebasa.

Desde el principio la Sedena se ha negado a cualquier forma de escrutinio con respecto a la actuación de Saavedra y sus subordinados, a pesar de que tuvieron un papel inocultable en los hechos.

Las pruebas abundan: en el centro de control, comando, comunicación y cómputo, conocido como el C4 –instancia dedicada a la seguridad en Iguala– hubo todo el tiempo dos elementos de inteligencia militar que reportaron los hechos a sus superiores, desde el momento en que comenzaron a ocurrir.

Los reportes emitidos fueron enviados al coronel José Rodríguez Pérez quien, a su vez, mantuvo informado al general Saavedra Hernández de cuanto estaba pasando.

El testimonio de un soldado de apellido Mota confirma que los mandos del Batallón 27 ordenaron a sus efectivos acudir a los focos donde estaba transcurriendo la violencia, tales como el Palacio de Justicia y la Central de Autobuses. También, gracias a este militar, se sabe que recibieron órdenes de levantar imágenes sobre los acontecimientos.

Existe igualmente evidencia de que se instruyó a los efectivos patrullar la ciudad de Iguala durante los momentos más álgidos. Hay testimonios que ubican a los militares, por ejemplo, en el Hospital General y también en la Clínica Cristina.

Los efectivos reportaron haber visto cadáveres y heridos, y existen testimonios de que fueron ellos quienes encontraron a la víctima, Julio César Mondragón, después de que hubiera sido desollado.

Este patrullaje no podría haber ocurrido sin las órdenes de Saavedra Hernández y cuesta trabajo suponer que la información recabada por los soldados no haya subido, en tiempo real, hasta su oficina en la zona militar número 35.

Y, sin embargo, el comandante decidió no hacer nada: fue omiso, tal como dice el abogado de la Sedena.

Cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) solicitó que 16 efectivos del Ejército –cuya presencia en Iguala fue plenamente identificada– acudieran a rendir declaración, desde la cúspide de la Sedena se obstaculizó la investigación y con ello la justicia.

Si se necesita como medida extraordinaria una comisión para conocer la verdad y producir justicia es precisamente porque la Sedena, entre otros actores, ha impedido que se concluyan los procedimientos que nuestra Constitución prevé.

La paradoja es grande: quienes ayer lesionaron los derechos de las víctimas acusan hoy al Poder Judicial y al próximo gobierno de la República de impulsar una investigación sesgada y distante de las garantías constitucionales.

Al revés: no se trata de dar cauce a la ira, como dice el abogado militar Ramos Flores, sino de reencauzar la vigencia de una Constitución que fue masacrada, junto con las víctimas de Iguala, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
27 Septiembre 2018 04:00:00
El Estado destruyó la verdad
Desde luego que fue el Estado: tuvo responsabilidad cuando desaparecieron los 43 y también cuando dinamitó la investigación sobre lo ocurrido. Dos veces fue el Estado, pero mayor deuda tiene cuando fabricó “la verdad histórica”, porque esa maquinación se celebró en las recámaras encumbradas de la política y el poder.

Fueron los policías municipales y los estatales, hay evidencia de que participó la Policía Federal, y todo indica que lo ocurrido no pasó desapercibido para las fuerzas del Ejército desplegadas en la zona.

Los sueldos de todos esos individuos se pagan con los impuestos de los contribuyentes. Según las leyes mexicanas son funcionarios públicos quienes detuvieron a los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con la ley esos funcionarios abusaron de un poder conferido por el Estado: cometieron el delito de desaparición forzada.

Con estos argumentos basta para decir que el Estado fue responsable de lo ocurrido con los 43. No lo exime que en los hechos delictivos hayan participado criminales ligados a las mafias de la región, ni que algunos presuntos autores materiales hayan pertenecido al grupo de los Guerreros Unidos.

La asociación delictiva entre el Estado y las organizaciones criminales no exime al Estado de su responsabilidad.

Sería sin embargo injusto señalar como responsables al jefe del Estado mexicano o a su círculo más cercano. No fueron ellos quienes detuvieron a los estudiantes, ni quienes hicieron que su existencia se esfumara durante estos cuatro años.

Su culpabilidad es otra y quizá más grave: en un segundo momento, con su política arbitraria, se destruyó la evidencia que hubiera podido resolver el caso, o por lo menos, obtener mejor certidumbre sobre lo ocurrido con esos jóvenes normalistas.

No sabemos si fue la prisa por resolver, un ánimo deliberado por ocultar, o ambas cosas, pero en los hechos la invención de una falsa teoría del caso destruyó la posibilidad de saber lo que verdaderamente sucedió.

Hay evidencia de sobra para exhibir como falso que todos los cuerpos fueron incinerados en el basurero de Cocula; de hecho, hay evidencia solvente para decir que ningún cuerpo fue quemado en ese lugar.

Las autoridades de la PGR afirmaron, primero, que todos los cuerpos habían ardido en el vertedero: el viernes 7 de noviembre de 2014 Jesús Murillo Karam dio a entender que el conjunto de normalistas había sufrido la misma suerte, sin embargo, pasado el tiempo, la dependencia se desdijo.

Cuando se cumplió un año de la desaparición, Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), afirmó que un grupo –no todos los 43– había corrido tan tremenda suerte. En ese momento le pareció irrelevante a Zerón comunicar el estado de la investigación sobre el destino del resto de los normalistas desaparecidos.

Pero los testimonios de los supuestos incendiarios no coincidían con respecto a datos tan fundamentales como el lugar exacto, dentro del basurero, la hora o la mecánica criminal. Y no combinan porque esas declaraciones se obtuvieron y firmaron bajo tortura, torciendo la verdad de los hechos con el objeto de que acompañaran a la verdad histórica fabricada por la autoridad.

Cuando intentaban engañar no sabían los responsables del Estado que la noche del 23 de noviembre llovió en Cocula, a la misma hora que estaba aconteciendo la supuesta quemazón: el agua cayendo sobre la hoguera inventada vuelve inverosímil la versión oficial, además de los peritajes expertos que quiso luego la autoridad descalificar.

El sembrado de los restos humanos de Alexander Mora en el río San Juan es otra prueba del infame proceder de Tomás Zerón, responsable principal de la investigación. ¿Cómo obtuvo este funcionario esos restos? ¿Quién le comunicó que podía hallarlos en ese justo lugar? ¿Por qué asistió al sitio sin cumplir con el protocolo y las normas que lo obligaban?

ZOOM: Zerón es el artífice de la mentira histórica que Murillo creyó porque arriba de él, desde Los Pinos, Humberto Castillejos –el jefe jurídico de la Presidencia– lo presionó sin prudencia ni recato. Esos tres personajes eran funcionarios del Estado mexicano, del más alto nivel. Su actuación es argumento para gritar de nuevo: ¡fue el Estado!, (quien destruyó la evidencia que habría servido para conocer la verdad sobre los 43).
24 Septiembre 2018 04:00:00
Los desaparecidos
No hay otro tema más urgente. La tragedia de la ausencia se volvió tema principal de la política. Suman más de 60 mil, según las organizaciones de la sociedad, pero en realidad nadie tiene una cuenta precisa.

Hay una sola cosa que el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no podrá hacer: mirar hacia otro lado como si el fenómeno no existiera.

Seis de cada 10 casos de de-saparición en México sucedieron durante la administración de Enrique Peña Nieto y, sin embargo, no hubo de parte suya una sola palabra sincera que haya reconfortado a las víctimas.

La distancia emocional del Gobierno que parte respecto a los desaparecidos es digna de revisarse en el consultorio de un siquiatra. Más de mil fosas clandestinas fueron halladas durante este sexenio en 23 estados de la República. Destacan por sus cifras Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Estado de México, Chihuahua y Tamaulipas.

El Gobierno que se va renunció a mirar de frente la máquina criminal. No tuvo como propósito investigar con rigor y sistema las desapariciones. La impunidad frente a esta miseria sólo puede explicarse por la omisión sistemática de la autoridad.

El estado de alteración social provocado por la epidemia de desapariciones es la bomba de tiempo con que Andrés Manuel López Obrador inaugurará su mandato.

Frente a este tema no es posible, como el presidente electo quisiera, mirar para adelante. No funcionaría como solución inmediata combatir las desigualdades provocadas por el neoliberalismo, ni becar a los jóvenes más pobres para que el crimen no los reclute, o amnistiar a los pequeños delincuentes, productores o consumidores de drogas blandas.

Todas ésas son medidas que, si llegaran a funcionar, podrían prevenir la violencia del futuro; pero las víctimas de la desaparición lo que quieren es una justicia que sea capaz de resolver la impunidad del pasado.

Quieren de vuelta a sus seres queridos, quieren por lo menos sus restos para sepultarlos, quieren a los responsables, quieren a las autoridades que se desentendieron de la atrocidad, quieren ver tras las rejas a los funcionarios que fueron cómplices de tanta mortandad.

No puede prometerse a los padres de los normalistas de Ayotzinapa que en adelante las cosas serán distintas para Guerrero. Si no hay compromiso explícito del próximo gobierno para resolver el caso criminal más emblemático de nuestros tiempos, todo lo demás sobra.

Lo mismo reclaman cada una de las organizaciones de familiares que no van a ceder en su exigencia.

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que invitará a Naciones Unidas y otros organismos internacionales para que participen en la solución de esta malvada epidemia.

Se requerirá muy probablemente avanzar hacia la creación de una comisión de la verdad como aquella que se creó en 2012 en Guatemala: la Comisión Internacional contra la Impunidad.

Cabe también explorar la reedición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que avanzó hasta donde lo dejó el gobierno de Peña Nieto, en el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala.

El expediente de los desaparecidos será el que primero se imponga sobre el escritorio del próximo presidente de México. Las enormes expectativas que ha fincado su triunfo electoral encontrarán en este tema su primera prueba de fuego.

ZOOM:

Si el modelo establecido por su gobierno para encontrar a los de-saparecidos da resultados pronto, si es creíble para las víctimas, si es eficaz, si promueve los derechos y la legalidad constitucional y si es capaz de confrontar a los poderes cómplices o negligentes, Andrés Manuel López Obrador consolidará su victoria. En caso contrario, la frustración implacable de las víctimas descarrilará la esperanza sobre la Cuarta Transformación.

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